Los comedores
más solicitados de La Paz no tienen
carta. Tampoco ofrecen una mesa a sus clientes, ni aseos, vasos,
copas o mantelería. Los platos, cuando los hay, son de plástico como los
cubiertos y, salvo algún afortunado que encontró acomodo en un taburete, todos
comen de pie. Por no tener, ni siquiera tienen puertas, muros o ventanas.
Crecen en instalaciones de fortuna. Unas veces bastan tres paredes de chapa y
un techito montados en una esquina de la ciudad. Otras, ni siquiera llegan a
eso. Pero entre unas y otras destilan los aromas y los sabores que marcan el
ritmo de la vida de la capital de Bolivia.
El de las
tucumanas fritas, sin ir más lejos, una empanada en forma de media luna, que
suelen rellenar con un guiso preparado a base de carne, verduras y huevo duro,
pero que también puede ser de pollo o charqui. La fama de las que prepara y
vende Sofía Condori trasciende mucho más allá de su pequeño puesto, en la Zona
Sur de la ciudad (Avenida Montenegro, cerca del cruce con la Calle 21, en San
Miguel). Su sazón tiene algo que las hace diferentes a las demás y le ha valido
un reconocimiento que la acompaña desde hace más de 16 años. Cada día acude
puntual a su cita, a eso de las nueve de la mañana, y alarga la faena hasta las
nueve de la noche. Las salsas que sirven con las empanadas son parte del éxito.
Pueden ser de palta, oliva, maní con ají, golf o la tradicional llajua picante
y hacen que cada bocado sea diferente al otro.
Elvira Goitia
alarga aun más su jornada. Vende choripanes desde las siete de la mañana en el
Mercado Lanza, en la Zona Norte, entre la Avenida Busch y el Estadio Olímpico.
Y allí se queda hasta que dan las once de la noche. El choripán es un sándwich
tradicional de chorizo. Pan marraqueta o sarnita y en el centro un chorizo
asado bien rodeado de compañeros de viaje: lechuga, tomate, pepinillos,
escabeche de zanahoria y cebolla. Tampoco falta la llajua.
Sofía y Elvira
forman parte de una casta diferente de cocineras de la calle —es curioso, puede
que los haya pero no encontré hombres ejerciendo esta función en las calles de
La Paz; parece ser patrimonio reservado a las llamadas damas de pollera—, que
se han agrupado en torno al proyecto Suma Phayata, que en aimara significa bien
cocinado. Creado hace un año para estimular el crecimiento y la mejora de las
condiciones de vida y trabajo de las cocineras callejeras, Suma Phayata ha convertido
la comida de la calle en el eje de una ruta turística por La Paz.
El asunto se
pone más serio cuando llega la hora de los interiores. Pueden ser las tripitas
que venden en la Plaza Alonso de Mendoza, frente al Hotel Oruro, subiendo desde
San Francisco. Venden tripitas —callos, mondongo— con patatas, y para conseguir
un plato hay que buscarse la vida entre la multitud que rodea el puesto.
En cualquier
caso, las estrellas son los anticuchos y la ranga. Los primeros son brochetas
de corazón adobado que preparan a la brasa mujeres como Julia Cori, en Las
Velas (Avenida Camacho, a un costado del Campo ferial del Bicentenario), que
sigue una larga tradición familiar. Sirve sus anticuchos con papa hervida y
salsa de maní desde la caída del sol hasta ya bien entrada la noche.
Más referencias
de anticuchos de confianza: en la parte antigua de la ciudad, en el cruce de
Aspiazu con 20 de Octubre y en la Calle 15 de Calacoto con Ballivan, llegados a
la Zona Sur.
La ranga es
otra historia. Se trata de una abigarrada y potente sopa picante a base de
panza de vaca bien condimentada con ají amarillo, servida con papa y coronada
con una ensalada de lechuga, tomate y una variedad de cilantro llamada
quirquiña. Entre las más populares está la que vende Miriam Iturralde desde
hace 37 años en la Calle Tumusla, a unos pasos de la Plaza Equino.
Y no olviden el
sándwich de chola. Es la guinda del pastel. El
País de España (www.elpais.com/elpais)
EL PAPA PROTESTA POR LA MUERTE DE DOS NIÑOS EN UN TALLER
EN ARGENTINA
Los menores, de 7 y 10, fallecieron en un incendio en el
zulo en el que trabajaban sus padres
EL País de España (internacional.elpais.com)
El Papa,
siempre pendiente de Argentina, ha enviado una carta en la que expresa su
“profundo dolor” por un asunto que ha supuesto la noticia trágica en Buenos
Aires esta semana: la muerte de dos niños de 7 y 10 años en un taller clandestino
en el popular barrio de Flores, el que vio crecer a Francisco
cuando aún era Bergoglio.
