PRESIDENTE EVO MORALES: "EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR"

"El que no vive para servir, no sirve para vivir", manifestó el lunes el presidente Evo Morales Ayma al participar en un acto de proclamación organizado por la Dirección Política del Servicio de Salud del departamento de Santa Cruz.
El Jefe de Estado hizo esas reflexiones para exigir a los trabajadores de salud a cumplir con su trabajo con una mayor vocación de servicio al pueblo porque "la salud es un derecho humano que debe ser implementado en Bolivia en todos sus alcances". Dijo que en su condición de servidores públicos, los trabajadores del Estado deben asumir con mayor conciencia social su trabajo para que la población sea bien atendida.
"Los trabajadores del Estado somos servidores públicos, desde el presidente hasta el último funcionario y así debemos asumir nuestro trabajo como una obligación y con una conciencia social a toda prueba", aseveró, al subrayar que la política es la mejor ciencia para servir al pueblo.
Expresó su admiración por la labor que cumplen los médicos cubanos que dan a su profesión un contenido de solidaridad y de servicio a la población, lo que se ha convertido en un referente mundial.
Dijo que desde 2006, la misión de médicos cubanos ha operado de problemas de la vista a casi medio millón de personas a lo largo del país en forma gratuita en el programa denominado Operación Milagro.
Una otra misión denominada Solidaridad Moto Méndez se encuentra en Bolivia para estudiar y atender a los discapacitados.
El Jefe de Estado destacó que allá donde una persona se encuentre debe actuar con una conciencia social que le impulse a servir a los demás ciudadanos.
Expresó que, al igual que la Operación Milagro, el Estado había puesto en marcha un programa similar para atención odontológica para la que han sido movilizados equipos especializados en diez vehículos que ya atendieron a 5.000 pacientes en las zonas más afectadas por este problema, que son los departamentos del oriente de Bolivia.
Adelantó que el Gobierno ha decidido encarar con decisión el tema de atención de la salud a la población con la construcción de hospitales de tercer nivel en todas las capitales de departamento y algunas localidades intermedias como Montero en Santa Cruz y El Alto en La Paz.
"Para la construcción y equipamiento de estos centros de salud el Estado debe invertir unos 200 millones de dólares", dijo, al subrayar que vale la pena el desembolso para que la población tenga óptimos servicios de salud.Agregó que en la actualidad solamente las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra cuentan con hospitales de tercer nivel, aunque no suficientemente bien instalados y equipados.
El Primer Mandatario Se refirió también a la necesidad de que las naciones en vías de desarrollo rompan con los monopolios y patentes de medicamentos que son fabricados por las grandes industrias del sector "porque de nada servirá contar con hospitales de alta categoría, con médicos con conciencia social y equipamientos adecuados si es que no existen medicamentos".
Igualmente subrayó que es necesario que las medidas gubernamentales a favor del desarrollo social sean apoyadas por parlamentarios con conciencia social para que no ocurra lo que pasó los últimos años en los que el proyecto de Ley del Seguro Universal de Salud aprobado por la Cámara de Diputados haya sido obstaculizada en el Senado por el bloque de oposición.
"Se necesitan parlamentarios comprometidos con el pueblo y con conciencia social y por ello el pueblo tiene la misión de elegirlos concientemente en los próximos comicios para la conformación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)", afirmó.
También hizo hincapié en la necesidad de adoptar decisiones para luchar contra la pobreza y lograr que los niños reciban una buena alimentación para que las nuevas generaciones presten todo su potencial a favor del desarrollo nacional.
Reveló que de niño siempre ha consumido sopa, pero confesó que le gusta el pescado, la quinua, los jugos de fruta y el propóleo, lo que le permite llevar una dinámica de trabajo acorde con sus obligaciones





BOLIVIA: EVO MORALES SEDUCE A LAS CLASES MEDIAS, QUIERE ARRASAR EN LAS ELECCIONES

Infolatam de Argentina (www.infolatam.com)

Evo Morales ha roto en esta campaña electoral con su imagen de luchador indigenista, aliado de Hugo Chávez y encarnación de la izquierda radical. Para las elecciones presidenciales del 6 de diciembre, el Presidente ha variado sustancialmente el discurso: busca atraerse a las clases medias e incluso ha logrado que antiguos rivales pacten alianzas con el MAS.
El objetivo de Evo Morales no es sólo ganar las elecciones sino arrasar, conquistando dos tercios de los votos. Para eso necesita el respaldo de las clases medias urbanas tanto del Altiplano como de la Media Luna (de Santa Cruz, especialmente).
Las clases medias llenan las listas
El primer paso de su estrategia fue llenar las listas para las elecciones con candidatos pertenecientes a las clases medias. El propio Evo Morales lo explicó claramente cuando dijo: "tenemos garantizado el voto duro del área rural y ahora tenemos que convencer al voto de la clase media de las ciudades".
En sus listas de candidatos a diputados, el MAS dio entrada a dirigentes de sectores sindicales y de la clase media. Entre los primeros destacan el presidente de la Coordinadora Nacional por el Cambio, Fidel Surco, el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Ávalos y el dirigente nacional de la Federación de Cooperativas Mineras, Andrés Villca, o el ex ejecutivo de la Federación de Cocaleros de Cochabamba Julio Salazar.
Entre los representantes de las clases medias aliadas del masismo sobresale la postulación a senadora por La Paz de la ex defensora del Pueblo, Ana María Romero, en quien Evo Morales ve "un puente con la clase media, incluso yo diría con el sector opositor, porque tiene una capacidad de resolución de problemas y conflictos sociales". La lista también incluye a siete candidatos del Movimiento sin Miedo, aliado del MAS: Javier Zavaleta, Fabián Yaksic , Javier Bejarano y Marcela Revollo y el ex ministro de Defensa Legal, Héctor Arce.
Todas estas acciones han tenido como resultado un incremento de su apoyo entre las clases medias: "algunos de la clase media decían: ‘pobre indiecito'; ahora dicen: ‘este indio nos hace respetar', eso circula en los departamentos; este indio nos hace trabajar. Yo me quedo contento, exijo a los ministros, a veces tengo que mandar al médico a los ministros. Si estamos acá es para trabajar por Bolivia, primero para mí es Bolivia".
Objetivo: los dos tercios
Las últimas alianzas electorales que ha sellado el Movimiento al Socialismo sorprenden aún más: lo ha hecho con sectores hasta hace poco radicalmente antievistas como un grupo de ex dirigentes e integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista y la Federación Universitaria Local, encabezado por Ángelo Céspedes y Víctor Hugo Rojas,
Incluso, dos líderes de las "barras bravas" de los principales equipos de fútbol de Santa Cruz, Oriente Petrolero y Blooming: Ángel "Chichi" Pérez e Israel Medina, se han unido a Evo pese a tener antecedentes por haber protagonizado hechos de violencia o haber participado en ellos, incluyendo las tomas de instituciones públicas hace un año.
Evo Morales busca así crear un gran frente político que atraiga apoyos y le ayude a sumar dos tercios de los votos en las elecciones. Con ese nivel de respaldo lograría el control sobre la futura Asamblea Legislativa Plurinacional. La nueva Constitución permitiría al MAS con dos tercios elegir en solitario al Defensor del Pueblo, al Fiscal General del Estado, al Contralor General del Estado y a seis de los siete miembros del Órgano Electoral.
También las autoridades del Poder Judicial serán preseleccionadas por la votación de los dos tercios de la Asamblea, para luego escogerlos por sufragio universal. El oficialismo, para obtener los dos tercios de representación en la Asamblea Legislativa, necesita llegar a 24 senadores y 87 diputados.
La media Luna mengua
Evo Morales tiene por el momento el 55% de la intención de voto pero si en La Paz alcanza el 74% de la intención y en Cochabamba el 60%, en Santa Cruz sólo el 29%. Por eso Morales y el masismo buscan romper la unidad autonomista. Cuatro agrupaciones profesionales y empresariales de Santa Cruz, Beni y Tarija decidieron anunciar su respaldo público al presidente Evo Morales.
Morales se dirigió a ellos con estas palabras: "ahora estoy más convencido de que con estas cuatro agrupaciones ciudadanas: una de Tarija, dos de Beni y una Santa Cruz, vamos a garantizar autonomías para estos departamentos que lucharon por ese proceso. Estoy convencido de que las cuatro agrupaciones son el puente del Gobierno con las regiones para garantizar autonomías".
La victoria de Morales es casi segura dado que sus principales rivales, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Media se encuentran a una ditancia sideral. Reyes Villa llega al 21% de respaldo, a 31 puntos de Morales. En el caso de Doria Medina, ronda el 13% de apoyo, a 39 puntos del presidente.





