Challapata está en el altiplano boliviano, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Si alguien quiere comprar un todoterreno muy barato, ese es el lugar. Claro que debe saber que estará adquiriendo un coche robado a un ciudadano chileno. Pero con alguna influencia, o si espera la próxima amnistía, tarde o temprano conseguirá legalizar ese automóvil chuto, como se llaman popularmente.
La fiscalía chilena exige a Bolivia la devolución de 1.489 vehículos robados que fueron vendidos en el país vecino. Sin embargo, la aduana boliviana se toma su tiempo y responde que sólo devolverá los que no han sido legalizados. En junio pasado el Parlamento de Bolivia decretó una polémica amnistía que permitió registrar legalmente cualquier vehículo chuto, a cambio de una pequeña multa. El plazo acabó en septiembre y afloraron 70.000 nuevos propietarios de coches, la mayoría producto del contrabando, lo que supuso ingresos de 134 millones de euros al fisco boliviano.
La medida causó lógica indignación en Chile y en los demás países fronterizos con Bolivia -Paraguay, Argentina, Perú y Brasil-, que cotidianamente sufren robos de autos de alta gama que acaban en el mercado negro boliviano, donde es fácil comprar los papeles. También Paraguay es destino habitual de coches robados en Brasil y Argentina.
El presidente boliviano, Evo Morales, saludó entonces la amnistía alegando que “todos tenemos derecho a tener nuestro auto”, y que los vehículos chutos son comprados por “gente pobre” que quiere “mejorar su estatus”. El principal destino interno del contrabando automotor es Santa Cruz, la región más rica del país. Morales defendió la regularización masiva poco después de haber destituido al comandante en jefe de la policía boliviana, un general al que la prensa cazó conduciendo un todoterreno chuto.
Paralelamente a la amnistía, un programa de investigación de la televisión pública chilena, Informe Especial, realizó un reportaje donde demostraba la impunidad con que las bandas llevan los coches a Bolivia para ponerlos a la venta en Challapata, una vez falsificadas las matrículas. Esta pequeña localidad andina cercana a la frontera es el gran concesionario de los coches chilenos chutos, donde un BMW descapotable puede conseguirse por 7.000 euros. El programa aseguraba que en Chile se sustraen cuatro autos por hora -no todos acaban en Bolivia- y que las bandas también acostumbran a intercambiarlos por cocaína.
Mientras el Gobierno boliviano asegura haber reforzado las frontera para detectar a los chuteros , los países vecinos le reclaman cerca de 8.000 vehículos. Bolivia dice que sólo puede devolver, en total, unos 1.400. Si sólo Chile exige 1.489 coches, queda claro que la mayoría de los chutos nunca volverá a sus dueños. La Vanguardia de España (www.lavanguardia.com/buenos-aires)
HERMANOS BOLIVIANOS USADOS COMO MULAS PARA TRAFICAR COCAÍNA
El País de Uruguay (www.elpais.com.uy)
Una adolescente boliviana y su hermano de 8 años viajaron hasta la ciudad de Melo para intentar el envío por correo de un alijo de cocaína. Pero la Policía descubrió la maniobra a tiempo y detuvo a los dos menores.
La Brigada Antidrogas de la Policía de Cerro Largo, al mando del Oficial Manuel Perera, logró la intervención de una adolescente de 16 y su hermano de 8 provenientes de Bolivia, los que habían salido de ese país con destino a Melo, para despachar la droga desde El Correo de la capital Arachana hacia España.
Se habían quedado un hotel de esta ciudad para hacer el despacho ayer por la mañana cuando fueron detenidos a la salida de ese hospedaje, después de la vigilancia que montó esta unidad de la Jefatura
CASI 2 KILOS. "Incautaron 1,8 kilogramos de cocaína, se estima en los US$ 16.000, lo que en Europa redundaría en mucho más", informó el encargado de la Oficina de Relaciones Públicas de la Jefatura, sub comisario Humberto Larrosa.
El padre de la adolescente había firmado el permiso para que ella viajara a Uruguay, pasando por Argentina, luego a Montevideo y de ahí a Melo.
"Se presume que este mismo recorrido ya lo habría hecho al menos dos veces, aunque en Montevideo ya se había detenido a una persona realizando la misma operación a través del El Correo", dijo Humberto Larrosa. "De ahí comenzamos a hacer la vigilancia en los alrededores de hoteles para establecer si pernoctaban menores, dando como resultado este procedimiento", añadió.
El jerarca policial dijo que "la droga venía acondicionada en almanaques de espirales, tipo una cuadernola, y entre hoja y hoja la cocaína aparecía en planchas muy delgadas, para nosotros es un modo bastante desconocido", explicó.
Presumen que también hayan estado en Tacuarembó en meses pasados empleando el mismo sistema.
No descartan que la adolescente haya sido utilizada como "mula" por parte de los narcotraficantes. La joven no quiso confesar a la Policía si recibía algún dinero por este trabajo o no. El hotel en el que se alojaron está justo frente al El Correo. La Policía no sabe a ciencia cierta el motivo de enviar el paquete desde Melo o desde otro departamento, y no de Argentina o de Bolivia mismo; sin embargo, la hipótesis que toma fuerza es la de que Uruguay no aparece a nivel internacional como un país que trafique droga a ese nivel, por lo que las mercaderías no son revisadas a fondo.
De cualquier modo, no es la primera vez que la Policía descubre el uso de encomiendas, por el correo oficial o privado. De hecho, hace solo unos meses atrás en España se interceptó un paquete procedente de Uruguay en el que se ocultaba una cantidad similar de droga.
Una explicación para el uso de esta metodología, según indicaron a El País fuentes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, es que resulta menos arriesgado que el uso de "mulas".
Debido a que los controles se han intensificado en las terminales aéreas, tanto a nivel local como en Europa, esta forma de envío comienza a ser menos rentable. La Policía Antidrogas no ha detectado solo envíos al exterior, sino también varios casos de encomiendas de un punto a otro del país para transportar principalmente marihuana y pasta base.
AÚN NO FUE RESTITUIDA A SUS PADRES LA ADOLESCENTE BOLIVIANA QUE HABRÍA SIDO VICTIMA DE TRATA DE PERSONAS
Jujuy al Día de Argentina (www.jujuyaldia.com.ar)
La joven de 17 años oriunda de Bolivia que fuera encontrada en nuestra provincia, la cual sería víctima del delito Trata de Personas, aun no ha podido volver a su país debido a que no han dado con sus padres, por lo que se encuentra aun en nuestra ciudad a cargo de la Secretaría Dirección de la Niñez y Adolescencia de la Provincia.
En dialogo con JUJUY AL DÍA®, el jefe de la División de Trata de Personas y Leyes Especiales perteneciente a la Brigada de Investigaciones, subcomisario Juan Carlos Ortiz, se refirió a este caso manifestando que “la menor aun no fue restituida a su país, en este momento se encuentra a cargo la Secretaria de la Niñez y Adolescencia, con intervención del Juzgado Federal y la Cónsul argentina en Bolivia. Estamos a la espera de respuestas del país vecino respecto al paradero de los padres de la menor, los cuales aparentemente serían de una zona de campo de difícil acceso”.
Consultado acerca del modo de ingreso de la menor a nuestro país, Ortiz señaló que “como oriundos de la provincia sabemos que el puente internacional es el paso normal y oficial para entrar al país, pero tenemos una frontera seca de varios kilómetros y eso hace que la frontera Argentina-Bolivia sea permeable en cuanto al ingreso”.
Sostuvo que en casos como este “siempre se da participación a la Direcciones de Migraciones, lo que pasa en este caso es que es un hecho reciente, tal es así que se está tratando de individualizar a los familiares, hacer las tareas de contención en primera instancia y después judicializarlo y dar intervención a la autoridad especifica, es un trabajo que se realiza en este momento”.
Respecto a las investigaciones que se realizan en torno a este caso, el Subcomisario Ortiz manifestó que “estamos sobre pistas para identificar a la persona que habría sido el reclutador y el transportista de la menor. Estamos chequeando información con la policía de Bolivia y con la Cónsul argentina en Bolivia para determinar cuáles han sido las circunstancia precisas por la cual la menor fue encontrada en Jujuy”.
En relación a los dos casos que se dieron en nuestra provincia vinculados al delito de Trata de Personas, casos donde se vieron involucrados como victimas esta menor y días pasados cuatro personas de Senegal, el Jefe de la División Trata de Personas, se refirió a la situación de este delito en nuestra provincia, expresando que “el tráfico de personas, por ser provincia de frontera es una situación inevitable, si bien las fronteras son permeables, eso no quita que policías de seguridad como las provinciales pongan especial énfasis en los controles migratorios, en lo controles de ingresos y controles vehiculares, principalmente en los controles de transporte interurbano, lo que nos daría pautas del transporte de personas de un lugar a otro de la provincia”.
Agregó al respecto que “Jujuy esta en el límite con la república de Bolivia y los centros de explotación en cuanto a lo sexual y laboral se dan mayormente en el sur del país, esto nos hace repensar la actividad de prevención que hacemos y avanzar hacia soluciones concretas como por ejemplo un mayor control policial”.
El Subcomisario Juan Carlos Ortiz, señaló que “la Trata de Personas no es una situación común y es un delito realmente grave”, y añadió “no se puede esperar que el hecho se consuma para iniciar una investigación, se debe ir a la raíz del problema. El dialogo con los padres, la consulta la policía cuando hay un ofrecimiento estrafalario de salario, o si alguien quiere transportar a alguna persona de un lugar a otro del país, situaciones que hacen que estemos presuntamente ante este delito. Si bien tiene varias etapas, es bueno empezar con las etapas de prevención, esto nos lleva a nosotros, la policía, a trabajar en la búsqueda de personas, chequear la información para saberlos motivos, saber con quién está esta persona, y tener una gran participación del Juzgado de Menores, del Juzgado Federal, del Juzgado Ordinario, de la Secretaria de la Niñez y Adolescencia que cada vez que enconamos un menor en situación de riesgo toman injerencia directa sin trámites burocráticos”, concluyó.
El paso ilegal de mercadería en la frontera de Aguas Blancas, departamento de Orán, en el límite con Bolivia
UN NEGOCIO PARA LOS MÁS RICOS Y UNA SALIDA PARA LOS MÁS POBRES
Gendarmería secuestró en la zona, solo durante 2010, ropa y zapatillas por más de 40 millones de pesos. Al menos 3.000 oranenses llevan el pan a su casa contrabandeando mercadería desde la localidad de Bermejo.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Hacían más de 40 grados a la hora de la siesta en Aguas Blancas. Los comercios de la localidad que viven de la frontera estaban cerrados. Pero el mercado negro no tiene descanso y a unas cuadras de ahí, un pequeño ejército de bagayeros acomodaba los bultos contrabandeados para llevarlos a su destino final en la ciudad de Orán. Más de 3.000 oranenses llevan el pan a su casa contrabandeando mercadería desde Bermejo, en Bolivia; además, 800 comerciantes de Salta capital llegan todos los días para comprar lo que venden en sus negocios.
Solo en la zona de Orán, Gendarmería Nacional secuestró, durante 2010, ropa y zapatillas por más de 40 millones de pesos. Lo incautado sería comercializado, en su mayoría, en Córdoba y Tucumán. En la frontera, el contrabando, además de ser un delito, es hoy una de las principales fuentes de trabajo y un problema de difícil solución para las autoridades.
Está a la vista de todos. Sobre las arenas del río Bermejo se forman dos hileras humanas separadas por 300 metros. En la primera se realizan los controles de la Aduana a todos los que ingresan al país. En la segunda, unos hombres cargan bultos más grandes que ellos y avanzan a toda marcha, en una perfecta imitación de las hormigas. En ese lugar de vegetación exuberante los caminos se multiplican y los controles pierden efectividad ante la evidente superioridad de los contrabandistas.
Para el comandante Néstor Galeano, del Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional en Orán, el contrabando es una de sus principales preocupaciones. “Constantemente tratamos de encontrar una solución a este tema tan complejo, que no pasa solo por la comisión de un delito o de una infracción. El contrabando en esta zona tiene implicancias sociales y culturales, lo que lo transforma en una problemática muy amplia. Sería un error no abordar el asunto en conjunto con las demás organismos del Estado”, le dijo a El Tribuno.
“No podemos controlar 100 autos, uno atrás del otro. Eso es aleatorio y también se basa en las características que pueda identificar el gendarme en cada vehículo. Gendarmería controla que no se comentan delitos o infracciones, en este caso que vulneren los reglamentos de la Aduana. Si una persona está pasando un bulto de manera ilegal es una infracción. Si un comerciante contrató a 20 bagayeros para pasar ilegalmente la mercadería es un delito”, explicó por su parte el comandante Galeano. La Justicia, según Valor, pone su atención en los grandes comerciantes, que son los que obtienen los mayores réditos.
“Por un lado están los explotados, familias que viven de un trabajo tremendamente sacrificado. Por el otro, hay capitales muy importantes afectados a la actividad. Estos son la principal preocupación de las fuerzas de seguridad. Mientras estos controles sobre los grandes capitales sigan dando resultados, el comercio hormiga no será tan preocupante. Pero siempre y cuando se consiga que los grandes capitalistas tributen y paguen en la Aduana lo que corresponde”, había dicho.
Los bagayeros
Del otro lado de esta realidad están los bagayeros. Los que ponen el cuerpo para trasladar todos los días mercadería que no pasa por la frontera. Según la Encuesta Permanente de Hogares, en el segundo semestre de 2011 Salta tuvo una desocupación del 11,5%. El trabajo en negro en la provincia, según los mismos indicadores, llega al 44,1%, sólo superada por Santiago del Estero. Muchos habitantes de Orán no tienen suerte para entrar a trabajar al ingenio El Tabacal o en una finca de la zona. Tampoco encuentran trabajo en la industria maderera o de hidrocarburos, menos en la municipalidad.
