Los países de
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), el brazo
comercial y de integración del eje chavista, no precisamente conocidos
por las facilidades que dan al sector privado y al capital exterior, comienzan
a moverse hacia el diseño de normas reguladoras que faciliten un aumento de la
inversión interna y foránea. Protagonistas junto a Argentina de frecuentes
acosos al sector privado, cuando no de expropiaciones y nacionalizaciones, como
saben bien las firmas españolas, y criticados por una inseguridad jurídica que
ahuyenta la inversión, dos de sus miembros, Cuba y Bolivia acaban de dar pasos
para modificar el escenario. Ambos han presentado nuevas leyes de inversión
extranjera con una meta clara: captar más fondos privados para sus economías y
alentar crecimiento y empleo. La nueva liberalización cubana busca
atraer capital y tecnología para desarrollar su precario tejido empresarial e
incentivar la implantación de empresas.
Liderado por la
Venezuela (ahora también en Mercosur) de Maduro e impulsado por el difunto
presidente Hugo Chávez, el ALBA acoge en su seno a las economías más
intervencionistas y críticas con el libre mercado de América, desde Cuba,
Bolivia y Nicaragua a Ecuador, pasando por la propia Venezuela y varios
pequeños estados del Caribe (Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San
Vicente y las Granadinas). Cuenta con Surinam como país en proceso de adhesión
y Haití como Estado observador. Honduras, aspirante ahora a la Alianza del
Pacífico, abandonó hace tiempo el grupo.
Tras varios
años de presión del sector empresarial, la Bolivia de Evo Morales promulgó días
atrás una nueve normativa-marco para regular y atraer la inversión foránea e
intentar alejar el fantasma de las nacionalizaciones que ha realizado a lo
largo de sus mandatos, que han afectado a compañías españolas como Iberdrola,
REE, Abertis y AENA y que han apartado al capital internacional. Por su parte,
Cuba, angustiada por los problemas económicos, acaba de aprobar una nueva
ley de inversión foránea que permite la entrada de capitales extranjeros en
todos los sectores de la economía, agricultura incluida, salvo en salud,
educación e instituciones armadas, y que no impide que los cubanos emigrados
inviertan en la isla.
En Cuba, la
nueva Ley de Inversión Extranjera, que ofrece beneficios fiscales y tributarios
a los inversores extranjeros y que entrará en peno vigor dentro de tres meses,
viene acompañada de un plan de reformas con el que las autoridades intentan
reanimar la maltrecha economía de la isla y actualizar su modelo
estatista. Tras seis años de reformas estructurales diseñadas por el Gobierno
de Raúl Castro, Cuba sigue económicamente depauperada, y la nueva regulación
sobre capital foráneo constituye el penúltimo intento del régimen por evitar el
colapso, notablemente ante la posibilidad de que los acontecimientos en la amiga
Venezuela deriven en el fin del generoso subsidio que Caracas entrega
religiosamente a la Isla cada año.
La Ley de
Inversión Extranjera, que sustituye a la de 1995 y tendrá plena vigencia dentro
de 90 días, podría ser aún objeto de modificaciones en algunos de sus puntos
más criticados desde el exterior, y se enmarca en los denominados lineamientos
aprobados en abril de 2011 por el régimen comunista, un conjunto de 300 medidas
orientadas hacia la economía de mercado en un país que políticamente sigue sin
ofrecer muestras de apertura. Con ella, el régimen cubano revisa su política de
inversión extranjera ante la necesidad de captar capital para desarrollar y
dinamizar el país, aunque se ha apresurado a advertir a la población que estas
nuevas facilidades de inversión para el capital foráneo no supondrán
"vender el país o regalarlo en pedazos".
Paso
estratégico
La Habana, que
ha presentado la normativa como un paso estratégico y trascendental que ayudará
a través de una mayor inversión exterior a diversificar y ampliar los mercados
de exportación, acceder a tecnología avanzada, sustituir importaciones y crear
empleo, asegura que la ley dará a los capitales extranjeros protección y
seguridad jurídica y garantiza que esas inversiones no podrán ser expropiadas
"salvo por motivos de utilidad pública o interés social previamente
declarados por el Consejo de Ministros" y que, en tal caso los
propietarios recibirán "la debida indemnización".
