CARLOS OMINAMI PASCUAL, EX SENADOR DE CHILE: “EL PRESIDENTE MORALES TIENE RAZÓN, CHILE ES UN MAL VECINO”

“Lo digo con dolor, el presidente Evo Morales tiene razón cuando define a Chile como un mal vecino”. Es la declaración del ex senador socialista chileno Carlos Ominami, quien considera que se perdió una gran oportunidad para darle una solución a la demanda boliviana de una salida soberana al mar.
- El presidente Evo Morales dice que Chile es un “mal vecino”, ¿qué piensa al respecto?
- Creo que desgraciadamente para Chile y lo digo con dolor, el Presidente tiene razón cuando define a Chile como un mal vecino. Creo que la política que ha tenido el Gobierno de (Sebastián) Piñera -que terminó rompiendo con los esfuerzos que se habían hecho durante los últimos años de los presidentes (Ricardo) Lagos y (Michelle) Bachelet- pone a Chile en una condición de mal vecino, un vecino egoísta, un vecino que tiene más de 4.000 kilómetros de costa, como muy bien lo dijo una revista prestigiosa como The Economist, y es nuestra decisión abrirle una salida soberana a Bolivia teniendo todas las condiciones geográficas para ello.
Esto (de mal vecino) tiene antecedentes anteriores, ya en la dictadura se habló mucho que Chile era una buena caja en un mal vecindario y se hizo mucha política en torno a eso, se recorrió el mundo diciendo disculpen ‘somos de América del Sur pero no somos lo mismo, somos otra cosa’.
Siempre he discrepado de esa política. He criticado el hecho de que Chile es como un marido infiel que tiene amantes en diferentes lugares. El país que tiene tratados de comercio y acuerdos con EEUU, la Unión Europea, Japón, Corea y China y fue a momentos renuente a asumir su condición de país latinoamericano.
Hubo además un personaje que hoy día es ministro, Joaquín Lavín, quien escribió un libro muy comentado, Good bye América Latina, donde argumenta que Chile tenía que corregir la ‘fatalidad’ de ser parte de América Latina.
Ésa ha sido una constante de la política chilena durante décadas, fue así durante la dictadura con un paréntesis que fue el acuerdo de Charaña, yo rescato de la dictadura ese aspecto. Esta línea de buscar jugar a las grandes ligas creo que ha tenido un agravamiento durante el Gobierno de Piñera.
- En su libro Secretos de la Concertación, usted dice que se debe dar espacio a Bolivia para que tenga salida al mar.
- Soy parte de aquellos chilenos que, no somos pocos y no somos la mayoría, que pensamos que Chile no puede continuar manteniendo en el siglo XXI un diferendo del siglo XIX.
Se lo dije al presidente Morales, con quien estuve en agosto del año pasado en La Paz junto al candidato presidencial Carlos Enríquez-Ominami. Dije que no fueran a pensar que aquí (en Chile) esta política de chauvinismo era un consenso.
El hecho evidente es que después de los avances que se hicieron al final del Gobierno de Lagos y con Bachelet, no hubo más...
- ¿En qué influyó el cambio de Gobierno en el enfriamiento de las relaciones bilaterales?
- Yo creo que Piñera quería arreglar esto, que entendía que Chile no puede seguir teniendo conflictos con todos sus vecinos; digamos las cosas como son, Chile tiene litigios con Bolivia, está en proceso con Perú en la Corte de La Haya y hay también un tema pendiente con Argentina.
No creo que sea un tema de mala voluntad del Presidente. Lo que aquí intervinieron son distintos esfuerzos que tienen que ver con el hecho de que desde la política chilena se privilegia la cooperación policial con Estados Unidos y no tengo ninguna duda, además lo escuché del propio Presidente, de que el episodio (de la captura del general René) Sanabria, fue bastante relevante en este cambio de las relaciones.
Piñera se dio un abrazo con el presidente Morales y se trataron de hermanos cuando Chile ya estaba cooperando con EEUU en el caso Sanabria. Más aún, vino aquí el ministro encargado de guiar los temas de coordinación policial, pero Chile mantuvo esta información en absoluta reserva.
Éste fue un escenario determinante en el tema de ruptura de confianza que se había establecido entre Piñera y Morales. Un segundo factor es la tremenda fuerza que tienen, no obstante tener 22 años de democracia, el sector conservador de la Cancillería chilena que le gusta alentar la animosidad con Bolivia y con los vecinos. (Página Siete)





RODRÍGUEZ CUADROS NIEGA INJERENCIA EN EL TEMA CHILE-BOLIVIA

Respuesta. Diplomático considera que lo difundido por el diario La Tercera busca afectar relación bilateral entre el Perú y Chile. Su exposición en Bolivia fue de índole estrictamente jurídica.

La República de Perú (www.larepublica.pe/02-04-2012)

