Histórico. Ex autoridades del alto mando militar y ex ministros de Estado fueron declarados autores mediatos y cómplices por el delito de genocidio, bajo la modalidad de masacre sangrienta, en el marco del juicio por octubre 2003. Con penas de entre tres y 15 años, se trata de la culminación de un proceso que se extendió por más de dos años en los estrados judiciales. Coincidiendo con el plazo otorgado por los familiares y las víctimas para que las autoridades judiciales condenen a los acusados por los vejámenes y muertes durante la guerra del gas en El Alto en octubre de 2003, el tribunal de sentencia dictaminó reclusión en la cárcel de San Roque de Sucre para las ex autoridades implicadas en el caso. Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular. que se oponía a la exportación de gas natural por Chile.
Roberto Claros Flores fue comandante en jefe de las FFAA. Acusado de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Sentenciado a 15 años y seis meses de cárcel de San Roque.
El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el juicio por octubre 2003 condenó ayer a entre 3 y 15 años de años de cárcel a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y cinco ex miembros del entonces Alto Mando militar.
El caso tiene que ver con la también denominada masacre de octubre o ‘guerra del gas’, que dejó el saldo de al menos 70 personas muertas y más de 400 heridos de bala.
El fallo emitido por el Tribunal califica a los cinco militares como autores de la masacre sangrienta y de genocidio, y a los dos ex ministros como cómplices.
El Tribunal de Juicio conformado por los ministros Ángel Irusta (presidente) y Hugo Suárez, y los conjueces Daysi Careaga Alurralde, Eduardo Arteaga Rivera, Elizabeth Maldonado Loayza y Freddy Lupa Totola emitió la sentencia después de cinco días de deliberación a puerta cerrada en la Corte Suprema.
“En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Véliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno”, señala la sentencia leída tras la deliberación.
MILITARES CONDENADOS
Roberto Claros Flores era en 2003 comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Juan Véliz Herrera comandante del Ejército (ambos con 15 años y seis meses de prisión). A 11 años de cárcel fueron sentenciados el almirante Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval, y el general José Oswaldo Quiroga, ex comandante de la Fuerza Aérea; y a 10 años el general Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, ex jefe del Estado Mayor.
Entre tanto, los ex ministros de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa, y de Trabajo, Adalberto Kuajara, fueron condenados a tres años de prisión, por complicidad.
La sentencia emitida por el Tribunal de Juicio deberá ser cumplida en el penal de San Roque, en Sucre.
PRUEBAS PRESENTADAS
En la etapa probatoria y de juicio oral, según la Fiscalía General, se demostró ante el Tribunal de Sentencia la culpabilidad de los siete acusados de haber sido autores mediatos de los hechos sangrientos ocurridos en septiembre y octubre de 2003.
La abundante prueba ha sido constituida por 325 testigos que estuvieron presentes frente al Tribunal y que evidenciaron las huellas indelebles que les dejó la acción represiva.
“El Tribunal escuchó a personas mutiladas que han perdido varios miembros de su cuerpo, han quedado incapacitadas de por vida, personas que han perdido un futuro digno al cual tenían derecho; a ello se ha sumado una extensa prueba documental de 1.374 documentos entre prueba material, documental y pericial, que ha servido para demostrar la conducta antijurídica e insensible de siete de los procesados”, explicó el fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres.
Asimismo, se presentaron 308 pruebas periciales de balística reconstructiva, planimetría, fotografías de las víctimas y heridos que, de acuerdo con Uribe, demostraron la gravedad de las lesiones.
Estas pruebas fueron explicadas técnicamente por tres peritos que elaboraron el informe pericial que acompañó a las 117 pruebas materiales (casquillos, vainas servidas, munición, ropa ensangrentada, entre otros) y que demostraron la culpabilidad de los acusados.
En resumen, para el Ministerio Público la sentencia lograda, en el proceso por las muertes de septiembre y octubre de 2003, marca un hito histórico en el país porque demuestra que la impunidad fue derrotada.
El próximo paso, según la Fiscalía, es conseguir la extradición de Sánchez de Lozada.
ANTECEDENTES
El 14 de octubre de 2004, el Congreso Nacional autorizó el juicio de responsabilidades por dos tercios de votos del total de sus miembros. Finalmente, este proceso se instaló el 18 de mayo de 2009.
Sólo siete de los 17 acusados por la masacre asistieron al proceso judicial. Diez fugaron del país pese a que la parte acusadora y el fiscal solicitaron su detención preventiva. Uno de estos prófugos (el ex ministro de Gobierno Yerko Kukoc) murió en junio de este año en Miami.
El principal acusado, Gonzalo Sánchez de Lozada, huyó a Estados Unidos junto a su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
La masacre se desató después de que la población alteña y paceña en general se opusiera a la venta de gas a los Estados Unidos por un puerto de Chile.
Familiares y víctimas festejan el fallo
Después de 58 días de vigilia frente a la Corte Suprema, los familiares y heridos de Octubre Negro recibieron con alegría y alivio la sentencia que condena a ex militares y ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y festejaron junto a sus abogados y activistas que les apoyaron en su vía crucis durante casi ocho años exigiendo justicia.