Los niños
murieron en un incendio en el sótano en el que trabajaban sus padres de forma
clandestina. Precisamente para ocultarlo, había varias salidas tapiadas por lo
que rápidamente se convirtió en una ratonera. La existencia de miles de
talleres clandestinos en Buenos Aires, que venden su género en La Salada, el mayor mercado negro de Latinoamérica, ha sido
denunciada en varias ocasiones por La Alameda, una organización dedicada a denunciar la
explotación de seres humanos y cuyo líder, Gustavo Vera, es amigo del Papa y
estuvo invitado por él en el Vaticano hace dos semanas. Fue La Alameda la que
alertó al Papa de la situación de la villa 1-11-14, dominada por el
narcotráfico, lo que provocó que Francisco hablara de la “mexicanización” de
Argentina. Ahora el Papa, de nuevo en una carta a La Alameda, traslada su
preocupación por la muerte de estos dos niños, a los que llama por su nombre.
"A todos
Ustedes que están reunidos para orar por Orlando y Rodrigo Camacho les hago
llegar mi cercanía y los acompaño en el dolor y el sufrimiento. Lo sucedido me
causa mucho dolor. Estoy junto a Ustedes y pido al Señor nos ayude a que nunca
más sucedan estas cosas, fruto de injusticias. Con afectuoso cariño. Que Jesús
los bendiga y la Virgen Santa los cuide",
La organización
de Vera ha presentado una denuncia en la que responsabiliza de esta muerte al
Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en particular a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de Mauricio Macri
y su sucesor ahora que este deja la alcaldía para ser candidato presidencial en
octubre. Vera y los suyos recuerdan que ya presentaron una denuncia contra este
taller clandestino y otros tres en la misma manzana en septiembre del año
pasado y el Gobierno de Macri, del que depende el control, no les hizo caso.
Nadie desmanteló los talleres. Rodríguez Larreta ha negado que tuviera
conocimiento de la existencia de esos centros y en cualquier caso asegura que
es muy difícil desmantelarlos, porque sin una orden judicial no se puede entrar
en las casas y cuando un inspector llama no contesta nadie ni tampoco hay
evidencias externas de que sean talleres, donde trabajan personas en
semiesclavitud.
La Alameda
asegura que en Buenos Aires hay hasta 3.000 de estos talleres, y ha denunciado
que medio centenar de marcas conocidas, entre ellas la española Zara, utilizan
sus servicios, aunque estos siempre han negado que encarguen ningún tipo de
trabajo a estos talleres clandestinos.
EL País de España (internacional.elpais.com)
EL País de España (internacional.elpais.com)
LOS NIÑOS DE LA ESCLAVITUD
El Parque de Argentina (www.parquechasweb.com.ar)
Fuego, humo, asfixia. Esta vez fueron dos niños de 7 y 10 años los
devorados por las llamas en el sótano de la casona de Páez 2796, casi Condarco,
en Flores. Enrejada y con puertas tapiadas. Dormían aún, a media mañana, cuando
se desató un incendio en el taller textil en el que vivían con sus padres:
Amparo Menchaca y Julián Rojas, que siguen internados en el Hospital Alvarez
con quemaduras. La utopía con la que llegaron desde Bolivia se extinguió
velozmente. Como nueve años atrás ocurrió también para Juana Vilca Quispe, de
25 años, embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de
4; Harry Rodríguez Palma, de 3; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe,
de 4 años, en la fábrica textil de Luis Viale al 1269.
Son unas 25
cuadras las que hay entre uno y otro taller. Pero la densidad y la brutalidad
del fuego fue exactamente la misma. La crueldad con que oprime, desde sus duros
zarpazos el sistema que tributa al capital, trasciende los tiempos. Puede
modificarse en sus números, en las particularidades de sus efectos, pero padece
de la misma y oprobiosa intensidad.
El taller del
barrio porteño de Caballito estaba habilitado desde 2001 para cinco personas y
como lugar de trabajo. Aunque vivían unas 65 y trabajaban allí 25. “Esa tarde
había pocos chicos, porque la mayoría estaba en el colegio. Pudo haber sido una
desgracia mayor. Los padres de Harry estaban en la planta baja con Kevin, el
otro hijo del matrimonio. No pudieron subir por la escalera y tampoco pudieron
entrar por las ventanas del primer piso porque estaban enrejadas”, decía un
sobreviviente nueve años atrás. Aquel incendio dejó al desnudo que la
clandestinidad de la industria textil que mueve más de 700 millones de dólares
al año sólo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano requiere de
reducir a la esclavitud para rendir. Doce, catorce y dieciséis horas diarias de
trabajo, hacinamiento, salarios ínfimos, enfermedades evitables.
En mayo de 2008,
un informe publicado en el diario La Nación, revelaba que “en febrero último,
dos popes de la industria textil, Ignacio de Mendiguren (Cámara de la
Indumentaria) y Víctor Benyacar (Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y
Niños), reconocieron que el 78% de la industria textil está en negro”. Clarín,
en tanto, publicó en octubre de 2011 que “el 78% de la ropa que se produce en
el país se hace con trabajadores fuera del sistema legal. Se lo reveló José
Ignacio de Mendiguren, hoy titular de la UIA, cuando era vicepresidente de la
Cámara Argentina de la Indumentaria, al entonces ministro de Economía Martín
Lousteau, en febrero de 2008. Es decir, entre 150.000 y 200.000 trabajadores.
