“OLVIDADOS”, LA POLÉMICA PELÍCULA BOLIVIANA CANDIDATA AL OSCAR 2015

Ya iniciada la temporada de premios hollywoodenses, se acerca el momento de conocer las películas nominadas a Mejor Filme Extranjero para los Premios Oscar 2015.

En un artículo reciente del diario Los Angeles Times se especula sobre 6 películas que suenan fuerte para quedar en la lista final de nominadas. Ahí se incluye a la archipopular “Relatos salvajes”, de Argentina; y para sorpresa de no pocos, también a la boliviana Olvidados (Forgotten), una superproducción dirigida por el mexicano Carlos Bolado.

“Olvidados” se propone abordar los hechos ocurridos durante el infame Plan Cóndor, llevado a cabo por las dictaduras militares en Latinoamérica con apoyo de la CIA en las décadas de 1970 y 1980. La película, que aún se encuentra en cartelera en Bolivia, ha causado polémica por su tratamiento de tan delicado episodio de la vida política y social de nuestra región.

A continuación presentamos un texto crítico escrito por nuestra colaboradora boliviana Mary Carmen Molina:

Olvidados: Fracasos para la restitución histórica

En agosto de este año, las Abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto número 114. En noviembre de 1977, durante la última dictadura militar en Argentina, Laura Carlotto fue secuestrada por un grupo de tareas cuando estaba embarazada. En cautiverio, el 26 de junio de 1978, dio a luz un niño, al que llamó Guido. Luego, fue asesinada y, ese mismo día, su cuerpo fue entregado a su madre, Estela de Carlotto. Después de 36 años de búsqueda, Estela, ahora presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, encontró a su nieto. “Es una reparación, para él, para nuestra familia, para la sociedad en su conjunto”, dijo la abuela al anunciar la noticia.

Casualmente, junto a esta reparación histórica se ubicó en el contexto boliviano el estreno de Olvidados, película coguionizada, producida y protagonizada por la actriz, modelo y productora Carla Ortiz, sobre la ‘Operación Cóndor’ que implementaron las dictaduras militares en Latinoamérica, los crímenes y represiones que se gestaron a partir de esta sanguinaria congregación política y, en particular, la historia de apropiación-secuestro de un menor en Argentina.

Con un aparato de marketing y prensa casi incomparable en el medio, la película se presentó como una interpelación para la recuperación de la memoria. “¿Te atreves a recordar?”, eslogan de la cinta, es, antes de verla, un enganche comercialmente efectivo, pero políticamente un tanto mediocre. ¿De pronto la urgencia histórica deviene atrevimiento curioso que sostiene la cadena de consumo?, ¿dónde cabe esta pregunta sino en la seducción fácil de un espectador en el que conviene preservar la ingenuidad? Sin embargo, los alcances de este slogan y la información difundida sobre la película se quedan cortos en la sala de cine, donde el despliegue de una ostentosa producción no termina de obnubilar al espectador y cubrir el desconcertante discurso de condonación de culpas y crímenes.

Desde un inicio, el montaje de las imágenes trabaja la articulación entre tiempos y espacios diferentes: pasado y presente confluyen a través de los personajes y sus historias, en el cruce del respaldo de las imágenes de archivo y la escenografía de lo contemporáneo. Estas historias viajan por el continente, de un país a otro: ágiles y serviles, las imágenes ilustran el flujo y la consolidación de acuerdos, poderes y personas que sostuvieron el Plan Cóndor. La didáctica de este planteamiento es deducible e, incluso, aburrida: la idea parece ser ubicar al espectador en un terreno distante a la realidad que ve en pantalla y, de esta manera, presentar la trama sin cargas subjetivas que participen en la comprensión de las imágenes y las interfieran.

Rápidamente, la película va descubriendo el punto de vista desde el que emana la narración, en los personajes del Coronel José Mendieta y Lucía, secuestrada y torturada por la dictadura. Viejo y solo, el coronel pasa sus últimos días en Bolivia, atormentado por los fantasmas del pasado, imágenes de angustia y desesperación que lo conducen hacia una suerte de catarsis: aunque parte de un operativo criminal, el coronel es una persona que cometió errores y está arrepentida. La voluntad de borrar y reparar el pasado sería suficiente para dejar de lado la condena a la impunidad.

El hecho de que sea él el personaje central de la película implica que, de manera sutil, el espacio privilegiado de la trama sea el de los altos mandos militares: conocemos de cerca los detalles del Plan Cóndor y no tan de cerca el movimiento social que éste reprimía. De este lado de opositores al régimen militar, Lucía es la figura central: ella es la esposa de un periodista europeo relacionado con grupos opositores socialistas, no una opositora activa. No es casual la lateralidad de este personaje: esta decisión narrativa la ubica en un lugar ambiguo, que conviene para la preservación de la mirada apolítica que busca la trama. Aquí reside el peligro de este discurso: lo apolítico es una vía de lectura insólita y poco justa para la realidad de crimen e impunidad de los regímenes dictatoriales. Esta osada mirada tiene su momento culminante en una escena, en la que un personaje equipara la criminalidad del régimen dictatorial militar con el “radicalismo” de sus opositores, entregados a ideales inútiles por los que no valdría la pena luchar.

