miércoles, 31 de agosto de 2011

CINCO MILITARES Y DOS EX MINISTROS BOLIVIANOS FUERON CONDENADOS POR GENOCIDAS

Histórico. Ex autoridades del alto mando militar y ex ministros de Estado fueron declarados autores mediatos y cómplices por el delito de genocidio, bajo la modalidad de masacre sangrienta, en el marco del juicio por octubre 2003. Con penas de entre tres y 15 años, se trata de la culminación de un proceso que se extendió por más de dos años en los estrados judiciales. Coincidiendo con el plazo otorgado por los familiares y las víctimas para que las autoridades judiciales condenen a los acusados por los vejámenes y muertes durante la guerra del gas en El Alto en octubre de 2003, el tribunal de sentencia dictaminó reclusión en la cárcel de San Roque de Sucre para las ex autoridades implicadas en el caso. Gonzalo Sánchez de Lozada, principal acusado, quien huyó del país a Estados Unidos tras ser depuesto por la revuelta popular. que se oponía a la exportación de gas natural por Chile.




Roberto Claros Flores fue comandante en jefe de las FFAA. Acusado de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta. Sentenciado a 15 años y seis meses de cárcel de San Roque.

El Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el juicio por octubre 2003 condenó ayer a entre 3 y 15 años de años de cárcel a dos ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y cinco ex miembros del entonces Alto Mando militar.
El caso tiene que ver con la también denominada masacre de octubre o ‘guerra del gas’, que dejó el saldo de al menos 70 personas muertas y más de 400 heridos de bala.
El fallo emitido por el Tribunal califica a los cinco militares como autores de la masacre sangrienta y de genocidio, y a los dos ex ministros como cómplices.
El Tribunal de Juicio conformado por los ministros Ángel Irusta (presidente) y Hugo Suárez, y los conjueces Daysi Careaga Alurralde, Eduardo Arteaga Rivera, Elizabeth Maldonado Loayza y Freddy Lupa Totola emitió la sentencia después de cinco días de deliberación a puerta cerrada en la Corte Suprema.
“En nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, por unanimidad y en única instancia falla: declarar a Roberto Claros Flores y a Juan Véliz Herrera, autores mediatos del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, condenando a la pena de presidio de 15 años y seis meses a cada uno”, señala la sentencia leída tras la deliberación.
MILITARES CONDENADOS
Roberto Claros Flores era en 2003 comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y el general Juan Véliz Herrera comandante del Ejército (ambos con 15 años y seis meses de prisión). A 11 años de cárcel fueron sentenciados el almirante Luis Aranda Granados, ex comandante de la Fuerza Naval, y el general José Oswaldo Quiroga, ex comandante de la Fuerza Aérea; y a 10 años el general Gonzalo Alberto Rocabado Mercado, ex jefe del Estado Mayor.
Entre tanto, los ex ministros de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes Villa, y de Trabajo, Adalberto Kuajara, fueron condenados a tres años de prisión, por complicidad.
La sentencia emitida por el Tribunal de Juicio deberá ser cumplida en el penal de San Roque, en Sucre.
PRUEBAS PRESENTADAS
En la etapa probatoria y de juicio oral, según la Fiscalía General, se demostró ante el Tribunal de Sentencia la culpabilidad de los siete acusados de haber sido autores mediatos de los hechos sangrientos ocurridos en septiembre y octubre de 2003.
La abundante prueba ha sido constituida por 325 testigos que estuvieron presentes frente al Tribunal y que evidenciaron las huellas indelebles que les dejó la acción represiva.
“El Tribunal escuchó a personas mutiladas que han perdido varios miembros de su cuerpo, han quedado incapacitadas de por vida, personas que han perdido un futuro digno al cual tenían derecho; a ello se ha sumado una extensa prueba documental de 1.374 documentos entre prueba material, documental y pericial, que ha servido para demostrar la conducta antijurídica e insensible de siete de los procesados”, explicó el fiscal general del Estado, Mario Uribe Melendres.
Asimismo, se presentaron 308 pruebas periciales de balística reconstructiva, planimetría, fotografías de las víctimas y heridos que, de acuerdo con Uribe, demostraron la gravedad de las lesiones.
Estas pruebas fueron explicadas técnicamente por tres peritos que elaboraron el informe pericial que acompañó a las 117 pruebas materiales (casquillos, vainas servidas, munición, ropa ensangrentada, entre otros) y que demostraron la culpabilidad de los acusados.
En resumen, para el Ministerio Público la sentencia lograda, en el proceso por las muertes de septiembre y octubre de 2003, marca un hito histórico en el país porque demuestra que la impunidad fue derrotada.
El próximo paso, según la Fiscalía, es conseguir la extradición de Sánchez de Lozada.
ANTECEDENTES
El 14 de octubre de 2004, el Congreso Nacional autorizó el juicio de responsabilidades por dos tercios de votos del total de sus miembros. Finalmente, este proceso se instaló el 18 de mayo de 2009.
Sólo siete de los 17 acusados por la masacre asistieron al proceso judicial. Diez fugaron del país pese a que la parte acusadora y el fiscal solicitaron su detención preventiva. Uno de estos prófugos (el ex ministro de Gobierno Yerko Kukoc) murió en junio de este año en Miami.
El principal acusado, Gonzalo Sánchez de Lozada, huyó a Estados Unidos junto a su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
La masacre se desató después de que la población alteña y paceña en general se opusiera a la venta de gas a los Estados Unidos por un puerto de Chile.

Familiares y víctimas festejan el fallo
Después de 58 días de vigilia frente a la Corte Suprema, los familiares y heridos de Octubre Negro recibieron con alegría y alivio la sentencia que condena a ex militares y ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada y festejaron junto a sus abogados y activistas que les apoyaron en su vía crucis durante casi ocho años exigiendo justicia.
Su abogado, Rogelio Mayta, conmovido por los resultados de un esfuerzo de dos años y medio de juicio, manifestó que el verdadero corazón del proceso han sido los familiares y heridos de octubre de 2003.
“El corazón de este proceso durante estos ocho años, sin lugar a dudas, ha sido la gente, las víctimas, la Asociación de Familiares y Caídos, que no han bajado los brazos un solo minuto, y cuando todo estaba en contra de nosotros y cuando parecía que no había sentencia no dudaron en trasladarse aquí, a la ciudad de Sucre, para mantener una vigilia de 58 días”, enfatizó.
El campamento donde vivieron alrededor de 50 personas estuvo animado por música y una comida comunitaria, mientras que los familiares se sacaban fotos con los abogados y los activistas que acompañaron el proceso y la vigilia.
Juan Patricio Quispe, dirigente de la asociación, expresó su satisfacción por el proceso y por el esfuerzo que hicieron durante tantos años.
“Este sacrificio de estar dos meses acampando aquí frente a la Corte Suprema no ha sido en vano, hemos conseguido una sentencia”, expresó.

Grado de culpabilidad de los siete condenados por la masacre
General Roberto Claros Flores: Fue identificado como autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 15 años y 6 meses que deberá cumplir en el recinto penitenciario de San Roque, en la ciudad de Sucre.
La pena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 02 de marzo de 2027.
General Juan Véliz Herrera: Fue identificado como autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 15 años y 6 meses, que deberá cumplir en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
La pena será computada a partir de su detención preventiva, del 02 de marzo de 2011 hasta el 02 de septiembre de 2026.
General Oswaldo Quiroga Mendoza: Fue encontrado autor mediato del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 11 años a cumplir en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
Su condena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2022.
Almirante Luis Alberto Aranda Granados: Fue encontrado autor mediato del delito de genocidio en su forma de masacre sangrienta previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Fue condenado a la pena de presidio de 11 años a cumplir en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
Su condena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2022.
General Gonzalo Rocabado Mercado: Autor mediato del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta, previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Ha sido condenado a la pena de presidio de 10 años a cumplirse en el recinto penitenciario de San Roque de la ciudad de Sucre.
Su condena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2021.
Erick Reyes Villa Bacigalupi: Ex ministro de Desarrollo Sostenible, encontrado autor mediato en grado de complicidad del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Ha sido condenado a la pena de presidio de tres años, a cumplirse en el recinto penitenciario de San Roque de esta ciudad. Su pena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2014.
Adalberto Kuajara Arandia: Ex ministro de Trabajo, encontrado autor mediato en grado de complicidad del delito de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta previsto y sancionado por la segunda parte del artículo 138 del Código Penal.
Ha sido condenado a la pena de presidio de tres años a cumplirse en el recinto penitenciario de San Roque de Sucre. Su pena será computada a partir del 30 de agosto de 2011 hasta el 30 de agosto de 2014.

Mendoza: Es una condena histórica
El ex fiscal de Recursos y ahora abogado de las víctimas de octubre de 2003, Milton Mendoza, calificó la sentencia del Tribunal de Juicio como histórica, porque condena a dignatarios de Estado y miembros del Alto Mando militar.
“Es una condena a un gobierno democráticamente elegido, a las personas que atentaron contra el pueblo y la vida de ese pueblo, y es importante porque no tenemos un precedente en nuestra historia jurídica, lo que permite nuevamente creer en la justicia”, aseguro Mendoza tras conocerse la sentencia del Tribunal en la ciudad de Sucre.
La ex autoridad del Ministerio Público sostuvo también que es una satisfacción del deber cumplido, por el esfuerzo y esa perseverancia en el proceso judicial.
Afirmó que la Corte Suprema de Justicia les dio la razón de que no estaban equivocados cuando acusaron a estas personas de genocidas y de masacradores.
Con esta determinación —señaló— se sienta un precedente para que ningún dignatario de Estado atente contra los derechos humanos y el derecho a la vida.
“Lo importante de la sentencia es que a todos los procesados los califican como autores de genocidio, y a los ex ministros como cómplices de la masacre sangrienta de los sucesos de 2003”, expresó.
La Fiscalía esperaba que los acusados sean sentenciados con el mayor rigor de la ley, pero “con la sentencia señalada las víctimas están satisfechas y recibieron con alegría y llantos la decisión judicial; es el mejor mensaje por el trabajo realizado a lo largo de estos años”.

Arancibia: Una respuesta esperada
Mirna Arancibia, ex fiscal de Recursos del caso Octubre Negro, expresó que la sentencia es una respuesta de justicia a la ciudad de El Alto y a la población boliviana, y también una satisfacción personal y profesional.
Este proceso —aseguró— se inició con muchos obstáculos desde el momento en que se presenta la acusación probatoria, pero ahora la sentencia cierra un capítulo en la historia de nuestro país.
“La determinación demuestra que sí es posible hacer justicia y que la impunidad no puede permitirse en ningún ámbito político u ordinario”, afirmó Arancibia.
La jurista recordó que en el proceso la defensa de los acusados presentó muchos incidentes como excepciones, durante los más de cinco a seis años que estuvieron en la etapa preparatoria y de investigación del proceso.
Por otro lado, sostuvo que la extradición de las nueve ex autoridades ausentes en este proceso no solamente es un trabajo del Ministerio Público, sino del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la instancia gubernamental que tiene las relaciones políticas y relaciones internacionales.
“Se supone que el Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución llamada por ley para que se pueda cumplir con la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y de quienes se encuentran en Perú y España”, manifestó.
De acuerdo con Arancibia, esta tarea deberá ser asumida de forma responsable por el Órgano Ejecutivo y en especial por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país, de manera que se haga realidad la extradición de Goni.





SENTENCIAN A EX JEFES MILITARES Y EX MINISTROS POR MASACRE EN BOLIVIA

Pueblo en Línea de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)

El Tribunal de Juicio de Responsabilidades de Bolivia emitió el día 30 sentencias contra cinco ex jefes militares y dos ex ministros responsables de la masacre ocurrida en octubre de 2003, la cual dejó más de 60 muertos y 450 heridos.
En un juicio sin precedentes en el país, el Tribunal de Juicio de Responsabilidades sentenció a prisión de 10 a 15 años a cinco ex jefes militares, y de tres años a los ex ministros Adalberto Kuajara y Erick Reyes Villa, los únicos del gabinete del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que no huyeron de Bolivia.
Aún se desconoce la sentencia para el principal acusado, el ex mandatario boliviano Sánchez de Lozada, quien se encuentra refugiado en Estados Unidos desde octubre de 2003. Otros nueve ex ministros están en otros países.
Los dos ex ministros de Estado y los cinco ex jefes militares sometidos a la justicia fueron acusados por delitos que van desde resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, homicidio y, el más grave, genocidio, cuya pena, según el Código Penal oscila entre 10 y 20 años, aunque la parte acusadora pidió 25 años de prisión.
El Tribunal, después de tres años y tres meses de juicio, dispuso 15 años de prisión para el ex comandante de las Fuerzas Armadas, Roberto Claros Flores, y el ex comandante del Ejército, Juan Veliz Herrera.
También condenó a 11 años de prisión a los ex jefes militares José Osvaldo Quiroga y Luis Alberto Aranda Granados, y a 10 años de prisión a Gonzalo Alberto Rocabado.
Los sentenciados deben cumplir su pena en la cárcel de San Roque de la ciudad de Sucre, sede del Organo Judicial, donde se desarrolló el proceso.
El abogado de los familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003, Rogelio Mayta, manifestó que se encuentran en parte satisfechos con el fallo dictado contra de los autores del genocidio, aunque les hubiera satisfecho que la sentencia sea más severa con los ex ministros y los militares.
Según Mayta, ahora se debe trabajar en el juicio contra el ex presidente Sánchez de Lozada y los nueve ex ministros prófugos de la justicia.
"Apelamos a los gobiernos de Estados Unidos y Perú para que puedan facilitar la extradición de las ex autoridades que están siendo acusadas por la muerte de más de 60 personas y las decenas de heridos (...) sus delitos no pueden quedar impunes", afirmó el abogado.
Por su parte, el fiscal de Recursos, Milton Mendoza, señaló que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia es un mensaje a todos los bolivianos y en especial a las autoridades.
"La justicia llega de acuerdo a la responsabilidad de sus actos; esto debe ser un ejemplo para las autoridades que tienen la tendencia autoritaria contra el pueblo", aseguró ante periodistas.
Este caso, conocido como "octubre negro", se originó con una revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares.
Aquellos sucesos llevaron al ex presidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a abandonar Bolivia y renunciar a la continuidad de su segundo mandato; desde entonces reside en Estados Unidos.
Sobre este proceso, el fiscal general Mario Uribe expresó su complacencia por haber llegado al final de un juicio que calificó de histórico e inédito, al señalar que el Ministerio Público cumplió con todos los pasos legales necesarios para lograr una sentencia condenatoria.
La Fiscalía pidió hace tres años la extradición de Sánchez de Lozada y otros ex ministros que están fuera de Bolivia, pero los trámites no prosperaron.
Uribe anunció que la Fiscalía continuará con el esfuerzo para lograr la extradición de Sánchez de Lozada y sus ex ministros radicados en Estados Unidos, y también analiza pedir a Perú y España que revoque el asilo otorgado a otros ex funcionarios acusados que se encuentran en esos países.
MAL PRECEDENTE
Germán Quiroz, abogado del ex comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Juan Veliz, dijo que esta sentencia es un mal precedente, debido a que el fallo afecta de manera directa a esa institución.
Quiroz dijo que de ahora en adelante los jefes militares lo pensarán dos veces antes de acatar una orden superior del presidente de Bolivia, quien es el capitán general de las FFAA.
Tampoco descartó apelar a instancias internacionales para denunciar lo que consideró acciones injustas contra los ex jefes militares, quienes actuaron en cumplimiento de la Constitución.





MILITARES Y EX MINISTROS BOLIVIANOS FUERON CONDENADOS POR GENOCIDAS

Las penas van de tres a 15 años de prisión. “Goni” renunció tras este hecho y huyó a los Estados Unidos. No se sentó en el banquillo porque en Bolivia no se juzga en ausencia. Pero también está acusado junto con otros prófugos.

