MAR PARA BOLIVIA: UN DERECHO HISTÓRICO, UNA NECESIDAD PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

El 15 de julio Chile ha oficializado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una impugnación de la propia competencia de la CIJ para resolver la demanda marítima presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia en abril de 2013, consolidada con la presentación de una memoria con los argumentos históricos y jurídicos bolivianos para reclamar una sentencia de La Haya que obligue al Estado chileno a negociar una salida con soberanía al mar Pacifico, salida que le fue arrebatada a finales del siglo XIX en una invasión sin que mediara ni tan siquiera una declaración de guerra previa.

Antecedentes históricos

Cuando Bolivia declara su independencia en 1825 y pasa a llamarse Republica de Bolívar (es el propio Simón Bolívar quien envía la primera Constitución que tuvo el país), nace con aproximadamente 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacifico.

En 1829 se crea la Provincia boliviana del Litoral, y en 1867 la misma se constituye como Departamento, conformado por dos provincias, La Mar y Atacama, que contaban a su vez con 4 puertos, Antofagasta, Cobija, Tocopilla y Mejillones, además de dos poblaciones interiores, Calama y Antofagasta.

Las mismas constituciones chilenas de 1822, 1823, 1828 y 1833 declaraban que su límite por el norte era el Desierto de Atacama.

En 1879 Chile invade el Departamento del Litoral entrando por el puerto de Antofagasta y quitándole a Bolivia por la fuerza su acceso soberano al mar y un territorio de aproximadamente 120.000 km2 extremadamente rico en recursos naturales, especialmente guano, salitre, bórax, cobre y plata.

En 1904 Bolivia se ve obligada a firmar un Tratado de Paz con Chile en el que a cambio de reconocer la soberanía de Chile sobre el territorio ocupado militarmente, el tratado otorgaba a Bolivia el derecho al libre tránsito comercial por su territorio, compensaciones económicas y la construcción por parte chilena de un ferrocarril entre Arica y La Paz.

Compromisos de Chile para negociar

Han sido innumerables las veces en los últimos 100 años en que Chile ha accedido a negociar una salida con soberanía al mar desde que Bolivia comenzó su demanda ante foros internacionales por primera vez en la Conferencia de Paris de 1919 y la Liga de las Naciones (germen de las Naciones Unidas) entre 1920 y 1922.

En un primer momento, en 1929, Chile quiso poner un candado a la salida al mar para Bolivia cuando firma el Tratado de Lima con Perú por el que se queda con Arica y cede Tacna al país vecino, pero colocando una clausula por el que ninguno de los dos países podían ceder a un tercer país la totalidad o parte de los territorios fruto del acuerdo.

Ya en los años 50 el propio Presidente de Estados Unidos Harry Truman se refirió en varias ocasiones a la posición chilena de otorgar una salida al mar con soberanía para Bolivia (en este caso a cambio del uso de las aguas del Lago Titicaca) sobre la base de la posición del nuevo mandatario chileno Gabriel González Videla; y en 1961 y sobre esa misma base Chile presenta un memorándum ratificando su obligación de negociar un acceso al mar con soberanía para Bolivia.

Otro de los momentos en que Chile y Bolivia estuvieron cerca, restableciendo relaciones diplomáticas y obligándose a “buscar fórmulas de solución a la situación de mediterraneidad boliviana”, fue paradójicamente en 1975 durante los gobiernos de los militares de derecha Hugo Banzer y Augusto Pinochet cuando se dieron las famosas negociaciones (y abrazo entre fascistas) de Charaña.

La propia Organización de Estados Americanos (OEA) durante su IX Asamblea General aprobó una resolución calificando la demanda marítima de Bolivia como asunto de interés hemisférico, recomendando a los dos países que “inicien negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el Océano Pacifico”. Asimismo en 1980 y 1981, se aprobaron resoluciones (con el voto favorable de Chile) que instaban al dialogo con el fin de dar a Bolivia un acceso al mar con soberanía. Es de destacar también la resolución de la XIII Asamblea de la OEA de 1983 en el que mediante consenso y de nuevo el voto favorable de Chile, se conminaba a los dos países a que "inicien un proceso de acercamiento y reforzamiento de la amistad de los pueblos boliviano y chileno, orientado a una normalización de sus relacione s tendente a superar las dificultades que los separan, incluyendo en especial una fórmula   que   haga posible dar a Bolivia una salida soberana   al   Océano   Pacífico   sobre las bases que consulten las   recíprocas   conveniencias   y los derechos e intereses de las partes   involucradas”.

En los últimos años se han dado numerosos procesos de acercamiento y negociación entre Chile y Bolivia, destacando las de 1987 en Montevideo entre los respectivos cancilleres; entre 2000 y 2001 se sucedieron una serie de encuentros negociadores en Algarve (Portugal), Brasilia, Panamá y Quebec; en 2003 y durante la XIII Cumbre Iberoamericana en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Carlos Mesa y Ricardo Lagos hablaron de una salida al mar con soberanía; en 2005 Rodríguez Veltze y Ricardo Lagos se reunieron hasta en 4 ocasiones en Nueva York, Salamanca, Mar del Plata y Montevideo tratando temas como el del enclaustramiento boliviano; ya con Michelle Bachelet en el poder, en el 2006 se construyó entre Bolivia y Chile una Agenda Bilateral de Dialogo que constaba de 13 puntos, en el que el punto 6 era el Tema Marítimo. Esa fue la última vez que los dos países se sentaron a dialogar sobre la cuestión del mar son soberanía para Bolivia, pareciera que con el paso de los años Chile ha ido derechizando sus posiciones, cada vez más conservadoras, y durante los últimos años las declaraciones de las autoridades gubernamentales chilenas han ido en la línea de negar la existencia de asunto pendiente ninguno entre Chile y Bolivia, por lo que la posición boliviana ha virado de intentar negociar con alguien que no quiere negociar, a acudir a instancias internacionales como el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya para hallar una solución

Consecuencias del enclaustramiento boliviano

Es difícil medir las consecuencias del cercenamiento territorial sufrido por Bolivia a manos de Chile. La pérdida de soberanía territorial, y por tanto política, es incuantificable, pero sí se puede hacer una aproximación de las consecuencias económicas que la pérdida de su litoral han supuesto para Bolivia.

En primer lugar y respecto de los recursos naturales, el litoral boliviano era extremadamente rico en guano, un fertilizante natural, y salitre, que una vez consumada la anexión del territorio boliviano por parte chilena, convirtió al país imperialista en el primer productor mundial de ese recurso natural, permitiendo el desarrollo chileno. Otro elemento que permitió enriquecerse a Chile es la plata, mediante la mina de Caracoles situada en territorio boliviano, y sobre todo cobre, con algunos de los yacimientos más grandes del mundo, que se han convertido en la mitad de los ingresos por exportaciones chilenas. La Cancillería boliviana calcula en 900 mil millones de dólares los ingresos obtenidos por el cobre extraído de lo que fue territorio boliviano. Asimismo Chile ha comenzado a explotar litio, uno de los recursos naturales del presente y futuro, litio que se encuentra en el antiguo territorio boliviano.

Otros perjuicios que sufre el pueblo boliviano por la codicia de las elites chilenas es que si bien el Tratado de 1904 ofrecía como compensación el libre tránsito por puertos chilenos para las mercancías bolivianas según el sexto punto: “La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”, Chile ha violado este punto innumerables ocasiones, siendo las más importantes durante la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay en que prohibieron la entrada de armas para Bolivia en puertos chilenos; en 1952 embargando miles de toneladas de estaño para la exportación; y en 2004 privatizando los puertos chilenos y tratando de obligar a Bolivia a someterse a los designios de concesionarias privadas.

