NARCOTRÁFICO: ¿ZONA LIBERADA O ZONA VULNERABLE?

La ubicación geopolítica de la Provincia de Salta ha sido desde sus tiempos más remotos, estratégica. Desde su Fundación y hasta la Guerra de la Independencia, resultó el “puerto seco” que convirtió a la zona en un polo comercial, cultural, militar, y por supuesto económico.

Transcurridos los años y organizada la Nación Argentina, esta provincia conservó esa impronta de situación privilegiada, ahora ya como engranaje del nuevo sistema de comercio y relación con las naciones vecinas.
Contradictoriamente, esa posición que otrora le trajera a Salta pingües resultados, ahora se ha convertido en su mayor problema a causa del auge internacional que ostenta un flagelo social del porte que es el narcotráfico.
Sí, pues, resulta que son esos mismos y vastos territorios colindantes con la frontera sobre todo de la República de Bolivia la puerta de acceso, tránsito y actualmente estiramiento y preparación de la cocaína que llega hasta Buenos Aires con destino a los mercados europeos.

Recientemente, el propio ministro de Gobierno, Eduardo Sylvester, ha rechazado que Salta sea una “zona liberada” al narcotráfico; por el contrario, es cierto que desde el Gobierno se han tomado todas las medidas y previsiones que el alcance legal permite para contrarrestar el tráfico de estupefacientes a través de la Provincia. Una de las más recientes y revolucionarias medidas ha sido dotar de capacidad a la Policía de la Provincia para que intervenga en cuestiones de delitos de microtráfico. Una forma incluso de “tamizar” ese combate contra los malvivientes.

Sin embargo, cualquier medida o política de Estado en este sentido muestra su costado más vulnerable ante semejante geografía que puede ser vulnerada de los modos y en los lugares más diversos, habida cuenta de que desde el Gobierno nacional, que debe entender en la situación por tratarse de un delito federal, no se hacen tampoco los esfuerzos que tamaña campaña requiere.

En este punto es donde debe cambiar el tópico del lenguaje con que se aborda la cuestión y pasar a hablar entonces de una “zona vulnerable”, que es muy distinto a una “liberada”, cuya connotación trazaría un cierto sesgo de sospecha, desidia o complicidad.

Uno de los pasajes más utilizados es la franja de 75 kilómetros de frontera natural que traza el Río Bermejo, que separa la localidad de Aguas Blancas en el departamento boliviano de Tarija, de la Ciudad de Orán, en Salta. Basta una improvisada balsa para trasponer el curso de agua y se puede trasladar lo que se quiera y sin ningún control. Una vez en la Argentina, incontables pasadizos entre el monte sirven para llevar hasta centros poblados cualquier carga y desde allí por la ruta hasta la propia Capital, o bien, continuar hacia el sur por la Ruta Nacional Nro. 9.

El instrumento más cercano es el “bagayero” que porta un bulto de mercancías entre las cuales suele esconderse la droga, es el microtráfico que explotan organizaciones colombianas, peruanas y mexicanas. Imposible controlar qué llevan las casi dos mil personas que transponen la frontera diariamente. Otro tanto ocurre en la zona de La Quiaca y su colindante boliviana de Villazón.

Nada más hay que pensar que son 1.200 kilómetros de frontera donde únicamente existen siete pasos formalmente habilitados, pero que ofrecen otros sesenta sitios por donde cruzar.Para las autoridades, éste es un problema prácticamente irresoluble.

Para agravar esa situación, en los últimos años, distintos factores sumaron ventajas que favorecen aún más la situación de los narcotraficantes. Por una parte, la situación económica de una Argentina con una moneda cada vez más devaluada que llevó a que los precursores químicos que se utilizan para procesar la pasta base de cocaína, por ejemplo, se abarataran y bajaran en el monto de exportación clandestina que tenían antes, para utilizarse internamente. Un dato revela la gravedad de esta situación; la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico informó que en el último tiempo se hayan detectado 28 laboratorios clandestinos, número que quintuplica lo confiscado hace un lustro atrás.

Esta situación contribuyó que la Argentina como país, no solamente la provincia de Salta, cambiara su “status” en el circuito del narcotráfico internacional. Así, la antigua ruta de paso fue aprovechada por los narcos para comenzar a vender y producir localmente, lo cual llevó a su consecuencia inmediata que es el incremento del consumo de estupefacientes en franjas etarias cada vez más descendentes.

Si acaso se quiere trazar un mapa objetivo del problema del narcotráfico a nivel país, no solamente el norte es un buen paso y mercado, sino que actualmente también la región de la Patagonia ha comenzado a tornarse en un sitio interesante para esta actividad ilícita al convertirse en un “paso cómodo”.

Actualmente, la Gendarmería Nacional dispuso controles en Senillosa y en el puente con la ciudad de Cipolleti, además de puestos móviles y un trabajo conjunto con las policías locales, sirviéndose de labores de inteligencia y cubriendo un área que va desde Chos Malal hasta el Bolsón.

De esta manera, se demuestra que el problema del tráfico de drogas es una cuestión “transnacional” y no únicamente centrada en una provincia, como puede ser Salta. La influencia del narcotráfico se extiende aprovechando la ausencia de medidas políticas y el magro presupuesto con que las Fuerzas afectadas a combatirlo tienen, lo que les permite a estas bandas operar sin mayores inconvenientes.