El Argentino (www.elargentino.com)

El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia condenó ayer como genocidas a dos ex ministros y cinco ex jefes militares del segundo mandato del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) acusados de tener responsabilidad en una masacre de 68 civiles en octubre de 2003, en un hecho conocido como la “Guerra del gas”.
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a once años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años. Todos los ex jefes militares fueron sentenciados por el delito “de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.
Los ex ministros de Desarrollo Sostenible, Erik Reyes Villa, y de Trabajo, Adalberto Kuajara, fueron condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el mismo delito. El tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos ayer tras la lectura de la sentencia.
El abogado Rogelio Mayta, que representa a familiares de las víctimas, explicó que fueron probados “todos y cada uno de los escenarios de conflicto, muerte, lesión, tortura y menoscabo a los Derechos Humanos. También se demostró la “autoría mediata” de Sánchez de Lozada, ministros y jefes militares, quienes tenían autoridad y mando sin estar en los lugares de conflicto”. El letrado dijo que en más de dos años de juicio se probó que “gran parte” de las víctimas murieron “por impacto de armas de guerra, calibre 7,62 milímetros, munición de uso de las Fuerzas Armadas”.
El caso también es conocido como “Octubre negro” porque en ese mes de 2003 estalló la revuelta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares. La población se oponía a un proyecto de exportación de gas hacia los Estados Unidos a través de puertos de Chile. La venta estaba planeada a precios bajísimos y sin calcular el consumo interno.
A raíz de este hecho, Sánchez de Lozada abandonó Bolivia y renunció a la presidencia, el 17 de octubre de 2003. Desde entonces reside en los Estados Unidos, donde es un rico empresario minero.
La Fiscalía General, que pretendía una condena de 25 años de cárcel, gestiona en vano hace tres años su extradición y la de otros siete ex ministros que están asilados, refugiados o residen en los Estados Unidos, Perú y España. El juicio para ellos quedó en suspenso, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
Los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín, de Defensa; Jorge Berindoague, de Minería e Hidrocarburos; y Guido Añez, de Agricultura, también residen en los Estados Unidos. En Perú viven Jorge Torres Obleas, de Desarrollo Económico; Javier Torrez Goitia, de Salud, y Mirtha Quevedo, de Participación Popular, donde cuentan con el estatus de refugiados políticos de ACNUR. El ex ministro de Educación Hugo Carvajal está en España. Se desconoce el paradero de Dante Pino, y Yerko Kukoc falleció este año en los Estados Unidos.





ONU CONSIDERA "MUY IMPORTANTE" CONDENA CONTRA EX MILITARES Y EX MINISTROS DE SÁNCHEZ DE LOZADA

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, ha considerado que la sentencia condenatoria contra cinco ex militares y dos ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la matanza de octubre de 2003 es "muy importante" para Bolivia.

Europa Press de España (www.europapress.com.es)

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Bolivia, Denis Racicot, ha considerado que la sentencia condenatoria contra cinco ex militares y dos ex ministros del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) por la matanza de octubre de 2003 es "muy importante" para Bolivia.
"Esta sentencia es muy importante para la lucha contra la impunidad, para las víctimas y para el país. Hoy se clarificaron hechos muy trágicos y sombríos para la historia de Bolivia", ha dicho Racicot, a su salida del juicio.
En este sentido, ha indicado que la consecución de una condena para estos siete acusados ha sido una "gran hazaña" de las víctimas, aunque ha matizado que su lucha no debe quedar aquí, sino que debe continuar hasta que les sean reparados los daños. "Hay que insistir en la próxima etapa", ha señalado.
Además, ha destacado la actuación del sistema judicial boliviano, que en ocho años ha conseguido culminar un proceso "muy detallado", en el que han intervenido unos 400 testigos y se han presentado unas 1.500 pruebas.
"Creo que la historia judicial del país nunca ha visto un juicio con tantas evidencias. Es muy importante todo el trabajo realizado por los abogados de las víctimas en este caso", ha subrayado, en declaraciones recogidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).
Este martes, la Corte Suprema de Bolivia ha condenado a penas de entre tres y 15 años de prisión a cinco ex jefes militares y a dos ex ministros de Sánchez de Lozada por la represión de las protestas populares contra la exportación de gas a Estados Unidos en las ciudades de La Paz y El Alto en octubre de 2003, por la que murieron 60 personas y unas 500 resultaron heridas.





CRITICAN EN BOLIVIA LA "POLITIZACIÓN" DE LA JUSTICIA

El Tribunal Supremo condenó a varios militares y ex ministros por la muerte de 64 personas durante el llamado Octubre negro. Por el caso, pedirán la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez Lozada desde los EEUU

Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)

Familiares de las víctimas irrumpieron en llanto mientras los sentenciados escucharon de pie y en silencio el veredicto de los jueces en una sesión pública y breve. Por casi 60 días los allegado se habían instalado frente al tribunal para presionar por una sentencia en la sureña ciudad de Sucre, sede el Poder Judicial.
La ex cúpula militar fue sentenciada por los delitos de "genocidio en su modalidad de masacre sangrienta, homicidio y lesiones gravísimas", según el veredicto.
Se trata de los generales Roberto Claros, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas condenado a 15 años de cárcel; Gonzalo Rocabado, ex jefe del Estado Mayor recibió una pena 10 años; Juan Véliz, ex jefe del Ejército pasará 15 años en un presidio; Osvaldo Quiroga, ex comandante de la Fuerza Aérea fue sentenciado a 11 años y el Almirante Luis Alberto Aranda, ex jefe de la Armada 11 años. La Fiscalía había pedido 25 años de cárcel, la máxima pena en Bolivia.
También fueron condenados los ex ministros Erick Reyes Villa, de Desarrollo Sostenible, y Adalberto Kuajara, de Trabajo, a tres años de cárcel cada uno.
Es la primera vez que jefes militares y políticos son sentenciados en el país por la muerte de manifestantes en protestas antigubernamentales.
En busca de la extradición
Sánchez de Lozada, que gobernó en dos períodos, entre 1993 y 1997, y entre 2002 y 2003, fue el principal demandado, pero no fue procesado por encontrarse ausente al igual de once de sus ex ministros, quienes también abandonaron el país alegando persecución política. Todos ellos fueron declarados en rebeldía.
Su abogada Ana Reyes sostuvo en un comunicado desde los Estados Unidos que el juicio fue "político" y que "ningún observador imparcial tomará en serio las sentencias".
"Vanos han sido los esfuerzos del Estado boliviano por lograr la extradición de Sánchez de Lozada y dos de sus ministros que viven en los Estados Unidos", se quejó, en tanto, el fiscal general, Mario Uribe. Esta primera sentencia puede acelerar los trámites de extradición, acotó.
El ex mandatario se refugió en los Estados Unidos tras su caída y actualmente vive en un suburbio de Washington. Sólo dos ministros y la cúpula militar de entonces afrontaron el juicio oral y público que duró dos años y tres meses. A su vez, uno de los 17 acusados murió en junio en Miami, el ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc.
"La sentencia es clara y se debe cumplir en la cárcel", afirmó Uribe tras la sesión.
Sólo Véliz estuvo detenido. Los otros afrontaron el juicio en libertad. Luego la sesión, los siete sentenciados fueron conducidos el penal de San Roque en la ciudad de Sucre.
"Hoy vuelvo a reiterar mi inocencia, y continuaré proclamándola hasta que mi corazón deje de latir. El general Juan Véliz no jaló del gatillo ni encendió la mecha, jamás ordenó matar", señaló el propio militar en primera persona tras la audiencia.
El caso
Conocido como "Octubre Negro", las protestas sociales de 2003 cambiaron dramáticamente el curso político del país. Marcaron el derrumbe de los partidos tradicionales y el ascenso de nuevos líderes entre ellos el actual presidente Evo Morales, quien saltó a la política desde los combativos sindicatos cocaleros.
Los dirigentes que alentaron las protestas fueron amnistiados por el presidente Carlos Mesa (2003-2005), que sucedió a Sánchez de Lozada, a pesar del pedido de algunos acusados de incluir a Morales y otros sindicalistas en el juicio.
La amnistía aprobada por Mesa, "sólo favoreció a los agentes subversivos y sediciosos y llevó a que exista este tipo de condenas en contra de funcionarios que cumplieron la ley", afirmó Elizabeth Vargas, abogada de los acusados, tras escuchar la sentencia.
Sánchez de Lozada había señalado, durante el conflicto y después, que se trató de "levantamiento del narcosindicalismo" para derrocarlo. El general Rocabado alegó en el juicio que los militares afrontaron una "insurrección armada para desestabilizar al Gobierno".
La oposición de varios sectores de la población a un proyecto para exportar gas natural, la mayor riqueza del país, por un puerto de Chile, gatilló las protestas.
Por orden del gobierno, los militares salieron a las calles para romper barricadas callejeras que dejaron sin combustibles ni alimentos a La Paz por más de 15 días. La represión dejó 64 muertos y 405 heridos. Los manifestantes enfrentaron a los soldados con palos, piedras y algunos mineros usaron dinamita en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz y epicentro del conflicto.
El presidente Morales fue el primero que presentó una acusación en 2003 cuando todavía era diputado en contra de los responsables de la "masacre". Los acusados demandaron que el mandatario también sea procesado por instigar las protestas.
El tribunal interrogó a Morales por escrito. Este respondió que durante el conflicto estaba en el Chapare, la zona cocalera del centro del país, "coordinando actividades de interés nacional con las organizaciones sociales, autoridades e instituciones mediadoras (en el conflicto) a fin de canalizar las iniciativas y solicitudes de los ciudadanos".





Problema de frontera

BOLIVIA EXIGE REVISAR LÍMITES INTERNACIONALES

Nuevamente dirigentes bolivianos denuncian que Argentina roba territorio.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)

Según el diputado del Movimiento al Socialismo, partido gobernante de Bolivia, José Yujra, Argentina estaría despojando de 7 kilómetros de territorio al departamento boliviano de Bermejo. Como se recordará, este conflicto se inició por las mismas denuncias que a fines del año pasado derivó en la intromisión armada del coronel Willy Gareca en suelo argentino.
Según Yujra, en una primera auditoria in situ, una comisión encargada de revisar los límites no pudo encontrar dos hitos, el 26 y el 27. Ante esta situación, parlamentarios oficialistas propusieron conformar una comisión conjunta con la Cancillería y el Instituto Geográfico Militar para auditar todos los hitos y tratados fronterizos con el país.
“Desde que surgió el ingenio azucarero, muchos bolivianos han plantado caña en la frontera. Pero a partir del 2005 han sido despojados por la última determinación que se hizo entre las cancillerías de Argentina y Bolivia”, declaró Yujra.





CANCILLERES DE PERÚ Y BOLIVIA FIRMAN ACUERDO PARA DESARROLLAR PUERTO DE ILO

Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net/secciones)

El canciller de Perú, Rafael Roncagliolo, y su par boliviano, David Choquehuanca suscribieron este martes en la ciudad de La Paz, un acuerdo para construir un ferrocarril que vaya de Puerto Suárez, en la frontera de Bolivia con Brasil, hasta Ilo, en el sur de Perú, que fortalecerá el comercio bilateral y esta zona de la nación peruana.
Asimismo, los dos titulares de exteriores acordaron un plan para distribuir los recursos hidrícos que ambas naciones comparten.
Roncagliolo y Choquehuanca conversaron sobre la promoción comercial, inversiones, turismo y la integración y la seguridad en la zona fronteriza entre las dos naciones.
Los ministros estudiaron "las acciones para implementar el Protocolo de Ilo suscrito en 2010", para llevar acabo los acuerdos, dice el documento firmado por los cancilleres.
Antes de su partida a La Paz, Roncagliolo expresó en una entrevista ofrecida a la prensa de su país que esta visita ''creo que debe servir para fortalecer muchísimo nuestra relación con Bolivia''.
En el año 2010, el presidente Evo Morales suscribió con el presidente peruano de ese entonces, Alan García, un protocolo complementario para reforzar el tratado de 1992 que ponía a disposición de Bolivia una zona franca sin soberanía del puerto de Ilo.
Rocangliolo arribó este martes a Bolivia en el marco de una visita oficial al país del Altiplano, la primera que realiza desde que fue nombrado canciller.
''Viajar en primer lugar a Bolivia como canciller es una señal de la importancia que les damos a las relaciones bilaterales'', dijo al llegar. El canciller peruano comentó que su siguiente visita oficial será a Chile, probablemente el viernes próximo.





Ante la creciente demanda

BOLIVIA DICE QUE ESTÁ EN "CONDICIONES" DE INCREMENTAR ENVÍO DE GAS A ARGENTINA EN EL FUTURO

Ambito de Argentina (www.ambito.com)

Bolivia estará en condiciones de exportar desde 2014 unos 27 millones de metros cúbicos diarios de gas natural (MMCD) a Argentina, aún si no estuviese listo el Gasoducto Nordeste Argentino (GNEA), afirmó un ejecutivo de la estatal petrolera boliviana YPFB.
"Aunque no hubiera el GNEA, la demanda de Argentina es tan grande que todo lo que Bolivia pueda exportar, inclusive llegando a 27,7 millones de metros cúbicos diarios de gas, va a ser cubierto por el sistema argentino", afirmó Christian Inchauste, ejecutivo de la firma YPFB-Transporte, ante una consulta de la AFP en una rueda de prensa.
Explicó que "YPFB estaría en condiciones de atender en el año 2014" las necesidades argentinas del energético, cuando ya esté totalmente terminado un gasoducto fronterizo binacional de unos 48 kilómetros que ambos países impulsan, denominado Gasoducto de la Integración Juana Azurduy (GIJA).
El GIJA, ya en operaciones en parte, debe técnicamente conectarse con el GNEA, de unos 1.500 km y que el gobierno argentino debe construir a un costo de 6.186 millones de dólares, para abastecer las necesidades de las provincias de Salta, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Sin embargo, el GNEA va retrasado, un problema que para Bolivia no es de su preocupación.
El GIJA "permitió que nos conectemos a la Red de Transportadora de Gas del norte argentino y con ello podemos despachar gas al sistema argentino, cuyo mayor demandante es esencialmente Buenos Aires", detalló Inchauste. "Argentina está con una producción declinante (de gas) a largo plazo. Tiene dos proveedores externos de gas: uno somos nosotros (Bolivia), que es el principal, y han habilitado dos plantas de regasificación en Bahía Blanca y frente a las costas de La Plata", explicó.
El gas que llega por alta mar viene desde Qatar, a "cinco dólares más" que el energético que ahora Bolivia vende a Argentina, en unos 10 dólares el millón de BTU (unidad térmica británica de venta). Bolivia y Argentina firmaron en 2006 un contrato de compra venta de gas. Bolivia suministra en la actualidad por el GIJA un promedio de 10 MMCD y desde 2014, deberá subir de 14 hasta 27,7 MMCD por 20 años. "A partir de ahora queda como responsabilidad de Argentina de iniciar la construcción del GNEA", apuntó el ejecutivo boliviano.





LULA INSTA EN BOLIVIA A INTEGRACIÓN Y CONFIANZA PARA DESARROLLO REGIONAL

Pueblo en Línea de China (www.spanish.peopledaily.com.cn)

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó el día 30 a los empresarios bolivianos y de Latinoamérica a trabajar por la integración y generar confianza para forjar vínculos que fortalezcan el desarrollo económico y social de la región.
"Latinoamérica no sólo tiene que ver a Europa y Norteamérica como los únicos mercados que le traerán prosperidad, sino que debe mirar su propio potencial de producción.
"Además, es fundamental generar sociedades entre firmas bolivianas y brasileñas para emprender proyectos conjuntos", afirmó.
En la conferencia sobre "La integración regional y desarrollo social y económico de los países latinoamericanos" que se desarrolló en la ciudad boliviana de Santa Cruz, Lula manifestó que durante su gestión, 27,9 millones de personas salieron de la pobreza y 35,7 millones ascendieron a la clase media.
El evento, que se realizó en el Hotel Los Tajibos, fue organizado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBHE), la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), la Confederación de Empresarios de Bolivia (CEPB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) con el auspicio de la empresa brasileña OAS.
Según la explicación del ex mandatario, una de las trabas que identificó durante su mandato fue que entre latinoamericanos no existe suficiente confianza para generar vínculos que alienten la integración regional.

"No es posible que América del Sur no esté unida, es necesario construir esa unión; cuando regresé a Brasil la gran empresa mi criticó, me dijo que no era posible que yo desarrolle la economía con América del Sur, porque todos eran países pequeños y que había que privilegiar las relaciones con Estados Unidos y Europa, lo que era una posición equivocada", afirmó el ex dignatario.
En su exposición fue enfático al señalar que es fundamental una sociedad entre empresas bolivianas y brasileñas, que no deben escatimar esfuerzos gestionando ante el gobierno y ante la embajada brasileña para que los proyectos se desarrollen.
"No quiero empresas brasileñas que vengan y compren empresas bolivianas, sino que se asocien para generar más fuentes de empleo", recalcó.
A la conferencia asistieron representantes de instituciones empresariales locales y nacionales, así como autoridades gubernamentales y departamentales.
A su vez, el presidente de los empresarios de Santa Cruz (Cainco), Luis Fernando Barbery, señaló que la integración entre Brasil y Bolivia es muy importante para el flujo comercial, así como para el desarrollo de proyectos conjuntos que brinden mejores condiciones para sus habitantes.
"Complementar economías es apoyar las estructuras de ambos países, reconocer sus potencialidades y encontrar sus complementariedades.
"Tener un país de las dimensiones de Brasil significa una gran oportunidad para Bolivia, porque se abre un buen mercado", aseveró.
En su turno, Daniel Sánchez, de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), dijo que se debe buscar que Brasil compre productos bolivianos.
Consideró que la buena relación con el país carioca debe ser aprovechada para efectuar buenos negocios.





LA CRISIS GLOBAL DA IMPULSO A LA CREACIÓN DEL BANCO DEL SUR

Después de siete años de la iniciativa de Venezuela y casi cuatro años desde la firma del acta fundacional por parte de siete países miembros de la UNASUR, el BANCO DEL SUR está más cerca de ser una realidad.