Otro elemento de incumplimiento del Tratado de 1904 que causa un daño económico a Bolivia es el relativo al ferrocarril Arica-La Paz, que según el Tratado Chile tenía la obligación de construir y mantener, cediendo el manejo de la parte boliviana. Sin embargo, y de manera unilateral, desde 1997 el ferrocarril suspendió el transporte de pasajeros, y desde 2001 el de carga, sin que Chile haya reanudado hasta el momento las operaciones ferroviarias.

Demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya

Es por estos antecedentes históricos, por las cuantiosas pérdidas para el Estado boliviano, y amparándose en que tanto Chile como Bolivia han suscrito el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o “Pacto de Bogotá” que determina someter las disputas políticas y territoriales ante la Corte Internacional de Justicia, que el Presidente Evo Morales anuncia en 2011 la intención de acudir a La Haya para solucionar este diferendo histórico de manera definitiva y justa.

El memorándum con la argumentación boliviana fue presentado en abril de 2014, y permanece secreto, con la obligación para los estados de no poder difundirlo. Pero en la demanda boliviana básicamente se argumenta (y demuestra) que Chile se ha comprometido a lo largo de la historia a negociar una salida al mar con soberanía por medio de acuerdos, practica diplomática y declaraciones de sus máximos dirigentes políticos.

Chile tenía el plazo de prácticamente un año, hasta marzo de 2015, para presentar una memoria respondiendo a las argumentaciones históricas y jurídicas bolivianas, antes de un nuevo plazo para presentar contramemorias y finalmente dar paso a la deliberación de la Corte Internacional de Justicia, sin embargo ha optado, mediante la forma de excepción preliminar, por impugnar la competencia de la propia CIJ de La Haya en una maniobra peligrosa, muy peligrosa para los intereses chilenos.

La hora de reparar una injusticia

La impugnación de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de un país que presume de ser una democracia demuestra las fracturas que la demanda boliviana ha causado al interior del Estado chileno. El otro país que en el pasado reciente ha desconocido a la propia Corte es el Estado de Israel. De esta manera, Chile se convierte en una especie de Israel latinoamericano demostrando que 100 años después de las declaraciones de Konig que abren este texto, la victoria en una invasión militar vale más que la justicia y el derecho internacional. 100 años después, nada ha cambiado en Chile, cuyos gobernantes siguen respondiendo a los intereses de sus elites económicas.

Pero Chile enfrenta una Bolivia que por primera vez en toda su historia tiene una política de Estado clara, definida y rotunda, que cuenta con el apoyo de todo un pueblo detrás; además de un gobierno, que encabeza la demanda en La Haya contando con el respaldo de la oposición, y ha incorporado, para reforzar la política de Estado a dos ex presidentes a la causa, Eduardo Rodríguez Veltze como Embajador en los Países Bajos y representante ante la Corte, y Carlos Mesa en la figura de embajador itinerante para explicar al mundo las razones históricas y jurídicas de la demanda.

Dentro de la estrategia boliviana es necesario clarificar que a pesar de que una invasión imperialista y acto de piratería no debería generar ningún tipo de derecho ni legal ni legítimo, con la demanda ante La Haya no se está poniendo en cuestión el paradójicamente llamado “Tratado de Paz y Amistad”, sino lo que se pretende es argumentar que son suficientes las veces que Chile ha accedido a negociar una salida al mar con soberanía durante los últimos 100 años, y por lo tanto la CIJ obligue a Chile a hacerlo de manera real y efectiva.

En cualquier caso, la impugnación chilena solo se puede explicar desde la intencionalidad de dilatar el proceso, aun sabiendo que probablemente la Corte no acepte el recurso y proporcione una primera derrota simbólica; pero dilatando el proceso quizás la posible sentencia favorable a Bolivia llegue cuando el gobierno de Bachelet haya terminado (ya que en Chile no hay posibilidad de reelección consecutiva). Carlos Mesa, ex Presidente de Bolivia explica de esta manera la impugnación chilena: “Primero, como una actitud que prueba la absoluta falta de voluntad política de Chile de encarar una solución definitiva al problema pendiente entre ambos países. Segundo, como un intento no solo de descalificar la competencia de la Corte, sino -sobre todo- de confundir a la opinión internacional en torno a la verdadera esencia jurídica de nuestra demanda.”

De ex presidente a ex presidente, cerramos este texto con las palabras del último presidente socialista que tuvo Chile, Salvar Allende, que entendía como buen socialista que el pueblo boliviano tenía un derecho histórico sobre un territorio arrebato de manera injusta y cruel, y como buen internacionalista sabía que la salida al mar era parte del proyecto de integración latinoamericana, de construcción de la Patria Grande: “Ha llegado la hora de la gran reparación de una injusticia, Chile tiene una centenaria deuda y estamos dispuestos a emprender una solución histórica. Bolivia retornará soberana a las costas del Pacífico. No le pedimos nada al sufrido pueblo trabajador boliviano, queremos solamente reparar el despojo cruel del que ha sido víctima. Los escritores y todos los hombres y mujeres de buena voluntad deben venir a Chile y explicar sus anhelos, discutir, crear las condiciones objetivas y subjetivas en el pueblo chileno para poder llegar al feliz entendimiento. (www.alainet.org/active)

CHILE, BOLIVIA Y LA DECISIÓN DE BACHELET

Tendencias 21 de España (www.tendencias21.net)

                                             

José Rodríguez Elizondo. El 15 de julio, tras un debate que superó las barreras del secretismo, la Presidenta Michelle Bachelet decidió objetar la competencia de la Corte Internacional de La Haya (CIJ)  en el caso de la demanda de Bolivia.

Fue una decisión apoyada por su canciller Heraldo Muñoz y a contramano de su equipo técnico. Según diversas señales emitidas tras el pleito con Perú, éste se preparaba para otro match similar con Bolivia. Con esa perspectiva, prefería presentar las excepciones  junto con la contramemoria, para que se definieran en cuatro o cinco años.  El día del fallo final. Para los observadores suspicaces, esto tenía una gota de astucia: la Presidenta no tendría que pagar una eventual factura, pues ya no estaría en La Moneda.

En ese contexto, la decisión de  Bachelet fue encomiablemente política. En vez de escabullirse por un resquicio del tiempo, asumió que la opción en diferido ampliaba el espacio de acción del ayer cariñoso y hoy agresivo Evo Morales. Le regalaba un punto de prensa global por largos años y, de paso, favorecía su larga marcha hacia una presidencia vitalicia. Tal vez por lo mismo, ella retuvo la designación de un juez ad-hoc ante la CIJ. Debió intuir que era incompatible rechazar la competencia del tribunal y, en paralelo, designar un juez de confianza que lo integrara.

La Presidenta interpretó, así, a la inmensa mayoría. A través de los medios, líderes de opinión y representantes políticos, los chilenos estaban por una señal inmediata. No querían actuar como esos alumnos que estrujan el último segundo, para entregar una prueba “perfecta” al profesor. Por añadidura, rectificó comportamientos anteriores y aceptó que, en temas de política exterior, la rapidez de reacción también vale.

PREGUNTAS MOLESTOSAS

El mensaje político a la nación y al mundo fue que el dilema de Chile no era de tipo procesal -el cómo y cuándo presentar las excepciones-, sino de tipo estratégico: aceptar con resignación o rechazar con claridad la intervención indebida del tribunal de la ONU.