La Defensoría del Pueblo estimó en 12 mil los talleres clandestinos en todo el
país y por lo menos 3.500 en la Capital Federal”.
En la vieja
casona de Páez 2796, del barrio de Flores, la puerta de ingreso estaba
tabicada. La causa penal está caratulada como “incendio seguido de muerte” por
el simple hecho de que no existe en ningún Código una figura que exponga para
este tipo de muertes una calificación profunda, que vaya a la médula de la
perversidad, que defina claramente que se trata de crímenes evitables. Que si
murieron dos niños ahora y varios más hace nueve años es porque hay un Estado
que consiente. Que pacta. Porque “clandestino” significa “oculto, secreto” y la
existencia de este tipo de talleres que prolongan el viejo sistema de la cama
caliente es un secreto a voces: obreros esclavizados descansan rotativamente en
una cama mientras sus compañeros de infortunio trabajan. Se reemplaza así a la
vieja estructura en la que las grandes marcas tenían talleres propios de
producción.
Lily Whitesell
retrata en “Y aquellos que partieron: retratos del éxodo boliviano” historias como
las de Simona Velásquez: “Sus horas de trabajo empezaban a las 8 am y no
terminaban hasta la 1 am, siete días a la semana. Al final del día ella y sus
seis hijos dormían en un cuarto ubicado atrás de la fábrica, que compartían con
otros obreros. Los dedos de Simona se deformaron por el reumatismo y sus hijos
empezaron a toser incesantemente por el aire pesado de la fábrica. Cuando se
quejó de ello, su jefe le dijo: “No has venido a enfermarte, has venido a
trabajar,” y la amenazaron con devolverla a Bolivia. Poco después de que dejó
la fábrica, el mayor de sus hijos pasó de su severa tos a la tuberculosis.
Nunca se recuperó. A pesar del tratamiento, murió semanas más tarde”.
Kosiuko, Cheeky
(casualmente de la familia política de Mauricio Macri), Portsaid, Zara, Ayres y
Cara y Cruz han sido denunciadas, investigadas, condenadas. Pero no hay cambios
sustanciales. Porque en los márgenes se sigue viviendo y muriendo de la manera
más cruel. Los talleristas muertos en un incendio, asfixiados o incinerados, son
velozmente reemplazados en una nueva sede del taller que no es nunca
clandestino porque se sabe cómo, dónde y para quién trabaja. Porque existen
procesos financieros y de mercado que tienen más importancia que la vida humana
en estos tiempos en que la gran utopía de los poderosos tiene sonido metálico
en los bolsillos.
Los ritmos
propios de las grandes marcas imponen tendencia, definen rumbos, tienen la
responsabilidad política y social por la existencia de los talleres, pactan con
un Estado connivente y cómplice hecho por ellos, para ellos y a su medida. Y
esos dos niños de Páez al 2700 fueron la pieza de recambio como hace nueve años
los seis de Luis Viale al 1200. Todos ahogados en émulos de un Cromañón que las
mayorías olvidarán con celeridad a la hora de calzarse un nuevo jean o una
nueva camisa que tenga la etiqueta perfectamente colocada.
Esta vez fue
Mauricio Macri, que danzaba furiosa y triunfalmente (junto a Juliana Awada, su
esposa y dueña de Cheeky) sobre las tablas del mega complejo Costa Salguero
junto a su delfín, Rodríguez Larreta. El mismo que tras la muerte de los dos
nenes en Páez al 2700 decía que “lamentablemente, sin una orden de allanamiento
emitida por un juez, el gobierno porteño no puede ingresar por la fuerza en
este tipo de inmuebles, que desde afuera parecen casas particulares. El
inspector golpea y, si nadie le abre, nada puede hacer. Es un tema de difícil
solución”.
Aníbal Ibarra,
que obscenamente se sigue ofreciendo para conducir la ciudad, no puede ir
tranquilo a votar sin temor a un escrache de los padres de Cromañón y hoy ni
siquiera pasa la instancia de las internas. A Rodríguez Larreta, al que “si
nadie le abre, nada puede hacer”, lo sigue eligiendo más de medio millón de
porteños.
Las miserias
humanas siguen asesinando el porvenir.
MUERTE DE DOS NIÑOS DESTAPA ESCLAVITUD EN TALLERES
CLANDESTINOS DE ARGENTINA
La muerte de dos niños en el incendio de una
vivienda utilizada como taller textil clandestino ha sacudido a la opinión
pública argentina y ha destapado la existencia de
cientos de denuncias sin investigar y mafias que controlan este negocio ligado
a la venta ilegal.
Minuto 30 de Argentina (www.minuto30.com)
Los niños, de 7
y 10 años, murieron el lunes en un incendio que se declaró en su vivienda en
Flores, un barrio popular de Buenos Aires, donde en los últimos años han
proliferado este tipo de talleres clandestinos.