La norma
incluye un régimen especial tributario que contempla la exención del impuesto
sobre los ingresos personales a los inversores extranjeros socios en empresas
mixtas o partes en contratos de asociación económica internacional. Entre otros
beneficios, exime del pago de impuesto sobre utilidades por un período de ocho
años, plazo que el Gobierno cubano puede extender. Pero su principal atractivo
radica en que reduce a la mitad el porcentaje del impuesto sobre beneficios que
se queda el Estado cubano, y que baja del 30% al 15%. No obstante, la ley
señala que, por decisión del Consejo de Ministros, puede aumentar hasta el 50%
cuando se trate de la explotación de recursos naturales, "renovables o
no".
Entre las
novedades se sitúa que los capitales foráneos podrán entrar en casi todos los
sectores de la economía incluida la agricultura, área prioritaria para un país
que dedica más de 2.000 millones de dólares a la compra de alimentos en el
exterior. Otra la constituye el hecho de que, con carácter excepcional, se
permitirá inversión extranjera en fórmulas de gestión no estatal, concretamente
cooperativas, si bien el Estado se arroga el control en esos proyectos para que
no haya concentración de la propiedad. La nueva ley, al igual que la anterior,
no impide que los cubanos emigrados inviertan en la isla, y aquí una vez más el
Gobierno ha dejado claro que si bien la entrada de capital será bienvenida,
"no irá a buscar inversión extranjera a Miami", en referencia al
principal núcleo de la emigración cubana y de la oposición al régimen de los
Castro.
Dos modalidades
Las inversiones
podrán realizarse mediante dos modalidades: como empresa mixta o como contrato
de asociación económica internacional. En el primer caso, los extranjeros
podrán crear oficinas, sucursales y filiales, tanto en territorio cubano como
fuera, además de participar en entidades en el exterior. En el segundo, cuando
la empresa sea de capital totalmente foráneo, el inversor ejercerá la
dirección, disfrutará de todos los derechos y responderá por todas las
obligaciones que le correspondan. Sin embargo, la ley deja claro que en ningún
caso los cubanos que residan en la isla podrán invertir en su propio país y que
los locales seguirán sin poder ser empleados en compañías extranjeras sin el
consentimiento previo del Estado, puntos que han generado críticas en la
comunidad inversora internacional, desde donde se considera que la nueva ley
debería incluir a los pequeños empresarios locales.
En España,
principal inversor en la isla, y con amplia presencia en los sectores
turístico, industrial, constructor y agroalimentario, la nueva normativa está
siendo examinada con lupa. Empresarios de las compañías hispanas presentes en
la isla y autoridades españolas están atentos a posibles modificaciones y
aclaraciones, ya que la regulación mantiene incógnitas, como su aplicación
concreta en algunos aspectos en las empresas mixtas y la forma en la que se
solucionará la contratación de empleados, hasta ahora en manos de una agencia
empleadora estatal que se encarga de seleccionar al personal.
Las compañías
mixtas constituyen prácticamente el único modo existente hasta ahora para
invertir en Cuba y el Estado impone que el 51% sea capital cubano y sólo el 49%
extranjero. Y los analistas dudan de que La Habana vaya a renunciar al 100% al
control que ha venido ejerciendo sobre las inversiones. Tampoco parece que el
modelo de contratación vaya a registrar cambios, pese la necesidad de país de
reducir el peso de trabajadores públicos e incentivar la generación de empleo,
ya que de momento se mantiene la prohibición a las firmas extranjeras de elegir
directamente a sus empleados, salvo puestos de dirección. La norma define la
empresa mixta como "aquella compañía mercantil cubana que adopta la forma
de sociedad anónima por acciones nominativas en la que participan como
accionistas uno o más inversionistas nacionales y uno o más inversionistas
extranjeros".
Cuba tiene
actualmente unas 200 empresas conjuntas y otros proyectos relacionados con la
inversión extranjera, la mitad que hace una década, y es considerada uno de los
países menos favorables a las inversiones en el mundo. Las autoridades cubanas,
que quieren especialmente inyectar capital privado en sectores como
la agricultura, infraestructuras, industria azucarera, el níquel y la
construcción, ya se han referido a un objetivo concreto de captación de
inversiones: esperan 2.500 millones de dólares anuales, que calculan podrían
redundar en una aceleración del crecimiento del PIB hasta el 7%, frente al 2,4%
actual. Algunos expertos señalan que probablemente Cuba necesite bastante más
que esa cantidad para impulsar su economía.
