El Gobierno reconoce que las
expropiaciones de empresas españolas decretadas por el Gobierno de Evo Morales
a principios de año han sido actuaciones "inamistosas y hostiles"
hacia España, y que "obligarán a revisar y repensar en su conjunto"
las relaciones bilaterales con Bolivia.
Así figura en una respuesta parlamentaria
a la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, quien a principios de febrero
preguntó al Gobierno si tenía intención de hacer una "condena más
enérgica" por la nacionalización de varias filiales de Iberdrola, apenas
siete meses después de que el país andino hiciera lo propio con la empresa
Transportadora de Electricidad, propiedad de Red Eléctrica Española (REE). La
líder de la formación magenta se interesaba además por saber si el Ejecutivo
tenía "información previa" sobre las intenciones de Bolivia y si
había realizado "tareas de análisis de la situación de las inversiones
españolas" en dicho país.
Ahora, pasados dos meses desde esos
hechos, el Gobierno de Mariano Rajoy responde que "no contaba con ninguna
información previa" sobre las intenciones nacionalizadoras de Morales, ni
por parte de las empresas ni de las autoridades bolivianas, a pesar de los
"múltiples contactos" que diferentes cargos españoles habían
mantenido para "recabar información previa y unas formas más discretas de
llevarlas a cabo, sin escenificaciones de toma militar o policial de las
instalaciones".
Además, asegura haber trasladado al
Gobierno andino su "malestar por las formas" en que se han llevado a
cabo estos procesos, particularmente en el caso de Iberdrola, cuya situación ha
sido "enérgicamente tratada". Y se ha "condenado tajantemente la
falta de información previa" a los sucesos, apostilla.
"Se ha comunicado a las
autoridades bolivianas que esta nacionalización (de las filiales Iberdrola) ha
sido, por tercera vez en un año, un gesto inamistoso y hostil hacia España que
obligará a revisar y repensar nuestras relaciones con Bolivia en su
conjunto", continúa la respuesta, añadiendo que "todavía se está
considerando qué modificaciones se introducirán" en dichas relaciones.
ESTÁN EN SU DERECHO PERO COMPENSANDO
Por otra parte, el Gobierno asegura
esta realizando un "seguimiento continuo" de los procesos de
indemnización a las que ya han sido nacionalizadas, que deben tener una
"solución negociada" ya que, aunque el equipo de Morales tiene
"derecho soberano" a nacionalizar inversiones extranjeras, la
legislación internacional prevé también el "deber de indemnizar con
prontitud el justiprecio".
Asimismo, España también sigue de
cerca la evolución de la situación de las empresas españolas en Bolivia, con
las que está estudiando su realidad actual para "tratar de prever"
qué inversiones y proyectos podrían "derivar en decisiones
nacionalizadoras o expropiadoras por parte del Gobierno boliviano".
En este sentido, asegura que seguirá
"impulsando en todos los foros internacionales y en todos los contactos
bilaterales la necesidad de asegurar la vigencia de un marco previsible de
seguridad jurídica y protección legal para las inversiones extranjeras en
cualquier estado" y que sigue "con atención" la redacción y
aprobación de una nueva Ley de Inversiones Extranjeras en Bolivia que
"brinde un marco de garantía, previsibilidad y seguridad jurídica a las
inversiones en el país andino". (LIBERTAD DIGITAL DE ESPAÑA)
NARCOS
PERUANOS CONVIERTEN BOLIVIA EN CENTRO DE OPERACIONES
Inforegión
de Perú (www.inforegion.pe)
El país altiplánico es hoy por hoy
uno de los principales puntos de mercadeo de la droga en el continente. Hasta
allí trasladan o envían cargamentos de droga las mafias peruanas que buscan
elevar sus ingresos. Un narcotraficante revela en esta nota por qué Bolivia es
un “lugar ideal” para sus ilícitas actividades.
“El kilo de pasta lavada te cuesta
850 cocos (dólares) si lo compras en Monzón, en la “durmiente” (Tingo María) o
en la “dos LL” (Llochegua). Pero si te lo llevas a la tierra de Evo puedes
venderlo entre mil 600 y 2 mil. Con solo 100 kilitos ganas 200 mil. Claro que
sigue siendo negocio ir a Bolivia”.
Quien hace cálculos es un sujeto
inmerso en el negocio ilegal de la droga. Por su conocimiento del tema, está
convencido de que el negocio de la droga pese a las restricciones impuestas por
las autoridades de Bolivia y Perú sigue siendo rentable.