De nada sirvió
que este lugar, según se ha sabido hoy, fuera denunciado el año pasado por la ONG
La Alameda, que acaba de demandar a varios funcionarios del Gobierno
de la ciudad, que encabeza el conservador Mauricio Macri, por incumplir sus responsabilidades.
La Alameda
denunció, en septiembre del pasado año, la existencia de 30 talleres, entre
ellos el siniestrado, para pedir su clausura, pero la vivienda nunca llegó
siquiera a ser inspeccionada.
“No hicieron la
tarea que les corresponde. Por eso estamos pidiendo a la Justicia que se inicie
un proceso de investigación penal sobre
los funcionarios responsables.
Son cómplices
de la muerte de los dos niños. Creemos que hay que hacer Justicia por la muerte
de estos dos chiquitos”, afirmó hoy a Efe, Lucas Schaerer, miembro de la
organización.
La denuncia
alcanza, entre otros, al jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta,
ganador de las primarias que se celebraron el domingo en Buenos Aires, apenas
un día antes del siniestro.
“Si hubiera
habido una preventiva por parte del Estado y no una actividad coimera (de
sobornos) y mafiosa hubiéramos evitado la muerte”, continúa Schaerer.
Según
estimaciones de La Alameda, sólo en barrios como Flores o Avellaneda, en la
zona sur de Buenos Aires, hay más de 3.000 talleres textiles clandestinos, con
un promedio de 7 a 10 costureros, en conjunto, “unas 30.000 personas
esclavizadas en pleno siglo XXI”.
El sindicato de
la confección, asegura, únicamente tiene registrados 30.000 trabajadores
legalizados, en una industria que emplea a 400.000.
“Estamos
hablando de 370.000 trabajadores que están en la completa ilegalidad”, añade.
Los
trabajadores que terminan en estos talleres, por lo general, son inmigrantes de
Bolivia, Perú o Paraguay que llegan al país en un grupo familiar, atraídos por
anuncios en radios o periódicos que prometen paga en dólares y vivienda.
Nada más lejos
de la realidad, terminan como víctimas del tráfico de personas y les arrebatan
sus documentos para retenerlos a la fuerza.
“Son reducidas
a la servidumbre en la capital y en el conurbano, pueden cumplir jornadas que
exceden las 14 y 16 horas, que supera lo que la Organización Internacional del
Trabajo considera servidumbre”, afirma Schaerer.
La Alameda
denuncia que la industria textil en Argentina “vive de la trata y del trabajo
esclavo” y que un 78 por ciento de la ropa que usan los argentinos se
confecciona en la ilegalidad.
Aunque el
principal destino de su trabajo es La Salada, el más importante mercado ilegal
de América Latina, en las afueras de Buenos Aires, también las marcas conocidas
que se venden en comercios legales se aprovechan.
“No sólo tienen
talleres que producen para ferias populares sino también de la alta moda y de
los shopping (centros comerciales) de glamour muy conocidos”, apunta Schaerer,
que subraya que, de acuerdo con la legislación argentina, “el fabricante es
responsable del taller donde terciariza. Hay una marca responsable, hay
fabricantes responsables que quieren evadir la Justicia”.
Las críticas de
La Alameda van también contra el poder judicial “que tiene todos los elementos”
para acabar con la industria clandestina “pero no lo quiere hacer”.
Es la raíz del
problema, añade Schaerer, la corrupción y “la coima, el pago ilegal para que no
te penalicen”.
Tras el
escándalo que ha provocado el caso, funcionarios del Ministerio de Justicia
aseguraban hoy a un diario local que “va a haber un aluvión de allanamientos”.
Tarde para las víctimas.
¿CUÁL
ES EL PEOR RESULTADO QUE PUEDE ESPERAR CHILE EN LA HAYA?
Publimetro
de Chile (www.publimetro.cl/nota)
Desde el
lunes, Chile
y Bolivia
se enfrentarán en la Corte Internacional de La Haya por un tema puntual: conocer si
el Tribunal
tiene o las competencias para realizar algún juicio sobre la petición marítima
hecha por el país altiplánico.
Al respecto,
hay tres escenarios posibles: que el Tribunal declare su incompetencia en el
caso, que decida llevar adelante el proceso; o bien que guarde su decisión
hasta antes del fin de año, donde se referirá al proceso previo a la demanda de
Bolivia.
En Publimetro
conversamos con el ex embajador Samuel Fernández, a quién le preguntamos qué es
lo peor que puede ocurrirle a Chile durante la semana próxima.
"El peor
de los escenarios es que la Corte acepte continuar con el proceso", dice
el también profesor de la Universidad Andrés Bello. "Eso, porque significa
que se debe continuar con el juicio central, que es la petición de Bolivia.
Hasta el momento, y lo que se va a ver en la primera semana hábil de mayo es el
proceso previo, el que tiene que ver con antes de iniciar el juicio. Pero si se
sigue con esta materia, pueden pasar varios años antes de ver un
pronunciamiento de parte de la Corte", afirma Fernández.