EL DESPERTAR INDÍGENA SACUDE A LATINOAMÉRICA

El Nuevo Herald de EE.UU. (www.elnuevoherald.com)

JESUS DE MACHACA, Bolivia -- En Ecuador, los indígenas Shuar están bloqueando carreteras para proteger sus territorios de caza. En Chile, los Mapuche ocupan fincas para presionar por la entrega de tierras, escuelas y clínicas. En Bolivia, la nueva constitución le otorga autonomía a las 36 etnias.
Por toda América Latina, especialmente en los Andes, un despertar político empapa a indígenas acostumbrados a vivir como ciudadanos de segunda clase desde la conquista española.
Esta rebelión política se debe en parte a una mejor educación y comunicaciones, en la medida que Internet le ha permitido a líderes nativos, en regiones apartadas, compartir ideas y estrategias más allá de sus fronteras.
Este despertar responde también a una urgencia: las naciones de América Latina se han embarcado en un búsqueda sin precedentes de recursos, desplazándose hacia territorios que los indígenas asumen como de propiedad ancestral, en tierras prístinas que consideran claves para su supervivencia.
"El movimiento indígena se ha levantado al ver que el gobierno no respeta nuestros territorios, nuestros recursos, nuestro Amazonas. Llegaremos hasta las últimas consecuencias", dijo Rómulo Acachu, presidente de los Shuar, flanqueado por sus guerreros con lanzas de madera y los rostros cubiertos con bélicos dibujos negros.
El mes pasado, los Shuar bloquearon con alambre de púas puentes de una carretera en el selvático sur de Ecuador y como protesta por una nueva ley que permitiría trabajos mineros en territorios indígenas sin previa consulta con las tribus, colocando además el agua de la zona bajo control del estado.
El 30 de septiembre, un maestro fue muerto durante disturbios violentos con la policía antimotines.
"Si hay 10 muertos, que haya 10 muertos, si hay 1,000 muertos estarán bien muertos. De ser necesario, usaremos la fuerza para defender nuestra dignidad", dijo otro dirigente Shuar, Rafael Pandam.
Los Shuar ganaron. Al menos este asalto.
Una semana después del fallecimiento, el gobierno accedió a reconsiderar la ley después de que el presidente Rafael Correa recibió a unos 100 líderes indígenas en el palacio de gobierno. Correa no necesita que nadie le recuerde que los indios, un tercio de la población de esa nación andina, ayudaron a la caída de gobiernos ecuatorianos en el 2000 y 2005.
Los indígenas son una décima parte de los 500 millones de habitantes de América Latina. En algunas partes de los Andes y Guatemala la proporción es mucho mayor.
Sin embargo, son más pobres y menos educados que la población en general. Cerca del 80 por ciento vive con menos de dos dólares al día, una tasa de pobreza que duplica la del resto de la población, de acuerdo con el Banco Mundial. Al menos el 40 por ciento carece de acceso a servicios de salud.
Las amenazas a los territorios indígenas han crecido en los últimos años. Al reducirse las reservas mundiales de crudo y aumentar la demanda mundial de minerales y madera, los sectores petrolífero y minero se combinan con la industria maderera para abalanzarse sobre tierras tradicionales indígenas.
"Los indígenas han estado perdiendo progresivamente el control y la propiedad de los recursos naturales de las tierras y territorios que ocupan desde siempre. A veces las leyes les reconocen el título de las tierras, pero no les quieren reconocer la propiedad de los recursos que están en esas tierras", dijo Rodolfo Stavenhagen, un prominente sociólogo mexicano que es relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos de los pueblos indígenas.
"Así que la situación no es muy alentadora, sino más bien lo contrario", agregó.
De ahí la revuelta en los Andes.
En Perú, al sur de las tierras Shuar, el gobierno ha dividido más del 70 por ciento de la región amazónica en campos de exploración petroleros y ha comenzado a entregar concesiones. Por temor de que sus territorios de caza y pesca sean contaminados, los indígenas comenzaron el año pasado a realizar bloqueos esporádicos de carreteras y ríos.
El 5 de junio, la policía antimotines abrió fuego sobre los indígenas en un bloqueo vial a las afueras del poblado de Bagua, donde la selva llega al pie de las montañas andinas. Al menos 33 personas murieron, la mayoría de ellas agentes policiales. Los indios no se disculparon por su resistencia.
"Casi todo lo que tenemos viene de la selva", dijo uno de los manifestantes, un enjuto maestro de escuela de la tribu Awajun llamado Gabriel Apikai. "Las hojas, la madera y enredaderas que usamos para construir nuestras casas. El agua de los riachuelos. Los animales que comemos. Por eso es que estamos tan preocupados", agregó.
Mucho más al sur en la cadena montañosa más larga del mundo, la policía chilena está protegiendo ahora 34 ranchos y terrenos madereros que los indios Mapuche tienen como objetivo de ocupación y sabotaje.
Los Mapuche, que dominaron Chile antes de la conquista española, representan actualmente menos del 10 por ciento de la población y tienen un 5 por ciento de sus territorios, algunos de ellos entre los menos fértiles del país.
Activistas Mapuche que reclaman los títulos de más tierras y más acceso a la educación y los servicios de salud, se declararon este año en desobediencia civil. En agosto, la policía antidisturbios, que realizaba una evacuación, mató a un indígena y al menos otros ocho resultaron heridos.
"Si el gobierno y la clase política no escuchan nuestras demandas, la situación se va a tornar mucho más difícil que la que hay ahora", dijo el líder Mapuche José Santos Millao, en una entrevista con The Associated Press en Santiago. Calificó de "cortina de humo" al Ministerio de Asuntos Indígenas que creó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el pasado 29 de septiembre.
En ninguna otra parte es tan evidente el poder indígena como en este poblado de Bolivia, país que eligió a su primer presidente indígena, Evo Morales, en diciembre de 2005. Morales disolvió el Ministerio de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, al que tildó de racista en un país donde más de tres de cada cinco habitantes son aborígenes.
En febrero, los votantes aprobaron una constitución que crea un estado "plurinacional" y le concede un estatus de soberanía a los nativos de Bolivia. Ancestrales modelos de gobierno, justicia comunitaria e incluso tratamientos curativos son ahora legales, al mismo nivel que las leyes más modernas y la ciencia.
En la capital, La Paz, las "cholitas" -mujeres indígenas con sus tradicionales sombreros bombines y chales multicolores- son ahora presentadoras de televisión. Los concursos de belleza "Miss Cholita" están de moda y en los clubes nocturnos hay estrellas de hip-hop nativas.
En el palacio presidencial, Morales, un indio Aymara que cultivó coca y quien de niño pasó hambre, insiste en almorzar periódicamente con los guardias de bajo rango de la sede de gobierno.
Morales se está asegurando que las ganancias del gas natural y la extracción de minerales sean distribuidas equitativamente y que el agua, cuya privatización en la ciudad de Cochabamba provocó protestas en el 2000, nunca más sea puesta en manos privadas.
También lucha por hacer públicos los servicios de electricidad.
Morales ha fundado tres universidades indígenas, formalizado el sistema de cuotas para los indios en las filas militares y creado una escuela especial para indígenas que quieren ser diplomáticos. También promueve una campaña para demandar que todos los trabajadores públicos puedan hablar fluidamente al menos una lengua indígena.
"No hay forma de regresar al pasado", dijo Waskar Ari, un Aymara quien cambió su nombre a Juan en la década de 1970 para poder así ser aceptado en una escuela privada en La Paz. Hoy es profesor en la Universidad de Nebraska.
Ari relaciona el "renacimiento" de su país al final del "apartheid" o la segregación racial en Sudáfrica.
"Finalmente", dijo orgulloso, "Bolivia ya no es la Sudáfrica de América Latina".
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El fundamento legal para el movimiento de los indígenas en América Latina fue coronado cuando las Naciones Unidas en septiembre de 2007 aprobó la Declaración de los Derechos de las Poblaciones Indígenas, que respalda el derecho de los pueblos nativos a sus propias instituciones y tierras ancestrales. La Declaración ha sido adoptada por la mayoría de los países de la región.
También ha ayudado a los indígenas a obtener algunas grandes victorias legales:
- En 2007, la Corte Suprema de Belice falló a favor de las comunidades Mayas que habían cuestionado el derecho del gobierno a dar en concesión tierras indias para la explotación maderera.
- Un fallo similar se produjo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nombre del pueblo Saramaka, en remotos parajes del bosque en Surinam, que respalda el concepto de que los grupos indígenas deben otorgar su consentimiento en casos de grandes proyectos de desarrollo.
- En diciembre pasado, el gobierno de Nicaragua finalmente entregó títulos colectivos al pueblo Mayagna, cumpliendo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicando que las autoridades carecían del derecho de entregar en concesión tierras indígenas.
- Al mes siguiente, la Corte Constitucional de Colombia sentenció que un millón de indígenas estaban en peligro del "exterminio" cultural y físico y ordenó al gobierno protegerlos.
- En mayo, la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó a los agricultores de arroz desalojar la reserva Raposa Serra Do Sol, una vasta reserva indígena de 1,7 millones de hectáreas habitada por 18.000 indígenas en los extremos del Amazonas.
A pesar de tales fallos judiciales, los indígenas siguen siendo ciudadanos de segunda clase.
Ningún indígena ha sido elegido al congreso de Brasil, donde la mayoría de las etnias ocupan vastas áreas del Amazonas, a pesar de ser apenas el 5% de la población.
En Guatemala, donde casi la mitad de la población es descendiente de los Mayas, ni un solo indígena ha llegado a una oficina pública nacional.
Las desventajas educacionales perpetúan esta iniquidad.
En Guatemala, tres de cada cuatro indios son analfabetos, según Naciones Unidas. En México, donde 6% de la población no sabe leer y escribir, la tasa de analfabetismo entre los indígenas adultos es del 22%. Incluso en Bolivia, sólo 55% de los niños indígenas culminan estudios de primaria, comparado con el 81% de los otros niños.
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Los esfuerzos para "descolonizar" son aún muy frágiles.
En el este de Bolivia, donde la ONU afirma que varios miles de indios Guaraní, incluyendo niños, trabajan en grandes haciendas virtualmente como esclavos, Morales ha prometido la autonomía, pero la elite de la zona, los más duros oponentes de Morales, no lo permitirán sin presentar combate.
"El territorio indígena es una importantísima oportunidad para una ruptura del poder económico de sectores corporativos de poder", dijo en una entrevista Carlos Romero, ministro de Autonomías de Bolivia.
"Cuando a una planta le cortamos el tallo... (empieza) a retoñar", dijo Valentín Ticona, viceministro de Justicia, al resaltar que lo que hacían en su país era sacar "de raíz" lo dejado por los españoles.
Ticona está entre los funcionarios de gobierno involucrados en acciones para favorecer a los Guaraní, que han provocado roces con los hacendados, de piel mucho más clara.
Conseguir su autonomía debería ser menos problemático para los indígenas en las tierras altas del oeste del país, como esta localidad de Jesús de Machaca, debido en parte a que las tierras rinden muy poco.
Jesús de Machaca es una agreste localidad agrícola cercana al Lago Titicaca y cuya población esta conformada en un por 96% de indios Aymara. Este poblado está entre los cuatro territorios montañosos de Bolivia que votará el 6 de diciembre para decidir si se declaran municipalidades autónomas. Bajo ese gobierno propio, los poblados legalizarían prácticas administrativas que datan de los tiempos del imperio Inca.
Los líderes locales, llamados "mallkus", son elegidos democráticamente por sus comunidades en votación pública. Luego escogen a los funcionarios de gobierno. Los períodos de mandato están restringidos a un año. Tal sistema es más cercano al socialismo que al capitalismo.
El vicealcalde Braulio Cusi afirmó que la autonomía beneficiará inmensamente a la comunidad, donde casi todos los 13.700 residentes viven en casas de adobe, utilizan la bosta de ganado como combustible para cocinar, la mayoría de los hogares carecen de agua corriente y las mujeres dan a luz en sus casas porque no hay un hospital o una clínica.
"Asociaciones cooperativas de lácteos, procesamiento de queso... Va a haber trabajo", dijo Cusi, quien lleva sobre su poncho un látigo de cuero blanco como símbolo de su autoridad. Aspira a que se consiga un matadero para el poblado y un veterinario. "Los jóvenes, por lo que no hay trabajo, se van de aquí. Ese es el problema. Como ya tenemos electrificación y agua, más jóvenes van a volver", agregó.
Los poco más de 900 kilómetros cuadrados del pueblo se dedican mayormente a la cría de llamas y ovejas, y al cultivo de papas y quinoa. Comprado en los siglos XVI y XVII por nativos que rehusaron convertirse en agricultores con terrenos alquilados, impera la propiedad comunitaria, parcelada en lotes. La venta a personas fuera de la zona está prohibida.
Jesús de Machaca dio su primer paso hacia la autodeterminación cuando se convirtió en una municipalidad autónoma en 2002. Más tarde eligió a su primer alcalde, también un mallku.
El gobierno nacional duplicó su presupuesto. Por encima del 70% de los hogares ahora tienen electricidad -comparado con el 10% en el 2001-, y recién culminó la construcción de un edificio de tres pisos para la municipalidad, con pisos de parquet y puertas de roble.
El pueblo incluso está construyendo un estadio de fútbol.
"Vamos a ser reconocidos", dijo Cusi tras mirar la banderola de los indígenas de Bolivia izada en un asta a la sombra de un portentosa iglesia colonial española.
"Vamos a poder definir cómo queremos vivir de acuerdo a nuestros usos y costumbres".