Este sujeto explica cómo por
cuestiones de transporte y de riesgo el precio de la droga que sale del valle
del Huallaga se encarece hasta su destino a Bolivia.
Por cada kilogramo que sacan a la
costa, por decir de Tingo María hasta la ciudad de Pisco, el responsable de su
transporte cobrará 50 dólares. Si el acuerdo es continuar hasta Bolivia, el
transportista cobrará un extra de 300 dólares por cada kilo”, explica.
Estos adicionales incrementan el precio
de 850 en los centros cocaleros a 1200 dólares el kilo. El mafioso peruano
puede imponer a su comprador boliviano precios de hasta casi 2 mil dólares el
kilo. La ganancia por kilo es de 700 dólares.
“Si coronas con un cargamento de 100
kilos, la ganancia es de 200 mil dólares. Es negocio”, afirma convencido el
narco.
El mafioso explica que los que
llevan gran cantidad de mercancía son los del “sombrero grande”, como ellos
llaman en clave a las mafias mexicanas. “Ellos piden bajar del monte no menos
de mil kilos y pueden pagar hasta 1 400 dólares por cada kilo”.
Los llamados clanes familiares que
han surgido en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), atraídos
por el lucrativo negocio, también se arriesgan y envían su propia mercancía
hasta Bolivia para ampliar su margen de ganancia.
En grandes carros cisternas ubicados
en Ayacucho, las familias cargan la droga. Los transportistas descienden hasta
Ica, desmontan la carga y regresan con sus camiones vacíos para volver a
cargarlos con la droga de otros grupos.
Otros vehículos de gran envergadura
llevan la mercancía por carretera hasta Juliaca y de allí a Desaguadero,
Bolivia.
Los controles terrestres
administrados por las autoridades bolivianas no preocupan mucho a los
narcotraficantes de origen peruano. Estos consideran que el trasiego de su
droga a Bolivia no corre peligro de ser descubierto en los controles
bolivianos.
DROGA VIENE POR AIRE
En diciembre último, el jefe de la
Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), el coronel Gonzalo
Quezada, reveló que desde que se impuso “un frente sostenido de contención
terrestre en la frontera con el Perú para evitar el ingreso y tránsito de
cocaína por nuestro territorio a otros mercados de la región y el mundo, los
traficantes activaron un puente aéreo desde las zonas productoras en Perú,
utilizando aeronaves para vuelos clandestinos”.
En febrero pasado un grupo de
oficiales de la Dirandro se reunió en La Paz con funcionarios de la Fuerza
Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, (FELCN). Peruanos y bolivianos
coincidieron en que tanto la presencia de la droga como los narcos peruanos
estaban creciendo en forma alarmante.
Diversos informes de inteligencia
boliviana divulgados por la prensa de ese país confirman que desde el 2010 es
creciente la presencia de mafias peruanas que traen su mercadería y las venden
a otras organizaciones bolivianas o brasileñas.
Según el viceministro de Defensa
Social y Sustancias Controladas de Bolivia, Felipe Cáceres, el 52 % de las 19
toneladas de droga confiscadas al narcotráfico en el 2010 provenían del Perú.
Este porcentaje aumentó el año pasado.
El viceministro Cáceres se atrevió
incluso a decir hace cuatro semanas que la droga peruana incautada en Santa
Cruz y otros puntos de Bolivia procede del valle de los ríos Apurímac, Ene y
Mantaro VRAEM, y es internada por vía aérea en Bolivia.
Llama la atención de las autoridades
antinarcóticos de ambos países que las escuelas de aviación civil en Santa Cruz
hayan duplicado el costo de sus cursos de adiestramiento. Esto se debe sin duda
al aumento de la demanda de bolivianos y extranjeros por saber planear
avionetas.
Según los expertos este hecho
muestra el interés por consolidar un puente aéreo entre Perú, Bolivia y otros
países.
Las autoridades bolivianas han
empezado a empadronar a pilotos de aeronaves y vuelos, tras la detección de un
“puente aéreo” de narcotráfico entre Desaguadero, en la frontera con Perú, y
Bolpebra, una pequeña localidad boliviana ubicada al extremo noroeste del país,
a orillas del río Acre, en el departamento de Pando.
Esta medida se anunció en 2011 luego
de que una avioneta Cessna blanca de matrícula peruana, con un cargamento con
droga, cayera a tierra en la localidad de Faja Norte, en el departamento
boliviano de Santa Cruz, poco después de haber despegado.
Según medios de prensa de Santa
Cruz, en esa región las avionetas que ingresan usan las carreteras como pistas
de aterrizaje para cargar drogas.
