Antes del "Chapo" Guzmán,
antes de Pablo Escobar y de los cárteles conocidos, Latinoamérica parió al
padre de la narcopolítica latina. El boliviano Roberto Suárez Gómez era un
multimillonario heredero del emporio de exportadores de caucho que no encaja en
el perfil del narco que conocemos hoy en día. Lo que le llevó a convertirse en
el monopolizador y exportador de más de dos toneladas diarias de cocaína pura
hacia los Estados Unidos fue su obsesión por dominar el mercado mundial y su
fascinación al descubrir que podría controlar a jueces, gobernadores y
presidentes de diversos países. Fue tal el poder de Suárez que quiso pagar la
deuda externa de Bolivia con narcodinero.
Su viuda Ayda Levy publicó a fines
de 2012 el libro biográfico titulado "El rey de la cocaína, mi vida con
Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narco-Estado", editado en
la serie Debate por Random House. Es una lectura indispensable, no solamente
porque está bien narrado, sino porque a pesar de que la propia autora, hija de
una familia privilegiada y educada de Cochabamba, Bolivia, lleva a cabo un
reiterativo intento por limpiar el nombre de su familia, en cada página
descubrimos la doble moral de ella, de sus hijos, del propio Suarez y de
personajes de la política internacional. Ayda a sus 78 años tiene una lucidez y
memoria extraordinarias. Tanto ella como sus hijos y Suárez guardaron libros
contables, datos, cifras, videos, fotografías y un sinfín de evidencia. Con
ello revela fechas precisas de los encuentros del Rey de la coca con sus socios
y contactos. Narra detalladamente el plan urdido por su esposo y colegas, todo
con nombres reales, para financiar un golpe de Estado en Bolivia con el cual
impusieron al General Luis García Meza, el primer narco-Presidente de la
historia latinoamericana.
La autora dejó fríos a sus editores
mexicanos cuando les aseguró tener pruebas de hechos tan delicados como el convenio
entre Suárez y Pablo Escobar con Fidel Castro para entregarle al dictador
cubano un millón de dólares diarios para que los cargamentos de cocaína pasaran
por Cuba y para que el Estado cubano pusiera los servicios de inteligencia y la
protección de espacio aéreo y marítimo al servicio del Cártel de Medellín
encabezado por Pablo Escobar, pero cuyo socio líder y proveedor de materia
prima era Suárez. La droga entraba directamente a La Florida. Las revelaciones
de la viuda Suárez son vitales para entender la narcopolítica y la
narcoeconomía, pero también para evidenciar la hipocresía de la guerra mundial
contra el narcotráfico. Nadie hasta ahora había revelado con tal honestidad el
haber atestiguado, de primera mano, los convenios entre los narcotraficantes y
el gobierno estadounidense a través de la CIA y Oliver North, el famoso y
corrupto militar del caso Irán-Contras. La autora dibuja la paulatina
normalización de las actividades criminales de una familia de empresarios
metida a la narcopolítica internacional y la compra de la justicia local e
internacional, de policías y militares, así como la inversión directa en
campañas. El banquero del Vaticano lavando dinero; los presidentes de Bolivia,
Costa Rica, Panamá, Cuba y Colombia, aparecen en las revelaciones que mapean
con claridad cómo llegamos hasta esta esquizofrénica "guerra" contra
el narcotráfico y el perverso papel que el gobierno estadounidense jugó para
fomentar las adicciones en su territorio.
El libro es valioso porque, a pesar
de la amoralidad de sus personajes, la señora Levy logra desmitificar a las
mujeres del narco. Aquí no hay lugares comunes, sino complejas relaciones
emocionales impregnadas de goce del estatus, del poder y la impunidad
avasallantes de quienes generan violencia y se niegan a reconocerla
argumentando que hacían sólo política y negocios o, como decía Suárez, que
vendían cocaína por patriotismo, para mejorar la economía nacional. No por nada
"el rey" se convirtió en personaje del filme Scarface.
Hay que leer este libro. Aunque Levy
deja una deuda a sus lectores mexicanos, porque en la versión original estaban
los datos precisos de cómo Suárez llegó a Cozumel, Quintana Roo, para negociar
el paso de las drogas por ese estado en tiempos del Gobernador Pedro Joaquín
Coldwell. Aunque deja clara la creación de la ruta, editaron los nombres de los
responsables que se reunieron con Suárez y Escobar. Nos deja pensando que no
temen a los americanos, ni a los militares cubanos pero sí al actual gobierno
del PRI. La historia, como sea, se seguirá escribiendo para entender mejor la
realidad.
El Noroeste de México
(www.noroeste.com.mx/opinion.)
LA
COCA TRADICIONAL SE MASTICA Y NO SE PROHÍBE
AIM Digital de Argentina (www.aimdigital.com.ar/aim)
El
presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo que confía en que el 8 de enero
su país logre suficiente apoyo de países de Naciones Unidas para despenalizar
el masticado de hojas de coca, prohibido por la convención de ese organismo
sobre estupefacientes de 1961, propuesta que rechazan Estados Unidos y algunas
naciones europeas.