AMÉRICA LATINA: COEXISTENCIA HOSTIL ENTRE MEDIOS Y GOBIERNOS

Bitácora de Uruguay (www.bitacora.com.uy)

La relación hostil entre medios y gobiernos de América Latina está convirtiendo la región en un campo de batalla entre distintos tipos de poderes.
Esa pugnacidad la registraron los presidentes latinoamericanos encuestados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe "La democracia en América Latina - Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos", publicado en 2004.
Entonces, los gobernantes identificaron a los medios como "un contrapeso a su poder", "los medios informan, opinan, juzgan y condenan", "son un poder influido por intereses económicos, por pasiones, sentimientos e ideas y que a su vez no está sometido a ningún control", "el gobernante se siente hostilizado por la prensa, siempre va a sentirse hostilizado".
Hace cinco años no se pretendía legislar para controlar. En algunos países imperaban leyes de desacato, que permiten a los gobernantes silenciar a periodistas y medios, algunos cargaban con gravámenes a las importaciones de papel o de maquinarias, pero muy pocos se atrevían a imponer silencio por ley.
En este momento, Argentina, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Honduras están dando ese paso.
El régimen de Roberto Micheletti en Honduras silenció a una radioemisora y un canal porque eran críticos del golpe de Estado del 28 de junio. Y este mes emitió un decreto que establece medidas para controlar los mensajes de medios de comunicación para evitar que "atenten contra la seguridad nacional y el orden público, la salud o la moral pública".
Para el cierre de emisoras de radio y de un canal de televisión en Venezuela, el gobierno de Hugo Chávez apeló al argumento de la necesaria democratización de las comunicaciones y entregó las frecuencias a emisoras comunitarias que, en teoría al menos, estarán al servicio de las comunidades y potenciarán la voz de la población.
Es el mismo argumento de la presidenta Cristina Fernández, de Argentina, para promover una ley que restringe a 10 el número de frecuencias a las que puede acceder una empresa. El privado grupo Clarín posee 264.
En Ecuador, el presidente Rafael Correa ha puesto a los medios bajo "la revisión de licencias adquiridas con permisos de manera irregular".
Las medidas de control se han multiplicado. Un mensaje suscrito por las asociaciones de propietarios de diarios de seis países denuncia el deterioro de la libertad de expresión en el ambiente producido por medidas tan variadas y efectivas como la impunidad para los asesinatos y amenazas a periodistas, las agresiones, el acoso judicial y tributario, la arbitraria asignación de licencias y el otorgamiento caprichoso de la publicidad oficial.
Periodistas de Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador y Nicaragua denuncian la práctica de sus presidentes de excluir a medios independientes u opositores de sus ruedas de prensa y del acceso a información oficial.
El Congreso legislativo ecuatoriano, donde el gobierno de Correa cuenta con mayoría, discute una nueva ley de comunicaciones que la patronal Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mira con preocupación.
Pocos días atrás llegó a Quito una delegación de la SIP que recogerá y evaluará problemas de libertad de prensa en Ecuador. Entre ellos se contaría la creación de sistemas de auditoría y observatorios que ejercerán control sobre los medios, como conclusión práctica de una norma que recuerda a periodistas y empresas sus compromisos y deberes con la sociedad.
Correa en repetidas ocasiones ha acusado a los medios de "mentirosos", "conspiradores", "corruptos y mediocres".
Pero la forma más eficaz de control de la prensa es el manejo de la publicidad oficial. El ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Bertoni anotó que "a fin de garantizar la libertad de opinión en el futuro, los Estados deberán dejar de lado leyes insuficientemente precisas y evitar el otorgamiento de facultades discrecionales inaceptables a sus funcionarios".
Esa discrecionalidad se utiliza en Ecuador, Venezuela, Argentina y Colombia, como medio para premiar a la prensa amiga y complaciente y para castigar a la prensa fiscalizadora que, por serlo, acaba tratada como enemiga.
El gobierno argentino miró hacia otro lado cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2007 a una provincia establecer de forma perentoria un sistema de distribución de publicidad oficial no discriminatorio.
Va más allá el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, al concentrar la publicidad oficial en medios cercanos a la casa presidencial, actitud que comparte el mandatario Correa, quien agrega gravosos impuestos al papel.
El acoso judicial que soportan periodistas colombianos, promovido por jueces que reclaman rectificaciones según su criterio personal sobre el alcance y redacción de las mismas, es otro instrumento que manejan contra la prensa gobiernos como el de Nicaragua en acciones contra el periodista Fernando Chamorro y contra el escritor y ex vicepresidente Sergio Ramírez.
En Venezuela, se esgrime el "delito mediático", que se configura en los tribunales con categorías tan vagas como "promover hostilidad", "generar percepciones falsas" y "tergiversar o manipular noticias", un ropaje jurídico que permite el acoso legal a medios de oposición.
Al evaluar la situación, la SIP registró en la voz de su presidente, Enrique Santos, "el patrón de acoso sistemático en medios independientes de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y, en menos grado, Argentina".
Pero se escuchan, además, críticas a la prensa que explican medidas contra ella. La organización Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, aplaudió la norma argentina de servicios de comunicación audiovisual, explicando que "persigue la democratización de los medios y su desconcentración. Es una ley necesaria y valiente, a pesar de la presión de algunos grupos de prensa bastante egoístas".
También el relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, puso la ley argentina como "ejemplo para los demás países" por "garantizar el acceso de todos los sectores sociales a los medios de comunicación".
El proyecto de la ley de medios de Ecuador utiliza un lenguaje de código ético para dar validez a organismos de control.
Cuando se examinan los reclamos que cinco años atrás hacían los presidentes a la prensa, y se observa la realidad que avanza, se impone la idea de una revancha que llegó contra una amenaza que parecía a punto de arrebatarles el poder.





MODESTAS EXPECTATIVAS ELECTORALES

"...La batalla estratégica se librará en las cuatro principales ciudades del país. La estrategia del MAS se refiere a dicha distribución geográfica y no a la manifestación de preferencia de voto, que le favorece todavía ampliamente en el agregado nacional. Por eso ha sacrificado la representación de sus antiguos aliados y ha abierto algunos lugares de alta visibilidad para invitados en una supuesta representación de las capas medias urbanas."