- ¿Qué sucede
si es que el Tribunal decide pronunciar su competencia en la materia más
adelante?
- Esa es una
alternativa intermedia, pero Chile tiene argumentos muy sólidos porque hay
tratados de 1904 que están vigentes, que han sido validados y que se firmaron a
perpetuidad. Entonces la Corte no puede tocarlos porque existen hace más de 110
años. La Corte nació en 1948 y aún si pudiera admitirse competente, solo podría
sugerir alternativas entregadas por Chile y no podrían tocar su soberanía. Es
decir, podría sugerir pero no obligar.
- Según sus
palabras, Chile tiene muy poco que perder, ¿es tan así?
- En esta
etapa previa, Chile no tiene posibilidad de perder. De todas materias, ni en el
peor de los escenarios, el asunto se trata de perder soberanía, se trata de
seguir con un procedimiento judicial que consiste en presentar memorias y
contramemorias, que es largo, pero donde Chile tiene argumentos muy sólidos.
- Vamos al
mejor escenario: si la Corte dice que no es competente y por eso se acaba el
juicio ¿qué alternativas le quedan a Bolivia?
- Se acaba la
demanda. Bolivia tendría que dejar de pedir soberanía a través de los
tribunales. Obviamente sería un golpe muy duro para ese país, pero finalmente
no podría seguir alegando soberanía.
- ¿Qué
alternativas le queda en ese caso? ¿La guerra es una de ellas?
- Por ningún
motivo. Ni en la mente de Bolivia ni en la mente de Chile está la idea de la
guerra. Tenemos un tratado de paz que tiene 110 años de vigencia. Chile ha
entregado las mayores comodidades a un país mediterráneo que existe en el mundo.
Entonces, Bolivia pierde mucho si pensara en ese camino, porque ningún país
tiene tantas facilidades en materia marítima como lo tienen ellos y eso que hay
40 países sin litoral.
- ¿Podrían
reactivarse negociaciones como la del Acuerdo de Charaña, en 1975?
- Ese acuerdo
falló porque Chile había ofrecido soberanía marítima por tierras que antes eran de Perú.
Esa fue una conversación en la que se propuso la entrega de un corredor de
parte de Chile a Bolivia e incluía un canje territorial, pero Bolivia estuvo
poco dispuesto a aceptarlo y cuando lo hizo, se le tuvo que preguntar a Perú,
por una serie de acuerdos firmados con anterioridad. Perú exigía condiciones
inaceptables, que tenían que ver con internacionalizar un territorio. Entonces
Chile no aceptó y Bolivia tampoco. Las conversaciones con Bolivia siempre han
sido bilaterales y yo creo que si siguen existiendo en el futuro, deberían
tomar ese camino.
BOLIVIA ESTRENA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN DOS
GOBERNACIONES
El sistema de balotaje será decisivo en Tarija y en Beni
El País de España (www.internacional.elpais.com)
Por primera vez
en su historia, Bolivia realizará dos balotajes o elecciones de segunda vuelta
para definir quiénes serán los gobernadores de Tarija, en el sur, y de Beni, en
el este del país, regiones en las que los comicios
subnacionales del 29 de marzo produjeron resultados inconcluyentes.
En ambos lugares se enfrentarán este domingo candidatos del oficialista
Movimiento al Socialismo (MAS) y de Unidad Demócrata, el principal frente de
oposición.
Estas citas
electorales cerrarán el reemplazo de los nueve gobernadores y los
más de 300 alcaldes bolivianos, que se produce cada cinco años, y que en esta
ocasión dio mucho que hablar por la derrota del partido del presidente Evo
Morales en algunos de sus bastiones históricos, como la región de La Paz y la
alcaldía de El Alto. Sin embargo, el MAS se hizo con cinco gobernaciones y en
estas semanas redobló sus esfuerzos —con la abierta participación de altas
autoridades gubernamentales en las campañas— para subir este número a siete.
Aunque no se
han publicado encuestas sobre las tendencias del electorado en los balotajes,
tanto Tarija como Beni son plazas fuertes de la oposición. Si el candidato
opositor de Tarija ganó en la primera vuelta y logró el apoyo del que llegó
tercero, en Beni la oposición logró forzar una segunda vuelta pese a que el tribunal
electoral había eliminado a su candidato 10 días antes de la
votación por la difusión de una encuesta no autorizada (así es como la ley
electoral sanciona este delito electoral). Después de su eliminación, Unidad
Demócrata del Beni se fusionó con una agrupación local que estaba participando
en las elecciones sin muchas perspectivas, Nacer, y, con este repentino nuevo
nombre logró el segundo lugar, lo que hace pensar que ahora tiene posibilidades
de ganar el balotaje. Sin embargo, el MAS se potenció después de la primera
vuelta mediante su alianza con una facción "progresista" de su
tradicional adversario, el MNR, partido al que derrocó en 2003 y que mantiene
un fuerte arraigo en esta parte del país.