Este cuadro ha sido tratado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, Organismo que en su último informe señala que: “Ningún país es inmune al problema: todos participan bien sea porque son el origen , de las drogas, países de tránsito para el tráfico, o importadores”.

Un efectivo control sobre la frontera más grande del país representa una inversión de “cientos de millones de dólares”, como lo sostuvo el Juez Federal, Jorge Villada, además de una efectiva radarización de la región que permite identificar vuelos clandestinos, una medida que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación le reclamó oportunamente al Gobierno nacional.

El Estado provincial y las Fuerzas de Seguridad han demostrado hacer hasta donde pueden, pero la realidad marca que como en las series televisivas, el poder del narcotráfico, todavía camina siempre un paso más adelante. El Intransigente de Argentina (www.elintransigente.com/notas)

"LAS METAS PARA EL DESARROLLO DEBEN PARTIR DE LA BASE SOCIAL"

En entrevista con DW, la ministra de Planeación del Desarrollo de Bolivia habla sobre la agenda global que sustituirá los Objetivos del Milenio. El tema fue discutido durante un simposio celebrado en Berlín.

Deutsche Welle de Alemania (www.dw.de)

Deutsche Welle: Usted tiene a su cargo la planeación estratégica del gobierno boliviano hacia el futuro. ¿Cómo ve usted a Bolivia dentro de 20 años? ¿Cuál es la visión de país que tiene el ministerio a su cargo?

Viviana Caro Hinojosa: Esta visión se ha plasmado en nuestra agenda patriótica, la Agenda 2025. Es una serie de compromisos a largo plazo. Nuestra visión es la de un país mucho más equilibrado, con un desarrollo importante de su aparato productivo, y en el cual se habrán cerrado las brechas más importantes en servicios sociales, en infraestructura. Adicionalmente, queremos lograr que nuestra propuesta de modelo económico se incremente, que nuestro desarrollo en la industrialización de recursos naturales sea una realidad y que, en consecuencia, nuestra matriz productiva tenga un desarrollo importante. Esto contempla una participación más equilibrada de toda la población.

Hablando de dicha participación, ¿cuál es el papel de la población indígena en esta visión estratégica?

Lo que buscamos en primer lugar es subsanar todo el incumplimiento que teníamos en la atención a esa población. Además, queremos que la población indígena, preservando su identidad y su cultura, se incorpore activamente a nuestro modelo político, social y económico. Son parte ya de la construcción del Estado plurinacional, han sido actores importantísimos de este proceso, pero queremos una participación completa en los procesos que estamos realizando.

¿Cuáles son los principales ejes concretos en esta planeación a futuro?

Nos hemos planteado como meta la erradicación de la pobreza extrema; lograr niveles por debajo de lo que es la tasa de crecimiento natural de la población. Eso implica un esfuerzo importante a través del modelo económico. Otro eje es el crecimiento sostenible de la economía. Además, queremos reducir la desigualdad. La reducción de la pobreza es muy importante, pero acabar con la desigualdad es una meta que no debe dejarse de lado porque va a coadyuvar a una reducción efectiva de la pobreza. El desarrollo institucional es otro de los ejes estratégicos. Tenemos un modelo autonómico que tiene que continuar desarrollándose y debe consolidarse, porque tiene objetivos distintos en cada región del país, aunque siempre en el marco de una visión nacional.

Nuestra planificación reconoce las distintas realidades regionales, pero éstas tienen que enmarcarse en los lineamientos de largo plazo. Además, tenemos una serie de proyectos muy importantes en infraestructura como nuestro tren bioceánico o la industrialización de recursos naturales; por ejemplo, la instalación de plantas para la explotación de hidrocarburos. Queremos llegar a la etapa de manufactura en cuanto a la minería y la explotación del litio. Finalmente, queremos desarrollar una serie de polos nuevos en actividades que tradicionalmente han sido de economía local o doméstica, en otras actividades que están mostrando potencial y que merecen contar con esa oportunidad de apoyo estatal.

¿Qué papel juega la cooperación internacional? ¿Qué expectativas tiene Bolivia en cuanto a la cooperación internacional a fin de cumplir estos objetivos?

En esa materia, Bolivia ha dado un cambio sustancial en los últimos diez años. Hace una década, el 70 por ciento de nuestra inversión pública se financiaba con recursos externos. En muchos casos, eso limitó la formación de un modelo propio de desarrollo, por la misma naturaleza de cómo se daban los flujos de financiamiento internacional. Ahora este porcentaje se ha invertido: el 30 por ciento de nuestra inversión pública, que además se ha quintuplicado, es financiado con recursos externos, sobre todo a través de endeudamiento y no con mecanismos de cooperación. El 70 por ciento lo financiamos hoy con recursos propios. Esto le ha permitido al país mucha mayor soberanía, capacidad de decisión, definición de programas y proyectos de largo plazo, así como identificación de lineamientos estratégicos en los principales sectores. Al mismo tiempo, se han ido abriendo otras líneas de cooperación en tecnología y asistencia técnica. La cooperación Sur-Sur es un elemento creciente, en el cual hemos dejado de ser solamente receptores de ayuda para ser también proveedores de asistencia técnica en temas como el desarrollo rural y local, en los cuales hemos desarrollado modelos y enfoques que están teniendo éxito. A nivel internacional va a haber una nueva agenda, la Agenda Post -2015. En ella, Bolivia, además de las metas sociales, plantea que se incorporen temas como el cambio climático y el desarrollo sostenible. En cuanto al cambio climático, los países desarrollados tienen una deuda pendiente que deben cumplir en relación con los países en desarrollo. Debe haber metas cuantificables y una comunidad internacional mucho más rigurosa, que haga un seguimiento continuo de estos indicadores.