Aldo Mendoza es bagayero. Su trabajo es cruzar de contrabando mercadería ilegal desde Bolivia, hasta Orán. Mendoza es uno de los representantes de estos trabajadores y cuando hay una protesta social o un corte de ruta, es común verlo encabezar la marcha. Según Mendoza, 3.000 bagayeros se ganan el pan con esta actividad clandestina en Orán y Aguas Blancas. “Pero todos los días llegan 800 comerciantes desde Salta capital que pasan y venden por su cuenta la mercadería. Ellos no ocupan pasadores”, aseguró. “No tenemos otra forma de vida.
En las fincas están pagando $50 por día y eso no alcanza. En el ingenio cuando se jubila uno contratan al hijo y en la municipalidad no hay trabajo ni para 10 personas”, dijo.
“Es un trabajo duro. Todos los años se nos muere uno. Nosotros trabajamos para comer, pero todo Orán se beneficia con los bagayeros. No pasamos cocaína, sino ropa para poder comer. El 23 de diciembre murió un pasador por insolación. Esperamos durante tres horas la ambulancia y mientras tanto los gendarmes le quitaron su lona. Estamos en una guerra diaria con Gendarmería”, dijo Mendoza.
Por su parte, el comandante Galeano, graficó la función de Gendarmería en ese tema tan complejo. “No estamos para perjudicar a la gente, sino para proteger al ciudadano que está en regla y que sufre una competencia desleal. Por otra parte, hay que entender que nosotros no hacemos ninguna interpretación de la ley, sino que la hacemos cumplir. Sólo ponemos al infractor en manos de la Aduana y al que delinque ante la Justicia”, afirmó el comandante.
Estuvo presa
María Guzmán estuvo detenida ocho días por contrabandear ropa y zapatillas. Quedó libre justo para pasar las fiestas con sus tres hijos, porque es madre soltera. “Estábamos en una camioneta cargada de mercadería y Gendarmería nos frenó. Éramos tres mujeres y chicos. Yo quedé detenida porque decían que los agredí y que impedí que secuestren la mercadería. Pero yo les dije a unos changos que estaban ahí que se lleven todo, porque es mejor, antes que se lo queden ellos. Tengo cuatro o cinco causas, pero me soltaron porque no tenían pruebas. Decían hasta que había maleantes con palos y armas”, le contó a El Tribuno. “No puedo dejar de bagayear. No tengo estudios y acá no hay trabajo. Lamentablemente yo tengo que vivir de esto”, agregó.
Factor político
“Muchas veces cuando se ajustaron los controles hubo grandes presiones, hasta un intento de copamiento en el puesto 28 de Gendarmería, sobre la ruta 50. Es un conflicto muy serio, que lleva mucho tiempo. También hay que reconocer que está el poder político en el medio. Si aumentan los controles inmediatamente te está llamando un intendente, un diputado o un concejal para flexibilizar el control y evitar las protestas sociales. Evidentemente hay que reconocer que si hay taxis y colectivos a 100 metros del control pasando mercadería es porque hay una superación. Pero también es cierto que resulta imposible cubrir tanto territorio”, dijo el juez subrogante del juzgado federal de Orán, Ramón Valor.
Ramón Valor es el juez subrogante del juzgado federal de Orán y momentáneamente le toca vivir en carne propia las implicancias de esta situación. “La persona común se pregunta por qué lo revisan de punta a punta en la frontera, mientras por al lado pasan bultos más grandes que los hombres que los cargan. Creo que en el fondo hay un problema social, propio de todos los sitios de frontera. Familias enteras obtienen sus ingresos a través de ese contrabando hormiga, que mueve mucho dinero”, le había dicho a El Tribuno.
ALDO MENDOZA, REPRESENTANTE DE LOS BAGAYEROS DE ORÁN
“Estamos en una guerra contra los gendarmes que se hacen ricos con nuestra mercadería”
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
¿Cuál es la relación de los bagayeros con Gendarmería?
Estamos en una guerra diaria con Gendarmería. Los gendarmes se hacen ricos con nuestra mercadería. Cuando nos secuestran los bultos tenemos que pagarle a nuestros clientes. Algunos tienen que trabajar un año entero para devolver lo que nos secuestraron. Sabemos que es su trabajo, pero también sabemos que en 2011 cayeron 12 gendarmes que tenían la ropa secuestrada en su casa y solo estuvieron presos unos días. Por eso mismo lo votaron afuera al que era el jefe de Gendarmería en Orán, gracias a los pasadores.
A mi mujer le ofrecieron sexo para no sacarle la mercadería, hicimos la denuncia y no pasó nada.
A las mujeres las tratan peor que a los hombres. Hay acoso sexual. No son todos malos, pero les aseguro que hay algunos que sí. Se tiene que acabar el maltrato de Gendarmería hacia la gente pobre.
Ellos estudian seis meses y ya son gendarmes, pero nos tratan de negros. Nunca labran el acta para secuestrar la mercadería porque se la quedan ellos para venderla. Además nos sacan hasta los celulares, de forma totalmente ilegal.
¿Para quiénes trabajan?
Los que nos dan laburo son gente de Córdoba, Tucumán o Buenos Aires. Agarramos la carga del dueño en Bolivia y la devolvemos en Orán.
Generalmente pasamos un bulto por día. Hay veces que tenemos que quedarnos varios días junto a la mercadería para pasarla.
¿Esos son los grandes comerciantes que persiguen las fuerzas de seguridad?
No. Gendarmería no le hace daño a los grandes comerciantes, sino a los laburantes de Orán, en donde no hay trabajo.
Deben ser 10 los grandes compradores, pero a ellos no los tocan.
¿Qué le piden al Gobierno?
En el último corte de ruta de 2011 nos dimos cuenta de que los bagayeros sostenemos la economía de Orán. Nosotros pedimos que nos revisen en el puesto 28, como hacían antes. Pasábamos con una mochila reducida y bolsas de mano, pero después de revisar a 50 bagayeros los gendarmes se cansan. Hace cuatro años que Aduana te quita hasta cuando pasás una remera. Entonces, ahora hay que pasar por el atajo y las bolsas son cada vez más grandes.
Pedimos que nos controlen. Si no les gusta lo que hacemos que nos den trabajo a los 3.000 que somos.
Le pido al Gobierno que se fije en esta gente laburadora que mantiene el norte argentino. Somos muchos. Changos que antes estaban en la droga ahora trabajan de bagayo. En la terminal no se ve delincuencia porque ahora están bagayeando, ganándose el pan. Se acabó, porque ahora tienen trabajo.
EL CIRCUITO ILEGAL DESDE BERMEJO HASTA ORÁN
Generalmente, se contratan los bagayeros del lado boliviano y se espera la mercadería en Orán, a 60 kilómetros de Aguas Blancas.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Ahí comienza a funcionar un negocio transformado en un mecanismo implacable: el contrabando de frontera. Con la mercadería se arman prolijamente unos bultos que pueden tener dos metros de alto y uno de ancho. “No pasamos drogas. Sabemos muy bien lo que cargamos porque nosotros mismos armamos los paquetes. Además hay mucha competencia y no conviene hacer mala letra”, explicó el bagayero Aldo Mendoza.
El bulto cruza el río en unas precarias balsas hechas con tachos, palos y una manta. Dos remeros embisten contra la corriente y un nadador se apresura a alcanzar la otra orilla para acercar la balsa tirando de una soga. Del otro lado hay montado un puerto clandestino con cañas y ramas para dar sombra a los que descargarán los bultos. Están a 300 metros de la Aduana de la Argentina.
Este efectivo y peligroso transporte, según el Diario El Nacional de Tarija, en Bolivia ocasionó la queja de los que trabajan legalmente cruzando el río en chalanas. El representante de los chalaneros, René Aguilar, denunció que la presencia de los gomeros no está siendo controlada por las autoridades de la Fuerza Naval, Aduana, Migraciones, ni Gendarmería, a diferencia del control estricto que ellos reciben a diario. Aguilar reveló que entre 2010 y 2011 hubo accidentes con los gomeros, en los que fallecieron tres personas ahogadas y los productos que llevaban fueron arrastrados por el río.
Una vez en suelo argentino, la mercadería se acomoda en vehículos en la plaza de Aguas Blancas y en sus alrededores. Desde ahí sale una caravana, de al menos tres colectivos y 30 autos, cargados de mercadería y bagayeros, hasta dos kilómetros antes del puesto 28 de Gendarmería, sobre la ruta nacional 50. En ese punto, los bagayeros cargan los bultos en sus espaldas para enfrentar una caminata de más de dos kilómetros. “Dejá de sacar fotos”, le gritaron a El Tribuno, que filmaba la impresionante fila de automóviles repletos de mercadería ingresada ilegalmente al país.
Alertados por un aceitado sistema de comunicación, que incluye personal dedicado a observar el movimiento de Gendarmería, van haciéndose camino por el monte, al costado de la ruta. La caminata se detiene 400 metros después del control, donde esperan los vehículos vacíos, ya controlados por Gendarmería, para trasladar bultos y bagayeros a la ciudad de Orán. El gran temor de la caravana, antes de llegar a su destino final, son los controles sorpresa de las fuerzas de seguridad. Por eso las caravanas son kilométricas, para superar en número a los gendarmes.
Pasar un bulto desde Bermejo, en Bolivia, hasta Orán, cuesta entre $200 y $250, según el peso de la mercadería. El bagayero pierde $60 en el pago de la balsa, el auto o colectivo, el agua y la comida. Solo se les paga cuando entregan la mercadería en Orán. “Si la perdés la tenés que devolver. Para no perder los clientes tenés que devolver. Hay mucha competencia”, contó Mendoza.
DENUNCIAN PERSECUCIÓN DE MORALES Y PIDEN OBSERVADORES EN BOLIVIA
Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com.py)
Como "sumamente crítica" fue calificada la situación en Bolivia en materia de derechos humanos por el trato que se les da a los opositores del gobierno de Evo Morales. Así se refirieron las bolivianas Verónica Suárez y Kathya Rebczuk, en visita a nuestra redacción.
Ambas están en el país y hoy se estarán reuniendo con el diputado Enrique Salyn Buzarquis, presidente de la Comisión de DD. HH. de la Cámara de Diputados, y con el vicepresidente Federico Franco.
La intención es lograr que una comisión parlamentaria paraguaya se traslade hasta Bolivia para presenciar la situación de los presos políticos, quienes, según las visitantes, cometieron el "error" de estar en contra del gobierno de Morales.
Suárez ejerce en Bolivia la defensa de Juan Kudelka, quien fue acusado de terrorismo y hechos diversos por la Justicia. Suárez explicó que la Justicia en el vecino país está totalmente prisionera del Gobierno, por lo que no existen garantías.
Dijo incluso que los fiscales presentaron pruebas falsas y plantaron evidencias para incriminar a su defendido. Las visitantes insistieron en que la situación es difícil por el atropello al estado de derecho, ya que todas las libertades están siendo avasalladas por el Ejecutivo boliviano.
TRATO. Rebczuk contó que los observadores de la OEA fueron expulsados de Bolivia.
Indicó que las cárceles están repletas de presos políticos que son juzgados solo por indicios y reciben tratos inhumanos en sus lugares de reclusión.
Consideró que Juan Kudelka es un secuestrado político desde el 23 de julio de 2010 hasta la fecha. "En una ocasión un fiscal le pidió a Juan que mienta y culpe a otro opositor para que quede libre. Él (Juan) no aceptó y por eso sigue preso", refirió.
También está en la agenda que los legisladores traten un proyecto de declaración donde pidan al gobierno de Morales que los presos políticos sean liberados.
"Muchos no aguantan la presión desde el Gobierno y están buscando el exilio. Nuestro pedido es de urgencia, por eso venimos a Paraguay, donde se respeta los derechos humanos y la amnistía", señaló Suárez durante la visita.
Dos meses y sin rastros de Ariel Llampa
NUEVA MARCHA PARA PEDIR POR EL JOVEN DESAPARECIDO EN BOLIVIA
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/Jujuy)
Una nueva marcha tendrá lugar en La Quiaca pidiendo por la aparición del joven Ariel Llampa (17) oriundo de esa localidad y que el pasado 8 de diciembre el 2011 desapareciera cuando se dirigió al paraje Agua Chica, ubicado del lado boliviano, a la celebración de la santa patrona del lugar.
Desde ese momento los padres no cesan en su búsqueda y para mañana protagonizarán una marcha que se congregara en plaza Centenario a horas 17 y desde allí recorrerá diferentes arterias hasta la Seccional 17 de Policía. La última posible novedad del joven data del 23 y 24 de diciembre cuando en su cuenta perteneciente a una red social dejó dos mensajes, señalando a dos amigos como responsables por su situación y que estos lo habrían vendido como un objeto, aunque todavía no pudo establecerse si realmente el dejo esos mensajes. La policía de la provincia lo busco con todos los medios a su alcance, incluso llegaron efectivos desde la capital provincial y la jueza Pilar Medina que interviene en el hecho, derivó el caso a la Dirección de Leyes Especiales, Trata y Tráfico de Personas sin que hasta ahora haya novedades sobre su paradero.
Si bien hubo varias espe
culaciones sobre donde podría estar el joven, todas fueron desmentidas por la fuerza. Un tiempo circulaba el rumor que se encontraría en el barrio "Minero", ubicado en la vecina ciudad de Villazón (Bolivia). El sitio es uno de los más peligrosos donde la policía Boliviana no entra, porque allí se fracciona la droga que luego es pasada hacia nuestro país, aparte de ser refugio de hampones. Por otra parte, fuentes fidedignas confiaron a este diario que Ariel fue visto entre el 20 del mes pasado y los primeros días de enero, en compañía de varios sujetos al otro lado de la frontera, pero no saben si esta por su propia voluntad o lo tienen por la fuerza. Este matutino pudo saber que durante esos días el joven habría dormido en un bar de poca monta.