La Fuerza Especial de Lucha Contra
el Narcotráfico (FELCN) afirma que se incautó 36 toneladas de cocaína en 2012,
la mayoría proveniente del Perú.
La misma fuente ha informado que se
incautó diez aeronaves, valorizadas en 1,5 millones de dólares, y además se
destruyó una serie de pistas de aterrizaje clandestinas que eran utilizadas por
las mafias peruanas del narcotráfico.
PERUANOS
SE HACEN “RICOS” TRANSPORTANDO DROGA A BOLIVIA
Los
Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
Un informe elaborado por la Fuerza
Especial de Lucha contra el Narcotráfico de la Policía boliviana y divulgado
por los medios bolivianos revela que el 52% de 19 toneladas de droga decomisada
en el 2012 en ese país provienen del Perú, exactamente de los Valles de los
Ríos Apurímas, Ene y Mantaro (VRAEM).
También en el informe de detalla la
detención de 4 mil 200 personas involucradas en tráfico ilícito de drogas, de
los cuales 73 son peruanos, 58 brasileños y 48 de origen colombiano,
evidenciando así que las mafias peruanas de tráfico de drogas han visto en
Bolivia como su centro de operaciones.
Los narcotraficantes compran el kilo
de pasta lavada (cocaína) en el VRAEM á 850 dólares y de acuerdo al viaje que realizan,
su precio se va elevando, por ejemplo si el kilo de droga sale a la costa, el
precio se eleva á 900 dólares.
Si la pasta lavada continúa su viaje
hasta llegar a Juliaca-Desaguadero-La Paz su precio se eleva entre 1, 600 y 2,
000 mil dólares, por ello, el negocio del tráfico ilícito de drogas viene
creciendo abrumadoramente.
“Un sólo viaje donde se lleva 100
kilos de droga desde el VRAEM hasta Bolivia hace que uno pueda ganar hasta 200
mil dólares, es un negocio redondo”, contó un narcotraficante a la Policía
boliviana.
¿LOS
SOCIOS DE LA ALBA PODRÁN QUITARLE A EE.UU. LA SEDE DE LA CIDH?
El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com/politica)
Ecuador y sus socios de la
Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) lucen seguros de poder reformar
a la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), un organismo que les resulta
incómodo. Quitar a EE.UU. la sede de la CIDH es la punta de lanza de sus
reformas, pero que generan resistencias en el hemisferio. Al ser el cambio de
la oficina un planteamiento lógico -en virtud de que EE.UU. no ha ratificado la
Convención- la Alba ha enfocado sus armas en persuadir al resto de la región a
apoyar esa idea. La II Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana
de DD.HH. evidenció que ese es el desafío a corto plazo que tienen los países
bolivarianos. En su intervención, el canciller Ricardo Patiño dejó en claro que
la propuesta de que Washington no sea más la base de operaciones de la CIDH es
la prioridad.
Por eso, al parecer, se animó a
cifrar en 18 el número de gobiernos del continente que quieren cambiar la sede
de la Comisión. "Hoy ya son 18 los Estados que se ha n pronunciado
individualmente o a través de voceros y comunicados oficiales sobre la
pertinencia de implementar esta medida. Son 18 Estados que han dicho que sí,
consideran que la sede de la CIDH debe estar en un Estado aparte". Esas
fueron las palabras de Patiño frente a 20 representantes países miembros de la
Convención Americana de DD.HH., que está integrada por 23 miembros.
Esa propuesta pareció tomar fuerza
en la mañana, cuando desde Montevideo el canciller uruguayo Luis Almagro dijo
que su país apoya la idea. "Creemos que Comisión y Corte deben estar
juntos y sería la propuesta que manejaríamos", le dijo a la agencia Efe.
Con estos antecedentes, Ecuador y el bloque de la Alba buscaban que en su
declaración de ayer la II Conferencia de Estados Parte de la Convención
Americana de DD.HH. exprese su voluntad de un cambio de la sede de la CIDH. Y,
con ello, llevar ese planteamiento a la Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que se realizará el próximo junio en Guatemala. ¿Es
factible que esa propuesta sea asimilada por el continente? Si el planteamiento
es visto desde los números y desde el comportamiento tradicional del organismo,
todo indica que los 18 países de los que habla Ecuador no son suficientes para
tomar una decisión de esa envergadura. Luis Narváez, embajador de carrera en
servicio pasivo, recuerda que la Carta de la OEA señala que ese tipo de
decisiones se toman con los dos tercios de sus miembros.