Infolatam de Argentina (www.infolatam.com)

En Bolivia, las campañas electorales se llevan a cabo con el mismo temperamento de confrontación que ha imperado desde que Evo Morales asumió la Presidencia de la República en enero de 2006. El oficialismo hace un uso abusivo de los recursos del Estado y aprovecha para convertir en propaganda los resultados de su gestión, lo que evidencia que el programa de la alianza que lideriza el Movimiento al Socialismo (MAS) carece de ideas macizas como las presentadas hace cuatro años.
En consecuencia, no hay nada equivalente a la nacionalización de los hidrocarburos o la convocatoria a la Asamblea Constituyente; algunos temas de su propuesta podrían interpretarse como la prolongación natural de dichas medidas; otros corresponden a las aspiraciones sectoriales de sus aliados, y en algunos casos se trata de ideas alentadas por la holgura proporcionada por el desempeño de la economía (compra de satélite, aviones y armamento).
Por su parte, las propuestas programáticas de lo que hoy en Bolivia se denomina oposición no tienen consistencia intelectual ni proporcionan una visión apropiada de país a futuro.
Las fuerzas presentes no parecen interesadas en demostrar su interpretación de las necesidades del país a corto y mediano plazo, y evidencian que la inhabilitación del adversario es su idea central.
La oposición insiste en retar a Evo Morales a un debate público, algo que éste trata de evitar por todos los medios. Pero aún si dicho debate se produjera, tampoco hay razón para esperar grandes conceptualizaciones o novedades en cuanto a sus respectivos planteamientos. Lo cierto es que la configuración del campo político no permite otra cosa que una confrontación desnuda de fuerzas con objetivos cuantitativos respecto de sus bancadas en la futura Asamblea Legistaliva.
La pretensión del oficialismo es contar con una mayoría suficiente en ambas cámaras para aprobar sus propuestas legislativas sin tomar en cuenta a la oposición. Por lo mismo, esta última sólo aspira a repetir lo que hizo en la Asamblea Constituyente: tratar de bloquear todas las iniciativas.
En los años venideros no se puede esperar una prolongación simple de las condiciones imperantes en el cuatrienio pasado. Hasta mediados del 2011 se llevarán a cabo elecciones presidenciales en una docena de países latinoamericanos con el consiguiente cambio en la correlación de fuerzas vigente hasta ahora en la región. Para un país que ha elegido el alineamiento ideológico en lugar del pragmatismo en el logro de sus objetivos nacionales, tales cambios podrían ser un problema mayúsculo.
El objetivo de polarización del escenario político, perseguido por ambas partes traerá restricciones en cuanto a la expresión política de la diversidad del país, la cual tendría que manifestarse en una representación plural de ofertas políticas, lo que por supuesto no se logra sólo con un esquema de alianza con movimientos sociales o comités cívicos, respectivamente.
De acuerdo con las encuestas más confiables, las posiciones del electorado pueden dividirse en tres grandes grupos: los que están a favor del MAS; los que están en contra del MAS, y los indecisos. Todo hace pensar que se trata de tres grupos más o menos similares en sus dimensiones pero enormemente diferentes en su ubicación geográfica.
La batalla estratégica se librará en las cuatro principales ciudades del país. La estrategia del MAS se refiere a dicha distribución geográfica y no a la manifestación de preferencia de voto, que le favorece todavía ampliamente en el agregado nacional. Por eso ha sacrificado la representación de sus antiguos aliados y ha abierto algunos lugares de alta visibilidad para invitados en una supuesta representación de las capas medias urbanas.
La experiencia internacional demuestra que un sistema político bipartidista no es conveniente para sociedades complejas y diferenciadas; también está demostrado que los partidos pequeños pueden cumplir con la función de expresar el temperamento y la situación de los sectores medios de la sociedad, con sus causas diferenciadas, sus principios éticos y sus valores filosóficos. Para ello basta contener una representación parlamentaria de calidad.
Se puede anticipar una Asamblea Legislativa compuesta por tres bancadas diferentes en términos cuantitativos y cualitativos. La mayoría representada por la bancada del MAS con una relativa disciplina ante las iniciativas del Poder Ejecutivo; la bancada opositora del Plan Progreso para Bolivia - Convergencia Nacional (PPP - CN), que no cuenta con ningún dispositivo para garantizar la disciplina parlamentaria de sus miembros, y una tercera fuerza minoritaria de Unidad Nacional (UN) que podría jugar un papel importante a la hora de las deliberaciones en la medida en que logre preservar la cohesión de sus miembros y la lealtad con sus propuestas programáticas.
Bajo tales condiciones habría alguna posibilidad de una mayor deliberación respecto del amplio catálogo legislativo que tendrá que tratar la futura Asamblea Legislativa para poner en marcha la nueva Constitución Política del Estado.





TRAS DESMANTELARSE SEIS DESTACAMENTOS DEL CHACO

REFUERZAN LA FRONTERA CON BOLIVIA

Los destacamentos próximos a la frontera con la República de Bolivia habrían sido reforzados con el personal de destacamentos desmantelados por orden general del presidente Fernando Lugo, comandante de las FF.AA.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

El presidente de la República Fernando Lugo, en su calidad de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, había ordenado el 18 de agosto pasado el desmantelamiento de seis puestos militares del Chaco. En las consideraciones de aquella orden general número 123 se sostiene que la decisión se debía atendiendo a la necesidad de racionalizar el empleo de personal y material y por la superposición de funciones existentes de varios destacamentos y puestos militares y navales y la creación de otros con la finalidad de reforzar aquellos de mayor importancia para el mejor cumplimiento de sus misiones institucionales.Esta acción, entre otras, habría correspondido, en la esfera militar, a las primeras inquietudes generadas por la compra de materiales bélicos por parte de Bolivia, un país que estuviera en guerra con Paraguay por la posesión del Chaco.
Entre otras cuestiones dispuestas por estas inquietudes de las que se hiciera eco un grueso del Parlamento Nacional se encuentra la reincorporación dentro del Ministerio de Defensa de los trabajadores que estaban en comisión de tareas en otras unidades administrativas del Estado paraguayo.
Los destacamentos desmantelados
Por la orden general descrita, se había procedido a desmantelar los destacamentos de Tte. Irala Fernández, dependiente de la Sexta División de Infantería; Adolfo Rojas Silva, de la Sexta División Infantería; Eugenio Ayala Velázquez, Primera División de Caballería; Cadete Pastor Pando, Primera División de Caballería, y Gral. Bernardino Caballero, también de la 1DC.
En su mayoría eran destacamentos que contaban con muy poca gente y se asentaban en lugares muy despoblados, volviendo muy difícil el abastecimiento de sus propias necesidades, de acuerdo con las informaciones obtenidas.





MIENTRAS BOLIVIA MIRA EL CHACO, LUGO DESACTIVA SEIS UNIDADES MILITARES

Nike de Paraguay (www.neike.com.py)

El presidente Fernando Lugo, en su carácter de comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, desactivó seis unidades castrense en el Chaco. Algunos de los puestos están en la frontera con la Argentina. La medida se conoció recién pero la Orden General ya se dispuso antes del secuestro de Fidel Zavala. La medida se hizo con el argumento de racionalizar los recursos. El desmentelamiento se hace justo cuando Bolivia, en contrapartida, refuerza sus unidades militares en personal y armamento. Para leer más haga clic.
El argumento para desmentalar de militares parte del Chaco es la racionalización del empleo de personal y material. En la orden no se habla de la activación de otras unidades militares en la región.
La orden general Nº 123 del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas data del 19 de agosto.
Lleva la firma del comandante en jefe de las FFAA, Fernando Lugo, y el coronel DEM Angel Alcibiades Vallovera. Los puestos militares a ser desmantelados son Teniente Irala Fernández, dependiente de la Sexta División de Infantería, Adolfo Rojas Silva, también de la 6ª División; Eugenio Ayala Velázquez, dependiente de la Primera División de Caballería, Destacamento General José Eduvigis Díaz, también de la Primera División de Caballería; Destacamento Cadete Pastor Pando, de la Primera División de Caballería, y General Bernardino Caballero, de la primera División de Caballería.





EN BUSCA DE MODELO VIABLE PARA HIDROCARBUROS EN BOLIVIA

Portal de Medio Ambiente (www.portaldelmedioambiente.com)