La Nueva Tribuna de España (www.nuevatribuna.es)

La profundización de la crisis internacional empuja a los mandatarios de América Latina a concretar la creación de instrumentos autónomos tanto para preservar a la región de la transferencia de los costes que los países desarrollados suelen hacer al Sur, como para promover el desarrollo regional interno.
Desde la propuesta inicial, en solitario, del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2004, se ha pasado a un contexto en el que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se ha convertido recientemente en un importante promotor del proyecto.
Chávez y el entonces presidente argentino Néstor Kirchner retomaron la idea en 2006. Al año siguiente se incorporaron Ecuador, con el presidente Rafael Correa y Brasil, con Lula Da Silva. Hacia finales de año, diciembre de 2007, se firmó el acta fundacional. En 2009 se sumaron Bolivia, Paraguay y Uruguay. Entonces se excusaron los países más cercanos a Washington: Colombia, Perú y Chile, Guyana y Surinam. No obstante, el convenio constitutivo prevé la posibilidad de que se sumen con igual voz y voto que el resto, cuando lo consideren pertinente. Colombia y Perú ya manifestaron su interés en integrarse a los equipos técnicos.
En el camino, la propuesta se fue enriqueciendo y afinando: de ser concebido inicialmente como una herramienta para romper el círculo vicioso entre los países de la región y los organismos tradicionales de crédito (para la región, verdaderas instituciones hacia la profundización del subdesarrollo), el Banco del Sur hoy, sin resignar su objetivo inicial, contempla la posibilidad de que viejos organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Corporación Andina de Fomento (CAF) participen como aportantes de fondos.
Una comisión técnica está trabajando en los aspectos operativos del Banco del Sur para acelerar su concreción una vez que se cuente con las aprobaciones parlamentarias pendientes. El convenio constitutivo establece que entrará formalmente en funciones cinco días después de que la mitad más uno de los países miembros que, a su vez, representen dos tercios del capital suscripto, hayan depositado los instrumentos de ratificación en la sede central, en Caracas.
La sede del Banco del Sur estará en Caracas y están previstas dos subsedes, en La Paz y en Buenos Aires.
Prestará dinero a gobiernos nacionales, provinciales, empresas mixtas y privadas, siempre y cuando su proyecto de inversión coincida con los lineamientos de desarrollo regional, previo consentimiento del país donde se realizará el desembolso.
Un principio general fija que los proyectos a financiar deberán tener alguna incidencia regional, apuntando a la soberanía energética, alimentaria, de salud, el desarrollo de las artes y las ciencias, el transporte, siempre desde una perspectiva de inclusión y equilibrio regional.
Se previó, además, constituir dos fondos especiales. Uno de solidaridad social y otro para atender emergencias ocasionadas por desastres naturales
Según distintos cálculos, podrá prestar hasta cuatro veces su capital inicial (unos 40.000 millones de dólares al principio). Se permitirá a las naciones chicas disponer de hasta ocho veces su aporte. Los grandes tendrán un máximo de cuatro veces.
La iniciativa contempla la integración de un capital total de 20.000 millones de dólares, pero en una primera etapa, sólo se aportarán 7000 millones, destinados a la constitución de la entidad. Argentina, Brasil y Venezuela integrarán 2.000 millones de dólares cada uno, en cinco años, el 20 por ciento en efectivo y el resto como capital de garantía. Uruguay y Ecuador aportarán 400 millones cada uno en nueve años y Bolivia y Paraguay, 100 millones también en nueve años.
De ese total, Argentina, Brasil y Venezuela serán los que más inviertan, en total serán 6000 millones de dólares, en un plazo de cinco años. Ecuador y Uruguay aportarán 400 millones de dólares, mientras que Bolivia y Paraguay 100 millones. Si los países restantes del bloque quisieran integrarse al organismo, podrían suscribir capital hasta los 3000 millones de dólares.
Si Chile, Colombia y Perú decidieran incorporarse deberían aportar 970 millones de dólares cada uno y Guyana y Surinam, 45 millones. Tendrían el mismo poder de voto que los países fundadores.
Además está prevista una emisión de acciones de hasta 20 mil millones de dólares para incluir eventuales aportes de bancos centrales, organismos multilaterales y países que no sean miembros de la UNASUR. Estos participantes sólo tendrán voto en el Consejo de Auditoría. Las autoridades del Banco, Consejo de Ministros y Directorio, están reservadas para la UNASUR.
El secretario de Finanzas de Argentina, Hernán Lorenzino, explicó recientemente en la Comisión de Finanzas del Parlamento que “la forma en que se estructurará el gobierno corporativo es lo más distintivo de la entidad. Todos los países tendrán el mismo poder de voto, sin importar el capital suscrito. Además, comprenderá a todos los países de la Unasur, a pesar de que no todos hayan firmado su creación”. Un criterio más cercano a la filosofía del cooperativismo (una persona, un voto) que a la de los organismos financieros multilaterales en los que la capacidad de voto está determinada por el capital que se aporta.
No obstante, la mayor integración de capital por parte de los países grandes de la región les da cierto poder de veto, que será operativo con créditos que superen los 70 millones de dólares. Es un umbral bajo. Pero ningún país por sí solo puede vetar o impulsar un proyecto, ya que se necesita la aprobación de los dos tercios del capital.
Para su puesta en marcha es necesario que los dos tercios de sus miembros ratifiquen en sus parlamentos su creación. Ya pasaron el trámite legislativo Venezuela, Ecuador y Bolivia. Argentina ya tiene media sanción del senado y todo indica que en la primera semana de septiembre obtendrá la aprobación de la cámara de diputados. El siguiente país sería Uruguay, unas semanas después, con lo que podría iniciarse la puesta en marcha efectiva.
Los otros dos países firmantes del acta fundacional son Brasil y Paraguay, que enfrentan dificultades para la aprobación por parte de sus parlamentos. En el caso del presidente Lugo, le faltan apoyos. En el caso de Brasil, empezó a implicarse más firmemente con el proyecto durante este año, cuando la crisis comenzó a generar creciente impactos y los gobiernos de la región comenzaron a asumir que ningún país podrá salvarse solo.
Intervención de Pedro Páez, Presidente de la Comisión Ecuatoriana para el diseño de la nueva arquitectura financiera - Banco del Sur, en la Trobada Internacional de Barcelona Consensus: un camí de de canvi pels indignats (1- 3 mayo 2011).





LA EMBAJADA DE BOLIVIA ACUSA A FEDABOL

Si Se puede de España (www.sisepuede.es/noticias-espana)

La embajadora de Bolivia en España, Carmen Almendras, acusa a la Federación de Asociaciones Bolivianas y Latinoamericanas (Fedabol) de hacer aseveraciones que no corresponden a la realidad institucional tras las acusaciones recibidas el pasado mes, en las que se culpaba, entre otras cosas, al Consulado de Madrid de despedir a la mayoría del personal con la llegada de su responsable, María Celia Orellana.
“El Consulado hizo una reestructuración por la nueva cónsul general, quien, como medida inmediata para la atención digna y transparente del ciudadano, se vio obligada a despedir a malos funcionarios públicos cuya negligencia ha generado daño a los ciudadanos”, puntualizó Almendras. Respecto a la petición de Fedabol de que la embajadora y Orellana Madrid sean destituidas, Almendras indicó que se ha conocido que algunos supuestos firmantes han manifestado no ser parte de esa federación y que expresan su desacuerdo con el comunicado que ésta emitió.
“La Embajada es transparente. Lo que no ha hecho es otorgar favores preferentes a ninguna asociación ni ha permitido que, bajo presiones, algunos dirigentes ocupen cargos”, dice, en su lucha contra la corrupción.

martes, 30 de agosto de 2011

HUMALA BUSCA HACER ALIANZA CON BOLIVIA




Parece que el sueño del dictador venezolano Hugo Chávez va tomando forma en Sudamérica, pues Ollanta Humala se muestra muy interesado en formar una alianza entre Perú y Bolivia, utilizando como pretexto las raíces indígenas que ambas naciones tienen y buscando –como lo desea el chavismo– hacer ver a los Estados Unidos como el país enemigo que no debe entrometerse en la región, ni siquiera con la erradicación del principal insumo de la cocaína: la hoja de coca.
¿Qué intereses comunes existen entre Perú y Bolivia? Frente al anuncio del presidente de la República, Ollanta Humala, de crear próximamente “una gran alianza estratégica económica de los pueblos del sur, la cual incluye una conectividad de Tacna hacia Bolivia”, el economista Alejandro Indacochea calificó a tal planteamiento de “precario y de una clara señal de desconocimiento del enfoque integracional del país”.
Dijo que si bien Bolivia es nuestro vecino y el sur juega un rol importante en la integración, mirando las cosas desde otra perspectiva, la unión va hacia otra dirección, mirando hacia delante, con países más rápidos.
“La alianza con Bolivia nunca ha sido buena, hay un problema en el enfoque de integración y no están visualizando cuál es lo más pragmático y qué nos sirve como desarrollo económico en el país”, declaró a EXPRESO.
Recordó que el Perú tiene 14 Tratados de Libre Comercio (TLC) y que es sabido que en agenda existen más de por medio, la política no tiene por qué ser diferente.
“Que exista armonía con nuestros vecinos, pero nuestra integración tiene otro rumbo. Consideremos el riesgo que se corre si queremos ser todos para todos, podemos terminar siendo nada para nadie”, advirtió.
¿Nos beneficia?
En ese sentido, teniendo en cuenta los posibles márgenes económicos de Bolivia, Indacochea aseguró que no tenemos mucho de qué beneficiarnos. “La integración con Bolivia siempre ha sido limítrofe, con un comercio muy precario, realmente veo un alcance muy limitado, un intercambio de planes estratégicos, no veo ni mayores logros ni mayores perspectivas, con Bolivia solo podemos tener sentimiento de solidaridad”, refirió.
¿Se podría pensar en Brasil o en otro país? “Exacto, constituimos el ‘Arco del Pacífico’, tranquilamente podría acercarse más a Chile o Colombia, estamos en esa dirección y constituimos una política definida, integración ante el mundo y desarrollo de competitividad, lo otro son modelos inversos, marchar hacia atrás es mirar un esquema donde ya sabemos que no tenemos nada que hacer”.
“Sin razón”
Para el también analista y economista Miguel Santillana no existe explicación alguna para la llamada “conectividad” que se busca con un país como Bolivia.
“Existe una carretera de hace años, entre Ilo y La Paz, ¿que más quieren hacer?, no entiendo. Todos sabemos cuál es el club de amigos que tiene el presidente. Escuchamos el discurso del premier (Salomón Lerner) y no tiene nada que ver con lo que ocurre en Bolivia o Ecuador”, precisó.
Santillana sugirió estar atentos a lo que se plantee ya que es difícil hablar de una integración cuando no han sido subsanados temas como la lucha contra las drogas, contrabando y trata de personas. “Hay un interés de acercarse a los países amigos. Que las cosas se hagan sin un sesgo ideológico, ese no debe ser el rumbo”, señaló.
Críticas a macrorregiones
Conocida la propuesta del Ejecutivo de instaurar cinco macrorregiones en el país, porque “no podemos seguir teniendo departamentos pobres” según el premier Salomón Lerner; el titular de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Vladimir Cerrón, aseguró que “existe preocupación con la iniciativa ya que se debe entender que no solo se trata de una demarcación territorial sino de considerar algunos aspectos que van a estar proclives a un cuestionamiento o debate”.
Dijo que es importante analizar el potencial económico de las regiones. “El potencial de integración que pueda tener cada una de ellas (regiones) y sobre todo, saber si la propuesta será funcional”, refirió.
“Los presidentes hemos estado conversando del tema, se ha dicho que será una macrorregión tipo transversal donde se va a considerar la Costa, Sierra y Selva; sin embargo, ese proceso de macrorregión no parte de una simple demarcación territorial, sino del análisis de su potencial económico y de su potencial de integración”, expresó.
Cerrón contó que teniendo la experiencia de los años 90, con las asambleas regionales, que generaron mucho problema al momento de elegir las capitales, consideró que se necesita estar seguros de que no primará criterios de otra índole. “De aceptarse la propuesta desaparecerán tres gobiernos regionales y por ende tres presidentes, lo cual traerá como consecuencia que algunos proyectos no puedan seguir adelante”, opinó.
“Casta burocrática”
El congresista Juan Carlos Eguren advirtió que hay una casta burocrática e ineficiente que se resiste al cambio en los gobiernos regionales para dar paso a las macrorregiones, y ese es uno de los problemas principales que afrontará el presente gobierno. “Tampoco se puede hacer un cambio de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Este es un plan que no será fácil llevar a cabo, que es complejo ya que para iniciarlo hay que tener un plan y una estrategia”, señaló.
Para el parlamentario, “en principio lo que se requiere iniciar para este proceso es un plan y una estrategia, que no es proceso fácil para llevar a cabo, que es complejo”. “Es fundamental implementar el Consejo Intergubernamental que se creó en reemplazo del Consejo Nacional de Descentralización, pero que no ha sido implementado, es necesario también que el Poder Ejecutivo lidere este proceso donde hay que tener un horizonte no menor de cuatro años para poder conseguir macrorregiones sólidas y fuertes que puedan perdurar en el tiempo”, subrayó.
La creación de regiones piloto que permitan orientar un mejor proceso de descentralización con miras a crear las macrorregiones en el país, planteó el segundo vicepresidente del Congreso, Yehude Simon.
“Considero que primero deben formarse dos o tres regiones piloto y en función a eso pensar en las macrorregiones”, dijo.
El dato
El último domingo el presidente Ollanta Humala anunció que la alianza estratégica económica de los pueblos del sur y Bolivia, la cual estará conformada por Puno, Arequipa, Cusco, Apurímac, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua y Tacna, se establecerá, con el apoyo de la empresa privada.





La crisis energética

EL NUEVO GASODUCTO NO TRAE MÁS GAS DE BOLIVIA

Aporta la mitad de lo que anunció Cristina

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

En julio, cuando la ola de frío obligó a cortar el suministro a unas 300 industrias y cuando ya estaba en funcionamiento el promocionado gasoducto internacional Juana Azurduy (GIJA), la Argentina recibió de Bolivia menos gas por día que en el caluroso febrero.
En efecto, según la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), durante julio se exportaron a nuestro país 7,62 millones de metros cúbicos diarios (mcd) de gas natural, bajo el marco del acuerdo con la estatal argentina Enarsa. En febrero habían sido 7,7 millones.
Además de las condiciones climáticas, la gran diferencia es que en julio ya estaba en marcha el nuevo gasoducto de 30 pulgadas, cuya construcción demandó una inversión de 173 millones de pesos. El 30 de junio pasado, en un acto que se transmitió por cadena nacional y contó con la presencia del mandatario boliviano, Evo Morales, la presidenta Cristina Kirchner prometió: "Son 48 kilómetros [de gasoducto] que van ya a inyectar a partir de hoy 7 millones y medio de metros cúbicos por día de gas". Al día siguiente, por ese caño pasó algo menos de un millón de mcd.
Durante los primeros días todavía se siguió usando el viejo gasoducto de 24 pulgadas Pocitos-Campo Durán para mandar parte del fluido contratado por la Argentina. La inyección en el GIJA fue creciendo hasta llegar a 7,1 millones el 12 de julio, cuando el otro gasoducto pasó a ser una especie de back-up por cualquier eventualidad del caño principal.
Según voceros del Ministerio de Planificación, "Bolivia está mandando lo que está acordado, que es de 7,7 a 11,3 millones este año y desde 11,6 millones a partir del año próximo". Entre el 26 y el 30 de julio, Bolivia envió más de 10 millones de mcd (el pico fue 10,69 millones). Pero aun con esos picos -que según Planificación se repitieron el 4 y 5 de este mes- en julio el promedio diario (7,62 millones) se mantuvo por debajo de lo estipulado en el convenio YPFB-Enarsa. Ese promedio se ubicó sólo medio millón de mcd por encima del de junio, el último mes antes de la inauguración del ducto.
Ocurre que más allá de los picos de 10 millones, hubo muchos días que se importaron sólo 7 millones, o incluso menos. El 9 de julio, ingresó sólo medio millón de metros cúbicos entre los dos gasoductos.
"Cuando Bolivia tiene mayor disponibilidad, por el GIJA llegan a entrar 10,5 millones de metros cúbicos. Pero dependemos de la producción en los yacimientos bolivianos", explicaron fuentes del sector gasífero argentino, que destacaron que -más allá de que siga ingresando la misma cantidad que antes- "operativamente es muy bueno que esté en funcionamiento el GIJA, que es un caño con mayor seguridad y mayor margen para cuando tienen que ingresar volúmenes superiores".
Lo que queda
El ex secretario de Energía Daniel Montamat añadió otro condicionante que reduce los envíos: "Sólo nos dan algo más cuando Brasil reduce la compra. Si en algún momento necesita menos, entonces liberan algo más para la Argentina", explicó. Bolivia le envía a Brasil unos 28 millones de mcd y tiene un consumo interno de algo menos que 10 millones. El resto de su producción es lo que queda para la Argentina.
Lo que sí cambió en julio fue el precio que la Argentina paga a Bolivia. Desde ese mes y hasta fin de septiembre el costo es de 10,20 dólares el millón de BTU (unos 2,9 millones de dólares diarios). Eso es un 16% más que lo que se pagaba en junio y un 34% más de lo que se pagaba durante el primer trimestre (y 300% más de lo que se paga a los productores locales de gas). La Argentina pagó casi 400 millones de dólares por el gas importado en el primer semestre.
Los beneficios del GIJA, prometen en el Gobierno, serán más visibles cuando se empiece a incrementar la cuota de gas que envía Bolivia, un cronograma progresivo que llega hasta los 27,7 millones en 2021, según el acuerdo firmado hace un año y medio. En realidad, ésa fue una adenda al convenio original firmado por Evo Morales y Néstor Kirchner en 2006, que preveía que ya para 2010 la Argentina importara los casi 28 millones de mcd de gas, que deberían ser destinados al gasoducto del noreste (GNEA), pero las obras todavía no comenzaron.