Su abogado, Rogelio Mayta, conmovido por los resultados de un esfuerzo de dos años y medio de juicio, manifestó que el verdadero corazón del proceso han sido los familiares y heridos de octubre de 2003.
“El corazón de este proceso durante estos ocho años, sin lugar a dudas, ha sido la gente, las víctimas, la Asociación de Familiares y Caídos, que no han bajado los brazos un solo minuto, y cuando todo estaba en contra de nosotros y cuando parecía que no había sentencia no dudaron en trasladarse aquí, a la ciudad de Sucre, para mantener una vigilia de 58 días”, enfatizó.
El campamento donde vivieron alrededor de 50 personas estuvo animado por música y una comida comunitaria, mientras que los familiares se sacaban fotos con los abogados y los activistas que acompañaron el proceso y la vigilia.
Juan Patricio Quispe, dirigente de la asociación, expresó su satisfacción por el proceso y por el esfuerzo que hicieron durante tantos años.
“Este sacrificio de estar dos meses acampando aquí frente a la Corte Suprema no ha sido en vano, hemos conseguido una sentencia”, expresó.
Grado de culpabilidad de los siete condenados por la masacre
General Roberto Claros Flores: Fue identificado como autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 15 años y 6 meses que deberá cumplir en el recinto penitenciario de San Roque, en la ciudad de Sucre.
La pena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 02 de marzo de 2027.
General Juan Véliz Herrera: Fue identificado como autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 15 años y 6 meses, que deberá cumplir en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
La pena será computada a partir de su detención preventiva, del 02 de marzo de 2011 hasta el 02 de septiembre de 2026.
General Oswaldo Quiroga Mendoza: Fue encontrado autor mediato del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 11 años a cumplir en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
Su condena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2022.
Almirante Luis Alberto Aranda Granados: Fue encontrado autor mediato del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 11 años a cumplir en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
Su condena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2022.
General Gonzalo Rocabado Mercado: Autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Ha sido condenado a la pena de presidio de 10 años a cumplirse en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
Su condena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2021.
Erick Reyes Villa Bacigalupi: Ex ministro de Desarrollo Sostenible, encontrado autor mediato en grado de complicidad del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Ha sido condenado a la pena de presidio de tres años, a cumplirse en el recinto penitenciario de San Roque de esta ciudad. Su pena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2014.
Adalberto Kuajara Arandia: Ex ministro de Trabajo, encontrado autor mediato en grado de complicidad del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Ha sido condenado a la pena de presidio de tres años a cumplirse en el recinto penitenciario de San Roque de Sucre. Su pena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2014.
Mendoza: Es una condena histórica
El ex fiscal de Recursos y ahora abogado de las víctimas de octubre de 2003, Milton Mendoza, calificó la sentencia del Tribunal de Juicio como histórica, porque condena a dignatarios de Estado y miembros del Alto Mando militar.
“Es una condena a un gobierno democráticamente elegido, a las personas que atentaron contra el pueblo y la vida de ese pueblo, y es importante porque no tenemos un precedente en nuestra historia jurídica, lo que permite nuevamente creer en la justicia”, aseguro Mendoza tras conocerse la sentencia del Tribunal en la ciudad de Sucre.
La ex autoridad del Ministerio Público sostuvo también que es una satisfacción del deber cumplido, por el esfuerzo y esa perseverancia en el proceso judicial.
Afirmó que la Corte Suprema de Justicia les dio la razón de que no estaban equivocados cuando acusaron a estas personas de genocidas y de masacradores.
Con esta determinación —señaló— se sienta un precedente para que ningún dignatario de Estado atente contra los derechos humanos y el derecho a la vida.
“Lo importante de la sentencia es que a todos los procesados los califican como autores de genocidio, y a los ex ministros como cómplices de la masacre sangrienta de los sucesos de 2003”, expresó.
La Fiscalía esperaba que los acusados sean sentenciados con el mayor rigor de la ley, pero “con la sentencia señalada las víctimas están satisfechas y recibieron con alegría y llantos la decisión judicial; es el mejor mensaje por el trabajo realizado a lo largo de estos años”.
Arancibia: Una respuesta esperada
Mirna Arancibia, ex fiscal de Recursos del caso Octubre Negro, expresó que la sentencia es una respuesta de justicia a la ciudad de El Alto y a la población boliviana, y también una satisfacción personal y profesional.
Este proceso —aseguró— se inició con muchos obstáculos desde el momento en que se presenta la acusación probatoria, pero ahora la sentencia cierra un capítulo en la historia de nuestro país.
“La determinación demuestra que sí es posible hacer justicia y que la impunidad no puede permitirse en ningún ámbito político u ordinario”, afirmó Arancibia.
La jurista recordó que en el proceso la defensa de los acusados presentó muchos incidentes como excepciones, durante los más de cinco a seis años que estuvieron en la etapa preparatoria y de investigación del proceso.
Por otro lado, sostuvo que la extradición de las nueve ex autoridades ausentes en este proceso no solamente es un trabajo del Ministerio Público, sino del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la instancia gubernamental que tiene las relaciones políticas y relaciones internacionales.