Además hubo un encuentro entre los padres de los jóvenes sindicados por Ariel como responsables por su situación con la cónsul Reina Sotillo y la familia Llampa, la cual no dejo nada en claro porque los tutores negaron y deslindaron toda responsabilidad de sus hijos.
Los hechos
Ariel Llampa salió de su casa la mañana del 8 de diciembre del año 2.011 junto a otros compañeros para acudir a las fiestas patronales de la Virgen de Agua Chica, ubicado a 10 kilómetros al este de La Quiaca.
Participó de la misa e incluso prendió algunas velas. Luego salió del templo para disfrutar el día, según testigos estaría bebiendo siempre acompañado por jóvenes de su entorno. Alrededor de las 11.30 fue divisado junto a su novia luego nada mas se supo de él. La policía realizó varios rastrillajes por la zona con una división de canes ante la posibilidad que el joven haya caído a una cascada o quebrada del pedregoso sitio. La búsqueda prosiguió por barrios periféricos de esa ciudad y Villazón sin éxito.
PARAGUAY AVANZA EN PROYECTO DE TRAER GAS NATURAL DE BOLIVIA
La inversión sería de US$ 150 millones, usando el ducto boliviano y la hidrovía.
La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
Si bien hace tiempo Paraguay pretende comprar gas natural de Bolivia, el gobierno de Lugo dio a conocer plazos para estudio de factibilidad, así como el tiempo que llevaría concretar las opciones para transportar el combustible.
La viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, explicó que lo que se pretende es aprovechar el gas del vecino país que está disponible en su puerto por la hidrovía. Explicó que el gas se convertiría en líquido, de esa forma se transportaría en barcazas y se volvería a regasificar en los puertos que los países definan. “En el caso de Paraguay sería Vallemí para atender la demanda de la Industria Nacional del Cemento (INC) y para la venta en Villa Elisa”.
En cuanto a los trabajos para transportar el combustible hasta nuestro país, indicó que el 10 de febrero se definirá la consultora que tendrá a su cargo el estudio para ver la factibilidad de traslado del combustible. Esta consultoría es una donación de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Comentó que en el estudio de prefactibilidad se indicó que más o menos el plazo de ejecución sería de 1 año. A este período se le debe “sumar el tiempo que llevará lograr los pliegos de licitación y obtener financiamiento que de hecho tenemos ya interés por parte de varios organismos multilaterales como la misma CAF, por eso ellos están financiando estos estudios previos”, dijo
INVERSIÓN
En cuanto a la inversión que demandarían las obras, la responsable señaló que serían alrededor de US$ 150 millones, ya que los medios son de una tecnología bastante nueva y los costos se van reduciendo, mientras que con el estudio de factibilidad ya se tendrán los números más afinados.
La capacidad del gasoducto que no se utiliza es de 500 mil metros cúbicos. El gas importado sería destinado en 20% a la INC. En cuanto a las obras que se necesitarán para convertir y reconvertir el combustible, la secretaria de Estado señaló que una vez que se tenga la factibilidad se sabrá qué obras son necesarias.
“Se va a necesitar hacer una planta de licuefacción en Bolivia, plantas de regasificación en Paraguay y Uruguay y también se tienen que diseñar las barcazas y los tanques para depositar el gas", especificó Canese. En cuanto a esta infraestructura señaló que las obras se tienen que licitar, “probablemente se hagan bajo la modalidad de inversión trinacional donde va a haber un control estatal de esta infraestructura”, detalló. Sobre el canje de gas por energía eléctrica con Bolivia, señaló que es un estudio que se está haciendo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y consultores internacionales.
HARÁN BATERÍAS DE LITIO "MADE IN ARGENTINA"
La Argentina, junto con Bolivia y Chile, tiene el 80% del total de las reservas mundiales de este mineral.
Minuto a Minuto de Argentina (www.minutouno.com.ar/minutouno)
Nuestro país empezará a fabricar este año baterías de ion de litio gracias a un emprendimiento público-privado. La meta es desarrollar una industria con potencial de crecimiento gracias a las reservas que tiene el país de este mineral. La importancia de esta producción se basa en que estas baterías son las elegidas en la actualidad para utiilzar en smartphones, notebooks, dispositivos portátiles, satélites y otras tecnologías. Así, se dejaron de lado las de níquel cadmio ya que recalentaban demasiado.
El desarrollo de este proyecto comenzó durante el 2011 en un trabajo en conjunto que realizaron la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba, Comisión Nacional de Energía Atómica, Conae y Conicet y todo fue realizaro gracias al financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del apoyo del Ministerio de Industria.
De acuerdo con las exploraciones realizadas, Bolivia, la Argentina y Chile tienen el 80% de la reserva mundial de litio. Bolivia tiene la mitad de ese total, y Argentina y Chile el 25% cada uno. Por ese motivo este proyecto tiene un potencial de crecimiento tan grande. Argentina, con reservas especialmente en la Puna Jujeña y en Salta y Catamarca, es el segundo exportador de litio después de Chile; mientras que la otra gran reserva del mundo la tiene China, con el 15%.
ECUADOR EXHORTA A PANAMÁ A CUMPLIR SENTENCIA DE CORTE A FAVOR DE ECUATORIANO
Agencia EFE de España (www.google.com/hostednews/epa)
El Gobierno de Ecuador exhortó hoy al de Panamá a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del ecuatoriano Jesús Vélez Loor, que mantiene una huelga de hambre a las puertas de la Embajada panameña en Bolivia.
La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, señaló que, "en el ámbito de su competencia y responsabilidades, ha realizado las diligencias para pedir al Gobierno panameño se cumpla" con el fallo de la Corte Interamericana emitida en 2010.
Vélez, de 45 años, ha improvisado un campamento, compuesto tan sólo por una silla, en las afueras de la legación diplomática panameña en La Paz, para reclamar el pago de la indemnización ordenada por la Corte.
El ecuatoriano fue detenido en noviembre de 2002 en Panamá por orden de autoridades de migración de ese país que le acusaron primero de vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego de ser peligroso para el orden y la seguridad pública panameña.
Fue liberado en 2003 y enviado a Ecuador, pero en 2006 viajó a Bolivia, con estatus de refugiado, por no haber conseguido apoyo del entonces Gobierno de su país.
Vélez contrajo nupcias con una boliviana, con quien vive actualmente en la región oriental de Santa Cruz y tiene un hijo que cumplirá dos años el próximo lunes 13.
En agosto de 2010, la Corte Interamericana escuchó el testimonio del ecuatoriano y cuatro meses después falló a su favor.
La Cancillería ecuatoriana indicó que su Embajada en Bolivia ha tomado contacto con Vélez, se ha preocupado por su salud y gestionado ante su similar de Panamá en La Paz para que "se exhorte a la autoridad panameña a fin de que se de cumplimiento con la sentencia".
Además, señaló que la Embajada de Ecuador en Panamá ha tomado contacto con la Cancillería de ese país para "averiguar el estado del trámite y exigir el cumplimiento de dicha sentencia".
Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño han precisado que el caso está radicado en el Consejo de Estado de ese país y que "tomará su curso normal", añade el comunicado.
La Cancillería ecuatoriana "ha solicitado atender de forma inmediata el requerimiento del ciudadano ecuatoriano" y ha puesto de de manifiesto que "la responsabilidad de fondo de este caso es del Gobierno de Panamá".
La Embajada de Ecuador en Bolivia apoyará al compatriota "con revisiones médicas periódicas, ropa y bebidas, además de dar un seguimiento a su caso", precisa el comunicado.
El ecuatoriano, en declaraciones efectuadas en La Paz, ha dicho que está dispuesto a morir para lograr que Panamá cumpla con la sentencia, que le indemnizó con 59.000 dólares, de los que sólo le ha pagado 7.500. "El viernes 10 de febrero se cumple un segundo plazo que ha dado la Corte a Panamá, pero ya me ha adelantado que la respuesta no va a ser positiva (...) Estoy suponiendo que esta huelga se va a alargar enormemente", indicó Vélez recientemente a Efe, aunque aseguró estar dispuesto a continuar hasta lo último.
EL ACUSADO DE DEGOLLAR A SU MUJER DICE QUE NO RECUERDA CÓMO LO HIZO
Durante el juicio, el agresor reconoce la piqueta con la que golpeó a la víctima hasta 23 veces en la cabeza y también la navaja de mariposa con la que le cortó la yugular
El Almería de España (www.elalmeria.es/article/almeria)
Javier Stephan Ibáñez, un ciudadano boliviano de 33 años acusado de asesinar a su mujer hace ahora dos años en el barrio de Nueva Andalucía de la capital, asegura que no recuerda cómo acabó con la vida de la que él dice era el amor de su vida. El fiscal y la acusación particular han solicitado para el procesado una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. Asimismo, han pedido una indemnización de 200.000 euros para cada uno de los dos hijos que tenía con su esposa y que actualmente se encuentran en Bolivia (país de origen de la víctima y del agresor) bajo la tutela de los abuelos paternos.
"Se que discutimos dentro del dormitorio y que en un momento dado me agache para coger la piqueta que estaba debajo de la cama y después cogí la navaja de la mesita, y ya no recuerdo más hasta que la vi en un gran charco de sangre".
Según el relato de la fiscal, al que se ha adherido la acusación particular, el hombre decidió acabar con la vida de su mujer tras tener conocimiento de su infidelidad "y para ello colocó una piqueta debajo de la cama" del dormitorio "esperando el momento oportuno para ello".
Contundente, tanto a preguntas del fiscal como de la acusación particular, el asesino confeso indicó que "jamás" quiso matar a su mujer y que "todos los días desde la cárcel" trata de recordar qué sucedió "sin encontrar respuestas". "Preferiría mil veces verla feliz ahora aunque fuera con la otra persona, pues era la mujer que yo más amaba", aseguró llorando.
Javier Stephan Ibáñez trató de defender ante el jurado que intentó, una vez asestada la cuchillada mortal, salvarle la vida a la víctima. "Cuando vi la sangre que salía de la herida del cuello cogí un trapo y le taponé la herida", aseguró el procesado. Fue entonces cuando avisó a su hermana para que llamara a la Policía y a los servicios sanitarios, y también llamó a su hermano para que fuera a la vivienda a llevarse a los dos hijos de 5 y 7 años, que se encontraban durmiendo en la casa.
Tal y como reconoció el agresor, y así consta en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, la discusión entre el matrimonio se inició por la presunta infidelidad de la víctima con otro hombre que había conocido por internet. Durante la primera sesión del juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia provincial de Almería ante un jurado popular, el agresor reconoció también su letra en una carta que escribió poco después de cometer el crimen y antes de que llegara la Policía, en la que confesaba que había matado a su mujer, pero también confesaba la muerte de sus dos hijos (que nunca llegó a matar) y su suicidio (que tampoco llegó a producirse nunca).
Misterioso caso del secuestro y liberación del sandwichero Cristian Arnaldo Torres
“EL GRUPO QUE ME TUVO LO LIDERABA DELFÍN CASTEDO”
La víctima, que estuvo más de 24 horas raptada en una casa boliviana y fue golpeado salvajemente, no quiso formalizar denuncia.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/Jujuy)
El miniempresario sandwichero Cristian Arnaldo Torres (36), quien estuvo poco más de 24 horas secuestrado por una banda desconocida que lo golpeó salvajemente en el interior de una casa situada en el tenebroso barrio Africa de la localidad boliviana de San José de Pocitos y luego fue liberado en territorio argentino, dijo a la Policía salteña que el grupo que lo mantuvo en su poder estaba liderado por el narcotraficante Delfín Castedo, uno de los hombres más buscados por la Justicia e Interpol.
Castedo, junto a su hermano Raúl, más conocido como “Ula” y quien se halla detenido por narcotráfico en el penal de Palma Sola, en Santa Cruz de la Sierra, al oeste del vecino país, están acusados de haber sido los autores intelectuales del crimen de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos con antecedentes por transporte y venta de estupefacientes, quien fue acuchillada en una pasarela de Salvador Mazza el 21 de septiembre de 2006.
Tras este hecho los Castedo desaparecieron, aunque los abogados de Delfín tuvieron diversos contactos con El Tribuno, asegurando la inocencia de su cliente, de quien nunca más se tuvieron noticias hasta el domingo a la medianoche, cuando Torres dijo que uno de sus secuestradores había sido él.
Por el crimen de Ledesma fueron condenados a prisión perpetua el 14 de junio de 2010, Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Abdemar Moreno y Casimiro “Nene” Torres. También recibieron penas menores Juan Moreno y Patricia Alba Guerra, y la Justicia ordenó investigar al exdiputado provincial Ernesto Aparicio, hermano de Gabriela.
En el caso ocurrido con el sandwichero Torres, quien posee dos carritos, uno en el Sector 5 de Salvador Mazza y otro en el barrio Africa de la vecina localidad boliviana de San José de Pocitos, curiosamente dos núcleos habitacionales de terrible fama y plagado de aguantaderos narcos, es llamativo que, pese a haber asegurado a los policías salteños que el jefe del grupo de secuestradores era Delfín Castedo, a quien secundaban un argentino con acento porteño y dos bolivianos, se negó a hacer denuncia alguna. Luego deslizó que lo habían liberado porque se habían “confundido” de víctima y que el verdadero destinatario de su acción era otro sujeto que los había “mejicaneado” con un cargamento de droga valuado en 150.000 dólares, cifra que le habían pedido telefónicamente a la esposa de Torres, Andrea Araya, que los juntara si quería volver a verlo vivo.