Pero, como no existen soluciones fáciles para problemas complejos, surgen de inmediato cuatro preguntas molestosas. La primera alude al Perú, en cuanto presunto implicado: ¿Se está aprovechando esta etapa preliminar para tratar de evitar que apoye políticamente a  Bolivia o que se neutralice “a la ecuatoriana”?

Respuesta: no hay señal visible de que se haya procesado el enigmático y coloquial consejo de Alan García “no le den bola a la demanda boliviana”. Más bien, hay señales de que estamos privilegiando el debate jurídico con Ollanta Humala por el “triángulo terrestre”.  En Bolivia, al contrario, están muy alertas y a eso obedece, en parte, el que no mencionen territorios concretos en su demanda. Saben que, si aluden a Arica u otro espacio ex peruano, Humala podría intervenir. El ex Presidente Carlos Mesa, vocero internacional de Morales, acaba de declarar que el escenario con Perú está previsto: “si se convierte en protagonista, habrá que considerarlo”.

Segunda pregunta: ¿cuán autosustentable es la decisión del 15 de julio?

La respuesta, un pelín decepcionante, es que las excepciones preliminares no matan la intromisión de la CIJ. En rigor, sólo la someten a un trámite previo, pues los jueces conservan la llave decisoria para aceptarlas o rechazarlas. Y no sólo eso. Como tienen la sartén por el mango, también pueden determinar que no tienen un carácter exclusivamente preliminar. En tal caso, el procedimiento normal se reanuda y las excepciones se mezclan con los temas de fondo, para resolverlas en el fallo final.

Dicho rudamente, los jueces pueden dar a las excepciones “rápidas” el mismo tratamiento que si se presentaran junto con la contramemoria. Nuestro arduo debate procesal, en tal caso, habría sido perfectamente inútil.

De aquí nace la tercera pregunta: ¿Pudo dar Chile una señal más categórica de su repudio a la intromisión?
Respuesta: Sí, pudo. A tal efecto, debió abandonar la vía procesal, para no legitimar la incompetencia de los jueces con la comparecencia propia y poner distancia con un eventual mal fallo.

Para sorprendente sorpresa de algunos expertos, esta posibilidad es tan vieja como la CIJ. Consta en el propio Estatuto del tribunal, artículo 53. Un folleto de su panoplia, publicado en 1976 y distribuido por la ONU, lo explica así: “El Estatuto prevé el caso de que el demandado no comparezca ante la Corte, ya sea porque rechaza de plano su competencia o por cualquier otra razón”. Agrega que esto puede hacerse “en ciertas fases de los asuntos” o “durante todo el asunto”. A mayor abundamiento, ilustra al lector con ocho casos importantes en que la facultad se ejerció, agregando que “esto ha terminado a veces, por un motivo u otro, por el desistimiento del demandante”.

Como puede observarse, es una excepción estatutaria y definitiva, que mata la legitimidad unánime del proceso, sin renunciar a otro tipo de soluciones pacíficas. Su fuente real está en la historia de la CIJ, que nació como un tribunal al cual accedían voluntariamente los Estados. En casos de alta complejidad, los jueces de entonces solían examinar de oficio y con rigor si tenían o no competencia. Por razones propias de cualquier burocracia compleja, esto cambió. Hoy la CIJ es el centro de un sistema al cual convergen nuevos intereses, comenzando por los de los abogados especializados en litigar en La Haya. Esto la ha  convertido en una organización receptiva y expansiva. Los jueces aprendieron que el poder y el crecimiento se reciclan.

SIN RESPUESTA

La cuarta pregunta merece párrafo aparte: ¿Por qué la excepción definitiva del artículo 53 no ha sido considerada durante todos los años que Chile lleva soportando demandas ante la CIJ?

Sucede que (afírmense lectores) no hay respuesta aceptable. En vez de, por ejemplo, un informe en derecho, algunos han producido opiniones del tipo “Chile renunciaría a defenderse”… como si la única defensa posible fuera allanarse a la intervención de jueces incompetentes. Otros han dicho que “Chile se autocolocaría en rebeldía”. Curiosa rebeldía que no se declara judicialmente, para un recurso que tiene base en el Estatuto CIJ. También hay respuestas de vaguedad superlativa. El Mercurio del 6 de julio las consignó como provenientes de expertos anónimos, que “rechazan esta posibilidad, al considerar que el país no tiene la influencia suficiente para hacerlo y la predilección de esta conformación de la CIJ por revisar el fondo de los casos”.

Topamos, aquí, con un fenómeno que está en la base de nuestras penurias: la subrogación de nuestra diplomacia-diplomacia por la iusdiplomacia. Tras la compleja negociación con Argentina por el caso Beagle –paradójica y ejemplarmente conducida por el oficial militar Ernesto Videla- nuestros últimos y calificados negociadores diplomáticos desaparecieron o se dedicaron a los telecés. Tras pasar por el arbitraje -con malos resultados-, esa ausencia nos dejó estacionados en la judicialización y nos hizo olvidar el tratamiento de “las tres D”. Una dinámica clásica, que se inicia con  la razón del Derecho, sigue con la razón de la Diplomacia y tiene como seguro la razón de la Disuasión.

Eso no es todo. El conflicto con el Perú “doctrinarizó” esa conducta, homologando el rechazo a la negociación con “la firmeza”, mediante una tesis informal de apariencia patriótica. Según ella, cuando las fronteras se encuentran definidas por tratados, no cabe aceptar negociación diplomática al respecto. Con esto no sólo se descalificaba a los extranjeros que negociaron temas de soberanía con Chile, sino a los propios negociadores chilenos del pasado. Dicho de otra manera, borraba la segunda y la tercera “D” y establecía un shortcut –un atajo- entre nuestra interpretación del derecho y la de la CIJ.

Inevitablemente, esta asombrosa excepcionalidad chilensis es vista con curiosidad por los estudiosos extranjeros. El internacionalista holandés Gerard Van der Ree, en un texto de 2010, observó que la identidad legalista de Chile ha brindado a Perú y Bolivia una vía nueva para sus reclamaciones. En vez de infructuosas insistencias en la naturaleza política y bilateral de los conflictos, “ambos han optado por seguir una estrategia legalista (…) Haciendo uso de las instituciones internacionales, presentando su tema como un asunto legal y no un problema político, ellos intentarían derrotar a Chile en su propio juego”. 

CRISIS Y OPORTUNIDAD

Desestimar la negociación diplomática sería pragmáticamente útil, si Chile tuviera un fuerte protagonismo en la CIJ y un potente equipo de abogados internacionalistas litigantes. Sin embargo, no es el caso. Asumiendo esta realidad, Hernán Felipe Errázuriz, Presidente del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales, está impulsando una agencia jurídica permanente, que coordine actividades con la Cancillería, para mitigar “la falta de expertos nacionales en litigios internacionales y la ausencia de jueces chilenos en las cortes internacionales”. 

En el trasfondo subyace el escarmiento no procesado del fallo ante la demanda peruana. Más allá de que algunos expertos traten de sumergir lo realmente perdido por Chile en “el éxito de nuestros sólidos principios jurídicos”, ese proceso mostró un despiste mayúsculo de nuestros defensores: a la hora de la verdad, los jueces no eran aplicantes pasivos del derecho, ante quienes la política debía caminar en puntillas. Eran jueces de nuestro tiempo, informados de todo lo que cabe, con la misión autoasignada de desfacer los entuertos de los gobiernos y subrogarlos como negociadores. Incluso podían crear derecho, si era necesario.
Por lo señalado, los diplomáticos chilenos deben mirar el problema de frente, para reconocer que están bajo amenaza de regresión a una época previa a la del clásico francés Francois de Calliéres (1645-1717). Este fue uno de los que descubrió cómo “la formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”. Una tesis que complementaría el diplomático y jurista Jules Cambon (1845-1935), cuando explicó que “toda acción diplomática acaba en una negociación” y que “el carácter diplomático difiere del jurídico, pues “la aplicación de las leyes y su interpretación implican un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.