“Estoy convencido, vamos a tener una
buena noticia, porque no tienen argumentos, ni Estados Unidos ni los países
capitalistas, para seguir penalizando la hoja de coca”, afirmó Evo Morales en
referencia al trabajo que realiza la cancillería boliviana.
“Si logramos que sea aceptada
internacionalmente, va a ser otro hecho histórico no sólo para los productores
de coca sino para una identidad, una cultura, porque no solamente los
productores “pijchamos” (masticamos) sino que lo hacen los transportistas, los
estudiantes y diferentes sectores de la sociedad”, agregó, según reportó el
canal Telesur.
Bolivia se apartó en junio del año
pasado de esa convención de la ONU para lograr su readmisión pero con una
reserva: despenalizar el masticado de coca, para lo cual se requieren dos
tercios (122 votos) de los 183 países firmantes de ese convenio.
La fecha de la esperada readmisión
de Bolivia a la convención antidrogas de Naciones Unidas será el 8 de enero,
según informó la cancillería.
“No tienen argumentos para seguir
penalizando la hoja de coca”. “Bolivia se retiró de la Convención de las
Naciones Unidas sobre Estupefacientes y anunció que se reincorporaría a ese
acuerdo para volver a suscribirlo siempre que se le incorpore una enmienda que
retire la interdicción al masticado en los países donde la hoja tiene un uso
tradicional. Es el caso de Bolivia”, destacó el analista Harold Olmos, citado
por la agencia noticiosa DPA.
Precisó que “a esa enmienda están
opuestos los Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos que creen que
gran parte de la coca producida en el trópico cochabambino, donde el presidente
Morales habló, acaba en la producción de cocaína”.
También recordó que desde hace dos
años se aguarda la divulgación de los resultados de un estudio sobre el consumo
doméstico de coca.
El gobierno de Bolivia revelará el
30 de mayo de 2013 un estudio integral de la hoja de coca, financiado con un
millón de euros por la Unión Europea (UE), dijo el viceministro de Defensa
Social, Felipe Cáceres.
El trabajo, realizado en
coordinación con el Consejo Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de
Drogas (Conaltid), contempla una encuesta nacional sobre consumo de coca,
evolución de mercados, establecimientos económicos, productividad, rutas,
mercados y destinos, nuevos consumidores, políticas públicas, historia, cultura
y antropología.
El estudio de la coca, por otra
parte, será clave para aprobar otra ley antidrogas que, según varios proyectos,
aumentará de 12.000 a 20.000 hectáreas el límite de cultivos legales de coca en
los Yungas de La Paz y en otras regiones de Bolivia.
“Bolivia necesita 122 votos del
total de 183 firmantes y los oponentes requieren 61 (un tercio) para mantener
la interdicción; es una pulseada de Bolivia contra algunas de las principales
potencias económicas y políticas del mundo; si Bolivia obtuviera el apoyo que
el presidente Morales dice tener, será un triunfo de la diplomacia boliviana”,
agregó Olmos.
BOLIVIA
ANUNCIA PRESUPUESTO ILIMITADO PARA DEMANDAR A CHILE
Gobierno
boliviano pretende inyectar recursos adicionales a la Dirección de
Reivindicación Marítima para contratar juristas. Marco presupuestario en 2012
de ese organismo sólo llegaba a US$ 1,5 millones.
La Tercera de Chile
(www.elrepuertero.cl/node)
El desbaratamiento de una red de
corrupción, que ha obligado a ministros a declarar ante la justicia, alteró la
tranquilidad de fin de año en el gobierno de Bolivia.
Fue en medio de esta crisis política
en que el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, irrumpió el sábado
pasado en la agenda local para reflotar el anuncio de una demanda contra Chile,
para tratar de lograr una salida al mar con soberanía.
Al hacer un balance de fin de año,
García Linera calificó a Chile como “un mal vecino” y un “gobierno agresor” y
anunció una campaña nacional para difundir su reclamo marítimo. Sin embargo,
también ratificó la decisión de incrementar los recursos para la Dirección
Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar), órgano creado por el
presidente Evo Morales para demandar a Chile ante la Corte de La Haya.
García Linera dijo que la Diremar en
2013 no tendrá límite presupuestario. “Lo que necesite la Dirección de
Reivindicación Marítima lo vamos a dar; si nos dicen vamos a contratar 20
abogados, adelante. El tema del mar no tiene límite presupuestario, es un tema
tan importante; por suerte ya no somos un país mendigo, somos soberanos para
contratar a quien queramos”, anunció el alto funcionario.
En 2012 el presupuesto de la Diremar
llegaba sólo a US$ 1,5 millones, por lo que ya a mediados de año autoridades
bolivianas habían adelantado un incremento en varios millones de dólares más.