“Se supone que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución llamada por ley para que se pueda cumplir con la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de quienes se encuentran en Perú y España”, manifestó.
De acuerdo con Arancibia, esta tarea deberá ser asumida de forma responsable por el Órgano Ejecutivo y en especial por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, de manera que se haga realidad la extradición de Goni.
SENTENCIAN A EX JEFES MILITARES Y EX MINISTROS POR MASACRE EN BOLIVIA
Pueblo en Línea de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)
El Tribunal de Juicio de Responsabilidades de Bolivia emitió el día 30 sentencias contra cinco ex jefes militares y dos ex ministros responsables de la masacre ocurrida en octubre de 2003, la cual dejó más de 60 muertos y 450 heridos.
En un juicio sin precedentes en el país, el Tribunal de Juicio de Responsabilidades sentenció a prisión de 10 a 15 años a cinco ex jefes militares, y de tres años a los ex ministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, los únicos del gabinete del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que no huyeron de Bolivia.
Aún se desconoce la sentencia para el principal acusado, el ex mandatario boliviano Sánchez de Lozada, quien se encuentra refugiado en Estados Unidos desde octubre de 2003. Otros nueve ex ministros están en otros países.
Los dos ex ministros de Estado y los cinco ex jefes militares sometidos a la justicia fueron acusados por delitos que van desde resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, homicidio y, el más grave, genocidio, cuya pena, según el Código Penal oscila entre 10 y 20 años, aunque la parte acusadora pidió 25 años de prisión.
El Tribunal, después de tres años y tres meses de juicio, dispuso 15 años de prisión para el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Roberto Claros Flores, y el ex comandante del Ejército, Juan Veliz Herrera.
También condenó a 11 años de prisión a los ex jefes militares José Osvaldo Quiroga y Luis Alberto Aranda Granados, y a 10 años de prisión a Gonzalo Alberto Rocabado.
Los sentenciados deben cumplir su pena en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre, sede del Organo Judicial, donde se desarrolló el proceso.
El abogado de los familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, Rogelio Mayta, manifestó que se encuentran en parte satisfechos con el fallo dictado contra de los autores del genocidio, aunque les hubiera satisfecho que la sentencia sea más severa con los ex ministros y los militares.
Según Mayta, ahora se debe trabajar en el juicio contra el ex presidente Sánchez de Lozada y los nueve ex ministros prófugos de la justicia.
"Apelamos a los gobiernos de Estados Unidos y Perú para que puedan facilitar la extradición de las ex autoridades que están siendo acusadas por la muerte de más de 60 personas y las decenas de heridos (...) sus delitos no pueden quedar impunes", afirmó el abogado.
Por su parte, el fiscal de Recursos, Milton Mendoza, señaló que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es un mensaje a todos los bolivianos y en especial a las autoridades.
"La justicia llega de acuerdo a la responsabilidad de sus actos; esto debe ser un ejemplo para las autoridades que tienen la tendencia autoritaria contra el pueblo", aseguró ante periodistas.
Este caso, conocido como "octubre negro", se originó con una revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares.
Aquellos sucesos llevaron al ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a abandonar Bolivia y renunciar a la continuidad de su segundo mandato; desde entonces reside en Estados Unidos.
Sobre este proceso, el fiscal general Mario Uribe expresó su complacencia por haber llegado al final de un juicio que calificó de histórico e inédito, al señalar que el Ministerio Público cumplió con todos los pasos legales necesarios para lograr una sentencia condenatoria.
La Fiscalía pidió hace tres años la extradición de Sánchez de Lozada y otros ex ministros que están fuera de Bolivia, pero los trámites no prosperaron.
Uribe anunció que la Fiscalía continuará con el esfuerzo para lograr la extradición de Sánchez de Lozada y sus ex ministros radicados en Estados Unidos, y también analiza pedir a Perú y España que revoque el asilo otorgado a otros ex funcionarios acusados que se encuentran en esos países.
MAL PRECEDENTE
Germán Quiroz, abogado del ex comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Juan Veliz, dijo que esta sentencia es un mal precedente, debido a que el fallo afecta de manera directa a esa institución.
Quiroz dijo que de ahora en adelante los jefes militares lo pensarán dos veces antes de acatar una orden superior del presidente de Bolivia, quien es el capitán general de las FFAA.
Tampoco descartó apelar a instancias internacionales para denunciar lo que consideró acciones injustas contra los ex jefes militares, quienes actuaron en cumplimiento de la Constitución.
MILITARES Y EX MINISTROS BOLIVIANOS FUERON CONDENADOS POR GENOCIDAS
Las penas van de tres a 15 años de prisión. “Goni” renunció tras este hecho y huyó a los Estados Unidos. No se sentó en el banquillo porque en Bolivia no se juzga en ausencia. Pero también está acusado junto con otros prófugos.
El Argentino (www.elargentino.com)
El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia condenó ayer como genocidas a dos ex ministros y cinco ex jefes militares del segundo mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) acusados de tener responsabilidad en una masacre de 68 civiles en octubre de 2003, en un hecho conocido como la “Guerra del gas”.