"Cuba
necesita por lo menos 2.000 millones de dólares anuales adicionales para hacer
sostenible su modelo y sus reformas", según admitió el vicepresidente del
Consejo de Ministros, Marino Murillo, ante el pleno de la Asamblea Nacional que
aprobó la nueva ley inversora. En 2013, el PIB creció un 2,7%, frente al 3,6%
previsto y para 2014 se prevé un aumento del 2,2%.
Morales fija
estímulos fiscales
En Bolivia, la
nueva Ley de Promoción de Inversiones permite el establecimiento de beneficios
impositivos como la reducción o exención de tributos y gravámenes arancelarios,
además de la concesión de estímulos a la producción en sectores económicos que
sean considerados clave como hidrocarburos, minería, energía y transporte. La
norma también garantiza que los inversores extranjeros podrán transferir al
exterior divisas libremente convertibles a través del sistema bancario.
Asimismo, fija que los mecanismos de inversión se podrán realizar a través de
sociedades comerciales, empresas públicas y empresas de capital mixto donde el
Estado tenga participación accionarial mayoritaria, contratos y otros
instrumentos de inversión conjunta.
En cualquier
caso, y aunque el mes pasado el Congreso eliminó del borrador de la ley un
artículo que avalaba los procesos de nacionalización, ésta sigue siendo una
potestad del Estado delegada por la Constitución boliviana. Además, la norma
establece que los litigios con inversores deben resolverse en tribunales bolivianos
y no extranjeros o internacionales, lo que no ha sido bien acogido por la
comunidad inversora global.
Como es
habitual en el país y en otras naciones del bloque ALBA, Bolivia registró el
año pasado más inversiones públicas que privadas y el país se sitúa en los
últimos lugares regionales en cuanto a captación de Inversión Extranjera
Directa (IED), que apenas alcanzó 1.750 millones de dólares el año pasado,
frente a 3.800 millones de inversión estatal, según datos oficiales. Sin
embargo, Morales está convencido de que el proceso de nacionalizaciones no ha
sido el culpable de la baja llegada de capital foráneo y ha señalado que su
política, lejos de ahuyentar la inversión privada rindió frutos, ya que
"en 2005, un año antes de asumir el poder, la IED ascendía a 221 millones
de dólares, mientras que el año pasado llegaba a 1.750 millones".
El Gobierno,
que ha subrayado que los nuevos incentivos a la inversión tienen tres
objetivos, impulsar sectores productivos estratégicos, generar empleo y
equilibrar la inversión en las regiones del país, tomando en cuenta los
recursos naturales y áreas de producción de cada departamento, pretende el
desarrollo igualitario de todas las regiones del país. Desde la entrada
en vigor de la nueva Carta Magna en 2009, el país avanza en la adecuación de
sus leyes al nuevo escenario constitucional, pero aún restan varias normas
clave, como la de hidrocarburos, que deben ser adaptadas a la Constitución.
Fortalecer la
seguridad jurídica
El presidente
Morales indicó que la nueva ley fortalece la seguridad jurídica en el país
porque "establece reglas claras para los capitales extranjeros y les
permite repatriar dividendos". "La seguridad jurídica siempre está
orientada a garantizar las utilidades (beneficios), pero no puede ser sólo para
saquear nuestros recursos naturales, la seguridad jurídica es también para
garantizar la vida humana. La nueva ley de inversiones no es un instrumento
sólo para la ganancia, es un instrumento para el desarrollo", aseguró
Morales al promulgar la nueva regulación, que establece procedimientos
sencillos y plazos breves para la tramitación y consolidación de las
inversiones tanto para empresarios privados locales como extranjeros. Eso
sí, los recursos naturales e industrias de sectores estratégicos no podrán ser
privatizados bajo ninguna modalidad.
Sin embargo, la
norma se desmarca de otras similares vigentes en el ámbito americano y global,
al disponer que sean los tribunales locales y no los internacionales el ámbito
de resolución de conflictos sobre inversiones. De hecho, Bolivia ha sido
demandada en varias ocasiones en tribunales internacionales por empresas en
busca de compensación por la expropiación de activos en el país. Desde su
ascenso al poder en 2006, Evo Morales ha procedido a estatalizaciones en
amplios sectores de la economía, entre ellos los de hidrocarburos, minero,
eléctrico, de transporte y comunicaciones. En permanente pugna con tribunales
como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) del Banco Mundial, Morales censura sin descanso que estos organismos
fallan siempre a favor de la empresa privada o las multinacionales y nunca a
favor del Estado.