El ministerio alemán de Cooperación al Desarrollo y la ONU realizaron hace unos días un simposio en Berlín, a fin de analizar la posible composición de la Agenda Post-2015. ¿Hubo avances, desde su punto de vista, en cuanto a la definición de estas y otras metas globales de desarrollo?

Rescato dos elementos de la discusión. Uno, avanzamos en modelos orientados hacia lo que la población busca. El modelo boliviano, por ejemplo, comenzó en las voces de nuestras organizaciones sociales. Se reconoció la importancia de que las metas para el desarrollo posteriores a 2015 sean apropiadas y provengan de la misma base social, lo cual es un elemento sustancial para su legitimidad. El segundo elemento es el de la responsabilidad: la rendición de cuentas, que para nosotros está anclada en la Constitución. El tema, a nivel nacional e internacional, estuvo presente en la discusión. No solo se plantearon definiciones o principios, sino medidas mucho mas concretas que realmente van a llevar a un mejor ejercicio de la rendición de cuentas. Sin embargo, aún queda mucho por definir en el ámbito internacional: cómo se van a llevar adelante los mecanismos de rendición de cuentas. En este aspecto creemos que se va a producir una discusión más amplia que no solo involucra a los gobiernos, sino también a la sociedad civil. Deutsche Welle de Alemania (www.dw.de)

"ME SIENTO ESTAFADA POR UNA FAMILIA BOLIVIANA Y LA JUSTICIA DE MI PAÍS"

                                                                                                                                                                                      

Celia Rodríguez, la hija del palmero asesinado en Bolivia, afirma que los autores de los graves delitos continúan en libertad y ella siente que un ciclo terrible de su vida "se ha cerrado en falso".

El Día de España (www.eldia.es/canarias)

                                                            

Celia Rodríguez es la hija de Juan Rodrigo Rodríguez Ferraz, el palmero presuntamente estafado y asesinado por una familia de origen boliviano a finales del año 2009. Esta mujer ha sido la persona que más ha sufrido de forma directa las pesquisas policiales sobre la desaparición y muerte de su padre; las llamadas que le hacían desde el país sudamericano para darle detalles sobre la trágica suerte de su progenitor y, sobre todo, el archivo del caso por una jueza de La Laguna, que es lo que más le ha dolido de esta terrible experiencia.

Celia manifiesta que "me siento estafada; primero por la familia de bolivianos y después por la Justicia de mi país". En declaraciones a EL DÍA asegura que "puse mi vida y la de mi hijo al servicio de una investigación que no llegó a nada". Comenta que durante las semanas de mayo y junio de 2010 en que recibió llamadas para incitarla a que viajara a Bolivia con dinero para sobornar a militares y autoridades, no tuvo familiares a su lado que la apoyaran (es hija única y su madre también falleció hace años). Y reconoce que en los días de las llamadas llegó a "sufrir ataques de pánico".

Celia explica que "me alucina que se sepa todo y, al final, la respuesta del poder Judicial es que me vaya a Bolivia y que use los datos de la investigación" que se desarrolló por el Grupo de Homicidios de Tenerife, con refuerzo de un investigador de Madrid.

Para intentar evitar ese "desamparo", la hija de Juan Rodrigo acudió al Diputado del Común y al Subdelegado del Gobierno en aquel momento, José Antonio Batista.

Recuerda que llegó a mantener una reunión con Batista, el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía y el inspector que dirigió las gestiones para esclarecer el suceso. Pero ese encuentro tampoco tuvo resultados efectivos para sus expectativas.

Al principio, desde la Policía se le planteó la posibilidad de viajar a Bolivia, pero acompañada de un grupo de investigadores. Porque en aquel momento la consigna era: "ni se te ocurra salir sola del país". Y otra advertencia fue: "Si vas, te van a matar".

Y desde el Ministerio del Interior "me dijeron que si quería resolver algo, tendría que ir" al país andino. Celia comenta que los agentes de Homicidios "sabían hasta desde qué locutorio hicieron llamadas" las personas implicadas directa o indirectamente en el caso. Pero ahora "los autores pueden quedar impunes", lamenta la hija de la víctima.

Y amargamente se pregunta: "¿Qué clase de ejemplo es este para otros individuos que tengan la intención de estafar o matar a personas mayores tras sacarlos del país?". Y se cuestiona: "¿Por qué? Es un ciudadano español y se apreció la comisión de varios delitos, como estafa, blanqueo de capitales, evasión de capitales o falsificación de documentos públicos?"

La desaparición y muerte de su padre le ha trastocado su vida. Apunta que "hay un antes y un después; han sido cuatro años terribles". Y lo peor de todo es que siente que "quieren cerrar en falso un ciclo, pero no se ha puesto punto y final". Aunque en junio del 2010 finalizó la intervención telefónica de su móvil por parte de los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, "me siguieron llamando desde Bolivia para que supiera en qué se estaba gastando el dinero" el individuo identificado durante la investigación como "Marcelo". Y, además, asegura que "he tenido presión para que no dijera nada, por el secreto judicial". Sin embargo, "el secreto de sumario se levantó en octubre pasado y ahora puedo hablar".