Su palabras se refieren al art. 59:
"Las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de la
mayoría absoluta de los Estados miembros, salvo los casos en que se requiere el
voto de los dos tercios, conforme a lo dispuesto en la Carta, y aquellos que
llegare a determinar la Asamblea General". Es decir, que se requieren al
menos la voluntad de 22 países. Sin embargo, el mayor problema es que
tradicionalmente las resoluciones en la OEA se toman por consenso. "Lo que
se busca en todos los organismos internacionales es que coincidan todos sus
países para que den vigor a sus resoluciones", explica Narváez. Ecuador y
la Alba ya palparon ese procedimiento en marzo, cuando sus propuestas radicales
de cambio de la CIDH no fueron acogidas por el seno de la OEA. El otro punto en
contra para el cambio de sede de la Comisión es el económico. Por sus costos de
operación no resulta tan fácil una mudanza de la noche a la mañana. El
canciller de Brasil, Antonio Patriota, alertó ayer de ese factor en la cita de
Bolivia.
A su juicio, se debe incluir un
análisis del coste económico que supone el proceso. Por ello, se esperaba que
la II Conferencia dé un apoyo al tema, pero con el debido análisis sobre la
pertinencia jurídica y económica. Costa Rica, Argentina y Perú son algunos
países que han sido mencionados como posibles sedes. Patiño dio un mal paso...
El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, se lesionó ayer una
pierna en el transcurso de la II Conferencia de Estados Parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, que se celebró en Cochabamba.
Patiño sufrió una torcedura en su
pierna derecha tras dar un paso en falso cuando se dirigía a posar en la foto
oficial de la reunión, dijeron a Efe fuentes de la comitiva que acompaña al
Canciller ecuatoriano, quien después continuó en el debate, al que regresó
cojeando y ayudado por sus acompañantes. Poco después de que el Canciller
ecuatoriano se reincorporara a la sesión de trabajo pudo verse a una enfermera
entrando con una silla de ruedas en el pabellón en el que se celebra la
reunión. El embajador de Ecuador en Bolivia, Ricardo Ulcuango, señaló a la
agencia Efe que no se trata de una lesión grave y que el Ministro ecuatoriano
se quedaría en Cochabamba hasta que acabe la conferencia.
ESCASA
RESPUESTA DE CANCILLERES EN BOLIVIA
La
Hora de Ecuador (www.lahora.com.ec)
Sólo cuatro de los 23 cancilleres
convocados para continuar ayer con las discusiones sobre las reformas al
Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) asistieron a la reunión
convocada por Bolivia.
El canciller argentino, Héctor
Timerman; el brasileño, Antonio Patriota; el ecuatoriano, Ricardo Patiño; y el
anfitrión, David Choquehuanca, representan a sus países en la cita y otros 13 países
enviaron a viceministros, directores y embajadores, entre otros funcionarios de
menor rango.
Además, a la II Conferencia de
Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coordinada por
Bolivia y Ecuador, asistieron un total de 17 delegaciones, de las 23 naciones
que conforman la Convención Americana de Derechos Humanos.
Patiño, hizo una presentación
especial al ser uno de los principales impulsores de las reformas al sistema.
De hecho, llegó tras concluir una gira por varios países de la región para
buscar apoyos a sus propuestas de reforma.
En la reunión no se emitió ninguna
conclusión al respecto, salvo una afirmación del propio Patiño, quien dijo que
al menos 18 países apoyarían la idea de sacar la sede de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Washington, y otra del presidente
de Bolivia, Evo Morales, de que el organismo sólo “ataca a países
antiimperialistas”.
Sin embargo, Uruguay, por ejemplo,
se pronunció a favor del cambio de sede pero exigió que se mantenga intocable
la Relatoría de la Libertad de Expresión.
Análisis
Según varios sectores consultados
por La Hora, el bajo nivel de participación evidenció una vez más el poco
interés de la comunidad internacional a la propuesta ecuatoriana de insistir en
la reforma de CIDH.
El 22 de marzo en Washington, la
mayoría de los 34 cancilleres de la OEA rechazaron la propuesta ecuatoriana, y
ayer, la posición nacional sufrió un nuevo revés.
El exdirector de la Academia
Diplomática de la Cancillería Abelardo Posso, el politólogo Santiago Basabe y
el director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep),
Diego Cornejo, atribuyeron la ausencia a una “señal internacional” de la poca
importancia que dieron los países al planteamiento del Gobierno.
Posso explicó que si un Gobierno
envía a una cita internacional a un funcionario de menor rango, el compromiso
adquirido, sea por presión, por poca experiencia o apresuramiento, puede perder
valor porque su jefe, eventualmente, puede desautorizarlo. “Mientras más bajo
el nivel hay más posibilidades de desaprobar los compromisos”, dijo.