Según datos
bolivianos, el país enfrentaba hasta diciembre demandas internacionales en
petición de indemnizaciones por nacionalizaciones por un total de 1.870
millones de dólares. Y es que, desde que en 2006 decretó la nacionalización de
los hidrocarburos, Morales ha estatizado una veintena de empresas extranjeras,
principalmente de hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. En
mayo de 2008, Bolivia dio un paso más en el control estatal de los
hidrocarburos con la nacionalización de tres petroleras (entre ellas Andina,
filial de Repsol), una transportadora de hidrocarburos y de la telefónica Entel,
filial de la italiana Telecom. Cinco meses después, Repsol firmó un
acuerdo con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para
iniciar la gestión compartida en YPFB-Andina, con participación minoritaria
española.
En 2012,
Morales anunciaba la nacionalización de Transportadora de Electricidad (TDE),
filial de Red Eléctrica Española (REE), que opera desde 1997, y poco después
decretaba la expropiación de las acciones de la española Iberdrola en
dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro. Ya
en 2013, Bolivia expropiaba la empresa Sabsa,
filial de las españolas Abertis y AENA, que administra los tres aeropuertos más
grandes del país, acusándola de haber hecho inversiones insuficientes.
La normativa,
trabajada durante dos años y consultada con el sector privado boliviano, ha
suscitado asimismo, en el último tramo, reuniones entre parlamentarios
bolivianos y la UE, que pidió la puesta en marcha de reglas claras y estables
para los inversores extranjeros. En los últimos tiempos, los empresarios venían
reclamando una normativa de inversión extranjera más abierta, además de
insistir al Gobierno del presidente Morales en la necesidad de recurrir a las
participaciones público-privadas (PPP) como mejor forma de paliar el retraso en
infraestructuras.
Nacionalizaciones
A mitad de
2013, el sector empresarial de Santa Cruz propuso una inversión conjunta de
45.000 millones hasta 2025, con apertura al capital exterior, para convertir al
país en el "eje del movimiento económico del continente". Según el
Centro Boliviano de Estudios Económicos, para impulsar "una mejora de las
infraestructuras que aumentará la producción, generará empleo y reducirá la
desigualdad se precisa una articulación público-privada productiva".
Bolivia, uno de
los países más pobres de la región, suma dos años de fuerte crecimiento
económico y que será en 2014 uno de los países que lideren la expansión en
Latinoamérica, genera gran parte de sus exportaciones a través de su
exportación de gas a Argentina y Brasil y necesita impulsar su sector
industrial con capital y acceso a nuevas tecnologías.
Excluyendo a
Argentina, ajena al ALBA y que ha protagonizado sonados choques con el sector
privado internacional, expropiando YPF a Repsol, golpeando los intereses de
Marsans en Aerolíneas Argentinas, rescindiendo de forma unilateral un contrato
de Agbar y adoptando medidas que afectaron a filiales de BBVA, el resto
de expolios a empresas en la región son imputables a países del eje
bolivariano. Además de Bolivia, otros dos países han procedido también
contra intereses españoles. Venezuela anunció en 2008 que nacionalizaría el
Banco de Venezuela, filial del Santander, decisión postergada hasta 2009,
cuando la entidad acordó vender al Estado venezolano por 1.050 millones
de dólares. Y Ecuador anunció en 2008 la conclusión anticipada de los contratos
de Repsol YPF por desavenencias en la negociación de los mismos. (www.capitalmadrid.com)
EL NUEVO HITO SE INSTALÓ POR PEDIDO DEL INTENDENTE
“La erección del hito de referencia se llevó a cabo a
pedido de las autoridades argentinas de la zona”, aseguró Capitanich.