LOS PADRES DE LA NIÑA SECUESTRADA EN LA SELVA DE BOLIVIA DICEN AHORA QUE LA DEJARON VIAJAR PARA OBTENER 'PAPELES'

Te Interesa de España (www.teinteresa.es/sucesos)

                                                                           

Los padres de la niña marroquí de 10 años secuestrada siete meses en la selva de Bolivia, imputados por abandono familiar, han cambiado la versión inicial que dieron a los Mossos d'Esquadra al denunciar y ahora han asegurado que permitieron viajar a su hija para conseguir 'papeles' bolivianos que le permitieran regularizarse en España.

Según han explicado a Europa Press fuentes próximas a la investigación, en su declaración como imputados ante la policía catalana, los padres, que declararon asesorados por un abogado, modificaron sus explicaciones iniciales y dijeron que permitieron a la niña viajar para que consiguiera documentación acreditando ser boliviana y así poder regresar a España y regularizar su situación.

Cuando denunciaron los hechos ante la policía, una semana después de que la niña viajara con su secuestrador a Bolivia con autorización familiar el 28 de septiembre, habían asegurado que dieron su consentimiento porque su hija no había viajado nunca de vacaciones y su vecino se iba a su país a ver a su madre.

La familia marroquí, con otros dos hijos más pequeños, llevaba varios años viviendo en España pero en situación irregular, y, de hecho, la niña no hubiera podido regresar con la documentación marroquí con la que salió del país para irse a Bolivia con su secuestrador --avalado con un poder notarial firmado por los padres--.

El secuestrador, Grover Morales, habían entrado a España con una identidad falsa conseguida durante una regularización realizada por las autoridades bolivianas en la zona selvática de Cochabamba, donde hay muchas personas sin registrar y sin nombre.

Esta identidad falsa le permitió viajar a España sin problemas pese a que había tenido problemas con la Justicia de su país por haber violado a sus hermanastras y había pasado un tiempo en la cárcel por estos hechos.

COMPRA DE ORO

La versión de la niña es otra: que viajó junto a Grover Morales, un vecino ecuatoriano que conocía a la familia desde hacía dos meses y con la que había simpatizado, porque iban a comprar oro y ella serviría de tapadera para traerlo de vuelta sin que se notara, vistiendo las joyas.

Estas explicaciones las ha ratificado ante el juez del caso, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de L'Hospitalet, que está pendiente de tomar declaración a los padres tras imputarles.

Lo ocurrido sigue teniendo muchos puntos oscuros, puesto que la versión que dio Morales ante los medios de comunicación es que los padres le permitieron llevarse a la niña para casarse con ella, un extremo que los padres niegan.

Los investigadores no descartan que los padres pudieran haberla vendido, aunque al parecer está confirmado que les engañó porque ellos no creían que iban a Bolivia para no regresar.

Sin embargo, todo parece indicar que Morales lo tenía todo planeado para no volver porque solo compró los billetes de ida, vendió todas sus herramientas de trabajo --hacía trabajos de albañilería-- y cerró todas sus cuentas bancarias.

La menor, que está bajo tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia), todavía no ha regresado con su familia a la espera de que se aclaren los hechos.

Entrevista a LaDonna Harris, estadounidense, activista de origen comanche

“UNA AGENCIA INTERNACIONAL DEBERÍA REGULAR A LAS CORPORACIONES”

El Telegráfo de Ecuador (www.telegrafo.com.ec)

LaDonna Harris, estadounidense, activista de origen comanche, tribu americana que comprende territorios de Nuevo México, Colorado, Kansas, Oklahoma y Texas, es fundadora y presidenta de la organización Americans for Indian Opportunity. Desde el domingo de la semana pasada, por primera vez, se encuentra en Ecuador un grupo de 33 jóvenes líderes y representantes de tribus y pueblos indígenas de Estados Unidos y de países como Nueva Zelanda, Samoa, Perú y Bolivia. Entre ellos llegó LaDonna Harris, fundadora y presidenta de la organización Americans for Indian Opportunity, la cual, sin fines de lucro, promociona iniciativas para los nativos americanos. Además, es una reconocida activista de origen comanche, destacada estadista, líder nacional estadounidense e impulsora en áreas de derechos humanos, protección del medio ambiente, del movimiento femenino y de la paz mundial.

Harris conversó con EL TELÉGRAFO. Al referirse a daños ambientales, como el ocasionado por Chevron en la Amazonía ecuatoriana, cree que los pueblos indígenas del mundo deberían unirse para hacer frente a estos abusos, así como para promover la creación de leyes locales y una agencia internacional que regule y sancione las actividades de las grandes corporaciones.  

¿Cuál es el motivo de su presencia en Ecuador junto a jóvenes líderes tribales y de pueblos indígenas de varios países?