Aunque suene majadero repetirlo, la eventual regresión no sería responsabilidad de nuestros diplomáticos establecidos. Ellos saben que la diplomacia está en otra parte y, de hecho, son víctimas en diferido de una historia política que les cortó el vuelo hacia una profesionalización plena. Pero sí son culpables por omisión: haber submarineado durante demasiado tiempo, sin plantearse ante el liderazgo político nacional con un alegato más estratégico y menos corporativo. Es decir, por no haber explicado, con fuerza, lo que está costando a Chile no tener una Cancillería institucionalmente gravitante, como Itamaraty, en Brasil y Torre Tagle, en Perú.

Obviamente, intentarlo ahora sería más factible que ayer, pues los perjuicios producidos son cuantificables y debemos comenzar a reducir los daños. 

EVO: CONSEJO DE SEGURIDAD ES UN "CONSEJO DE INSEGURIDAD" PARA EL MUNDO

Mendoza de Argentina (www.mdzol.com)

                                   

El presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales, instó al pueblo venezolano y latinoamericano a seguir derrotando el capitalismo el cual pierde más fuerza en las naciones suramericanas y caribeñas.

“¿Qué busca el imperio norteamericano? Dominarnos políticamente para robarnos económicamente. Sin imperio norteamericano estamos mejor democrática y políticamente; esa es la liberación de nuestros pueblos”, expresó desde el Poliedro de Caracas, donde el presidente Nicolás Maduro, jefes de Estado y representantes diplomáticos de otras naciones participaron en un acto para honrar al Comandante Chávez.

Recordó que las instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que deberían abogar por la paz y el derecho de los pueblos, no lo hacen y favorecen a las élites capitalistas.

“Para mí el Consejo de Seguridad (de la ONU), es un 'Consejo de Inseguridad' para la vida y el mundo”, sentenció.

No obstante, insistió en que la tarea de las nuevas fuerzas de izquierda en el continente cuentan con presidentes democráticamente electos que día a día están derrotando al imperio norteamericano. En tal sentido, agregó: “Mientras exista el imperialismo, seguirá la lucha hasta una liberación”.

MERCOSUR SUMARÁ A BOLIVIA Y COMERCIARÁ CON OTROS BLOQUES

Los Andes de Perú (www.losandes.com.ar)

                                     

En una cumbre del Mercosur que comenzó y terminó ayer y tuvo como nota saliente la “solidaridad militante” de todos sus miembros con el gobierno de Argentina en su litigio por la deuda con fondos especulativos, el bloque también avanzó en la integración de Bolivia como miembro pleno del Mercosur.

Bolivia “está empinándose en el camino de su incorporación plena como miembro del Mercosur, que seguramente se dará en la cumbre de Buenos Aires”, dijo el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Su par boliviano, Evo Morales, que participó en la plenaria, dijo a la prensa que esperará “pacientemente” el proceso para su integración plena y resaltó la necesidad de que el Mercosur sea un espacio “no para competir, sino para complementarnos como mercados”.

Esta nueva cumbre, celebrada con siete meses de retraso, sentó también los cimientos de la creación de “una gran zona económica” entre el Mercosur y los países del ALBA y Petrocaribe.

“Son 24 países de nuestro continente que suman Sudamérica y buena parte de Centroamérica. Es una formación económica que se plantea ir mucho más allá de lo que se ha llamado el libre comercio”, dijo Maduro.

En su declaración conjunta al término del encuentro, Mercosur precisó la necesidad de una reunión en un plazo no mayor de 60 días entre los bloques para formalizar la constitución de la zona, evaluar acuerdos comerciales, así como definir programas y proyectos de cooperación conjunta, entre otros temas.

El ALBA está integrado por Venezuela, Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Petrocaribe, creado a iniciativa de Venezuela, está integrado por naciones caribeñas y centroamericanas que adquieren petróleo a precios preferenciales.

El Mercosur discutió también la situación en Gaza y exigió a Israel un “cese al fuego y que se retomen los caminos para la paz y el respeto al pueblo palestino a existir”.

EL SALUDO QUE HERMANA DOS NACIONES PERÚ Y BOLIVIA

La República de Perú (www.larepublica.pe)

                                        

El patriotismo del estudiante de secundaria José Tarqui Mamani (16) es el mismo que  embarga a la totalidad de alumnos de la institución educativa secundaria Tahuantinsuyo, del distrito de Desaguadero, provincia de Chucuito-Juli, al sur de la región Puno, frontera con el país de Bolivia.

Para los escolares de este centro educativo las Fiestas Patrias son de hermandad entre peruanos y bolivianos, y no solo de mero recuerdo histórico de quienes lucharon contra la monarquía española por la independencia del Perú. Las ceremonias en memoria al libertador San Martín, implícitamente quedaron desterradas. Solo unos cuantos colegios lo rememoran.

En esta parte del país (frontera con Bolivia) el mes patrio se celebra con el intercambio de banderas de ambas naciones para recordar que siempre fueron una sola nación en la época del incanato y el virreinato,  cuando parte del actual Altiplano peruano-boliviano  era denominado “Alto Perú”. 

Es en base a una demarcación imaginaria que, los ahora pueblos fronterizos, desde tiempos ancestrales practicaron formas de vida comunitaria como si fuesen una sola nación, predominando el idioma aimara. Recién por el año 1940, según varios historiadores, se instituyó la demarcación geográfica entre Perú y Bolivia.

Los protagonistas  del intercambio de banderas de manera simbólica son los escolares de la institución educativa secundaria Tahuantinsuyo (Desaguadero –Perú) y sus similares del colegio Batallón Colorado (Desaguadero –Bolivia). La ceremonia se celebra cada  28 de julio en horas de la mañana.

Ese día cada colegio envía una escolta hasta el medio del puente Internacional que une a ambos países. Los acompañan sus respectivos docentes y las principales autoridades políticas y militares del Perú y Bolivia.

Una vez establecido el encuentro frente a frente, quien primero toma la posta del intercambio es el escolar boliviano diciendo: “Hermano peruano os entrego la bandera boliviana. El color rojo representa la sangre derramada por nuestros héroes. El color amarillo representa nuestras riquezas y recursos naturales y el color verde representa la esperanza, como un valor principal de nuestra sociedad. Te entrego mi bandera para que la cuides y la protejas más que a tu vida”.

Luego que la delegación peruana recibe la bandera boliviana, el peruano responde: “Hermano boliviano os entrego la bandera del Perú. El color rojo significa la sangre derramada por los héroes que lograron la independencia del Perú. El color blanco significa la pureza y paz que anhelamos. Te confío  la bandera de mi país para que la cuides, la respetes más que a tu vida. Tómala”.

Una vez materializado el intercambio de la bicolor peruana y la tricolor boliviana, las autoridades peruanas invitan a la delegación extranjera  hacia la localidad fronteriza de Desaguadero-Perú para participar del desfile y demás actividades por Fiestas Patrias.

“Fue así como entendí por qué entre peruanos y bolivianos tenemos vidas comunes. La explicación está en que fuimos parte de una sola nación. En esta fecha para nosotros predomina el hecho de ser hermanos. Pero también es un buen motivo para precisar que también nossentimos orgullosos de ser peruanos”, dijo José Tarqui.