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a once años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años. Todos los ex jefes militares fueron sentenciados por el delito “de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.
Los ex ministros de Desarrollo Sostenible, Erik Reyes Villa, y de Trabajo, Adalberto Kuajara, fueron condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el mismo delito. El tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos ayer tras la lectura de la sentencia.
El abogado Rogelio Mayta, que representa a familiares de las víctimas, explicó que fueron probados “todos y cada uno de los escenarios de conflicto, muerte, lesión, tortura y menoscabo a los Derechos Humanos. También se demostró la “autoría mediata” de Sánchez de Lozada, ministros y jefes militares, quienes tenían autoridad y mando sin estar en los lugares de conflicto”. El letrado dijo que en más de dos años de juicio se probó que “gran parte” de las víctimas murieron “por impacto de armas de guerra, calibre 7,62 milímetros, munición de uso de las Fuerzas Armadas”.
El caso también es conocido como “Octubre negro” porque en ese mes de 2003 estalló la revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares. La población se oponía a un proyecto de exportación de gas hacia los Estados Unidos a través de puertos de Chile. La venta estaba planeada a precios bajísimos y sin calcular el consumo interno.
A raíz de este hecho, Sánchez de Lozada abandonó Bolivia y renunció a la presidencia, el 17 de octubre de 2003. Desde entonces reside en los Estados Unidos, donde es un rico empresario minero.
La Fiscalía General, que pretendía una condena de 25 años de cárcel, gestiona en vano hace tres años su extradición y la de otros siete ex ministros que están asilados, refugiados o residen en los Estados Unidos, Perú y España. El juicio para ellos quedó en suspenso, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
Los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa; Jorge Berindoague, de Minería e Hidrocarburos; y Guido Añez, de Agricultura, también residen en los Estados Unidos. En Perú viven Jorge Torres Obleas, de Desarrollo Económico; Javier Torrez Goitia, de Salud, y Mirtha Quevedo, de Participación Popular, donde cuentan con el estatus de refugiados políticos de ACNUR. El ex ministro de Educación Hugo Carvajal está en España. Se desconoce el paradero de Dante Pino, y Yerko Kukoc falleció este año en los Estados Unidos.
ONU CONSIDERA "MUY IMPORTANTE" CONDENA CONTRA EX MILITARES Y EX MINISTROS DE SÁNCHEZ DE LOZADA
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, ha considerado que la sentencia condenatoria contra cinco ex militares y dos ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la matanza de octubre de 2003 es "muy importante" para Bolivia.
Europa Press de España (www.europapress.com.es)
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, ha considerado que la sentencia condenatoria contra cinco ex militares y dos ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la matanza de octubre de 2003 es "muy importante" para Bolivia.
"Esta sentencia es muy importante para la lucha contra la impunidad, para las víctimas y para el país. Hoy se clarificaron hechos muy trágicos y sombríos para la historia de Bolivia", ha dicho Racicot, a su salida del juicio.
En este sentido, ha indicado que la consecución de una condena para estos siete acusados ha sido una "gran hazaña" de las víctimas, aunque ha matizado que su lucha no debe quedar aquí, sino que debe continuar hasta que les sean reparados los daños. "Hay que insistir en la próxima etapa", ha señalado.
Además, ha destacado la actuación del sistema judicial boliviano, que en ocho años ha conseguido culminar un proceso "muy detallado", en el que han intervenido unos 400 testigos y se han presentado unas 1.500 pruebas.
"Creo que la historia judicial del país nunca ha visto un juicio con tantas evidencias. Es muy importante todo el trabajo realizado por los abogados de las víctimas en este caso", ha subrayado, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Este martes, la Corte Suprema de Bolivia ha condenado a penas de entre tres y 15 años de prisión a cinco ex jefes militares y a dos ex ministros de Sánchez de Lozada por la represión de las protestas populares contra la exportación de gas a Estados Unidos en las ciudades de La Paz y El Alto en octubre de 2003, por la que murieron 60 personas y unas 500 resultaron heridas.
CRITICAN EN BOLIVIA LA "POLITIZACIÓN" DE LA JUSTICIA
El Tribunal Supremo condenó a varios militares y ex ministros por la muerte de 64 personas durante el llamado Octubre negro. Por el caso, pedirán la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada desde los EEUU
Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)
Familiares de las víctimas irrumpieron en llanto mientras los sentenciados escucharon de pie y en silencio el veredicto de los jueces en una sesión pública y breve. Por casi 60 días los allegado se habían instalado frente al tribunal para presionar por una sentencia en la sureña ciudad de Sucre, sede el Poder Judicial.
La ex cúpula militar fue sentenciada por los delitos de "genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio y lesiones gravísimas", según el veredicto.
Se trata de los generales Roberto Claros, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas condenado a 15 años de cárcel; Gonzalo Rocabado, ex jefe del Estado Mayor recibió una pena 10 años; Juan Véliz, ex jefe del Ejército pasará 15 años en un presidio; Osvaldo Quiroga, ex comandante de la Fuerza Aérea fue sentenciado a 11 años y el Almirante Luis Alberto Aranda, ex jefe de la Armada 11 años. La Fiscalía había pedido 25 años de cárcel, la máxima pena en Bolivia.