Somos parte de un programa en Estados Unidos de embajadores nativoamericanos, a quienes se  entrena en liderazgo para que aprendan y entiendan las políticas globales de movimientos indígenas.
Tenemos este programa desde hace 12 años. Hemos viajado a México, Perú, Bolivia, Venezuela, etc., para entender sobre lo que los otros indígenas están haciendo. Este año decidimos venir a Ecuador 33  indígenas de EE.UU., Nueva Zelanda, Japón, Perú y Bolivia. La mayoría de los embajadores representa a tribus de EE.UU. (16), pero también están 2 de Nueva Zelanda, 2 de Samoa, 1 de la Amazonía del Perú y 1 boliviano.

¿Por qué se escogió a Ecuador?

Para ver lo que ha sucedido en la Amazonía con Chevron y cómo ha afectado a los pueblos indígenas...
Además, para crear vínculo entre pueblos indígenas del mundo, para aprender cómo están tratando sus problemas, especialmente el de la pérdida de tradiciones, valores, atuendos, idioma. Aparte de esto, queremos ver en  Ecuador el cambio de política que hay con la nueva Constitución y cómo adaptaron en ella los valores indígenas. Eso nos  interesa mucho como grupo.

¿Cuándo llegaron, cuál es la agenda que tienen, con quiénes se han reunido, qué han visto?

Vinimos el 16 de marzo y al siguiente día empezamos las actividades. Visitamos al ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño; Fenocin, Coordinadora Campesina Eloy Alfaro  y pueblos  indígenas.

También nos reunimos con el presidente del Parlamento Andino  y junto con la Cancillería hablamos del Buen Vivir, su concepto y cómo se aplica en Ecuador. Llegamos a un acuerdo para que se conozca lo que son los pueblos nativoamericanos del mundo, lo cual no se sabe mucho en Ecuador.

También hablamos del caso Chevron y se acordó que una delegación de 6 personas del grupo de 33 líderes de tribus viajará el próximo miércoles a la zona contaminada con petróleo, para tener una idea de lo que ocurrió y contarlo en nuestros países, en las tribus y los pueblos indígenas. En la selva amazónica hablaremos  con comunidades como la shuar, para ver cómo funcionan escuelas y organizaciones, para tener una idea del desarrollo que  puede haber dentro de una comunidad.

De lo que ha visto, ¿cuáles son los principales problemas que afrontan indígenas ecuatorianos y en qué coincide con problemas de indígenas de EE.UU. y el mundo?

Lo relacionado con  preservar  tradiciones es el problema común en todos los pueblos indígenas del mundo. Esto se da porque tienen problemas con las corporaciones que se toman los medios de producción y lo controlan todo.

Lo que no queremos ver es que se produzca algo así como que una recolonización que pueda darse con la globalización, porque lo que  pasa es que las corporaciones grandes de los países que tienen más fuerza están tratando de quitar poder a los grupos más pequeños al coger sus medios de producción.

Lo que queremos en un mundo global es hacer sentir la presencia indígena y los valores que tenemos, como el hecho de cuidar de la naturaleza,  estar en armonía.

Dentro de esos problemas que generan las corporaciones en los pueblos indígenas, ¿qué sabe de lo que dejó Chevron en Ecuador?

Hemos tenido acceso a documentos del caso Chevron. Sabemos que vino, contaminó, se fue y se lavó las manos. Nos gustaría poder crear algún tipo de acuerdo con esas corporaciones, para que haya parámetros a seguir, que respeten los derechos humanos y de la naturaleza, lo mismo que quisiéramos llevarlo a EE.UU. y a la ONU, para tratar de  aplicarlo, no solo a Chevron, sino a las grandes  corporaciones del mundo.

Reglas y leyes rígidas sí hay en  EE.UU. para controlar el proceder de las corporaciones, ¿pero qué le parece lo hecho por Chevron en Ecuador? ¿Cree que habría utilizado tecnología obsoleta en EE.UU. para ahorrar dinero y ganar más? ¿Qué opina de que indígenas de Sucumbíos y Orellana lo denunciaron?
Entendemos que hay ciertas leyes en Estados Unidos que son para empresas de este país, pero la idea es tratar de nosotros plantear, como indígenas, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  que haya una agencia internacional que sea la que regule, porque no se puede aplicar unos estándares en Estados Unidos, pero que esas mismas empresas vayan a otros países y apliquen otros estándares, por lo que queremos que sea algo internacional.

¿Qué medidas han adoptado frente a esos abusos dentro de sus propios territorios?

Lo que hemos hecho como grupo es luchar por cambiar políticas y leyes a nivel federal, para que las compañías no puedan hacer esto. En EE.UU., como Consejo de Tribus para los Recursos de Energía, por ejemplo, se logró  un acuerdo con el Gobierno Federal para crear sus propias leyes y reglas que tenían que seguir las corporaciones. Entonces, el acuerdo es que tenían que ser unos estándares que protegieran no solo a los pueblos indígenas, sino también a la naturaleza, proteger a un nivel más alto de lo que ya había puesto el Gobierno de Estados Unidos para las grandes corporaciones. Eso ayuda a que cada tribu se pueda organizar y crear, según sus necesidades, leyes y reglamentos para protegerse.

¿Qué le parece que, tras el daño, en vez de remediar, Chevron enjuicia a los abogados de los indígenas afectados bajo la ley RICO, creada en Nueva York para procesar mafiosos, a delincuentes organizados; y que el juez federal del Distrito Sur, Lewis Kaplan, falle a favor de la transnacional?