Esta forma peculiar de recordar el mes patrio, según varios entendidos, tiene el propósito de acentuar la idea de recordar los procesos que sufrieron ambos países para lograr su propio rumbo.

José Luis Mamani, brigadier general de la IE Tahuantinsuyo de Desaguadero - Puno, refiere que es un gran honor encabezar  la delegación de estudiantes en estas Fiestas Patrias. “Me siento orgulloso de ser peruano”, agregó. 

Alberto Domínguez, dejó su tierra natal  Huancayo para radicar en  Desaguadero. “En la frontera se ama más a la patria, hay mayor patriotismo en la frontera", manifiesta.

MÁS ACTIVIDADES

Días previos a celebrarse el Día de la Independencia del Perú, 28 de julio, los pobladores de la localidad fronteriza de Desaguadero-Puno instalan la bandera peruana en lo alto de sus viviendas. Algunos ciudadanos pintan la fachada de sus casas para una mejor presentación durante las Fiestas Patrias.

Los escolares de las diferentes instituciones educativas de nivel inicial, primaria y secundaria, semanas antes ensayan marchas para concretar su presentación en el desfile escolar por la Independencia del Perú.

Por otro lado, las unidades vehiculares, así como las motos y triciclos, llevan impregnados los símbolos patrios, haciendo más notorio el sentido de patriotismo.

La noche del 27 de julio, escolares de diferentes instituciones educativas de la ciudad binacional participan del paseo de antorchas y farolas.

Asimismo, las delegaciones de las diferentes organizaciones sociales, gremios, sindicatos e instituciones públicas y privadas desfilan por recordarse el aniversario patrio.

Por estas fechas se ven interrumpidas las actividades comerciales, agrícolas y los quehaceres diarios.

Las celebraciones por Fiestas Patrias acaban con la tradicional corrida de toros, que se realiza cada 29 de julio en una de las explanadas de la localidad de Desaguadero. Centenares de personas se trasladan a dicho lugar, desde diferentes puntos de la región Puno, para formar parte del evento.

EVO MORALES IMBATIBLE PARA TERCER MANDATO PRESIDENCIAL

La República de Perú (www.larepublica.pe)

                                    

A menos de 75 días de las elecciones generales en Bolivia, el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha convertido en el protagonista de la campaña electoral, seguido muy de lejos por otras cuatro agrupaciones que, en condiciones desventajosas, aspiran a conquistar el voto ciudadano a fin de promover otra alternativa al futuro del país. Evo Morales, que se presenta a una tercera reelección, parece no tener rival. 

Esta es la segunda vez que se convocan elecciones generales amparadas en la nueva Constitución, un proceso lleno de luces y sombras. Por un lado, es la primera vez en la historia que más del 50% de las candidatas son mujeres. Tres de ellas aspiran a la vicepresidencia y alrededor de 382, de un total de 753 mujeres, encabezan las listas para ocupar cargos en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), debilitado y cuestionado, no ha logrado dar plena certidumbre al proceso electoral tanto por la revisión de algunas decisiones referidas, por ejemplo, a la cartografía electoral, que fue impugnada por sectores ciudadanos, y por la asignación de escaños parlamentarios.

Está pendiente la transparencia del padrón electoral, cuyo incremento ha superado todo cálculo previo del mismo TSE. De momento, no ha logrado disipar la idea de que sus decisiones favorecen al oficialismo

OPOSICIÓN DISPERSA

La Unidad Democrática postula al empresario Samuel Doria Medina y su acompañante el ex gobernador de Beni Ernesto Suárez; el Movimiento Sin Miedo ha proclamado al ex alcalde de La Paz Juan del Granado y a la ex diputada de Santa Cruz Adriana Gil como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia. Por su parte, Democracia Cristiana ha presentado al ex presidente Jorge Tuto Quiroga y a la indígena Tomasita Yarhui y el nuevo Partido Verde de Bolivia postula al indígena Fernando Vargas y a Mary Margot Soria.

Los candidatos de cinco agrupaciones políticas para la presidencia, la vicepresidencia y 157 escaños en la Asamblea Legislativa, disputarán la preferenia ciudadana en los comicios que están fijados para el próximo 12 de octubre.

Como fuere, Morales pisa fuerte y, aún sin encuestas ni tendencias de votos, la ciudadanía percibe que el resultado de las urnas le va a ser favorable.

POLICÍA INTERVIENE AVIONETA BOLIVIANA CON 300 KILOS DE COCAÍNA EN AYACUCHO

La República de Perú (www.larepublica.pe)

Sorpresiva intervención de varios agentes antidrogas de la base de Palmapampa lograron intervenir una avioneta de nacionalidad boliviana estacionada en una pista clandestina en la localidad de Mayapo, distrito de Llochegua, provincia ayacuchana de Huanta, en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

 La nave aérea de placa CP-2776 fue ubicada en la pista de aterrizaje acondicionada a orillas del río Apurímac, cuando los cuatro narcos estaban a punto de partir con los 300 kilos de clorhidrato de cocaína hacia la ciudad de Bolivia. Toda la droga tipo ladrillo fue encontrada dentro de 9 sacos de polietileno color negro al interior de la avioneta.

Los traficantes de droga se enfrentaron a balazos contra los policías, aprovechando la espesura de la vegetación. El grupo, dirigido por general PNP Vicente Romero, trasladó a su base la carga de droga.

DESDE BOLIVIA A PUERTO RICO

Claridad de Puerro Rico (www.claridadpuertorico.com)

                                                       

Después de tres días de debate, el 2 de julio de 2014 culminó en Cochabamba, Bolivia, el Encuentro Sindical Internacional Antiimperialista con la participación de más de 22 países de distintos continentes y 150 delegados internacionales. Los delegados aprobaron el documento “Tesis política antiimperialista”, el cual reafirma la lucha contra el capitalismo y todas sus expresiones, además de considerar al socialismo como una medida para superar las injerencias contra la soberanía política y económica del mundo.

Este evento, del cual nuestro país no debe estar ajeno, reviste gran importancia ante los retos que enfrenta el movimiento obrero en Puerto Rico y los demás frentes de lucha progresista. Resumamos los principales puntos de esta Tesis política antiimperialista.

Como introducción se plantea la premisa de que los pueblos de mundo, especialmente los sectores populares, estamos sufriendo las consecuencias de una crisis del capitalismo que es global y estructural. Es global, porque a diferencia de otras crisis, ésta no sólo afecta y se retrata en un escenario local, sino que se repite en otras latitudes cuestionando la supuesta democracia del sistema capitalista. Las respuestas locales reconocen la necesidad de construir frentes internacionales como alternativa a la crisis.

Es estructural porque combina varias crisis, –económica, financiera, energética, climática, institucional, hídrica, política y de valores. No sólo persigue un aumento en las ganancias de capital, sino que el sistema necesita dominar todo para su explotación, la naturaleza, el pensamiento y la persona humana.

El reconocimiento a la existencia de la lucha de clases es vital para entender la necesidad de construir un proyecto alternativo que haga frente a la crisis del capitalismo. Y ese proyecto sólo puede venir de los sectores populares y de trabajadores organizados. Los sindicatos están llamados a trascender de la negociación económica. Tienen que asumir nuevos retos que implican reinventar sus estructuras y métodos de lucha. Y sobre todo enfatizar en la educación popular como herramienta de cambio.