Aunque el presupuesto 2013 del
Estado de Bolivia ya se encuentra aprobado, el marco financiero definitivo de
la Diremar recién se conocerá en algunos meses más, según han admitido
autoridades bolivianas. “La consigna es que si a mitad del camino, en marzo
abril, Diremar nos pidiera más dinero para contratar más abogados con el fin de
mejorar nuestro posicionamiento internacional, no dude que le vamos a dar lo
que pida”, dijo semanas atrás García Linera.
En tanto, la Cancillería chilena
también dispuso para 2013 un fondo de contingencia para enfrentar una demanda,
a pesar de que informes jurídicos adelantan que la pretensión boliviana tiene
escasa viabilidad.
Aun así, las señales de que el
gobierno de La Paz realizará una presentación se han acentuado. Una muestra de
ello fue la presencia, como oyente, de un equipo de Bolivia en los alegatos en
La Haya por el litigio entre Chile y Perú.
La actual anunciada demanda de
Bolivia es vista en círculos diplomáticos latinoamericanos como la posibilidad
que tendría Morales de congelar la obligación que se autoimpuso en la
Constitución de desahuciar unilateralmente, en diciembre de 2013, el Tratado de
1904 que fijó los límites con Chile.
Además, la demanda podría ser la
única salida política que le queda a Evo Morales si llega a cumplirse en
acuerdo de los mandatarios de Perú, Ollanta Humala, y de Chile, Sebastián
Piñera. La idea de ambos gobernantes esa generar una agenda de integración post
La Haya para estrechar lazos entre las ciudades de Tacna y Arica, lo que
algunos diplomáticos interpretan como un nuevo candado a la posibilidad de una
salida al mar de Bolivia.
EL
GOBIERNO VASCO RECLAMA "TRANSPARENCIA" Y "JUSTICIA" EN LA
EXPROPIACIÓN
El Día de España
(www.discapnet.es/Castellano/actualidad)
El Ejecutivo vasco ha reclamado hoy
al Gobierno de Bolivia que actúe con "transparencia y justicia" en el
proceso de expropiación de cuatro filiales de Iberdrola y ha exigido que se
pague a la empresa vasca el "precio real" por las mismas.
El presidente boliviano, Evo
Morales, decretó la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en
dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, una
empresa de servicios y una gestora de inversiones.
En un comunicado, el Gobierno de
Iñigo Urkullu (PNV) ha manifestado su apoyo a Iberdrola, que ha definido como
una de las "principales empresas vascas".
Por ello, ha hecho un llamamiento al
Ejecutivo de Evo Morales para que "actúe con transparencia y
justicia" en este proceso de expropiación.
Además, ha confiado en que no se
tomen medidas "arbitrarias" y en que se abra un proceso de diálogo y
negociación que culmine con el pago de las indemnizaciones que "en
justicia corresponden a Iberdrola", de modo que se establezca "el
precio real de las participaciones".
SORIA
PIDE UNA INDEMNIZACIÓN PARA IBERDROLA EN BOLIVIA, Y EN ESPAÑA PERMITE EL
EXPOLIO A LA FOTOVOLTAICA
La
Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER)
reclaman al Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, que garantice en
España la Seguridad Jurídica que su gobierno exige a países terceros
Ecoticias de España
(www.ecoticias.com/energias-renovables)
El ministro de Industria, José
Manuel Soria, ha señalado que Bolivia deberá evaluar “con objetividad” las
filiales de Iberdrola y ha enviado un mensaje al presidente boliviano, Evo
Morales, para pedirle que se adjudique a la eléctrica española “una justa
indemnización” a la que, según ha apuntado, “tiene derecho sin dilaciones
innecesarias”. Sin embargo, permite que la inversión realizada en España en el
ámbito de las energías renovables y, más concretamente, en energía fotovoltaica
esté sufriendo recortes superiores al 37% sobre los retornos garantizados por
el Estado a través del propio Boletín Oficial de Estado.
La Asociación Nacional de
Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) reclaman al Presidente
del Gobierno español, Mariano Rajoy, que garantice en España la Seguridad
Jurídica que su gobierno exige a países terceros y exige que se restituya la
Seguridad Jurídica en el sector español de las energías renovables, quebrantada
por los cambios retroactivos que introdujeron tanto el Real Decreto 1565/2010
de 19 de noviembre de 2010, como el Real Decreto Ley 14/2010 de 23 de diciembre
de 2010, y que han colocado fuera del umbral de rentabilidad a más de 55.000
familias españolas.
Esta exigencia del restablecimiento
en España de la seguridad jurídica no sólo parte de los productores españoles
de energía solar fotovoltaica, sino también los más importantes fondos de
inversión internacionales, que han llevado a España a los Tribunales
internacionales de arbitraje por esta cuestión, cuyas sentencias se conocerán a
mediados de 2013 y podrían suponer que los fondos fuesen indemnizados por el daño
causado por el Gobierno español al cambiar las reglas del juego. El laudo
arbitral no sería de aplicación a los inversores fotovoltaicos españoles, sólo
a los extranjeros, pero serviría para demostrar la grave situación de injusticia
que padece este colectivo.
Los fondos internacionales
invirtieron en renovables en España sobre la base de una retribución fijada en
el B.O.E. y en un marco regulatorio que se suponía que no iba a cambiar, una
confianza basada en el hecho de que España es un país de la Unión Europea.