Basabe también recordó la “acogida
nula” que recibió la propuesta del Ecuador en Washington. “Con estos
antecedentes, las reformas serán inviables y el tema quedará archivado”,
comentó.
En todo caso, Cornejo aspira a que
la intención ecuatoriana de “continuar acosando” al Sistema Interamericano no
prospere y se mantenga el Sistema, la Comisión Interamericana y la Relatoría de
la Libertad de Expresión.
Replantear propuestas
El diplomático Abelardo Posso
consideró que el poco respaldo debería llevar al Gobierno a replantear sus
propuestas, “aunque eso sólo se hace cuando las cancillerías funcionan bien”,
indicó.
Según el diplomático, existen otros
procedimientos, pero sin necesidad de cambiar la sede, ni ir en contra de la
corriente mundial que actualmente trata de dar mayor impulso e independencia a
los órganos que tienen que ver con el fortalecimiento de los Derechos Humanos.
“No sé quién le aconsejaría al señor (Ricardo) Patiño de creer que el cambio de
sede va a significar un cambio radical de las políticas de la CIDH, eso no
tiene nada que ver, los procedimientos se mantienen esté donde esté”,
sentenció.
El Dato
El canciller Patiño sufrió una
lesión en su rodilla, justo antes de la foto oficial.
BOLIVIANO
QUEMADO VIVO EN JULIACA JURA SER INOCENTE Y EXIGE JUSTICIA
Los
Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
El ciudadano boliviano Mario
Cárdenas Villca (30), quemado vivo por pobladores de la urbanización San
Jacinto en Juliaca, no recuerda mucho de lo sucedido la noche del domingo,
pero, describió el momento en que le prendieron fuego y ardió por varios
segundos.
Desde la cama 14 del servicio de
cirugía B del hospital Carlos Monge Medrano, mostró sus quemaduras en la
espalda, moretones en el pie y heridas en el cuerpo. “Yo tomé con mi amigo
luego de vender casitas en el cerrito Pojracasi, luego parece que me desubiqué
y llegué a parar ahí; sólo me acuerdo que la gente gritaba diciendo que era
delincuente, pero no ingresé a ninguna vivienda”, sostuvo el extranjero.
Mario, cuenta que pidió que no lo
mataran, pero el grupo enardecido no lo escuchó, “yo les dije que era de
Bolivia, les dije que no era ratero y no me hicieron caso, sólo reaccioné
cuando ya me rociaron combustible”. Su esposa Marleni Condori Machaca, entre
lágrimas, acusó de intento de asesinato a los vecinos de la urbanización donde
se produjo el hecho.
“Voy a llegar hasta las últimas
consecuencias, voy a pedir apoyo a las autoridades bolivianas si es que en el
Perú no hacen justicia, porque la gente aquí en Juliaca está acostumbrada a
matar inocentes, lo mismo pasó con el hijo del fiscal”, exclamó.
El fiscal penal Roger Paredes
Figueroa y el personal de Delitos y de Criminalística llegaron al nosocomio y
dialogaron con el boliviano, después se trasladaron al lugar donde fue quemado,
donde sólo encontraron sus zapatillas quemadas, “tocamos las puertas de varios
vecinos, pero ninguno abrió las puertas”, sostuvo Paredes, quien comunicó el
hecho al consulado boliviano.
EVO
ACUSÓ A LA CIDH DE ENCUBRIR A EEUU EN VIOLACIÓN DE DDHH
Mendoza
de Argentina (www.mdzol.com/nota)
El presidente de Bolivia, Evo
Morales, cuestionó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de encubrir “una violación sistemática” de derechos por parte de los
EEUU y no aplicar el principio de universalidad para países miembros de
esta instancia internacional.
“Como no hay principios de
universalidad en cuanto a la protección y promoción de los derechos
humanos de los estados miembros de la OEA, la CIDH termina encubriendo la
violación de derechos humanos de Estados no signatarios de la convención “,
dijo Morales en referencia a EEUU en su discurso inaugural de la segunda
conferencia de la CIDH.
Asimismo, denunció que la CIDH
“fomenta” la inequidad entre los estados a favor de países que no ratificaron
el pacto internacional de derechos humanos y que sí emite informes cuestionando
acciones de Estados que sí lo ratificaron.
“A unos se nos mide con una vara y a
otros ni se lo puede medir porque no forman parte de la comisión”, cuestionó el
Presidente en el hotel Regina de la localidad cochabambina de Tiquipaya.