La Tesis reconoce la aportación de Bolivia como un gobierno de movimientos sociales, donde la dirección del proceso se encuentra en manos de sectores populares, fusión de luchas de indígenas, obreras y campesinas. Por otro lado, al repudiar la propuesta neoliberal, los delegados expresaron su apoyo a la lucha por el socialismo basado en el antiimperialismo, el anticolonialismo y el anticapitalismo. Reconociendo los matices, el ritmo y las intensidades de cada lucha en cada país, los denominadores comunes son la emancipación de los pueblos y sus habitantes y el recuperar la soberanía sobre los recursos naturales.

Lo anterior explica el desarrollo de bases militares norteamericanas en todo el planeta, 77 de ellas en América Latina, las mal llamadas guerras humanitarias, guerras contra el terrorismo y misiones de paz, que no son otra cosa que el avance geopolítico imperialista. En la denuncia anticolonialista el Encuentro Sindical no dejó pasar inadvertida la situación colonial de Puerto Rico, por lo cual repudiaron la ocupación imperialista en nuestro país.

En la crítica anticapitalista se denuncia cómo el sistema financiero internacional utiliza al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y a la Organización Internacional del Trabajo para debilitar las soberanías de los pueblos. Al recordar que durante el mes de julio se cumplen 29 años de la celebración de la Conferencia de la Habana sobre la deuda externa, en la cual se analizó y se denunció el mecanismo de la deuda para continuar colonizando a los pueblos, el Encuentro Sindical reclamó la eliminación total de la deuda.

El encuentro, respaldado y apoyado por la Federación Sindical Mundial, concluye haciendo un llamado “a la coordinación de sindicatos, movimientos sociales, los jóvenes, las mujeres e intelectuales comprometidos para desde la defensa de los procesos de cambio lograr la construcción de un proyecto político de liberación nacional y social de nuestros pueblos”.

Polémicos personajes detrás del megaproyecto

EL CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA VISTO DESDE CHINA

                                                                                                                                                                                                      

El expolítico boliviano Ronald MacLean-Abaroa, que es hoy el vocero de HKND, habría podido ser el presidente de Bolivia hace doce años de haber ganado las elecciones como candidato del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista, fundado por el exdictador y expresidente Hugo Bánzer. Fue el primer alcalde electo de La Paz y estuvo en el cargo durante cuatro períodos (1985-1991).

El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)

“Nuestro objetivo es contribuir al progreso de las civilizaciones mundiales. ¡Xinwei está haciendo historia! ¡Xinwei será una leyenda!”, anuncia el empresario chino Wang Jing en la página web de su compañía de equipos para redes e informática. Sin embargo, la empresa de su propiedad que ambiciona hacer historia no es Xinwei, sino HKND, o Hong Kong Nicaragua Development, que ya es famosa porque pretende construir un canal interoceánico en Nicaragua.

El canal de Nicaragua, que competiría con el de Panamá, se ha convertido en uno de los proyectos banderas del presidente Daniel Ortega. Sin embargo, entre más se indaga en este tema, más son las preguntas incómodas.

Primero, Wang Jing (42), el empresario encargado del megaproyecto, es un enigma hasta en la misma China, y su gobierno no sólo no lo respalda, sino que ha lanzado advertencias sobre el proyecto. Segundo, el vocero de la empresa, el ex alto funcionario boliviano Ronald MacLean-Abaroa (65), fue llamado en 2010 para rendir una declaración en Bolivia por una investigación en su contra y jamás se presentó. Tercero, el gobierno nicaragüense no ha podido dar cuenta de por qué no hubo una licitación para adjudicar la obra de infraestructura más grande de su historia, ni por qué le otorgó esta concesión a una empresa que no tiene mayor experiencia en ingeniería. Y cuarto, nadie en HKND ha querido explicar de dónde van a salir los US$50.000 millones que se necesitan para financiar la megaconstrucción.

“Hemos escrito sobre él, pero nunca hemos podido conocer su trasfondo. El hombre es un misterio”, nos dijo un periodista de un diario financiero de China hace poco más de un mes. En la prensa china Wang tiene el apodo de “el loco del canal”. Nació en diciembre de 1972 en Pekín y estudió finanzas y administración en Hong Kong. Figura como propietario de más de 20 empresas, entre ellas Skyrizon Aircraft Holdings, la ya mencionada Xinwei, una minera de oro y minerales preciosos en Camboya llamada Southeast Asia (Cambodia) Agriculture Development Group Inc., y 13 empresas relacionadas con el proyecto del canal de Nicaragua y creadas en Hong Kong, Holanda y las Islas Caimán.

No le gusta hablar de su familia y ha dicho que ningún miembro de ella ha estado ligado al gobierno. Él mismo ha insistido en que ni él ni su proyecto han estado vinculados al gobierno de China.

El gobierno chino ha dicho lo mismo en varias ocasiones. Según medios de ese país, el Ministerio de Comercio de China publicó una advertencia de riesgo en 2012, diciendo que China no tenía relaciones diplomáticas con Nicaragua y que el proyecto podría generar una disputa con Costa Rica. También les recordó a las compañías chinas que no participaran en el proyecto. La Cancillería, a su vez, ha insistido en que el gobierno no respalda a esta empresa.

Si no tiene el respaldo del gobierno de China, pues tampoco tiene su dinero, y el proyecto cuesta US$50.000 millones. En una entrevista con Reuters, Wang Jing dijo que reuniría el dinero a través de esquemas de propiedad compartida, préstamos bancarios y emisión de deuda.

Es decir, que en buena medida se trata de acudir a promesas y a obligaciones financieras. Sin embargo, Wang tiene músculo financiero en el papel, pues de todas formas es uno de los hombres más ricos del país si medimos sus activos (ocupó el puesto 22 en el ranquin New Fortune 500 de 2013). También según Reuters, Xugong Group Construction Machinery Co., una de las empresas de construcción más grandes de China, compraría entre 1,5% y 3% de las acciones compartidas.

El expolítico boliviano Ronald MacLean-Abaroa, que es hoy el vocero de HKND, habría podido ser el presidente de Bolivia hace doce años de haber ganado las elecciones como candidato del partido de derecha Acción Democrática Nacionalista, fundado por el exdictador y expresidente Hugo Bánzer. Fue el primer alcalde electo de La Paz y estuvo en el cargo durante cuatro períodos (1985-1991). Ocupó varios ministerios bajo el mandato de tres presidentes: Planeación, Asuntos Exteriores, Información y Comunicaciones, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, y el de Finanzas. En el año 2002 se lanzó a la Presidencia, perdió con 4% de la votación (fue el portavoz del gobierno cuando las famosas “Guerras del Agua”: las protestas populares desatadas por la privatización del agua de Cochabamba a una compañía estadounidense), y tras su derrota viajó a Washington para trabajar con el Banco Mundial. Su apodo era “el hijo del neoliberalismo”.

Es a causa de las decisiones que tomó en el último ministerio que ocupó, el de Finanzas, que fue llamado el 18 de noviembre de 2010 por el fiscal Harry Suaznábar para que presentara una declaración informativa. Se le acusaba de haber cometido irregularidades en los pagos de unas dietas (compensaciones a funcionarios públicos por dejar el sector privado). Según la acusación, aumentó el pago de las dietas a altos funcionarios de la aduana nacional, a pesar de que sus beneficiarios no desempeñaban funciones de tiempo completo.