La llamada efectivamente se realizó, pero desde una telecabina de la localidad fronteriza boliviana.
Torres fue hallado deambulando muy golpeado en las inmediaciones del Sector 5. Ayer fue llevado a declarar a los tribunales de Tartagal, pero guardó silencio y no aportó nombres.
Los investigadores salteños aseguran que ya tienen identificados al porteño y a los dos bolivianos que supuestamente acompañaban a Castedo. De la misma manera, tienen la certeza de que la liberación de Torres no fue producto de un error de los plagiarios sino que fue provocada por el tremendo despliegue de las fuerzas de seguridad de ambos países en las dos localidades limítrofes.
SEIS DETENIDOS EN BARAJAS CON NUEVE KILOS DE COCAÍNA
Europa Press de España (www.europapress.es/madrid)
La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Madrid-Barajas a seis personas acusadas por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) ya que llevaban casi nueve kilos de cocaína, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
El primero de ellos es Máximo C.G., un español de 42 años, que llegó a Madrid tras descender de un avión procedente de Sao Paulo. El hombre había introducido 2.590 gramos de 'coca' en un doble fondo de su maleta facturada.
El segundo es Eugenio S.A., alemán de origen boliviano de 40 años, que provenía de un vuelo desde Bolivia. Se trata de un 'bolero' ya que transportaba la droga en su organismo.
También ha sido detenida una pareja que venía en vuelo procedente de Lisboa: Mauro M., italiano de 51 años, junto a Suzane S.S., brasileña de 22 años. La mujer llevaba en el doble fondo de su maleta 1.540 gramos de cocaína.
El quinto detenido es David Alexandre M.O., que venía en vuelo procedente de Sao Paulo con escala en Panamá, Madrid y el último destino era Bruselas. Llevaba 3.975 gramos de 'coca' en un brick de mayonesa, cuatro botellas de champú y en tres botellas de licor.
Por último, ha sido detenido Óscar Andrés Z.M, que venía a España en vuelo procedente de Lima, llevaba droga en la plantilla de las zapatillas.
LA REGIÓN, ANTE EL DESAFÍO DE PROTEGER LA CUENCA DEL PLATA
Con su combinación de gran biodiversidad e importancia estratégica y sus 3,2 millones de kilómetros cuadrados, la Cuenca del Plata representa no un desafío importante hacia la integración regional y de cara a la utilización responsable de los múltiples recursos que el territorio aporta. Mucho se ha escrito sobre el caudal de agua dulce que abarca este sistema fluvial, que nace en la llanura del Pantanal en el sudoeste brasileño e involucra a Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil.
Diario Panorama de Argentina (www.diariopanorama.com/seccion)
Las aguas superficiales de los ríos, lagos y arroyos, conforman sólo una pequeña parte del agua de la cuenca: el resto se encuentra en las profundidades. Pero además del agua -que se utiliza para beber, para riego y para el ganado-, la Cuenca del Plata cuenta con una riquísima biodiversidad y brinda diversas utilidades económicas, como la pesca, el turismo, la industria maderera y un enorme potencial energético, con 150 represas y tres grandes complejos hidroeléctricos binacionales. Por eso, dentro de los distintos avances que se están produciendo en la integración política y económica de América Latina, no debe quedar afuera una mirada regional de la Cuenca del Plata, que debe prevalecer por sobre la explotación aislada de sus recursos.
El Tratado de la Cuenca del Plata, suscripto por los cinco países en 1970, buscaba aumentar su potencial económico. Sin embargo, desde hace algunos años, se aborda al sistema fluvial desde el punto de vista del desarrollo humano, priorizando el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, uno de los principales desafíos es reducir la cantidad de agroquímicos que contaminan los ríos y sobre todo el Acuífero Guaraní, que es uno de los máximos tesoros mundiales de agua potable con 45.000 kilómetros cúbicos y recarga de 200 kilómetros cúbicos por año. Los pesticidas agrícolas de Paraguay son la principal amenaza a esta reserva no renovable de agua dulce, según informa el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata.
Como el acuífero se nutre de las filtraciones de agua a través de las lluvias, la contaminación es uno de los principales problemas que deben afrontar los cinco países, ya que los desechos de las fosas sépticas, los agroquímicos y los residuos industriales logran penetrar con rapidez. La vulnerabilidad reside en la por momentos escasa profundidad de las aguas del Acuífero, que por tramos se encuentra a 1.800 metros bajo la superficie, pero en otros sitios llega hasta sólo 50 metros.
Con el objetivo de proteger el sistema fluvial y el Acuífero, países involucrados lanzaron semanas atrás un programa que prevé la elaboración de un informe sobre el estado de la Cuenca -a terminar en 2015-, que permitirá elaborar proyectos específicos para preservarla. Además, los cinco Estados deberán resolver la paradoja que crea el sistema actual, que asocia mayor desarrollo a una mayor depredación y contaminación. Lo ideal sería buscar un equilibrio que permita que la agricultura sea rentable, evitando los monocultivos, un tratado más elaborado y responsable de los desechos tóxicos y la limitación de la tala de los bosques, pero al mismo tiempo no desperdiciar la generación de energía que abastece sobre todo a Brasil, pero que en definitiva aprovecha toda la región.
Por otro lado, la existencia de una base militar norteamericana en Mariscal Estigarribia, Paraguay, y las constantes alusiones a la supuesta presencia del terrorismo islámico en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, son indicios de que esta parte del mundo se ha vuelto estratégica para las potencias, principalmente por su enorme recurso de agua potable, tal como lo expone el famoso documental Sed, invasión gota a gota.
Si bien el cuidado y la preservación de la cuenca es una política encomiable del Estado, el organismo que nos representa ante el resto de las naciones involucradas es la CONCAP (Comisión Nacional de la Cuenca del Plata), a cuya égida fue sometida hacia 1980 la crítica cuestión del río Bermejo y el Proyecto Portillo, que tanto nos incumbe a los santiagueños pues formamos parte de la cuenca de esa caudaloso río, que también integran Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Santa Fe y Jujuy. El virtual desapoderación que ha concretado el Estado argentino en perjuicio de la COREBE (Comisión Regional del Tío Bermejo), deja para un futuro demasiado lejano -pese a nuestras protestas de entonces- el tema de la regulación del río aguas debajo de Bolivia y los canales de riego y navegación lateral y perpendicular, que vendrían a significar una solución ideal para la normalización de nuestro régimen hídrico y sobre todo para el comercio internacional por una vía alternativa, que son las barcazas de alto porte, con lo cual tendríamos otra salida a nuestra producción agropecuario y obviaríamos los congestionados centros portuarios de Rosario y Santa Fe, además de resolver el crítico problema que le provocamos al río Paraná, con todos los detritos sedimentarios que en él se descargan y que obligan al país a dos desenlames anuales, a un costo sideral de 60 millones de dólares, para permitir su navegación.
Si bien el régimen de escorrentía y el marco regulatorio de las leyes que lo contienen hacen indiscutible la pertenencia del Bermejo a la cuenca del Plata, porque desemboca en el Paraná, no es menos cierto que la CONCAP, como organismo internacional, ya venido privilegiando las obras binacionales de la alta cuenca con Bolivia y la sistematización del Bermejo mediante obras de gran envergadura, como la presa reguladora de Zanja del Tigre, no tiene ninguna incumbencia en las necesidades interiores de las provincias de la cuenca de ese flujo de agua. En resumen, el viejo sueño del almirante Portillo, que compartió el mismísimo General Perón durante su último gobierno, quedó enajenado en el engranaje brutal de la política.
Volviendo a la cuenca del Plata, el volumen del movimiento del agua de la cuenca en promedio alcanza los 22.000 metros cúbicos por segundo, un caudal tan grande que convierte a este sistema fluvial en uno de los más importantes del mundo y que es propicio para la generación de energía hidroeléctrica. Además, de acuerdo con el Comité, la capacidad de recuperación del agua es inmensa. En paralelo a la elaboración del informe, un proyecto busca aumentar la capacidad de extracción de agua del Acuífero Guaraní instalando bombas más potentes que permitirían sacar en el mediano plazo 200.000 litros por hora, en lugar de los 10.000 litros que se obtienen actualmente.
Desde luego que ésto podría llegar a ser peligroso para el reabastecimiento de agua, con lo que nuevamente hay que ser muy cauteloso en cómo se van a aprovechar los beneficios de este sistema natural, y cómo se va a ver afectada la agricultura, las industrias y la generación de energía para proteger y al mismo tiempo nutrirse de los recursos que aporta la rica Cuenca del Plata.
Es una política claramente nacional, que debe ser apoyada -aunque críticamente- con el propósito de impedir por todos los medios la voracidad de los gringos del Norte, que han creado el famoso y equívoco principio de que el agua es un recurso natural “universal”, porque desde hace años, hasta su falta del líquido vital, le han echado el ojo pirata a nuestro Acuífero Guaraní, como antes hicieron con Pantanal, que en sus mapas ya ni siquiera figura como territorio brasileño, aunque el ex presidente Lula tuvo el patriotismo de echarlos a patadas cuando vinieron a proponerla una explotación conjunta de ese reservorio.
PUBLICAN LIBRO SOBRE CONFLICTOS SOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA ANDINA
RPP de Perú (www.rpp.com.pe)
El desarrollo económico en los países andinos no siempre ha contribuido a superar desigualdades. Por interesantes que sean las cifras de la economía nacional, los conflictos sociales no hacen sino atizarse más para sorpresa de quienes acuñan indicadores económicos de éxito desde la comodidad de sus escritorios capitalinos.
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha publicado, bajo el título “Desarrollo, desigualdades y conflictos sociales", un conjunto de estudios editados por Marcos Cueto y Adrian Lerner, que ofrece una bienvenida perspectiva comparativa para los países andinos.
El neoliberalismo veinte años después
Es público que de los 90s en adelante varios países de la región hemos vivido un proceso neoliberal, acaso alabado por haber abierto los mercados pero sospechoso también de haber contribuido a la persistencia de ciertas desigualdades.
La aplicación del modelo neoliberal es abordada, para el caso colombiano, desde dos perspectivas. Consuelo Uribe, “Tecnócratas y egresados de universidades estadounidenses. El Saber económico en la construcción neoliberal en Colombia”, analiza el rol de los graduados en universidades norteamericanas en la conducción y dirección de dicho modelo, mientras Mauricio Archila ubica su análisis en el campo del sindicalismo boliviano, obligado a transitar entre la violencia y el neoliberalismo.
La persistencia de las desigualdades sociales y el incremento de la conflictividad social han dado lugar a manifestaciones concretas que es muy útil abordar con una perspectiva comparativa. Destaca el análisis de Felipe Burbano quien copara las luchas territoriales de Ecuador y Bolivia en términos de identidad, nación y estado. Luis Tapia enfoca su análisis para el caso boliviano en el plano social y político, argumentando con éxito que la desigualdad se articula con otro tipo de divisiones sociales y se traslada al campo de la vida política boliviana, encarnando el surgimiento del Movimiento al Socialismo que llevó al poder a Evo Morales.
La amenaza del desencuentro persistente
En tal sentido resulta de particular interés el estudio de Fernanda Wanderley que ha sometido al análisis las propias políticas llevadas adelante por Evo Morales en Bolivia. Las conclusiones como una advertencia para Bolivia y sus vecinos. Pese a los avances bolivianos en términos de inclusión, un persistente “desencuentro entre políticas económicas y sociales” impide romper mecanismos tendientes a perpetuar la desigualdad social. El desencuentro persistente parece haber tomado curso propio en Bolivia. LA pregunta es si ese será también su curso entre nosotros.
También hay un estudio específico sobre el Ecuador. En este caso Eduardo Klingman ubica el análisis en el marco urbano, el barrio indígena de San Roque en Quito. Destacan en este análisis la importancia de una percepción cultural racista en las políticas de especulación inmobiliaria y seguridad urbana.
También se llama Perú
¿Y los estudios sobre el Perú? Patricia Ames presenta una muy bien hilvanada síntesis de los más recientes estudios en torno al papel de las categorías étnicas, raciales y culturales en la configuración y fortalecimiento de las desigualdades sociales en el Perú. Una de las conclusiones más prometedoras, en estos estudios, reconoce, por fin, que el actual discurso y práctica racistas no son una herencia colonial inevitable, pues todo indica que aludimos a un discurso marginador más bien construido y articulado a partir de la república y en el siglo XIX. Entender las consecuencias prácticas de semejante constatación puede abrir luz alentadora en el camino de entendimiento de los peruanos.
Considero que falta algún estudio ubicado en la sierra o en las regiones donde coexisten la economía agraria y la minera, por ser este el entorno más agitado en el panorama de la conflictividad social. A cambio de ello, la antología trae un estupendo análisis sobre la conflictividad social entre los pueblo amazónico, un aspecto al cual casi pocas veces consideramos y que ha logrado, de Bagua2009 en adelante, despertar de manera muy clara (y sangrienta) la conciencia de los peruanos. Anahí Durand plantea para el entorno nativo de la Amazonía el concepto de conflictividad no resuelta y la aguda crisis de representación, en un contexto en el que la desigualdad discriminatoria pude actuar como un motor para el accionar reivindicativo de los de abajo.
La publicación cierra su selección con un estudio de Luis Raygadas, que generaliza sobre las crisis de inclusión en la región y propone cuatro vías para afrontarla. Más allá de modelos que podríamos etiquetar como liberal, redistributivo o solidario, Raygadas adelanta, corriendo riesgos teóricos, un posible cuarto modelo tomando elementos de los modelos previos y descartando sus aristas más problemáticas.