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
La instalación
del nuevo hito en Abra de Santa Cruz, departamento de Santa Victoria Oeste, que
dejó el 28 de noviembre de 2013 a 17 familias salteñas viviendo en tierra
extranjera y que significó la pérdida de alrededor de 600 hectáreas de
territorio argentino, fue solicitada por las autoridades argentinas en la zona,
según informó el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich. El mismo
intendente del municipio, Cástulo Yanque, fue el que propuso en la última
reunión con los habitantes del lugar en el Grand Bourg, que a los vecinos
afectados les convenía la doble nacionalidad “para cobrar los beneficios
sociales de los dos países”.
El pedido de
los funcionarios locales para instalar el nuevo hito que dejó la naciente del
río Santa Cruz y un potencial yacimiento de uranio en territorio boliviano se
conoció por el pedido de aclaraciones del diputado nacional Guillermo Durand
Cornejo (Conservador Popular - Bloque Unión Pro) a Jorge Capitanich, en el
marco de la presentación anual que realiza en el Congreso el jefe de Gabinete
nacional.
Capitanich
contestó por escrito las más de 1.000 preguntas formuladas por los diputados.
“Con fecha 28-
11-2013 se
completó la densificación con la erección del Hito IV-2-a (sector Abra de Santa
Cruz) entre los hitos IV-2 (Cerro Peña Orko) y IV-3 (Cerro Mecoya). Esta última
densificación, con la erección del hito de referencia, se llevó a cabo a pedido
de las autoridades argentinas de la zona a efectos de aclarar el recorrido de
la línea límite en este sector, teniendo en cuenta que desde el Valle del Río
Santa Cruz no son visibles los hitos Peña Orko y Cerro Mecoya y que, por lo
tanto, a los pobladores de la zona no les era posible efectuar una alineación
entre ambos hitos para ubicar (aunque sea de manera aproximada) por dónde
pasaba el límite en Abra de Santa Cruz”, contestó textualmente Capitanich.
La instalación
del nuevo hito pedido por las autoridades de la localidad argentina modificó la
demarcación tradicional del límite internacional, que tomaba las altas cumbres,
abras y nacientes de los ríos como separación natural entre las dos países. El
nuevo hito impuso el criterio de demarcación de una línea recta geométrica
imaginaria, siguiendo textualmente el tratado de 1925, sin tener en cuenta los
accidentes geográficos del lugar, que sí habían respetado durante 90 años los
habitantes de la zona y el mismo Estado argentino, que fue el único gobierno
que reclutó para sus fuerzas armadas, documentó y prestó educación y salud a todos
sus habitantes.
“La línea recta
para dividir territorio se pensó para geografías donde no hay límites naturales
que ayuden a demarcar. Pero tirar una línea recta en los cerros sin tener en
cuenta abras y ríos, como hicieron en el Abra Santa Cruz, es absolutamente
disparatado. Todo indica que eso es Argentina y eso es lo insólito del tema,
porque no se defiende esa postura. No hay que hacerse el distraído, porque esto
es cuestión de Estado”, remarcó el lunes el doctor en geología Ricardo Alonso,
en una disertación por la demarcación limítrofe en el Centro de Estudios y
Formación Política Juan Domingo Perón de Salta Capital. Funcionarios del
Ejecutivo provincial habían dicho el 26 de febrero que el pedido de la
instalación del nuevo hito había surgido de las autoridades del vecino país.
DICEN QUE SUBA DEL GAS ES INMINENTE
Según el presidente de la Asociación de Propietarios y
Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), Ausberto Ortellado, el
precio del gas tendría un incremento de por lo menos 150 guaraníes por kilo ya
que el producto proveniente de Bolivia se encareció en 55 dólares por tonelada
métrica con relación al mes anterior.
La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)
El otro
proveedor de este combustible, que es la Argentina, todavía no confirmó a
cuánto elevará el precio, explicó Ortellado a Radio UNO, según reproduce IP
Paraguay. “Estamos viendo, no nos animamos a alzar el precio por los problema
internos, como lo es el contrabando que nos golpea muy fuerte, si otra vez aumentamos
el precio internamente todavía la incidencia será mayor”, expresó.
Indicó que
esperaran la definición de Argentina hasta esta semana porque tampoco quieren
tomar una decisión teniendo un solo oferente que es Bolivia que solo aumentó a
55 dólares por tonelada.
“Esperaremos, a
más tardar, hasta el viernes y después tomaremos una decisión. No queremos
tocar los precios, de ser posible, hasta tener todos los componentes en
el mano y nos falta todavía uno de ellos que es el precio de Argentina”,
reiteró Ortellado.