Ahora, estos fondos han descartado seguir invirtiendo en negocios “regulados”
en España: como renovables, canalización de gas o servicios de abastecimiento
de agua, debido a la desconfianza y la falta de seguridad observada.
Esta anómala situación ha conducido
a que los propios representantes diplomáticos de los países más afectados por
las inversiones realizadas por sus conciudadanos, como ha sido el caso de
los EE.UU., hayan tomado cartas en el asunto, exponiendo sus quejas ante el Gobierno
español.
Desde la Unión Europea, el propio
Comisario Oettinger, en un reciente escrito dirigido al Presidente de ANPIER,
afirmaba haber reiterado al Ministro de Industria, Sr. Soria, tanto
públicamente como en privado, su desacuerdo con las medidas retroactivas que
padece el sector de las renovables; tal y como expresó la Comisión Europa en la
Comunicación COM/2012/271, texto en el que, en clara alusión a España, se puede
leer "En algunos Estados miembros, los cambios registrados en los
regímenes de ayuda han sido poco transparentes, se han introducido bruscamente
y, en ocasiones, se han impuesto incluso con carácter retroactivo. En el caso
de nuevas tecnologías e inversiones, que siguen siendo dependientes de las
ayudas, tales prácticas socavan la confianza de los inversores del sector"
El presidente de Anpier, Miguel
Ángel Martínez-Aroca ha señalado que “es un problema muy extendido entre
nuestros gobernantes el ver la paja en el ojo ajeno y no percibir la viga en el
propio, puesto que tan escandalosa resulta la retroactividad fuera como dentro
de nuestras fronteras” y considera que “la reacción de Soria en defensa de
Iberdrola, contrasta con la actitud pasiva frente a la consecuencias que
padecen más de 55.000 familias españolas a causa de nuestras propias normas
retroactivas, lo que da una idea de cuáles son los intereses que defiende con
mayor diligencia”
EVO
REINCIDE
El
Gobierno de Bolivia incauta cuatro filiales de Iberdrola para satisfacer a los
votantes cocaleros
El País de España (www.elpais.com.es)
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, ha vuelto a expropiar activos de empresas españolas, sin previo aviso
y con argumentos que poco o nada tienen que ver con la racionalidad económica.
En mayo, el Gobierno boliviano se apropió de la firma Transportadora de
Electricidad, con capital de Red Eléctrica; en esta ocasión, ha expropiado
cuatro filiales de Iberdrola en el país, dos de las cuales son distribuidoras
de electricidad en La Paz y Oruro, más una empresa de servicios y una gestora
de inversiones. El daño económico para Iberdrola es pequeño, pero sea cual sea
el valor de las filiales el Gobierno expropiador está obligado a pagar un
justiprecio por ellos.
Y eso es precisamente los que debe
preocupar más a la empresa española y al Gobierno, porque a pesar de que el
vicepresidente García Linera prometió “una remuneración justa”, la experiencia
demuestra que en estos casos o no se suele pagar, para lo cual se recurre al
truco de prolongar el cálculo del justiprecio que realizan supuestas empresas
independientes y enfangar los recursos ante los tribunales internacionales, o
se hace tarde y mal. Red Eléctrica todavía no ha recibido la “remuneración
justa” por su filial boliviana.
Por tanto, estamos ante una
operación que, como el resto de nacionalizaciones y expropiaciones acaecidas en
Bolivia —y en Argentina, recuérdese el caso YPF—, es una incautación próxima al
expolio. Con excusas extravagantes, el Gobierno de Morales está cumpliendo su
objetivo de nacionalizar la cadena de producción energética por encima de las
normas internacionales que regulan los casos de expropiación. La excusa para
incautarse las filiales de Iberdrola es que el precio de la electricidad en
zonas rurales era más elevado que en las ciudades. Los expropiadores de Morales
no se preguntan si existe alguna razón para esa divergencia; simplemente se
apropia de las empresas y se dispone a subvencionar la diferencia de precios.
El Gobierno boliviano expropia por
convicción ideológica, por la presión de sus votantes cocaleros (los que supuestamente
sufren la carestía eléctrica) y porque la mala gestión de la política
energética causa problemas crecientes que solo pueden resolverse con nuevas
expropiaciones. De nuevo como en Argentina. Morales estuvo en España
recientemente auspiciando acuerdos de colaboración entre ambos países. Las
expropiaciones continuadas de bienes españoles no es la mejor manera de poner
la rúbrica a esos acuerdos.