El ex canciller Manuel Rodríguez Cuadros restó validez a las informaciones difundidas en el diario La Tercera de Chile que aseguraban su participación en un seminario realizado en Bolivia con una exposición sobre las opciones del país altiplánico para demandar una salida al mar a través de Chile.
Si bien Rodríguez Cuadros confirmó que estuvo en ese seminario –realizado el 13 de diciembre pasado– por invitación de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) de Bolivia, calificó la versión publicada por el diario chileno como "irresponsable" y que intentaría desestabilizar la relación bilateral entre el Perú y Chile.
Sobre su participación en el referido seminario dijo que se trató de una apreciación jurídica sobre el reclamo marítimo de Bolivia.
El diario chileno mencionó que el ex ministro de Relaciones Exteriores en la gestión del presidente Alejandro Toledo fue el único extranjero en un panel de expositores, al lado de funcionarios, diplomáticos y ex gobernantes como el ex mandatario Carlos Meza.
La Tercera informó además que el titular de Torre Tagle, Rafael Roncagliolo, le habría llamado la atención sobre este supuesto impasse, luego de que su homólogo chileno le expresara su malestar por la participación de Rodríguez Cuadros en el foro.
“No es cierto. El canciller del Perú no podría llamar la atención a un embajador por una opinión jurídica. Él defiende los intereses del Perú y no los de Chile. El canciller Roncagliolo sí me comentó que el canciller Moreno le había tocado este tema”, aclaró.
En otro momento, el matutino sureño afirmó que la embajadora peruana en Bolivia, Silvia Alfaro, supuestamente declaró a favor de ese país sobre la demanda marítima contra Chile en un tribunal internacional.
“Habrá que tener paciencia porque ciertamente requiere el mayor cuidado y vigor en la preparación de lo que se pueda hacer como demanda”, habría dicho la embajadora.
Se debe señalar que aún no se conoce respuesta del ministro Roncagliolo.
Situación favorable
Por otro lado, uno de los abogados del Estado peruano en el litigio en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Eduardo Ferrero, señaló que nuestro país tiene bien definidos sus argumentos para lograr la demarcación de la frontera marítima con la nación sureña.
Ferrero precisó que "el principio de equidistancia y jurisprudencia" ha sido reconocido por la Corte en anteriores fallos internacionales.






Bajo a la mitad el envío de remesas, según las agencias

EL CEPO CAMBIARIO GOLPEA A LOS INMIGRANTES DE BOLIVIA Y PERÚ

Sólo pueden mandar US$ 300 por mes y les cobran hasta $ 5,40 por dólar enviado.

El Clarín de Argentina (www.clarin.com.ar)

Muchos piensan en volverse. Ya no les rinde. Antes trabajaban acá y enviaban la plata. Ahora tienen que tener los documentos al día, saber los datos del beneficiario y estar en blanco . Además se les escapó el dólar. Ya no les es tan redituable”. El relato es de Marga Aguirre, que trabaja en la agencia Olimpo, de Liniers, donde atiende a la comunidad boliviana que realiza giros de dinero a su país.
En pocas palabras, resumió el efecto de las restricciones al mercado cambiario que aplicó la AFIP. Las casas que envían remesas son víctimas de los topes que les impuso el fisco: los bolivianos y peruanos sólo pueden girar 300 dólares por mes a sus países vía Western Union. Y eso si tienen documentos al día y trabajo en blanco, un dato relevante puesto que de los 175 mil peruanos que viven en Argentina, sólo 80 mil cuentan con los papeles locales para hacer estas transacciones, según detalló el cónsul de ese país el año pasado.
Sin embargo, tienen otro camino más arduo. En otras casas que hacen giros el control es más laxo: aseguran que basta sólo con presentar el documento de identidad, sea del país que sea, para concretar las operaciones.
En esos lugares, para mandar 100 dólares hay que pagar $ 520 a $ 540 (comisión incluida). En otros cobran $ 4,90 por dólar (el mismo valor que el billete paralelo) más 5% de comisión.
A la comunidad boliviana le afectaron las medidas. A la Argentina migraron 345.272 habitantes, según el último censo del INDEC. Su presencia es muy fuerte en el barrio de Liniers. A cuatro cuadras de la estación está la feria de la comunidad: allí los parlantes retumban con cumbia y morenada, los negocios avanzan sobre la vereda, depositan bolsas de 6 kilos de tutucas acostadas como si fuesen sacos de arena y exhiben cajas de verduras multicolores.
De los cuatro negocios ubicados en la esquina de Ibarrola y Suárez, tres son agencias que envían remesas . Jorge Laguna atiende en la oficina de la agencia More y se toma un descanso para comentar el estado de su negocio: “Tenemos que mantener las compensaciones. Se puede girar la misma cantidad de dólares que envían a esta agencia desde Bolivia. Ahora cada persona puede enviar 275 dólares por mes. La medida golpea, sí.
Viene menos gente que antes . Ahora esperan que alguien viaje a Bolivia”.
Las restricciones al mercado cambiario que aplicó la AFIP a fines de noviembre pasado calaron más hondo en la colectividad peruana. “La gente se queda porque tiene familia acá. Ya no es negocio. Pensá que nos esforzamos para enviar plata a nuestras familias y con el tipo de cambio que existe les llega la mitad. Por 500 pesos conseguimos 100 dólares y allá les llegan 250 soles peruanos, con los que compran 90 dólares . Además ahora tenés que estar en blanco y tener documentos.
El 30% de la colectividad anda sin papeles y muchos trabajan como domésticos y están en negro”, señala Nancy, peruana, del barrio de Abasto.
La mayoría de los negocios de la galería son agencias para girar dinero o locales que arreglan celulares. Hasta allí suelen acercarse los peruanos para enviar sus remesas. Según el Banco Central de Perú, en 2011 ingresaron US$ 801 millones desde Argentina .
“Claro que me afecta, sólo pude enviar 100 dólares a mi mamá”, precisa Melva Díaz mientras se aleja de la agencia ArgenPer. Manuel Macchiavello trabaja allí y reconoce que mermó la clientela peruana y que han bajado sus montos de envío: “Si antes enviaban 300, ahora sólo 150”. Sin embargo, está tran





VEINTE OFICIALES DE LA POLICÍA BOLIVIANA SE CAPACITAN EN EL LABOCAR Y SIAT DE CARABINEROS

Publimetro de Chile (www.publimetro.cl/nota/cronica)

Veinte funcionarios de la Policía de Bolivia efectuaron cursos de perfeccionamiento en el Laboratorio de Criminalística (Labocar) y en el Departamento de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, respectivamente.
Las capacitaciones fueron solicitadas por el comandante general de la Policía de Bolivia, Jorge Santiesteban Claure, lo que fue acogido por elación del general director de Carabineros, Gustavo González Jure.
De acuerdo a sus especialidades, 9 oficiales se capacitaron en balística y química forense, biología molecular, huellas, fotografía forense y reconstrucción facial, competencias que adquirieron en el Labocar.
Por su parte, once de ellos fueron destinados a la SIAT, donde obtuvieron conocimientos en recopilación de antecedentes sobre las causas que originan un accidente de tránsito, el grado de participación de cada uno de los involucrados e infraestructura carretera, entre otros.
Oficiales del país altiplánico agradecieron la oportunidad de perfeccionarse con Carabineros, destacando el nivel de organización de la capacitación, y el profesionalismo y gentileza que demostraron los oficiales y carabineros que llevaron a cabo la iniciativa.





