NARCOS COLOMBIANOS ELIGEN LA ARGENTINA

Comenzaron a llegar en 2008, tras las extradiciones de jefes paramilitares; el idioma, los bajos costos y la laxitud de controles migratorios y de divisas, claves en las radicaciones. Los recovecos en las leyes antilavado aparecen como elementos clave en la elección de la Argentina como una suerte de "guarida" en la que capos narco buscan proteger a sus familias de eventuales venganzas, y desde donde, en ocasiones, pueden reorientar sus negocios, gracias a las fortunas con las que cuentan y movilizan.

Cada vez que un integrante de la mafia colombiana muere acribillado en las calles de Rosario, Martínez o Buenos Aires, como sucedió la semana pasada, las autoridades argentinas confirman que su país se ha convertido en una suerte de "subsede" de carteles del narcotráfico y que el fenómeno amenaza volverse una cuestión grave de seguridad nacional.

Las facilidades del idioma en común, los aceptables costos de vida y de radicación, la laxitud de los controles migratorios y de movimientos de divisas y los recovecos en las leyes antilavado aparecen como elementos clave en la elección de la Argentina como una suerte de "guarida" en la que capos narco buscan proteger a sus familias de eventuales venganzas, y desde donde, en ocasiones, pueden reorientar sus negocios, gracias a las fortunas con las que cuentan y movilizan.

El de Carlos Gutiérrez Camacho, señalado como jefe de sicarios del cartel de Norte del Valle y asesinado en los bosques de Palermo hace siete días, es el caso más reciente que da cuenta de la presencia de narcos en la Argentina y de ajustes de cuentas ordenados a la distancia. Pero expedientes de la DEA (la agencia antidrogas norteamericana) y de la policía colombiana a los que tuvo acceso EL TIEMPO señalan que la "estampida" de mafiosos y pistoleros se inició en 2008, cuando los más poderosos narcoparamilitares fueron extraditados a los Estados Unidos.

Precisamente en julio de ese año se produjo en la Argentina el primero de los crímenes asociados a las extradiciones de los narcoparamilitares: el doble homicidio de colombianos en el estacionamiento del centro comercial Unicenter, de Martínez.

Aunque socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria ya habían buscado refugio en la Argentina, a mediados de la década del 90, el gran desembarco comenzó cuando otros jefes narco, como Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna", empezaron a delatar a socios, políticos y miembros del ejército y de la policía, en busca de penas más bajas luego de ser extraditados por pedido de la justicia norteamericana.
MÚLTIPLES VIAJES

Para salvaguardar a su familia, "Don Berna" la envió a la Argentina. Pero también le dio ticket de salida a su heredero, Carlos Mario Aguilar, alias "Rogelio", cabeza de la llamada "Oficina de Envigado", poderosa máquina criminal al servicio de la mafia. La Unidad Investigativa de EL TIEMPO ya había revelado cómo "Rogelio" saltaba en ferry entre Uruguay y la Argentina mientras negociaba su sometimiento judicial con la DEA. También pasaron por allí alias "Yiyo", "Douglas" y "el Cabezón", jefes de esa maquinaria narcocriminal.

Los informes de inteligencia aludidos también señalan que en Buenos Aires permanecen 35 miembros del clan Álvarez Meyendorff. Ignacio, el mayor, fue extraditado por la Argentina a los Estados Unidos a mediados del año pasado. Pero allí se quedaron sus hijos y su multimillonaria fortuna oculta con la que las que las mafias colombianas están creando una "burbuja financiera".

¿Por qué eligen la Argentina? "El idioma los favorece, es un país barato para ellos, el control en el ingreso de divisas es mediocre y las autoridades son laxas", le aseguró a EL TIEMPO un ex agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, según su sigla en inglés) que participó en la operación Cuenca del Pacífico, en 2010. En esta operación fue capturado Luis Caicedo Velandia, el gran capo de capos colombiano, que caminaba tranquilo por la avenida Santa Fe después de ingresar en la Argentina desde Brasil.

El ex agente norteamericano agregó que desde fines del año pasado el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner accedió a reforzar la radarización para blindar el espacio aéreo por el que está ingresando coca desde Colombia, Bolivia y Perú para enviarla luego a Europa y África.

De hecho, la Policía Federal Argentina ha tenido que acudir a la colombiana para acceder a tecnología que le permita ubicar a los capos. Eso fue lo que sucedió en el caso de Henry de Jesús López, alias "Mi Sangre", capturado en 2012 en un restaurante de la ciudad bonaerense de Pilar, gracias a un seguimiento de sus comunicaciones. Las leyes sobre lavado y extinción también son débiles en la Argentina, comparadas con las de Colombia, lo que convierte al país del Sur en un "paraíso" para la mafia.

"EL CHAPO Y LAS FARC"

Aunque la mayoría de los colombianos en la Argentina son estudiantes y empresarios de bien, en la ciudad de Rosario está establecida una red de pistoleros que salió huyendo de Colombia tras el crimen de Jorge Mario Pérez, alias "Morro", heredero de la "Oficina de Envigado".

A "Morro" lo acribilló con balas de fusil un escuadrón de hombres que irrumpió en su celebración de fin de año, el 1° de enero de 2013. Se cree que su sucesor, alias "El Montañero", es uno de los que se refugian en Rosario. También, los testaferros y herederos del capo Daniel "El Loco" Barrera, cuya ex esposa vive en la Argentina.
También se refugian allegados y pistoleros de los hermanos Calle Serna, alias "Los Comba", herederos del cartel del Norte del Valle. La mejor prueba de ello la da el asesinato de Carlos Gutiérrez Camacho.

La mala noticia para la Argentina es que con la captura del capo mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán -presente en cinco regiones de Colombia- y con la inminente paz con la guerrilla de las FARC, el negocio se reacomodará y habrá nuevas estampidas de mafiosos y más vendettas. (La Nación de Argentina)

TRAS LA PISTA DEL "CHAPO GUZMÁN": LA CONEXIÓN SALTEÑA

“En Argentina hay seis carteles narcos ya instalados" explicaba Claudio Izaguirre de la Asociación Argentina Antidrogas.

El Intransigente de Argentina (www.elintransigente.com)

Las redes de los narcotraficantes son extremadamente complejas y cada vez que se descubre una, se monta otra, es por ello que poder explicar en pocas líneas sus conexiones y forma de funcionamiento, es una difícil tarea, pero se puede esbozar un borrador, una imagen, un esquema sobre cómo se organiza. La trama se complica y los actores que se suman son sorprendentes.

“En Argentina hay seis carteles narcos ya instalados. Todo el Este, con los puertos de Rosario, San Lorenzo o Ramallo está controlado por los colombianos; los mexicanos dominan el norte de Buenos Aires y son netos exportadores de cocaína a Europa; los bolivianos transportan desde el norte, controlan en Salta y operan desde el barrio de Liniers; los peruanos hacen lo mismo desde Jujuy hasta el bajo Flores; los dominicanos mezclan el menudeo con la prostitución y los garitos clandestinos con epicentro en Constitución; los argentinos pueden ser mediadores en todos estos negocios y hay una banda importante que se maneja desde Villa Soldati”, explicaba Claudio Izaguirre de la Asociación Argentina Antidrogas.