ABREN PICADAS EN LA FRONTERA CON BOLIVIA PARA FRENAR HECHOS ILÍCITOS

La demarcación de los hitos con el vecino país debe ser una causa nacional, según la cancillería.

La Nación de Paraguay (www.lanacion.com.py)

La Comisión Nacional Demarcadora de Límites viene realizando trabajos para poner en condiciones la picada en línea fronteriza con Bolivia. El presidente de la comisión, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajador Enrique Jara Ocampos, informó que la adecuación y demarcación de los hitos fronterizos con el vecino país debe ser una causa nacional. Señaló que la frontera seca de unos 700 km. está ubicada en una zona inhóspita y aislada por lo que urge la presencia del Estado. Los trabajos de campo se están realizando con Bolivia, en la frontera oeste, entre Pozo Hondo y Fortín Mayor Infante Rivarola, departamento de Boquerón.
Jara Ocampos expresó que las tareas, que consiste en abrir surcos o caminos a través de tractores, proseguirán teniendo en cuenta las condiciones climáticas favorables y la buena predisposición de la Gobernación de Boquerón, que apoya el trabajo con maquinarias, implementos y recursos humanos, además de la experiencia y conocimiento de la zona.
Agregó que la comisión está gestionando igualmente el apoyo de otras instituciones como la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y el Ministerio de Obras Públicas para continuar los trabajos en los tramos: Hito Principal Vértice II “10 de Octubre” – Hito Principal Vértice III “Sgto. Rodríguez”, (55 km); Hito Principal Vértice III “Sgto. Rodríguez” – Hito Principal Vértice IV” Gabino Mendoza” (65 Km), totalizando 120 km más de picada.
FRONTERA SECA
Jara Ocampos explicó que el programa de actividades de la comisión mixta para el presente año, figura la apertura de picada límite en el tramo comprendido entre el Hito Principal I “Esmeralda” e Hito II “10 de Octubre” la cual se llevo a cabo en su primera etapa, del 27 de mayo al 15 de julio de corriente año, con apoyo del Comando de Ingeniería del Ejército (Cominge) y en forma conjunta con la Comisión Boliviana de Soberanía y Límites, cuyo equipo técnico aun se encuentra en la zona.
Justamente, el vicecanciller de Bolivia Juan Carlos Alurralde explicó al diario boliviano Página Siete que la delimitación fronteriza es un tema muy “sensible” porque origina una serie de “conflictos” a las personas que transitan por esas áreas, pues como la demarcación no es clara no saben en qué país se encuentran. Además, con esta demarcación se busca evitar hechos ilícitos, como el contrabando o narcotráfico, añadió.
El reglamento técnico de la Comisión Mixta, instalada el 31 de mayo último, establece que la línea límite en la frontera seca entre Paraguay y Bolivia debe mantenerse limpia por medio de una picada de 8 metros de ancho, con el objeto de permitir la erección de hitos de II Y III orden, la intervisibilidad de los hitos contiguos y a la vez facilitar a las autoridades competentes de cada país, las tareas de patrullaje y monitoreo permanente de la zona limítrofe.
Comisión Mixta
En mayo último se realizó en La Paz (Bolivia) la inauguración de la Primera Reunión de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo–Boliviana, con la presencia de los cancilleres de Paraguay y Bolivia, Jorge Lara Castro y David Choquehuanca, respectivamente. La conformación de la comisión mixta se dio tras casi 73 años de la suscripción del Tratado de Paz (1938). El documento final suscrito en Buenos Aires en el 2009 establece la ubicación de los 11 hitos principales más los secundarios a lo largo de los 704 kilómetros de la frontera terrestre y 38 kilómetros de frontera fluvial.
El encuentro bilateral ente Lara Castro y Choquehuanca, dio seguimiento al acuerdo al que llegaron en abril del 2009 los presidentes de Paraguay y Bolivia, Fernando Lugo y Evo Morales, con la firma del acuerdo de la demarcación definitiva de los límites, luego de 70 años de la suscripción del Tratado de Paz.





PSUV EXPRESA SOLIDARIDAD CON BOLIVIA ANTE INTENTOS DESESTABILIZADORES

AVN de Venezuela (www.avn.info.ve)

El Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) manifestó este lunes su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Bolivia ante “la campaña de desestabilización contra el presidente Evo Morales”, dijo Rodrigo Cabezas, del buró político.
En una rueda de prensa ofrecida en la sede de la militancia, en Caracas, Cabezas indicó que el partido socialista expresa su apoyo “ante otra nueva intentona desestabilizadora de la vida política y democrática de ese pueblo hermano de Bolivia”.
Recalcó que es previsible que "esta nueva campaña esté dirigida por funcionarios de la embajada norteamericana”, tal como lo denunció el presidente Morales.
La semana pasada, el Gobierno del Mandatario boliviano acusó a la denominada Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Usaid) de poner en marcha una estrategia bajo el nombre de Iniciativa para la Conservación de la Amazonia, con la intención de desestabilizar.
El director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de Macroregiones y Fronteras (Ademaf), Juan Ramón Quintana, informó que la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) ha recibido de Estados Unidos y sus agencias más de 3,5 millones de dólares para que se conviertan en los “peones de la política ambiental del país del norte”.
Señaló que en Bolivia lo que busca la conspiración es transnacionalizar la amazonia boliviana del norte, de Pando y la Chiquitanía, para que sean objeto de saqueo de parte de las empresas privadas extranjeras.
Quintana destacó que la primera fase del plan de desestabilización del Gobierno se dio en 2008 con la puesta en marcha de un golpe de Estado cívico Prefectural y después con un abortado programa de dividir al país con el estallido de una guerra civil.





LA ETNIA GUARANÍ DE BOLIVIA APOYA LA MARCHA CONTRA EVO

Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com.py)

Unos 400 miembros de la etnia guaraní cortaron ayer un tramo de la ruta que lleva de Bolivia a Argentina en apoyo a los más de mil indígenas que marchan desde la Amazonia hacia La Paz para oponerse a la construcción de una carretera que dividirá en dos una reserva natural.
El corte afecta al tramo entre la ciudad de Santa Cruz y el poblado de Yacuiba, en la frontera con Argentina, dijo el presidente de las organizaciones indígenas de Santa Cruz, Ernesto García.
"Estamos en un punto estratégico, sobrepasando más de 400 hermanos para tomar otras medidas en respaldo a la marcha. La toma de la carretera es indefinida, dependerá de la voluntad del gobierno", dijo García a una red de radios católicas.
La medida, que se replicará en otras rutas de los departamentos de Tarija y Chuquisaca, respalda la marcha de los indígenas amazónicos que se oponen a que una ruta que se construye para unir la zona cocalera del Chapare y la Amazonia atraviese por el Territorio Indígena Parque Isiboro Sécure (TIPNIS), una reserva natural de un millón de hectáreas.
La marcha, que se inició hace dos semanas en la ciudad amazónica de Trinidad, está detenida en el poblado de Totaizal (a 500 km de La Paz), a la espera de un diálogo, aunque el gobierno pide que este diálogo no se haga en el mismo lugar donde está la marcha.
"Parece que no tiene sentido instalar mesas de diálogo con la multitud", dijo el ministro de Obras Públicas, Omar Delgadillo, que relató que en un primer acercamiento con los marchistas, la semana pasada, una turba de radicales impedía cualquier consenso.
"No lo vamos a hacer en la multitud; no lo vamos a hacer en el lugar donde está la marcha", señaló.
DIÁLOGO. En la réplica, los indígenas dijeron que "estamos preparados para iniciar el diálogo; esperamos que los ministros van a llegar a San Borja", un poblado cercano a la marcha, dijo Adolfo Chávez, uno de los líderes de la caminata y presidente de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia Boliviana (CIDOB).
Según Delgadillo, tras pactarse la negociación y avanzar "en cuanto se pueda, el presidente (Evo Morales) está con disponibilidad de recibirlos en palacio" de Gobierno.
Delgadillo dijo ayer en rueda de prensa que si los indígenas quieren reunirse tendrán que enviar una delegación a algún pueblo cercano a la marcha porque ya no se enviarán autoridades para dialogar en la carretera.
Agregó que el presidente Evo Morales "está en disposición de recibirlos en el Palacio de Gobierno", aunque los indígenas insisten en que el mandatario debe ir a su encuentro en la Amazonía.
Organizaciones de campesinos y productores de coca afines al gobierno de Morales, que defienden la construcción de la carretera, financiada por Brasil, han amenazado también con bloqueos y protestas para impedir la marcha indígena.
UNA INTENSA BÚSQUEDA
Unos 1.600 policías buscan en Argentina y países limítrofes a una niña de 11 años desaparecida hace 1 semana, en la localidad de Hurlingham (periferia de la capital), en un operativo que incluyó el cateo de 800 viviendas, informaron autoridades de la provincia de Buenos Aires.
"Entre el personal y medios disponibles hay 1.600 policías de refuerzo, 16 perros rastreadores, 136 móviles (patrullas) y dos helicópteros", dijo el ministerio de Seguridad del distrito, que señaló que la búsqueda de Candela Rodríguez se extendió a países limítrofes (Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia). En apoyo a operativo participan unos 200 bomberos y unas 45 organizaciones gubernamentales, aunque aún no haya rastros de la niña, que fue vista por última vez cerca de su domicilio en Hurlingham, en Buenos Aires.





¿Y LAS CASAS PARA VENEZUELA CUÁNDO?

Revista Analítica de Venezuela (www.analitica.com/va/política)

Poco el tiempo e inalcanzable la meta. Una vez más las promesas en las que el presidente empeña su palabra quedan nada, otro incumplimiento más.
Sin embargo, sorprende la noticia proveniente de Bolivia de la celebración del cuarto aniversario de la permanencia de militares venezolanos en ese país. La Fuerza Binacional de Ingeniería Social Mariscal de Ayacucho es comandada por Mario Antonio Arellano, quien aseguró en días pasados que 258 proyectos de carreteras, calles, avenida, CASAS y ESCUELAS se han construido en ese país con la mano de obra nacional y con los 100 millones que todos los años le regalamos a los hermanos bolivianos.
Los beneficiados: unas 100 mil familias bolivianas distribuidas en los cuatro municipios de los departamentos bolivianos Pando, Beni, Santa Cruz y el norte de La Paz.
Todo este beneficio para los bolivianos y nos preguntamos ¿a las víctimas de las tragedia de Vargas quien les está construyendo sus casas? ¿Y a los afectados por las lluvias de todos los años cuando les van a entregar viviendas dignas? ¿o aquellos con quienes se tiene la deuda social de procurarles las garantías para que puedan adquirir vivienda, cuándo se las vamos a dar?
¿Por qué los militares venezolanos están en Bolivia y no están aquí arreglando las carreteras y autopistas de nuestro país que bastante deterioradas y llenas de huecos están? Otra cosa que sorprende es la información acerca de un préstamo de 4 mil millones de dólares a Rusia para comprarles armas, que los venezolanos no necesitamos. Una nueva deuda que tendremos que asumir.
Basta de regalos
Señor Presidente, usted ofreció 153 mil viviendas este años y no ha cumplido con la meta. Para hoy deberían estar terminas y entregadas 96.575 casas. El pueblo que usted dice amar no tiene donde vivir, mientras que en otros país los pueblos se benefician de nuestros militares y nuestros recursos producto del petrolera.
Este tiene que cambiar y para ello en Primero Justicia hemos propuesto la Ley de Candados Fiscales para que los reales de Venezuela se queden en manos de los venezolanos y no se vayas con nuestros militares a Bolivia, Nicaragua, Cuba y otros países.
Hay que poner Primero a Venezuela y esto sería que esas 100 mil familias beneficiadas por las Fuerza Armada Nacional fueran venezolanas y no bolivianas. Pero estamos seguros que en 2012 esta realidad va a cambiar y comenzaremos a construir la Venezuela del progreso y la justicia que todos merecemos.





LULA DESTACA CRECIMIENTO DE COMERCIO DE BRASIL CON EL RESTO DE SURAMÉRICA

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva destacó este lunes como una muestra de integración el crecimiento del comercio entre su país y el resto de América del Sur, que entre la década pasada y hoy pasó de 12.000 a 83.000 millones de dólares.
Lula subrayó ese incremento durante su discurso en un acto en el que participó el presidente Evo Morales, junto a jóvenes y miembros de los movimientos sociales, celebrado en la ciudad oriental de Santa Cruz, adonde llegó hoy el político brasileño invitado por empresarios para que participe mañana en un foro económico.
“La balanza comercial en el 2003 entre Brasil y América del Sur era de 12.000 millones de dólares, hoy en día es de 83.000 millones de dólares (...). Es inclusive mayor que (con) Europa y más grande que con EE.UU.” , dijo Lula, que asumió ese año el Gobierno de su país.
Explicó que, en su momento, al llegar al poder, se planteó cambiar la geografía económica de América del Sur porque no había unión y Brasil “ le daba la espalda ” al resto de los países de la región, pero privilegiaba los negocios con Europa y EE.UU..
También acusó a los países ricos de haber provocado desconfianza entre Brasil y el resto de sus vecinos, y viceversa, lo que impedía avanzar hacia una integración regional.
Destacó además que desde fines de la década de los 90 las naciones del continente eligieron a presidentes “progresistas” en Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Chile, lo que permitió una mayor unidad en América del Sur.
“Nunca en 500 años de historia tuvimos la cantidad de gobernantes progresistas como los tenemos hoy”, dijo el exmandatario brasileño.
En una rueda de prensa posterior, el presidente Morales destacó la postura de Lula sobre la necesidad de avanzar en la integración física y económica del continente con el fortalecimiento de políticas de solidaridad.
También destacó que Brasil es un “hermano mayor” por su liderazgo económico e industrial en la región y anunció que la próxima semana el asesor presidencial brasileño Marco Aurelio García visitará Bolivia para anunciar nuevas políticas de cooperación. Lula asistirá mañana a un foro sobre economía organizado por la la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos para luego viajar a Costa Rica.





PROFESORES DE ENFERMERÍA VIAJAN A BOLIVIA CON UN PROYECTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

El Diario de Jaen, España (www.diariojaen.es/index.php)

Profesores de Enfermería de la Universidad de Jaén (UJA) emprendieron el pasado sábado, 27 de agosto, un viaje a Bolivia, que se prolongará hasta el 6 de septiembre, con el fin de poner en marcha un proyecto de formación y gestión de postgrado para la mejora de la salud sexual y reproductiva, en colaboración con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).
Este proyecto, aprobado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores, está coordinado por el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UJA, Manuel Linares Abad.
En este viaje, acompañarán a Linares los profesores de Enfermería de la Universidad de Jaén, María Luisa Grande Gascón, María del Carmen Jiménez Díaz y María del Carmen Álvarez Nieto, así como David Peñafuerte Rendón, del Servicio de Atención y Ayuda al Estudiante.
El proyecto a desarrollar se titula “Acción preparatoria para fortalecimiento institucional de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Bolivia, en relación a la formación y gestión de postgrado para la mejora de la salud sexual y reproductiva, y reducción de la mortalidad materna”.
Los objetivos de esta visita a la universidad boliviana son: analizar de manera integral las necesidades para la puesta en marcha de formación de postgrado en la Uagrm, en materia de salud sexual y reproductiva; crear una red de trabajo con personal de ambas instituciones que permitan el desarrollo y continuidad de actividades de cooperación, y establecer estrategias para la mejora de la atención sanitaria de las mujeres en edad reproductiva con los responsables sanitarios y académicos.
La delegación de la UJA se reunirá con responsables académicos de la Uagrm, situada en Santa Cruz de la Sierra, entre ellos, la directora de carrera de Enfermería, María Hilda Peredo de Gonzales. Asimismo, está prevista una recepción del Rector de la Universidad, Reymi Ferreira Justiniano.
Manuel Linares explicó que, igualmente, “nos reuniremos con profesores en materia de salud sexual y reproductiva, y también con responsables sanitarios del departamento de Santa Cruz. También nos gustaría reunirnos con ONGs relacionadas con salud”.
El día 1 de septiembre está previsto que la delegación de la UJA realice un vuelo interno hasta la capital de Bolivia, La Paz, con el fin de mantener una reunión estratégica con los responsables de la Aecid, de la Oficina de Técnica de Cooperación (OTC), “para contarles y que apoyen las futuras acciones integradas que presentemos”. Para Manuel Linares, “se trata ahora de establecer reuniones para ver las necesidades de formación de postgrado en materia de salud sexual y reproductiva, si hay que presentar en la próxima convocatoria una acción integrada que contemple, además de lo académico, el equipamiento, la gestión administrativa, entre otras cuestiones para poner en marcha la formación de postgrado”.