PRINCIPAL LÍNEA AÉREA DE BOLIVIA, AEROSUR, ESTÁ CON GRAVES PROBLEMAS ECONÓMICOS

La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py/articulo)

La compañía aérea privada Aerosur, la principal de Bolivia, con vuelos a Argentina, Estados Unidos y España, está en una situación financiera difícil, por millonarias deudas acumuladas en los últimos años, dijo este domingo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Vladimir Sánchez.
"Está en situación difícil y será decisión de sus autoridades, de sus accionistas, de sus gerentes (...) ver si la empresa entra en quiebra", afirmó el ministro Sánchez, entrevistado por la red gubernamental de medios de difusión.
Acotó que la empresa reconoce deudas por 18 millones de dólares, aunque otras versiones, como la del periódico oficialista Cambio, indican que Aerosur tiene deudas por unos 600 millones de dólares a diferentes proveedores aéreos, pago de impuestos y aportes patronales de jubilación desde 2005.El ministro de Obras Públicas también dijo que llama la atención que Aerosur "no tiene cuentas en bancos nacionales" y que sus utilidades están siendo "remitidas al exterior", aunque no precisó a dónde.
Aerosur no ha emitido hasta la fecha ningún comentario al respecto.
Uno de los principales socios de Aerosur, el empresario Humberto Roca, quien está fuera del país, tuvo varios roces con el gobierno del presidente izquierdista Evo Morales. En una oportunidad denunció sin pruebas que los ministros roban, por lo que le entablaron un juicio, aún en curso.






BOLIVIA: DEUDAS IMPIDEN A AEROSUR VOLAR A ESPAÑA

Finanzas Com de España (www.misfinanzasenlinea.com/noticias)

La aerolínea boliviana Aerosur suspendió esta semana sus vuelos a España y tuvo dificultades para cumplir sus itinerarios dentro del país andino por deudas con el Estado y sus proveedores de servicios que rondan los 210 millones de dólares, informó el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.
Según medios locales, la aerolínea privada continúa vendiendo pasajes a Madrid pese a que la semana pasada tuvo que suspender dos veces sus vuelos a esa ciudad.
El ministro señaló que estas dificultades se deben a que "ninguna de las empresas que prestan servicios a Aerosur" confían ya en la aerolínea por sus "deudas millonarias" y porque está en una situación "muy crítica".
Detalló que Aerosur debe al Estado unos 192 millones de dólares por impuestos no pagados desde 2004, pero además tiene otras deudas por 18 millones de dólares con proveedores de servicios, operadores aeroportuarios e incluso con sus trabajadores.
Uno de sus acreedores es la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que decidió cortar su servicio a Aerosur en tanto la aerolínea no pague los más de 574.000 dólares que le debe.
Sánchez explicó que Aerosur se había comprometido con el Estado a pagar sus deudas y presentar un plan de inversiones, entre otras acciones, y a cambio el Gobierno de Evo Morales le apoyaría para superar su crisis, pero la aerolínea no cumplió.
La empresa no ha querido dar explicaciones hasta ahora sobre su situación financiera ni la suspensión de vuelos a España.
Aerosur era la principal aerolínea boliviana con rutas hacia Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, y ahora compite en el mercado local con la empresa estatal Boliviana de Aviación.
El expresidente de la empresa Humberto Roca ha denunciado varias veces que el Gobierno de Morales quiere "destruir" a Aerosur para consolidar su aerolínea estatal, y también ha afirmado ser víctima de una persecución política porque es uno de los duros críticos de las políticas del mandatario.
En Bolivia hay dos órdenes de arresto en contra de Roca, que está en EE.UU. desde fines de 2010 tratándose un cáncer renal, por procesos que le inició el Gobierno por llamar corruptos en términos genéricos a los ministros y por supuesto enriquecimiento ilícito.





GOBIERNO BOLIVIANO DESCARTA AYUDA A AEROLÍNEA PRIVADA

Terra de España (www.noticias.terra.com/america-latina)

El gobierno boliviano descartó otorgar ayuda a la mayor aerolínea privada Aerosur amenazada por un cierre de operaciones debido a sus deudas, informó el ministro de Obras Públicas Vladimir Sánchez.
"Mientras no cumpla con sus obligaciones y compromisos no vamos a dar un paso para apoyarla", dijo el domingo el funcionario a la televisión estatal.
La compañía ha pedido al gobierno que el Servicio de Impuestos Internos (SIN) no le retenga el 100% de sus ingresos tras un reciente fallo judicial, sino sólo el 20% y reconoce que 1.000 trabajadores podrían quedar cesantes si cierra operaciones.
Aerosur reconoce deudas por 18 millones de dólares sin contar los 15.5 millones de dólares que debe al fisco. Además adeuda tres meses de salarios, aportes de sus trabajadores al fondo jubilatorio y a operadores aéreos. La semana pasada la mayor empresa de telecomunicaciones que es estatal le cortó el servicio por deudas impagas, explicó Sánchez.
"La situación es muy crítica, les hemos pedido un plan de reestructuración, transparentar su contabilidad, su patrimonio y proponer un plan de pagos pero no envió nada hasta ahora", sostuvo el funcionario. "Aerosur no tiene un patrimonio inscrito ni cuentas bancarias", dijo.
Según Sánchez la compañía no pudo cumplir varios de sus vuelos el sábado y tampoco arribó un avión suyo desde Madrid por deudas con sus proveedores de combustible y por otros servicios.
AeroSur inició operaciones en 1992 tras el descalabro de la estatal Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) y pudo consolidarse en el mercado hasta la llegada hace más de dos años de Boliviana de Aviación (BOA) la estatal creada por el presidente Evo Morales.
Su anterior accionista mayoritario Humberto Roca salió del país por controversias con el gobierno y dejó a la compañía en una disputa accionaria con su actual accionista Sergio Sansetenea. La empresa no explicó públicamente su situación.
Sánchez dijo que Aerosur ganó dinero en el pasado y sacó sus ingresos del país. "Le hemos pedido que reinviertan y salven a su empresa", dijo.
Aerosur acusó a BoA el año pasado de competencia desleal al ofertar pasajes por debajo del costo para ganar presencia en el mercado.
La empresa opera en el mercado local con aviones alquilados y hace viajes a Argentina, Brasil, Estados Unidos (Miami) y España.