La conflictividad social persistirá, qué duda cabe. Pero lo verdaderamente importante es que no vuelva a tomarnos por sorpresa. Este libro del IEP apunta en esa bienvenida dirección.
La medida causó lógica indignación en Chile y en los demás países fronterizos con Bolivia -Paraguay, Argentina, Perú y Brasil-, que cotidianamente sufren robos de autos de alta gama que acaban en el mercado negro boliviano, donde es fácil comprar los papeles. También Paraguay es destino habitual de coches robados en Brasil y Argentina.
El presidente boliviano, Evo Morales, saludó entonces la amnistía alegando que “todos tenemos derecho a tener nuestro auto”, y que los vehículos chutos son comprados por “gente pobre” que quiere “mejorar su estatus”. El principal destino interno del contrabando automotor es Santa Cruz, la región más rica del país. Morales defendió la regularización masiva poco después de haber destituido al comandante en jefe de la policía boliviana, un general al que la prensa cazó conduciendo un todoterreno chuto.
Paralelamente a la amnistía, un programa de investigación de la televisión pública chilena, Informe Especial, realizó un reportaje donde demostraba la impunidad con que las bandas llevan los coches a Bolivia para ponerlos a la venta en Challapata, una vez falsificadas las matrículas. Esta pequeña localidad andina cercana a la frontera es el gran concesionario de los coches chilenos chutos, donde un BMW descapotable puede conseguirse por 7.000 euros. El programa aseguraba que en Chile se sustraen cuatro autos por hora -no todos acaban en Bolivia- y que las bandas también acostumbran a intercambiarlos por cocaína.
Mientras el Gobierno boliviano asegura haber reforzado las frontera para detectar a los chuteros , los países vecinos le reclaman cerca de 8.000 vehículos. Bolivia dice que sólo puede devolver, en total, unos 1.400. Si sólo Chile exige 1.489 coches, queda claro que la mayoría de los chutos nunca volverá a sus dueños. La Vanguardia de España (www.lavanguardia.com/buenos-aires)
HERMANOS BOLIVIANOS USADOS COMO MULAS PARA TRAFICAR COCAÍNA
El País de Uruguay (www.elpais.com.uy)
Una adolescente boliviana y su hermano de 8 años viajaron hasta la ciudad de Melo para intentar el envío por correo de un alijo de cocaína. Pero la Policía descubrió la maniobra a tiempo y detuvo a los dos menores.
La Brigada Antidrogas de la Policía de Cerro Largo, al mando del Oficial Manuel Perera, logró la intervención de una adolescente de 16 y su hermano de 8 provenientes de Bolivia, los que habían salido de ese país con destino a Melo, para despachar la droga desde El Correo de la capital Arachana hacia España.
Se habían quedado un hotel de esta ciudad para hacer el despacho ayer por la mañana cuando fueron detenidos a la salida de ese hospedaje, después de la vigilancia que montó esta unidad de la Jefatura
CASI 2 KILOS. "Incautaron 1,8 kilogramos de cocaína, se estima en los US$ 16.000, lo que en Europa redundaría en mucho más", informó el encargado de la Oficina de Relaciones Públicas de la Jefatura, sub comisario Humberto Larrosa.
El padre de la adolescente había firmado el permiso para que ella viajara a Uruguay, pasando por Argentina, luego a Montevideo y de ahí a Melo.
"Se presume que este mismo recorrido ya lo habría hecho al menos dos veces, aunque en Montevideo ya se había detenido a una persona realizando la misma operación a través del El Correo", dijo Humberto Larrosa. "De ahí comenzamos a hacer la vigilancia en los alrededores de hoteles para establecer si pernoctaban menores, dando como resultado este procedimiento", añadió.
El jerarca policial dijo que "la droga venía acondicionada en almanaques de espirales, tipo una cuadernola, y entre hoja y hoja la cocaína aparecía en planchas muy delgadas, para nosotros es un modo bastante desconocido", explicó.
Presumen que también hayan estado en Tacuarembó en meses pasados empleando el mismo sistema.
No descartan que la adolescente haya sido utilizada como "mula" por parte de los narcotraficantes. La joven no quiso confesar a la Policía si recibía algún dinero por este trabajo o no. El hotel en el que se alojaron está justo frente al El Correo. La Policía no sabe a ciencia cierta el motivo de enviar el paquete desde Melo o desde otro departamento, y no de Argentina o de Bolivia mismo; sin embargo, la hipótesis que toma fuerza es la de que Uruguay no aparece a nivel internacional como un país que trafique droga a ese nivel, por lo que las mercaderías no son revisadas a fondo.
De cualquier modo, no es la primera vez que la Policía descubre el uso de encomiendas, por el correo oficial o privado. De hecho, hace solo unos meses atrás en España se interceptó un paquete procedente de Uruguay en el que se ocultaba una cantidad similar de droga.
Una explicación para el uso de esta metodología, según indicaron a El País fuentes de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, es que resulta menos arriesgado que el uso de "mulas".
Debido a que los controles se han intensificado en las terminales aéreas, tanto a nivel local como en Europa, esta forma de envío comienza a ser menos rentable. La Policía Antidrogas no ha detectado solo envíos al exterior, sino también varios casos de encomiendas de un punto a otro del país para transportar principalmente marihuana y pasta base.
AÚN NO FUE RESTITUIDA A SUS PADRES LA ADOLESCENTE BOLIVIANA QUE HABRÍA SIDO VICTIMA DE TRATA DE PERSONAS
Jujuy al Día de Argentina (www.jujuyaldia.com.ar)
La joven de 17 años oriunda de Bolivia que fuera encontrada en nuestra provincia, la cual sería víctima del delito Trata de Personas, aun no ha podido volver a su país debido a que no han dado con sus padres, por lo que se encuentra aun en nuestra ciudad a cargo de la Secretaría Dirección de la Niñez y Adolescencia de la Provincia.
En dialogo con JUJUY AL DÍA®, el jefe de la División de Trata de Personas y Leyes Especiales perteneciente a la Brigada de Investigaciones, subcomisario Juan Carlos Ortiz, se refirió a este caso manifestando que “la menor aun no fue restituida a su país, en este momento se encuentra a cargo la Secretaria de la Niñez y Adolescencia, con intervención del Juzgado Federal y la Cónsul argentina en Bolivia. Estamos a la espera de respuestas del país vecino respecto al paradero de los padres de la menor, los cuales aparentemente serían de una zona de campo de difícil acceso”.
Consultado acerca del modo de ingreso de la menor a nuestro país, Ortiz señaló que “como oriundos de la provincia sabemos que el puente internacional es el paso normal y oficial para entrar al país, pero tenemos una frontera seca de varios kilómetros y eso hace que la frontera Argentina-Bolivia sea permeable en cuanto al ingreso”.
Sostuvo que en casos como este “siempre se da participación a la Direcciones de Migraciones, lo que pasa en este caso es que es un hecho reciente, tal es así que se está tratando de individualizar a los familiares, hacer las tareas de contención en primera instancia y después judicializarlo y dar intervención a la autoridad especifica, es un trabajo que se realiza en este momento”.
Respecto a las investigaciones que se realizan en torno a este caso, el Subcomisario Ortiz manifestó que “estamos sobre pistas para identificar a la persona que habría sido el reclutador y el transportista de la menor. Estamos chequeando información con la policía de Bolivia y con la Cónsul argentina en Bolivia para determinar cuáles han sido las circunstancia precisas por la cual la menor fue encontrada en Jujuy”.
En relación a los dos casos que se dieron en nuestra provincia vinculados al delito de Trata de Personas, casos donde se vieron involucrados como victimas esta menor y días pasados cuatro personas de Senegal, el Jefe de la División Trata de Personas, se refirió a la situación de este delito en nuestra provincia, expresando que “el tráfico de personas, por ser provincia de frontera es una situación inevitable, si bien las fronteras son permeables, eso no quita que policías de seguridad como las provinciales pongan especial énfasis en los controles migratorios, en lo controles de ingresos y controles vehiculares, principalmente en los controles de transporte interurbano, lo que nos daría pautas del transporte de personas de un lugar a otro de la provincia”.
Agregó al respecto que “Jujuy esta en el límite con la república de Bolivia y los centros de explotación en cuanto a lo sexual y laboral se dan mayormente en el sur del país, esto nos hace repensar la actividad de prevención que hacemos y avanzar hacia soluciones concretas como por ejemplo un mayor control policial”.
El Subcomisario Juan Carlos Ortiz, señaló que “la Trata de Personas no es una situación común y es un delito realmente grave”, y añadió “no se puede esperar que el hecho se consuma para iniciar una investigación, se debe ir a la raíz del problema. El dialogo con los padres, la consulta la policía cuando hay un ofrecimiento estrafalario de salario, o si alguien quiere transportar a alguna persona de un lugar a otro del país, situaciones que hacen que estemos presuntamente ante este delito. Si bien tiene varias etapas, es bueno empezar con las etapas de prevención, esto nos lleva a nosotros, la policía, a trabajar en la búsqueda de personas, chequear la información para saberlos motivos, saber con quién está esta persona, y tener una gran participación del Juzgado de Menores, del Juzgado Federal, del Juzgado Ordinario, de la Secretaria de la Niñez y Adolescencia que cada vez que enconamos un menor en situación de riesgo toman injerencia directa sin trámites burocráticos”, concluyó.
El paso ilegal de mercadería en la frontera de Aguas Blancas, departamento de Orán, en el límite con Bolivia
UN NEGOCIO PARA LOS MÁS RICOS Y UNA SALIDA PARA LOS MÁS POBRES
Gendarmería secuestró en la zona, solo durante 2010, ropa y zapatillas por más de 40 millones de pesos. Al menos 3.000 oranenses llevan el pan a su casa contrabandeando mercadería desde la localidad de Bermejo.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Hacían más de 40 grados a la hora de la siesta en Aguas Blancas. Los comercios de la localidad que viven de la frontera estaban cerrados. Pero el mercado negro no tiene descanso y a unas cuadras de ahí, un pequeño ejército de bagayeros acomodaba los bultos contrabandeados para llevarlos a su destino final en la ciudad de Orán. Más de 3.000 oranenses llevan el pan a su casa contrabandeando mercadería desde Bermejo, en Bolivia; además, 800 comerciantes de Salta capital llegan todos los días para comprar lo que venden en sus negocios.
Solo en la zona de Orán, Gendarmería Nacional secuestró, durante 2010, ropa y zapatillas por más de 40 millones de pesos. Lo incautado sería comercializado, en su mayoría, en Córdoba y Tucumán. En la frontera, el contrabando, además de ser un delito, es hoy una de las principales fuentes de trabajo y un problema de difícil solución para las autoridades.
Está a la vista de todos. Sobre las arenas del río Bermejo se forman dos hileras humanas separadas por 300 metros. En la primera se realizan los controles de la Aduana a todos los que ingresan al país. En la segunda, unos hombres cargan bultos más grandes que ellos y avanzan a toda marcha, en una perfecta imitación de las hormigas. En ese lugar de vegetación exuberante los caminos se multiplican y los controles pierden efectividad ante la evidente superioridad de los contrabandistas.
Para el comandante Néstor Galeano, del Escuadrón 29 de Gendarmería Nacional en Orán, el contrabando es una de sus principales preocupaciones. “Constantemente tratamos de encontrar una solución a este tema tan complejo, que no pasa solo por la comisión de un delito o de una infracción. El contrabando en esta zona tiene implicancias sociales y culturales, lo que lo transforma en una problemática muy amplia. Sería un error no abordar el asunto en conjunto con las demás organismos del Estado”, le dijo a El Tribuno.
“No podemos controlar 100 autos, uno atrás del otro. Eso es aleatorio y también se basa en las características que pueda identificar el gendarme en cada vehículo. Gendarmería controla que no se comentan delitos o infracciones, en este caso que vulneren los reglamentos de la Aduana. Si una persona está pasando un bulto de manera ilegal es una infracción. Si un comerciante contrató a 20 bagayeros para pasar ilegalmente la mercadería es un delito”, explicó por su parte el comandante Galeano. La Justicia, según Valor, pone su atención en los grandes comerciantes, que son los que obtienen los mayores réditos.
“Por un lado están los explotados, familias que viven de un trabajo tremendamente sacrificado. Por el otro, hay capitales muy importantes afectados a la actividad. Estos son la principal preocupación de las fuerzas de seguridad. Mientras estos controles sobre los grandes capitales sigan dando resultados, el comercio hormiga no será tan preocupante. Pero siempre y cuando se consiga que los grandes capitalistas tributen y paguen en la Aduana lo que corresponde”, había dicho.
Los bagayeros
Del otro lado de esta realidad están los bagayeros. Los que ponen el cuerpo para trasladar todos los días mercadería que no pasa por la frontera. Según la Encuesta Permanente de Hogares, en el segundo semestre de 2011 Salta tuvo una desocupación del 11,5%. El trabajo en negro en la provincia, según los mismos indicadores, llega al 44,1%, sólo superada por Santiago del Estero. Muchos habitantes de Orán no tienen suerte para entrar a trabajar al ingenio El Tabacal o en una finca de la zona. Tampoco encuentran trabajo en la industria maderera o de hidrocarburos, menos en la municipalidad.
Aldo Mendoza es bagayero. Su trabajo es cruzar de contrabando mercadería ilegal desde Bolivia, hasta Orán. Mendoza es uno de los representantes de estos trabajadores y cuando hay una protesta social o un corte de ruta, es común verlo encabezar la marcha. Según Mendoza, 3.000 bagayeros se ganan el pan con esta actividad clandestina en Orán y Aguas Blancas. “Pero todos los días llegan 800 comerciantes desde Salta capital que pasan y venden por su cuenta la mercadería. Ellos no ocupan pasadores”, aseguró. “No tenemos otra forma de vida.