El informe se completa con denuncias de finales del 2013, en donde se advierte de la presencia del Cartel de Sinaloa en la localidad de Salvador Mazza. El 20 de enero de este año, el diario El Clarín publicaba una investigación efectuada en el norte de la provincia, en ella se informa que “en el paraje El Sauzal, en tierra de nadie, una banda de bolivianos, argentinos y colombianos había levantado hace un año una cocina en la que usaban el método colombiano de triturar las hojas de coca, pasarlas por acetona y gasolina hasta lograr la pasta base de la que, luego, purificada, se obtiene la cocaína”.

La existencia de laboratorios para la elaboración de cocaína en el país, es rara, pero no extraña y siempre se relaciona a este tipo de iniciativa a los carteles mexicanos, en especial al de Sinaloa, hoy en proceso de fraccionamiento debido al encarcelamiento de los principales líderes. Carlos Daniel Eulacio Taboada es un periodista bonaerense, que desde hace años se dedica a la investigación de las redes del narcotráfico en Argentina.
En su articulo “Schoklender, Barakat, Abdallah, Lichtmajer, Sanabria, el Cessna y el cartel de Sinaloa en el Chaco”, relata que el avión Cessna Citation de la empresa constructora Meldorek, contratista directo y único de las Madres de Plaza de Mayo en su gigantescas obras, que usufructuaba Sergio Schoklender “realizó, desde el 2009, 77 viajes al Chaco y 28 a Santiago del Estero. Ahora, una investigación dirigida por el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, Claudio Izaguirre, estaría avanzando en la comprobación de que el Cessna en cuestión habría realizado desde el Chaco numerosos viajes de ida y vuelta a Santa Cruz de la Sierra, el centro de tráfico de cocaína más importante de la región, con aterrizajes breves en pistas clandestinas o aeroclubes, para descarga rápida en Tucumán y Santiago del Estero”.
Los informes facilitados por Izaguirre también dejan muy en claro que el punto más preocupante es el norte de la provincia de Salta, en donde ya se encuentran instalados carteles de Colombia y de México. “Manejan financieras, emprendimientos agrícolas y lo más preocupantes, tienen relación con miembros del gobierno, tanto de las orbitas municipales, como provinciales”.

La iglesia Evangélica del Nuevo Milenio, tuvo muy poco tiempo de funcionamiento en Salta Capital, sobre Calle San Marín al 1000, pero en el interior fue muy activa hasta hace unos meses y contaba con pequeñas congregaciones en Tartagal, Acambuco y Salvador Mazza. Esta iglesia fue fundada y financiada por el cartel de Sinaloa y tuvo un gran desarrollo en la provincia de Chaco y Formosa, ambas limítrofes con Salta.

Volviendo a las investigaciones del colega Taboada, en su artículo agrega que “en materia de narcotráfico, la ruta Santa Cruz de la Sierra-Resistencia pasando por Tucumán, Salta y Santiago del Estero, es una de las más usadas para el ingreso de droga a la Argentina, destinada no sólo a abastecer el mercado interno del NOA - NEA sino también a Europa. En este contexto, el ambicioso convenio para construir 2.500 viviendas suscripto entre el gobernador Jorge Capitanich y la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo podría haber sido entonces la pantalla adecuada para una operación internacional de narcotráfico. Para empezar, pese a los 77 viajes del Cessna, sólo se habrían efectivamente construido en el Chaco unas 250 viviendas de Sueños Compartidos”.

En Tartagal, la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, dejó un tendal de conflictos y una hemorragia de recursos. El más conocido de sus escándalos fue la construcción de una sala de primeros auxilios, que comenzó a edificarse en el 2009, poco después de que un alud azotara la ciudad. La salita está ubicada sobre la ruta 86, a tres kilómetros de la ciudad, pero nunca fue inaugurado porque no hay aparatos ni personal para ponerlo en funcionamiento. También son conocidas las maniobras con tierras para viviendas que nunca se llegaron a construir y las que se hicieron tienen serias fallas.

Los que son menos conocidos, son los viajes que habría efectuado Sergio Schoklender entre Resistencia, Tartagal y Santa Cruz de la Sierra. Hay un hito decisivo en este tema y que coincide con la aparición de Schoklender como asiduo visitante del Chaco, Santiago del Estero, Tucumán y Salta a partir del 2007.

Por esta época también, Joaquín “El Chapo” Guzmán decidió trasladar una parte importante de sus negocios a la Argentina y más específicamente a la provincia de Capitanich. "Los aviones grandes van a campos de Santiago del Estero, donde muchos productores son cómplices, dicen que no se enteran de los aterrizajes pero por debajo reciben sus buenos billetes. Y los aviones más chicos vienen acá a Salta, a la zona de Anta, donde hay varias fincas buenas para bajar. Ya tienen todo montado. No se olvide que acá, sólo en la zona de Orán, residen unos 4.000 colombianos y algunos cientos de mexicanos que se dedican a controlar los envíos", explica un ex agente de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, que trabajó haciendo inteligencia en el norte argentino hasta que el gobierno nacional decidió no continuar con los acuerdos de cooperación, según señalaba una investigación del Diario Clarín en enero último.

Un trabajo sobre las estructuras y modos de operación del narcotráfico, llevado adelante por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y coordinada por Edgardo Buscaglia, asesor de la ONU en Crimen Organizado, indica que “el Chapo instaló centros de producción de droga en esas provincias, con la complicidad de algunas autoridades de iglesias evangelistas, de establecimientos educativos privados y de organizaciones sociales. Abarca todo el abanico de clases sociales. En los últimos años, Argentina se ha transformado en un centro de producción de drogas sintéticas y esa zona del norte argentino, donde ahora también opera El Chapo, está compuesta por Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Chaco. Ahí se ha establecido una base patrimonial y productiva del cártel de Sinaloa y del cártel de Tijuana en combinación, aunque parezca mentira. Pero también hay atisbos de presencia de Los Zetas en la parte central del país, en Córdoba y Santa Fe, con conexiones en Bolivia y Capital Federal”.

Investigadores periodísticos especialistas en temas de narcotráfico coinciden en destacar que “en los escritos reservados de la DEA, FBI y SIDE al parecer se mencionarían algunos nombres relacionados con Schoklender y Guzmán. Entre ellos figurarían Ema “La Gringa” Carabajal, Oscar “Guti” Gutiérrez y Diego Perlan, en Santiago del Estero; Lidia Lichtmajer Arielo, en Tucumán; Guillermo Camargo Salamanca, Gilberto Acuña Delgado y Villalba Yoco, en Catamarca; Cayupel y Mansilla, en Chaco; René Sanabria, Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja, Daniel Rey y Teodora Cruz, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; y Carlos Gallardo, los hermanos Giménez en Salta; y la Gorda J, en Jujuy.

Según dicen Sergio Schoklender es pariente de Juan Pablo Lichtmajer y ambos pertenecen a la misma comunidad religiosa con estrechos vínculos económicos y parentescos que provienen de sus antepasados judeo palestinos de medio oriente. Ambos también han viajado varias veces a Bolivia con actividades encubiertas para encontrarse con Daniel Rey y Teodora Cruz. Lo cierto es que todos los nombrados han pasado por Bolivia y están en permanente contacto, aún desde la cárcel, empleando sistemas criptográficos secretos, sistemas informáticos de uso exclusivo y comunicaciones satelitales.