LAS AUTONOMÍAS INDÍGENAS-BOLIVIA

Aporrea de Venezuela (www.aporrea.org/internacionales)

A lo largo de la historia, y en distintas partes del mundo, los pueblos han ensayado diversas alternativas en la construcción de una sociedad genuinamente democrática, donde la gente asuma directa y colectivamente el poder.
Aunque distintas entre sí, estas experiencias de gobiernos populares comparten una misma búsqueda por alcanzar nuevas formas de organización que superen la verticalidad, la representatividad y la jerarquización impuestas a la sociedad por los centros de poder convencionales.
Hoy, en Venezuela, con el nacimiento de las Comunas Socialistas y el desarrollo del Poder Popular Comunal, creemos importante detenernos en estas referencias, conocer sus aportes y continuar su legado.
Una de estas referencias son Las Autonomías Indígenas. La aprobación de la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia mediante consulta popular el 25 de enero de 2009, reconoce los gobiernos propios de sus pueblos indígenas campesinos.
Mediante la figura de las Autonomías Indígenas Originario Campesinas, las comunidades que compartan territorio, lenguas, rasgos culturales e historia, pueden implementar prácticas de autogobierno según sus formas tradicionales y ancestrales de organización precolonial, garantizando su derecho al ejercicio de la libre determinación.
Con esto, las entidades territoriales y las instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias de estas comunidades, adquieren un marco jurídico dentro del Estado boliviano.
El 6 de diciembre de 2009, por medio de un referéndum, 11 municipios optaron por esta forma de gobierno; el 4 de abril de 2010, estas comunidades eligieron sus autoridades.
La autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos. Constitución del Estado plurinacional de Bolivia, artículo 289.





COMUNIDADES ATACAMEÑAS DE CHILE, BOLIVIA Y ARGENTINA FIRMAN DECLARACIÓN DE QUETENAS PARA QUE SE RECONOZCA TERRITORIO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

El acuerdo pretende exigir a los gobiernos de Argentina, Bolivia y Chile, el reconocimiento del territorio Atacameño más allá de las fronteras, respetando el convenio 169 de la OIT, vigente en las 3 naciones.

El Norteño de Chile (www.elnortero.cl/node/13709)

Fue en Quetena Grande, provincia de Sud Lípez del departamento de Potosí en Bolivia, donde se dieron cita los dirigentes y comuneros de los 3 países el recién pasado 24 de marzo, para efectuar la tercera versión del “Encuentro de Pueblos Atacameños sin fronteras” y la veinteava versión de la feria internacional del trueque.
En el encuentro, los cerca de 150 asistentes, llevaron a cabo la tradicional feria de trueque pero además, trabajaron sistemáticamente en dialogar sobre temas de interés común, a fin de dar continuidad a un trabajo con más de 3 años de historia.
Cabe destacar, que fue en noviembre del año 2010 cuando, en el primer encuentro “Pueblo Atacameño Sin Fronteras” efectuado en San Pedro de Atacama, se hizo pública la Declaración de San Pedro de Atacama, acuerdo donde por primera vez – y luego de años de encuentros y ferias de trueque – se ratificó la unidad del pueblo Atacameño más allá de las fronteras, haciendo exigible la aplicación del 169 de la OIT en los 3 países que comparten frontera.
La Declaración de Quetenas
La firma de la Declaración de Quetenas, viene a dar continuidad y a ratificar necesidades e intereses ampliamente sentidos por los Atacameños divididos por las fronteras nacionales.
Así mismo, el protocolo de Quetenas, registra el compromiso de los firmantes de hacer llegar la Declaración a sus respectivos gobiernos nacionales, vale decir a Sebastián Piñera de Chile, Cristina Fernández de Argentina y Evo Morales de Bolivia.
Los contenidos del acuerdo se resumen en:
1° Se ratifica la unidad del Pueblo Atacameño, más allá de las fronteras nacionales.
2° Que estas comunidades Atacameñas, reclaman su derecho a que sus territorios culturales sean reconocidos legalmente y en consecuencia, protegidos. Además las comunidades identifican territorios que son patrimonio territorial del Pueblo Atacameño inter fronteras, los que son; En Chile, las 2 Áreas de Desarrollo Indígena Alto Loa y Atacama La Grande; en Bolivia, Quetena Grande y Quetena Chico; y por parte de Argentina, el departamento de Susques.
3° Que los recursos naturales - incluidos todos los elementos y recursos que como el agua, la tierra, los minerales, vegas, bofedales, salares, flora y fauna - existentes en los territorios del pueblo Atacameño entre las respectivas fronteras nacionales, constituyen un patrimonio que debe ser protegido de forma urgente, en el contexto de las permanentes y progresivas explotaciones que las más diversas empresas ejecutan en estas tierras.
4° Que es un asunto pendiente, el hecho que cada estado involucrado haga realidad el Convenio 169 de la OIT en la relación con sus respectivas comunidades indígenas nacionales. En el contexto que el citado convenio, constituye un instrumento plenamente vigente y vinculante a la respectiva ley interna de cada nación.
5° Y que las actividades empresariales que se desarrollan históricamente en territorios Atacameños – principalmente gran minería – deben contribuir de una forma real y sistemática al desarrollo integral de las comunidades involucradas.
En estos 5 puntos se resumen los principales acápites de la “Declaración de Quetenas”, plataforma de acuerdo entre los dirigentes firmantes, los que son; por parte de Bolivia, Filemón Flores, presidente del comité de la Feria Internacional, Cantón de Quetena Grande de la provincia de Sud Lípez; por parte de Argentina, Yolanda Cruz, presidenta comisión municipal de Catua y por parte de chile, Rubén Reyes Aymani, consejero nacional del pueblo Atacameño ante Conadi, presidente de la comisión de ferias e intercambio Sin Fronteras y concejal del Municipio de San Pedro de Atacama.
De esta forma y con un histórico trabajo de colaboración y gestión entre fronteras, las comunidades Atacameñas avanzan en su convicción de que las fronteras no existen cuando se trata de un pueblo, con una historia común, con relaciones de parentesco reales y con un sueño compartido, asumir la responsabilidad de cuidar y defender su tierra, su gente y su futuro.