La Asamblea Legislativa Plurinacional que empezará a sesionar el próximo año, tras ser elegida en los comicios del 6 de diciembre, no la tendrá fácil.
Una de sus primeras misiones será discutir la Ley de Hidrocarburos, la segunda en los últimos cuatro años y la cuarta en casi 20. Esta legislación ha tenido demasiados vaivenes desde que en la década de los años 30 se promulgó la primera y ha generado innumerables polémicas, pero resulta imprescindible para un país que tiene la segunda mayor reserva de gas de América del Sur después de Venezuela.
A pesar de que la nacionalización del sector, concretada el 1 de mayo del 2006, generó mayores ingresos a la economía boliviana, los analistas coinciden en señalar que el Estado no ha logrado aún consolidar un modelo viable a largo plazo, y el reto que el gobierno del presidente Evo Morales asumió de industrializar el gas ha encontrado trabas, no por parte de la oposición, sino desde dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
En apenas tres años, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) tuvo seis presidentes, algunos de ellos presuntamente implicados en hechos de corrupción e irregularidades administrativas. El mayor escándalo ocurrió a principios de este año, cuando Santos Ramírez, el entonces presidente de la empresa petrolera nacionalizada y figura clave dentro del MAS, fue acusado de favorecer la contratación de una empresa fantasma, Catler-Uniservice, para la construcción de una planta separadora de líquidos por US$86 millones, y estuvo inmiscuido en la creación de Servicios e Industrias Petroleras SA (SIPSA), una envasadora de gas privada que fue solventada con recursos de YPFB. El hecho promovió un saneamiento interno y el control especial de los contratos públicos superiores a los $500,000.
Efectos positivos
Para el historiador y economista Gustavo Rodríguez Cáceres, la nacionalización ha tenido numerosos efectos positivos, entre ellos el aumento de la renta petrolera. Según declaraciones del propio presidente Morales, años antes de la nacionalización sólo por la explotación y comercialización de hidrocarburos el país recibía $300 millones anuales y hoy recibe más de seis veces esa cantidad, "pero el problema", opina Rodríguez, "es el uso que están haciendo de ese dinero las prefecturas (gobernaciones) y municipios".
"Por ejemplo, un análisis que hicimos del presupuesto prefectoral ejecutado en la ciudad de Cochabamba nos demostró que cerca del 90% del dinero que recibían por concepto de regalías de hidrocarburos lo invertían en construcción. Es decir, casi todo se lo invierte en construir caminos, escuelas o postas sanitarias, pero si bien son obras de beneficio público, se está dilapidando esos ingresos y no se los está invirtiendo en generar otro tipo de riquezas, por ejemplo en capital financiero productivo o en la generación de empleos", precisa Rodríguez, quien es coautor junto con Marco Gandarillas, Christian Ferreyra y Antonio Rodríguez-Carmona de la investigación "¿Responsabilidad corporativa o derechos sociales? Un análisis de la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia", publicado el año pasado por la Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR) y el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).
Una parte de los ingresos por hidrocarburos se ha destinado a financiar la Renta Dignidad, bono que se entrega a personas mayores de 60 años. Se calcula que hay más de 600,000 beneficiarios en todo el país. "Los historiadores e investigadores que han estudiado el tema del petróleo en Bolivia señalan que las políticas para el sector se han movido de un lado a otro como un péndulo. Es decir, hacia el lado de los que han promovido su nacionalización, y [hacia el de] los neoliberales que quieren que quede en manos de las empresas privadas. Ambos, y a su turno, no tomaron medidas estructurales que sirvieran a largo plazo para construir un modelo viable", sostiene Rodríguez.
Capitalización vs. Nacionalización
"Este gobierno, como el anterior de Gonzalo Sánchez de Losada [2002-2003], ha basado su política petrolera en un triángulo. En el primero consistía en la capitalización, nueva Ley de Hidrocarburos y exportación de gas a Brasil, mientras que el de Evo Morales se basa en la nacionalización, refundación de YPFB e industrialización", dice. "Lo de la nacionalización dudo que haya funcionado, porque lo que en realidad ha hecho el Estado ha sido una compra de acciones, la industrialización está en cero y no ha avanzado ni un milímetro desde el año 2005, mientras que la refundación de YPFB ha convertido a la empresa en una estructura sin capacidad de gestión, poco profesional y sin metas concretas", indica Hugo del Granado, ex vicepresidente de YPFB (1997-2002) y consultor en temas energéticos.
Sin embargo, el actual presidente de YPFB, Carlos Villegas, aseguró en la 24ª Conferencia Mundial del Gas, realizada a principios de octubre en Buenos Aires, que "el país comenzará en breve a industrializar el gas natural dentro del territorio boliviano, a través de una planta de amoníaco y urea que producirá fertilizantes nitrogenados, una planta de conversión de gas licuado y una nueva refinería", e invitó a las compañías extranjeras a invertir en áreas de producción y exploración de gas en Bolivia.
A iniciativa del gobierno también, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía convocó a mediados de octubre a especialistas, técnicos, empresas petroleras que trabajan en el país y a autoridades involucradas en el tema, a participar en talleres y mesas de trabajo que servirán de base para la elaboración del anteproyecto de la Ley de Hidrocarburos que será presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional en diciembre, para su posterior análisis el próximo año.
José Magela, presidente de la Cámara de Hidrocarburos de Bolivia, que agrupa a las empresas petroleras que trabajan en el país, no quiso dar declaraciones sobre el tema y prefirió no opinar acerca de la visión que tienen las operadoras sobre la nacionalización.
"No queremos crear un ambiente que no sea propicio al buen desarrollo de esas mesas de trabajo en la que hemos participado", se limitó a señalar Magela. Sin embargo, de manera extraoficial se sabe que la preocupación del sector es conocer la posición que tomará el gobierno respecto a la participación privada en el área de hidrocarburos y si abrirá nuevos mercados, aumentará la producción, pero, sobre todo, si garantizará la seguridad jurídica de las inversiones que se hagan en el país.
El encargado de prensa del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Antonio Soria, indicó que por el momento las autoridades prefieren guardar silencio y recoger todas las voces para redactar la nueva ley.





EL GOBIERNO BOLIVIANO DENUNCIA EL INTERÉS DE LA OPOSICIÓN EN SUBESTIMAR LOS SUPUESTOS PLANES DE MAGNICIDIO

Eco de España (www.eco.com.es)

El Gobierno boliviano denunció este lunes que la oposición trata de restar importancia de forma interesada a las tramas desarticuladas que supuestamente planeaban asesinar al presidente del país iberoamericano, Evo Morales.
"Quieren desvirtuar que se trajeron a mercenarios para separar y desangrar a Bolivia y que tenían claramente la misión de asesinar al jefe de Estado y a todo el gabinete ministerial", señaló el viceministro boliviano de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
En este sentido, denunció que la oposición politiza las investigaciones de la Fiscalía boliviana y, en particular, la desarticulación de una presunta red terrorista el pasado mes de abril, según informaciones de Prensa Latina. Chávez señaló que determinados sectores utilizan grabaciones sacadas de contexto para defender sus tesis.
El viceministro pidió a las formaciones opositoras que dejen trabajar a las autoridades judiciales y no utilicen las investigaciones en marcha como argumento electoral, a poco más de un mes de los comicios del próximo 6 de diciembre.





Elecciones generales el 6 de diciembre

CONFUSIÓN POR EL REFERÉNDUM DE AUTONOMÍA EN CINCO PROVINCIAS

El Mundo de España (www.elmundo.es)

Nadie quiere asumir la responsabilidad por el malentendido que surgió en el departamento de Potosí, en relación al referéndum que se llevará a cabo el 6 de diciembre, junto con las elecciones presidenciales y legislativas. Las encuestas señalan que más del 85% de los electores aprueban que esa provincia, situada al suroeste de Bolivia, se declare autónoma.
Pero, ¿qué clase de autogobierno es el que esperan obtener los potosinos? Un estudio realizado por la consultora Sygma revela que de los cerca de 300.000 ciudadanos habilitados para la consulta, más de la mitad están convencidos de que la autonomía los hará dueños de buena parte de los ingresos que se obtienen de la explotación de los yacimientos de estaño, zinc, plata y el litio.
En la imaginación de esos incautos, Potosí recuperaría el esplendor que tuvo en el siglo XVII, cuando los españoles explotaban las legendarias minas de plata del Cerro Rico. Los que se ven nadando en un mar de riqueza no se han percatado de que la autonomía, tal y como la define la Carta Magna diseñada por el presidente Evo Morales y sus juristas, les confiere el derecho a trazar las redes de alcantarillado, elegir al jefe de la Policía provincial y promover el turismo.
A eso se reducirían sus fueros, puesto que la Constitución “étnico-socialista”, aprobada en julio del 2006, establece que los recursos naturales son de propiedad del estado y que las riquezas del subsuelo deben ser compartidas por todos los bolivianos.
Es posible que la mala interpretación haya surgido a raíz de las declaraciones del ex coordinador de la autonomía en Potosí, René Navarro, cuando aseguró que gracias a la autogestión, “COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), perderá la hegemonía que ha ejercido sobre los yacimientos, permitiendo que la distribución de las riquezas mineras se haga de manera transparente”.
La gente sabe poco o nada
En las otras cuatro provincias, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz y Oruro, donde también se vota la propuesta autonómica del gobierno de Evo Morales, los ciudadanos no fantasean con la idea de ser ricos, pero muchos ni siquiera se han enterado de la consulta que se avecina. “Como el debate y la propaganda se centran en la elección del presidente y de la Asamblea Legislativa Plurinacional (que sustituirá al Congreso) la gente sabe poco o nada de los otros procesos.
No parece que las autoridades estén preocupadas por el caos que se pueda producir el día de la votación. Los bolivianos no hemos aprendido que la improvisación conduce a la anarquía”, señala José Rivera, miembro del Supremo Tribunal Electoral.
Aunque Evo Morales tenga casi asegurada la reelección (en los sondeos aventaja a su principal adversario, Manfred Reyes Villa, por diez puntos) y el control de la Asamblea Legislativa, no hay indicios de que un futuro cercano, Bolivia pueda ser un país estable. Las cuatro provincias más ricas, Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija, no sólo rechazan el proyecto indigenista de Morales, sino que le niegan su reconocimiento como legítimo gobernante.





¿VUELVEN LOS CAUDILLOS A LATINOAMÉRICA?

Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)