ESPERAN BUZOS DE RESCATE PARA ENCONTRAR A DESAPARECIDOS EN EL TITICACA

Correo de Perú (www.correoperu.com.pe)

Los familiares de los desaparecidos en el lago Titicaca están a la espera de buzos de la marina para su rescate. Hasta el momento pasaron cuatro días y no hay rastros de vida por lo que se presume que estarían sumergidos bajo el lago y para ello se necesita un rastreo que lo podrían hacer los hombres especializados.
Ya pasaron varios días de búsqueda, y todo hace pensar que naufragaron, es por ello que solo esperan recuperar los cadáveres y darle la cristiana sepultura, hoy los familiares realizaron ritos de pago a los Apus, santa tierra, "mama quta", entregando ofrendas para que así, les devuelva los cuerpos.
La búsqueda continúa en varias embarcaciones que rastrean todo el lago menor del Wiñaymarca, sin embargo en horas de la tarde las labores deben ser suspendidas por la creciente de las olas que se agiganta con el fuerte viento que azota cuando el sol empieza a desfallecer.





BOLIVIA Y CHILE EN CONFLICTO POR EL PRIVATIZADO PUERTO DE ARICA

Web Pin de España (www.webpicking.com/ps)

El Gobierno de Bolivia rechazó el alza de tarifas dispuesto por la empresa que administra el puerto de Arica, diciendo que dice que Chile otra vez vulnera el Tratado de 1904. Exige que se reúna en La Paz el Mecanismo de Libre Tránsito que prevé el Tratado de 1904, oportunidad en la que reclamará que ese puerto retorne a administración estatal, en cumplimiento de los compromisos asumidos por Chile.
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde, explicó que en contravención a todos los tratados y compromisos asumidos con Bolivia, Chile privatizó el puerto de Arica el año 2004. A partir del año 2009, la empresa privada chilena, a cargo, empezó a “subir las tarifas de manera desproporcionada y propicia malos tratos a los usuarios bolivianos”.
El Vicecanciller, dijo que “Bolivia expresó vehemente y enfáticamente que no va a permitir ningún incremento de precios de las tarifas que se intenta incrementar en algunos servicios en más del cien por ciento. Eso impactaría fuertemente a todos los importadores y exportadores que usan el puerto y, al final, quien paga, es el consumidor o usuario final, es decir, todos los bolivianos”. “Bolivia nunca aceptó la privatización del puerto de Arica porque los intereses privados son más importantes que los compromisos bilaterales que se expresaron a través del Tratado de 1904”.
Consultado sobre si Bolivia demandará que Arica retorne a la administración estatal, el Vicecanciller respondió que “es lo que siempre hemos sostenido. Creemos que son obligaciones de Chile respecto a Bolivia, respecto a una compensación de una pérdida inmensa de nuestro territorio. Y lo mínimo que puede hacer es honrar sus compromisos. Significa que de Estado a Estado se debe negociar y operar este puerto”.
Añadió que Chile no puede deslindar responsabilidades como Estado. “Tiene que asumirlas de manera directa y no a través de una empresa privada, ya que ésta, en cada reunión y cada vez que se comunica con Bolivia, es para pedir incremento de sueldos, incremento de tarifas, para pedir que se recorra el puerto”.

lunes, 29 de agosto de 2011

ANTONIO REMIRO BROTÓNS: EL ABOGADO ESPAÑOL QUE ASESORA A BOLIVIA EN LA HAYA



En un principio, cuando el Presidente boliviano, Evo Morales, anunció en el Día del Mar sus intenciones de llevar la demanda marítima de su país a los tribunales internacionales, pocos lo tomaron en serio.
La primera evaluación que se hizo en los círculos diplomáticos fue, de hecho, que las declaraciones de Morales "no tenían sustento" y que a Bolivia "no le convenía abrir una causa en un tribunal internacional".
Sin embargo, a medida que han pasado los meses, los mismos que dudaban en un principio están cada vez más convencidos de que las intenciones de Bolivia son serias.
La principal muestra de esto fue en julio, cuando el gobierno boliviano envió una carta al Tribunal de La Haya en la cual se pide que la resolución que la Corte debe tomar para solucionar el diferendo marítimo entre Chile y Perú "no afecte los intereses de Bolivia de buscar una solución a su aspiración marítima".
El documento encendió las alarmas. Pero no sólo por lo que pedía. "Se notaba que Bolivia, que no tiene experiencia en esto, se había asesorado de un jurista del más alto nivel para la redacción de esa carta", dice un diplomático.
Y así fue. El elegido por Bolivia fue el abogado español Antonio Remiro Brotóns, quien tiene experiencia en juicios ante La Haya.
Asesor de Argentina y Nicaragua
Según fuentes diplomáticas, las autoridades bolivianas llegaron a Remiro Brotóns casi "de rebote". Esto, porque, originalmente, la intención era contar con los servicios de otro juez español de notoriedad internacional: Baltasar Garzón. Sin embargo, éste habría aducido tener una agenda abultada. Luego de esa negativa, el mismo Garzón habría propuesto a Remiro Brotóns como una alternativa.
Preparado en la Universidad de Murcia, Antonio Remiro Brotóns es uno de los expertos en Derecho Internacional en España, y así lo dice su currículo: es director del máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y del doctorado de Derecho Internacional del Instituto Ortega y Gasset; miembro del Instituto Affari Internazionali, de Roma; de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Asimismo, asesora al Reino de España en asuntos de Derecho Internacional.
Ha sido, además, vicepresidente de la Asociación de Estudios del Mar, una entidad con sede en España que analiza aspectos sobre los océanos, como el derecho, el clima y el transporte. Y es colaborador permanente de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride), entidad con influencia y nexos entre los gobiernos socialdemócratas del mundo. La mayoría de sus libros tratan sobre derecho internacional y su aplicación en los organismos globales.
Remiro Brotóns tiene, además, conocimiento sobre la situación de América Latina, principalmente de Centroamérica. De hecho, visita esa zona y suele opinar sobre ella. Por ejemplo, en 2009 se mostró favorable a la reposición del ex Presidente hondureño Manuel Zelaya y criticó a los países que apoyaron su salida del poder.
Sin embargo, según un ex diplomático, la razón por la que Bolivia lo contrató es por su experiencia en la misma Corte Internacional de La Haya, representando precisamente a países latinoamericanos, aunque no siempre con resultados positivos.
En 2007 fue parte del equipo que defendió a Nicaragua ante La Haya, cuando el país centroamericano reclamaba la soberanía de los archipiélagos San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que estaban bajo jurisdicción de Colombia. El tribunal no reconoció la demanda nicaragüense, al considerar que los límites ya estaban definidos por tratados establecidos hacía 50 años. En este caso, compartió tareas con Alain Pellet, quien es el líder del equipo de abogados que representan a Perú en su litigio contra Chile.
Luego, en 2010, defendió ante La Haya la posición argentina en el conflicto que mantuvo con Uruguay por la presencia de una planta de celulosa presuntamente contaminante en el río Uruguay, que recorre ambos países. La Corte le dio la razón, principalmente, a Uruguay.
Si bien en todos estos casos fue litigante ante la Corte, en principio ésa no sería la razón por la que Bolivia lo habría contactado: "La idea es que sea asesor en cuestiones jurídicas y más bien formales, dada la experiencia que ha acumulado en La Haya", dice un diplomático que lo conoce.
Remiro Brotóns ha estado varias veces en Chile, la mayoría de ellas para dictar charlas para alumnos de posgrado de la Universidad de Chile.
Pero su nexo con el país es más grande. Conoce bien a varios diplomáticos chilenos que han hecho posgrados en España, como los agentes chilenos en La Haya, María Teresa Infante y Alberto van Klaveren, así como a la académica Astrid Espaliat.
Chile también ha sido objeto de estudio para Remiro Brotóns, quien escribió, en 1999, el libro "El caso Pinochet: Los límites de la impunidad", en que hace un amplio análisis de la situación, de las complicaciones que hubo para España y Chile, y propone que casos como ése sean juzgados por tribunales internacionales.
Baltasar Garzón habría aducido tener una agenda abultada para el trabajo. Luego de esa negativa, el mismo Garzón habría propuesto a Remiro Brotóns como una alternativa. El Mercurio de Chile





Las “guardias blancas” textiles

CÓMO OPERA LA PATOTA QUE PROTEGE A LOS TALLERES CLANDESTINOS DE ROPA

Dicen defender los intereses de los costureros, pero están denunciados por protagonizar actos de violencia, impedir las inspecciones y desarticular toda organización entre los trabajadores. La desidia del gobierno de Mauricio Macri.

El Tiempo de Argentina (www.eltiempo.com.ar)

Los talleres clandestinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan un enorme negocio donde los principales beneficiarios son las grandes marcas de ropa, tanto nacionales como extranjeras. Un negocio que muchas veces incluye delitos tan aberrantes como trata de personas, reducción a la servidumbre y trabajo infantil. Este drama social tuvo uno de sus capítulos más trágicos en marzo de 2006, luego del incendio de un taller textil en la calle Luis Viale 1269, que provocó la muerte de dos adultos y cuatro chicos, todos ellos de nacionalidad boliviana.
Sin embargo, a partir de la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno, las estrategias para desarticular este entramado de poderes fácticos fueron puestas en reposo.
Al amparo de esta inacción estatal se fueron consolidando lo que desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denominan “guardias blancas”, en alusión a las patotas chacareras que se formaron en el campo argentino para proteger los intereses de los hacendados y amedrentan a los campesinos que reclaman por sus derechos.
En este caso, también se trata de grupos de choque, pero que actúan en defensa de los dueños de los talleres, atacando a las organizaciones que combaten la trata de personas y bloqueando los operativos de inspección. Al mismo tiempo, tendrían estrechas conexiones con algunas radios de la colectividad y con empresas de transportes clandestinas que llevan y traen gente del barrio de Liniers a la frontera con Bolivia.A partir de la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010, y la posterior represión policial, el equipo de Investigación de Radio Nacional se dedicó a indagar quiénes estuvieron detrás de la toma y cuáles fueron sus motivaciones, más allá de las necesidades concretas de las miles de personas que sufren el déficit habitacional en la Capital Federal.
Un hecho llamó la atención desde el primer momento. A pesar de que los tres muertos en el Indoamericano eran extranjeros –un ciudadano paraguayo y dos bolivianos–, Macri responsabilizó por los desmanes a la “inmigración descontrolada”. Y no sólo eso: a los dos días de la brutal represión, el jefe de gobierno porteño brindó una conferencia de prensa junto a representantes de ambas colectividades, como una manera de legitimar sus dichos y, al mismo tiempo, ratificarlos.
Uno de los que acompañó a Macri en esa oportunidad fue Isidro Méndez Chávez, presidente de la Asociación Civil Casa Paraguaya, quien es cuestionado por su cercanía con la dictadura de Alfredo Stroessner y con el ex general golpista Lino Oviedo.
En el caso de la colectividad boliviana, al convite de Macri concurrieron dos miembros de la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas en Argentina (FACBOL): Edwin Álvarez y Ricardo Fernández.
Según Juan Carlos Estrada Vázquez, boliviano y ex trabajador de talleres clandestinos, FACBOL es una organización que desde hace varios años oficia de nexo informal con el macrismo. Por detrás de esta entidad se encuentra el principal referente de la colectividad del altiplano en el país, Alfredo Ayala, quien en los papeles oficia como titular de la Asociación Civil Federativa Boliviana (ACIFEBOL).
Luego de los hechos de Soldati, ambas entidades firmaron un documento conjunto a la altura de los deseos del PRO: en él manifestaron su repudio a “todo tipo de ocupación ilegal de espacios públicos y privados”, aclarando además que representaban a “gente honesta y de trabajo, no ocupas o usurpadores”.A pesar de que el titular de ACIFEBOL se muestra como un simple remisero, según miembros de la colectividad y fundaciones dedicadas a combatir la trata de personas como La Alameda, Ayala sería en realidad una suerte de “intelectual orgánico” de los talleristas.
A Ayala lo acusan de dedicarse a defender el actual sistema de producción de los talleres, que en muchos casos supone la explotación de los costureros, sean hombres, mujeres o niños, que por sus urgencias económicas, el desarraigo y situación de vulnerabilidad, terminan accediendo a trabajar en condiciones paupérrimas y por sueldos de miseria.
Se trata, sin duda, de una situación de extrema gravedad, reflejada por abundantes datos. Según el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), una fábrica y laboratorio textil que funciona en el barrio de Barracas, existen más de 5000 talleres clandestinos de ropa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.Por su parte, las organizaciones de la colectividad boliviana afirman que cerca del 80% de los inmigrantes que vive en territorio porteño se dedica a este rubro. Esto significa que, en pleno siglo XXI, hay cerca de 30 mil trabajadores que se desempeñan y viven en condiciones de precariedad extrema, rayanas con la esclavitud.El mismo Ayala, en diálogo con la Radio Pública, reconoció que “de repente, una mayoría de los talleres no están regularizados” y que existen casos de trata y de esclavitud, aunque se encargó de desmentir que esto constituya una situación generalizada.
Sin embargo, el jefe del área de Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría porteña, Mario Ganora, indicó a Ayala como uno de los responsables del accionar de las “guardias blancas” textiles. Para Ganora, Ayala, a través de estos grupos, “impide los procedimientos y ataca tanto a los funcionarios que intentan realizar fiscalizaciones en los talleres como a las víctimas que intentan salir de los lugares”.
La misma Defensoría, cuya máxima autoridad es Alicia Pierini, realizó una denuncia penal contra Ayala, a quien acusa del delito de “asociación ilícita”. En respuesta, el dirigente realizó un escrache a la entidad.“Hay relaciones económicas entre lo que hace Ayala y lo que hacen las grandes marcas”, sostuvo Ganora. Para el funcionario de la Defensoría, “la producción de indumentaria está fundada en el trabajo esclavo. Hay una convergencia de intereses entre los fabricantes y estas organizaciones de talleristas que deben contar con una estructura de intimidación, una estructura de corrupción de la policía y, a veces, de los gobiernos locales”.
A mediados de 2006, luego del incendio del taller de Luis Viale, comenzaron las agresiones a la fundación La Alameda, según denunció su titular, Gustavo Vera, que además sufrió un atentado cuando desconocidos intentaron prender fuego su casa. Para muchos, el grupo de Ayala estuvo detrás de los episodios, y esa no sería la única vez.
En 2009, durante la inspección a un taller clandestino ubicado en la calle Lacarra, en el barrio de Floresta, se señaló al dirigente boliviano como quien, desde las principales radios de la colectividad, habría convocado a una movilización para frenar el operativo. Según La Alameda, una vez retirados los medios de comunicación, se inició un ataque feroz del que Vera se llevó la peor parte: 13 puntos en su cabeza. Ayala, que estuvo presente en ese momento, no desmintió la violencia, pero alegó haber tratado de defender a Vera frente a la agresión.
Por otra parte, varias de las fuentes consultadas aseguraron que Ayala obtiene beneficios de la empresa de transporte 6 de Agosto, una de las más fuertes en cuanto a la oferta de viajes entre Liniers y Bolivia.
Según relata Estrada Vázquez, esta empresa ayuda a los migrantes con los papeles e incluso presta el dinero que es necesario mostrar en la frontera para justificar la condición de turista, a cambio de que se compre allí el pasaje. Esta empresa, agrega Vázquez, no tiene un espacio físico donde funciona, por eso, para obtener los tickets hay que escuchar las radios de la colectividad, que transmiten publicidades y ofrecen números de teléfono. Por esa vía se gestionan las compras y se informa a qué hora y de dónde salen los micros que van y vienen a la frontera.
De su experiencia como costurero explotado, Estrada Vázquez también aseguró que “Ayala trabaja supuestamente como defensor de la comunidad, pero en realidad es el defensor de los talleristas. Una de las metodologías que más usa y que lo muestra como ‘víctima’ es que frente a un allanamiento se para delante de la policía y de los funcionarios para evitar los procedimientos”.
El 30 de marzo de 2007, una inspección del gobierno porteño descubrió un taller clandestino donde había funcionado el ex centro de detención y tortura conocido como Automotores Orletti, en la zona de Floresta. El por entonces subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ariel Lieutier, encabezó el procedimiento que terminó con la clausura del lugar. Fue otro de los episodios en que Alfredo Ayala estuvo involucrado. En su defensa, Ayala dijo no haberse negado a la inspección, aunque reconoció haberse llevado la maquinaria del local. Lieutier, autor del libro Esclavos, sobre el sistema de producción en los talleres porteños, no coincidió con esa versión: “Nosotros detectamos el taller y lo clausuramos obligando a que las máquinas se retiren porque ese espacio estaba destinado a ser un museo para la memoria –sostuvo el ex funcionario–. Pero al otro día a la mañana, el sector de Ayala estaba encabezando un piquete para que las máquinas no se fueran, convocando por las radios a una movilización. Para cuando llegué, me encontré un escenario en el que los tipos no querían negociar nada. No querían que el taller se desarmara.”
Las emisoras son esenciales en la estrategia de Ayala. “Desde las radios generaban un clima de zozobra. Imaginate adentro de un taller donde estás trabajando y escuchas que están allanando otro taller en el que un ‘monstruo argentino’ está viniendo a quitarte el laburo. Entonces, por eso es que aparecen estas contradicciones en las que un costurero está defendiendo a un tallerista”, explicó Estrada Vázquez.A partir de ese hecho, en La Alameda concluyeron que las radios de la colectividad del sudoeste de la Capital Federal eran manejadas por dueños de talleres. Un dato les resultó esclarecedor: los avisos clasificados de estos medios pedían casi exclusivamente empleados para los locales en cuestión.
En la Ciudad de Buenos Aires existen 33 radios destinadas a los oyentes de nacionalidad boliviana, entre las que se destacan las FM Constelación y Favorita. Funcionarios gubernamentales, miembros de distintas ONG dedicadas a la lucha contra la trata de personas e incluso organizaciones de la propia comunidad, sostienen que muchas de estas señales responden y son manejadas por Ayala. Sin embargo, el dirigente lo desmiente.Para Estrada Vázquez, “en esas radios se impulsa el nacionalismo, porque uno en el taller lo que busca es recrear las condiciones que perdió con la inmigración. Entonces pasan noticias bolivianas, música boliviana… ”. Pero, en manos de los patrones, ese mensaje adquiere otras finalidades: “Este nacionalismo busca mantener el sometimiento, porque el objetivo es mantenerte en este círculo nacionalista porque sería peligroso que hubiera una racionalidad ya más de clase.”
Sucede que otra de las tareas de las “guardias blancas” sería frenar cualquier intento de organización por parte de los trabajadores costureros. Para Gustavo Morón, abogado de la colectividad boliviana en la Argentina, “la mayoría de las organizaciones ven como peligroso que los trabajadores costureros defiendan sus intereses en términos de clase por sobre los términos nacionales. Dicen que tiende a la desunión.”Al respecto, Morón remarcó que “hay que tener en cuenta que en la colectividad hay ricos y pobres. Es un error conceptual plantear la unidad a ciegas. No es lo mismo un costurero que viene a trabajar sin documentos, que es explotado, a la par de un empresario tallerista, porque con la excusa de que somos inmigrantes explotan a los trabajadores e incluso a menores de edad.”
En ese sentido, el caso de René Vázquez es emblemático. Su intento por reunir a sus compañeros para obtener mejores condiciones laborales terminó con una golpiza por parte del grupo de Ayala. “Él quiere organizar a los trabajadores en negro, y eso no puede existir de ninguna manera. Tienen que sí o sí alinearse”, respondió Ayala. “Lo que pretendemos es que los talleres se blanqueen”, agregó, ante la pregunta de la Radio Pública.
–Pero es difícil legalizar talleres donde se trabaje con cama adentro, más de 20 horas diarias, en donde viven familias enteras. La legislación argentina no permite esto…
–Por eso, nosotros buscamos que se regularicen los talleres para que luego los trabajadores puedan vivir en otro lugar –argumentó el dirigente–.
Ayala suele hablar ante los medios, sus discursos figuran en Youtube y tiene cierta visibilidad pública. Una de sus intervenciones más recordadas ocurrió luego de que la Policía Bonaerense asesinara por gatillo fácil a un trabajador boliviano en Lomas de Zamora.
En esa oportunidad, el líder de ACIFEBOL se puso a la cabeza de la marcha que llevó el ataúd a la Plaza de Mayo, donde su grupo, junto al de Raúl Castells, protagonizó un altercado con las Madres y Hebe de Bonafini.Como se ve, son varios los hechos que vinculan a Ayala con este entramado de negocios clandestinos que suceden día a día en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno porteño brilla por su inacción, para tranquilidad y beneficio de los grandes grupos que comercian con ropa, la misma que se fabrica bajo condiciones de semiesclavitud y se vende en sofisticados centros comerciales.
*Investigación Nacional es un equipo de la Radio Pública conformado por Juan Guibelalde, Paula Niccolini, Ari Lijalad, Miriam Lewin y Diego González. En 2010, fue premiado en dos oportunidades por su documental sonoro El poder de la trata.