"PUERTO DE ARICA ESTÁ LLAMADO A CONVERTIRSE EN UN POLO DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA LA CIUDAD"

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl/noticias)

Diversas son las medidas que se están trabajando para mejorar las condiciones del Puerto de Arica. En esta línea, el puerto ariqueño es el principal nodo de la red física del transporte marítimo.
Para la gobernadora Ximena Valcarce esto es significativo desde el punto de vista logístico ya que el puerto de Arica ocupa una posición estratégica en el sistema actual de producción, comercio y transporte internacional de Bolivia, en especial si se considera que está llamado a convertirse en un polo de desarrollo económico para la ciudad de Arica.
“El puerto se hace cargo de persistente aumento de carga boliviana que está transitando por él. Por eso es bueno que esté cerca del Ferrocarril Arica La Paz FCALP, para aprovechar esa logística y esté a mano de Arica, pues requerirá servicios de ella para su desarrollo”.
Trabajo en conjunto
Con respecto a que la Zona de Extensión de Actividades Portuarias (ZEAP)sea manejado dentro del puerto por camioneros bolivianos, Valcarce, señaló qué “es impensable que exista sin participación de camioneros ariqueños. Al tratarse de un transporte “al interior del puerto”, por eso no es apropiable que sean camioneros bolivianos los que lo realicen”.
Por último la gobernadora manifestó que el mayor flujo de carga que se espera debe necesariamente obligar a repensar la circulación de camiones. “para eso es bueno que exista un By-Pass que permita que este flujo entre al puerto por la zona sur, transitando por lugares menos congestionados y evitando el ingreso al centro por el norte. Más actividad portuaria con más calidad de vida para la población de Arica”, finalizó diciendo la autoridad.





TURISTAS DE CHILE Y BOLIVIA IRÁN A AREQUIPA POR SEMANA SANTA

Perú Com (www.peru.com/actualidad)

Turistas bolivianos y chilenos llegarán a las costas de la región sureña de Arequipa para disfrutar del sol y sus playas durante los feriados de Semana Santa, inform el gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, Alfredo Venero.
Señaló que las playas más visitadas por los turistas extranjeros serán las de Camaná y Mollendo, por ser las más cercanas a la capital arequipeña.
Los turistas que llegan a Mollendo suelen ir también al santuario nacional Lagunas de Mejía, donde es posible avistar 141 especies de aves, de las cuales 84 son residentes de la costa peruana y 57 migratorias.
Venero, de otro lado, señaló que alrededor de 16,400 visitantes nacionales llegarán del 5 al 8 de abril a la ciudad de Arequipa para recibir el feriado largo por Semana Santa.
Sostuvo que Arequipa se convierte en Semana Santa en un importante destino turístico del sur peruano, y por ello llega mucha gente de Lima, Cusco, Puno y Tacna.
Los atractivos turísticos más concurridos en esta época del años serán el valle del Colca, que tiene una extensión de 100 kilómetros de largo y ocupa solamente un sector de la cuenca del río Colca, comprendido entre los distritos de Callalli y Huambo.





Desde 2014 el butano, el propano y la gasolina importados desde Bolivia serán separados en Yacuiba