EL
GOBIERNO VASCO ABORDARÁ HOY LA EXPROPIACIÓN A IBERDROLA
Bolivia
espera mantener una reunión "cordial" con la eléctrica esta semana
El Deia Vasco de España
(www.deia.com)
El tercer Consejo de Gobierno de la
era Urkullu tendrá hoy encima de la mesa la nacionalización de cuatro filiales
de Iberdrola anunciada por el Gobierno de Bolivia este fin de semana. El
Ejecutivo jeltzale, que adelantará a hoy lunes su tradicional encuentro de los
martes -ya que mañana es festivo-, evaluará así la decisión del Gabinete de Evo
Morales de expropiar las principales distribuidoras de electricidad en La Paz,
Electropaz, y en Oruro, Elfeo; la empresa de servicios Edeser; y a la gestora
de inversiones Compañía Administradora de Empresas. Se trata de cuatro
compañías hasta ahora en manos de la firma vasca que suponen alrededor del 0,2%
del total del negocio de Iberdrola y que aportan unos 6 millones de euros al
beneficio total del grupo cada año.
Tras el anuncio efectuado el sábado,
ayer el ministro de Hidrocarburos y Energía boliviano, Juan José Sosa, anunció
que espera tener una reunión "cordial" esta semana con los ejecutivos
Iberdrola. "Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán
acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué
manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes",
sostuvo.
Sosa ratificó, en cualquier caso,
que el decreto de expropiación que presentó el sábado por sorpresa el
presidente Evo Morales establece un plazo de 180 días para que la estatal
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a una empresa independiente
que tase las cuatro firmas nacionalizadas. Por eso, la compañía que encabeza
Ignacio Sánchez Galán se mantiene a la espera, reclamando que Bolivia
"pague el valor real" de las cuatro filiales.
El ministro boliviano explicó que
con esa información Bolivia se sentará a negociar con Iberdrola, "para ver
cuál es el monto justo que se le tiene que compensar por esta nacionalización
que hemos llevado a cabo como Gobierno nacional".
En el mismo punto que Iberdrola, el
ministro de Industria español, José Manuel Soria, señaló ayer que Bolivia
deberá evaluar "con objetividad" las filiales de Iberdrola y envió un
mensaje al presidente boliviano, para pedirle que se adjudique a la eléctrica
"una justa indemnización" a la que, según apuntó, "tiene derecho
sin dilaciones innecesarias". En una entrevista concedida a ABC, Soria
lamentó la decisión, que "ha sorprendido a las autoridades
españolas". "Esta decisión recae sobre unas compañías que prestan el
servicio público de distribución de electricidad que nunca habían pertenecido
al Estado boliviano", precisó.
Ayer, el secretario general del PP
vasco, Iñaki Oyarzábal, también se refirió al asunto al asegurar en una
entrevista radiofónica que estos comportamientos generan una situación de
"falta de seguridad jurídica para las empresas", por lo que como país
es necesario adoptar una "posición de respaldo".
Las autoridades españolas han
mostrado así su preocupación, ya que el Estado es el segundo mayor inversor en
Bolivia, junto a Estados Unidos, y ya en mayo la filial de Red Eléctrica de
España se vio envuelta en un proceso similar sin que de momento se haya
acordado el precio. De hecho, en Bolivia tienen presencia empresas como BBVA o
Repsol, entre otras, además de Iberdrola que tras esta decisión del Gobierno de
Evo Morales saldrá del país.
Entre tanto, las instalaciones de
las suministradoras eléctricas Electropaz y Elfeo, dos de las filiales en de
Iberdrola en Bolivia nacionalizadas por Evo Morales, amanecieron ayer en calma,
custodiadas por la policía del país y sin que se hayan registrado incidentes.
Editorial
REQUISA
EN BOLIVIA
El Imparcial de España
(www.elimparcial.es/america)
El año acaba en Bolivia con la
expropiación de cuatro filiales de Iberdrola en el país andino. Su presidente,
Evo Morales, firmaba el decreto que le da barniz legal aduciendo que la
tarificación que imponían era excesivamente elevada. El decreto en cuestión
añade que será “una consultora independiente” quien fije la indemnización que
corresponda. Visto lo visto ahora y en mayo pasado con la expropiación de Red
Eléctrica, no hay muchos motivos para la confianza en que vaya a haber una
resolución ajustada a derecho, por no decir ninguna.
Y ninguna precisamente es la
seguridad jurídica que hay en Bolivia, a tenor de los últimos acontecimientos.
Evo Morales sigue así la estela de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina
con su atraco a Repsol con la filial YPF, aunque el epicentro de estas
expropiaciones corsarias hay que situarlo en la Venezuela chavista, que fue
quien dio comienzo a una política arbitraria que a quien más perjudica es a los
países expropiadores, porque, literalmente les deja sin crédito. Se da la
circunstancia, además, de que Evo Morales fue recibido hace pocas fechas por
Mariano Rajoy, escenificando entonces una supuesta buena relación que ahora
queda bastante tocada.
Hay más inversiones españolas tanto
en Bolivia como en el resto de países iberoamericanos; inversiones por las que
el Ejecutivo español debe seguir velando. Pero sería un error no actuar con la
debida contundencia ante un acto así. Eso sería tanto como dar patente de corso
para que se pueda seguir atentando contra intereses españoles.