Lo insólito se vuelve incorrecto y ofensivo en las secuencias que muestran las torturas que sufrieron los secuestrados y desaparecidos. La pretensión de fidelidad histórica –presente, por ejemplo, en la intención del uso de imágenes de archivo– halla una desafortunada ruta en la búsqueda de realismo en estas secuencias: violencia y sangre excesivas, en imágenes repetitivas y dilatadas innecesariamente, revelan torpeza en la comprensión de la responsabilidad de la representación de estos hechos históricos. Al parecer, a mayor cantidad de golpes y sangre, mayor fidelidad o correspondencia con la realidad, en la visión violenta de esta mirada, que no revela características diferentes a las de cualquier película comercial de acción, terror o gore. La violencia es gratuita, no restaurativa, es ofensiva porque su realismo no responde a la condena si no al afán de la seducción del espectáculo.

El aplauso para la calidad del trabajo de actores, actrices, técnicos y profesionales del cine en Bolivia se enmudece completamente cuando descubrimos la consolidación de una propuesta narrativa y ética que no es responsable con la historia, que no recurre a la memoria para restaurar el presente sino para relativizar la injusticia y criminalidad de los hechos, a favor de quienes asesinaron impunemente y dejaron una huella de violencia y represión en la historia de Latinoamérica.

Crítica originalmente publicada en el periódico mensual ‘El Desacuerdo’, en agosto de 2014. Reeditada en Extravío. Acercamientos críticos a Olvidados, publicación digital de Cinemas Cine y la Escuela Popular para la Comunicación, puesta en línea en agosto.

Crítica originalmente publicada en el periódico mensual ‘El Desacuerdo’, en agosto de 2014. Reeditada en Extravío. Acercamientos críticos a Olvidados, publicación digital de Cinemas Cine y la Escuela Popular para la Comunicación, puesta en línea en agosto.  (www.cinencuentro.com)

LUCHA CONTRA MINERÍA ILEGAL DE ORO EN PERÚ CREA NUEVA RUTA DE CONTRABANDO POR BOLIVIA

Agencia Reuters de Londres (www.lta.reuters.com/article)

                                                         

La mano dura contra la minería ilegal de oro en Perú ha creado nuevas rutas de contrabando por su porosa frontera con Bolivia, con algunas bandas usando "mulas humanas", carros blindados y avionetas para evadir su captura.

El oro es transportado a través de la selva, bosques y el lago Titicaca que comparten Perú y Bolivia, y es vendido a comercializadores del metal precioso para exportarlo desde la capital boliviana, La Paz, dijeron autoridades peruanas.

Bolivia, un productor de oro relativamente pequeño que no ha desarrollado nuevas grandes minas en el 2014, exportó oficialmente 24 toneladas de oro entre enero y agosto, según datos de la agencia de estadísticas de Bolivia.

Eso es seis veces más el volumen de oro producido en los primeros siete meses del año y más de tres veces del volumen total exportado en todo el 2013, lo que ilustra cómo el oro peruano está siendo desviado.

Casi todo el oro exportado de Bolivia fue enviado a Estados Unidos, según datos del Gobierno.

El Gobierno del presidente peruano, Ollanta Humala, lanzó a fines del año pasado medidas drásticas para controlar la bonanza de la minería ilegal de oro de la última década, cuya actividad ha destruído miles de hectáreas de bosques amazónicos y ha contaminado sus ríos con mercurio.

Pero la proliferación de las rutas de contrabando en Bolivia muestran cuán difícil es erradicar la minería ilegal si no hay una mejor coordinación entre ambos países.

"Ellos se mueven mucho más rápido que nosotros", dijo el intendente de control aduanero peruano Gustavo Romero, quien está investigando el comercio ilegal de oro.

"Cerramos una puerta y ellos ya han abierto otra", agregó.

Funcionarios de la aduana y autoridades del sector minero de Bolivia declinaron hacer comentarios.

Mineros de oro legal en Perú reportaron 178 toneladas de oro para exportación el año pasado al Gobierno. La aduana peruana sin embargo, registró exportaciones por 290 toneladas.

Una fuente del ministerio dijo que la diferencia de 112 toneladas, con un valor de unos 3.000 millones de dólares, fue mayormente atribuída a la extracción de oro por mineros ilegales que se filtraba a la cadena de exportaciones de Perú.

"Lo que no podíamos permitir era que bajo nuestras narices, por nuestra principal puerta, salía todo ese flujo de oro ilegal", dijo Romero.

"Pero con Bolivia tenemos 1.000 kilómetros de frontera, y todos esos kilómetros son totalmente transitables", agregó.

Al ser consultado acerca de si el oro peruano está siendo contrabandeado a Bolivia para su exportación a Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Interna estadounidense dijo que Washington y Lima estaban discutiendo compartir datos comerciales para investigar lavado de activos.

MULAS Y CARROS BLINDADOS

Un traficante de oro que contrabandea el mineral por Bolivia afirmó que si bien los mineros ilegales han sido golpeados en la región amazónica de Madre de Dios, en el sureste de Perú, la producción mensual de minas ilegales peruanas sólo se habría reducido a entre 4 y 5 toneladas desde las 8 toneladas antes de las medidas.

"Nos hemos llevado el oro por motocicleta, por mula, por carros blindados y nunca por el mismo camino", dijo el traficante. Una vez que el oro cruza a Bolivia, es dejado en casas seguras antes de ser enviado a los compradores.

El traficante, quien habló con Reuters bajo la condición de anonimato, dijo que la ruta más segura para evitar asaltos de cargamento por parte de bandidos en la frontera, era llevar el oro a Bolivia usando avionetas.

Las leyes peruanas prohiben al Gobierno derribar pequeñas aeronaves.

"El oro es pesado y puede desbalancear una avioneta, entonces puedes sólo transportar hasta 200 kilos en cada vuelo", dijo el traficante. "Pero eso es más seguro que por tierra", agregó.

El contrabando de oro a Bolivia implica un cambio de lo que sucedía antes, cuando el mineral boliviano se transportaba a Perú para evitar impuestos, dijo Hector Córdova, un ex ministro de minería del presidente boliviano Evo Morales.