Interpeló el accionar de la CIDH
ante la ausencia de pronunciamientos ante “los sistemáticos abusos policiales
contra los inmigrantes y grandes actos de racismo”, o cuando “los EEUU
interviene países soberanos y viola sistemáticamente los derechos humanos de
civiles indefensos” como Afganistán.
“¿Por qué la CIDH no exige a los
EEUU que coopere en las políticas globales de derechos humanos y logre
que ratifique el pacto internacional de derechos humanos?”, cuestionó. “Hay una
necesidad de reforma de una profunda refundación urgente de la OEA como
parte de la reforma sustantiva de la CIDH”, añadió.
Al menos 23 cancilleres arribaron a
la localidad cochabambina de Tiquipaya para debatir la reforma a la CIDH. La
“segunda conferencia de Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos”, se desarrollará este martes 14 de mayo durante toda la jornada.
HOLANDESES
VENDERÁN GAS BOLIVIANO EN PARAGUAY
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py/nacionales)
La empresa Trafigura, con sede en
Holanda, ha sido elegida por la petrolera estatal YPFB de Bolivia para
comercializar desde julio próximo 5.500 toneladas métricas mensuales de gas
licuado de petróleo (GLP) en Paraguay, informó una fuente oficial.
El gerente de Comercialización de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) , Mauricio Marañón, dijo
hoy a los medios que la estatal trabaja con esa compañía para hacer la operación
de transporte, aduanas y puntos de transferencia para las exportaciones del gas
licuado.
Los representantes de Trafigura,
Nicolás Simián y Santiago Dorbessan, se encuentran en Bolivia para terminar los
detalles de la negociación para enviar el gas licuado al mercado paraguayo.
YPFB adjudicó el contrato a
Trafigura el 9 de mayo pasado para hacer la comercialización entre julio
próximo y diciembre de 2014.
El carburante que se exportará será
obtenido en la planta de separación de líquidos del gas natural que inauguró la
semana pasada el presidente Evo Morales en la región oriental de Santa Cruz.
Acuerdo
bilateral con Bolivia
HABILITAN
EN EL NORTE PROVINCIAL EL PASO "LAS CHALANAS"
El
acuerdo fue firmado por los cancilleres de ambos países.
El
Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Los cancilleres de la
Argentina, Héctor Timerman, y de Bolivia, David Choquehuanca Céspedes,
se reunieron para repasar la relación bilateral y suscribieron
un acuerdo para la habilitación del paso fronterizo "Las
Chalanas".
El paso de vinculación vecina entre
las localidades fronterizas de Bermejo (Bolivia) y Aguas Blancas
(provincia de Salta) permite el tráfico de personas por cuestiones
laborales, comerciales y educativas, que ayudan a la integración entre ambos pueblos.
La habilitación del paso fronterizo,
acordado por notas reversales, será con control integrado y cabecera única
en territorio argentino en el Paso "Las Chalanas", en el marco
del Acuerdo sobre Controles Integrados de Frontera entre Bolivia y Argentina
del 16 de febrero de 1998, se informó.
Asimismo, los ministros destacaron
la importancia de avanzar en la ejecución de las obras de infraestructura
necesarias para mejorar la conectividad entre los dos países. Timerman y
Choquehuanca Céspedes se reunieron en la ciudad boliviana de Cochabamba,
como parte de la II Conferencia de Estados Partes de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, dando continuidad al esquema de
reuniones periódicas que celebran ambos ministros.
LA
CONSEJERÍA DE SOLIDARIDAD DEL CABILDO APOYA PROYECTOS SANITARIOS EN LAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE BOLIVIA
Antonio
Hernández Lobo destacó el interés del Cabildo de Gran Canaria en apoyar
iniciativas de estas características y adelantó que “esta Consejería insular
mantendrá el esfuerzo y el compromiso con Solidaridad Médica, apoyando el
proyecto de rehabilitación de su centro base, donde se atiende a los habitantes
de las comunidades indígenas de Bolivia".
Revista
Tara de España (www.revistatara.com)
Los proyectos que ejecuta en Bolivia
la organización no gubernamental Solidaridad Médica fueron expuestos por el
fundador y cooperante de la misma, José Rivera Tortosa, y por su presidente en
Canarias, Carlos Fernández, al consejero responsable del área de Solidaridad en
el Cabildo de Gran Canaria, Antonio Hernández Lobo.
Solidaridad Médica Canaria fue
creada en julio de 2003 con el objetivo llegar a lugares donde las
características sociales o geográficas no permitan la presencia de los
servicios sanitarios gubernamentales ni el de otras organizaciones de
cooperación internacional.