“Estos 55
dólares que nos subieron por tonelada, afecta a 250 guaraníes más por kilo. No
creo que subamos a 250 guaraníes por mes, pero por lo menos 150 guaraníes, o si
no vamos a estar en números rojos", explicó con relación al posible incremento.
Por su parte,
Pedro Ballota, de la Cámara Paraguaya del Gas (Capagas) comentó a Ñandutí que
el incremento del precio en la Argentina podría hacer que disminuya el
contrabando del combustible, sin embargo aclaró que se mantendría más barato en
el país vecino.
De subir 150
guaraníes por kilo el aumento en la garrafa de 10 kilos sería de 1.500
guaraníes, mientras que en la de 13 kilos, unos 1.950 guaraníes.
FUERTE AJUSTE INTERNO EN PRECIO DEL GAS ARGENTINO
ACENTUARÍA SUBA LOCAL
Se teme que el fuerte impacto interno sufrido en el
precio del gas argentino –de hasta 500%– terminaría acentuando la suba ya
anunciada por las fraccionadoras locales. Los importadores de GLP informaron ya
del ajuste sufrido en el precio del gas boliviano, que también compramos.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Hasta anoche,
los importadores locales de gas licuado de petróleo (GLP) consultados por
nuestro diario indicaban que aún no recibían información oficial desde
Argentina con relación a las nuevas cotizaciones del precio de exportación de
gas para nuestro país. Destacaron que hasta ahora solo consideran el alza en
origen registrado por el gas boliviano, que representa el 50% del consumo
nacional, por lo que estarían incremento los precios al público desde la
próxima semana entre G. 150 a G. 250 por kilo (G. 1.500 a G. 2.500 por garrafa
de 10 kilos).
Explicaron
igualmente que si se confirman las cotizaciones argentinas, que también
representan el 50% del mercado, la variación sería incluso mayor.
En coincidencia
de esta situación generada con este producto, el gobierno argentino oficializó
ayer la suba de las tarifas internas del gas natural para varias regiones, que
fue muy superior al que habían anunciado los voceros del Gobierno, ya que el
incremento alcanzaría incluso 500%, en el marco de un esquema de
racionalización del uso del gas natural, que incluirá precios para hogares y
comercios, mientras que otros informes de prensa destacaban que alcanzaría
también los valores de la exportación.
Consultado al
respecto Ausberto Ortellado, importador de GLP y titular de la Asociación de
Propietarios y Operadores de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa), refirió
que si la medida argentina afecta solo al gas social, entonces no tendría
incidencia en nuestro país, y más bien se tratará de una buena noticia, en el
sentido de que se frenará el masivo ingreso del gas de contrabando que existe
actualmente.
Refirió también
que de acuerdo al anuncio realizado ayer en el precio interno del gas del
vecino país, el producto aumentará su cotización de 18 a 90 pesos,
aproximadamente, es decir de unos G. 10.000 a G. 40.000 por tubo, al cambio
actual, lo que aún significa que seguiría más bajo que el precio local. Dijo
que seguirán aguardando las nuevas cotizaciones argentinas para la exportación,
que definitivamente marcará la incidencia en cuanto al monto de aumento que
será aplicado en el precio final de este producto. Aclaró que aunque Argentina
no suba precios para la exportación, el remarcaje interno sería inminente desde
la próxima semana, ya que desde Bolivia se confirmó la suba, que sería de G.
250 por kg, y si se suma Argentina, sería más.
BOLIVIANOS DEPREDAN LA CUENCA DEL SUCHES
Diario Correo de Perú (www.correo.com.pe)
En la zona
denominada "Perlas de Oro", ubicada en la frontera Perú - Bolivia,
desde hace varios años existe el conflicto entre los mineros ilegales de ambos
países, pero sin duda con este lío, los más afectados son los habitantes de las
comunidades del distrito de Cojata (Huancané), ya que la mayoría de la población
de esta parte del país tiene como fuente de ingreso económico la crianza de
camélidos sudamericanos (alpacas).
En esta zona se
realiza la actividad de la minería ilegal cuya consecuencia es la contaminación
de la cuenca del Suches, que deja como herencia la mortandad de miles de
animales. Sin embargo y pese a las denuncias, las autoridades peruanas y
bolivianas no dan ninguna solución a la fecha.