Las interdicciones en la minería ilegal son el esfuerzo más reciente de Perú para intentar controlar una fiebre del oro en la selva amazónica, a donde migran trabajadores, a menudo de empobrecidas zonas andinas, que se sumergen en los ríos en busca de pepitas de oro.

Perú ha introducido nuevos requisitos para empresas exportadoras del mineral y ha restringido el combustible y mercurio usado en zonas de minería ilegal. Además, ha enviado tropas para destruir maquinarias en minas no autorizadas.

En junio, el entonces responsable contra la minería ilegal, Daniel Urresti, declaró que la mayoría de la minería en Madre de Dios se había erradicado. Poco tiempo después, el general del Ejército retirado fue promovido como ministro del Interior.

Sin embargo, Urresti dijo recientemente que tenía conocimiento de la proliferación de bandas de traficantes en Puno, en la frontera con Bolivia. El ministro afirmó que grandes números de personas cruzaban la frontera cargando pequeñas cantidades de oro, en un contrabando "tipo hormiga".

La llegada del oro peruano a Bolivia inunda el mercado local y deprime los precios, dijo Edmundo Polo, jefe de Ferreco, una federación de mineros de oro de menor escala en Bolivia.

Por eso, los mineros locales a menudo tienen que esperar hasta que el oro peruano no esté disponible en el mercado local antes de poder vender el suyo.

"Nuestros propios compradores de oro compran el metal a los peruanos. No es ningún secreto", dijo Polo.

Parte del salto en las exportaciones de oro de Bolivia este año podría ser porque menos oro boliviano se está traficando a Perú, o porque Bolivia ha logrado que menos firmas exportadoras escondan el mineral en envíos de "desperdicios" para evitar pagar regalías.

"Pero demasiado oro está siendo exportado para que eso explique la diferencia", dijo Córdova. "Es por las medidas que está tomando Perú", agregó.  (www.lta.reuters.com/article)

DEMANDA BOLIVIANA: ¿POR QUÉ EL TRATADO DE 1904 NO ES TEMA?

El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl/opinion)

                                                                      

Una de las cosas interesantes que suelen preguntarse los chilenos todos los días es ¿de qué realmente se trata la Demanda Boliviana?, ¿por qué dicen algunos que es el tratado de 1904 y otros lo niegan?

La verdad es que el objetivo de la demanda boliviana no tiene nada que ver con el tratado de 1904. Es más, este tratado se encuentra en plena vigencia y jamás se ha presentado alguna nota de protesta sobre el mismo. Por lo cual la estrategia chilena al demostrar el cumplimiento del tratado hace unos meses mediante un libro pequeño fue excelente, ya que le dio una orientación al cumplimiento estricto del derecho internacional público en el marco normativo interno, económico, internacional y diplomático a nivel mundial.

Pero, si no es el tratado, ¿cuál es el fin de la demanda?

La demanda boliviana dice: “La obligación de negociar de buena fe una salida soberana al mar”. Bien, debemos desmenuzar esta frase para entender de una mejor manera. Por lo cual, tenemos que establecer que existen dos tipos de obligaciones señaladas en esta frase: una de negociar y otra de resultado. La primera es avalada por los Actos Unilaterales, fuentes de derecho internacional que no se encuentran en las fuentes formales de este derecho, sino que como una fuente auxiliar. La promesa, como acto jurídico unilateral, es válido. Así lo ha establecido la Corte Internacional de Justicia en diferentes casos o disputas que se han presentado, tales como: caso ensayos nucleares, caso Ihlen, etc., y entre otros que no llegaron a la CIJ, como cartas, etc. Respecto de la segunda obligación, estamos hablando sobre un resultado que Bolivia espera al judicializar la demanda: acceso con soberanía al mar. La pregunta es ¿realmente procedente esta petición? Realmente, no. Ya que no existe algún caso en derecho internacional donde un país obligue a condicionar una negociación, además de obligarlo a negociar. Este punto no tiene fundamento jurídico.

Pero tan fácil no es desarrollar y llegar a estas conclusiones, ya que la obligación de resultado depende –como accesoria– de la obligación de negociar –obligación principal–. En este punto, debemos entender que los Actos Unilaterales que Chile realizó se encuentran en distintos puntos de nuestra historia: 1895, 1920, 1950 y 1975.

La primera estrategia boliviana (1895) fue apuntar hacia el pretratado de 1904, pero la verdad es que dejaron a un lado esta posición, ya que las negociaciones fueron frustradas tanto por Bolivia como Chile. Lo que se tradujo finalmente en el tratado de 1904, el cual jamás fue interpuesto a la fuerza, lo que consta en las actas de ambos países.

Aproximadamente en 1920, la situación fue distinta, ya que Bolivia presenta en la Sociedad de las Naciones una demanda intentando una salida al mar, lo cual fue desechado. Con el tiempo, también prefirió pedir Antofagasta en vez de Arica –ya que Chile se lo había ofrecido–, pero esto finalmente frustró todo. Consecuencia de ello, fue creado el Tratado de Lima de 1929 con Perú.

En 1950, muchos señalan las notas diplomáticas como la gran negociación y a pesar de que existió una promesa de negociar, está se frustró, ya que en Bolivia hubo revueltas civiles que llevaron a desestabilizar nuevamente el país. Por el otro lado, Chile estaba en periodo de termino de un gobierno y el principio de otro (los de González Videla e Ibáñez). Por lo tanto, todo quedó, nuevamente, en nada.