Para finalizar, este es un diálogo que reproduce en un informe, el periodista Jorge Lanata: “¿Pasó el Chapo Guzmán por el Chaco?”, le preguntaron al líder piquetero MTD del Chaco, Tito López, en FM Identidad. “Habría que preguntarle a Capitanich, pero el único lugar en que encontraron efedrina fue en el Chaco y en Buenos Aires. No quiero hablar mucho de eso porque tengo a mi compañero, el Gringo Pintos, muerto por eso”.

"NEGAR LA REALIDAD AYUDÓ AL AVANCE DEL NARCOTRÁFICO EN EL PAÍS"

                                                                     

Así lo afirmó el ex jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, quien habló con Infobae acerca del desinterés del gobierno en la última década para combatir el problema y el vínculo entre narcos y funcionarios. "Antes coimeaban al de Aduana. Ahora, la corrupción llega hasta los partidos políticos", denunció el experto en seguridad.

Infobae de Argentina (www.infobae.com)

                                       

"En esta década se cooperó poco, no se sancionaron las leyes que se debían sancionar, no se reorganizó el espacio aéreo, y el consumo de cocaína y marihuana en Argentina se duplicó". El durísimo diagnóstico, avalado por las estadísticas oficiales y los hechos vinculados a la violencia narco que se suceden semana tras semana, pertenece a Eugenio Burzaco, el ex jefe de la Policía Metropolitana que es además uno de los mayores conocedores del tema de nuestro país.

El experto en seguridad, quien lanzará un libro sobre el narcotráfico en Argentina a mediados de año, recibió a Infobae en sus oficinas en el barrio de Recoleta para hablar acerca de la desidia de la administración kirchnerista en combatir el avance de la droga, las razones que convierten a nuestro país en territorio atractivo para los grupos narco, y la deficiencia judicial para llevar a la cárcel a los traficantes.

-Usted advirtió durante años acerca del avance de la droga en la Argentina, algo que como hemos comprobado en los últimos meses, ya se convirtió en un problema insoslayable. ¿Por qué se llegó a esta situación?

Se llegó a esta situación porque durante muchos años hubo una fuerte inacción y un error de diagnóstico. Acá tenemos funcionarios muy importantes que siguen hablando de Argentina como país de tránsito cuando en realidad es mucho más. Somos un país que produce droga y con un consumo relevante. En los últimos 10 o 15 años cambió la naturaleza del negocio. Los narcos pelean por el territorio y eso es lo que genera estos niveles de violencia y de corrupción. Hemos tenido jefes de Policías provinciales involucrados. Y esta negación de la realidad desde el poder contribuyó a esta situación. Además, las fronteras porosas, sin control del espacio aéreo y con un marco legal endeble, contribuyeron al avance del narcotráfico.

-¿Y el gobierno tiene conciencia de la gravedad del problema? Porque recientemente tanto el secretario de Seguridad, Sergio Berni, como el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, desmintieron la admisión del ministro Agustín Rossi de que en Argentina se elaboraba droga.

Me parece que eso es un tema más de "relato" que de fondo. Berni en los últimos meses ha estado muy activo y ha decomisado varios laboratorios, algunos muy importantes como uno en Funes, provincia de Santa Fe, que tenía capacidad para producir una tonelada al año, con lo cual él sabe muy bien cuál es la realidad. Lo importante es que se comprenda que el negocio tiene otro gradiente de complejidad y otro nivel de violencia. Rosario tiene una tasa de homicidios que supera la de Medellín y San Pablo, y eso no es casual. Son muertes producto de asesinatos entre bandas narco. El hecho de que se atentara contra el gobernador de esa provincia muestra el nivel de impunidad con el que se manejan. O en Mendoza, donde atacaron un diario que estaba haciendo una investigación de una banda narco. Argentina nunca va a ser Colombia, porque no produce la hoja de coca, y tampoco México, porque no estamos cerca de los EEUU, pero en muchos aspectos nos parecemos cada vez más a Brasil, donde hay enclaves urbanos sin control, se produce droga, los narcos le manejan la vida a las personas, y el narcotráfico y la política se mezclan.

-Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la Argentina, dijo que había actualmente en el país seis organizaciones narco, todas ligadas a las grandes carteles de México y Colombia. ¿Por qué estos grupos deciden establecerse acá?

La razón es que en la última década se ejerció una mayor presión en los países productores del narcotráfico contra estas organizaciones, lo que provocó que estas deban extenderse a lugares como Argentina y Venezuela. El negocio se concentraba originalmente en Colombia, Perú y Bolivia, que son los principales productores de coca. ¿Y por qué se establecen en nuestro país estos grupos narcos? Porque el sistema de defensa argentino es bajo. Cuanta mayor debilidad institucional, mayor expansión de la droga.

Siempre se habla de connivencia policial con el narco, pero muy pocos han sido los que denunciaron  la complicidad política, con la excepción tal vez de la diputada Elisa Carrió. ¿Cómo funciona esta conexión?

Es sencillo. Antes, para pasar la droga por Argentina y llevarla a Marbella, los narcotraficantes con corromper un funcionario de aduana ya tenían el tema resuelto. Ahora, que se produce en laboratorios propios y distribuye en mercados de consumo como el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario, el traficante necesita de un alto nivel de corrupción, no solo en la Policía sino también en la Justicia y los partidos políticos, para poder llevar adelante su negocio. El caso más paradigmático fue el del triple crimen de General Rodríguez, en el que uno de los asesinados había aportado para la campaña del Frente para la Victoria.

-¿Cree que el compromiso por combatir al narcotráfico que ha manifestado la dirigencia política estas últimas semanas pueda ser algo pasajero y disiparse cuando caiga de la agenda periodística?

No, no lo creo, porque el tema entró en la agenda de la sociedad, es decir, afecta la vida diaria de las personas, y los políticos ya no van a poder evitarlo como lo hicieron durante años. Es más, creo que va a ser una cuestión muy importante en la próxima elección y espero que se tomen decisiones de fondo, ya que el combate contra el narcotráfico no se puede postergar más. De alguna manera, esa reunión que hizo el Episcopado juntando a políticos de todos los partidos es un buen síntoma de que hay alarmas prendidas y una decisión de empezar a hacer algo.

-Entre las últimas iniciativas del gobierno para luchar contra el avance de la droga se destaca la designación del padre Juan Carlos Molina al frente del Sedronar, organismo que estuvo vacante durante ocho meses. ¿Qué le pareció el nombramiento?

Honestamente no lo conozco al padre Molina, así que no puedo dar una opinión sobre su idoneidad profesional. Entiendo que se busca hacer foco en el tema preventivo, algo que es importante y por eso se designa a una persona que va a trabajar atacando los problemas de base. Ahora, había toda una serie de funciones que cumplía el Sedronar, como por ejemplo el control de los precursores químicos que se elaboran acá, y eso quedó en el limbo, pese a que controlar ese flujo es fundamental para luchar contra la producción industrial de cocaína.

-Recientemente se supo que varias provincias firmaron acuerdos de cooperación con los Estados Unidos para capacitarse y compartir información en la lucha contra el narcotráfico, algo que hubiese sido impensado en la gestión de Nilda Garré. ¿Ve esto como un avance en la dirección correcta?