En las fincas están pagando $50 por día y eso no alcanza. En el ingenio cuando se jubila uno contratan al hijo y en la municipalidad no hay trabajo ni para 10 personas”, dijo.
“Es un trabajo duro. Todos los años se nos muere uno. Nosotros trabajamos para comer, pero todo Orán se beneficia con los bagayeros. No pasamos cocaína, sino ropa para poder comer. El 23 de diciembre murió un pasador por insolación. Esperamos durante tres horas la ambulancia y mientras tanto los gendarmes le quitaron su lona. Estamos en una guerra diaria con Gendarmería”, dijo Mendoza.
Por su parte, el comandante Galeano, graficó la función de Gendarmería en ese tema tan complejo. “No estamos para perjudicar a la gente, sino para proteger al ciudadano que está en regla y que sufre una competencia desleal. Por otra parte, hay que entender que nosotros no hacemos ninguna interpretación de la ley, sino que la hacemos cumplir. Sólo ponemos al infractor en manos de la Aduana y al que delinque ante la Justicia”, afirmó el comandante.
Estuvo presa
María Guzmán estuvo detenida ocho días por contrabandear ropa y zapatillas. Quedó libre justo para pasar las fiestas con sus tres hijos, porque es madre soltera. “Estábamos en una camioneta cargada de mercadería y Gendarmería nos frenó. Éramos tres mujeres y chicos. Yo quedé detenida porque decían que los agredí y que impedí que secuestren la mercadería. Pero yo les dije a unos changos que estaban ahí que se lleven todo, porque es mejor, antes que se lo queden ellos. Tengo cuatro o cinco causas, pero me soltaron porque no tenían pruebas. Decían hasta que había maleantes con palos y armas”, le contó a El Tribuno. “No puedo dejar de bagayear. No tengo estudios y acá no hay trabajo. Lamentablemente yo tengo que vivir de esto”, agregó.
Factor político
“Muchas veces cuando se ajustaron los controles hubo grandes presiones, hasta un intento de copamiento en el puesto 28 de Gendarmería, sobre la ruta 50. Es un conflicto muy serio, que lleva mucho tiempo. También hay que reconocer que está el poder político en el medio. Si aumentan los controles inmediatamente te está llamando un intendente, un diputado o un concejal para flexibilizar el control y evitar las protestas sociales. Evidentemente hay que reconocer que si hay taxis y colectivos a 100 metros del control pasando mercadería es porque hay una superación. Pero también es cierto que resulta imposible cubrir tanto territorio”, dijo el juez subrogante del juzgado federal de Orán, Ramón Valor.
Ramón Valor es el juez subrogante del juzgado federal de Orán y momentáneamente le toca vivir en carne propia las implicancias de esta situación. “La persona común se pregunta por qué lo revisan de punta a punta en la frontera, mientras por al lado pasan bultos más grandes que los hombres que los cargan. Creo que en el fondo hay un problema social, propio de todos los sitios de frontera. Familias enteras obtienen sus ingresos a través de ese contrabando hormiga, que mueve mucho dinero”, le había dicho a El Tribuno.
ALDO MENDOZA, REPRESENTANTE DE LOS BAGAYEROS DE ORÁN
“Estamos en una guerra contra los gendarmes que se hacen ricos con nuestra mercadería”
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
¿Cuál es la relación de los bagayeros con Gendarmería?
Estamos en una guerra diaria con Gendarmería. Los gendarmes se hacen ricos con nuestra mercadería. Cuando nos secuestran los bultos tenemos que pagarle a nuestros clientes. Algunos tienen que trabajar un año entero para devolver lo que nos secuestraron. Sabemos que es su trabajo, pero también sabemos que en 2011 cayeron 12 gendarmes que tenían la ropa secuestrada en su casa y solo estuvieron presos unos días. Por eso mismo lo votaron afuera al que era el jefe de Gendarmería en Orán, gracias a los pasadores.
A mi mujer le ofrecieron sexo para no sacarle la mercadería, hicimos la denuncia y no pasó nada.
A las mujeres las tratan peor que a los hombres. Hay acoso sexual. No son todos malos, pero les aseguro que hay algunos que sí. Se tiene que acabar el maltrato de Gendarmería hacia la gente pobre.
Ellos estudian seis meses y ya son gendarmes, pero nos tratan de negros. Nunca labran el acta para secuestrar la mercadería porque se la quedan ellos para venderla. Además nos sacan hasta los celulares, de forma totalmente ilegal.
¿Para quiénes trabajan?
Los que nos dan laburo son gente de Córdoba, Tucumán o Buenos Aires. Agarramos la carga del dueño en Bolivia y la devolvemos en Orán.
Generalmente pasamos un bulto por día. Hay veces que tenemos que quedarnos varios días junto a la mercadería para pasarla.
¿Esos son los grandes comerciantes que persiguen las fuerzas de seguridad?
No. Gendarmería no le hace daño a los grandes comerciantes, sino a los laburantes de Orán, en donde no hay trabajo.
Deben ser 10 los grandes compradores, pero a ellos no los tocan.
¿Qué le piden al Gobierno?
En el último corte de ruta de 2011 nos dimos cuenta de que los bagayeros sostenemos la economía de Orán. Nosotros pedimos que nos revisen en el puesto 28, como hacían antes. Pasábamos con una mochila reducida y bolsas de mano, pero después de revisar a 50 bagayeros los gendarmes se cansan. Hace cuatro años que Aduana te quita hasta cuando pasás una remera. Entonces, ahora hay que pasar por el atajo y las bolsas son cada vez más grandes.
Pedimos que nos controlen. Si no les gusta lo que hacemos que nos den trabajo a los 3.000 que somos.
Le pido al Gobierno que se fije en esta gente laburadora que mantiene el norte argentino. Somos muchos. Changos que antes estaban en la droga ahora trabajan de bagayo. En la terminal no se ve delincuencia porque ahora están bagayeando, ganándose el pan. Se acabó, porque ahora tienen trabajo.
EL CIRCUITO ILEGAL DESDE BERMEJO HASTA ORÁN
Generalmente, se contratan los bagayeros del lado boliviano y se espera la mercadería en Orán, a 60 kilómetros de Aguas Blancas.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
Ahí comienza a funcionar un negocio transformado en un mecanismo implacable: el contrabando de frontera. Con la mercadería se arman prolijamente unos bultos que pueden tener dos metros de alto y uno de ancho. “No pasamos drogas. Sabemos muy bien lo que cargamos porque nosotros mismos armamos los paquetes. Además hay mucha competencia y no conviene hacer mala letra”, explicó el bagayero Aldo Mendoza.
El bulto cruza el río en unas precarias balsas hechas con tachos, palos y una manta. Dos remeros embisten contra la corriente y un nadador se apresura a alcanzar la otra orilla para acercar la balsa tirando de una soga. Del otro lado hay montado un puerto clandestino con cañas y ramas para dar sombra a los que descargarán los bultos. Están a 300 metros de la Aduana de la Argentina.
Este efectivo y peligroso transporte, según el Diario El Nacional de Tarija, en Bolivia ocasionó la queja de los que trabajan legalmente cruzando el río en chalanas. El representante de los chalaneros, René Aguilar, denunció que la presencia de los gomeros no está siendo controlada por las autoridades de la Fuerza Naval, Aduana, Migraciones, ni Gendarmería, a diferencia del control estricto que ellos reciben a diario. Aguilar reveló que entre 2010 y 2011 hubo accidentes con los gomeros, en los que fallecieron tres personas ahogadas y los productos que llevaban fueron arrastrados por el río.
Una vez en suelo argentino, la mercadería se acomoda en vehículos en la plaza de Aguas Blancas y en sus alrededores. Desde ahí sale una caravana, de al menos tres colectivos y 30 autos, cargados de mercadería y bagayeros, hasta dos kilómetros antes del puesto 28 de Gendarmería, sobre la ruta nacional 50. En ese punto, los bagayeros cargan los bultos en sus espaldas para enfrentar una caminata de más de dos kilómetros. “Dejá de sacar fotos”, le gritaron a El Tribuno, que filmaba la impresionante fila de automóviles repletos de mercadería ingresada ilegalmente al país.
Alertados por un aceitado sistema de comunicación, que incluye personal dedicado a observar el movimiento de Gendarmería, van haciéndose camino por el monte, al costado de la ruta. La caminata se detiene 400 metros después del control, donde esperan los vehículos vacíos, ya controlados por Gendarmería, para trasladar bultos y bagayeros a la ciudad de Orán. El gran temor de la caravana, antes de llegar a su destino final, son los controles sorpresa de las fuerzas de seguridad. Por eso las caravanas son kilométricas, para superar en número a los gendarmes.
Pasar un bulto desde Bermejo, en Bolivia, hasta Orán, cuesta entre $200 y $250, según el peso de la mercadería. El bagayero pierde $60 en el pago de la balsa, el auto o colectivo, el agua y la comida. Solo se les paga cuando entregan la mercadería en Orán. “Si la perdés la tenés que devolver. Para no perder los clientes tenés que devolver. Hay mucha competencia”, contó Mendoza.
DENUNCIAN PERSECUCIÓN DE MORALES Y PIDEN OBSERVADORES EN BOLIVIA
Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com.py)
Como "sumamente crítica" fue calificada la situación en Bolivia en materia de derechos humanos por el trato que se les da a los opositores del gobierno de Evo Morales. Así se refirieron las bolivianas Verónica Suárez y Kathya Rebczuk, en visita a nuestra redacción.
Ambas están en el país y hoy se estarán reuniendo con el diputado Enrique Salyn Buzarquis, presidente de la Comisión de DD. HH. de la Cámara de Diputados, y con el vicepresidente Federico Franco.
La intención es lograr que una comisión parlamentaria paraguaya se traslade hasta Bolivia para presenciar la situación de los presos políticos, quienes, según las visitantes, cometieron el "error" de estar en contra del gobierno de Morales.
Suárez ejerce en Bolivia la defensa de Juan Kudelka, quien fue acusado de terrorismo y hechos diversos por la Justicia. Suárez explicó que la Justicia en el vecino país está totalmente prisionera del Gobierno, por lo que no existen garantías.
Dijo incluso que los fiscales presentaron pruebas falsas y plantaron evidencias para incriminar a su defendido. Las visitantes insistieron en que la situación es difícil por el atropello al estado de derecho, ya que todas las libertades están siendo avasalladas por el Ejecutivo boliviano.
TRATO. Rebczuk contó que los observadores de la OEA fueron expulsados de Bolivia.
Indicó que las cárceles están repletas de presos políticos que son juzgados solo por indicios y reciben tratos inhumanos en sus lugares de reclusión.
Consideró que Juan Kudelka es un secuestrado político desde el 23 de julio de 2010 hasta la fecha. "En una ocasión un fiscal le pidió a Juan que mienta y culpe a otro opositor para que quede libre. Él (Juan) no aceptó y por eso sigue preso", refirió.
También está en la agenda que los legisladores traten un proyecto de declaración donde pidan al gobierno de Morales que los presos políticos sean liberados.
"Muchos no aguantan la presión desde el Gobierno y están buscando el exilio. Nuestro pedido es de urgencia, por eso venimos a Paraguay, donde se respeta los derechos humanos y la amnistía", señaló Suárez durante la visita.
Dos meses y sin rastros de Ariel Llampa
NUEVA MARCHA PARA PEDIR POR EL JOVEN DESAPARECIDO EN BOLIVIA
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/Jujuy)
Una nueva marcha tendrá lugar en La Quiaca pidiendo por la aparición del joven Ariel Llampa (17) oriundo de esa localidad y que el pasado 8 de diciembre el 2011 desapareciera cuando se dirigió al paraje Agua Chica, ubicado del lado boliviano, a la celebración de la santa patrona del lugar.
Desde ese momento los padres no cesan en su búsqueda y para mañana protagonizarán una marcha que se congregara en plaza Centenario a horas 17 y desde allí recorrerá diferentes arterias hasta la Seccional 17 de Policía. La última posible novedad del joven data del 23 y 24 de diciembre cuando en su cuenta perteneciente a una red social dejó dos mensajes, señalando a dos amigos como responsables por su situación y que estos lo habrían vendido como un objeto, aunque todavía no pudo establecerse si realmente el dejo esos mensajes. La policía de la provincia lo busco con todos los medios a su alcance, incluso llegaron efectivos desde la capital provincial y la jueza Pilar Medina que interviene en el hecho, derivó el caso a la Dirección de Leyes Especiales, Trata y Tráfico de Personas sin que hasta ahora haya novedades sobre su paradero.
Si bien hubo varias espe
culaciones sobre donde podría estar el joven, todas fueron desmentidas por la fuerza. Un tiempo circulaba el rumor que se encontraría en el barrio "Minero", ubicado en la vecina ciudad de Villazón (Bolivia). El sitio es uno de los más peligrosos donde la policía Boliviana no entra, porque allí se fracciona la droga que luego es pasada hacia nuestro país, aparte de ser refugio de hampones. Por otra parte, fuentes fidedignas confiaron a este diario que Ariel fue visto entre el 20 del mes pasado y los primeros días de enero, en compañía de varios sujetos al otro lado de la frontera, pero no saben si esta por su propia voluntad o lo tienen por la fuerza. Este matutino pudo saber que durante esos días el joven habría dormido en un bar de poca monta.
Además hubo un encuentro entre los padres de los jóvenes sindicados por Ariel como responsables por su situación con la cónsul Reina Sotillo y la familia Llampa, la cual no dejo nada en claro porque los tutores negaron y deslindaron toda responsabilidad de sus hijos.