Si la oposición
ganara este domingo pasaría a controlar cuatro gobernaciones, pues ya cuenta
con las de La Paz y Santa Cruz, que son las regiones
más grandes y ricas de Bolivia.
Beni ocupa una
llanura tropical principalmente dedicada a la ganadería y suele actuar
políticamente igual que la más moderna Santa Cruz, región con la que colinda.
Sin embargo, a diferencia de lo que hizo esta última en las elecciones
presidenciales del año pasado, Beni nunca ha dado la
victoria a un candidato del MAS. Tarija, fronteriza con Argentina,
es la sede de la principal explotación nacional, la industria del gas, y por
eso recibe la mayor cantidad de ingresos fiscales per cápita, lo que la vuelve
muy apetecida por los partidos políticos.
Después de
haber poseído por casi dos siglos un sistema de selección parlamentaria de los
presidentes que no lograban mayoría absoluta, Bolivia adoptó el balotaje en su
Constitución de 2009, extendiéndolo luego a la elección de los gobernadores de
sus nueve regiones, llamadas departamentos. Este mecanismo se activa cuando un
candidato no logra la mayoría absoluta ni una diferencia de por lo menos 10%
sobre su inmediato contendiente.
CONOCÉ UYUNI, LA MAYOR RESERVA DE LITIO DEL PLANETA
Se trata de la mayor salina del mundo con más de 10.000
kilómetros cuadrados de superficie. Mirá las increíbles imágenes.
MDZOL de Argentina (www.mdzol.com/nota)
Hay paisajes en
este planeta nuestro que quitan el aliento. Uyuni es uno de ellos. Se trata de
la mayor salina del mundo con de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Está
situado a unos 3650 msnm en el suroeste de Bolivia, en el
departamento de Potosí, dentro de la región altiplánica de la Cordillera
de los Andes.
El fotógrafo y
realizador Enrique Pacheco visitó el lugar para grabar uno de los timelapses
más bonitos y relajantes que hemos visto últimamente. Te lo recomendamos a
pantalla completa.
Entre enero y
marzo, en la época de lluvias, la amplia superficie de Uyuni se cubre de una
capa de agua poco profunda y refleja la luz como si se tratara de un espejo.
Pacheco ha combinado ese efecto con música clásica, que le va como anillo al
dedo. Lo mejor para terminar un día duro de trabajo. Además de las salinas en
sí, que albergan el 80% del litio de la Tierra, el video también incluye
algunas panorámicas sensacionales de esta región del altiplano boliviano.
MORTALIDAD
MATERNA LATINOAMERICANA SIGUE EN NIVEL INACEPTABLE
IPS
de México (www.ipsnoticias.net)
Pese a sus
avances, América Latina padece una inaceptable mortalidad materna, en muchos
casos evitable, debido en parte a la ausencia de la aplicación de la
receta que prescriben los especialistas: prevención y promoción de la salud.
El argentino
Juan Reichenbach, un referente
regional en salud materno infantil, lo ha vivido “en el barro”
(junto a las madres y sus bebes), como pediatra y como director nacional de
Maternidad e Infancia (2008-2009).
“Si yo
tuviera que hacer una receta mínima comprensible, diría: dime donde naces y te
diré si vives. Es decir incorporar la salud del niño y de la madre como un
derecho fundamental”, sintetizó en entrevista con IPS.
“Los
protagonistas del cambio son la prevención y la promoción”, enfatizó
Reichenbach, quien actualmente es docente de la Universidad Nacional de La Plata y jefe e
instructor de médicos residentes de un hospital infantil.
El informe “Tendencias en
las estimaciones de mortalidad materna 1990-2013”, de la
Organización de las Naciones Unidas, reveló el año pasado que en ese periodo la
mortalidad materna se redujo en 40 por ciento en la región.
Pese a esa
reducción, en 2013 murieron 9.300 mujeres por complicaciones en el embarazo y
el parto, indicó el reporte. En promedio cada día 16 mujeres fallecen por
complicaciones vinculadas a la maternidad en América Latina, según datos de
este mes de la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
“Cuando uno
ve las causas fundamentales de muerte materna no hay que ser demasiado
inteligente para entender que están relacionadas con falta de acceso (al
sistema sanitario) y con el aborto, que es la principal causa de muerte materna
en Argentina y en Latinoamérica”, destacó Reichenbach.
Según Bremen
De Mucio, del Centro Latinoamericano de
Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la OPS, hubo un
avance “relevante y valioso”, pero todavía la tasa de mortalidad materna se
mantiene en un nivel “inaceptable”.
El quinto de
los ocho Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), el de mejorar la
salud materna, establecía que la región debía reducir la mortalidad
por maternidad en 75 por ciento para fines de este año, con respecto a 1990,
así como brindar acceso universal a la salud reproductiva.
“Seguir
fomentando el desarrollo humano es la clave principal. Y esto va más allá del
sector salud exclusivamente. El trabajo efectivo sobre los determinantes
sociales de la salud tienen más alto impacto que las intervenciones en salud
aisladas”, dijo De Mucio
a IPS.