Nos parece terrible que algo así suceda. Por eso creemos que las tribus del mundo se deben unir y luchar juntas, darse  apoyo entre sí. Además, es importante compartir los valores, porque nos hemos dado cuenta de que, en el mundo, un concepto que todas las tribus y pueblos indígenas tenemos en común es el amor por la tierra, el respeto por la naturaleza.

¿Qué harán tras esta experiencia en Ecuador?

Al regresar a EE.UU. iremos al Gobierno a contar lo que aprendimos en Ecuador y hacerles conocer la opinión de las tribus y pueblos indígenas, de lo que ellos piensan respecto a proteger los derechos de la naturaleza del Ecuador, lo cual Estados Unidos y las grandes corporaciones también deben tomar en cuenta.
Además, iremos ante las Naciones Unidas para difundir este mensaje a diferentes organizaciones, para usar esto y la unión de todas las tribus como un arma en esta gran lucha.

CANCILLER: "NO CONCORDAMOS CON VISIÓN HISTÓRICA DE BOLIVIA"

Heraldo Muñoz se reunió con el presidente de la Corte de La haya y aseguró que en el encuentro no se abordó demanda marítima que interpuso Bolivia contra Chile ante el tribunal internacional.

Terra de Chile (www.noticias.terra.cl/nacional)

                                                                              

El canciller Heraldo Muñoz  se reunió este lunes con el presidente de la Corte de La Haya, Peter Tomka  descartando que se tratara la demanda de Bolivia  ante dicho tribunal.

Muñoz dijo que le transmitió a Tomka “los saludos de la Presidenta Michelle Bachelet, conversamos sobre distintos tópicos como la presencia de Chile en la Corte a través del juez Alvarez en el pasado y sobre el apego de Chile al derecho internacional y de la política exterior del nuevo gobierno, que se va a caracterizar por una actividad importante en la región, en América Latina, sin perjuicio de las relaciones maduras que tenemos con países tan variados como los de Europa y Estados Unidos".

El canciller descartó que en el encuentro se haya abordado  la demanda que interpuso Bolivia contra Chile por una salida soberana al mar: “No, no conversamos sobre casos concretos. Sí conversamos sobre casos pasados que han estado en la corte, y con respecto a la implementación del fallo con Perú, expresamos toda la disposición de Chile de cumplirlo a cabalidad, como también tiene que ser el cumplimiento por parte de Perú, de las obligaciones que para los dos países emanan tanto del fallo como de la declaración conjunta del 2+2, fue una muy buena conversación".

Ante los dichos de la ministra de comunicaciones de Bolivia, Amanda Dávila, respecto de que se estaría atentos a la cita y que podían pedir incluso la incompetencia de la Corte, Muñoz fue enfático en señalar que "me parece muy bien que los países estén atentos a las visitas que se hacen a la corte,  pero aquí no se ha hablado de ningún modo del caso de Bolivia, de ningún modo, así que todos tenemos que estar tranquilos en ese sentido".

Con relación a las declaraciones del presidente de Bolivia Evo Morales, que ayer  llamó a superar la propuesta hecha por Pinochet en 1975, Muñoz expresó: "No concordamos con esa visión histórica, pero lo que está claro es que Chile siempre ha estado dispuesto a reponer la agenda de 13 temas que la presidenta Bachelet propuso durante su primer mandato. Pero evidentemente si es que el punto 6, que es la demanda marítima, se radica por parte de Bolivia, como lo ha hecho unilateralmente aquí en la corte, nosotros vamos a responder a ese tema también aquí en la corte", declaró.

EX CÓNSUL EN BOLIVIA ASUME COMO NUEVO EMBAJADOR EN PERÚ

24 Horas de Chile (www.24horas.cl)

                                 

El Ministro de Relaciones Exteriores (s), Edgardo Riveros, informó que la presidenta Michelle Bachelet designó al diplomático de carrera, Roberto Ibarra como el nuevo embajador de Chile en Perú, país que entregó su beneplácito.

El gran desafió del diplomático nacional será implementar el fallo que La Haya dictaminó a fines de enero y que redujo la extensión del paralelo como límite marítimo.

Ibarra estudió Derecho en la Universidad de Chile y  posteriormente ingresó a la Academia Diplomática Andrés Bello y más tarde cursó estudios de Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano, Argentina.

A lo largo de su carrera ha ocupado importantes cargos, entre ellos, fue​ cónsul general de Chile en Munich, Alemania (1990-1991), consejero en la embajada de Chile en Italia (1992-1994), ministro consejero en la Misión de Chile ante la Unión Europea en Bruselas, Bélgica (1997-2000),  embajador en Malasia (2000-2004), con concurrencia en Vietnam y Brunei Darussalam,  cónsul general de Chile en Bolivia (2006-2009) y​ embajador de Chile en Canadá desde 2011 a la fecha.

En el ministerio de Relaciones Exteriores ha ejercido como Director de América del Sur y Director General de Política Exterior.

El Embajador Ibarra ha sido condecorado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Italia y Portugal.

Diario colombiano habla de lavado de dinero por contrabando de tabaco paraguayo

                                                                                                                                                                                                                                                                         

INVESTIGACIONES PONEN EN LA MIRA AL PRESIDENTE CARTES

Un diario de Colombia publicó que el tabaco de una de las empresas de Horacio Cartes, Tabesa SA, financia el lavado de dinero de grupos criminales de ese país e incluso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al mismo tiempo, un diario brasileño mostró las supuestas rutas del contrabando de la empresa del Mandatario paraguayo.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

                                                    

El 6 de marzo de 2012, Horacio Cartes hizo la de Pilatos durante una entrevista en ABC Color: se lavó las manos tras ser consultado sobre el contrabando de cigarrillos de Tabacos del Este SA –su fábrica– en países como Argentina y Brasil.