Horrorizados por los excesos de las dictaduras, los latinoamericanos le dieron la espalda a los gobiernos autocráticos a fines del siglo XX y fijaron límites al tiempo que los políticos pueden permanecer en el poder.
Ahora, una nueva ola de presidentes muy populares trata de anular esos límites, aduciendo que impiden las reformas profundas. A medida que más y más países autorizan a sus líderes a permanecer en el poder, crece el temor de que se esté volviendo a la era de los caudillos y la oposición apela a todos los recursos a su alcance para impedirlo, desde tirar huevos hasta orquestar golpes de Estado.
"Es un nuevo modelo político, que yo describo como dictaduras de baja intensidad", expresó Manuel Orozco, analista de Diálogo Interamericano, un organismo con sede en Washington.
Las maniobras para permitir la reelección del presidente Manuel Zelaya fueron lo que motivaron el golpe de junio en Honduras. Zelaya niega haber intentado mantenerse en el poder una vez cumplido su mandato.
Poco después la Corte Suprema de Nicaragua autorizó al presidente Daniel Ortega a buscar la reelección cuantas veces quiera. La oposición le tiró huevos al juez que manejó el asunto.
Escenas similares se vivieron a lo largo de la última década en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, cuyos líderes han logrado importantes progresos en la lucha contra males como la violencia o la pobreza, pero son acusados de acallar a la oposición.
El presidente venezolano Hugo Chávez ha invertido liberalmente la riqueza que genera el petróleo en la educación, la salud y subsidios alimenticios para los pobres. También cerró medios de prensa que critican su gobierno y usó la mayoría que tiene en el Congreso para quitarle poder a los gobernadores y alcaldes de la oposición.
Para mucha gente, no obstante, la inquietud ante esta nueva oleada de caudillos no es tan grande como el malestar que generan la corrupción y la ineficacia de numerosas democracias.
Chávez se dio a conocer al orquestar un fallido golpe de Estado en 1992. Sin embargo, lejos de escandalizarse ante este ataque a una democracia de 30 años, muchos venezolanos consideraron al joven militar como un héroe por tratar de derrocar a un presidente acusado de robar millones de dólares del erario público.
Seis años después, Chavez fue elegido presidente en forma abrumadora. Y en diciembre, los venezolanos aprobaron un proyecto que permite al mandatario buscar la reelección cuantas veces quiera.
El boliviano Evo Morales y el ecuatoriano Rafael Correa _que al igual que Chávez son muy populares por sus esfuerzos por redistribuir la riqueza y darle voz a los pobres_ ganaron también referendos que los autorizan a buscar un segundo mandato.
En Colombia, los partidarios de Alvaro Uribe no quieren que se vaya el mandatario, que es enormemente popular por la mano férrea con que combatió la violencia, especialmente la de la guerrilla izquierdista. Uribe logró una reforma constitucional que le permitió buscar un segundo mandato y algunos legisladores convocaron un referendo en el que se trata de autorizar un tercer período.
El surgimiento de esta nueva camada de caudillos refleja en parte la ausencia de instituciones fuertes, capaces de controlar el poder ejecutivo, incluso en países que llevan varias décadas de funcionamiento democrático, señaló Orozco.
Ortega no tiene suficiente apoyo como para conseguir que el Congreso apruebe la reelección, pero planteó el tema ante la cámara constitucional de la Corte Suprema, dominada por jueces de su partido sandinista.
Si bien el Partido Liberal se opuso, Orozco hizo notar que fueron los liberales los que acordaron con los sandinistas repartir el poder entre varias instituciones para restar peso a otros partidos políticos.
El propio Ortega desempeñó un papel importante en la larga lucha contra los gobiernos autocráticos en Nicaragua y ya había ejercido la presidencia cuando los sandinistas derrocaron al dictador Anastasio Somoza en 1979. Primero encabezó una junta de gobierno y luego ganó las elecciones de 1984. Libró una dura batalla contra los "contras" y no logró ser reelegido.
Recuperó el poder por la vía electoral en el 2006. Por entonces, ya no era posible la reelección para períodos consecutivos.
"Daniel Ortega está apelando a métodos como los que usaba Somoza para mantenerse en el poder", sostuvo Robert Pastor, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Americana. "En esta caso, Ortega llena la Corte Suprema de jueces (que lo apoyan), quienes luego hacen una interpretación de la Constitución que contradice lo que realmente estipula sobre la reelección".
Las democracias más fuertes de la región están evitando la reaparición de caudillos.
El popular Luiz Inacio Lula da Silva, con quien Brasil vive un período de prosperidad sin precedentes y logró traer por primera vez a Sudamérica la sede de unos Juegos Olímpicos, dejará la presidencia el año que viene tras completar el máximo de dos mandatos permitidos por la ley.
En México el presidente no puede buscar la reelección y nadie ha intentado modificar este sistema vigente desde la revolución que derrocó al dictador Porfirio Díaz en 1910.
La chilena Michelle Bachelet, presidenta muy popular que sucedió a otro mandatario popular, dejará el cargo el año que viene.
Uribe no ha dicho si buscará un tercer período y algunos de sus propios partidarios creen que no debería hacerlo para no ser comparado con Chávez y correr el peligro de ser mal visto por Estados Unidos, estrecho aliado de Colombia.
El presidente estadounidense Barack Obama probablemente le envió un mensaje a Uribe en junio, cuando poco antes de encontrarse con él elogió públicamente a Lula y dijo que era un ejemplo a seguir por otros países "donde la tradición democrática no está tan afianzada como quisiéramos".





DE TRAICIONES, PALOMAS Y ESCOPETAS

Revista Analítica de Venezuela (www.analitica.com)

En medio del caos que el Movimiento Al Socialismo ha creado a propósito, podemos identificar que en el blanco de la destrucción y las intrigas está Santa Cruz, sus instituciones y su identidad regional.
No nos habíamos equivocado en alertar que la falta de definición y firmeza en asuntos que conciernen a la visión país que surgió desde el Oriente para Bolivia ha sido el cáncer que hoy corroe intestinamente a nuestra sociedad con pasa pasas que se suman a las filas Masistas y que antes dizque anduvieron con las autonomías y los autonomístas.
Es claro que todo esto se estaba incubando y que el huevo de la serpiente tampoco empolla por si sólo, sino que tiene que haber habido varias “posaderas o nalgas,” en el lenguaje común, calentando el huevo hasta que este tuvo el tiempo de gestación necesario para reventar y dar paso al monstruo que ahora ya está frente a nosotros y que cumple con sus amos a cabalidad, a saber: levantando en hombros a quienes fueron los quasi parricidas de Santa Cruz, quienes llegaron hasta las mismas puertas de la ciudad con un amenazante cerco dispuestos a matar y a destruir todo a su paso, y a quienes también han corroído como un queso gruyer el interior de las instituciones que siempre fueron referente y fortaleza de los cruceños.
Sabemos que el gobierno actual liderado por Evo Morales no simpatiza con Santa Cruz, es más aborrece a los cruceños, su identidad y su visión país, pero lo que nos llama la atención es que las posaderas que incubaron el huevo de la serpiente tampoco amen a Santa Cruz, así se digan cruceños de pura cepa y se pongan camisas autonomistas para ser identificados como tales. Me llama la atención que mucha gente que ha ganado fortunas y que ha ganado prestigio gracias a las dádivas de este noble pueblo hoy se dediquen a intercambiar souvenirs con el Masismo, y para colmo de males vemos que siguen el firme intento de entregar enteramente a Santa Cruz con politicas hechas a cabalidad para los intermediarios y con difamaciones y actitudes que siempre han identificado a los cobardes.
La claudicación comenzó con las voces que decían que había que acallar a los radicales, entendiendo por radicales a las voces que nunca aceptaron las políticas injustas del poder, las acciones que estaban fuera de la ley y de los valores sociales y que por ende atentaban contra las libertades individuales. Ahora los que seguirán poniendo las posaderas para seguir incubando el nido de la serpiente, tienen las pruebas en sus manos de que en el Hotel Las Américas se cometió un asesinato y posiblemente varias traiciones premeditadas y que el gobierno sabía y posiblemente tenía en sus manos todo el libreto, porque Evo Morales declaró ese mismo día desde Caracas que había dado la orden de la intervención en el Hotel, lo que además prueba que Hugo Chávez estuvo inmiscuido en el “caso de terrorismo” y llevó a su amigo a que declare desde Caracas que se gestaba un Magnicidio, que es una de las gastadas estrategias de la tiranía totalitaria comunista.
Para colmo las posaderas que quieren seguir incubando el huevo de la serpiente también se dedican a pregonar que hay que seguir desactivando las "voces radicales", y como parte de la estrategia de desactivación fabrican libelos y difamaciones tratando de cerrarle el paso a las únicas voces que siguen hablando con la verdad, la fe y el corazón puesto en nuestro pueblo. A propósito, es bueno mencionar que sé que anda circulando un libelo difamatorio contra mi persona en el que supuestamente Mata Hari fue una espía minúscula al lado de mis supuestas conexiones. No son mentes febriles las que crean este tipo de mentiras sin asidero, son mentes psicópatas que por el poder son capaces de vender a su madre. La historia develará sus nombres y sus propósitos.
Está visto que los que quieren concentrar poderes nunca entrarán en el reino de los cielos porque es tan improbable que entren tal como el evangelio señala que un camello no puede entrar por el hueco de una aguja. Pero ya voy conociendo el camino destinado a los justos por lo que mi voz seguirá firme y a paso seguro luchando contra las injusticias, los sabuesos y los que seguirán vendiendo a su madre, su padre y su hermana a cambio de que los dejen seguir lamiendo los zapatos de los amos.





Editorial

CONTRABANDO

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

El contrabando en el Perú ofrece un panorama desolador que no se condice, en absoluto, con el crecimiento y la estabilidad económica alcanzados. Las fronteras son una coladera –en particular con Bolivia, suerte de tierra de nadie–; los controles insuficientes; no existe una política integral aduanera; la subvaluación impera; y no hay infractor, grande o pequeño, en la cárcel. Existe, además –como lo ha reconocido el propio ministro de Comercio Exterior, Martín Pérez–, una especie de contrabando oficial que es promovido por malos empresarios nacionales, quienes importan mercadería por la cual pagan un monto determinado en el exterior, pero declaran otro menor; lo cual no sólo afecta a la industria nacional, sino que desacredita el esfuerzo de la gran mayoría que sí cumple con sus obligaciones económicas y tributarias.Es evidente que éste es un mal de vieja data y contra el cual poco se ha hecho en el país. Pero no sólo falta determinación del Ejecutivo, sino que se requiere la acción concurrente del Poder Judicial y del Ministerio Público para denunciar, procesar y sancionar a los evasores. Luchar contra el contrabando, la falsificación, la subvaluación y la venta ilegal de marcas y mercancías, debe ser un compromiso de todos. Por su parte el Estado necesita involucrar al sector privado en la cruzada por acabar con esta lacra. En este sentido debe aclararse la función que cumplieron, hasta años atrás, las empresas que supervisaran nuestras importaciones. El Estado necesita mostrar estadísticas, a los efectos de determinar si fue o no positiva su participación en reducir el contrabando y la subvaluación; lo mismo que comprobar si su vigencia generó un mayor sobrecosto al sector productivo que aquel que hoy le infligen los delitos de contrabando y subvaluación. Es hora de emprender una acción coordinada contra ambas taras a partir de algún diagnóstico conocido. Un problema que abarca de norte a sur y de este a oeste nuestra realidad no debe ser soslayado ni tratado a medias. Su impacto en la economía nacional, regional y local es grande, golpeando sobre todo a la generación de empleo, la promoción productiva y la competitividad. Pero lo más grave es que el contrabando genera una cultura evasora que tiende a institucionalizarse y perpetuarse, desvirtuando el progreso económico que es sinónimo de orden, estabilidad y cumplimiento de las leyes. Por ello la necesidad de denunciarlo y de combatirlo, exigiendo al Estado que lo haga sin dilaciones ni medias tintas.Estado y sector privado, en alianza proactiva y permanente, podrán avanzar a ritmo rápido y seguro en la erradicación de este mal endémico nacional.