Por último, en 1975 –y creo que es el punto crítico–, tal como lo dijo el ex presidente boliviano Meza: se estableció en la negociación de Charaña una promesa de salida al mar “concreta y cierta”. Dos palabras que se tratarán de ocupar en el alegato y que, a pesar de ser cierta y concreta dicha promesa, está sufrió un revés gigante con la negativa de Perú, ya que el tratado de 1929 establecía que este último también debía decidir sobre la salida al mar para Bolivia. La cual fue negada por el tercer país.

Fue así como hasta el día de hoy Bolivia ha alegado cada negociación como una falta de buena fe y compromiso de nuestro país. Pero ¿es realmente cierto esto? No, ya que la negociación de 1975 establece algo cierto y concreto: existe un cambio de circunstancias e imposibilidad para cumplir el Acto Unilateral.

De los diferentes estudios sobre Actos Unilaterales de los Estados podemos encontrar que dentro de ellos existe la modificación o revocación. Este mecanismo fue establecido por el mismo relator, Víctor Rodríguez Cedeño, de la Comisión de Derecho Internacional, en virtud del mandato de las Naciones Unidas, para regular actos unilaterales. Si bien no se estableció una regulación completa de Actos Unilaterales de los Estados, sí dijo que dentro de la doctrina existen modificaciones y revocaciones. ¿Por qué? Porque los actos unilaterales no pueden ser perpetuos. Es más, la revocación para que proceda dependerá de uno de los tres factores específicos: 1) Si es que la consienten ambos Estados; o 2) que existe una imposibilidad de ejecutarlo; o, 3) que haya ocurrido un cambio de circunstancias. Por lo tanto, Chile tiene como demostrar que existe una imposibilidad por el Tratado de 1929 a un acceso por Arical, y el cambio de circunstancias que significó no haber reclamado antes de 1929 este acceso y haber cambiado de opinión por parte de Bolivia.

Por otro lado, la aceptación de la CIJ de la obligación de negociar significaría un caos a nivel mundial, ya que nadie podría o querría negociar cualquier cosa, ni siquiera en los foros mundiales, todo por la obligación a negociar que puede ser condicionada.

En conclusión, el Tratado de 1904 no es tema, sino que son los Actos Unilaterales los que quieren modificar este mismo acuerdo. Y Chile, por lo menos esta vez, tiene todo para ganar ante la Corte Internacional de Justicia direccionando su estrategia a la revocación o modificación de estos actos, estableciendo a la vez que “sutilmente” Bolivia quiere anular o modificar el Tratado de 1904 a través de una sentencia de la CIJ.

DETRÁS DE UNA DEMANDA BOLIVIANA

Chile enfrenta en La Haya un reclamo que pone en amenaza a la estabilidad de su frontera

El País de España (www.internacional.elpais.com)

                                                

Recientemente, Bolivia presentó una demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, solicitando a dicho tribunal que obligue a Chile a negociar y en definitiva conceder una salida soberana al mar.

La salida soberana por territorio chileno que pide Bolivia necesariamente implica una modificación no-convenida del Tratado de Paz y Amistad de 1904, que fijó las fronteras entre Chile y Bolivia y determinó un generoso régimen de acceso no soberano de Bolivia al mar. Por tanto, la demanda representa una amenaza a la estabilidad de las fronteras, así como al principio básico del derecho internacional de la observancia de los tratados.

El Gobierno de La Paz ampara su demanda en el Pacto de Bogotá, pero el artículo VI de ese pacto excluye de la jurisdicción de la Corte los asuntos resueltos o gobernados por tratados previos a su suscripción, efectuada el año 1948. Bolivia sostiene que su demanda no toca el tratado de 1904; pero lo cierto es que aun cuando evita mencionarlo, sus peticiones afectan de raíz lo que dicho tratado resolvió y gobierna hasta hoy.

Bolivia argumenta que Chile estaría obligado a otorgarle acceso soberano al mar producto de los diálogos sobre el tema que ambos países han sostenido a lo largo de la historia. El Gobierno de La Paz confunde así una aspiración con un derecho. Un derecho así de trascendente, que afecta nada menos que la integridad territorial de un país y los tratados vigentes, no se puede inferir a partir de negociaciones y diálogos que no fructificaron. De ser cierta la hipótesis boliviana, ningún país dialogaría con otro por el temor a que las fórmulas de acuerdo que se exploren, si fracasan, se conviertan posteriormente en obligaciones para dicho Estado.

Hay un asunto adicional. Cada vez que Chile, en el marco de negociaciones políticas, formuló propuestas para satisfacer la aspiración marítima boliviana, las conversaciones fracasaron por causas ajenas a la voluntad de Chile, la mayoría imputables a la política interna boliviana.

El destacado diplomático boliviano Walter Montenegro sostiene en su libro 'Oportunidades perdidas: Bolivia y el mar' que es necesario reconocer que los propios bolivianos han contribuido a esa serie de negociaciones frustradas; por su parte, el excanciller Armando Loayza ha argumentado que en el fracaso de las negociaciones bilaterales, Bolivia ha tenido “una responsabilidad muy alta”.

Bolivia quiere hacer creer a la comunidad internacional que se encuentra enclaustrada. La realidad es diferente. Bolivia goza de un irrestricto acceso al mar, de manera no soberana.

En virtud del ya mencionado Tratado de 1904, Chile reconoció a favor de Bolivia “el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”. Este régimen fue ampliado por la Convención de Tránsito de 1937 a “toda clase de carga y en todo tiempo sin excepción alguna”.

Bolivia ejerce potestad aduanera sobre las cargas provenientes o manifestadas a su país y hasta dispone de sus propias instalaciones y personal de aduanas en los puertos chilenos.