Cartes, hoy presidente de la República, dijo entonces que era consciente de que sus productos se comercializaban de contrabando en los países vecinos, pero se desmarcó de la culpa porque consideraba que cumplía con todos los tributos al fisco paraguayo. Inclusive, alabó su producto y añadió que va a Brasil y Argentina por la calidad que tiene. También manifestó que “el contrabando era un problema aduanero”. Dos años después, él controla la Dirección de Aduanas del Paraguay.

Un trabajo de la Unidad de Investigación del diario El Tiempo de Colombia publicó que la mafia colombiana y las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) supuestamente lavan dinero con el tabaco proveniente de la empresa de Cartes, Tabesa SA.

Al mismo tiempo, el diario brasileño Gaceta do Povo publicó, en un trabajo especial de siete páginas cómo el tabaco de la empresa de Cartes hace presuntamente un total de nueve rutas, marítimas y terrestres, para luego ser comercializado de contrabando en países como Bolivia, Argentina, Chile, Aruba, Brasil, Guatemala, México y Ecuador.

El Tiempo publicó que solo en Colombia las cajetillas que salen de las tabacaleras de Cartes blanquean US$ 209 millones al año; fortunas que son de narcotraficantes, de la guerrilla de las FARC y de la banda criminal de “Los Urabeños”.

A pesar de no ser un tema nuevo en el prontuario de Cartes, ahora la investigación en Colombia está abierta. En ella trabajan un grupo especial de agentes holandeses (Special Police Taskforce, o Fuerzas Especiales de Policía) y autoridades judiciales colombianas.

Supuestamente, el contrabando de cigarrillos a Colombia se realiza a través de Aruba y Curazao, dos países que se hallan en el Caribe y que son dependientes del Reino de los Países Bajos, es decir, Holanda. “Esta actividad ilícita hace que los departamentos dejen de recibir más de US$ 67 millones al año por ingresos fiscales”, dice la publicación de El Tiempo.

Cartes había reconocido también hace dos años que Aruba y Curazao eran destinos fijos de exportación de sus cigarrillos.

Por su parte, Gaceta do Povo, un diario con base en Curitiba, recordó que “uno de cada cuatro cigarrillos consumidos en Brasil se introduce de contrabando”. Por cada US$ 2,2 mil millones en el mercado ilegal, se genera una pérdida de US$ 1,5 mil millones en ingresos fiscales y roba 30.000 empleos formales en el país.

DETIENEN A DOS CIUDADANOS BOLIVIANOS CON 400 CÁPSULAS CON COCAÍNA

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)

Gendarmería Nacional secuestró 4 kilos de cocaína acondicionados en 400 cápsulas y detuvo a una pareja de nacionalidad boliviana. El decomiso fue el resultado de un procedimiento llevado a cabo en la provincia de Jujuy, en el marco del Operativo “Vigía” que establece controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia, diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Efectivos del Escuadrón 60 “San Pedro” que se encontraba sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del Rio Zora controló un ómnibus de larga distancia procedente de la ciudad de Profesor Salvador Mazza con destino final la ciudad de Tucumán. 

Al momento de realizar la requisa de los pasajeros, los gendarmes observaron que una ciudadana de nacionalidad boliviana ocultaba debajo de una manta una faja donde se encontraban cuatro tiras de cinta aisladora color negro, en cuyo interior se ocultaban tizas (cápsulas). Asimismo los uniformados constataron que la mujer viajaba junto a un hombre de la misma nacionalidad que llevaba en la parte inferior de las piernas, adosadas en forma de “canilleras” tiras con similares características.

Los gendarmes efectuaron la prueba de campo Narcotest a las tizas que arrojo resultado positivo para cocaína. Un total de 4 kilos distribuidos en 400 cápsulas fue decomisado. 

Intervino el Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy  quien dispuso el secuestro de la droga y la detención de la pareja involucrada. Este operativo se enmarca en directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación  para prevenir este tipo de ilícitos.

NARCOTRÁFICO: ¿ZONA LIBERADA O ZONA VULNERABLE?

Nada más hay que pensar que son 1.200 kilómetros de frontera donde únicamente existen siete pasos formalmente habilitados, pero que ofrecen otros sesenta sitios por donde cruzar

El Intransigente de Argentina (www.elintransigente.com/notas)

                                         

La ubicación geopolítica de la Provincia de Salta ha sido desde sus tiempos más remotos, estratégica. Desde su Fundación y hasta la Guerra de la Independencia, resultó el “puerto seco” que convirtió a la zona en un polo comercial, cultural, militar, y por supuesto económico.

Transcurridos los años y organizada la Nación Argentina, esta provincia conservó esa impronta de situación privilegiada, ahora ya como engranaje del nuevo sistema de comercio y relación con las naciones vecinas.
Contradictoriamente, esa posición que otrora le trajera a Salta pingües resultados, ahora se ha convertido en su mayor problema a causa del auge internacional que ostenta un flagelo social del porte que es el narcotráfico.
Sí, pues, resulta que son esos mismos y vastos territorios colindantes con la frontera sobre todo de la República de Bolivia la puerta de acceso, tránsito y actualmente estiramiento y preparación de la cocaína que llega hasta Buenos Aires con destino a los mercados europeos.