Bueno, la gestión Garré se caracterizó por toda una serie de enfrentamientos con el gobierno de EEUU con los que nunca quedó claro qué se ganó. Con respecto a los acuerdos de cooperación, si bien no todo es trasladable a la realidad argentina, me parece muy bien que las provincias tomen esa iniciativa, porque todo lo que es microtráfico, la última parte del eslabón, se encara a nivel provincial, y es necesario ese aprendizaje, contar con información y compartirla, trabajar en conjunto. De todas formas, lo que falta en Argentina es un plan integral. Con Berni, esa es mi crítica. ¿Qué vamos a hacer con nuestras fronteras, que son un colador? En la medida en la que sean endebles, la droga va a seguir entrando por ahí.

-Siguiendo con el tema de los Estados Unidos, luego de que el departamento de Estado publicara esta semana un informe sobre la producción de drogas en el mundo, que incluía un diagnóstico preocupante sobre nuestro país, el canciller Héctor Timerman dijo que Argentina era victima del consumo de drogas y de la producción de armas norteamericanas. ¿Qué opina de estos dichos?

Eso es algo típico de este gobierno, echarle siempre la culpa al otro. No caben dudas de que EEUU es el  principal mercado de consumo del mundo junto a la Unión Europea, y que tiene responsabilidad en el problema, pero también tenemos que sincerarnos. Argentina tiene ahora, con respecto a diez años atrás, el doble de gente que consume cocaína y marihuana, con lo cual no toda la droga que viene acá es para irse a EEUU, sino que mucha es para venderse en el mercado local. Lo cierto es que en esta década se cooperó poco, no se sancionaron las leyes que de debían sancionar, no se reorganizó el espacio aéreo, y como consecuencia hoy estamos mucho peor, y eso es nuestra responsabilidad.

-Una de las opciones que algunos espacios políticos propusieron para enfrentar la entrada de droga a nuestro país es la promulgación de una "Ley de Derribo". ¿Está de acuerdo con esa idea?

A decir verdad, yo redacté un proyecto de ley cuando fui diputado nacional sobre el tema que, si no fue el primero, fue uno de los primeros al respecto. Yo prefiero llamarla "Ley de Protección del Espacio Aéreo" y no "Ley de Derribo", porque de lo contrario suena como si uno quisiera ir bajando aviones y no es ese el caso. La realidad es que todos los países de la región tienen casi el 100% de su espacio áereo radarizado, tanto Brasil como Chile y Uruguay. Básicamente de lo que se trata es de establecer un protocolo de actuación para ver qué hacer cuando ingresa un avión que no se identifica, que no obedece, que no se comunica con un radar. Esta ley daría la posibilidad de pedirle al avión que se identifique, pararse al lado, decirle que tiene que bajar y, como última instancia, contar con la posibilidad de derribo. En este momento, es muy fácil mandar una avioneta a nuestro terrotorio y aterrizarla en una pista ilegal o directamente tirar los bolsos con cocaína y marihuana en unos campos y que nadie se entera. Esto lo impediría.

Por último, estuve revisando datos sobre la tasa de resolución de causas vinculadas a las drogas y es muy baja, alrededor de un 4 %. ¿Por qué sucede esto?

Sobre este tema hay dos cuestiones. Una, es que en esos datos se incluyen las causas de tenencia para consumo, que en general terminan siendo archivadas, y son alrededor del 25, 30% según el Sedronar. En mi opinión, deberían computarse separadamente y no tratarse en juzgados penales, ya el consumo es un problema médico. De los otros dos tercios que sí tienen que ver con causas de tráfico, lo que sucede es que faltan fiscalías especializadas y los juzgados están abarrotados. Hay algunos en lugares claves, el norte de Salta y Jujuy, por ejemplo, donde están los pasos fronterizos y permanentemente se incautan toneladas de coca, que tienen en su órbita 5000, 6000 causas al año. De esta manera, muchas terminan prescribiendo, otras adolecen de fallas técnicas, lo que se traduce en pocas resoluciones judiciales. Claramente hay un déficit que es necesario solucionar, pero esto requiere de voluntad y recursos. En la medida que haya pocos juzgados y tengan poca capacidad para investigar y dictar sentencias, la impunidad solo va a escalar.

NARCOAVIONETAS AHORA OPERAN EN CARRETERAS Y TROCHAS CARROZABLES

El Comercio de Perú (www.elcomercio.pe)

Los narcotraficantes de la selva central y el Vraem que envían cocaína por aire a Europa vía Bolivia han encontrado la manera de ahorrarse hasta US$40.000 por vuelo: hoy lo hacen embarcando la droga en la carretera o trocha que encuentran a su paso, reservándose la necesidad de alquilar o construir alguna pista de aterrizaje clandestina. 

Esta semana, El Comercio constató doblemente cuán expuesto opera el negocio de la droga vía aérea. El viernes 7, un grupo especial de la policía detuvo una avioneta de matrícula boliviana con 325 kilos de alcaloide de cocaína en una trocha carrozable rodeada de sicarios armados en el centro poblado de Chorrillos, distrito Puerto Bermúdez (Oxapampa).

Unas 48 horas antes, en plena comunidad Progreso (Satipo), la policía detectó una avioneta lista para aterrizar y recoger el cargamento de estupefacientes, también en una vía transitada por vehículos.

El nivel de impunidad parece permitirles a los traficantes emplear como aeropuertos estas zonas habitadas y a plena luz del día, pues esta realidad se repite en diversas zonas de la selva de Pasco, Pichis Palcazú, Ciudad Constitución, Pozuzo y en el mismo Vraem, según la Policía Nacional del Perú.

“Recién la opinión pública está conociendo cuán cotidiana es esta realidad. Es tan habitual que los mismos centros poblados están involucrados en la protección de las avionetas y el cargamento de droga”, anota el especialista en temas de narcotráfico Rubén Vargas, quien advierte que hoy no son exclusivamente las grandes firmas de narcotráfico las que financian el envío de la droga. 

“Ahora el negocio es mucho más abierto, son caseríos y clanes familiares los responsables. Ya no es necesario tener una pista de aterrizaje clandestina para trasladar la droga”, agregó Vargas, días después de denunciar que la mayoría de procesos por lavado de activos e investigaciones sobre narcotráfico contra clanes familiares están siendo archivados en el Poder Judicial.

Todo ello sucede mientras el Vraem y la selva central continúan siendo las zonas con mayor presencia policial y presupuesto en segurida por su situación de emergencia (S/.5 millones, solo para operaciones de interdicción), y al mismo tiempo, es tierra de mayor producción de cocaína y empleo de aeropuertos clandestinos.

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES: LA NUEVA "AMENAZA" PARA LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA

La crisis en Venezuela dejó al descubierto que los gobiernos socialistas o autodenominados "progresistas" no permiten a estas manifestaciones desarrollarse con libertad, sino que ahora las reprimen por considerarlas un atentado contra sus gestiones

Infobae de Argentina (www.infobae.com)

El escenario en el país caribeño, gobernado por un partido autoproclamado de izquierda desde hace 14 años, muestra claramente que las naciones de la región utilizan con Venezuela una lupa distinta a la utilizada para juzgar a otros países menos afines, como Paraguay, cuando enfrentó una crisis institucional, o a Chile cuando los estudiantes se rebelaron y la mayoría de América Latina no respaldó al presidente Sebastián Piñera.

El giro, según convenga, llevó ahora a los partidos de izquierda a catalogar de "desestabilizadores" a los estudiantes que se manifiestan en las calles de Caracas, cuando tradicionalmente alentaron a los universitarios a sostener sus proclamas.