Durante los casi diez años de
existencia de la organización se han ejecutado varios proyectos enmarcados en
el ámbito de la sanidad que han beneficiado a una buena parte de la población
integrante de las numerosas comunidades indigenas de Bolivia, según manifestó
José Rivera. Para ello –continuó- ha sido de vital importancia las aportaciones
económicas de las administraciones, especialmente las concedidas por el Cabildo
de Gran Canaria, a través de la Consejería de Solidaridad.
El responsable de Solidaridad Médica
en Canarias, Carlos Fernández, señaló que estas ayudas económicas han permitido
desarrollar varios proyectos; entre los que se encuentran el denominado
Programas Botiquines, que posibilita el abastecimiento regular de medicamentos
a la población, y el Programa de Formación, a través del cual los promotores de
salud, elegidos por los propios miembros de las comunidades, reciben formación
para atender patologías leves y diagnosticar las más graves, además de
gestionar los botiquines.
José Rivera, fundador de la
organización y cooperante en Bolivia, comentó al consejero insular de
Solidaridad que “el interés de las comunidades por los cursos de formación se
ve reflejado en el extraordinario decenso de la mortalidad intra/post parto.
Esta cifra se ha reducido en los últimos años en un 95%”, señaló.
Por su parte, Antonio Hernández Lobo
destacó el interés del Cabildo de Gran Canaria en apoyar iniciativas de estas
características y adelantó que “esta Consejería insular mantendrá el esfuerzo y
el compromiso con Solidaridad Médica, apoyando el proyecto de rehabilitación de
su centro base, donde se atiende a los habitantes de las comunidades indigenas
de Bolivia, y en la adquisición de equipos de comunicación indispensables para
solventar con la máxima celeridad y eficacia la emergencias sanitarias de la
población”.
El consejero insular recordó, por último, que la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria ha publicado la orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2013 por un importe de 300.000 euros.
El consejero insular recordó, por último, que la Consejería de Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria ha publicado la orden por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la Convocatoria de Subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2013 por un importe de 300.000 euros.
Según recogen las bases, los
proyectos que presenten las organizaciones en esta convocatoria deberán centrar
sus objetivos en la mejora de las condiciones de vida de la población
destinataria, dando prioridad a los proyectos que, en general, estén dirigidos
a mujeres que pertenezcan a poblaciones especialmente desfavorecidas; infancia,
con especial atención a la erradicación de la explotación infantil y a los
menores que se encuentren fuera del sistema escolar; población juvenil excluida
del sistema educativo y del mercado de trabajo; personas mayores dependientes; personas
con discapacidad; y cualquier otro grupo que se encuentre en una situación de
vulnerabilidad y exclusión social; las comunidades indígenas, desplazados,
minorías étnicas y refugiados.
El plazo de presentación de
solicitudes se inició el pasado martes 30 de abril, tras su publicación en el
BOP, y finalizará a los cuarenta y cinco días naturales de la publicación del
mismo, el próximo 13 de junio. La resolución de concesión de la subvenciones
será realizada por un órgano colegiado cuyos miembros se nombrarán por decreto.
USAID
EN BOLIVIA
Alainet
de Argentina (www.alainet.com.ar)
Se desató una fuerte controversia a
raíz de la expulsión de USAID en Bolivia el 1 de mayo pasado por el gobierno.
Mientras para los voceros gubernamentales USAID desarrollaría actividades de
carácter político e incluso conspirativas, para diversos comentaristas de la
prensa esta institución sería una agencia no gubernamental como cualquier otra
que presta apoyo a las poblaciones pobres y necesitadas en servicios de salud,
educación y otros.
Hace algunos años (2008), a causa de
una controversia pública similar a la reciente, varios intelectuales y
académicos estadounidenses enviaron una carta al gobierno de Estados Unidos
solicitando información sobre las verdaderas actividades de esta agencia en
Bolivia y sobre las instituciones beneficiadas con su financiamiento.
Curiosamente y contra todo precedente, el gobierno de ese país no respondió a
la solicitud, lo que despertó mayores dudas en la opinión pública internacional
sobre las verdaderas actividades de esta agencia. ¿A qué se dedica esta
agencia?
Según su página WEB esta agencia
tendría por objetivo “trabajar junto al gobierno de Bolivia, la sociedad civil
y la población boliviana para apoyar un desarrollo de base ancha, equitativo y
sostenible… a través de acuerdos y programas ejecutados por organizaciones no
gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil”. Los programas de USAID
estarían orientados “a respaldar al Plan Nacional de Desarrollo (del gobierno)
y a dar respuesta a temas claves como la pobreza y la exclusión social,
enfocando la cooperación hacia la población periurbana y rural del país”. De
acuerdo con esta presentación, la agencia sería en efecto como cualquier otra
ONG preocupada por la pobreza y, sería además, la más firme aliada del
gobierno, comprometida con sus principales principios y documentos.