IBERDROLA:
AUNQUE EL IMPACTO DE LA EXPROPIACIÓN ES LIMITADO, HAY QUE DEFENDER LO QUE ES DE
UNO
Bolsamanía de España (www.bolsamania.com/noticias-actualidad)
Este fin de semana conocíamos la
noticia de que el Gobierno boliviano expropiará a Iberdrola dos de las
principales distribuidoras de energía eléctrica de La Paz (Electropaz) y de
Oruro (Elfeo), además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones,
alegando tarifas abusivas. Aunque en opinión de los expertos de Bankinter el
impacto en las cuentas de la eléctrica vasca debería ser limitado, pues estas
empresas apenas representan el 0,2% de su negocio y un beneficio en 2011 de 6
millones de euros, el ruido de fondo está teniendo un impacto negativo sobre la
cotización del valor, que a esta hora pierde un 0,94%, hasta los 4,0960 euros.
De todos modos, la compañía no
debería bajar la guardia, afirma Francisco Salvador, estratega de FGA/MG
Valores. “Pese a que estos negocios representan una pequeña parte de los
ingresos de Iberdrola y el impacto es muy limitado, la compañía debería
defenderse apelando a la Ley internacional para obtener el valor que le
corresponde por estos activos. Aunque al final el perdedor real es el Gobierno,
que daña su credibilidad con movimientos de este tipo”.
El ministerio de Asuntos Exteriores
ya se ha pronunciado al respecto, afirmando que “la decisión del Gobierno
boliviano se cierne sobre compañías que han ofrecido el servicio de
distribución eléctrica pero que nunca han pertenecido al Estado”. Bankinter
recomienda neutral sobre el valor, al que otorga un precio objetivo de 4,1
euros.
IBERDROLA
CAE UN 1,57% EN EL IBEX TRAS LAS EXPROPIACIONES EN BOLIVIA
El Día de España
www.discapnet.es/Castellano)
La compañía energética Iberdrola
inició este lunes su cotización en el Ibex 35 cayendo un 1,57%, después de que
este fin de semana se conociera la decisión del Gobierno de Bolivia de
expropiarle las filiales que posee en el país andino.
Las acciones de Iberdrola cerraron
el pasado viernes en los 4,13 euros por acción. Sin embargo, este lunes, tras
caer en la apertura un 1,57%, el valor está en los 4,07 euros.
El Ejecutivo que preside Evo Morales
ha decretado la nacionalización de las cuatro filiales que la compañía que
lidera Ignacio Sánchez Galán tiene en Bolivia.
En concreto, en el decreto firmado
por Morales se dispone la nacionalización de la totalidad de las acciones que
tiene la sociedad IberBolivia, filial de Iberdrola , en las empresas de
electricidad Electropaz (de la región de La Paz) y Elfeo (de Oruro), y en la
Compañía Administradora de Empresas de Bolivia y en la compañía de servicios
Edeser.
ABC de España (www.abc.com.es)
La llegada de líderes más o menos
populistas a los gobiernos de algunos países de Iberoamérica, como Bolivia,
Argentina y Venezuela, ha traído consigo una oleada de nacionalizaciones y
reestatalizaciones que han sembrado la región de inseguridad jurídica. Ese retorno al control estatal de la economía
ha afectado a varias empresas españolas.
Hugo Chávez decretó hace dos años la
expropiación de la empresa transnacional española Agroisleña,
dedicada a la distribución y venta de productos agroquímicos. «Forma parte de
los intermediarios especulativos», dijo el presidente venezolano.
Estos mandatarios suelen presentar
sus expropiaciones como una suerte de justicia social, demonizando a la empresa
a nacionalizar. Y las compañías
energéticas están siempre en el punto de mira de estos gobiernos.
En abril de este año, Argentina,
que en 2009 había «quitado» Aerolíneas Argentinas al Grupo Marsans,
aprobó la expropiación del 51% de Repsol en
YPF, alegando la supuestamente raquítica inversión de la
multinacional española en el país. Con igual excusa, Evo Morales
anunció dos semanas después la nacionalización de Transportadora de
Electricidad (TDE), de Red Eléctrica de España (REE). Y ya entonces
el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, avisaba a
Iberdrola de que el mandatario cocacolero iría también a por el «tercer
eslabón» del sistema energético, la distribución.
Reacción de Moncloa
Consciente quizá de ese afán
expropiador, el propio Mariano Rajoy tuvo que pedir el mes pasado durante la
XXII Cumbre Iberoamericana que se respete el principio de seguridad jurídica.
Ayer, el Ministerio de Exteriores lamentó la decisión de Evo Morales. al tiempo
que recordó que recae «sobre compañías que nunca antes habían pertenecido al
Estado boliviano».
La última dentellada populista
procede de un país en el que España es el segundo inversor, solo por detrás de
EE.UU. ¿Se verá perjudicada esa relación? «Se expropia en momentos en que a
pesar de la crisis el Gobierno español ha ratificado la cooperación con
Bolivia. Dudo que esa promesa se cumpla después de esta medida», dice el
analista energético Francesco Zaratti.