Sin embargo, MacLean-Abaroa tiene también una sobresaliente hoja de vida en el campo de la lucha contra la corrupción. Es miembro del consejo asesor de Transparencia Internacional y ha dictado varias conferencias anticorrupción en instituciones como Harvard, en especial describiendo su experiencia como alcalde de La Paz. Se ha pronunciado varias veces en contra de esta acusación. Una de las últimas durante una entrevista televisiva en el año 2011 para el programa boliviano Todo a pulmón: “En el modelo actual los opositores son tratados como criminales. Hoy en día vemos que todos estamos siendo perseguidos por cualquier motivo. Estamos judicializados. Hace un par de años me han iniciado un par de juicios ridículos que me inhabilitan políticamente”.

Si lo que afirma Ronald MacLean-Abaroa es cierto, resulta irónico que el vocero de uno de los proyectos más ambiciosos de Daniel Ortega sea un perseguido político del socialismo del siglo XXI.

Por lo pronto, las fases políticas del proyecto marchan a toda velocidad en Nicaragua. Tanto así que la Asamblea Nacional no consideró necesario abrir un proceso de licitación para adjudicar en 2013, hasta por 100 años, la concesión del Canal de Nicaragua al HKND Group. Algunos explican este éxito en el plano político a las importantes conexiones de Wang Jing.

“El hijo de Daniel Ortega no tiene un cargo oficial en el Estado, tiene una función de asesor en la promoción de inversiones, pero en esta relación particular aparece como el enlace oficial entre el Estado y Wang Jing. El que va a recibir a Wang Jing al aeropuerto es Laureano Ortega. Es lo que se ve en la superficie. Ahora, qué tipo de relación más profunda tengan, no la conocemos”, dijo Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense director del programa Esta semana y de la publicación Confidencial, quien recibió en 2010 el Premio María Moors Cabot de la Universidad de Columbia de Nueva York.

Preguntamos si la ley que adjudicó la concesión del canal merecería una investigación por parte de un ente de control o de un órgano de la justicia: “En Nicaragua eso es impensable”, respondió. “Esta ley mereció más de 30 recursos por inconstitucionalidad, una cifra récord. Todos fueron descartados por la Corte Suprema de Justicia en una sola resolución. En Nicaragua no existen órganos del Estado independientes del Ejecutivo”.

En torno a este tema son más las preguntas abiertas que las respuestas, y la incertidumbre no es un buen contexto para un proyecto que pretende reunir US$50.000 millones a través de acciones compartidas y préstamos.

“Un vocero de la compañía dijo que se han gastado más de US$200 millones en estudios, pero ¿dónde está esa plata? Por la calidad de los estudios que han presentado, eso es bastante dudoso”, añadió Chamorro.

La compañía ha sido hermética con respecto a su contabilidad y ha dicho que por razones de confidencialidad con los inversionistas no puede revelar detalles financieros.

El proyecto podría ser una avezada estrategia ingenieril, empresarial y geopolítica; una pirueta financiera mortal sin red de seguridad; una simple quimera, o incluso algo peor.

El banco central de Nicaragua comprometió todas sus reservas internacionales como garantía de este proyecto, de manera que según la ley se las puede entregar a Wang Jing y a sus socios. Es mucho lo que hay en juego.

Intentamos comunicarnos con el HKND Group, pero al cierre de esta edición no había respondido a nuestra solicitud de entrevista.

“LA DETENCIÓN PREVENTIVA PUEDE SER USADA COMO UN MODO DE 'LAVARSE LA CARA'”

                                                                 

Luis Pásara. Abogado y Doctor en Derecho por la PUCP. Radica en España y ha publicado 'Una reforma imposible', sobre la justicia latinoamericana.

La República de Perú (www.larepublica.pe)

                                      

¿Qué hace imposible que se encuentre justicia en el Perú? 

No diría que es imposible encontrar justicia en el Perú; solo lo es en determinados casos, que usualmente son aquellos en los que hay intereses poderosos de por medio, que interfieren en la imparcialidad con la que el juez debería decidir. En la mayor parte de casos la justicia no es imposible pero sí es cara y lenta, además de imprevisible cuando interviene el factor de la corrupción, que puede lograr que se declare blanco lo que es negro. Y, en efecto, para la mayor parte de la población la justicia sigue siendo enigmática. Pero, en cierta medida, eso no se origina en la justicia misma sino en la educación. ¿Por qué en los planes de estudios escolares no se incluyen cursos en los que el futuro ciudadano conozca qué es el sistema de justicia, cuáles son sus atribuciones y, como peruano, qué derechos y deberes tiene en él? Es tan simple y no se hace. No sé por qué. De allí que lo que parezca imposible sea cambiar el estado de cosas, reformarlo.

Se suele decir que la dependencia del poder político parte de que este asigna el presupuesto...

Muchos jueces –a menudo quienes ocupan cargos más altos– recurren a reclamar más dinero público como una coartada para disimular su incapacidad para encarar los problemas de fondo de la justicia. No solo aquí; en toda América Latina se escucha la misma letanía. Los hechos demuestran –en varios casos, Perú y Ecuador incluidos– que multiplicar –digo bien, multiplicar– el presupuesto judicial no procura ni mejores jueces ni una justicia más eficiente. 

Aumentar el sueldo a los jueces, como lo hizo el gobierno de Alejandro Toledo, ¿fue apropiado?

Primero, atribuir la corrupción a los bajos sueldos es un juicio canallesco acerca del ser humano: suponer que la moral individual no depende de la conciencia sino del nivel de ingresos. Segundo, el caso peruano demuestra, precisamente, que haber aumentado los sueldos no hizo menos corrupto al Poder Judicial. Pero eso no quiere decir que fuera incorrecto mejorar los sueldos de los jueces. El juez debe recibir una remuneración acorde con la importancia de su función. Lo que no estuvo bien, en la decisión de Toledo, fue no incrementar las remuneraciones del personal auxiliar, cuyo papel también es importante.

En la hipótesis de que para la población sea complejo entender el proceso judicial, ¿existe alguna forma de ir cerrando esa brecha? 

Claro que es posible cerrarla, cuando menos reducir la ignorancia actual. Pero los operadores del aparato de justicia –empezando por los abogados– se benefician de esa ignorancia ciudadana de la ley. Con frecuencia, el abogado litigante cobra al cliente sólo por servir de intérprete o traductor de un lenguaje judicial que se mantiene, estúpida o perversamente, a distancia de lo que un mortal común puede comprender. Y esa misma imposibilidad de entender hace que el cliente no pueda evaluar los servicios de su abogado, que muy frecuentemente no son tales; esto es, que la inoperancia del abogado –por ignorancia o por descuido– causa un daño al cliente que le paga inútilmente sin saberlo.

Los casos de linchamiento de delincuentes por sus víctimas siguen...

Los casos de Guatemala, Bolivia y México muestran que el fenómeno va hacia más y no hacia menos. Responsabilizar de los linchamientos a la justicia tiene un fundamento que es solo parcialmente verdadero. Cuando “no hay justicia” –esto es, no hay policía ni jueces en un área territorial determinada–, se entiende, aunque no se apruebe, que se recurra a la propia mano; pero hay casos en los que la turba arrebata al detenido de la comisaría; allí no hay ausencia de justicia; lo que hay es un estado cultural primitivo, al que corresponde el linchamiento. Que la muchedumbre crea que “hace justicia” cuando hiere gravemente o mata a alguien –que a veces incluso es un inocente– es algo que ocurrió en una época en Estados Unidos y hoy ocurre en América Latina, que está viviendo, no solo en este terreno, regresiones de primitivismo.

En Puno la población retuvo a una jueza y la obligó a arrodillarse en la calle para que explique y ofrezca disculpas por excarcelar a un acusado de violación. ¿Eso es señal de una rebelión civil?