“EN EL PERÚ EXISTE UN CONTRABANDO OFICIAL”

Ministro de Comercio Exterior admite falencias en lucha anticontrabando

Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)

En un debate radial realizado el pasado fin de semana, entre el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Martín Pérez, y representantes de los gremios empresariales más importantes del país, la autoridad afirmó que “existe un contrabando oficial en nuestro país”, además pidió medidas drásticas para este delito y la inclusión de empresarios en sistemas de control aduanero.
“Las fronteras de nuestra República son una coladera, los controles son insuficientes e ineficaces, no existe una política integral aduanera; el contrabando y la subvaluación reinan y no hay ningún mal empresario en la cárcel. Esto refleja la pésima reacción frente a este problema nacional”, señaló el ministro en relación al tema contrabando que también golpea a Puno.
“Existe un contrabando oficial”, reiteró Pérez Monteverde, tras admitir que ninguna administración gubernamental y menos la del presidente Alan García, ha podido enfrentar con éxito a las grandes bandas de seudoempresarios que viven del contrabando y la subvaluación.
“Es necesario tomar medidas más drásticas contra este delito”, agregó para luego preguntarse “¿Por qué ningún contrabandista está en la cárcel?". Sin embargo, las críticas de los empresarios ante la falta de reacción del gobierno lo exasperaron, al punto de increparles: “Si ustedes los conocen ¿por qué entonces no los denuncian?”.
Tras el fuego cruzado, Pérez Monteverde aceptó la propuesta de incorporar a los empresarios en la supervisión de importaciones. “Estamos trabajando convenios de cooperación aduanera entre el Perú y Hong Kong, Vietnam, con Tailandia", agregó.
Ante la falta de determinación del Ministerio de Economía y Finanzas del cual depende Sunat y Aduanas, y del Ministerio de la Producción, que tiene a su cargo la comisión de lucha anticontrabando, los representantes de gremios empresariales aprovecharon para sugerirle se encargue de este espinoso tema.
“Martín Pérez debe asumir ese reto”, planteó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), José Luis Silva, tras considerar que si no se pone un coto al creciente contrabando no se podrá lograr un desarrollo serio del país.
"Todos sabemos dónde se vende lo robado, lo que es contrabando y lo falsificado. Si es que se quiere promover un desarrollo serio del país, se tiene que partir luchando contra este tipo de delincuencia. La pobreza no justifica el hacer cosas ilegales", apuntó.
En tanto, Samuel Gleiser, ex presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), consideró indispensable que las autoridades luchen contra la subvaluación y el "dumping". "El fondo de todo esto es que se genera una pérdida de puestos de trabajo", refirió.
Finalmente, Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos, advirtió sobre el contrabando que se viene desarrollando por malos empresarios. "El contrabando viene oficialmente en los containers", sostuvo.





JEFE DEL SENADO DE BOLIVIA DENUNCIA ANTE CIDH VIOLACIÓN DE DEMOCRACIA Y DDHH

Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)

El presidente del Senado de Bolivia, Oscar Ortiz, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una "democracia limitada" y graves violaciones de derechos humanos en su país, ante lo que pidió la intervención del organismo.
Ortiz, acompañado de otros congresistas opositores, presentó en una audiencia de la CIDH un informe que da cuenta de "violaciones al sistema democrático boliviano que van en contra de la Carta Democrática Interamericana", señaló a periodistas.
"Hoy la institucionalidad de Bolivia se ha quebrantado (...). Desde que Evo Morales asumió el poder, el país se vio inmerso en abusos de poder, uso desproporcionado de la fuerza y violación de los derechos humanos", dijo Ortiz.
El presidente del Senado boliviano denunció cercos al Congreso por parte de partidarios del presidente, persecución a miembros del Tribunal Constitucional, que estaría inoperante desde hace dos años, y la destitución del contralor general, reemplazado por un congresista afecto al gobierno.
Además, durante los 4 años de gobierno de Morales se han registrado 74 muertes producto de la conflictividad política, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones a los derechos humanos, indicó el informe entregado por Ortiz.
"Venimos a la Comisión porque no hay un Tribunal Constitucional en Bolivia desde hace dos años y no tenemos la garantía de que estos hechos serán investigados", dijo Ortiz, acompañado por los senadores opositores Luis Vásquez y Róger Pinto.
El senador, candidato a la reelección en las elecciones del 6 de diciembre, pidió a la CIDH que investigue las denuncias y que incluso lleve los casos a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica.
En una audiencia posterior, representantes del gobierno boliviano rechazaron las denuncias de los senadores.
"Algunos sectores pretenden utilizar este espacio como una plataforma electoral, el Estado boliviano condena estas actitudes", afirmó Sacha Llorenti, viceministro de coordinación de los movimientos sociales de Bolivia.
Llorenti afirmó que los senadores "defienden intereses de separatistas y latifundistas".
El funcionario dijo que como nunca antes su país está abierto al escrutinio de instancias internacionales, al invitar a la relatoría de la libertad de expresión de la CIDH a visitar Bolivia para constatar el respeto a la prensa.





DOPING DEMOCRÁTICO

El narcotráfico no es solo un problema de seguridad, sino de institucionalidad y salud democrática. Y mientras los gobiernos enfoquen su lucha únicamente en el primer aspecto, seguirán fracasando.

El Diario de Ecuador (www.eldiario.com.ec)

Los millones y los años invertidos en contra de la violencia de los carteles de la droga en Bolivia, Perú, Colombia y México han desembocado en más víctimas, más hectáreas de coca cultivada y mayor diversificación del crimen organizado. A mayores esfuerzos, menos logros, parece ser la constante.
Aunque la extradición de otros seis narcos colombianos a los EE.UU. esta semana, puede dar la impresión de ser una medida efectiva, ante todo evidencia una cultura latinoamericana con baja rigurosidad judicial y alta impunidad, causa y consecuencia de la fragilidad de las democracias.
El problema no es de producción o consumo de drogas, de oferta o demanda, sino de corrupción que genera el crimen organizado, infiltrando a las instituciones democráticas, especialmente a congresos y campañas electorales. La soluciones no pueden ser tan simplistas, como la de despenalizar las drogas para arruinarles el negocio económico a los narcos, como sostienen los ex presidentes César Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo.
Cuando Pablo Escobar despuntó como capo y diputado a la misma vez en Colombia, quedó demostrado que el narcotráfico necesita del poder político para consolidar su éxito económico y mantener su impunidad. Desde entonces, fue evidente que pocos gobiernos y campañas políticas quedaron libres del doping que genera el dinero fácil.
El tema recobró actualidad esta semana en República Dominicana. La Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción denunció que unos 60 nominados a diputados estarían manchados por el narcotráfico.
En México no solo asumieron legisladores, sino varios alcaldes y otros funcionarios electos en estados más afectados por las drogas, donde el apoyo, votos y protección de los narcos se pagan con puestos claves en las instituciones y en las filas policiales.
Cada vez más cerca de la Colombia de los años 80, México no solo asombra por las 14.000 víctimas directas del narcotráfico, sino por curiosidades espeluznantes. En Tamaulipas varios candidatos a diputados publicaron desplegados contra colegas acusándolos de usar dineros del crimen.

Lo mayor sorpresa es que las instituciones estén reaccionando con una tardanza de décadas para combatir la infiltración del narcotráfico y para hacer autocrítica, una ingenuidad inexcusable después de haber dictado tantas normas para combatir la producción, el tránsito y consumo de drogas. El narcotráfico ha prosperado por la debilidad de las instituciones, por lo que más que combatir la violencia, primero debieran crearse sistemas antidoping o anticorrupción para evitar la implosión de las democracias. Las herramientas son muchas y están ahí. Solo basta que los gobiernos cumplan y revisen de tanto en tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción que con tanta fanfarria adoptaron en 2002.





DETIENEN A UN BOLIVIANO CON SEIS KILOS DE COCAÍNA

Siglo XXI de Argentina (www.elsigloweb.com)

Un albañil boliviano fue detenido cerca de la localidad jujeña de Purmamarca cuando se descubrió que transportaba casi seis kilos de cocaína en su equipaje, a bordo de un colectivo.La detención de este joven de 22 años se registró ayer cuando personal del Escuadrón 53, mientras efectuaba un control vehicular sobre la Ruta Nacional 9, observó cómo un pasajero de colectivo, al pedirle la documentación, no pudo disimular su nerviosismo.
Inmediatamente los gendarmes, ante testigos, requisaron su equipaje y encontraron ocultos entre la ropa de sus mochilas 81 paquetes envueltos en goma de diversos colores que contenían 5,895 kilos de cocaína valuada en unos 58.000 pesos en la frontera con Bolivia.
Interviene en la investigación del caso el Juzgado Federal Uno de Jujuy, que dispuso la detención en carácter de comunicado del joven. Según indicaron fuentes de la fuerza, el personal de Gendarmería tenían la información de que iban a tratar de hacer pasar por la frontera, una importante carga de droga, pero sólo encontraron los seis kilos que traía el albañil boliviano. El resto de la droga anunciada, podría estar en otra carga, a la que los efectivos esperan.
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Hay movimiento de tropas en América Latina

¿PARA QUÉ SE ARMA EL CONTINENTE?
La adquisición de armamento por parte de países de la región ocupó las noticias de los últimos meses

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)