EEUU
Y ESPAÑA LIDERAN LAS INVERSIONES EN BOLIVIA
La
decisión del Gobierno de Evo Morales
de nacionalizar cuatro empresas eléctricas gestionadas por Iberdrola afecta a uno de los mayores accionistas en el país andino.
Infobae de
Argentina (www.infobae.com.ar)
España es
el segundo país con mayores inversiones en Bolivia, después de
Estados Unidos, gracias a la presencia de empresas del sector de la energía,
como Repsol, principalmente, o Iberdrola, cuyas
filiales de distribución de electricidad fueron expropiadas el
sábado por el Gobierno boliviano.
Las inversiones de Repsol
constituyen casi el 80 por ciento de la apuesta española en el país andino,
donde también tienen una presencia destacada, entre otras, la citada Iberdrola,
la concesionaria Abertis, la
entidad bancaria BBVA, la
editorial Santillana, el
operador de aeropuertos AENA y
el fabricante de explosivos Maxam,
según datos oficiales.
Desde que llegó al poder en 2006, el
presidente de Bolivia, Evo
Morales, ha nacionalizado cerca de veinte empresas de hidrocarburos,
electricidad, cemento y minas, entre otros sectores.
Entre ellas se encuentra Transportadora de Electricidad (TDE),
filial de la española Red Eléctrica de
España (REE), nacionalizada por Bolivia el pasado 1 de mayo y sobre la
que aún no existe un acuerdo indemnizatorio.
Morales
firmó sábado el decreto
(foto)
de nacionalización de las cuatro
filiales de Iberdrola:
las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, Electropaz, y en Oruro, Elfeo; la empresa de servicios Edeser
y la gestora de inversiones Compañía
Administradora de Empresas.
El presidente boliviano justificó la
expropiación en que la empresa española
no quiso igualar las tarifas eléctricas en las áreas rurales y urbanas
de las regiones de La Paz y Oruro, al tiempo que prometió una indemnización
justa y sin arbitrariedad. Tanto el Gobierno español como la propia Iberdrola
han lamentado la decisión y han reclamado
una justa indemnización.
En cuanto a las relaciones comerciales entre ambos países,
con datos de 2011, España exportó a Bolivia productos por valor de 59,88
millones de euros, mientras que el valor de las importaciones fue de 50,09
millones de euros.
Las principales exportaciones de
España a Bolivia son de tecnología industrial, productos químicos, industria
auxiliar mecánica y de la construcción. España importó de Bolivia materias
primas, semimanufacturas y productos intermedios, así como productos
hortofrutícolas.
LAS
BOLSAS EUROPEAS, EN PUNTO MUERTO COMO LAS NEGOCIACIONES EN EE UU
La
Bolsa española encara la última sesión del año, más corta de lo habitual pues
el mercado cierra a las 14:00 horas, con pérdidas que se han ido a menos
conforme avanza la negociación. El Ibex espera prácticamente plano el desenlace
de las discusiones en EE UU, que se encuentran en punto muerto para evitar el
'abismo fiscal'. La prima de riesgo baja hasta 394 puntos básicos.
Cinco Días de España
(www.cincodias.com.es)
Las Bolsas europeas apenas varían a
media sesión tras las pérdidas de la apertura después del punto muerto en las
negociaciones presupuestarias en Estados Unidos, que hacen asomarse a la
primera economía mundial a un 'precipicio fiscal' que amenaza al crecimiento
global.
En España, sin apenas referencias de
interés, los inversores esperan conocer hoy la cifra final de activos
transferidos por parte de la banca nacionalizada a la sociedad de Gestión de
Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el "banco
malo" español.
No obstante, la atención estará
puesta en el temido 'precipicio fiscal' de Estados Unidos, mientras
republicanos y demócratas intentan alcanzar un acuerdo que evite la subida
generalizada de impuestos en el país. Los inversores mantienen sus dudas sobre
la situación que puede producirse a partir de mañana en la primera economía del
mundo, cuando coincidan drásticos recortes de gasto público y subidas
generalizadas de impuestos.
El Senado estadounidense se reunirá
a partir de las 1600 GMT para seguir debatiendo sobre cómo evitar las fuertes
subidas de impuestos y recortes de gastos con los que se abriría el nuevo año,
aunque sigue habiendo diferencias significativas entre las partes.
Por otro lado, el Ibex dirá adiós a
dos de sus cotizadas, Gamesa y Bankia, que a partir del miércoles 2 de enero
operarán solo en el mercado continuo.
Iberdrola, protagonista
Iberdrola se ha convertido por
partida doble en el protagonista de la sesión, ya que después de que el sábado
el Gobierno de Bolivia expropiara cuatro de sus filiales en ese país, la empresa
ha anunciado hoy la venta de 32 parques eólicos en Francia por un importe de
400 millones de euros.
A esta hora, las acciones de
Iberdrola sufrían un descenso del 2,13%, el segundo más acusado del Ibex sólo
por detrás de Endesa (2,40 %), en tanto que Bankia lograba la mayor subida, del
5,20 %.