El presidente chileno, de derecha, también enfrentó grandes movilizaciones de estudiantes, aunque en ese caso no hubo expresiones de la región contra los "desestabilizadores".

Su colega venezolano Nicolás Maduro prefirió "continentalizar" su conflicto interno, pero no lo hará en cualquier lado sino en el organismo creado a medida de la revolución bolivariana: la Unión Suramericana de Naciones (Unasur), donde no participan Estados Unidos ni Canadá. Y rápidamente Bolivia, Ecuador y el Mercosur expresaron su apoyo al gobierno heredero de Hugo Chávez.

Igual que con Venezuela, Unasur también se había movido rápido cuando en 2010 el gobierno izquierdista de Rafael Correa en Ecuador denunció un intento de golpe de Estado en medio de una situación confusa. Lo mismo sucedió un año antes con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras.

Sin embargo, tras la caída de Fernando Lugo en Paraguay se actuó distinto: se puso en duda su democracia y el país fue suspendido del Mercosur, de la Unasur y excluido del mapa político.

Utilizando una herramienta prevista en su Constitución, Paraguay removió a mediados de 2012 a Lugo, quien apenas obtuvo cuatro votos de apoyo en el Parlamento luego de un juicio político. Tras ello asumió un mandatario en forma temporal y convocó a elecciones. Pero Uruguay, Brasil y Argentina no lo aceptaron y sancionaron a Paraguay, sabiendo que por esa vía aseguraban el ingreso de Venezuela al Mercosur.

En el caso actual de Venezuela, los comunicados de los países amigos como Argentina alertan sobre los "evidentes intentos de desestabilización". Pero no hablan de detenciones políticas, ni tampoco del accionar ilegal de bandas chavistas como grupos de choque para colaborar con las fuerzas de seguridad que reprimen las manifestaciones.

Ahora son enemigos

Argentina, Brasil, Uruguay y la Bolivia de Evo Morales -todos gobernados por proyectos de izquierda- hoy hacen una lectura distinta sobre el movimiento estudiantil que antes apoyaban.

Los universitarios fueron los primeros en protestar contra el presidente Maduro por la situación de inseguridad, inflación y desabastecimiento de productos básicos que enfrenta la población.

En países socios o cercanos a su pensamiento político, el régimen chavista encontró respaldo de partidos, como el Frente Amplio, que antes de alcanzar el poder también alentaba las manifestaciones estudiantiles, según publica el periódico El Observador.

En Uruguay, con la vuelta de la democracia, uno de los cantos emblemáticos del Frente era: "Con los estudiantes no nos moverán". Pero el FA entiende ahora que en Venezuela se está "ante un nuevo intento de desestabilización" de un gobierno constitucional.

La Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), afín a la izquierda, esta vez no se solidarizó con los jóvenes venezolanos, sino que por el contrario expresó su "enfático rechazo a los intentos de desestabilización perpetrados por grupos fascistas". (www.infobae.com)

EL INCIERTO FUTURO DE LAS DEMOCRACIAS DE AMÉRICA LATINA

Informe 21 de Argentina (www.informe21.com)

La importancia de la Alianza del Pacífico fue destacada por el analista y economista Jorge González Izquierdo, quien dijo a la AFP que este bloque en lo político “es un contrapeso al grupo que quiso formar el presidente Hugo Chávez de Venezuela”,en alusión a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA),integrada por Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas y Antigua y Barbuda. Así, según explica Patricio Carvajal Aravena en dossiergeopolitico.com,“América para los americanos debe constituir la base de una geopolítica genuinamente americana, lo que implica la presencia inequívoca de EE.UU en la Alianza del Pacífico”.

Así, tras una fachada neoliberal, se escondería un refinado proyecto de ingeniería geopolítcacuya finalidad última sería dinamitar el proyecto integracionista representado por la UNASUR e intensificar la política de aislamiento de los Gobiernos progresista-populista de la región,en especial de Venezuela tras quedar huérfana del alma mater de la Revolución Bolivariana (Chávez).

Dicha estrategia fagocitadora tendría como objetivos a medio plazo aglutinar el Arco del Pacífico para integrar además a Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá e incorporar por último al Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) , siguiendo la teoría kentiana del “palo y la zanahoria “ expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949).

Para entender la finalidad última de la nueva estrategia geopolítica de EEUU en América Latina, debemos acudir a Sherman Kent , quien en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana”publicado en 1949 , expresó: “La guerra no siempre es convencional: en efecto, una gran parte de la guerra, de las remotas y las más próximas, ha sido siempre realizada con armas no convencionales: [...] armas [...] políticas y económicas. La clase de guerra en que se emplean [...] (son la) guerra política y la guerra económica.”

Los fines de estos tipos de guerra fueron descritos por este autor de la siguiente manera: “en estas guerras no convencionales se trata de hacer dos cosas:debilitar la voluntad y la capacidad de resistencia del enemigo y fortalecer la propia voluntad y capacidad para vencer” y más adelante añade que los instrumentos de la guerra económica “consisten en la zanahoria y el garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos,el ‘boicot’, el embargo y la lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro”.

Así, en el discurso de Obama ante el pleno de la VI Cumbre de las Américas celebrado en Cartagena (Colombia) en el 2012, recordó que la Carta Democrática Interamericana declara “que los pueblos de América Latina tienen derecho a la democracia y sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla, por lo que intervendremos cuando sean negados los derechos universales o cuando la independencia de la justicia o la prensa esté amenazada”, advertencia extrapolable a Ecuador y Venezuela.
Por otra parte,la revista Foreign Policy, ( edición de enero-febrero, 2012), publicó un análisis de Brzezinski titulado “After America” (”Después de América”), donde analiza la tesis de la decadencia de los EEUU debido a la irrupción en la escena global de nuevos actores geopolíticos (China y Rusia) y de sus posibles efectos colaterales en las relaciones internacionales.

Respecto a México, Brzezinski afirma que "el empeoramiento de las relaciones entre una América (EEUU) en declinación y un México con problemas internos podría alcanzar niveles de escenarios amenazantes". Así, debido al “caos constructivo” exportado por EEUU y plasmado en la guerra contra los cárteles del narco iniciada en el 2.006, México sería un Estado fallido del que sería paradigma la ciudad de Juárez, (la ciudad más insegura del mundo con una cifra de muertes violentas superior al total de Afganistán en el 2009), por lo que para evitar el previsible auge de movimientos revolucionarios antiestadounidenses se procederá a la intensificación de la inestabilidad interna de México hasta completar su total balcanización y sumisión a los dictados de EEUU.

En Centroamérica, EEUU podría estrechar lazos comerciales y militares con el presidente dominicano Danilo Medina ante el peligro de contagio mimético de los ideales revolucionarios chavistas al depender el país dominicano de la venezolana Petrocaribe para su abastecimiento energético.

En Nicaragua, China habría asumido el reto de construir el Gran Canal Interoceánico para sortear el paso del estrecho de Malaca, pues dicho estrecho es vital para China al ser la ruta principal para abastecerse de petróleo pero se habría convertido “de facto” en una vía marítima saturada y afectada por ataques de piratas.
Sin embargo, dicha iniciativa contaría con la oposición de múltiples organismos nicaragüenses por su presunto impacto medioambiental, lo que aunado con el litigio que Nicaragua mantiene con Costa Rica por la posesión de la isla Portillos o Harbour Head, (a pesar de la decisión del Tribunal de la Haya de 2011 favorable a las tesis de Costa Rica) y la reciente entrega al Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, por los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica de una carta en la que alertaban “de los planes expansionistas de Nicaragua”, será aprovechado por EEUU para desestabilizar el gobierno de Daniel Ortega dentro de su estrategia geopolítica global de secar las fuentes energéticas chinas.