Los hechos
Ariel Llampa salió de su casa la mañana del 8 de diciembre del año 2.011 junto a otros compañeros para acudir a las fiestas patronales de la Virgen de Agua Chica, ubicado a 10 kilómetros al este de La Quiaca.
Participó de la misa e incluso prendió algunas velas. Luego salió del templo para disfrutar el día, según testigos estaría bebiendo siempre acompañado por jóvenes de su entorno. Alrededor de las 11.30 fue divisado junto a su novia luego nada mas se supo de él. La policía realizó varios rastrillajes por la zona con una división de canes ante la posibilidad que el joven haya caído a una cascada o quebrada del pedregoso sitio. La búsqueda prosiguió por barrios periféricos de esa ciudad y Villazón sin éxito.
PARAGUAY AVANZA EN PROYECTO DE TRAER GAS NATURAL DE BOLIVIA
La inversión sería de US$ 150 millones, usando el ducto boliviano y la hidrovía.
La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
Si bien hace tiempo Paraguay pretende comprar gas natural de Bolivia, el gobierno de Lugo dio a conocer plazos para estudio de factibilidad, así como el tiempo que llevaría concretar las opciones para transportar el combustible.
La viceministra de Minas y Energía, Mercedes Canese, explicó que lo que se pretende es aprovechar el gas del vecino país que está disponible en su puerto por la hidrovía. Explicó que el gas se convertiría en líquido, de esa forma se transportaría en barcazas y se volvería a regasificar en los puertos que los países definan. “En el caso de Paraguay sería Vallemí para atender la demanda de la Industria Nacional del Cemento (INC) y para la venta en Villa Elisa”.
En cuanto a los trabajos para transportar el combustible hasta nuestro país, indicó que el 10 de febrero se definirá la consultora que tendrá a su cargo el estudio para ver la factibilidad de traslado del combustible. Esta consultoría es una donación de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Comentó que en el estudio de prefactibilidad se indicó que más o menos el plazo de ejecución sería de 1 año. A este período se le debe “sumar el tiempo que llevará lograr los pliegos de licitación y obtener financiamiento que de hecho tenemos ya interés por parte de varios organismos multilaterales como la misma CAF, por eso ellos están financiando estos estudios previos”, dijo
INVERSIÓN
En cuanto a la inversión que demandarían las obras, la responsable señaló que serían alrededor de US$ 150 millones, ya que los medios son de una tecnología bastante nueva y los costos se van reduciendo, mientras que con el estudio de factibilidad ya se tendrán los números más afinados.
La capacidad del gasoducto que no se utiliza es de 500 mil metros cúbicos. El gas importado sería destinado en 20% a la INC. En cuanto a las obras que se necesitarán para convertir y reconvertir el combustible, la secretaria de Estado señaló que una vez que se tenga la factibilidad se sabrá qué obras son necesarias.
“Se va a necesitar hacer una planta de licuefacción en Bolivia, plantas de regasificación en Paraguay y Uruguay y también se tienen que diseñar las barcazas y los tanques para depositar el gas", especificó Canese. En cuanto a esta infraestructura señaló que las obras se tienen que licitar, “probablemente se hagan bajo la modalidad de inversión trinacional donde va a haber un control estatal de esta infraestructura”, detalló. Sobre el canje de gas por energía eléctrica con Bolivia, señaló que es un estudio que se está haciendo con el Ministerio de Relaciones Exteriores y consultores internacionales.
HARÁN BATERÍAS DE LITIO "MADE IN ARGENTINA"
La Argentina, junto con Bolivia y Chile, tiene el 80% del total de las reservas mundiales de este mineral.
Minuto a Minuto de Argentina (www.minutouno.com.ar/minutouno)
Nuestro país empezará a fabricar este año baterías de ion de litio gracias a un emprendimiento público-privado. La meta es desarrollar una industria con potencial de crecimiento gracias a las reservas que tiene el país de este mineral. La importancia de esta producción se basa en que estas baterías son las elegidas en la actualidad para utiilzar en smartphones, notebooks, dispositivos portátiles, satélites y otras tecnologías. Así, se dejaron de lado las de níquel cadmio ya que recalentaban demasiado.
El desarrollo de este proyecto comenzó durante el 2011 en un trabajo en conjunto que realizaron la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Córdoba, Comisión Nacional de Energía Atómica, Conae y Conicet y todo fue realizaro gracias al financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del apoyo del Ministerio de Industria.
De acuerdo con las exploraciones realizadas, Bolivia, la Argentina y Chile tienen el 80% de la reserva mundial de litio. Bolivia tiene la mitad de ese total, y Argentina y Chile el 25% cada uno. Por ese motivo este proyecto tiene un potencial de crecimiento tan grande. Argentina, con reservas especialmente en la Puna Jujeña y en Salta y Catamarca, es el segundo exportador de litio después de Chile; mientras que la otra gran reserva del mundo la tiene China, con el 15%.
ECUADOR EXHORTA A PANAMÁ A CUMPLIR SENTENCIA DE CORTE A FAVOR DE ECUATORIANO
Agencia EFE de España (www.google.com/hostednews/epa)
El Gobierno de Ecuador exhortó hoy al de Panamá a cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor del ecuatoriano Jesús Vélez Loor, que mantiene una huelga de hambre a las puertas de la Embajada panameña en Bolivia.
La Cancillería ecuatoriana, en un comunicado, señaló que, "en el ámbito de su competencia y responsabilidades, ha realizado las diligencias para pedir al Gobierno panameño se cumpla" con el fallo de la Corte Interamericana emitida en 2010.
Vélez, de 45 años, ha improvisado un campamento, compuesto tan sólo por una silla, en las afueras de la legación diplomática panameña en La Paz, para reclamar el pago de la indemnización ordenada por la Corte.
El ecuatoriano fue detenido en noviembre de 2002 en Panamá por orden de autoridades de migración de ese país que le acusaron primero de vinculación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego de ser peligroso para el orden y la seguridad pública panameña.
Fue liberado en 2003 y enviado a Ecuador, pero en 2006 viajó a Bolivia, con estatus de refugiado, por no haber conseguido apoyo del entonces Gobierno de su país.
Vélez contrajo nupcias con una boliviana, con quien vive actualmente en la región oriental de Santa Cruz y tiene un hijo que cumplirá dos años el próximo lunes 13.
En agosto de 2010, la Corte Interamericana escuchó el testimonio del ecuatoriano y cuatro meses después falló a su favor.
La Cancillería ecuatoriana indicó que su Embajada en Bolivia ha tomado contacto con Vélez, se ha preocupado por su salud y gestionado ante su similar de Panamá en La Paz para que "se exhorte a la autoridad panameña a fin de que se de cumplimiento con la sentencia".
Además, señaló que la Embajada de Ecuador en Panamá ha tomado contacto con la Cancillería de ese país para "averiguar el estado del trámite y exigir el cumplimiento de dicha sentencia".
Las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores panameño han precisado que el caso está radicado en el Consejo de Estado de ese país y que "tomará su curso normal", añade el comunicado.
La Cancillería ecuatoriana "ha solicitado atender de forma inmediata el requerimiento del ciudadano ecuatoriano" y ha puesto de de manifiesto que "la responsabilidad de fondo de este caso es del Gobierno de Panamá".
La Embajada de Ecuador en Bolivia apoyará al compatriota "con revisiones médicas periódicas, ropa y bebidas, además de dar un seguimiento a su caso", precisa el comunicado.
El ecuatoriano, en declaraciones efectuadas en La Paz, ha dicho que está dispuesto a morir para lograr que Panamá cumpla con la sentencia, que le indemnizó con 59.000 dólares, de los que sólo le ha pagado 7.500. "El viernes 10 de febrero se cumple un segundo plazo que ha dado la Corte a Panamá, pero ya me ha adelantado que la respuesta no va a ser positiva (...) Estoy suponiendo que esta huelga se va a alargar enormemente", indicó Vélez recientemente a Efe, aunque aseguró estar dispuesto a continuar hasta lo último.
EL ACUSADO DE DEGOLLAR A SU MUJER DICE QUE NO RECUERDA CÓMO LO HIZO
Durante el juicio, el agresor reconoce la piqueta con la que golpeó a la víctima hasta 23 veces en la cabeza y también la navaja de mariposa con la que le cortó la yugular
El Almería de España (www.elalmeria.es/article/almeria)
Javier Stephan Ibáñez, un ciudadano boliviano de 33 años acusado de asesinar a su mujer hace ahora dos años en el barrio de Nueva Andalucía de la capital, asegura que no recuerda cómo acabó con la vida de la que él dice era el amor de su vida. El fiscal y la acusación particular han solicitado para el procesado una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco. Asimismo, han pedido una indemnización de 200.000 euros para cada uno de los dos hijos que tenía con su esposa y que actualmente se encuentran en Bolivia (país de origen de la víctima y del agresor) bajo la tutela de los abuelos paternos.
"Se que discutimos dentro del dormitorio y que en un momento dado me agache para coger la piqueta que estaba debajo de la cama y después cogí la navaja de la mesita, y ya no recuerdo más hasta que la vi en un gran charco de sangre".
Según el relato de la fiscal, al que se ha adherido la acusación particular, el hombre decidió acabar con la vida de su mujer tras tener conocimiento de su infidelidad "y para ello colocó una piqueta debajo de la cama" del dormitorio "esperando el momento oportuno para ello".
Contundente, tanto a preguntas del fiscal como de la acusación particular, el asesino confeso indicó que "jamás" quiso matar a su mujer y que "todos los días desde la cárcel" trata de recordar qué sucedió "sin encontrar respuestas". "Preferiría mil veces verla feliz ahora aunque fuera con la otra persona, pues era la mujer que yo más amaba", aseguró llorando.
Javier Stephan Ibáñez trató de defender ante el jurado que intentó, una vez asestada la cuchillada mortal, salvarle la vida a la víctima. "Cuando vi la sangre que salía de la herida del cuello cogí un trapo y le taponé la herida", aseguró el procesado. Fue entonces cuando avisó a su hermana para que llamara a la Policía y a los servicios sanitarios, y también llamó a su hermano para que fuera a la vivienda a llevarse a los dos hijos de 5 y 7 años, que se encontraban durmiendo en la casa.
Tal y como reconoció el agresor, y así consta en el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, la discusión entre el matrimonio se inició por la presunta infidelidad de la víctima con otro hombre que había conocido por internet. Durante la primera sesión del juicio, que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia provincial de Almería ante un jurado popular, el agresor reconoció también su letra en una carta que escribió poco después de cometer el crimen y antes de que llegara la Policía, en la que confesaba que había matado a su mujer, pero también confesaba la muerte de sus dos hijos (que nunca llegó a matar) y su suicidio (que tampoco llegó a producirse nunca).
Misterioso caso del secuestro y liberación del sandwichero Cristian Arnaldo Torres
“EL GRUPO QUE ME TUVO LO LIDERABA DELFÍN CASTEDO”
La víctima, que estuvo más de 24 horas raptada en una casa boliviana y fue golpeado salvajemente, no quiso formalizar denuncia.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/Jujuy)
El miniempresario sandwichero Cristian Arnaldo Torres (36), quien estuvo poco más de 24 horas secuestrado por una banda desconocida que lo golpeó salvajemente en el interior de una casa situada en el tenebroso barrio Africa de la localidad boliviana de San José de Pocitos y luego fue liberado en territorio argentino, dijo a la Policía salteña que el grupo que lo mantuvo en su poder estaba liderado por el narcotraficante Delfín Castedo, uno de los hombres más buscados por la Justicia e Interpol.
Castedo, junto a su hermano Raúl, más conocido como “Ula” y quien se halla detenido por narcotráfico en el penal de Palma Sola, en Santa Cruz de la Sierra, al oeste del vecino país, están acusados de haber sido los autores intelectuales del crimen de Liliana Ledesma, una vendedora de huevos con antecedentes por transporte y venta de estupefacientes, quien fue acuchillada en una pasarela de Salvador Mazza el 21 de septiembre de 2006.
Tras este hecho los Castedo desaparecieron, aunque los abogados de Delfín tuvieron diversos contactos con El Tribuno, asegurando la inocencia de su cliente, de quien nunca más se tuvieron noticias hasta el domingo a la medianoche, cuando Torres dijo que uno de sus secuestradores había sido él.
Por el crimen de Ledesma fueron condenados a prisión perpetua el 14 de junio de 2010, Gabriela Aparicio, Aníbal Tárraga, Lino Abdemar Moreno y Casimiro “Nene” Torres. También recibieron penas menores Juan Moreno y Patricia Alba Guerra, y la Justicia ordenó investigar al exdiputado provincial Ernesto Aparicio, hermano de Gabriela.
En el caso ocurrido con el sandwichero Torres, quien posee dos carritos, uno en el Sector 5 de Salvador Mazza y otro en el barrio Africa de la vecina localidad boliviana de San José de Pocitos, curiosamente dos núcleos habitacionales de terrible fama y plagado de aguantaderos narcos, es llamativo que, pese a haber asegurado a los policías salteños que el jefe del grupo de secuestradores era Delfín Castedo, a quien secundaban un argentino con acento porteño y dos bolivianos, se negó a hacer denuncia alguna. Luego deslizó que lo habían liberado porque se habían “confundido” de víctima y que el verdadero destinatario de su acción era otro sujeto que los había “mejicaneado” con un cargamento de droga valuado en 150.000 dólares, cifra que le habían pedido telefónicamente a la esposa de Torres, Andrea Araya, que los juntara si quería volver a verlo vivo.
La llamada efectivamente se realizó, pero desde una telecabina de la localidad fronteriza boliviana.
Torres fue hallado deambulando muy golpeado en las inmediaciones del Sector 5. Ayer fue llevado a declarar a los tribunales de Tartagal, pero guardó silencio y no aportó nombres.