CAMPO DURÁN: EN DOS AÑOS LA REFINERÍA NO TENDRÁ GAS

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

En los últimos cinco años la producción de gas de Salta cayó de 19 a 11 millones de metros cúbicos diarios (un 37%). Con el volumen que inyectan hoy los yacimientos de San Martín, la refinería de Campo Durán sería técnica y económicamente inoperable, de no ser por los 9 a 10 millones de metros cúbicos diarios que ingresan a la planta de Aguaray desde Bolivia. El aporte de la importación, sin embargo, sufrirá una alteración drástica en menos de dos años.
El gobierno del vecino país anunció que, en 18 meses, el fluido que exporte hacia a la Argentina será tratado previamente en la Planta de Separación del Gran Chaco. Evo Morales encabezará el viernes 13 de abril, en Yacuiba, el inicio de las obras del complejo con el que petroleras radicadas en Bolivia apuntan a exportar GLP (gas envasado). El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), Carlos Villega, aseguró ayer que la planta separadora estará terminada a fines del próximo año. La inversión total del proyecto, en el que Repsol-YPF se asoció con British Gas y Pan American Energy, ascenderá a 661 millones de dólares.
La planta del sur boliviano procesará 32 millones de metros cúbicos diarios de gas. Concretamente, separará de la corriente de gas de exportación a la Argentina componentes líquidos como butano, metano, propano y gasolina natural.
¿Qué ocurrirá entonces? Esta es una pregunta que debiera preocupar a los gobernadores de la Ofephi más que la pelea del gobierno con la empresa Repsol-YPF, que está distrayendo de las verdaderas causas y responsabilidades del derrumbe del gas y el petróleo argentinos.
La refinería de Campo Durán (Refinor) tiene sus sistemas diseñados para procesar diariamente 20 millones de metros cúbicos de gas y 3.500 metros cúbicos de crudo. Hoy, por el derrumbe de la producción, apenas procesa 1.700 metros cúbicos de crudo (la mitad de su capacidad de destilación de hidrocarburos líquidos). De todas formas, el pilar de esta producción no está en los aportes de los pozos petroleros, sino de los pozos gasíferos, ya que el 75% de la producción de crudo proviene del condensado asociado a gas natural que sale de los yacimientos de Acambuco, Ramos y Aguaragüe
Hoy, con los 11 millones de metros cúbicos aportados por esos yacimientos, más los 9 millones que ingresan a diario desde Bolivia, la refinería del norte sostiene sus procesos de separación, pero en 18 meses Bolivia comenzará a inyectar a los gasoductos argentinos sólo metano (el gas que llega por redes a hogares e industrias). Para entonces, si no se duplica la producción de gas de Salta (algo improbable con la actual orientación de la política energética nacional), Campo Durán no tendrá los volúmenes necesarios para operar ni envasar GLP en garrafas (butano y propano). No se necesita mucho esfuerzo para imaginar de dónde vendrán las garrafas para los barrios que carecen de redes de gas natural y qué empresa concentrará el nuevo negocio: Repsol-YPF.





PUNO Y LA PAZ HARÍAN REALIDAD CORREDOR VIAL LAGO TITICACA

La República de Perú (www.larepublica.pe/01-04-2012)

Las autoridades de Puno y La Paz - Bolivia, acordaron unir esfuerzos para hacer realidad el eje Vial Norte del lago Titicaca. El proyecto supone asfaltar la carretera que une al Altiplano puneño con el país vecino pasando por Tilali- Puerto Acosta (Perú) hasta Escoma –Puerto Acosta (Bolivia).
El presidente regional, Mauricio Rodríguez, y el gobernador de La Paz, César Cocarico, acordaron tomar acciones para hacer realidad la intención de unir a los pueblos fronterizos por el extremo norte de Puno, con el propósito de propiciar el tránsito de turistas y convertirlos en corredores económicos.
Rodríguez señaló que su administración, de acuerdo a su competencia, elaborará los estudios para hacer realidad el proyecto vial.





EL LITIO Y LOS SUBTERFUGIOS DE WAGNER

El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl/opinion)