Respecto a Panamá, la joya de la corona del Canal tendría un tránsito estimado de 14.000 barcos mercantes y una carga de 300 millones de Tm anuales (5% del comercio mundial), según datos de la Autoridad del Canal de Panamá. Sin embargo, las cifras de tránsito de los últimos años adolecen de un constante deterioro pues el canal de Suez le habría arrebatado parte de su segmento de mercado natural, aunque la prevista inauguración para el 2015 del nuevo Canal de Panamá ampliado que debería servir de revulsivo para recuperar el mercado perdido al permitir el tránsito de cargueros de más de 400 metros de longitud y 50 metros de ancho (los llamados post-Panamax) deberá aplazarse hasta el 2017 tras e contencioso Safyr-Autoridad del Canal de Panamá.

En Venezuela, tras las reñidas elecciones presidenciales en Venezuela en las que Maduro se habría impuesto a Capriles por el estrecho margen de 200.000 votos, asistiríamos a una división casi simétrica de la sociedad venezolana que será aprovechado por EEUU para implantar “el caos constructivo de Brzezinski” mediante una sistemática e intensa campaña desestabilizadora que incluirá el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana, la toma de las calles por la oposición burguesa y la posterior llamada al Ejército para que se erija en rector del destino de Venezuela, estrategia diseñada por la CIA y que contando con la inestimable ayuda logística de Colombia (convertida en el portaaviones continental de EEUU) terminará por finiquitar el régimen post-chavista.

Así, el acuerdo chino-venezolano por el que la empresa petro-química estatal china Sinopec invertirá 14.000 millones de dólares para lograr una producción diaria de petróleo en 200.000 barriles diarios de crudo en la Faja Petrolífera del Orinoco, (considerado el yacimiento petrolero más abundante del mundo), sería un misil en la línea de flotación de la geopolítica global de EEUU (cuyo objetivo inequívoco sería secar las fuentes energéticas de China), por lo que no sería descartable un intento de golpe de mano de la CIA contra Maduro.
En cuanto a Cuba, las medidas cosméticas tomadas por la Administración Obama (relajación de las comunicaciones y el aumento del envío de remesas a la isla así como el inicio de una ronda de conversaciones sobre temas de inmigración), dejan intacto al bloqueo y no cambian sustancialmente la política de Washington aunque reflejan el consenso de amplios sectores del pueblo norteamericano a favor de un cambio de política hacia la Isla auspiciado por la decisión del régimen cubano de terminar con el paternalismo estatal y permitir la libre iniciativa y el trabajo por cuenta propia.

Tras estos preliminares, subyacerían las conversaciones secretas entre el cubano-judío y Profesor de la Universidad de Denver, Arturo López-Levy y las autoridad cubanas para negociar el trueque de Gross por los Cinco, lo cual representaría eliminar un significativo escollo en el largo camino para restablecer la normalidad en las relaciones entre EEUU y Cuba. Recordar que Arturo López-Levy realizó un curso de postgrado de verano del Instituto Carter en Atlanta, (Georgia) y tendría acceso directo a Raúl Castro al estar su primo (hijo de un general de las FAR) casado con una hija del mandatario cubano.
Sin embargo, la renovación automática por parte de EEUU por un año más del embargo comercial a la isla podría suponer para Cuba pérdidas estimadas en cerca de 50.000 millones de $ y abocar al régimen de Raúl Castro a la asfixia económica, no siendo descartable la firma de un nuevo tratado de colaboración militar con Rusia que incluiría la instalación de una base de Radares en la abandonada base militar de Lourdes para escuchar cómodamente los susurros de Washington y la instalación de bases dotadas con misiles Iskander, pudiendo reeditarse la Crisis de los Misiles (octubre 1962).

Respecto a Brasil, la decisión de la presidenta brasileña Dilma Rousseff de posponer su visita de Estado a Washington programada para el 23 de octubre (decisión avalada por los principales asesores de Rousseff, entre ellos su antecesor y mentor Lula da Silva), entraña el riesgo de una peligrosa confrontación entre las dos grandes potencias del continente americano, pues según Lula “los americanos no soportan el hecho de que Brasil se haya convertido en un actor global y en el fondo, lo máximo que ellos aceptan es que Brasilia sea subalterno, como ya lo fue”.

Así, Rousseff tras afirmar que "el espionaje ilegal representa una violación de soberanía incompatible con la convivencia democrática entre países amigos", exigió a Estados Unidos explicaciones convincentes de las razones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) para presuntamente violar las redes de computadoras de la petrolera estatal Petrobras y tras su enérgico discurso en la apertura de la 68 Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), se habría granjeado la enemistad de la Administración Obama que procederá a la implementación del "caos constructivo" en Brasil para desestabilizar su mandato presidencial, no siendo descartable un estrechamiento de relaciones ruso-brasileñas.

Recordar que Brasil, forma parte de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y aunque se descarta que dichos países forman una alianza política como la UE o la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), dichos países tienen el potencial de formar un bloque económico con un estatus mayor que del actual G-8 (se estima que en el horizonte del 2050 tendrán más del 40% de la población mundial y un PIB combinado de 34.951 Billones de $).

El objetivo inequívoco de Putin sería neutralizar la expansión de EEUU en el cono sur americano y evitar la posible asunción por Brasil del papel de "gendarme de los neoliberales" en Sudamérica, pues Brasil juega un rol fundamental en el nuevo tablero geopolítico diseñado por EEUU para América Latina ya que le considera como un potencial aliado en la escena global al que podría apoyar para su ingreso en el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro permanente, con el consiguiente aumento del peso específico de Brasil en la Geopolítica Mundial.

Finalmente, recordar que el Gobierno norteamericano felicitó efusivamente a CFK por el resultado electoral a través del portavoz para los asuntos de América Latina de EEUU, William Ostick quien transmitió la voluntad de la administración de Obama de "trabajar productivamente" con el gobierno argentino tras los últimos desencuentros entre ambas administraciones.

No obstante, en el encuentro privado que mantuvieron en Cannes CFK y Obama en el marco del G-20, la mandataria argentina no habría sido sensible a las tesis de Obama y no habría aceptado la reanudación de ejercicios militares conjuntos con EE.UU en territorio argentino coordinados por EEUU, pues de facto habría significado la ruptura de la nueva doctrina militar diseñada para la región por los gobiernos que suscribieron la UNASUR, cuyo primer Secretario General fue precisamente Néstor Kirchner.

Sin embargo, tras la constatación de la entente económica YPF-Chevron, (jugada maestra de Chevron ya que con una exigüe inversión de 1.500 millones $ habría obtenido el megacontrato del siglo que incluiría una extensión de 38.500 km2 de pozos petrolíferos con una expectativa de extracción de 1.600.000 millones $), quedaría perfilada la estrategia de EE.UU. para reconducir los pasos del Gobierno argentino y lograr su ingreso en la Alianza del Pacífico.

Caso de no ser sensible los Gobiernos díscolos a las tesis de EEUU, no sería descartable el retorno a la política del Big Stick o “Gran Garrote”, (cuya autoría cabe atribuir al presidente de Estados Unidos Theodoro Roosevelt), sistema que desde principios del siglo XX ha regido la política hegemónica de Estados Unidos sobre América Latina, siguiendo la Doctrina Monroe ,“América para los Americanos”.