Recientemente, el propio ministro de Gobierno, Eduardo Sylvester, ha rechazado que Salta sea una “zona liberada” al narcotráfico; por el contrario, es cierto que desde el Gobierno se han tomado todas las medidas y previsiones que el alcance legal permite para contrarrestar el tráfico de estupefacientes a través de la Provincia. Una de las más recientes y revolucionarias medidas ha sido dotar de capacidad a la Policía de la Provincia para que intervenga en cuestiones de delitos de microtráfico. Una forma incluso de “tamizar” ese combate contra los malvivientes.

Sin embargo, cualquier medida o política de Estado en este sentido muestra su costado más vulnerable ante semejante geografía que puede ser vulnerada de los modos y en los lugares más diversos, habida cuenta de que desde el Gobierno nacional, que debe entender en la situación por tratarse de un delito federal, no se hacen tampoco los esfuerzos que tamaña campaña requiere.

En este punto es donde debe cambiar el tópico del lenguaje con que se aborda la cuestión y pasar a hablar entonces de una “zona vulnerable”, que es muy distinto a una “liberada”, cuya connotación trazaría un cierto sesgo de sospecha, desidia o complicidad.

Uno de los pasajes más utilizados es la franja de 75 kilómetros de frontera natural que traza el Río Bermejo, que separa la localidad de Aguas Blancas en el departamento boliviano de Tarija, de la Ciudad de Orán, en Salta. Basta una improvisada balsa para trasponer el curso de agua y se puede trasladar lo que se quiera y sin ningún control. Una vez en la Argentina, incontables pasadizos entre el monte sirven para llevar hasta centros poblados cualquier carga y desde allí por la ruta hasta la propia Capital, o bien, continuar hacia el sur por la Ruta Nacional Nro. 9.

El instrumento más cercano es el “bagayero” que porta un bulto de mercancías entre las cuales suele esconderse la droga, es el microtráfico que explotan organizaciones colombianas, peruanas y mexicanas. Imposible controlar qué llevan las casi dos mil personas que transponen la frontera diariamente. Otro tanto ocurre en la zona de La Quiaca y su colindante boliviana de Villazón.

Nada más hay que pensar que son 1.200 kilómetros de frontera donde únicamente existen siete pasos formalmente habilitados, pero que ofrecen otros sesenta sitios por donde cruzar.Para las autoridades, éste es un problema prácticamente irresoluble.

Para agravar esa situación, en los últimos años, distintos factores sumaron ventajas que favorecen aún más la situación de los narcotraficantes. Por una parte, la situación económica de una Argentina con una moneda cada vez más devaluada que llevó a que los precursores químicos que se utilizan para procesar la pasta base de cocaína, por ejemplo, se abarataran y bajaran en el monto de exportación clandestina que tenían antes, para utilizarse internamente. Un dato revela la gravedad de esta situación; la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico informó que en el último tiempo se hayan detectado 28 laboratorios clandestinos, número que quintuplica lo confiscado hace un lustro atrás.

Esta situación contribuyó que la Argentina como país, no solamente la provincia de Salta, cambiara su “status” en el circuito del narcotráfico internacional. Así, la antigua ruta de paso fue aprovechada por los narcos para comenzar a vender y producir localmente, lo cual llevó a su consecuencia inmediata que es el incremento del consumo de estupefacientes en franjas etarias cada vez más descendentes.

Si acaso se quiere trazar un mapa objetivo del problema del narcotráfico a nivel país, no solamente el norte es un buen paso y mercado, sino que actualmente también la región de la Patagonia ha comenzado a tornarse en un sitio interesante para esta actividad ilícita al convertirse en un “paso cómodo”.

Actualmente, la Gendarmería Nacional dispuso controles en Senillosa y en el puente con la ciudad de Cipolleti, además de puestos móviles y un trabajo conjunto con las policías locales, sirviéndose de labores de inteligencia y cubriendo un área que va desde Chos Malal hasta el Bolsón.

De esta manera, se demuestra que el problema del tráfico de drogas es una cuestión “transnacional” y no únicamente centrada en una provincia, como puede ser Salta. La influencia del narcotráfico se extiende aprovechando la ausencia de medidas políticas y el magro presupuesto con que las Fuerzas afectadas a combatirlo tienen, lo que les permite a estas bandas operar sin mayores inconvenientes.

Este cuadro ha sido tratado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, Organismo que en su último informe señala que: “Ningún país es inmune al problema: todos participan bien sea porque son el origen , de las drogas, países de tránsito para el tráfico, o importadores”.

Un efectivo control sobre la frontera más grande del país representa una inversión de “cientos de millones de dólares”, como lo sostuvo el Juez Federal, Jorge Villada, además de una efectiva radarización de la región que permite identificar vuelos clandestinos, una medida que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación le reclamó oportunamente al Gobierno nacional.

El Estado provincial y las Fuerzas de Seguridad han demostrado hacer hasta donde pueden, pero la realidad marca que como en las series televisivas, el poder del narcotráfico, todavía camina siempre un paso más adelante.