Desarrollo o contrainsurgencia
Para disipar este misterio y
profundizar en este asunto, es necesario consultar otras fuentes especializadas
en estos temas. Según el periodista Raúl Zibechi (La Jornada, México
23/11/2007), después de los atentados de septiembre de 2001 contra las Torres
Gemelas, el gobierno de Estados Unidos decidió incorporar a USAID en la
estrategia de lucha contra el terrorismo en el mundo. Con este objetivo, el
gobierno de Estados Unidos decidió integrar las funciones del “desarrollo” a
las funciones tradicionales de “defensa” y de “diplomacia” que hasta entonces
no se encontraban estrechamente ligadas. Para la nueva estrategia militar la
tarea de la “cooperación al desarrollo” tiene el propósito de fortalecer la
“actividad de defensa” y de “reducir las amenazas de largo plazo a la seguridad
nacional, al ayudar a fortalecer sociedades estables, prósperas y pacíficas”.
Según esta filosofía, el objetivo de
la cooperación a los países en desarrollo y a Bolivia, sería “fortalecer una
gobernabilidad efectiva y legítima, instrumentos clave para tratar con la
contrainsurgencia.” La ayuda que proporciona USAID debe, por consiguiente,
concentrarse en “poblaciones y regiones consideradas de alto riesgo”. Se puede
concluir entonces que USAID constituye en realidad un órgano del ejército
de Estados Unidos que desarrolla en el país funciones de carácter político y
militar. El tema de la “contrainsurgencia” sería el objetivo principal de la
cooperación y no tanto el desarrollo económico y social de las poblaciones
pobres.
Los objetivos se dirigirían, por
consiguiente, a prevenir, neutralizar e incluso a eliminar los factores que
podrían ser considerados como adversos a los intereses estratégicos de Estados
Unidos.
Siguiendo esta lógica, el gobierno
boliviano, con su objetivo de alcanzar una revolución democrática y cultural y
desarrollar una sociedad plurinacional independiente y soberana, puede ser considerado
“insurgente”, y ser objeto de acciones que contrarresten sus actividades. No
otra cosa podría significar la expresión de que USAID debe “fortalecer una
gobernabilidad efectiva y legítima, instrumentos clave para tratar con la
contrainsurgencia.”
El Comando Unificado Militar
Surge ahora el interrogante sobre la
estrategia concreta o el modus operandi de la agencia en el país, sobre los
sectores donde opera y sobre sus beneficiarios. La agencia opera mediante
“acuerdos bilaterales” con el gobierno nacional y mediante “acuerdos
unilaterales” con organizaciones no gubernamentales, con sectores civiles y
grupos empresariales.
La agencia opera “oficialmente” con
el gobierno nacional, en base a convenios aprobados y conocidos públicamente, y
“extraoficialmente” con diferentes organizaciones privadas nacionales o
extranjeras. La mayor parte de su financiamiento va en realidad a sus programas
extraoficiales. Muchas de las organizaciones privadas, de origen
estadounidense, absorben la mayor parte de su presupuesto.
USAID ejecuta sus programas de
“contrainsurgencia” mediante una constelación de cientos de ONG y de
organizaciones privadas en diversos sectores sociales, económicos y regiones
del país, en particular en los sectores campesinos, en El Alto y en las
gobernaciones departamentales, sobre todo con las del oriente. Decenas de ONG,
con nombres diferentes a los de USAID, dispersas en todo el país, y cientos e
incluso miles de profesionales y empleados ejecutan los programas de USAID. El
trabajo se caracteriza, sin embargo, por ser mimetizado, lo que impide
distinguir a primera vista el carácter de “contrainsurgencia” o de “desarrollo”
que realizan.
Según Raúl Zibechi (La Jornada,
México, 16/10/2008), las organizaciones que trabajan con USAID “no deben aparecer
como tales, deben tener más bien otra apariencia, aunque todas dependientes de
un “comando unificado militar”. Esta estructura, refiriéndose a la
actividad de USAID en los países en desarrollo, estaría expresada según
Zibechi, con el siguiente interrogante en la revista Military Review: “¿Cómo se
conforma una estructura que es un comando unificado militar, pero que necesita
incorporar la suficiente participación civil y además no parecer que toma el
control de estas agencias y autoridades?”
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