“Mejoraremos
los ODM solo si educamos en la dignidad y en el derecho a vivir, que no son
cuantificables”, ratificó Reichenbach.
En la región
las principales causas de muertes maternas podrían reducirse “casi a cero”,
según De Mucio, y siguen siendo los trastornos hipertensivos del
embarazo, las hemorragias e infecciones.
Según la OPS,
las complicaciones maternas son la principal causa de muerte en mujeres entre
20 y 34 años y la mitad de muertes maternas se deben a abortos inseguros, en
una región donde la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en la
mayoría de los países.
“En Argentina
nacen más o menos 700.000 niños por año, y se calcula que hay 500.000 abortos.
Esta última cifra, no esclarecida en el sistema sanitario, es la punta
del iceberg de la mortalidad materna”, precisó Reichenbach.
El pediatra
consideró que 35 por ciento de las muertes maternas en su país son evitables,
por ejemplo con un control adecuado del embarazo.
La norma
argentina establece por lo menos cinco controles, en embarazos de bajo riesgo,
pero en la práctica “no superan los 2,5, y el primero se hace
tardíamente. Hay madres que llegan con siete meses de gestación, a un hospital
público, en una situación crítica”, ejemplificó.
“Las
soluciones no pasan por comprar un tomógrafo computado, sino por dar
condiciones de vida adecuadas, educación, trabajo, un lugar digno para vivir, y
acceso a la salud”, planteó. “Las grandes maternidades (hospitales
especializados) en general solo reparan lo que no se hizo correctamente”,
enfatizó.
La clave, a
su juicio, está en actuar en los estadios básicos de la prestación de salud,
incluidos el de un ambiente adecuado y saneado y el acceso a un sistema
sanitario “que valore los problemas cotidianos” de los pacientes, llegue
a zonas inaccesibles, registrando zonas de riesgo, casa por casa.
También debe
sumar una rápida detección de casos graves, derivados a maternidades con
equipos obstétricos y neonatales esenciales, como quirófano, banco de sangre,
reanimación cardiopulmonar y ambulancias equipadas.
Asimismo,
planteó, se requiere un equipo interdisciplinario donde el médico “sea un
trabajador más”, entre obstetras, enfermeras, trabajadores sociales, agentes
sanitarios “que seguramente harán un trabajo mucho más vinculado con el
territorio y salud”.
El
especialista consideró esencial una distribución “equitativa” de los médicos en
las poblaciones marginadas, como los indígenas, “primeros en el ranking
de los desposeídos” – y los inmigrantes intrarregionales.
En Argentina,
ilustró, hay un médico cada 80 habitantes en Buenos Aires, mientras que solo
existe uno cada 3.000 en El Impenetrable, una gran región boscosa de la
norteña provincia del Chaco.
“Si se
conceptualiza la salud como un derecho, se debe decir todos los niños, madres,
adolescentes, ancianos – los más pauperizados- tienen que estar sanos, y no es
tan difícil que estén sanos”, agregó.
Por ello, se
deben incluir en las políticas de salud soluciones a aspectos como la
inaccesibilidad geográfica, de infraestructura y cultural, que también impiden
que llegue la educación sexual y reproductiva.
“Estamos
hablando del embarazo, pero hay que ver también si ese embarazo se produce como
un fenómeno deseado en la familia o es un accidente, por falta de información o
prácticas culturales, que hacen que una mamá de 30 años tenga siete u
ocho hijos”, consideró.
Ariel
Karolinski, consultor de la OPS en Argentina, señaló a IPS que desde hace 20
años “la razón de la mortalidad materna” se mantiene alrededor de 40 por
100.000 nacidos vivos”, aunque existen grandes disparidades regionales.
Sin embargo,
observó, entre 2010 y 2012, por primera vez Argentina logró una
tendencia decreciente, con una “reducción relativa de 22 por ciento” en la tasa
de mortalidad materna.
Karolinski lo
atribuyó a programas como los denominados Sumar y Nacer, que priorizan las
provincias con peores indicadores, y a medidas como la extensión de
transferencia de renta a las embarazadas, condicionado al cumplimiento de
controles prenatales y de las vacunas.
A nivel
latinoamericano, políticas similares hicieron que países como Bolivia, Perú y
Uruguay, reduzcan su mortalidad materna más de 60 por ciento.
De Mucio
destacó que en el caso de Bolivia y Perú repercutieron “favorablemente los
enfoques de interculturalidad aplicados durante el embarazo, el parto y el
puerperio”, a los que se sumó en Perú la multiplicación de hogares
maternos para mujeres alejadas de los centros de salud.
En Uruguay,
en tanto, “las leyes sobre el aborto (que desde 2012 lo faculta hasta la 12
semana de gestación) han contribuido a hacer casi desaparecer la mortalidad por
esa causa”, destacó.
Sin embargo,
concluyó “no se puede ignorar que la bonanza económica”, contribuyó a mejorar
las condiciones de vida, “directamente relacionado con la reducción de la
mortalidad materna”, acotó el funcionario de la OPS.