Así, a comienzos de los años sesenta, el miedo al mimetismo cubano había llevado a los EEUU a apoyar los golpes militares del que serían paradigmas en Centroamérica los casos de El Salvador , (donde una junta militar se apoderó del poder en 1961), de Guatemala (el presidente Idígoras Fuentes fue derrocado por los militares en marzo de 1963) y Honduras (el presidente Villeda, acusado de poca firmeza frente a la subversión comunista, fue derrocado en octubre de ese mismo año)mientras en Nicaragua se perpetuaba la dictadura de los Somoza ( 1.936-1979).

Asimismo,los militares tomaban el poder en Perú en julio de 1962; el presidente ecuatoriano Otto Arosemena era derrocado a su vez en julio de 1963 por “complacencia ante el castrismo”;el ejército boliviano tomó el poder en noviembre de 1964; en Argentina el general Onganía hizo lo propio en junio de 1966 y finalmente en Brasil, el 31 de marzo de 1964 las fuerzas armadas derrocaban a Goulart .

De todo ello, se deduce que estaríamos en vísperas de la irrupción en el escenario geopolítico de América Latina de una nueva ola desestabilizadora cuyos primeros bocetos ya están perfilados y que terminará de dibujarse en esta década) y que tendrán a Honduras, Paraguay, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Granada y Panamá como paradigmas de los llamados “golpes virtuales o postmodernos “que protagonizará EEUU en esta década en el nuevo escenario panamericano que surgirá tras el retorno al proteccionismo económico y consiguiente finiquito a la economía global.

TPA RECIBE 14.400 TONELADAS DE TUBERÍAS PARA PLANTA DE GAS BOLIVIANA

Atención a embarque significa un alto desafío operacional y logístico en Puerto Arica

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)

Una ocupación de más de 12.000 m2 de espacio en los sectores de Terminal Puerto Arica están siendo utilizados por 14.400 toneladas de tuberías de 30 pulgadas cada una, las cuales están destinadas a uno de los proyectos de inversión más grande de Bolivia, el campo de gas Incahuasi.

La nave Erlyne, proveniente de la India, zarpó el pasado miércoles 26 de febrero, utilizando cerca de 11 turnos seguidos de trabajo para lograr un excelente y seguro desembarque. Las labores se realizaron en el sitio 2B, el sitio asísmico de la concesión que tiene un calado de profundidad de 12,4 metros.

Estas 14.400 toneladas equivalen a 7 veces una nave promedio que recala en TPA habitualmente, lo que permite dimensionar el esfuerzo operacional y logístico que requiere un embarque de estas características.

“TPA dispuso todos sus recursos humanos y materiales para dar una atención oportuna a este importante embarque que ha llegado al Puerto, esto porque sabemos que dada la relevancia del proyecto para la economía boliviana requiere de todo nuestro apoyo logístico. También nos hemos preocupado de conciliar esta labor con las necesidades de todos nuestros clientes en el puerto”, afirmó el gerente general de Terminal Puerto Arica, Diego Bulnes.

El próximo día lunes 17 de marzo, a esta gran descarga de tuberías, se le sumará un segundo y último lote de 16.000 toneladas, destinadas al mismo proyecto, el que incluye tres pozos y una planta de tratamiento de gas, que se encuentra ubicado en los bloques Itapi y Aquio, a 250 kilómetros al sudoeste de Santa Cruz.

Bulnes Valdés comentó además que “Esta segunda descarga significará abordar un nuevo y gran desafío operacional y logístico para TPA y la región, el cual estamos seguros lo realizaremos con el profesionalismo que caracteriza a nuestra empresa” 

LA CARGA BOLIVIANA Y PARAGUAYA SON OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)

                                                      

En la trayectoria de Diego Fernández en el ámbito portuario, destacan su desempeño como subgerente de operaciones en TPS, Valparaíso, y su rol como gerente comercial y de operaciones en el Terminal de Montecon en Montevideo, el que mantuvo durante cuatro años y medio, hasta 2012.  En ese momento, asumió la gerencia general de TPR en Rosario, puesto en el que por 16 meses ha encabezado un puerto clave, no sólo para el tránsito de carga en Argentina, sino que también para Bolivia, Paraguay y Brasil.

“El objetivo principal es lograr implementar todas las mejoras requeridas, de modo de consolidarlo como el más eficiente  terminal multipropósito del país en los próximos años, tomando como referencia los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia del mercado en que nos desenvolvemos”, asegura Diego Fernández a la hora de resumir las principales metas de su gestión.

Este propósito se enmarca en la inversión realizada por el Grupo Ultramar en TPR, el que según explica ejecutivo, se trata de un negocio “con visión de largo plazo, y con el objetivo principal de contribuir con el desarrollo de un puerto muy relevante. Cuando hablamos de desarrollar el puerto no solamente nos referimos a la actividad e infraestructura del mismo, sino a que TPR se convierta en un generador de beneficios para la ciudad de Rosario y alrededores, un lugar donde los trabajadores puedan desarrollarse y generar bienestar y mejorar la calidad de vida a sus familias”.

¿Cómo ha resultado hasta ahora su incorporación a la industria portuaria argentina y la relación existente con el Grupo Vicentín a la hora de trazar el desarrollo de TPR?

TPR está en un proceso de consolidación que se inició tiempo atrás con la llegada del grupo Vicentín al puerto, aportando mucho compromiso, experiencia y certezas para el puerto y sus colaboradores de que se iniciaba un camino positivo y apuntando hacia el desarrollo. Actualmente la compañía es una sociedad que funciona correctamente y ha sido una gran experiencia de entendimiento y cooperación permanente dado que los objetivos de todo el equipo son comunes. 

¿Cuáles son  las garantías que ofrece el entorno político-económico y las principales posibilidades de potenciar el TPR en ese marco?

El negocio portuario requiere tener una visión de largo plazo, más allá de lo que se presenta en el panorama corriente. Prepararse y consolidarse en el tiempo- independientemente de los momentos positivos y negativos que el entorno nos pueda ofrecer- el hecho de ser un terminal multipropósito, multiproducto y que sirve a varios mercados, son para TPR también aspectos muy importantes a la hora de proyectarse.
 Y el futuro para TPR, según Diego Fernández,  tiene expectativas positivas, dado principalmente a su estratégica ubicación en el plano continental: “La carga Boliviana y Paraguaya son objetivos estratégicos a desarrollar para TPR, parte de la infraestructura y matriz de servicios debe adaptarse a las necesidades dado que el potencial es importante. Actualmente, estas cargas cuentan con pocas alternativas de salida en los puertos argentinos y uruguayos, y de Chile para el caso de la carga boliviana. Por ende, ante un escenario de desarrollo, las necesidades portuarias deberán ser cubiertas y esperamos estar preparados para ello.

Por otro lado, destaca el ejecutivo: “TPR tiene un hinterland muy variado y su ubicación es la mejor opción en la medida que se desarrolle según los requerimientos de la carga y ese es nuestro objetivo, escuchar al mercado e invertir correctamente y a tiempo. Siempre buscando aprovechar los puntos fuertes que tenemos, la condición de mono-operador y multipropósito nos da la opción de dar soluciones integrales a los clientes que participan de diferentes rubros.