Nuestro país también exime del Impuesto al Valor Agregado a los servicios a las cargas bolivianas en tránsito, con lo cual se otorga a Bolivia una ventaja superior a las concedidas por la comunidad internacional a los países sin litoral. Además, Bolivia goza de almacenamiento gratuito hasta por un año para la carga de importación y 60 días para la carga de exportación. Este beneficio no se aplica ni para las cargas chilenas, ni para las cargas de terceros países.

Chile construyó, con cargo a sus propias arcas fiscales, un ferrocarril y línea férrea para unir el puerto de Arica con La Paz. El ferrocarril ha prestado servicios de transporte de carga y, en diversas épocas, también de pasajeros.

Pero más allá de lo que señala la historia y los claros hechos, el Gobierno de Chile está convencido de que el desarrollo de América Latina pasa en forma importante por erradicar los fantasmas del pasado y girar la vista hacia adelante. La demanda boliviana en nada ayuda a tal propósito.

Chile y Bolivia tienen pendiente el desafío de construir relaciones de futuro. Dejar atrás el siglo XIX para entrar definitivamente al siglo XXI.

Heraldo Muñoz es canciller de Chile

BOLIVIA: ASEGURAN QUE SANTA CRUZ ES BASE DE LOS CARTELES DE LA COCAÍNA

El investigador boliviano en temas de seguridad y narcotráfico Roberto Méndez aseguró que los carteles internacionales del narcotráfico han instalado oficinas de cobros en Santa Cruz de la Sierra.

La Capital de Argentina (www.lacapital.com.ar)

                                                              

El investigador boliviano en temas de seguridad y narcotráfico Roberto Méndez aseguró que los carteles internacionales del narcotráfico han instalado oficinas de cobros en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, algo que niegan las autoridades.

En el libro "Sicarios y poder", que será presentado en los próximos días, Méndez habla de los vínculos de Bolivia con redes internacionales del narcotráfico como país productor de la hoja de coca, insumo básico de la cocaína. "En Bolivia y particularmente en Santa Cruz (hay) carteles (que) han establecido oficinas de cobros. Por eso hay sicarios", anticipó por Twitter el investigador, que además es abogado y que como periodista cubrió durante 20 años el tema narcotráfico en Bolivia. El estudio está respaldado con estadísticas sobre secuestros y muertes en los últimos dos años en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la más poblada de Bolivia.

Sin embargo, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, negó que existan operadores de los cárteles internacionales de droga en Bolivia. A pesar de esto, la unidad de inteligencia de la policía antidrogas reportó el aumento en Santa Cruz de ciudadanos de Colombia, México y Brasil con probables vínculos con el narcotráfico. El viceministro Cáceres, por otra parte, admitió que aumentó el tráfico de "cocaína peruana" por el lago Titicaca para su posterior traslado a países vecinos. Cáceres es un ex cultivador de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, como el presidente Evo Morales. Los operativos antidrogas en Bolivia decomisaron un 48 por ciento más de cocaína de enero a octubre de este año en relación con 2013, según datos del viceministerio de Defensa Social de Cáceres. Bolivia,a Colombia y Perú son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína.

UN TELEFÉRICO PARA UNIR DOS REALIDADES ANTAGÓNICAS EN LA CAPITAL DE BOLIVIA

El Diario 24 de Argentina (www.d24ar.com/nota)

                                                                   

A partir de una inversión de casi 235 millones de dólares, las distancias entre La Paz y El Alto, en Bolivia podrán recorrerse en muy poco tiempo gracias a la instalación de un moderno teleférico.

Esta infraestructura, inaugurada en mayo y que está por estrenar su tercera línea, la verde (hay ocho planificadas para el futuro), ha reducido significativamente el tiempo de viaje, convirtiéndose en uno de los medios de transporte más populares de la capital y en símbolo del desarrollo económico.

Según sus creadores, también está ayudando a interconectar las distantes realidades de este rincón de Bolivia, y esperan que el teleférico pueda ayudar a la integración de los barrios y su población del mismo modo que el metro lo hizo a comienzos del siglo pasado en ciudades de Europa y Estados Unidos.

Las estaciones del teleférico se encuentran a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar. El servicio ha transportado a unos 5 millones de pasajeros desde su inauguración, que pagan US$0,40 por viaje.

BOLIVIA CONTINÚA LIDERANDO LA EXPORTACIÓN DE QUINUA SEGUIDO DE PERÚ

Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org)

El país de Bolivia, sigue con mayores exportaciones de quinua, ubicándolo en el primer lugar, mientras que Perú se ubica en el segundo, reveló Grimel Álvarez Flores, del área de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno.

Detalló, que Perú exporta la quinua a Estados Unidos (EEUU), y Canadá y en pequeña cantidad a Europa, sin embargo a nivel mundial se sigue consagrándose como los primeros productores de esta especie.

Dijo, que el comportamiento de la producción de la quinua en los últimos diez años se ha incrementado de quince mil toneladas en el 2000 al 37 mil toneladas en el 2014 aproximadamente.

“También se ha incrementado el rendimiento por hectárea, en el año 2000 teníamos un rendimiento de 827 kilos por hectárea, pero comparando en el año 2014 hemos tenido un rendimiento de más de mil kilos por hectárea, lo cual es un indicativo de que nuestra productividad está en aumento, sin embargo se hacemos comparaciones a nivel nacional vemos que Puno hace cinco años representaba en promedio 68% de la producción nacional, pero en este año hubo estimaciones que representa aproximadamente entre 45 a 49%”, incidió.

Asimismo, refirió que Puno hasta abril de este año ha tenido una exportación en el rubro de agro de 0.4 millones de dólares, entre ellos está la quinua que ya son productos con valor agregado como la perlada.