Durante los
últimos días la ciudadana Margarita Calizaya, una de las afectadas por la
minería, hizo una grave revelación sobre una posible invasión de los mineros
ilegales de la República de Bolivia al territorio patrio. Ante esta queja la
Policía Nacional del Perú dispuso efectivos para que se trasladen a la zona a
fin de realizar trabajos de verificación.
Ante la
denuncia sobre la invasión de un grupo de 25 mineros informales bolivianos, el
jefe del Frente Policial Puno, general PNP Alberto Villalobos Fernández,
confirmó que un contingente policial ya se ha desplazado a la zona.
Villalobos
precisó que para este propósito se han dispuesto también equipos GPS para saber
con precisión si los ciudadanos bolivianos en realidad han invadido el
territorio nacional. La misión de los agentes de la policía es recabar
información para luego emitir un informe a las instancias competentes.
"Hasta donde sabemos se trata de un conflicto de intereses", dijo.
Precisó que de
ser cierto el problema, este tiene que ser abordado en forma integral.
"Estamos coordinando con instituciones como la Defensoría del Pueblo y
también con el Gobierno Regional", precisó titular de la policía en la
región.
COMPETENCIA.
Por su parte, el director de la Dirección Regional de Energía y Minas, César
Rodríguez Aguilar, manifestó que no es competencia de ellos intervenir en este
caso, y señaló que será la Cancillería, en coordinación con la Policía Nacional
del Perú, la que determine si el ilícito está realmente presente en la zona. Sin
embargo, dijo que es importante recabar información en esta jurisdicción para
luego dársela a conocer a la entidad gubernamental que corresponde, en este
caso, también a las autoridades bolivianas. El funcionario recordó que desde el
2012 se ha venido registrando este tipo de situaciones, todas motivadas por la
minería informal.
La presencia
del Estado en esta parte del Perú es prácticamente nula, los pobladores
reclaman mayor cantidad de acciones para evitar estos problemas.
BOLIVIA REITERA ACUSACIONES A LA UDI DE CONTROLAR MEDIO
OPOSITOR A MORALES Y LA DEMANDA MARÍTIMA
A los reclamos
del año pasado del Presidente Evo Morales se sumó ahora la ministra de
Comunicación paceña, quien apuntó a la ex diputado Mónica Zalaquett, como parte
de actores que buscan desestabilizar el gobierno.
La Tercera de Chile (www.latercera.com)
La ministra de
Comunicación de Bolivia, Amanda Dávila,
apuntó los dardos a la centroderecha chilena, asegurando que sería parte de una
acción para desestabilizar el mandato de Evo Morales, en la antesala de la presentación de la demanda por
acceso al mar, ante La Haya.
La secretaria
de Estado afirmó que el director del medio 'Página Siete', Raúl Peñaranda,
tendría nacionalidad chilena, arguementado que "el señor Peñaranda se ha desenmascarado hoy en su verdadera
nacionalidad, se trata de un ciudadano chileno que ocultó hábilmente su
ciudadanía y que a lo largo de todo este tiempo estuvo trabajando en Página
Siete, esto fue denunciado por el Gobierno muchas veces; sin embargo ahora esto
se devela".
En anteriores
ocasiones, el mismo Evo Morales también criticó al medio
de comunciación.
Dávila también
enrostró a Peñaranda el ser cuñado de la ex diputada UDI, Mónica Zalaquett, lo cual, desde su
punto de vista, establecería un nexo con los intereses de la derecha y el
empresariado chileno.
"La señora Zalaquett es una de las diputadas más conservadores en
Chile y está ligada a corrientes pinochestistas y a sectores que están en
contra de la demanda de Bolivia y una de las razones es que esta diputada tiene
intereses en empresas pesqueras", adujo.
En esa línea,
planteó que "no nos extraña toda
la ofensiva que se vaya a montar en contra del gobierno creemos que tenemos que
estar conscientes de donde viene la mano y estar concientes sobre los intereses
que hay detrás y estar conscientes que este no sólo es un tema político
partidario sino que estamos hablando de una ofensiva que viene de la mano de
quien dijo ser boliviano pero es chileno".
RESALTAN EN
RUSIA PROCLAMACIÓN DE AMÉRICA LATINA COMO ZONA DE PAZ
Prensa Latina de Cuba
(www.prensa-latina.cu)
La embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, resaltó hoy aquí la
decisión de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (Celac) de proclamar esta región como una zona de paz.