¿En qué pie tecnológico se encuentra TPR para afrontar la constante contenerización de la carga?
TPR actualmente ya opera con contenedores,  prestando servicios de operación de buques con carga full y vacíos; también otorgando los servicios complementarios que se requieren para implementar un servicio regular: consolidación y desconsolidación de todo tipo de cargas, energía y monitoreo para contenedores refrigerados, reparación y limpieza de contenedores, etc. En definitiva, el terminal está preparado y parte del plan maestro de desarrollo consiste en potenciarlo aún más.

¿Cuáles son las urgencias (y proyectos) que en este momento se encuentra resolviendo TPR?
Estamos ejecutando un plan de inversiones intensivo para implementar equipamiento a fin de hacer más eficientes las operaciones del terminal, tenemos proyectos en curso de desarrollo de infraestructura para aumentar capacidad y mejorar condiciones de los trabajadores y varias mejoras a nivel de sistemas de información. Un terminal de estas dimensiones y variables implica cubrir muchos frentes en forma ordenada y sustentable. Para ello, invertimos el tiempo necesario de modo de estar alineados con nuestro plan maestro de desarrollo.

LESIÓN A LA INTEGRIDAD TERRITORIAL

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)

Sobre el conflicto en Abra Santa Cruz, la Constitución de la Provincia tiene escasos puntos de apoyo para la defensa de la integridad territorial, máxime cuando proviene de un Estado extranjero. No nombra ese principio en ningún caso y en lo atinente a los límites provinciales (que en una parte coinciden con los límites nacionales) las facultades son de la Legislatura, pero sólo para modificarlos.

Es el artículo 6 que dice “Los límites territoriales de la provincia son los que por derecho le corresponden. La ley que autorice su modificación requiere los dos tercios de votos del número total de miembros de cada Cámara”. Puede entenderse que, implícitamente, hace custodio de la integridad territorial del estado provincial al Poder Legislativo. Pero al tratarse de una cuestión internacional, la Provincia solo puede peticionar a la Nación, que por mandato constitucional está a cargo de la conducción de las relaciones internacionales.
El Gobernador no tiene, en relación con la integridad territorial, más facultades que representar a la Provincia en las peticiones antes la Nación, sea por pedido de la Legislatura o por propia iniciativa. Según el artículo 144 el Gobernador o su reemplazante legal “representa a la Provincia en todas sus relaciones oficiales”. Eventualmente podría pedir opinión jurídica al Fiscal de Estado; solo él puede usar esa prerrogativa que se la da el artículo 149 de la Constitución Provincial. El Gobernador puede disponer que el ministro de Gobierno intervenga; esa cartera por ley 7694 tiene a su cargo “entender en las cuestiones de límites”, por lo cual sería el funcionario más idóneo para proporcionar los antecedentes necesarios.

También puede solicitar la intervención de la oficina de Asuntos Internacionales (www.internacionalsalta.gob.ar) que representa al Gobernador ante la Zicosur a los fines de intervenir, estudiar el tema y dictaminar, toda vez que Bolivia es parte de ese organismo regional.

En todos los casos los funcionarios solo deberían constatar cuestión de hecho, dónde, cuándo y por qué se colocó el nuevo hito, y contrastando esa información con los mapas oficiales (supongo que son los del Instituto Geográfico Militar) si existe o no una alteración que coloca hoy repentinamente a ciudadanos argentinos en territorio extranjero y si la Provincia recibió la comunicación, etc. Pero quizá ya tenga informes, datos y otros elementos provenientes de Cancillería que yo ignoro y que hayan encarrilado las desprolijidades en lo que concierne a la colocación del hito.

Con respecto a las familias que viven allí y han manifestado que son y desean seguir siendo argentinas, exhiben una ocupación secular del lugar transmitida de padres a hijos, cuenta con una escuela, han votado en elecciones desde que la Nación dispuso el voto universal, secreto y obligatorio, en fin, la enumeración de los hechos cívicos y culturales son innumerables, es decir han vivido toda su vida como argentinos. Y dado el antecedente mencionado por ellos, lo ocurrido a la población de Viscachani, ellos pueden perder esos derechos, muchos de los cuales son intangibles y otros son patrimoniales.

Para ellos la Constitución tiene algún elemento más adecuado, el Preámbulo brinda un fundamento inicial porque al establecer la finalidad perseguida por los constituyentes y enumerarlas, dice “organizar el Estado provincial bajo el sistema representativo republicano en una democracia participativa y pluralista”. La democracia participativa justifica el actuar de los ciudadanos, afectados o no, en defensa de la población del paraje donde se colocó el hito.

Ese actuar sería casi obligatorio para los no perjudicados en atención a la solidaridad que expresa el artículo 14 que establece el principio de solidaridad cuando expresa: “La Provincia reconoce y garantiza los derechos inviolables de la persona, sea como individuo, sea en el seno de las formaciones sociales donde aquella desarrolle su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social”. Accesoriamente el ejercicio de la democracia participativa involucra a los medios de comunicación, sin cuya intervención, hechos como el de los pobladores del Abra de Santa Cruz no podrían ser conocidos, debatidos y, eventualmente, solucionados antes de alcanzar un estado que se convierta en un daño concreto, como ocurrió a los pobladores de Viscachani, según cuentan los hoy afectados. Un antecedente de 83 años que involucra al entonces Capitán Perón y que repite la misma secuencia actual (denuncia de la prensa -intervención del Estado- comprobación en el terreno).

Incluso si se reconocieran a sí mismos como pueblos originarios con la nacionalidad argentina, es deber del Estado la defensa de los derechos que les pertenecen y estuvieran peligrando, por disposición del artículo 15 de la Constitución Provincial que al contemplar la existencia de los pueblos originarios en la provincia, después de reconocerles diversos derechos en forma expresa, en el último párrafo garantiza “su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten de acuerdo a la ley”.

El presente caso es una de esas hipótesis.

Para la defensa de los derechos de los habitantes del Abra de Santa Cruz también resultarían de aplicación las disposiciones constitucionales del Art. 127 que al enumerar las competencias del Poder Legislativo, en el inciso 15) disponen la creación y funcionamiento de un cargo de Comisionado Legislativo, que tendrá como función “peticionar ante la administración en interés de los habitantes de la Provincia, en representación del Poder Legislativo”. Esa función no está operativa porque nunca fue designado ese comisionado, o en su versión más moderna, un Defensor del Pueblo. Pero si existiese el primero, podría peticionar en nombre del interés de los habitantes del paraje donde se instaló el hito que vulnera sus derechos cívicos, su patrimonio y su deseo de pertenencia a la Nación Argentina expresado en una ocupación territorial secular bajo bandera argentina y en forma expresa en un acta que habrían labrado(la que citó Pinedo y fue filmada).

Frente a su inexistencia puede apelarse al artículo 25, que asegura a todas las personas el derecho de peticionar individual o colectivamente ante todas o cada una de las autoridades. En este caso peticionar a la Legislatura o al Gobernador. En especial, deberían ser destinatarios de las peticiones los legisladores del Departamento en el cual se ha colocado el nuevo hito que afectaría según sus dichos, en forma directa a los habitantes de la zona. Finalmente deja ver la necesidad de reforma constitucional en este punto y la imprescindible creación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, tal como lo hiciera la Municipalidad de Salta en 1984 y la Nación diez años más tarde.