No conozco el caso específico y no sé por qué la jueza dispuso la excarcelación. Lo que sí sé, porque he trabajado el asunto de la detención provisional o prisión preventiva, es que la falta de educación ciudadana hace que en nuestros países se crea que cualquiera que es señalado –por la víctima o, peor aún, por la policía– es, sin duda, culpable. De allí la indignación que se produce, alentada casi siempre por los medios de comunicación, cuando un señalado como responsable en un proceso penal es puesto en libertad, sea provisional o definitiva. Esto es, en buena medida, falta de educación cívica; pero también es verdad que los jueces deben fundamentar siempre sus decisiones, en este tipo de casos como en cualquier otro. 

¿Cuánto se parece esa escena a la de Fiorella Nolasco –la hija del asesinado consejero regional de Áncash Felipe Nolasco– recriminando por su pasividad al Fiscal de la Nación en una audiencia pública en Chimbote?

Este caso es distinto porque pertenece a esa categoría de casos a los que referí al comienzo de la conversación, en los que la interferencia de los intereses del poder lleva a temer que no habrá justicia. El comportamiento del Fiscal de la Nación es una vergüenza en éste y en otros casos.

Precisamente luego de ese emplazamiento, empezaron innumerables 'detenciones preventivas' de autoridades regionales. Si hasta parece percibirse una intención de reaccionar mejor...

La detención preventiva puede ser usada –y ha sido usada– por los operadores del sistema como una manera de “lavarse la cara”. Como hay presión de la opinión pública para que “se haga algo”, se dicta la detención y se crea una imagen de eficiencia que acaso no corresponda a un proceso seriamente llevado. El tiempo nos dirá si en este caso concreto las detenciones dictadas son solo asunto de imagen o reflejan una investigación de fondo, con indicios sólidos de responsabilidad.
Lamentablemente, la capacidad de investigación de los ministerios públicos en América Latina es muy baja –incluso cuando no hay de por medio interferencias políticas o corrupción– y ésa es una de las razones importantes que explican el relativo fracaso de la reforma procesal penal.

¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana, que tantas órdenes de detención han generado, al final quedan en nada? 

Sin duda, si ése fuera el desenlace, el descreimiento aumentaría. Existen antecedentes de casos “sonados” que luego se pierden y terminan sin condena. Es que hay quienes apuestan a que el olvido –o el surgimiento de nuevos escándalos– haga que la atención que hoy se presta a un caso, mañana no exista. Entretanto, el caso puede esperar en un cajón. 

¿Qué tan parecida es la realidad del Perú con respecto a otros países del continente en cuanto a la ausencia de Justicia?

En términos generales, la realidad peruana es similar; pero en muchos aspectos, es peor. Creo que la empeora, en particular, el hecho –que no se recuerda mucho– de que el Perú inició su primera reforma judicial en los años setenta. Solo Cuba había hecho antes una reforma de la justicia, que terminó siendo un aparato de justicia al servicio de “la Revolución”, esto es, el partido y el gobierno. Las “olas” de reforma vinieron luego, a partir de los años ochenta, inducidas por la ayuda estadounidense en Centroamérica. De modo que el Perú ha visto fracasar más intentos de reforma que otros países. Dicho eso, en la región las coincidencias son muchas y el origen, en efecto, está en el modelo de justicia heredado de la colonia. El modelo económico actualmente impuesto ni siquiera ha tenido mayor impacto en la justicia, casi prescinde de ella.

Reflexionar sobre los problemas comunes de injusticia, ¿no es una experiencia académica desmotivadora? ¿Es una aventura editorial rentable? ¿Se vendió más o menos que el libro sobre Cipriani?

Es una pregunta muy pertinente, dado que he dedicado décadas de mi vida al tema, guiado por la curiosidad intelectual pero también por el propósito de que la justicia fuera distinta. Durante mucho tiempo mantuve esa ilusión; lo que quizá ha variado es que hoy pienso que los cambios posibles son limitados, en parte debido a que la justicia de un país dado no puede dejar de asemejarse a la sociedad de ese país. Averiguar esto no es rentable, pero no lo hice pensando que lo fuera. En cierta medida porque el interés social en el tema no es muy grande y allí reside una de las razones por las que la justicia no cambia o cambia muy poco. Mucho mayor interés existe por un libro como el de Cipriani, un actor político cotidiano, cuya primera edición casi se ha agotado en cinco meses.

¿Qué debemos esperar de su próximo libro?

He escrito recientemente un informe, que se ha convertido en un pequeño libro, acerca de las condiciones de la independencia judicial bajo el régimen de Rafael Correa en Ecuador. Se ha lanzado esta semana y probablemente tenga una repercusión política importante. Estoy trabajando un informe sobre los resultados de la elección popular de las cúpulas institucionales de la justicia boliviana, que tuvo lugar a fines de 2011. Ambos son casos de los que los peruanos podemos aprender mucho.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 200 PUEBLOS INDÍGENAS

Son 10.000 personas que viven en aislamiento voluntario en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Venezuela.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)

                                            

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó ayer sobre la situación de vulnerabilidad de unos 200 pueblos indígenas que viven aislados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
En un informe titulado "Pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en las Américas", la CIDH puso de manifiesto la fragilidad de las comunidades en esa situación, que se calcula son unas 10.000 personas en total, dada su incapacidad de abogar por sus derechos.

Muchos de estos pueblos han desaparecido, destacó el estudio, y los pocos que sobreviven se enfrentan a la demanda creciente de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios, como los hidrocarburos, los minerales, las maderas y los recursos hídricos.

"Si no logramos asegurar su protección contra estas incursiones, enfrentamos el riesgo de ser testigos de la desaparición completa de los pueblos indígenas", aseguró la CIDH en su informe.

Territorios protegidos

Los Gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela han reconocido, con diferentes niveles de protección jurídica, más de 9 millones de hectáreas a favor de pueblos indígenas que viven al margen de la sociedad general.

También hay indicios de su presencia en las zonas fronterizas de Brasil con Guyana y Surinam.

Sin embargo, el informe destaca que las prohibiciones de acceso a estas áreas no siempre son respetadas y que en la práctica no se suelen realizar acciones para hacerlas cumplir, poniendo en riesgo su integridad y abocándolos a su extinción definitiva en poco tiempo más.

Entre las amenazas que vulneran los derechos de estas comunidades, la CIDH señala el narcotráfico, las actividades turísticas (ecológicas o de aventura), la evangelización de los indígenas, la construcción de infraestructuras y la explotación de los recursos naturales.

La CIDH insta a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y considera que si no se preserva su diversidad cultural sería una pérdida para toda la humanidad.

Los recursos naturales

Entre las recomendaciones que cita el informe para preservar a este colectivo figuran el reconocimiento de su existencia y su derecho a la autodeterminación, la protección de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como su derecho a permanecer en aislamiento voluntario, entre otras.

El contacto debe darse solamente en el caso de ser propiciado por los pueblos en aislamiento, de lo contrario, "debe respetarse su derecho a vivir aislados para no vulnerar su existencia" con la escasez de alimentos, las epidemias y la violencia, derivadas de la incursión en sus territorios.

La CIDH entiende por pueblos en situación de aislamiento voluntario y de contacto inicial a los indígenas que no mantienen contactos sostenidos con la población no indígena y que rehuyen todo tipo relación con personas ajenas a su comunidad. En algunos casos, tras un contacto esporádico con las sociedades no indígenas, muchas veces violento, esos pueblos han decidido regresar a vivir al margen de la sociedad.