También fueron condenados los ex ministros Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible, y Adalberto Kuajara, de Trabajo, a tres años de cárcel cada uno.
Es la primera vez que jefes militares y políticos son sentenciados en el país por la muerte de manifestantes en protestas antigubernamentales.
En busca de la extradición
Sánchez de Lozada, que gobernó en dos períodos, entre 1993 y 1997, y entre 2002 y 2003, fue el principal demandado, pero no fue procesado por encontrarse ausente al igual de once de sus ex ministros, quienes también abandonaron el país alegando persecución política. Todos ellos fueron declarados en rebeldía.
Su abogada Ana Reyes sostuvo en un comunicado desde los Estados Unidos que el juicio fue "político" y que "ningún observador imparcial tomará en serio las sentencias".
"Vanos han sido los esfuerzos del Estado boliviano por lograr la extradición de Sánchez de Lozada y dos de sus ministros que viven en los Estados Unidos", se quejó, en tanto, el fiscal general, Mario Uribe. Esta primera sentencia puede acelerar los trámites de extradición, acotó.
El ex mandatario se refugió en los Estados Unidos tras su caída y actualmente vive en un suburbio de Washington. Sólo dos ministros y la cúpula militar de entonces afrontaron el juicio oral y público que duró dos años y tres meses. A su vez, uno de los 17 acusados murió en junio en Miami, el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc.
"La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel", afirmó Uribe tras la sesión.
Sólo Véliz estuvo detenido. Los otros afrontaron el juicio en libertad. Luego la sesión, los siete sentenciados fueron conducidos el penal de San Roque en la ciudad de Sucre.
"Hoy vuelvo a reiterar mi inocencia, y continuaré proclamándola hasta que mi corazón deje de latir. El general Juan Véliz no jaló del gatillo ni encendió la mecha, jamás ordenó matar", señaló el propio militar en primera persona tras la audiencia.
El caso
Conocido como "Octubre Negro", las protestas sociales de 2003 cambiaron dramáticamente el curso político del país. Marcaron el derrumbe de los partidos tradicionales y el ascenso de nuevos líderes entre ellos el actual presidente Evo Morales, quien saltó a la política desde los combativos sindicatos cocaleros.
Los dirigentes que alentaron las protestas fueron amnistiados por el presidente Carlos Mesa (2003-2005), que sucedió a Sánchez de Lozada, a pesar del pedido de algunos acusados de incluir a Morales y otros sindicalistas en el juicio.
La amnistía aprobada por Mesa, "sólo favoreció a los agentes subversivos y sediciosos y llevó a que exista este tipo de condenas en contra de funcionarios que cumplieron la ley", afirmó Elizabeth Vargas, abogada de los acusados, tras escuchar la sentencia.
Sánchez de Lozada había señalado, durante el conflicto y después, que se trató de "levantamiento del narcosindicalismo" para derrocarlo. El general Rocabado alegó en el juicio que los militares afrontaron una "insurrección armada para desestabilizar al Gobierno".
La oposición de varios sectores de la población a un proyecto para exportar gas natural, la mayor riqueza del país, por un puerto de Chile, gatilló las protestas.
Por orden del gobierno, los militares salieron a las calles para romper barricadas callejeras que dejaron sin combustibles ni alimentos a La Paz por más de 15 días. La represión dejó 64 muertos y 405 heridos. Los manifestantes enfrentaron a los soldados con palos, piedras y algunos mineros usaron dinamita en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y epicentro del conflicto.
El presidente Morales fue el primero que presentó una acusación en 2003 cuando todavía era diputado en contra de los responsables de la "masacre". Los acusados demandaron que el mandatario también sea procesado por instigar las protestas.
El tribunal interrogó a Morales por escrito. Este respondió que durante el conflicto estaba en el Chapare, la zona cocalera del centro del país, "coordinando actividades de interés nacional con las organizaciones sociales, autoridades e instituciones mediadoras (en el conflicto) a fin de canalizar las iniciativas y solicitudes de los ciudadanos".
Problema de frontera
BOLIVIA EXIGE REVISAR LÍMITES INTERNACIONALES
Nuevamente dirigentes bolivianos denuncian que Argentina roba territorio.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)
Según el diputado del Movimiento al Socialismo, partido gobernante de Bolivia, José Yujra, Argentina estaría despojando de 7 kilómetros de territorio al departamento boliviano de Bermejo. Como se recordará, este conflicto se inició por las mismas denuncias que a fines del año pasado derivó en la intromisión armada del coronel Willy Gareca en suelo argentino.
Según Yujra, en una primera auditoria in situ, una comisión encargada de revisar los límites no pudo encontrar dos hitos, el 26 y el 27. Ante esta situación, parlamentarios oficialistas propusieron conformar una comisión conjunta con la Cancillería y el Instituto Geográfico Militar para auditar todos los hitos y tratados fronterizos con el país.