ESFA PUNO: BANDAS DE PUNO DUPLICAN EN CALIDAD A LAS DE BOLIVIA

Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org)

                                        

Para director de la Escuela Superior de Formación Artística ESFA Puno, José Domingo Calizaya Mamani, la no llegada de bandas bolivianas a la Festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria no afectarían las celebraciones, pues afirma que las bandas de Puno duplican en calidad a las de Bolivia.

“Puno tiene músicos de alta calidad”, afirma Calizaya ante la amenaza de las bandas bolivianas de no venir a Puno por la postulación ante la UNESCO de la Festividad de la Candelaria. “Las bandas orquesta de Puno tienen un reparto instrumental que duplica la calidad interpretativa de los bolivianos”, indicó Calizaya.

Asimismo, menciona que la Festividad de la Santísima Virgen de la Candelaria se base en hechos históricos que forman parte de Puno, que reúne la cosmovisión andina y la religión católica.

Por otro lado, indica que falta un registro de todas las danzas nativas y mestizas que se tiene en Puno, pues esto ha dado pie al reclamo de los bolivianos. Ante ello, señaló que desde el ESFAP se planteó al Gobierno Regional realizar esta labor.

¿LA CANDELARIA TIENE DANZAS BOLIVIANAS?

A más tardar este viernes, la Unesco decide si esta festividad religiosa de Puno pasa a ser Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde el país vecino se denuncia que el Perú se ha apropiado de bailes suyos para avalar la candidatura.

Publimetro de Perú (www.publimetro.pe)

                                        

La Festividad de la Virgen de La Candelaria de Puno, conocida por sus coloridas danzas y bandas de músicos, está optando a engrosar la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de de la Unesco. La decisión que adopte esta entidad de las Naciones Unidas para la educación y la cultura llegará desde París a más tardar el próximo viernes 28.

En su análisis, la Unesco deberá tener en cuenta una objeción formal presentada por Bolivia a principios de mes contra la candidatura peruana. El país vecino esgrime que, en un video promocional de la festividad religiosa, el Perú presenta danzas bolivianas como propias.

Según el director del Centro Universitario de Folklore de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (UNMSM), Carlos Sánchez, un pequeño grupo de las danzas que se bailan en La Candelaria, que él estima en un máximo del 10%, tiene orígenes compartidos en los dos países.

“Se comparten bailes como la llamerada, la kullawada y la waca-waca, que tienen su origen en la época colonial, cuando toda esa zona geográfica era un mismo territorio. Pasó el tiempo y con las repúblicas se impusieron fronteras políticas arbitrarias que cortaron un espacio cultural homogéneo”, le explicó a Publimetro.

Para este especialista, Bolivia tendría solo un “único sustento” para cuestionar la candidatura peruana: la danza de los caporales. “Nace en La Paz y es muy difundida por todo el continente. Pero es un lunar en medio del resto de bailes de la festividad”.

Al igual que Sánchez, la investigadora cultural Gledy Mendoza, de la Dirección de Investigación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, ensalza los valores culturales entre ambos países.

“Compartimos muchas manifestaciones culturales desde tiempos inmemoriales. Las fronteras no son significativas en ese sentido para determinar propiedades”. Sánchez y Mendoza consideran que los orígenes comunes de las danzas de La Candelaria no deslegitimizan la candidatura peruana, ya que estas forman parte de una manifestación cultural más amplia.

“El Perú está en todo su derecho de solicitar la declaración a la Unesco por el significado, la magnitud religiosa y cultural de la festividad de La Candelaria. Es derecho de todos los pueblos hacerlo con sus manifestaciones relevantes”, dice Mendoza.

Por su parte, Sánchez pide no perder de vista que la solicitud del Perú “no busca reconocer las danzas, sino a la fiesta de La Candelaria en sí”.

Desde el pasado lunes, un comité intergubernamental se reúne en París para evaluar 46 expedientes de países que quieren inscribir en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial alguna tradición local de trascendencia para el mundo.

AGUA MAS ALLÁ DEL ESTADO

Rebelión de España (www.rebelion.org)

                                

Los comités de agua de Bolivia defienden sus formas organizativas horizontales y participativas, frente un Estado cada vez mas centralizado.

La autonomía y horizontalidad son parte de las formas tradicionales organizativas de los bolivianos. Juntas constituyen una manera real, práctica, cotidiana de entender lo público y de vivir la democracia participativa siempre al margen del Estado y de los gobiernos de turno.

Los comités de agua de la zona sud de la ciudad de Cochabamba, la cuarta ciudad mas grande de Bolivia, son el epitome de las formas autonómicas y horizontales bolivianas. Esta red todavía activa, se volvió visible después de la ‘guerra del agua’ del 2000., cuando una movilización popular de gran escala detuvo los intentos de privatizar el sistema publico de agua de la ciudad.

Mientras muchos asocian la guerra del agua con la noción de verdadera democracia, esta descripción pudiera poseer una contradicción en si misma: una guerra –cualquier guerra- implica violencia, pérdida de energía y recursos, muertes, desacuerdo y la democracia (como la conocemos en Occidente), tiene la función de precisamente evitar todo aquello. Pero el conflicto no fue una simple batalla por la defensa de un recurso. Uno de los principales motivos de tal(es) conflicto(s) fue precisamente la histórica y permanente lucha de las y los bolivianos por defender su derecho a decidir de una manera horizontal y autónoma sobre sus propias necesidades, es decir: su imperiosa y siempre pospuesta necesidad de vivir en verdadera democracia.
En septiembre de 1999, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba (SEMAPA) fue vendido al consorcio Aguas del Tunari, una empresa que tenía como socio mayoritario a la corporación Bechtel. Esto fue el corolario de un proceso largo de ajustes estructurales guiados y auspiciados por el Banco Mundial y El Fondo Monetario Internacional desde mediados de los años 80’s en los países latinoamericanos, incluida Bolivia. Des pues de la privatización, los ciudadanos del valle boliviano empezaron a enfrentar aumentos excesivos de las tarifas, al mismo tiempo que las cooperativas y comités de agua se encontraron administrando servicios de agua sin concesiones estatales, lo que significaba que Aguas del Tunari podía enjuiciarlos por competencia ilegal y podía también apropiarse de esos sistemas.