Venezuela compró 24 aviones de combate Sukhoi, 100.000 fusiles automáticos Kalashnikov y varios batallones de tanques enviados por Rusia. Brasil suscribió un acuerdo con Francia para adquirir armamento por más de 9.000 millones de euros, entre ellos un submarino nuclear. Chile sigue aumentando el número de cazabombarderos y fragatas; Bolivia compró seis aeronaves K8 de fabricación china; en Colombia 1.200 militares y técnicos estadounidenses se preparan para desembarcar en siete bases militares; Perú anuncia la renovación y repotenciación de su Fuerza Aérea y aumenta el presupuesto de Defensa; mientras Ecuador adquiere 24 aviones de combate Súper Tucano a Brasil y se apresta a renovar su parque armamentístico.En definitiva, hay movimiento de tropas en América Latina. Y la Argentina permanece lateral en este lento pero incesante reacomodamiento de fuerzas en el continente. Efectivamente en 1994 fue la última vez que el país compró armamentos. Aunque la región no se encuentra exenta de conflictos, históricamente se mantuvo pacífica.
El despliegue bélico que presenciamos no cambia la condición de América Latina de ser la región con menos aporte de su PB en armas. Pero la intensidad política de la agenda internacional actual presenta un cuadro complejo; según algunos análisis un riesgo constante para países con grandes reservas naturales. Paradigma de Defensa que baraja el Ejército Argentino. Por otro lado las guerras en Oriente permitieron ensayar nuevas tecnologías. Los procesos políticos de los Estados terminan de perfilar el presente escenario. Finalmente Brasil ha iniciado un plan de defensa que exige inversiones históricas. Para algunos Brasil “ha emprendido una carrera para convertirse en potencia global. Para ello requiere no sólo ser una potencia económica sino militar”.
Un aliado esencial
El 15 de octubre el Congreso argentino autorizó la realización de 10 ejercicios conjuntos con Brasil. El jefe de las Fuerzas Armadas argentinas, Jorge Chevalier, destacó “las excelentes relaciones” y remarcó que “se vislumbra a la Unión de las Naciones Sudamericanas (UNASUR) como una verdadera medida de cooperación que permitirá generar confianza en materia de defensa y seguridad regional”.
Brasil es el país sudamericano que más gasta en Defensa y el 12º en el mundo con mayor gasto militar. El año pasado desembolsó 23.000 millones de dólares, lo que representa el 1,5% del Producto Interno Bruto. Esto se condice con la posición mundial de Brasil, que pretende un asiento permanente en el Concejo de Seguridad de la ONU.
Pero es el acuerdo firmado el 7 de septiembre por Luiz Inácio Lula da Silva y Nicolas Sarkozy el que completa el viraje estratégico. Así nace un complejo militar-industrial autónomo que busca blindar la Amazonia y las reservas de 50 mil millones de barriles de petróleo descubiertos en el mar de Brasil. Esos recursos serán explotados por el Estado y no por empresas privadas, para combinar una potente industria con autonomía energética que no todos los países poseen.
Capacidad militar
La capacidad militar entre los países de América Latina es muy dispar. Este es el arsenal de varias naciones en el 2008, a los que deberían sumarse las adquisiciones de este año:
* En número de tanques pesados y livianos, Argentina, Chile, Brasil y Perú llevan la delantera. Sin embargo,
Chile cuenta con el material más moderno y potente.
* En vehículos de combate blindados, se destacan, en su orden, Brasil (800), Chile (772), Argentina (490) y Venezuela (113).
* En vehículos de combate blindados de exploración (Hummer o similares), sobresalen Brasil (400 unidades), Colombia (134) y Uruguay (111).
* En artillería de defensa aérea, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela llevan la ventaja.
* En número de fragatas y corbetas, Brasil cuenta con 17, Perú con 14, Argentina con 13 y Chile con 8.* En cantidad de helicópteros sobresale Colombia, con 140, seguida de Brasil, con 80, y Chile, con 46. Venezuela fortalecerá su capacidad en este tema tras las compras realizadas a Rusia.
(Fuente: Poder 360)
Chile es una potencia militar
Otro de los países que cuenta con un gran presupuesto es Chile, consecuencia de la ley reservada del cobre. La misma establece que el 10 por ciento de las ventas de la empresa estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor productora mundial de ese metal, se destine a la compra de armamento y a la renovación de equipos militares. Esta ley ordena a las Fuerzas Armadas chilenas gastar de acuerdo con los volúmenes de venta del cobre en el mercado internacional, independientemente de las necesidades reales de los institutos castrenses. Esto significa que las fuerzas armadas del vecino país deben adquirir material militar por un valor desorbitante cuando, como en estos momentos, el precio del cobre se encuentra en alza. En el 2004, cuando se desempeñaba como ministra de Defensa, Michelle Bachelet se opuso a modificar la ley.
Colombia está bien armada
Colombia ocupa el segundo lugar en Sudamérica en gastos en seguridad y defensa con el 14% de los recursos totales. En los últimos años se ha renovado el obsoleto equipo militar con la adquisición de 44 helicópteros, 62 aviones, 11.500 vehículos y 161 unidades navales y fluviales, entre otras. Después de Brasil, es el país que más hombres tiene en sus Fuerzas Armadas, con un total de 253.000. A pesar de esta enorme fuerza, no tiene un gran equipo de carácter ofensivo ni baterías antiaéreas ni tanques de combate.
Aunque los anuncios recientes de compras de armas por parte de Venezuela han acaparado la atención, lo cierto es que uno de los países que más ha incrementado su fuerza de armamentos es Colombia, que ya venía siendo apoyado por los EEUU con el Plan Colombia.





Opinión

"NO HAY CARRERA ARMAMANTÍSTICA EN EL CONTINENTE SUDAMERICANO"

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)

Considero que no existe una carrera armamentística en América Latina. A pesar de los promocionados gastos en armas en estos últimos meses, se trata de una región cuyo PBI se destina en un muy bajo porcentaje al gasto bélico. El que más gastó en Defensa en el continente es Chile. Pero con el Gobierno de Bachelet el país no da señales de una política armamentista. Su situación es consecuencia de la transición política y la existencia de Fuerzas Armadas muy grandes. Por otro lado, las compras de armas de Venezuela están dirigidas a armar las “milicias bolivarianas”, que responden directamente a Hugo Chávez, más que las Fuerzas Armadas venezolanas. Por eso, las compras de armas en ese país tienen sentido dentro de un control político interno más que con conflictos con países vecinos.
La renovación de armas en Colombia tiene ese mismo destino. Debemos tener en cuenta que el país es asolado desde hace 46 años por un cruento conflicto interno. Es por ello que sus adquisiciones no son de armamento pesado, sino liviano, de transporte rápido y efectivo para la lucha contra las insurgentes FARC.
Argentina, por su parte, tomó la decisión de no disponer de una fuerza militar, a diferencia del resto de la región. Una situación que han favorecido los sucesivos gobiernos democráticos y que el presente Gobierno ha profundizado. Los gastos militares significativos de la Argentina son mínimos, ya que el 90% de su presupuesto se dedica al pago de sueldos y salarios. Es una decisión excepcional, pero cargada de sentido. Es el único país de la región cuya transición de la etapa militar a la civil excluyó a los uniformados. Esto es resultado del fracaso en Malvinas.





Claves americanas


HACIA UNA VISA COMÚN PARA AMÉRICA LATINA

La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.ar)

Mientras los 27 países de la Unión Europea acaban de aprobar la creación de un servicio exterior común con embajadas en todo el mundo, la mayoría de los países latinoamericanos no pueden ponerse de acuerdo en ofrecer una visa común para los turistas de otras partes del mundo a tiempo para el campeonato mundial de fútbol de 2014 en Brasil. ¡Qué ironía!
Cuando leí la noticia sobre la inminente creación del servicio exterior común de la UE, no pude evitar comparar lo que ocurre en Europa con lo que pasa en América latina. En el Viejo Continente, durante una reunión en Luxemburgo la semana pasada, la UE acordó los primeros pasos para la constitución de un Servicio Exterior Europeo, que sería el cuerpo diplomático más grande del mundo. El servicio tendría 5000 diplomáticos y funcionarios y un presupuesto de 75.000 millones de dólares para sus primeros tres años.
La UE ya permite en su territorio la libre circulación para sus ciudadanos y turistas extranjeros, tiene una moneda común y está a punto de designar al primer presidente europeo. En nuestra región, hay países que ni siquiera mantienen relaciones diplomáticas con sus vecinos o están tan peleados que no tienen relaciones comerciales.
Ecuador rompió relaciones con Colombia en 2008 tras la incursión colombiana contra un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Chile y Bolivia sólo mantienen relaciones consulares desde 1978. Perú retiró recientemente a su embajador en Bolivia por comentarios insultantes de Evo Morales y llevó a la Corte Internacional de La Haya una disputa territorial con Chile.
La Argentina y Uruguay prácticamente no se hablan por el conflicto en torno a una planta papelera en Uruguay. Venezuela retira periódicamente a sus embajadores de Colombia, Perú y otros países.
Lamentablemente, estos y otros conflictos derivan en un alarmante aumento del gasto militar y en un freno al comercio regional.
El gasto militar en la región ha aumentado un asombroso 91% en los últimos cuatro años, hasta alcanzar el año pasado los 47.200 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres.
Los países latinoamericanos también pagan un alto precio comercial debido a su mutua desconfianza. Durante una visita reciente a Perú, un ministro me decía que ese país está a punto de empezar a exportar gas natural a México. Su vecino, Chile está por importar gas natural de Indonesia. La disputa fronteriza entre ambos países ha dificultado la exportación de gas entre ellos.
En América Central, cinco países tienen monedas y reglas comerciales diferentes. Lo que es más absurdo aún, muchos países latinoamericanos ni siquiera tienen acuerdos que permitan que turistas de otras partes del mundo puedan visitar la región con una visa única.
La Organización Mundial de Turismo estima que para 2020 habrá 100 millones de turistas chinos por año. Pero muchos expertos en turismo coinciden en que América latina, probablemente, se pierda la avalancha de turistas chinos debido al problema de las visas: muchos chinos que barajen la posibilidad de viajar a la región querrán visitar más de un país y, tal vez, sean desalentados por el costo de obtener varias visas diferentes.
Mi opinión: En vez de firmar declaraciones grandilocuentes proclamando la definitiva integración latinoamericana, los líderes latinoamericanos deberían seguir los pasos de Europa.
La UE se inició con acuerdos concretos de intercambios comerciales de carbón y de acero, que luego fueron ampliados para incluir cada vez más productos. Luego se acordó la libre circulación de personas, la moneda común y ahora se crean un servicio exterior y una presidencia común. Los países latinoamericanos, con su potencial turístico, deberían emitir una visa común antes del Mundial de 2014, como preludio necesario para atraer millones de turistas asiáticos más adelante. Eso serviría más para crear empleos y reducir la pobreza que miles de discursos.