“Desde que surgió el ingenio azucarero, muchos bolivianos han plantado caña en la frontera. Pero a partir del 2005 han sido despojados por la última determinación que se hizo entre las cancillerías de Argentina y Bolivia”, declaró Yujra.
CANCILLERES DE PERÚ Y BOLIVIA FIRMAN ACUERDO PARA DESARROLLAR PUERTO DE ILO
Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net/secciones)
El canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, y su par boliviano, David Choquehuanca suscribieron este martes en la ciudad de La Paz, un acuerdo para construir un ferrocarril que vaya de Puerto Suárez, en la frontera de Bolivia con Brasil, hasta Ilo, en el sur de Perú, que fortalecerá el comercio bilateral y esta zona de la nación peruana.
Asimismo, los dos titulares de exteriores acordaron un plan para distribuir los recursos hidrícos que ambas naciones comparten.
Roncagliolo y Choquehuanca conversaron sobre la promoción comercial, inversiones, turismo y la integración y la seguridad en la zona fronteriza entre las dos naciones.
Los ministros estudiaron "las acciones para implementar el Protocolo de Ilo suscrito en 2010", para llevar acabo los acuerdos, dice el documento firmado por los cancilleres.
Antes de su partida a La Paz, Roncagliolo expresó en una entrevista ofrecida a la prensa de su país que esta visita ''creo que debe servir para fortalecer muchísimo nuestra relación con Bolivia''.
En el año 2010, el presidente Evo Morales suscribió con el presidente peruano de ese entonces, Alan García, un protocolo complementario para reforzar el tratado de 1992 que ponía a disposición de Bolivia una zona franca sin soberanía del puerto de Ilo.
Rocangliolo arribó este martes a Bolivia en el marco de una visita oficial al país del Altiplano, la primera que realiza desde que fue nombrado canciller.
''Viajar en primer lugar a Bolivia como canciller es una señal de la importancia que les damos a las relaciones bilaterales'', dijo al llegar. El canciller peruano comentó que su siguiente visita oficial será a Chile, probablemente el viernes próximo.
Ante la creciente demanda
BOLIVIA DICE QUE ESTÁ EN "CONDICIONES" DE INCREMENTAR ENVÍO DE GAS A ARGENTINA EN EL FUTURO
Ambito de Argentina (www.ambito.com)
Bolivia estará en condiciones de exportar desde 2014 unos 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (MMCD) a Argentina, aún si no estuviese listo el Gasoducto Nordeste Argentino (GNEA), afirmó un ejecutivo de la estatal petrolera boliviana YPFB.
"Aunque no hubiera el GNEA, la demanda de Argentina es tan grande que todo lo que Bolivia pueda exportar, inclusive llegando a 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas, va a ser cubierto por el sistema argentino", afirmó Christian Inchauste, ejecutivo de la firma YPFB-Transporte, ante una consulta de la AFP en una rueda de prensa.
Explicó que "YPFB estaría en condiciones de atender en el año 2014" las necesidades argentinas del energético, cuando ya esté totalmente terminado un gasoducto fronterizo binacional de unos 48 kilómetros que ambos países impulsan, denominado Gasoducto de la Integración Juana Azurduy (GIJA).
El GIJA, ya en operaciones en parte, debe técnicamente conectarse con el GNEA, de unos 1.500 km y que el gobierno argentino debe construir a un costo de 6.186 millones de dólares, para abastecer las necesidades de las provincias de Salta, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Sin embargo, el GNEA va retrasado, un problema que para Bolivia no es de su preocupación.
El GIJA "permitió que nos conectemos a la Red de Transportadora de Gas del norte argentino y con ello podemos despachar gas al sistema argentino, cuyo mayor demandante es esencialmente Buenos Aires", detalló Inchauste. "Argentina está con una producción declinante (de gas) a largo plazo. Tiene dos proveedores externos de gas: uno somos nosotros (Bolivia), que es el principal, y han habilitado dos plantas de regasificación en Bahía Blanca y frente a las costas de La Plata", explicó.
El gas que llega por alta mar viene desde Qatar, a "cinco dólares más" que el energético que ahora Bolivia vende a Argentina, en unos 10 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica de venta). Bolivia y Argentina firmaron en 2006 un contrato de compra venta de gas. Bolivia suministra en la actualidad por el GIJA un promedio de 10 MMCD y desde 2014, deberá subir de 14 hasta 27,7 MMCD por 20 años. "A partir de ahora queda como responsabilidad de Argentina de iniciar la construcción del GNEA", apuntó el ejecutivo boliviano.
LULA INSTA EN BOLIVIA A INTEGRACIÓN Y CONFIANZA PARA DESARROLLO REGIONAL
Pueblo en Línea de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó el día 30 a los empresarios bolivianos y de Latinoamérica a trabajar por la integración y generar confianza para forjar vínculos que fortalezcan el desarrollo económico y social de la región.
"Latinoamérica no sólo tiene que ver a Europa y Norteamérica como los únicos mercados que le traerán prosperidad, sino que debe mirar su propio potencial de producción.