Este panorama siniestro dio origen a la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida (comúnmente llamada Coordinadora del Agua). Después de varios meses de negociaciones con el Estado y confrontaciones con las fuerzas armadas, la Coordinadora, logró expulsar a la compañía.

Muchas realidades se hicieron visibles por primera vez y con claridad a partir de la Guerra del Agua del año 2000 en Cochabamba. Por ejemplo, un sinfín de formas de organización que no están regidas por las estructuras occidentales de democracia, un caso es el de los Comités de agua de la ciudad de Cochabamba, que fueron centrales en el actuar de la Coordinadora del agua y que a partir de los enfrentamientos del 2000 y junto a los demás sectores que participaron activamente en aquellos hechos, establecieron redes de contacto entre sí e iniciaron procesos de coordinación y cooperación mutua.

Los Comités de agua de Cochabamba son particularmente tradicionales de la zona Sur de esta ciudad, pero se encuentran en toda el área periurbana de la ciudad La zona sur está compuesta por seis distritos y que tiene la mitad de la población de la ciudad: hablamos de mas de doscientos mil habitantes. Esta zona tiene entre cien y ciento veinte Comités de agua a los que se suman 400 en toda el área metropolitana de Cochabamba de acuerdo a Stefano Archidiacono de la ONG CeVI. Entonces estamos hablando de miles de personas organizadas alrededor—pero no exclusivamente—del agua.

Aunque en Bolivia no existen dos servicios que operen de la misma manera, está claro que en el caso del agua, las organizaciones del tipo de los Comités, mantienen la visión del agua como un ser viviente, divino; como la base de la reciprocidad y la complementariedad. Un ser que es de todos y es de nadie, un ser que es visto como una expresión de flexibilidad y adaptabilidad, quien ayuda a la naturaleza a crear y transformar la vida y permite la reproducción social. El desarrollo de las asambleas de estos Comités de agua reflejan esos usos y costumbres de la comunidad, estas organizaciones son una manera de crear comunidades, similares a las que existen en las zonas rurales, en la urbe.

Muchos han registrado los orígenes de las practicas autónomas adoptadas por los comités de agua hasta el imperio incaico, pasando por la colonia, hasta nuestros días. Como resultado, los comités de agua son a menudo considerados expresiones modernas de practicas comunales antiguas.. En un articulo de Bolpress del 2001 titulado Estado y Autonomía en Bolivia, una Interpretación Anarquista, Carlos Crespo explica que la autonomía en Bolivia, “no es un ideal a conseguir, sino una práctica cotidiana de los pueblos, comunidades y grupos de afinidad”. Estos procesos horizontales, han sido desde siempre la práctica social y política del boliviano en relación al Estado y el poder imperante, desde el incario y pasando por la colonia, la república y el Estado plurinacional.

Como las luchas indígenas y la organización propia de sus sociedades, los comités de agua representan una visión antiestatal de la autonomía puesto que surgen en barrios y zonas marginales de la ciudad, los llamados cinturones de pobreza, una mezcla de inmigrantes campesinos –que aportaron a sus nuevas comunidades ahora urbanas- sus tradiciones andinas de trabajo solidario y por turnos, conocido como el “ayni;” y de mineros relocalizados que, por su parte, aportaron a estas comunidades olvidadas por el Estado, toda la experiencia organizativa adquirida de los sindicatos de las minas.

Los Comités de agua, son el resultado de la promoción y el reforzamiento del poder y los procesos autónomos de la gente. Están basados en prácticas autónomas que no son reconocidas --ni necesitan ser reconocidas-- por el Estado ni por la comunidad internacional. Aquí, los miembros de la comunidad dividen y distribuyen roles para responder a la pregunta de cómo proveer de agua al vecindario. Por eso están construyendo redes que les permiten organizarse y compartir estrategias sobre cómo acceder y proveerse de agua en sus comunidades. No están organizados en contra de los sistemas públicos de agua sino a favor de la capacidad de decidir cómo y hasta dónde deben conectarse a esos sistemas de agua.

Claramente, son la expresión más genuina de cómo hacer política de una manera autónoma.

En los Comités de agua, las preocupaciones sociales más importantes tienen que ser atendidas a nivel de la comunidad y por eso se diferencian de la percepción estatal de los movimientos sociales como expresiones pedigüeñas (o de demandas) de la comunidad hacia el Estado, en los Comités de agua, la gente se organiza para determinar e implementar las condiciones de su propia vida, no para pedir favores de los gobiernos de turno. Por ello, van incluso más allá del tema del agua porque aunque fueron creados alrededor de la ausencia, escases o abundancia del líquido elemento, éstos también se ocupan de muchos otros asuntos: el bienestar de los miembros, la seguridad, fiestas, futbol, etc.

Tal es el grado de independencia de acción de los Comités de agua que han sido llamados por algunos como “zonas liberadas del Estado”. Se viven tiempo confusos en Bolivia y los desafíos de los comités de agua son numerosos. Pasando por las limitaciones técnicas y financieras de los comités hasta las negociaciones con el Estado para el respeto de su autonomía.