BOLIVIA ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN GASODUCTO DESDE JUJUY

Jujuy al Día de Argentina (www.jujuyaldia.com.ar)

Bolivia, el mayor exportador de gas de Sudamérica, anunció que estudia la posibilidad de construir un gasoducto desde el noroeste de Argentina con el fin de atender, entre otros planes, la explotación de las gigantescas reservas de litio del salar altiplánico de Uyuni.
El gasoducto, de dimensiones aún no definidas, llevaría gas desde la provincia argentina de Jujuy hasta el departamento boliviano de Potosí, explicó YPFB Transporte, unidad de la corporación petrolera estatal boliviano YPFB, en una respuesta escrita a un cuestionario de Reuters la semana pasada.
“La etapa actual del proyecto se la denomina de visualización. Se está consiguiendo información sobre los potenciales requerimientos de la zona de influencia y proyecciones futuras de mercado, además de analizar todas las normativas y disposiciones vigentes”, señaló YPFB Transporte.
La estatal dijo que falta definir si Argentina vendería gas a Bolivia o sólo cobraría por el uso de su red interna, que empalmarían con la tubería que instalaría Bolivia en Potosí para abastecer a varias ciudades y a la futura industria de litio del salar de Uyuni, considerado la mayor reserva mundial de ese mineral ultra liviano.
“Todo desarrollo de mercado de hidrocarburos tiene diferentes formas de atención en función al volumen a requerirse y definitivamente se tiene que optar por la solución más efectiva. A la fecha no está descartada ninguna opción”, indicó YPFB Transporte.
“Entendemos que YPFB está evaluando alternativas de suministro considerando básicamente tiempos de respuesta, oportunidades de suministro y restricciones desde el punto de vista legal y regulatorio del lado argentino”, agregó.
El aprovechamiento del litio en el salar de Uyuni es uno de los proyectos mineros mas ambiciosos que pretende ejecutar el presidente boliviano, Evo Morales, que busca que su país desarrolle su propia industria de baterías de litio para futuras generaciones de automóviles eléctricos.
Bolivia dice tener en Uyuni, un salar superficial de 12.000 kilómetros cuadrados, una reserva de 100 millones de toneladas de litio que representarían más del 50 por ciento de las existencias mundiales conocidas de ese metal, que es clave para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía.
Negocio
Argentina es, después de Brasil, el segundo gran mercado del gas natural de Bolivia. En el primer semestre de 2011, importó un promedio de poco más de siete millones de metros cúbicos diarios de gas natural, la cuarta parte de lo que compró Brasil.
Las exportaciones bolivianas de gas a ambos mercados alcanzó un valor de 1.651 millones de dólares (1.158 millones de euros) en el primer semestre, con un crecimiento del 29 por ciento sobre el mismo período de 2010, y se prevé que el valor suba en los próximos años como resultado de un ya comprometido aumento del bombeo a Argentina.
El pasado 30 de junio, Argentina y Bolivia inauguraron un nuevo gasoducto que permitirá incrementar a mediano plazo hasta 27,7 millones de metros cúbicos diarios el volumen de gas importado.
El gas es el negocio internacional de Bolivia que genera más ingresos para el Estado boliviano, tras una nacionalización decretada por Morales en 2006, pero el valor de las exportaciones de minerales superó en el primer semestre de 2011 en casi un dos por ciento al del gas natural





ABORÍGENES DEL CHACO SALTEÑO DENUNCIAN DESASTRE ECOLÓGICO EN EL PILCOMAYO

Unas 400 personas no tienen documentos, y por ende no reciben ningún tipo de beneficio del Estado. La crisis también afecta a los indios pescadores del lote fiscal 55, como La Merced, San Luis y Las Vertientes.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)

“Cuando uno baja en un helicóptero levantando tierra porque no hay pavimento o porque la tierra está seca, lo reciben con la mano tendida, con el rostro lleno de sonrisas y diciendo gracias“, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando llegó a La Puntana, en Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia, para abrir el ciclo lectivo de 2009. Fue cuando inauguró la escuela del lugar, construida en el marco del Plan Nacional 700 Escuelas. “Quiero decirles en nombre de todos los argentinos: perdón por tanto tiempo de olvido, de egoísmo, de avaricia”, dijo la mandataria, sentida por la realidad del Chaco salteño.
Hoy, en La Puntana, tres de los diez caciques de esa comunidad aborigen denunciaron que su principal fuente de ingresos desapareció. “Esta fue la peor temporada de pesca que se recuerde”, coincidieron las autoridades originarias. Es que río abajo, a 60 kilómetros de la frontera con Formosa, una obra hídrica hecha por Paraguay, habría interrumpido el viaje que todos los años recorren los cardúmenes de sábalos, dorados y otras maravillas de agua dulce.
Caciques de las comunidades originarias de La Puntana, La Merced, San Luis, La Paz y Las Vertientes responsabilizaron al denominado Proyecto Pantalón por haber causado un desastre ecológico. Medios paraguayos denuncian que el problema surgió por incumplimiento del Estado argentino.
En La Puntana, a solo kilómetros del límite con Bolivia, viven cerca de 4.000 personas. Hay colegio secundario, pero sin albergue ni comedor. Hay luz y agua, pero no hay cloacas en esa población instalada a cuadras de la costa del río Pilcomayo. La mayoría de sus habitantes tiene en la pesca su única fuente de ingresos, aunque los planes sociales son los que ahora movilizan la economía de la zona. Sin embargo, según las fuentes consultadas, aproximadamente 400 personas no tienen documentos y por ende, no reciben ningún beneficio del Estado.
El polémico Proyecto Pantalón
El Proyecto Pantalón, describe la forma que toma la separación del Pilcomayo entre un canal paraguayo y otro argentino, que deberían llevar, cada uno, el 50% de las aguas del río. “Si las aguas hasta ahora ingresaban mayormente hacia el Paraguay, era porque hacia el lado argentino no se hizo el mantenimiento adecuado al canal correspondiente”, le dijo al diario paraguayo ABC Lucio Amarilla, presidente de la comisión oficial del Pilcomayo, en el vecino país.
En septiembre del año pasado, cientos de personas intentaron hacer un canal para salvar a los peces. Los trabajos fueron denunciados por Paraguay ante la Cancillería argentina, como “inconsultos y unilaterales”. El canal, de todas formas, no tuvo éxito y quedó inconcluso. En Bolivia, el impacto fue tan fuerte que el Festival Internacional de la Pesca, en mayo de este año, en Villamontes, no contó con el tradicional concurso de pesca, debido a la ausencia de peces en el río. Por eso, 42 comunidades del chaco boliviano exigieron la presencia del presidente Evo Morales y cortaron las rutas hacia Paraguay. Según el diario El País, de Tarija, la situación provocó la muerte de 50.000 peces.
Oscar Dean, coordinador general de Gestión Hidráulica de Salta explicó al medio boliviano que “esto ocurre por una discontinuidad hidráulica, que es responsabilidad de la provincia Formosa”.





RUBÉN DARÍO CUELLAR: “ES UN CAPITALISMO DE ESTADO PURO Y DURO”

El exconstituyente boliviano, invitado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), visitó El Salvador. Identifica, en gobiernos de izquierda latinoamericanos, una herencia dictatorial de regímenes militares, llama a la derecha a democratizar sus partidos y advierte que la democracia directa podría destruir la misma democracia.

El Mundo de San Salvador (www.elmundo.com.sv/politica)

Fue diputado constituyente de Bolivia y ahora es director ejecutivo de la Fundación Nueva Democracia. Fue gobernador de Santa Cruz, Bolivia, y la semana pasada, invitado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), lanzó críticas hacia los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que propugnan el llamado “Socialismo del siglo XXI”, que para él no es más que un eufemismo.