Los investigadores salteños aseguran que ya tienen identificados al porteño y a los dos bolivianos que supuestamente acompañaban a Castedo. De la misma manera, tienen la certeza de que la liberación de Torres no fue producto de un error de los plagiarios sino que fue provocada por el tremendo despliegue de las fuerzas de seguridad de ambos países en las dos localidades limítrofes.
SEIS DETENIDOS EN BARAJAS CON NUEVE KILOS DE COCAÍNA
Europa Press de España (www.europapress.es/madrid)
La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Madrid-Barajas a seis personas acusadas por delitos contra la salud pública (tráfico de drogas) ya que llevaban casi nueve kilos de cocaína, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
El primero de ellos es Máximo C.G., un español de 42 años, que llegó a Madrid tras descender de un avión procedente de Sao Paulo. El hombre había introducido 2.590 gramos de 'coca' en un doble fondo de su maleta facturada.
El segundo es Eugenio S.A., alemán de origen boliviano de 40 años, que provenía de un vuelo desde Bolivia. Se trata de un 'bolero' ya que transportaba la droga en su organismo.
También ha sido detenida una pareja que venía en vuelo procedente de Lisboa: Mauro M., italiano de 51 años, junto a Suzane S.S., brasileña de 22 años. La mujer llevaba en el doble fondo de su maleta 1.540 gramos de cocaína.
El quinto detenido es David Alexandre M.O., que venía en vuelo procedente de Sao Paulo con escala en Panamá, Madrid y el último destino era Bruselas. Llevaba 3.975 gramos de 'coca' en un brick de mayonesa, cuatro botellas de champú y en tres botellas de licor.
Por último, ha sido detenido Óscar Andrés Z.M, que venía a España en vuelo procedente de Lima, llevaba droga en la plantilla de las zapatillas.
LA REGIÓN, ANTE EL DESAFÍO DE PROTEGER LA CUENCA DEL PLATA
Con su combinación de gran biodiversidad e importancia estratégica y sus 3,2 millones de kilómetros cuadrados, la Cuenca del Plata representa no un desafío importante hacia la integración regional y de cara a la utilización responsable de los múltiples recursos que el territorio aporta. Mucho se ha escrito sobre el caudal de agua dulce que abarca este sistema fluvial, que nace en la llanura del Pantanal en el sudoeste brasileño e involucra a Paraguay, Bolivia, Argentina, Uruguay y Brasil.
Diario Panorama de Argentina (www.diariopanorama.com/seccion)
Las aguas superficiales de los ríos, lagos y arroyos, conforman sólo una pequeña parte del agua de la cuenca: el resto se encuentra en las profundidades. Pero además del agua -que se utiliza para beber, para riego y para el ganado-, la Cuenca del Plata cuenta con una riquísima biodiversidad y brinda diversas utilidades económicas, como la pesca, el turismo, la industria maderera y un enorme potencial energético, con 150 represas y tres grandes complejos hidroeléctricos binacionales. Por eso, dentro de los distintos avances que se están produciendo en la integración política y económica de América Latina, no debe quedar afuera una mirada regional de la Cuenca del Plata, que debe prevalecer por sobre la explotación aislada de sus recursos.
El Tratado de la Cuenca del Plata, suscripto por los cinco países en 1970, buscaba aumentar su potencial económico. Sin embargo, desde hace algunos años, se aborda al sistema fluvial desde el punto de vista del desarrollo humano, priorizando el cuidado del medio ambiente. En ese sentido, uno de los principales desafíos es reducir la cantidad de agroquímicos que contaminan los ríos y sobre todo el Acuífero Guaraní, que es uno de los máximos tesoros mundiales de agua potable con 45.000 kilómetros cúbicos y recarga de 200 kilómetros cúbicos por año. Los pesticidas agrícolas de Paraguay son la principal amenaza a esta reserva no renovable de agua dulce, según informa el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata.
Como el acuífero se nutre de las filtraciones de agua a través de las lluvias, la contaminación es uno de los principales problemas que deben afrontar los cinco países, ya que los desechos de las fosas sépticas, los agroquímicos y los residuos industriales logran penetrar con rapidez. La vulnerabilidad reside en la por momentos escasa profundidad de las aguas del Acuífero, que por tramos se encuentra a 1.800 metros bajo la superficie, pero en otros sitios llega hasta sólo 50 metros.
Con el objetivo de proteger el sistema fluvial y el Acuífero, países involucrados lanzaron semanas atrás un programa que prevé la elaboración de un informe sobre el estado de la Cuenca -a terminar en 2015-, que permitirá elaborar proyectos específicos para preservarla. Además, los cinco Estados deberán resolver la paradoja que crea el sistema actual, que asocia mayor desarrollo a una mayor depredación y contaminación. Lo ideal sería buscar un equilibrio que permita que la agricultura sea rentable, evitando los monocultivos, un tratado más elaborado y responsable de los desechos tóxicos y la limitación de la tala de los bosques, pero al mismo tiempo no desperdiciar la generación de energía que abastece sobre todo a Brasil, pero que en definitiva aprovecha toda la región.
Por otro lado, la existencia de una base militar norteamericana en Mariscal Estigarribia, Paraguay, y las constantes alusiones a la supuesta presencia del terrorismo islámico en la triple frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay, son indicios de que esta parte del mundo se ha vuelto estratégica para las potencias, principalmente por su enorme recurso de agua potable, tal como lo expone el famoso documental Sed, invasión gota a gota.
Si bien el cuidado y la preservación de la cuenca es una política encomiable del Estado, el organismo que nos representa ante el resto de las naciones involucradas es la CONCAP (Comisión Nacional de la Cuenca del Plata), a cuya égida fue sometida hacia 1980 la crítica cuestión del río Bermejo y el Proyecto Portillo, que tanto nos incumbe a los santiagueños pues formamos parte de la cuenca de esa caudaloso río, que también integran Chaco, Formosa, Salta, Tucumán, Santa Fe y Jujuy. El virtual desapoderación que ha concretado el Estado argentino en perjuicio de la COREBE (Comisión Regional del Tío Bermejo), deja para un futuro demasiado lejano -pese a nuestras protestas de entonces- el tema de la regulación del río aguas debajo de Bolivia y los canales de riego y navegación lateral y perpendicular, que vendrían a significar una solución ideal para la normalización de nuestro régimen hídrico y sobre todo para el comercio internacional por una vía alternativa, que son las barcazas de alto porte, con lo cual tendríamos otra salida a nuestra producción agropecuario y obviaríamos los congestionados centros portuarios de Rosario y Santa Fe, además de resolver el crítico problema que le provocamos al río Paraná, con todos los detritos sedimentarios que en él se descargan y que obligan al país a dos desenlames anuales, a un costo sideral de 60 millones de dólares, para permitir su navegación.
Si bien el régimen de escorrentía y el marco regulatorio de las leyes que lo contienen hacen indiscutible la pertenencia del Bermejo a la cuenca del Plata, porque desemboca en el Paraná, no es menos cierto que la CONCAP, como organismo internacional, ya venido privilegiando las obras binacionales de la alta cuenca con Bolivia y la sistematización del Bermejo mediante obras de gran envergadura, como la presa reguladora de Zanja del Tigre, no tiene ninguna incumbencia en las necesidades interiores de las provincias de la cuenca de ese flujo de agua. En resumen, el viejo sueño del almirante Portillo, que compartió el mismísimo General Perón durante su último gobierno, quedó enajenado en el engranaje brutal de la política.
Volviendo a la cuenca del Plata, el volumen del movimiento del agua de la cuenca en promedio alcanza los 22.000 metros cúbicos por segundo, un caudal tan grande que convierte a este sistema fluvial en uno de los más importantes del mundo y que es propicio para la generación de energía hidroeléctrica. Además, de acuerdo con el Comité, la capacidad de recuperación del agua es inmensa. En paralelo a la elaboración del informe, un proyecto busca aumentar la capacidad de extracción de agua del Acuífero Guaraní instalando bombas más potentes que permitirían sacar en el mediano plazo 200.000 litros por hora, en lugar de los 10.000 litros que se obtienen actualmente.
Desde luego que ésto podría llegar a ser peligroso para el reabastecimiento de agua, con lo que nuevamente hay que ser muy cauteloso en cómo se van a aprovechar los beneficios de este sistema natural, y cómo se va a ver afectada la agricultura, las industrias y la generación de energía para proteger y al mismo tiempo nutrirse de los recursos que aporta la rica Cuenca del Plata.
Es una política claramente nacional, que debe ser apoyada -aunque críticamente- con el propósito de impedir por todos los medios la voracidad de los gringos del Norte, que han creado el famoso y equívoco principio de que el agua es un recurso natural “universal”, porque desde hace años, hasta su falta del líquido vital, le han echado el ojo pirata a nuestro Acuífero Guaraní, como antes hicieron con Pantanal, que en sus mapas ya ni siquiera figura como territorio brasileño, aunque el ex presidente Lula tuvo el patriotismo de echarlos a patadas cuando vinieron a proponerla una explotación conjunta de ese reservorio.
PUBLICAN LIBRO SOBRE CONFLICTOS SOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA ANDINA
RPP de Perú (www.rpp.com.pe)
El desarrollo económico en los países andinos no siempre ha contribuido a superar desigualdades. Por interesantes que sean las cifras de la economía nacional, los conflictos sociales no hacen sino atizarse más para sorpresa de quienes acuñan indicadores económicos de éxito desde la comodidad de sus escritorios capitalinos.
El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha publicado, bajo el título “Desarrollo, desigualdades y conflictos sociales", un conjunto de estudios editados por Marcos Cueto y Adrian Lerner, que ofrece una bienvenida perspectiva comparativa para los países andinos.
El neoliberalismo veinte años después
Es público que de los 90s en adelante varios países de la región hemos vivido un proceso neoliberal, acaso alabado por haber abierto los mercados pero sospechoso también de haber contribuido a la persistencia de ciertas desigualdades.
La aplicación del modelo neoliberal es abordada, para el caso colombiano, desde dos perspectivas. Consuelo Uribe, “Tecnócratas y egresados de universidades estadounidenses. El Saber económico en la construcción neoliberal en Colombia”, analiza el rol de los graduados en universidades norteamericanas en la conducción y dirección de dicho modelo, mientras Mauricio Archila ubica su análisis en el campo del sindicalismo boliviano, obligado a transitar entre la violencia y el neoliberalismo.
La persistencia de las desigualdades sociales y el incremento de la conflictividad social han dado lugar a manifestaciones concretas que es muy útil abordar con una perspectiva comparativa. Destaca el análisis de Felipe Burbano quien copara las luchas territoriales de Ecuador y Bolivia en términos de identidad, nación y estado. Luis Tapia enfoca su análisis para el caso boliviano en el plano social y político, argumentando con éxito que la desigualdad se articula con otro tipo de divisiones sociales y se traslada al campo de la vida política boliviana, encarnando el surgimiento del Movimiento al Socialismo que llevó al poder a Evo Morales.
La amenaza del desencuentro persistente
En tal sentido resulta de particular interés el estudio de Fernanda Wanderley que ha sometido al análisis las propias políticas llevadas adelante por Evo Morales en Bolivia. Las conclusiones como una advertencia para Bolivia y sus vecinos. Pese a los avances bolivianos en términos de inclusión, un persistente “desencuentro entre políticas económicas y sociales” impide romper mecanismos tendientes a perpetuar la desigualdad social. El desencuentro persistente parece haber tomado curso propio en Bolivia. LA pregunta es si ese será también su curso entre nosotros.
También hay un estudio específico sobre el Ecuador. En este caso Eduardo Klingman ubica el análisis en el marco urbano, el barrio indígena de San Roque en Quito. Destacan en este análisis la importancia de una percepción cultural racista en las políticas de especulación inmobiliaria y seguridad urbana.
También se llama Perú
¿Y los estudios sobre el Perú? Patricia Ames presenta una muy bien hilvanada síntesis de los más recientes estudios en torno al papel de las categorías étnicas, raciales y culturales en la configuración y fortalecimiento de las desigualdades sociales en el Perú. Una de las conclusiones más prometedoras, en estos estudios, reconoce, por fin, que el actual discurso y práctica racistas no son una herencia colonial inevitable, pues todo indica que aludimos a un discurso marginador más bien construido y articulado a partir de la república y en el siglo XIX. Entender las consecuencias prácticas de semejante constatación puede abrir luz alentadora en el camino de entendimiento de los peruanos.
Considero que falta algún estudio ubicado en la sierra o en las regiones donde coexisten la economía agraria y la minera, por ser este el entorno más agitado en el panorama de la conflictividad social. A cambio de ello, la antología trae un estupendo análisis sobre la conflictividad social entre los pueblo amazónico, un aspecto al cual casi pocas veces consideramos y que ha logrado, de Bagua2009 en adelante, despertar de manera muy clara (y sangrienta) la conciencia de los peruanos. Anahí Durand plantea para el entorno nativo de la Amazonía el concepto de conflictividad no resuelta y la aguda crisis de representación, en un contexto en el que la desigualdad discriminatoria pude actuar como un motor para el accionar reivindicativo de los de abajo.
La publicación cierra su selección con un estudio de Luis Raygadas, que generaliza sobre las crisis de inclusión en la región y propone cuatro vías para afrontarla. Más allá de modelos que podríamos etiquetar como liberal, redistributivo o solidario, Raygadas adelanta, corriendo riesgos teóricos, un posible cuarto modelo tomando elementos de los modelos previos y descartando sus aristas más problemáticas.
La conflictividad social persistirá, qué duda cabe. Pero lo verdaderamente importante es que no vuelva a tomarnos por sorpresa. Este libro del IEP apunta en esa bienvenida dirección.
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