La cuestión técnica es transversal a los diferentes procesos de formación y consolidación de los comités de agua en Cochabamba y por ello, es una limitación de la que se tiene consciencia, así lo muestra la participación de Gastón Zeballos, dirigente del comité San Miguel Km 4 en el Primer Intercambio Internacional de Experiencias entre operadores de agua de Uruguay, Colombia y Bolivia realizado en Montevideo en Octubre del año 2013. Durante las jornadas de URCOLBOL, los participantes bolivianos mostraron más interés en el área técnica de la cloración, potabilización y tratamiento de aguas servidas que en cualquier otro tema. Gaston Zeballos, participante de un comité de agua dice: “nos interesa mas lo técnico porque nosotros tenemos los indicadores sociales cubiertos. En nuestros comités hay participación, control social y rotación. Nos falta lo otro.”

Tan importante como lo técnico es la limitación económica. Especialmente cuando hablamos de proyectos absolutamente necesarios y definitivamente inalcanzables con recursos propios, como es el caso del alcantarillado de la zona correspondiente a cada comité que además del costo debe, necesariamente, pensarse como parte de un sistema más amplio que englobe a todos los sistemas alternativos o no. Este tipo de proyectos indiscutiblemente, necesitan del apoyo y la inversión estatal, un apoyo que debiera traducirse en la voluntad para respetar la autonomía de los comités de agua, su visión particular sobre sus necesidades, y al mismo tiempo el aporte efectivo de manera que el agua y su adecuado manejo y distribución sean accesibles a todos pero que en tiempos de elecciones se viene empleando de manera clientelar.

Cuando Evo Morales asumió el poder el 2006, había la esperanza de que en su gobierno se ampliara la autonomía y el autogobierno de los movimientos sociales. Sin embargo, ha ocurrido lo contrario. El estado ha iniciado un proceso de expansión hacia nuevas áreas, siendo el agua una de ellas. Hay una creciente intervención del Estado en asuntos tradicionalmente fuera de su alcance. Esta intervención ha tomado un impulso muy centralista. Las recientes legislación en torno al agua dan poder al estado para decidir e intervenir sobre los sistemas comunitarios y las prácticas autónomas que hasta ahora no reconocía.

A través de la Convención sobre el Derecho al Agua promovida por el gobierno boliviano en la ONU y a través de la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, el gobierno de Morales ha declarado que la naturaleza tiene derechos, creando un marco "derechos" que traslada la responsabilidad y por lo tanto el poder de administrar los recursos hídricos de la gente para el Estado. Mientras que estos esfuerzos han sido celebrados internacionalmente y se considera a Morales como el líder en reformas medioambientales, esta estrategia traslada la responsabilidad y el poder de administrar agua de la gente al Estado. Las maneras tradicionales de uso del agua se vuelven nulas y sin sentido y aquellos que buscan acceso al agua deben recurrir al Estado, la ley y las cortes. En su camino, los comités de agua enfrentaran desafíos técnicos y económicos junto con los continuos esfuerzos de cooptación por parte del Estado. Pero su éxito, epitomizado en la guerra del agua, ha demostrado que organizados horizontalmente, los bolivianos pueden recuperar la capacidad de manejar sus bienes comunes con autonomía, contra el poder establecido y las formas tradicionales de entender la ‘democracia’. La gente hoy día no se está organizando para hacer demandas al Estado, pero para determinar e implementar las condiciones de sus propias vidas.

PIQUÉ (OHL) APUESTA POR INVERTIR EN PAÍSES CON SEGURIDAD JURÍDICA Y DICE QUE NO VOLVERÁN A BOLIVIA DE MOMENTO

El Economista de España (www.eleconomista.es)

El consejero delegado de OHL, Josep Piqué, ha afirmado que las empresas deben centrar sus inversiones en países que ofrezcan seguridad jurídica, y en el caso de América Latina ha puesto como ejemplo los cuatro países que forman parte de la Alianza del Pacífico (México, Perú, Chile y Colombia), en contraste con Bolivia, donde OHL ya estuvo y, de momento, no piensa volver.

"Hay que centrarse mucho en países que ofrecen seguridad jurídica", ha señalado Piqué, para después señalar que "no es casual" que OHL se centre en los países que conforman la Alianza del Pacífico. "En cambio, estábamos en el mundo bolivariano y, de momento, no pensamos volver", ha añadido.

El exministro de Exteriores ha señalado que internacionalizar una empresa es "muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo", por lo que "hay que identificar muy bien los países a los que se va". Piqué ha dicho que "China es para los chinos, Brasil es para los brasileños" y que "las oportunidades están en otros negocios".

El exministro ha matizado que "la presencia de China en África es de todos conocida, pero también es cierto que la calidad de los trabajos no suele ser la exigible y empieza a haber un cierto rechazo o recelo respecto a la capacidad de las empresas chinas".

"Los chinos pueden ofrecer una financiación que nosotros no podemos", pero las empresas españolas tienen "talento y capital humano", ha resaltado Piqué.

Respecto a la situación de España en materia de infraestructuras, ha afirmado que el país tiene, "en términos generales, una dotación de infraestructuras admirable, comparable con cualquier país del mundo, aunque nos falta ampliar la red portuaria", ha señalado en el transcurso de su intervención en la jornada 'Reindustrializar España', organizada por el diario 'El Economista'.

Piqué ha apuntado que "las infraestructuras dependen en buena medida de los presupuestos públicos", por lo que "es previsible que en los próximos años, al menos en Europa, vamos a estar en un mercado de poca expansión".