Cree que los salvadoreños deben defender la libertad, aumentando los espacios de democracia en los propios partidos políticos, cree que los gobiernos de izquierda son proyectos de perpetuación en el poder, y que su única práctica es un capitalismo de Estado, y no una redistribución de la riqueza.
¿Qué ingredientes ve del socialismo del siglo XXI?
Para mí, el socialismo del siglo XXI no es, si no, un envoltorio, un ropaje, que se ha inventado para esconder una forma de gobierno que no es otra que la de la dictadura totalitaria. Parecería un contrasentido hablar de una dictadura totalitaria en países donde periódicamente se ejerce la participación ciudadana a través del sufragio. Pero justamente este modelo de gobierno busca la validación permanente de su presencia en el poder a través de un ejercicio periódico de convocatoria ciudadano, procesos de referendos, que no son otra cosa que plebiscitos para legitimar la permanencia del poder. Al ser un ropaje a medida, no es ortodoxo en cuanto a sus bases ideológicas. En Bolivia, hablamos de la democracia directa comunitaria, con la que sustituye el concepto tradicional la democracia representativa. En la democracia directa comunitaria, no existe el voto secreto, el derecho a disentir. Varían conceptos como el de la independencia de poderes. En Bolivia, adoptamos en que el poder es único y se ejerce a través de órganos, pero el Presidente dice el poder es uno solo y que todos los órganos tienen que servir de igual forma a ese poder. ¿Qué quiere decir con eso? Que la teoría de separación de poderes se rompe. Entonces, hablar de la sobrevivencia de la democracia en Bolivia, Ecuador y Venezuela es un eufemismo.
¿Cómo se va mostrando el inicio de ese sistema?, ¿cuáles son los primeros síntomas, siempre son evidentes o se pueden pasar inadvertidos?
La aparición de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI han seguido como un itinerario; con muy muy muy someros matices, superficiales, las fórmulas son las mismas. Lo primero que se hace en estos países es levantar la idea de que el sistema democrático como forma de gobierno, la democracia liberal, representativa, no ha sido suficiente para dar respuesta a las múltiples y complejas necesidades de la sociedad, por lo tanto, necesitamos superarla. Obviamente nadie se para a analizar que un sistema de gobierno per sé como la democracia no es bueno ni malo, sino son el grado de aceptación y de cumplimiento al que se someten los gobernantes que dicen gobernar para eso. No se olvide que en América Latina todos los países nuestros provienen de una tradición largamente autoritaria. Esta tradición inocentemente creímos que el año 82, cuando se normaliza la forma de gobierno, había sido erradicada, pero no es así. Por una larga tradición, siempre queda enquistada. Entonces los gobiernos democráticos que aparecen a partir de 1982 mantienen ese signo de ejercicio autoritario.
¿Pero los sectores izquierdistas son detractores de estos regímenes autoritarios?
Si analizamos los regímenes de izquierda en sus expresiones recientes o actuales, sabemos que son regímenes muy poco permeables a la crítica social. Hoy en Bolivia disentir del gobierno es exponerse a que se le abra un proceso por alta traición, es más, la Constitución aprobada por Evo Morales en 2009 establece como el más alto delito la propuesta de separar escindir Bolivia. Particularmente, siempre he creído que Bolivia es y será una república unitaria, un solo Estado, pero hoy el solo hecho que usted plantee algo por el estilo, lo hace acreedor a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. La autonomía puede ser considerada por los juzgadores como una etapa previa a la escisión del Estado y por lo tanto usted ya comete el delito. Estos gobiernos de izquierda son absolutamente intolerantes porque han tomado el denominativo de izquierda, “socialistas”, simplemente para diferenciarse. ¿Por qué? Nacen de la polarización, ellos necesitan confrontar. En ese ejercicio confrontacional, no admiten réplica porque esa polarización los lleva a decir: usted está conmigo y, si no está conmigo, usted es mi enemiga. Segundo, como son regímenes con el único propósito de perpetuarse en el poder, son proyectos de poder, no son proyectos políticos propiamente tales, no admiten ningún tipo de oposición. El discurso puede ser: somos socialistas, queremos redistribuir riqueza, pero eso no se ve reflejado para nada en su accionar.
¿Y ese método para perpetuarse en poder justifica sus fines?
En Bolivia la Constitución política del Estado habla de una economía plural en la que conviven cuatro sistemas económicos diferentes, la economía comunitaria, economía social cooperativa, la economía de mercado y el capitalismo de Estado. No es otra cosa que intentar un diseño teórico para hacer la discrecionalidad. Quien determina qué es bueno y qué es malo es quien está en el poder.
¿Pero sí mantienen vetas capitalistas en el sistema?
Lo que se llama la política de nacionalización, que Venezuela lleva adelante y Bolivia lleva a pasos agigantados, no es otra cosa que la restatización de la economía ¿con fines redistributivos?, no, únicamente con fines de control de los flujos financieros, porque, si controlo los flujos positivos, capturan ese excedente, lo manejan discrecionalmente. Ojo que solo se nacionalizan las empresas que van bien. Por otra parte, evitan que ese excedente pudiera financiar hipotéticamente a sus opositores. Una de las primeras normas es cancelar el financiamiento público a los partidos políticos y capturar todos los excedentes lo que hace es estrangular económicamente no solo al empresariado sino, sobre todo, a sus potenciales adversarios políticos. A todos. Entonces, al meterse en la producción como Estado, no está yendo a una colectivización de la economía, está yendo a competir con otros actores. No estamos haciendo un ejercicio nacionalista, estamos haciendo un ejercicio mercantilista, puro y simple. No lo van a aceptar nunca y van a decir que eso es una economía social, comunitaria, pero es un capitalismo de Estado puro y duro.
El socialismo es una aspiración del FMLN. ¿Qué mensaje le daría a El Salvador?
Yo le podría decir que no cometan ustedes los salvadoreños el error que cometimos en Bolivia de creer que la solución a los problemas de la ciudadanía pasan por el establecimiento de fórmulas como este socialismo del siglo XXI. En Bolivia, después de seis años de ejercicio supuestamente de socialismo, nada nos muestra que la realidad haya cambiado. Evo Morales ha declarado enemigos a los indígenas, que ya no están de acuerdo con las políticas totalitarias. En Bolivia, se dijo que se quería reformar la Constitución para un pacto social, nada más falso porque las constituciones no reflejan per sé pacto social. No conozco a profundidad la Constitución salvadoreña, la he leído someramente, no es mala, puede ser perfeccionada, pero no por cambiar el texto constitucional se va a cambiar la realidad. Lo que aquí sucede es que estamos creyendo que el problema es de las normas, no de los hombres que dicen cumplir esas normas, yo creo que el problema está en la institucionalidad democrática que desarrolla cada país para exigir el cumplimiento de esa norma.
Segundo, hay muchos anuncios de que el ciudadano no necesita de la intermediación para hacerse escuchar, que la democracia participativa o directa sería un estatuto para modernizarnos. No es muy buen camino, porque la democracia necesita ser representativa para evitar que cada uno de nosotros intentemos por nuestra cuenta hacer cumplir nuestros anhelos y demandas.
Es necesario que las demandas se agreguen para que funcionen las políticas públicas, porque si usted demanda seguridad social, yo demando mayor presupuesto para la Policía, el vecino demanda cámaras en las calles, hay un problema de seguridad ciudadana y podemos agregar esas cosas. La democracia directa o participativa ha sido cooptada para imponer un ejercicio plebiscitario. Si hago un referendo en Italia y le pregunto a la ciudadanía si quieren menos impuestos, todos me contestarán que sí. O si les pregunto que si ustedes quieren que yo me quede en el gobierno para que el país siga existiendo, estoy enmascarando mi verdadero propósito, perpetuarme en el poder. El problema es que la institucionalidad democrática en nuestra realidad latinoamericana es tan frágil que parecieran de avanzada acaban por destruir la democracia.
¿Los anuncios de referéndos son una amenaza?
Los referéndum, tal como se han llevado a cabo, en Bolivia, Ecuador y Venezuela, son plebiscitos para reafirmar la legitimidad del Presidente en el poder. Nosotros en Bolivia, el año pasado, votamos en las elecciones departamentales y el presidente dijo que ese referéndum lo hacía ganar a él. La característica de este tipo de gobiernos es que se perpetúan en el poder a través de este ejercicio periódico de llamar al ciudadano supuestamente a votar. El 16 de octubre, los bolivianos tenemos que acudir a las urnas para elegir a la totalidad de las cabezas de los miembros del poder judicial, por primera vez Bolivia va a elegir a los miembros del tribunal supremo de justicia, a los miembros del tribunal agrario ambiental, a los miembros del tribunal constitucional y a los del Consejo de la Judicatura. Más allá que en una democracia la administración de justicia no es un ejercicio político, sino técnico. Cuando se presentan los candidatos, mucha gente se opone, todos los que no son afines son descartados y, cuando la prensa cuestiona sale el presidente de la Cámara de Diputados y dice: ‘Esta elección no va a tomar la meritocracia, porque la meritocracia deviene de una práctica burguesa discriminatoria en este país y acá lo que hay que ver es el compromiso con la revolución’. Además, la convocatoria prohíbe que usted como periodista le haga una entrevista a uno de esos candidatos.
“Claro que (la derecha) tiene culpa”
¿Qué pasó con la derecha?, ¿tiene complicidad, qué parte de culpa tiene la derecha?
Claro que tienen culpa, claro que tienen culpa. Nosotros regresamos a la vida democrática en el 82. ¿Por qué los militares vuelven al poder? Porque el Estado estaba quebrado, tenía una deuda social amplísima, no había tenido capacidad de tener presencia, entonces, se le entrega eso a los gobiernos democráticos. Lo entregan porque no hay más que quitarle al Estado. Los gobernantes democráticos empiezan una serie de reformas para tratar de aminorar el impacto que cava esa debacle. La mayoría de países latinoamericanos adscribe a la fórmula… Ese proceso se denominó la capitalización de las empresas públicas, en Ecuador fue privatización. La apuesta que hicieron los gobiernos que hoy se denominan neoliberales fue que este ejercicio iba a derramar la suficiente riqueza para que la gente viviera mejor, pero en este proceso no miramos que lo que hacía era falta era una reforma profunda de la estructura del Estado. Nos fijamos en el gigantismo que los aparatos estatales habían tenido en el gobierno dictatorial. Redujimos la presencia del Estado sin mucha difusión pero mantuvimos el aparato estatal grande. El ciudadano no supo cuándo cambió del Estado de Benefactor Social por este Estado Regulador… Esto sumado a la crisis, presencia de partidos que había convivido con regímenes autoritarios, que reproducían el autoritarismo al interior de sus propias estructuras, la ciudadanía estaba cansada de que fuera el dedo mágico del jefe del partido el que hiciera fortunas o hiciera desgracias. Entonces, los partidos no supieron mirar ese proceso y democratizarse. Sin embargo, todos los beneficios que goza Evo Morales son productos de ese periodo… El socialismo no ha sido otra cosa que una forma de perpetuación de un grupo dominante en el poder, que nada tiene que ver con la alternancia que exige la democracia, la teoría de los pesos o contrapesos.





BOLIVIA: CRECE APOYO A MARCHA INDÍGENA

EL Universal de México (www.eluniversal.com.mx)

El gobierno boliviano del presidente Evo Morales aseguró ayer que mantiene abierta la posibilidad de dialogar con los indígenas que marchan hacia La Paz para rechazar la construcción de una carretera a través de una reserva ecológica ubicada en el centro del país.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, dijo ayer que se harán los esfuerzos para dialogar con los manifestantes, e incluso señaló que se puede discutir “cambiar el trazo” de la carretera. Mientras, la marcha sumó el apoyo de etnias de La Paz y Santa Cruz (este), mientras grupos de colonos y productores de hoja de coca afines al gobierno preparan protestas para frenar la caminata.
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob), Ernesto Sánchez, dijo ayer a la agencia EFE que las etnias de guaraníes y ayoreos de Santa Cruz iniciarán hoy bloqueos en las principales rutas de esa región para apoyar la marcha.
Agregó que unos 2 mil indígenas del norte y altiplano de La Paz prevén unirse a la caminata cuando llegue a territorio paceño. “Continúa la marcha, ya no nos para nadie, no hay voluntad del gobierno para dialogar, entonces nosotros seguiremos caminando hasta que se le pase la soberbia a este gobierno”, sostuvo Sánchez.
En 14 días, los indígenas recorrieron 150 kilómetros de los más de 500 que pretenden cubrir desde la Amazonía hasta La Paz en contra del proyecto vial que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure para unir los departamentos de Cochabamba y Beni.
El gobierno envió la semana pasada a dos ministros para que dialoguen con las etnias en la Amazonía, pero los indígenas insistieron en que sólo se reunirán con el mandatario. La obra, adjudicada por 415 millones de dólares a la constructora brasileña OAS, será financiada por Brasil.





SEGUIDORES DE MORALES PREPARAN BLOQUEOS PARA FRENAR LA MARCHA INDÍGENA EN BOLIVIA

Hace 14 días comenzaron una caminata de 600 kilómetros para protestar contra una carretera. Federaciones cocaleras que se beneficiarán con la ruta buscan impedir su arribo a La Paz.

Infobae de Argentina (www.america.infobae.com/notas)

El líder de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob), Ernesto Sánchez, informó este domingo que las etnias de guaraníes y ayoreos de Santa Cruz iniciarán el lunes bloqueos en las principales rutas de esa región para apoyar la marcha. Además, unos 2.000 indígenas del norte y altiplano de La Paz prevén unirse a la caminata cuando llegue a territorio paceño.
Pero así como la marcha suma apoyos, otros están a favor del proyecto vial que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. Los beneficiaros son en abrumadora mayoría campesinos y colonos dedicados al cultivo de hoja de coca en el Chapare, el feudo político y sindical que aún controla el presidente Evo Morales.
De hecho, la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi, otra zona productora de coca en los Yungas de La Paz, decidieron que impedirán el paso de la marcha por su territorio. A su vez, las federaciones de cocaleros del Chapare realizarán un mitin en Cochabamba el próximo 3 de septiembre para apoyar el proyecto, que será financiado por Brasil con el argumento de lograr la "integración vial".
En el medio, los llamados al diálogo del Gobierno no llegaron a buen puerto. El presidente Evo Morales envió la semana pasada a dos ministros para que negociaran con las etnias en la Amazonía, pero los indígenas insistieron en que sólo se reunirán con el mandatario. La secuencia se repitió este domingo.
"Les estamos invitando no sólo a ponernos juntos para decidir cuál va a ser el trazado (de la carretera), sino además para que hagan sugerencias de tipo de reparación y mitigación ambiental", sostuvo la ministra de Desarrollo Productivo. E insistió: "Aún no hay ningún trazado previsto" para la ruta.
En este contexto, cada parte se encerró en su postura y el diálogo no parece estar cerca. Por eso, el gobierno de Morales volvió a apelar a un argumento que suele utilizar para atacar a sus opositores: acusarlos de estar financiado por los Estados Unidos, a través de la USAID, la agencia estadounidense de cooperación, y de algunas ONGs.
"Al otorgar migajas y prevendas económicas a los dirigentes de los marchistas, la USAID va chantajeando inclusive en algunas comunidades (donde) hermanos quieren levantarse contra el Gobierno", afirmó este domingo Morales. Y agregó: "En 2008 se financiaba a los partidos de la derecha para conspirar al gobierno y al proceso y ahora usan a algunos indígenas con fines netamente políticos".
Concretamente,
Morales reveló una serie de llamados entre los indígenas y la USAID y afirmó que agencia financió la marcha opositora. La organización no negó los dichos del mandatario, pero aclaró que también financia proyectos de los cocaleros del Chapare, con lo cual, colabora con las dos partes del conflicto. Los indígenas, en tanto, directamente rechazaron los dichos del mandatario.
Aunque Morales no aludió a la posibilidad, el director de la estatal Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Fronteras (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia, planteó el miércoles "la expulsión de Usaid, no solamente (como) un acto de soberanía sino de defensa intransigente de este proceso de cambio".
"Continúa la marcha, ya no nos para nadie. Nno hay voluntad del Gobierno para dialogar. Entonces nosotros seguiremos caminando hasta que se le pase la soberbia a este Gobierno", replicó Sánchez, sintetizando la postura indígena. Con respecto a aos "contramarchas", indicó: "están en su justo derecho de marchar y protestar. Todo lo que suceda en ese bloqueo o en la contramarcha será culpa del Gobierno".
La manifestación indígena partió el 15 de agosto de Trinidad, en el noreste de Bolivia, con la intención de recorrer 601 kilómetros para llegar en unos 35 días a La Paz y exigir respeto al territorio que consideran amenazado por la carretera de 306 kilómetros.
La movilización se encontraba este domingo en las proximidades de la Estación Biológica del Beni, ubicada a más de 400 kilómetros de La Paz, en una zona donde la actividad de la ganadería es intensiva.





MOVIMIENTO EN PUERTO ARICA AUMENTÓ UN 33% AL MES DE JULIO

Movilizando un millón 539 mil toneladas durante los primeros 7 meses del 2011

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)

Los nuevos índices de transferencia de carga, las importantes inversiones realizadas y la optimización de los servicios que actualmente ofrece Puerto Arica, son antecedentes que avalan la consolidación del terminal portuario como un recinto en crecimiento, confiable y seguro para el desarrollo de las actividades marítimo portuarias.
De acuerdo a lo señalado por el Gerente de Explotación y Desarrollo de la Empresa Portuaria Arica, Mario Moya Montenegro, todas las cifras durante los primeros 7 meses del 2011 presentan importantes incrementos producto del posicionamiento que ha logrado el terminal.
Sostuvo el ejecutivo que las cifras constituyen un reflejo de la actividad que viene desarrollando Puerto Arica desde hace algunos años, lo que se ratifica con el incremento del 33% en relación al mismo periodo del año anterior, llegando a movilizar durante este tiempo Un millón 539 mil Toneladas.
Bolivia sigue siendo el principal mercado de Puerto Arica, registrando un aumento del 22 %, destacando que las cargas de importación tuvieron un crecimiento de 31%, mientras que las de exportación alcanzaron un 11 %, alcanzando un movimiento total superior al Millón de Toneladas.
Uno de los sectores que presentó un explosivo crecimiento, de acuerdo a lo señalado por Mario Moya, son las cargas regionales, incrementándose en un 66 %.
Del total de la carga movilizada por Puerto Arica entre enero y julio de este año el 67 % son contenedores, en tanto que la carga a granel representó el 27 % y la carga general el 6%. Al hacer un desglose por mercado, las cifras también son auspiciosas. El 65 % de la carga son mercancías bolivianas en tránsito hacia y desde Bolivia, en tanto que el 23 % corresponde a carga regional, un 2 % a Perú y el restante otros destinos.
A juicio del ejecutivo los positivos números alcanzados por Puerto Arica en los primeros meses del 2011 son el resultado del permanente trabajo que se desarrolla en conjunto con el concesionario TPA para atraer nuevos clientes, otorgar mayor eficiencia en las operaciones y garantizar seguridad.
A ello, indicó Moya, se suma el mejoramiento de la infraestructura en el terminal ariqueño como el desarrollo de los trabajos de dragado en el sitio asísmico, lo que permitirá incrementar la profundidad a 13,5 metros, antes de fin de año.
La inversión superior a los 7 millones de dólares realizada por TPA en el dragado otorgará al puerto ariqueño mayor competitividad, permitiendo atender naves de mayor calado con más eficiencia, rapidez y seguridad.
El ejecutivo también destacó la importancia del trabajo que desarrollan las distintas empresas que conforman la Comunidad Portuaria, a lo que se suma la permanente difusión que realizan TPA y EPA en conjunto, sobre la difusión de los principales servicios que ofrece Puerto Arica, lo que ha permitido atraer nuevos clientes al terminal ariqueño.