Comparto la necesidad de mejorar la actual legislación sobre la explotación del Litio en nuestro país y me pareció adecuada la primera aproximación hecha en su momento por el Ministro Laurence Golborne de abrir al respecto un debate en el Parlamento para modificar la Ley Orgánica de Concesiones Mineras. Sin embargo, ahora, especialmente impulsada por el Subsecretario de Minería Pablo Wagner (UDI), de quien se conoce su espíritu privatizador de la propiedad estatal, el gobierno ha decidido utilizar el decreto 2.886 de 1979 para, a través de Contratos Especiales de Operación, abrir una licitación directa a empresas transnacionales y nacionales para la explotación de 100 mil toneladas de litio en 20 años.
Me opongo a la decisión impulsada por el Subsecretario Wagner (ex alto ejecutivo de la Isapre Banmédica) de licitar yacimientos de litio bajo la forma de “Contratos Especiales de Operación” ya que ello vulnera la Constitución, la legislación minera, que define este mineral como estratégico, no concesionable y busca premeditadamente eludir el debate parlamentario para entregar, por vía directa, la explotación del litio integralmente a privados. El argumento del Subsecretario Wagner de que esta vía ya se ha utilizado con el petróleo es falaz dado que Chile no es un país petrolífero pero si tiene las mayores reservas de litio en el mundo y, dado su carácter estratégico, la ampliación de su explotación debiera ser parte de un debate y una modificación a la legislación minera resuelta por el Parlamento y no a través de un subterfugio inspirado en un decreto de la época de la dictadura.
El litio es un mineral del futuro, algunos lo llaman el “petróleo blanco”. Chile posee las mayores reservas mundiales y con bajos costos de explotación ya que se encuentra a más baja profundidad, en los salares, este es además un recurso estratégico porque está ligado a la energía y la producción de tritio, uno de los componentes de la fusión nuclear y, por ende, se debe confirmar constitucionalmente el carácter estratégico y generar una política pública para que el Estado entre en su explotación más allá del arriendo de concesiones que la CORFO tiene con SQM y SCL, que han constituido una especie de monopolio en la explotación y comercialización del recurso minero.
Es imprescindible, por tanto, abrir nuevos caminos en la explotación del litio ya que ello puede entregar enormes recursos al país. Pero ello debe hacerse a partir de la existencia de una política pública hacia el litio toda vez que este mineral se ha convertido en un insumo insustituible en industrias como la energía, la informática, la telefonía celular, naves espaciales, y especialmente en el desarrollo automotriz híbrido y eléctrico.
Por ello y por el combate que en el mundo se da contra el dióxido de carbono y el exceso de utilización de los combustibles fósiles, la demanda mundial de litio aumenta entre un 7 y un 8% anual y su precio internacional ha pasado de mil 700 dólares la tonelada a 6 mil dólares en pocos años y este precio seguirá incrementándose acorde con la mayor demanda en el mercado mundial.
Por tanto, si el gobierno quiere ampliar la explotación del litio, debe, en primer lugar, pensar en el rol que el Estado va a jugar en este proceso, tratándose además de un mineral considerado por nuestra legislación como estratégico, y, a partir de ello, elaborar con todos los sectores una propuesta para modificar la ley de Concesiones Mineras –recuerdo que dicha modificación requiere de quórum calificado-, la ley de la Comisión Chilena Nuclear y otras disposiciones donde se establece la no concesionabilidad de este mineral, pero ello debe hacerse resguardando, en primer lugar, el interés público.
El gobierno, con su idea de licitar yacimientos de litio a través de los Contratos Especiales, se transforma en una agencia de promoción de inversionistas privados del litio en nuestro país ya que el mercado mundial determina un aumento creciente de la demanda y si ella es ya de 90 mil toneladas anuales de carbonato de litio solo en los próximos cinco años esta se duplicará lo cual crea un mercado en expansión muy notable para un país que tiene las mayores reservas de litio en el mundo, especialmente en sus salares en el norte de Chile.
Quiero recordar que el actual marco jurídico del litio está dado por la ley de minería (año 79), por la ley de concesiones mineras (año 83) y la ley orgánica y reglamentos de la ley de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Toda nuestra legislación mantiene las reservas de explotación de litio a favor del Estado y el litio no es susceptible de concesión minera salvo aquellas constituidas con antelación a la publicación de la ley. En virtud de ello CORFO tiene la concesión de las pertenencias mineras en el Salar de Atacama, donde existen las mayores reservas de litio del mundo, pero CORFO arrienda por un tiempo determinado y montos de explotación preestablecidos, y a solo 40 metros de profundidad, a SCL y SQM –cuya producción es hoy el 43% de la producción de litio a nivel mundial- pero, a la vez, el contrato formulado es tan leonino para el Estado que impide que CORFO arriende a otras empresas o explote directamente el resto de las pertenencias no arrendadas en el Salar de Atacama.
Es cierto que tenemos una pésima legislación sobre la explotación del litio, que inmoviliza y en la práctica permite la existencia de un monopolio contractual en el Salar de Atacama. Mi llamado al gobierno es a evitar un subterfugio de las licitaciones directas, que por lo demás crearán una gran incertidumbre en los futuros inversionistas. Por el contrario lo adecuado es consensuar una modificación a la normativa actual pero en un sentido inverso a como lo ha anunciado el gobierno, ya que lo primero debe ser que el Estado explote el Salar de Atacama -donde hay reservas estimadas por la empresa SQM de 6,9 millones de toneladas hasta 200 metros de profundidad que el mineral sea calificado como estratégico– que confirme el valor estratégico del mineral, por razones distintas a las que tuvo la dictadura militar que estaban ligadas a la Guerra Fría, y que el país en su conjunto pueda beneficiarse de su explotación cuyas utilidades ya son altas. Estamos solo al inicio de la explotación de un mineral con un enorme impacto en el mercado y que puede dar una grandiosa fuente de ingresos a la economía y al Estado chileno.
CODELCO debiera ya comenzar a explotar el litio en el salar de Pedernales donde tiene las concesiones y se debe abrir la inversión pública y asociada en Maricunga, Punta Negra, Incahuasi, Aguas Calientes y generar una política de cooperación ahora con Argentina y cuando las condiciones lo permitan con Bolivia, países con los cuales constituimos el triangulo del litio a nivel mundial. De hecho Bolivia ya ha emprendido la industrialización del litio a través de la Corporación Estatal Minera adelantándose a lo que debiera hacer Chile con este mineral.
Pero debiéramos dar otro paso más, que es crear una industria de productos de alta tecnología basada en litio y no solo conformarnos con la exportación del mineral. Las reservas en Chile podrían satisfacer la demanda de litio por 120 años y, por ambas consideraciones, el litio es estratégico y aparece muy mezquina, inconstitucional y destinada solo a favorecer la inversión privada el camino que está eligiendo el gobierno y al cual la oposición y la ciudadanía debe hacer frente con extrema decisión.





ASÍ SE DESTRUYÓ LA ONG INTERVIDA

Con el sobreseimiento provisional del caso en la Audiencia Nacional, el juez Ruz ha desbaratado una polémica investigación que ha durado 9 años

ABC de España (www.abc.es/20120401/sociedad)