"Además, es fundamental generar sociedades entre firmas bolivianas y brasileñas para emprender proyectos conjuntos", afirmó.
En la conferencia sobre "La integración regional y desarrollo social y económico de los países latinoamericanos" que se desarrolló en la ciudad boliviana de Santa Cruz, Lula manifestó que durante su gestión, 27,9 millones de personas salieron de la pobreza y 35,7 millones ascendieron a la clase media.
El evento, que se realizó en el Hotel Los Tajibos, fue organizado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) con el auspicio de la empresa brasileña OAS.
Según la explicación del ex mandatario, una de las trabas que identificó durante su mandato fue que entre latinoamericanos no existe suficiente confianza para generar vínculos que alienten la integración regional.
"No es posible que América del Sur no esté unida, es necesario construir esa unión; cuando regresé a Brasil la gran empresa mi criticó, me dijo que no era posible que yo desarrolle la economía con América del Sur, porque todos eran países pequeños y que había que privilegiar las relaciones con Estados Unidos y Europa, lo que era una posición equivocada", afirmó el ex dignatario.
En su exposición fue enfático al señalar que es fundamental una sociedad entre empresas bolivianas y brasileñas, que no deben escatimar esfuerzos gestionando ante el gobierno y ante la embajada brasileña para que los proyectos se desarrollen.
"No quiero empresas brasileñas que vengan y compren empresas bolivianas, sino que se asocien para generar más fuentes de empleo", recalcó.
A la conferencia asistieron representantes de instituciones empresariales locales y nacionales, así como autoridades gubernamentales y departamentales.
A su vez, el presidente de los empresarios de Santa Cruz (Cainco), Luis Fernando Barbery, señaló que la integración entre Brasil y Bolivia es muy importante para el flujo comercial, así como para el desarrollo de proyectos conjuntos que brinden mejores condiciones para sus habitantes.
"Complementar economías es apoyar las estructuras de ambos países, reconocer sus potencialidades y encontrar sus complementariedades.
"Tener un país de las dimensiones de Brasil significa una gran oportunidad para Bolivia, porque se abre un buen mercado", aseveró.
En su turno, Daniel Sánchez, de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), dijo que se debe buscar que Brasil compre productos bolivianos.
Consideró que la buena relación con el país carioca debe ser aprovechada para efectuar buenos negocios.
LA CRISIS GLOBAL DA IMPULSO A LA CREACIÓN DEL BANCO DEL SUR
Después de siete años de la iniciativa de Venezuela y casi cuatro años desde la firma del acta fundacional por parte de siete países miembros de la UNASUR, el BANCO DEL SUR está más cerca de ser una realidad.
La Nueva Tribuna de España (www.nuevatribuna.es)
La profundización de la crisis internacional empuja a los mandatarios de América Latina a concretar la creación de instrumentos autónomos tanto para preservar a la región de la transferencia de los costes que los países desarrollados suelen hacer al Sur, como para promover el desarrollo regional interno.
Desde la propuesta inicial, en solitario, del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2004, se ha pasado a un contexto en el que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha convertido recientemente en un importante promotor del proyecto.
Chávez y el entonces presidente argentino Néstor Kirchner retomaron la idea en 2006. Al año siguiente se incorporaron Ecuador, con el presidente Rafael Correa y Brasil, con Lula Da Silva. Hacia finales de año, diciembre de 2007, se firmó el acta fundacional. En 2009 se sumaron Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entonces se excusaron los países más cercanos a Washington: Colombia, Perú y Chile, Guyana y Surinam. No obstante, el convenio constitutivo prevé la posibilidad de que se sumen con igual voz y voto que el resto, cuando lo consideren pertinente. Colombia y Perú ya manifestaron su interés en integrarse a los equipos técnicos.
En el camino, la propuesta se fue enriqueciendo y afinando: de ser concebido inicialmente como una herramienta para romper el círculo vicioso entre los países de la región y los organismos tradicionales de crédito (para la región, verdaderas instituciones hacia la profundización del subdesarrollo), el Banco del Sur hoy, sin resignar su objetivo inicial, contempla la posibilidad de que viejos organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF) participen como aportantes de fondos.
Una comisión técnica está trabajando en los aspectos operativos del Banco del Sur para acelerar su concreción una vez que se cuente con las aprobaciones parlamentarias pendientes. El convenio constitutivo establece que entrará formalmente en funciones cinco días después de que la mitad más uno de los países miembros que, a su vez, representen dos tercios del capital suscripto, hayan depositado los instrumentos de ratificación en la sede central, en Caracas.
La sede del Banco del Sur estará en Caracas y están previstas dos subsedes, en La Paz y en Buenos Aires.
Prestará dinero a gobiernos nacionales, provinciales, empresas mixtas y privadas, siempre y cuando su proyecto de inversión coincida con los lineamientos de desarrollo regional, previo consentimiento del país donde se realizará el desembolso.
Un principio general fija que los proyectos a financiar deberán tener alguna incidencia regional, apuntando a la soberanía energética, alimentaria, de salud, el desarrollo de las artes y las ciencias, el transporte, siempre desde una perspectiva de inclusión y equilibrio regional.