Este compromiso firmado en La Habana por mandatarios de más de 30
naciones constituye un aporte histórico, afirmó al dejar inaugurada la Semana
de América Latina y el Caribe en la Universidad rusa de Amistad con los Pueblos
(Rudn, en ruso).
Ante embajadores de países de esa región, profesores y estudiantes, Ramos
explicó que el documento rubricado significa eliminar la guerra, la coacción,
el uso de la fuerza y resolver los diferendos por vías pacíficas, según las
leyes internacionales.
Subrayó la embajadora que la Celac como espacio autóctono de los pueblos
de América Latina y el Caribe resume los más puros esfuerzos de muchos próceres
por la integración y representa una institución idónea para acercar posiciones
y lograr una mayor identidad.
Agradeció a la Federación de Estudiantes Latinoamericanos y Caribeños de
la Rudn la iniciativa de organizar un programa que incluye conferencias sobre
diversos temas, un concierto y una exposición.
La vice rectora Olga Andreevna subrayó la importancia de la muestra que
incluye elementos típicos de los 24 países de Latinoamérica y el Caribe
representados en la Rudn por un total de 475 alumnos.
Nuestras 10 facultades y cuatro institutos aspiran a que más jóvenes de
esa región se beneficien con las becas que ofrece Rusia y con la formación
profesional que brindamos en un entorno de multiculturalismo, tolerancia y diálogo
entre culturas, expresó.
Por su parte, la boliviana María Luisa Claure, presidenta de la
Federación de Estudiantes Latinoamericanos y Caribeños de la Rudn, invitó a un
representante de cada país a firmar simbólicamente el Pacto de Roerich.
Ese texto propone la defensa de la cultura por encima de los conflictos,
y con este acto simbólico seguimos el ejemplo de los estadistas de nuestra
región, expresó.
Durante un recorrido por la exposición, la estudiante colombiana de
Derecho Cristina Rubiano, secretaria general de la Federación de Estudiantes,
dijo a Prensa Latina que la muestra resalta la diversidad de raíces que existe
en la unidad latinoamericana y caribeña.
Evidencia que somos herederos de indígenas, europeos, africanos y
asiáticos, y que anteponemos la paz a la violencia, concluyó la líder
estudiantil.
¿RECUERDAN EL BANCO DEL SUR?
El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com)
El 9 de
diciembre del 2007, en Buenos Aires, en ocho ejemplares (siete de ellos en
idioma español y uno en portugués), los presidentes de Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, suscribían el Acta Fundacional
del Banco del Sur. Los discursos políticos que acompañaron a ese magno evento
iban cargados de críticas y severos cuestionamientos a los tradicionales,
neoliberales y ortodoxos organismos multilaterales de crédito, principalmente
al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial.
El Banco del Sur, en el contexto de la
"nueva arquitectura financiera regional", tiene por funciones, entre
otras, financiar proyectos de desarrollo en sectores claves de la economía,
orientados a mejorar la competitividad y el desarrollo científico y
tecnológico, agregando valor y priorizando el uso de materias primas de los
países miembros; financiar proyectos de desarrollo en sectores sociales, para
reducir la pobreza en la región, etc. Transcurridos 7 años de ese evento en la
Casa Rosada, en Argentina, el nuevo banco, cuya sede debe funcionar en Caracas,
no termina de abrir sus puertas. La semana anterior en Quito, los cancilleres
de Ecuador y Bolivia hicieron un llamado, para que se active la entidad.
Casa adentro, el tema del Banco del Sur ni
siquiera consta en el libro de rendición de cuentas 2013 del Banco Central, en
el capítulo sobre la Integración Financiera y Monetaria Regional. Mientras se
espera una respuesta regional al pedido de los cancilleres de la Alba, el
Gobierno ecuatoriano mira con interés la posibilidad de recibir créditos del
Banco Mundial, por USD 1 000 millones, pero 'sin condiciones', aunque ese
organismo siempre establece compromisos de pago y los recursos que otorga -casi
como una regla- van a financiar proyectos de infraestructura. A todo esto,
también se añade el interés de las autoridades de retornar con entusiasmo a los
mercados externos de capitales. ¿Se acuerdan del Banco del Sur?
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