EL NEGOCIO DE LOS AUTOS ROBADOS EN CHILE: EN PROMEDIO "SE PIERDEN" 91 VEHÍCULOS AL DÍA

Radio Santiago de Chile (www.radiosantiago.cl)

Bastó una hora para que a Macarena le robaran su Subarú Impreza de la puerta de la casa de una amiga en calle Ibiza en Vitacura.
Como le pasó a ella "el 80% de los autos se roban mientras están estacionados, rompiéndoles el vidrio o forzando el cilindro para abrir la puerta y haciéndolos andar con distintas técnicas. El 20% se le quita al conductor intimidándolo. La hora preferida: entre las 20:00 y las 00:00 de la noche".
Así explica el capitán del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros, Francisco Cabezas, lo que está ocurriendo en nuestro país, donde se roban diariamente 91 autos. Las sustracciones aumentaron el primer semestre un 14% respecto del mismo período del año pasado. Entre los asegurados la cifra es mayor, a julio subió de 3.245 a 4.205, un 39%, explican en Mapfre.
El 62% de los autos se roban en Santiago y el 38% en regiones, principalmente, Biobío, Antofagasta y Valparaíso, agrega el subsecretario de prevención del delito, Cristóbal Lira.
Las cifras oficiales muestran que el 77% de los vehículos robados aparecen. Pero a nivel de asegurados la cifra es inferior, dice el gerente general de Prose, compañía formada por las aseguradoras para combatir este delito, Hernán Carvallo. Sólo se recupera el 51% y las pérdidas de la industria llegan a US$ 50 millones anuales."Un 30% del parque automotor está asegurado, pero la penetración del seguro es mayor en vehículos nuevos. En consecuencia, parece ser que el porcentaje de recupero es menor en el caso de vehículos más nuevos", explica el gerente de Chilena Consolidada y presidente del comité de vehículos de la Asociación de Aseguradores, Rodney Hennigs.
Para qué los roban
Lo que Carabineros tiene claro es que cuando se habla de autos no se trata de robos aislados, sino que hay organizaciones criminales que cuentan con ladrones que abastecen de los vehículos, gente que los transporta y otros los comercializan.
"Me robaron la camioneta BMW en calle San Ignacio en Colina cerca del mall Buenaventura. Me bajé a saludar a mi hija y un tipo se subió, yo salté a la pisadera y trataba de quitarle el auto, forcejeaba pero no pude", cuenta Francisco, a quien su compañía de seguros le pagó el auto. Su camioneta apareció a los tres meses con una patente distinta en Independencia.
Los delincuentes no roban cualquier auto al azar, sino sabiendo para qué lo quieren. El principal destino es para venderlo completo o en partes.
Para comercializar el auto completo usan tres modalidades: el gemeleo, que es lo que le sucedió a Francisco, que consiste en robarse una patente de un auto cualquiera y ponérsela a un auto idéntico robado. También existe la clonación, cuando se le pone al robado la patente de un auto rematado por pérdida total y la reinscripción fraudulenta.
"También se roban autos por encargo para conseguir repuestos caros, como el computador de un vehículo que vale más de $1 millón", cuenta Hernán Carvallo.
Estos autos se venden con avisos en los diarios, portales de internet y ferias automotrices.
También se sacan a Bolivia. Hoy se sabe que hay 1.464 autos que tienen encargo por robo en Chile y que se intenta legalizar.
El segundo objetivo más habitual que tienen los autos robados es para cometer delitos, principalmente alunizaje, robo de cajeros automáticos, ilícitos para los que se eligen vehículos de gran motor y capacidad, como vehículos 4x4 y camionetas.
"Para asaltar al comercio o casas se prefieren los Suzuki Swift y Toyota Yaris, autos que están más disponibles en circulación y que tienen velocidad de arranque", explica el capitán Cabezas.
Por último, están los autos que se hurtan para salir a carretear.
Lo que se está haciendo para evitarlo
Guía de prevención con medidas de seguridad.
Obligación de venta de vehículos nuevos con medidas de seguridad, como inmovilizador y el marcaje de piezas.Venta con factura electrónica, para dificultar la transferencia de autos robados.
Mayor fiscalización a la transferencia y entrega de nuevas placas patentes.
Darán de baja las patentes de vehículos con pérdida total.
Nueva placa patente con una tipografía inviolable.
Chequeo en plantas de revisión técnica, para ver coincidencia de las características del auto.
Autopistas informan a Carabineros el paso de autos encargados por robo.
Carabineros cuenta con PSS, que al digitar una patente, identifican vehículos robados.
Cámaras que leen patentes masivamente en lugares de alto tráfico estarán en dos meses más en las carreteras.Aduanas tienen la información de vehículos encargados por robo en Carabineros.
Fiscalización de ventas de autos y partes y piezas de vehículos.
Vehículos señuelos con cámaras y GPS.
Proyecto de ley que aumenta las penas por robo y receptación de vehículos.
Se intenta repatriar los 1.464 vehículos chilenos con encargo por robo que se encontraron en Bolivia.
Las compañías de seguro están instalando gratis cortacorrientes a sus afiliados. Además, regalaron cien cortacorrientes a universitarios y mil marcajes de vidrios y espejos.
Las compañías de seguro y las casas de remate están prohibiendo a quienes compran autos Toyota Yaris, Suzuki Swift, Toyota Rav-4 y Nissan D-22 que lo transfieran a terceros hasta que lo reparen para evitar la clonación.Se licitó un corral municipal para veinte comunas en conjunto, que tendrá un sistema en línea para cruzar los vehículos que entran con los robados.





BOLIVIA SIENTA EN EL BANQUILLO A 592 JUECES Y FISCALES

Analistas aseguran que la justicia está "podrida" y manchada por la corrupción, pues jueces y fiscales fueron detenidos por incurrir en prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias la Constitución.

Spanish China (spanish.china.org.cn/international)

La lucha anticorrupción que libra la Fiscalía General de Bolivia permitirá sentar en el banquillo de los acusados a la friolera de 207 fiscales y 385 jueces por diferentes irregularidades y delitos, anunció el fiscal general de ese país, Mario Uribe.
En estos momentos “se están tramitando 207 procesos penales contra fiscales, que están en diferentes fases, en diferentes etapas, 50 de los cuales están para ingresar a juicio oral”, precisó Uribe y añadió que del total de 592 expedientes abiertos 71 fueron contra administraciones de justicia que ya enfrentan un proceso oral en el Ministerio Público y sus resultados serán dados a conocer en las próximas semanas.
Dentro del poder judicial tenemos 385 procesos contra jueces, de los cuales en este momento se están tratando en la fase de juicio oral 21, añadió.
La Fiscalía General instauró en 2008 una unidad de lucha contra la corrupción interna en el Ministerio Público, con el objetivo de llevar a cabo investigaciones penales contra fiscales y funcionarios de esta entidad, y hace dos meses se creó otra unidad de lucha anticorrupción de jueces y funcionarios judiciales, recordó Xinhua.
Ambos mecanismos dieron resultados alentadores en procura de transparentar la administración de justicia, señaló Uribe, quien mencionó entre los delitos más comunes por los que se procesa a cientos de fiscales y jueces la retardación de la justicia, el incumplimiento de los deberes y de los plazos procesales y el cohecho pasivo y activo.
Ante estos acontecimientos, en los que se vieron involucradas autoridades judiciales del país en actos de corrupción, analistas aseguran que la justicia está “podrida” y manchada por la corrupción, pues jueces y fiscales fueron detenidos por incurrir en prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias la Constitución.
El analista político Carlos Cordero consideró que estos hechos demuestran la “punta del ovillo” de la corrupción en que están involucrados muchos jueces y fiscales. Según él, las denuncias sobre estos hechos se multiplicaron en los últimos meses por “estas malas prácticas”, habituales ya en el país, opinó.
Esto, dijo, perjudica a muchas personas por fallos en su contra, donde el litigante que no tiene dinero tiende a perder en definitiva el proceso, en tanto que aquellos con recursos económicos reciben determinaciones favorables, emanadas por esas autoridades, aun cuando en muchos casos ha habido fuertes indicios de culpabilidad.
Por su parte, la diputada del partido opositor Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, manifestó que existe desconfianza en la labor de fiscales y jueces que están a cargo de la justicia en nuestro país.
Piérola aclaró que no todos, pero una gran mayoría de autoridades de justicia están comprometidas con actos de corrupción, por lo que considera saludable que se comience a investigar a estos malos administradores de la justicia.
Para el analista Hugo Gutiérrez, la justicia desde hace tiempo esta “maleada”, por lo que es imperiosa la necesidad de renovar estas autoridades en las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo. “Es lamentable que jueces y fiscales formen parte de la corrupción, la gente está desprotegida”, reflexionó.
Por su parte, la diputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, señaló que las instituciones judiciales en el país tienen que ver con la retardación de justicia sumando a ello los altos índices de corrupción.
“Con este proceso de elección de autoridades judiciales, al fin la justicia podrá dignificar y la población exigir mayor seriedad y responsabilidad e idoneidad en la administración de la justicia que hasta ahora no la tuvimos", manifestó.
El Gobierno confía en que después de las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo, el órgano judicial ingrese en un proceso de transparencia y reestructuración para que se imparta una verdadera justicia en todo el país.





EMBARCACIÓN DESAPARECIDA EN EL LAGO TITICACA ES LOCALIZADA EN BOLIVIA

Efectivos policiales intensifican la búsqueda de los cuatro ocupantes desaparecidos el último jueves, tras el naufragio de su bote en Yunguyo

El Comercio de Perú (www.elcomercio.pe/peru)

La embarcación que habría naufragado debido al fuerte oleaje cuando surcaba el lago menor del
Titicaca, en la provincia puneña de Yunguyo, fue localizada ayer al mediodía en la localidad en Taraco, Bolivia, a 25 kilómetros del lugar del naufragio. La autoridades continúan con la búsqueda intensiva de sus ocupantes.
“El bote aún tenía parte de los alimentos que recibió del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) para los alumnos de la institución educativa Nº 70234, único plantel educativo del distrito de Anapia”, detalló Francisco Limache Escobar, alcalde de la provincia puneña de Yunguyo, a la agencia Andina.
Por su parte, Paúl Tito Peñaloza, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Yunguyo, contó que el bote naufragó el último jueves entre las islas Iscaya y Canas.
Los desaparecidos son el director del colegio de Anapia, Raúl Mamani; el presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), Pacífico Chalco; el propietario de la embarcación, Ángel Limache; y el trabajador de la escuela Daniel Arocutipa.
Al final, precisó que los desaparecidos llegaron hasta la provincia de Yunguyo,
Puno, con la finalidad de recoger alimentos del Pronaa para los estudiantes del plantel educativo de Anapia.
Radicalizarán búsqueda de náufragos en Wiñaymarca
Pondrán a disposición 100 botes de búsqueda para dar con los cuatro tripulantes de la embarcación que naufragó, el jueves último, en las aguas del lago menor del lago Titicaca, también denominado Wiñaymarca. Así lo dieron a conocer en una asamblea entre los tenientes gobernadores y alcaldes de esta parte de la región, en la víspera.
Según informaron, la búsqueda se hará efectiva el miércoles de esta semana, desde tempranas horas de la mañana, en las zonas cercanas donde fueron encontrados los restos de la lancha en la que la comitiva se trasladaba hasta la isla de Anapia. Esto es, como se sabe, en localidad de Taraco - Bolivia, a 25 kilómetros del lugar donde naufragó el pasado 25 de agosto.
Como se sabe, los desaparecidos son el director de la Institución Educativa Primaria 70234 de Anapia, Raúl Mamani; el presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), Pacífico Chalco; el propietario de la embarcación, Ángel Limache y un trabajador de la Institución Educativa, Daniel Arocutipa.
Según mencionó uno de los testigos, mediante una entrevista en una radio local, el bote aún tenía parte de los alimentos que recibió del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) para los alumnos de la Institución Educativa Nº 70234, cuando fue hallado, pero no había ningún rastro de los tripulantes.





Reitera a indígenas su propuesta de diálogo para la vía que unirá Beni y Cochabamba

EL TRAZADO CARRETERO ESTÁ ABIERTO AL MANDATO DE LA SOCIEDAD: GOBIERNO DE BOLIVIA

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

El gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó hoy su vocación indígena y compromiso de preservación del ambiente en equilibrio con el desarrollo del país, y reiteró que el trazado de la carretera que unirá los departamentos de Beni y Cochabamba, al que se oponen los indígenas de la Amazonia, está abierto al mandato de la sociedad.
Teresa Morales, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, dijo en entrevista con medios estatales que el gobierno está dispuesto a dialogar sobre el pliego de demandas y solucionar ese conflicto, tras señalar que hasta ahora los indígenas han dejado plantada a la comisión del gobierno, aun cuando habían aceptado todas sus condiciones.
Morales deploró la decisión unilateral de los líderes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) y la Asamblea del Pueblo Guaraní de romper el primer acercamiento en firme con el gobierno a finales de la semana pasada para entablar el diálogo.
En esos días el gobierno anunció la apertura de una negociación con los manifestantes sobre la base de un pliego de 16 puntos, pero los indígenas –que habían hecho un receso– reanudaron la marcha hacia La Paz y anticiparon más movilizaciones en otras regiones del país, incluidos bloqueos si el diálogo no prospera.
Celso Padilla, uno de los dirigentes de la marcha –que se encuentra a unos 500 kilómetros de La Paz–, afirmó que la caminata iniciada el 15 de agosto se remprendió por el retraso del gobierno en confirmar la presencia de diez ministros en las negociaciones, como era el pedido indígena.
Los tramos 1 y 3 de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya tienen licencia ambiental y están en ejecución, pero algunas comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure se oponen a la construcción del tramo 2, de 177 kilómetros, bajo el argumento de daños a su hábitat y un eventual saqueo de recursos naturales, principalmente maderables.
No hay un diseño para el tramo 2. Estamos a la espera del diálogo, apuntó la ministra, quien aseguró que el presidente está dispuesto a participar en las conversaciones una vez que se agoten los temas técnicos con los ministros.





CHILE EN EL PUNTO DE MIRA BOLIVARIANO

Revista Atenea de España (www.ateneadigital.es/RevistaAtenea)

Un muchacho de 16 años muertos de un disparo en el pecho, más de 1.300 detenidos por desórdenes y robos, una cincuentena de manifestantes y más de centenar y medio de policías heridos es el balance del desafío de la central sindical única del país y de las organizaciones sociales de base al primer gobierno conservador que tiene Chile en más de 40 años luego de que el frentepopulismo de Salvador Allende, apoyado por la dictadura cubana quebrara el estado de derecho mediante prácticas de cambio revolucionario del marco legal legítimo, empeño que terminó como es de todos sabido, y después de que la dictadura devolviera el poder a los partidos y se restableciera formalmente la normalidad, situación esta última en que se alternaron en el poder los gobiernos de izquierda y de centro-izquierda. A ninguno de éstos le fueron planteadas las demandas y exigencias sociales en los términos en que lo han sido ahora al gabinete conservador de Sebastián Piñera en el desafío de jueves y miércoles pasados.
Por ello es ciertamente sorprendente el estallido de una huelga general en Chile los días 25 y 26 de este agosto, la primera desde que Pinochet puso fin a su dictadura, por motivaciones por entero ajenas a la inmediata y próspera realidad económica del país, que en el primer semestre de este año tuvo u n crecimiento del 6 por ciento, mientras la tasa de paro sigue descendiendo luego de haberse situado en el 7 por ciento.
Cuando este hecho tan escandalosamente anómalo ha venido precedido, además, de dos brotaciones de protesta tan dispares como la ocupación de vías principales de Santiago por una manifestación de ecologistas contra el proyecto de construcción de cinco embalses hidroeléctricos en el sur del país, capaces de aportar la energía eléctrica que necesita la segunda ola de industrialización de Chile - que por altísima sismicidad tiene desaconsejada, especialmente luego de Fukushima, la alternativa nuclear -, y también cuando los estudiantes de la enseñanza media y la universitaria, asimismo, habían sido previamente movilizados ., mientras esto pasa, la extrañeza de la opinión internacional sube de punto. Y, de seguido, se establece la sospecha vehemente de que la huelga general, sentida más por los desórdenes y graves violencias de comandos en régimen de guerrilla urbana- levantando barricadas e incendiando autobuses, que por el paro en los diversos sectores productivos y entre los funcionarios del estado, ha sido un asalto en toda regla al orden cívico del país, con pretensiones de rubricar una acción revolucionaria contra el Gobierno de Sebastián Piñera.
A estas alturas de lo sucedido es necesario, más que sólo conveniente, exponer algunas reflexiones. Una, sobre la falta de relación entre la realidad cursante en la nación chilena y el activado aparato de agitación de la central obrera convocante de la huelga general. Otra, sobre la advertida concatenación de la protesta ecologista y la huelga estudiantil por la gratuidad inmediata y plena de la enseñanza - cosa que no se había planteado hasta ahora que un presidente conservador está en La Moneda -; la protesta ecologista contra la independencia energética del país luego de que Evo Morales, presidente de Bolivia tras derrocar a su antecesor Lozada a golpes de movilizaciones de los mismos indígenas, aimaras como él mismo y quechuas, que ahora están que trinan por las promesas incumplidas y el añadido empobrecimiento en que les ha venido a sumir, reclamara el pasado marzo a Chile la abrogación del Tratado de 1904 por el que Chile perdiera su salida al mar luego de haber perdido la guerra, junto con Perú, contra Chile.
La ocurrencia de Morales no parece imputable ni a lo limitado de sus luces ni tampoco a su impreparación jurídica y política, pues sólo es egresado de los talleres revolucionarios de La Habana. Esa reclamación olió a salva dialéctica y calentamiento de motores para tensar las relaciones diplomáticas con Chile. Pero en todo caso ese asunto de la salida de Bolivia al mar ante lo que hay disposición chilena para un arreglo - al margen, claro está de las pretensiones soberanistas de Morales - ya está cumpliendo una utilidad bolivariana de pretexto contra el gobierno conservador de Piñera. Cabría definir esto como enlace orgánico del populismo chavista contra el paradigma "neoliberal" que dicen los neoleninistas del castrismo cubano, quizá nostálgico de aquel principio de los años 70 en los que la revolución allendista estuvo a punto de llegar a puerto pero se lo impidió el golpe del general Pinochet.
La huelga general chilena habría que considerarla, quizá, como el primer acto formal del acoso populista contra la relevante excepción conservadora en el hemisferio hispánico. Vendrán otros episodios.