Se previó, además, constituir dos fondos especiales. Uno de solidaridad social y otro para atender emergencias ocasionadas por desastres naturales
Según distintos cálculos, podrá prestar hasta cuatro veces su capital inicial (unos 40.000 millones de dólares al principio). Se permitirá a las naciones chicas disponer de hasta ocho veces su aporte. Los grandes tendrán un máximo de cuatro veces.
La iniciativa contempla la integración de un capital total de 20.000 millones de dólares, pero en una primera etapa, sólo se aportarán 7000 millones, destinados a la constitución de la entidad. Argentina, Brasil y Venezuela integrarán 2.000 millones de dólares cada uno, en cinco años, el 20 por ciento en efectivo y el resto como capital de garantía. Uruguay y Ecuador aportarán 400 millones cada uno en nueve años y Bolivia y Paraguay, 100 millones también en nueve años.
De ese total, Argentina, Brasil y Venezuela serán los que más inviertan, en total serán 6000 millones de dólares, en un plazo de cinco años. Ecuador y Uruguay aportarán 400 millones de dólares, mientras que Bolivia y Paraguay 100 millones. Si los países restantes del bloque quisieran integrarse al organismo, podrían suscribir capital hasta los 3000 millones de dólares.
Si Chile, Colombia y Perú decidieran incorporarse deberían aportar 970 millones de dólares cada uno y Guyana y Surinam, 45 millones. Tendrían el mismo poder de voto que los países fundadores.
Además está prevista una emisión de acciones de hasta 20 mil millones de dólares para incluir eventuales aportes de bancos centrales, organismos multilaterales y países que no sean miembros de la UNASUR. Estos participantes sólo tendrán voto en el Consejo de Auditoría. Las autoridades del Banco, Consejo de Ministros y Directorio, están reservadas para la UNASUR.
El secretario de Finanzas de Argentina, Hernán Lorenzino, explicó recientemente en la Comisión de Finanzas del Parlamento que “la forma en que se estructurará el gobierno corporativo es lo más distintivo de la entidad. Todos los países tendrán el mismo poder de voto, sin importar el capital suscrito. Además, comprenderá a todos los países de la Unasur, a pesar de que no todos hayan firmado su creación”. Un criterio más cercano a la filosofía del cooperativismo (una persona, un voto) que a la de los organismos financieros multilaterales en los que la capacidad de voto está determinada por el capital que se aporta.
No obstante, la mayor integración de capital por parte de los países grandes de la región les da cierto poder de veto, que será operativo con créditos que superen los 70 millones de dólares. Es un umbral bajo. Pero ningún país por sí solo puede vetar o impulsar un proyecto, ya que se necesita la aprobación de los dos tercios del capital.
Para su puesta en marcha es necesario que los dos tercios de sus miembros ratifiquen en sus parlamentos su creación. Ya pasaron el trámite legislativo Venezuela, Ecuador y Bolivia. Argentina ya tiene media sanción del senado y todo indica que en la primera semana de septiembre obtendrá la aprobación de la cámara de diputados. El siguiente país sería Uruguay, unas semanas después, con lo que podría iniciarse la puesta en marcha efectiva.
Los otros dos países firmantes del acta fundacional son Brasil y Paraguay, que enfrentan dificultades para la aprobación por parte de sus parlamentos. En el caso del presidente Lugo, le faltan apoyos. En el caso de Brasil, empezó a implicarse más firmemente con el proyecto durante este año, cuando la crisis comenzó a generar creciente impactos y los gobiernos de la región comenzaron a asumir que ningún país podrá salvarse solo.
Intervención de Pedro Páez, Presidente de la Comisión Ecuatoriana para el diseño de la nueva arquitectura financiera - Banco del Sur, en la Trobada Internacional de Barcelona Consensus: un camí de de canvi pels indignats (1- 3 mayo 2011).
LA EMBAJADA DE BOLIVIA ACUSA A FEDABOL
Si Se puede de España (www.sisepuede.es/noticias-espana)
La embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, acusa a la Federación de Asociaciones Bolivianas y Latinoamericanas (Fedabol) de hacer aseveraciones que no corresponden a la realidad institucional tras las acusaciones recibidas el pasado mes, en las que se culpaba, entre otras cosas, al Consulado de Madrid de despedir a la mayoría del personal con la llegada de su responsable, María Celia Orellana.
“El Consulado hizo una reestructuración por la nueva cónsul general, quien, como medida inmediata para la atención digna y transparente del ciudadano, se vio obligada a despedir a malos funcionarios públicos cuya negligencia ha generado daño a los ciudadanos”, puntualizó Almendras. Respecto a la petición de Fedabol de que la embajadora y Orellana Madrid sean destituidas, Almendras indicó que se ha conocido que algunos supuestos firmantes han manifestado no ser parte de esa federación y que expresan su desacuerdo con el comunicado que ésta emitió.
“La Embajada es transparente. Lo que no ha hecho es otorgar favores preferentes a ninguna asociación ni ha permitido que, bajo presiones, algunos dirigentes ocupen cargos”, dice, en su lucha contra la corrupción.