En cuanto a los pesos pesados del
índice, sólo Inditex mantenían el pulso y se revalorizaba un 0,91%, en tanto
que el resto sufría recortes del 0,95% para Santander, del 0,87% para Repsol,
del 1,43% para Telefónica, y del 1,30% para BBVA.
En el mercado secundario de deuda,
la prima de riesgo española se encontraba en los 400 puntos básicos.
En el mercado de materias primas, el
barril de crudo Brent para entrega en febrero abrió hoy a la baja en el
Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, al cotizar a 110,38
dólares, 0,24 dólares menos que al cierre de la jornada anterior.
IBERDROLA
PIDE UNA INDEMNIZACIÓN DE 75 MILLONES A BOLIVIA TRAS LA EXPROPIACIÓN DE SUS
FILIALES
Bolsamanía de España (www.bolsamania.com/noticias-actualidad)
Iberdrola cotizará esta mañana el
anuncio de la expropiación de sus cuatro filiales en Bolivia producida este fin
de semana. La eléctrica española espera que el Gobierno de Evo Morales “pague
el valor real” de sus participaciones, que varios expertos cifran en 100
millones de dólares (unos 75 millones de euros). El ministro de Hidrocarburos y
Energía de Bolivia, Juan José Sosa, manifestaba ayer su deseo de reunirse esta
semana con representantes de Iberdrola para tratar la compensación que corresponda
por la nacionalización. Iberdrola
arrancará hoy desde los 4,1350 euros.
BOLIVIA
ESPERA UNA REUNIÓN "CORDIAL" CON REPRESENTANTES DE IBERDROLA
El
gobierno de La Paz recibirá esta semana a responsables de la eléctrica vasca
Noticias de Alava, España
(www.noticiasdealava.com)
El Gobierno de Bolivia confió ayer
en mantener esta semana un encuentro "cordial" con la eléctrica
española Iberdrola, cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas el sábado,
una medida que fue respaldada por campesinos leales al mandatario y criticada
por la oposición.
El ministro de Hidrocarburos y
Energía, Juan José Sosa, señaló que el Ejecutivo espera la llegada a Bolivia,
esta semana, de representantes de Iberdrola, compañía que el sábado manifestó
que espera que Bolivia "pague el valor real" de las cuatro filiales
expropiadas. "Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola)
estarán la próxima semana acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente
cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea
favorable a ambas partes", sostuvo Sosa.
Agregó que el decreto de
expropiación que presentó el sábado por sorpresa Morales establece un plazo de
180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a
una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.
Las firmas expropiadas son dos de
las principales distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz,
Electropaz, y Oruro, Elfeo, además de la empresa de servicios Edeser y una
gestora de inversiones, cuyas oficinas fueron intervenidas por más de 700
militares y policías tras presentar Morales el decreto.
Morales sorprendió el sábado con
esta medida, que se produjo siete meses después de la nacionalización de las
acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad,
sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo para la compensación
económica.
Sosa reiteró ayer que con la nueva
expropiación se pretende equilibrar las tarifas eléctricas entre las áreas
urbana y rural de La Paz y Oruro, pues mientras en las ciudades el coste
promedio es de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatio/hora, en el campo
sube hasta los 1,59 bolivianos (0,23 dólares).
Explicó que se destinará un 15% de
las ganancias de Electropaz, que el año pasado superaron los 11 millones de
dólares, para nivelar las tarifas, aplicando una suerte de subvención a los
costes en el área rural para no tener que subir el precio del servicio en las
urbes.
"Iberbolivia (la filial de
Iberdrola) está prestando un servicio de distribución y tiene fin de lucro, lo
que le interesa es ganar. Y en el caso del Estado nacional, no tenemos esos
fines de lucro; lo que queremos es garantizar la continuidad del servicio tanto
en calidad como en una tarifa que sea equitativa", añadió.
Las instalaciones de las empresas
expropiadas en La Paz y Oruro amanecieron ayer en calma custodiadas por las
fuerzas de seguridad del país y no ha habido incidentes respecto al suministro
eléctrico.
La medida fue ayer respaldada por
campesinos de La Paz leales al Gobierno, que pidieron que se haga efectiva la
rebaja de los costes del suministro energético en esas áreas.
Empresarios bolivianos y expertos
criticaron la nueva expropiación porque consideran que es una mala señal para
los inversionistas extranjeros. El líder de la centrista Unidad Nacional, el
empresario Samuel Doria Medina, escribió en su cuenta de la red social Twitter
que "cada vez que el Estado Plurinacional nacionaliza, aleja más la
inversión extranjera y ahora se entiende por qué no hay ley de
inversiones".
Entretanto, otros opositores
opinaron que la medida es una cortina de humo con la que el Gobierno pretende
desviar la atención del escándalo de corrupción que afronta tras destaparse una
red de funcionarios que extorsionaban a reos. La diputada oficialista Betty
Tejada refutó ayer a los opositores al asegurar que están mezclando dos temas
diferentes, pues la expropiación es "una política de Estado" y
"el Gobierno y el MAS (partido de Evo Morales) no improvisan".