Intervida se convirtió en un tiempo récord en la ONG privada más importante de España, con más de 350.000 padrinos, una recaudación anual de 90 millones de euros (sólo superada por Cruz Roja y Cáritas) y cinco millones de beneficiarios en veinte países. Pero todo se derrumba en 2007, cuando la titular del juzgado número 17 de Barcelona, Pilar Calvo, admitió a trámite una querella de la Fiscalía acusando a los fundadores de la ONG de una malversación de 200 millones de euros y decidió intervenir la fundación. La jueza se inhibió a favor de la Audiencia Nacional y el caso fue a parar a Baltasar Garzón, entonces titular del juzgado central número cinco.
Ha sido su sustituto, Pablo Ruz, el que ha destapado los agujeros de una investigación que se inició en 2003, plagada de puntos oscuros y que se tradujo en un daño irreparable para la ONG, sus beneficiarios y los imputados, entre ellos Eduardo Castellón y Rafael Puertas, los fundadores. Ruz ha decretado el archivo provisional al no encontrar indicios de delito, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía contra la Corrupción. Concluye que todas las actividades de Intervida tenían un fin social. Entonces, ¿qué hay detrás del «caso Intervida»?
El denunciante
Todo comienza con dos denuncias en Lima y Barcelona motivadas por Sebastián Juan, directivo de Intervida despedido por robar 300.000 dólares a la ONG en Perú. Huyó del país y fue condenado en rebeldía. Las autoridades peruanas concluyeron que todo estaba en orden y archivaron, pero la fiscal Carmen Martín vio indicios de delito. Tras varios años de una polémica investigación, la fiscal concluyó que los responsables de la ONG destinaban el dinero de los padrinos a una red de empresas con ánimo de lucro: constructoras, bancos, farmacéuticas y «colegios de élite». Según su criterio, la ONG recaudaba para malversar. La investigación ya se había filtrado a la prensa, lo que se tradujo en la baja de más de 100.000 padrinos.
Intervida tenía pocos amigos en el sector de la cooperación. Destacados representantes de ONG la condenaron públicamente antes incluso de presentarse la querella. A la fiscal solo llegaban malas referencias. Esta ONG funcionaba de forma muy diferente al resto: era independiente y no tenía vínculos políticos ni religiosos. No recibía subvenciones, sino que se nutría exclusivamente de las cuotas de sus padrinos. En solo unos años adelantó a la práctica totalidad del sector.
Otro modelo de ONG
Su modelo de cooperación fue rupturista. Normalmente, una ONG recauda dinero pero no ejecuta los proyectos, sino que firma un acuerdo con una ONG local, denominada contraparte. Le transfiere los fondos para que realice los trabajos y los justifique. Cuando Intervida echó a andar, en 1994, sus fundadores comprobaron las estafas sistemáticas y la pérdida de fondos que llevaba aparejado este sistema. Se han dado casos en los que una contraparte del país del Sur ejecuta un proyecto y se lo cobra a dos ONG de distintos países del Norte. También hay cientos de casos de estafas de contratistas locales e infraestructuras mal construidas.
Eduardo Castellón, que antes de fundar Intervida era un empresario de éxito, quiso cambiar este esquema. Su fundación trabajaría como una empresa. Si Telefónica quiere instalarse en Brasil no acude a una contraparte, sino que crea Telefónica Brasil. Así, Intervida creó estructuras filiales en los países donde se ejecutaban los proyectos. Además, como una de sus especialidades era la construcción de aulas (miles en Perú, Bolivia y Guatemala), era la propia ONG la que creaba la constructora y se encargaba de las obras. Lo mismo ocurría con las entidades de microcrédito o con las empresas que repartían los medicamentos. Todas las sociedades mercantiles eran cien por cien propiedad de Intervida.
Esto sentaba especialmente mal en el sector. A Intervida les llamaban despectivamente «los empresarios».
La acusación siempre ha reconocido que no faltaba ni un euro, pero sostenía que el dinero estaba en empresas, no en cooperación. Lo que ha demostrado el juez Pablo Ruz es algo sencillo de comprobar, que las constructoras iban a levantar viviendas sociales, no «casas de lujo», como decía la acusación. Nadie en su sano juicio haría lujosos pisos en el Rímac, en los suburbios de Lima. Distintas pruebas y testimonios, entre ellos las autoridades locales, han demostrado que todas las empresas tenían un fin social.
Cuando la jueza de Barcelona ordenó la intervención, en 2007, la socialista Montserrat Tura, entonces consejera de Justicia de la Generalitat, eligió tres administradores de corte político: Ángel Miret (de UGT), Maurici Romero (de la Intervención General de la Generalitat) y Didac Ramírez (actual rector de la Universidad de Barcelona), que fue sustituido por Alex Masllorens (diputado del PSC). Éstos, con el beneplácito del entonces juez Garzón, cortaron la financiación de los proyectos en Perú, Bolivia y Guatemala, pero siguieron cobrando las cuotas a los padrinos, más de cien millones de euros que se acumulan en cuentas bancarias. Una madrina, Rosa Prades, lo descubrió. Se sintió estafada, amenazó con denunciar y le devolvieron tres años de cuotas, más de 600 euros. La ONG sigue intervenida porque el caso ha de cerrarlo el juzgado barcelonés en el que se inició. La Generalitat ha recurrido.
«Bastaba con visitar los proyectos»
«Cuando recibí la noticia dije: “¡Al fin!” Han necesitado casi diez años para comprobar que todo estaba bien». Jorge Falcón, que fue director de Solaris (el nombre que adoptó Intervida en Perú) se muestra feliz por el auto del juez Ruz, pero no comprende por qué la fiscal de Barcelona Carmen Martín y el juez Baltasar Garzón «no vistaron los proyectos pese a que estuvieron en el Perú, donde podrían haber comprobado que la de Intervida era la mayor inversión en cooperación que ha habido en el país».
Tampoco comprende cómo pudieron «armar un caso sin una sola prueba y a partir de la denuncia de un señor que se encuentra requerido aún por la justicia del Perú», en referencia a Sebastián Juan, el exdirectivo español condenado en Perú por robar a la ONG 300.000 euros y piedra angular de la denuncia. Falcón destaca que sólo en Perú «construimos más de mil escuelas públicas» y muestra su más enérgica indignación por el hecho que se les acusara de hacer colegios para niños ricos: «Los colegios están en las zonas más pobres y marginales de Perú, Bolivia y Guatemala. Eran para los hijos de los campesinos o, como en Arequipa, para los niños de los picapedreros».
Lo que se dejó de hacer
En la retahíla de medidas que el exdirector de Intervida Perú no entiende y que son irreversibles está la retirada de la ayuda a los tres países decretada por los administradores judiciales propuestos por la Generalitat de Cataluña: «¿Era necesario paralizarlo todo mientras duraba la investigación? Se dejaron de construir las nuevas aulas y los niños dejaron de recibir toneladas de equipos educativos y aslimentación. Los padres se han quedado sin las semillas o las infraestructuras de riego que construíamos para sus cultivos. Todo quedó amputado de golpe y sin el menor aviso gracias a la administración judicial», sostiene. Jorge Falcón valora la, a su juicio, «valentía del juez Ruz para hacer prevalecer la justicia y cortar un culebrón sin cabeza ni cuerpo, sostenido sólo por la espuma mediática que lo infló».
El cooperante también quiere acordarse de los cientos de profesionales de la ONG que perdieron su trabajo «después de lo invertido en su formación» pero, sobre todo, de «las vidas que casi seguro se ha cobrado la desactivación de estos proyectos porque se ha abandonado a cientos de miles de personas, sobre todo niños, que no pueden atender por sus propios medios su salud ni su alimentación».