VUELO SIN RUMBO
El derribo de aeronaves cargadas de cocaína no es la
solución. Falta combatir la corrupción y mantener la política de erradicación
Inforegión de Perú (www.inforegion.pe)
La posibilidad
de que el Perú retome las operaciones aéreas para interceptar y derribar las
aeronaves del narcotráfico que traspasan nuestra frontera sur oriental como
Pedro en su casa, tiene sus críticas.
El exministro
del Interior, Fernando Rospigliosi, afirma que como tantas otras iniciativas
del gobierno, esta es solo propaganda, y prácticamente imposible que se llegue
a realizar.
“La
interdicción aérea de los años 90 estuvo a cargo de los Estados Unidos. Había
un sistema de aviones radar y varios radares de tierra. Ese despliegue tecnológico
era pagado y operado por los norteamericanos. Eran ellos quienes alertaban a la
Fuerza Aérea Peruana, que por su parte disponía de aviones Tucano para la
interceptación”, señala.
Los
norteamericanos también pagaban la gasolina y el mantenimiento de los Tucano,
así como los gastos de las bases aéreas empleadas en las operaciones. Era un
sistema costosísimo, explica el exministro, que el Perú no puede asumir. Y si
lo hiciera, los narcotraficantes volverían a lo de antes, movilizar sus
cargamentos de cocaína utilizando las vías marítima y terrestre.
“La
interdicción jugó un papel, pero no el principal, en la disminución de cultivos
de coca en el Perú. Lo más importante es que los narcotraficantes colombianos
empezaron a sembrar su propia coca a fines de los años 80, adaptando coca
boliviana y peruana, para no ser dependientes de la ‘materia prima’ nacional”,
puntualiza Rospigliosi.
Por su parte,
el analista en temas de narcotráfico, Rubén Vargas Céspedes, recuerda que entre
1995 y 1999 hubo una severa crisis en el negocio de la cocaína en el país, con
una reducción del espacio cocalero de 110 mil a tan solo 38 mil hectáreas.
“Para algunos
analistas y un sector de las Fuerzas Armadas, este repliegue del narcotráfico
fue por la interdicción aérea que se implementó en esos años. Esta versión
tiene más de mito que de realidad”, indica.
Las operaciones
aéreas comenzaron en 1991 y llegaron a su pico más alto en 1995, hasta el 2001,
cuando había operaciones esporádicas pues el narcotráfico casi había
desaparecido en el segundo quinquenio de la década de 1990.
El monitoreo de
coca de Naciones Unidas dice que la caída comenzó en 1995, cuando la
interdicción aérea ya había bajado. En realidad, la muerte de Pablo Escobar y
el desmantelamiento del cártel de Medellín; más la extradición a EE.UU. de los
hermanos Rodríguez, dueños del cártel de Cali, redujeron la demanda de coca
desde el Perú.
“La ausencia de
compradores hizo que el precio de la coca baje de 2,5 a 0,4 centavos de dólar
el kilo, muy por debajo de sus costos de producción. Esto y no los aviones
ocasionaron el abandono masivo de los cultivos de coca”, sentencia.
“En el Vraem el
gobierno perdió la brújula en lo que a enfrentar al narcotráfico se refiere.
Precisamente por ello se comienza a invocar a la interdicción aérea como la
panacea que nos podría volver a dar un segundo milagro. Para no ser
aguafiestas, pongámonos en el escenario de que se derriben todos los aviones
que se atrevieron a cruzar nuestras fronteras. ¿Eso traería como consecuencia
la retirada del narcotráfico? No. Recordemos que hasta el 2008 la ruta de la
cocaína era la terrestre y la fluvial. Si cortáramos el puente aéreo, ¿qué les
impediría volver a sus antiguas rutas?”, señala.
El problema es
que no hay un responsable de las 200 toneladas de cocaína que salen anualmente
del VRAEM, pese a que allí están y operan con jugosos presupuestos, el Comando
Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Antidrogas, el Ministerio de
Agricultura y Riego; y el comisionado para la Paz y el Desarrollo, entre otras
entidades del Estado.
DATO
La interdicción
aérea sirvió para colocar una valla más alta al negocio. La misma utilidad
podría tener también ahora, y si formara parte de una estrategia integral
podría ser un arma muy potente. Pero por sí sola, igual que la erradicación, no
sirve de mucho.
BITÁCORA
Para frenar el
flujo de avionetas procedentes de Bolivia, lo mejor sería consolidar un sistema
de colaboración entre los países involucrados. Sin embargo, esa estrategia será
difícil de ejecutar pues el vecino país padece de altos niveles de corrupción y
se ha convertido en el destino actual de la mayor parte de la droga que sale
del VRAEM.
Por otro lado,
el interés de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas procedentes de
Sudamérica ha decaído mucho, pues la cocaína peruana no abastece el mercado
norteamericano, sino que se va a Europa, América Latina e incluso a países del
Asia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario