viernes, 2 de octubre de 2015

CHILE: UNA POLÍTICA EXTERIOR SECUESTRADA POR JUECES Y ABOGADOS ¡¡¡QUE PENA…!!!



Para los abogados-abogados es difícil comprender la diplomacia. Académicamente adiestrados para encajar las conductas del presente en las normas jurídicas del pasado, les cuesta aceptar que, en casos de conflicto internacional, los grandes diplomáticos las tomen con beneficio de inventario. Es decir, como precedentes para una negociación.
Podría analizarse el tema desde la filosofía del derecho, pero en formato periodismo sale pedante. Baste apuntar que los juristas –que son algo más que abogados– saben que, epistemológicamente hablando, la ciencia jurídica es “historia congelada”. Más fácil es enterarse por los ejecutores pensantes de la diplomacia. Estos han llegado a conclusiones separatistas desde la práctica de los conflictos.
En rápida sinopsis, tenemos al diplomático y miembro de la Academia Francesa, Francois de Calliéres (1645-1717), quien advirtió que los malos consejeros del rey eran hechura del ethos jurídico: “La formación de un abogado inculca hábitos y disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la diplomacia”. Añadió que “la diplomacia es una profesión que merece la misma preparación y atención que los hombres dan a otras profesiones conocidas”.
En época más cercana, el embajador, académico y jurista francés Jules Cambon (1845-1935) puso en guardia contra “la ilusión de creer que no existen más derechos para las naciones que aquellos que los tratados les confieren”. Lo explicó en un libro de 1926, agregando que “el carácter diplomático difiere del jurídico”, pues “la aplicación de las leyes y su interpretación llevan consigo en teoría un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.
También hay letrados chilenos en la misma onda. Mario Barros Van Buren, abogado, diplomático de carrera y autor de la notable Historia diplomática de Chile (1970), incluso lo expresa en tono áspero. Dice que nuestra diplomacia de los dos siglos pasados transcurrió en “la esclavitud jurídica” y en un contexto de “espantosa orfandad de imaginación”. Argentinos conspicuos nos trataban “como tontos” y en Lima se definía a nuestra Cancillería como “la gran sorprendida”. Añade que, en vez de aprovechar a los diplomáticos profesionales meritorios, la autoridad prefería “encargar las misiones delicadas al exterior al brillante areópago de abogados, profesores y eruditos que constituían el orgullo del Chile decimonónico”.
Llevamos siete años con nuestra política exterior secuestrada por jueces y abogados. A mayor abundamiento, ni siquiera hemos sido capaces de sincerar los resultados. Desde la majestad de la ley se nos dice que impusimos nuestro criterio jurídico en el pleito con Perú y que con Bolivia vamos ganando.
Algo similar dice el abogado y embajador Jorge Heine, para quien “reducir la acción internacional de un país al respeto de las normas jurídicas internacionales es equivalente a decir que el objetivo político clave de un gobierno debe ser respetar la Constitución y las leyes”. Eduardo Ortiz, abogado ex embajador y ex director de la Academia Diplomática de Chile, aludiendo a las limitaciones del Derecho Internacional, escribió que la relación entre naciones e individuos “se desarrolla a pesar de las normas o en ausencia de ellas”. El abogado y politólogo Luciano Tomassini, en una de sus obras, hizo una síntesis muy precisa de la relación contradictoria entre abogados y diplomáticos, agregando el insoslayable factor de la fuerza: “La diplomacia ha oscilado siempre entre el derecho y el uso de la fuerza, con una instancia intermedia que es la negociación”. Concluyó que la negociación es “el método normal, más satisfactorio y menos peligroso para conducir las relaciones entre los Estados”.
El camino de la realidad
Parece claro, entonces, que hay una tensión histórica y teórica entre abogados y diplomáticos, respecto al rol del derecho como medio de solución de los conflictos internacionales. Pero, si uno se pregunta por su origen duro, debe “descender” desde las teorías a la realidad. Esta dice que, siendo los conflictos interestatales conflictos de poder, los gobiernos competentes los enfrentan con toda la panoplia de su poder y con todos los profesionales que puedan defender sus intereses. No se limitan, ingenuamente, a los cultores de la hermenéutica legal.
Visto así, el acotamiento del rol de los abogados, en las diplomacias desarrolladas, ha sido fruto de un proceso largo, en cuyo curso a) los diplomáticos –con o sin título de abogado– se constituyeron como un cuerpo de negociadores con habilidades multidisciplinarias, b) decayó la fe en un “estricto derecho” con productos “intangibles” y c) se legitimaron las soluciones transaccionales, flexibles y creativas.
Este proceso se llama “profesionalización” y terminó creando nuevos y más complejos organigramas en las cancillerías modernas. Ahí la ilusión legalista, a que alude Cambon, es una reminiscencia casi romántica, pues las piezas encajaron en los sitios que les asignaba la realidad. Hoy los abogados aparecen como asesores técnicos calificados y los diplomáticos como miembros del Servicio Exterior, con funciones oficiales de representación, información y negociación.
De ese modo y sin desconocer el rol del derecho como conquista cultural de la humanidad, esas cancillerías han instalado una diplomacia proactiva y proteica. Tiene sistemas de trabajo conjunto con las instituciones de la Defensa, proyecta su acción hacia los nuevos y múltiples actores civiles de la política exterior y busca agentes formados en la multidisciplinariedad. Estos pasaron, así, desde la simplicidad de la solución jurídica preestablecida a la complejidad de la imaginación prospectiva.
Henry Kissinger, uno de los innovadores más audaces –al margen del juicio ético que merece su trayectoria política–, cuenta que en los Estados Unidos esos cambios no fueron sencillos. Dice en uno de sus libros que, como Secretario de Estado en el gobierno de Richard Nixon, debió chocar con “las tradiciones legalistas” del establishment.
Estado de situación nacional
Dos preguntas fluyen lógicas... e implacables: ¿seguimos los chilenos sosteniendo una visión jurídica (y obsoleta) de la realidad internacional? ¿Estamos en la vía correcta para tener una Cancillería moderna y una diplomacia desarrollada?
Los porfiados datos responden que sí a la primera pregunta –al menos en el nivel oficial– y que no a la segunda. Y es obvio: llevamos siete años con nuestra política exterior secuestrada por jueces y abogados. A mayor abundamiento, ni siquiera hemos sido capaces de sincerar los resultados. Desde la majestad de la ley se nos dice que impusimos nuestro criterio jurídico en el pleito con Perú y que con Bolivia vamos ganando.
Por lo mismo, es mejor ceder la palabra final a uno de los más grandes cancilleres de nuestra historia. A Gabriel Valdés Subercaseaux, quien, tras el término de su última misión en 2008, se mostraba preocupado por la postergada condición de nuestra Cancillería. Decía que Chile, abierto como estaba al mundo, necesitaba una organización para el siglo XXI. Pero, como sabía que eso “no era tema” para la clase política, hizo la siguiente declaración a una periodista:
Una reforma de este tipo no se puede hacer desde adentro de la Cancillería; hay que hacerla desde fuera, quizás con la asesoría de grandes países. Hay que buscar una fórmula para que Chile, que es pequeño y no es rico, tenga un funcionamiento externo más adherido a lo que está pasando, que utilice mejor los talentos, que sea una carrera donde lo profesional se pueda perfeccionar con el tiempo, que no sea un pagador de recursos para algunos políticos.
Así nos interpeló don Gabriel. Y no basta con responder Amén. El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)





LA GRAN DEUDA DE LA DIPLOMACIA

De 16 proyectos que se han elaborado desde los años 90 para modernizar la Cancillería, ninguno ha llegado a puerto. Tras el último fallo de La Haya, el funcionamiento del ministerio ha vuelto a ser cuestionado. Y tal como sus antecesores, el canciller Muñoz ahora promete una nueva iniciativa, que ingresaría a fin de año. ¿Cuánto falta para que Chile tenga un servicio exterior más eficiente?

Revista Que Pasa de Chile (www.quepasa.cl)
                                                              
Todas las noches, durante los meses previos al fallo de La Haya, en el antejardín de la embajada de Bolivia en Washington —en la transitada Avenida Massachusetts— se prendía un gigantesco letrero de neón luminoso que decía “Mar para Bolivia”. El mensaje no sólo era visto diariamente por miles de residentes de la capital de Estados Unidos, sino que muchos paraban sus autos para fotografiarse con él.
Más allá está la embajada de Perú, con enormes lienzos que dan cuenta de las exposiciones de libre acceso en su sala cultural. En julio, el Museo Smithsonian en conjunto con el gobierno peruano montaron una muestra de gastronomía típica en la explanada central de la ciudad, que fue todo un éxito.
La embajada chilena, en cambio, también ha querido postular a una muestra con el Smithsonian, pero no hay recursos disponibles en la caja. La delegación diplomática ni siquiera tiene página web, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió manejar todo desde Santiago y cualquier norteamericano que escribe “Chilean embassy” en Google es derivado a una página inexistente.
El revés que sufrió Chile en la Corte Internacional de Justicia, que por 14 votos contra dos rechazó la objeción del equipo nacional y se declaró competente para revisar la demanda interpuesta por el gobierno boliviano para que Chile se siente a negociar una salida al mar, generó diversas interpretaciones sobre el alcance de la resolución y cuánto acotaba la postura de Evo Morales.
Pero también comenzó a sacar a la luz un debate más subterráneo que desde hace años se maneja en voz baja en el mundo político. ¿Qué tan preparados están la Cancillería y los diplomáticos chilenos para enfrentar los desafíos de la política internacional actual? Criticar la política exterior ha sido desde siempre un tema tabú, donde oficialismo y oposición se cuadran para dar señales de orden y unidad. Sin embargo, situaciones como el apoyo a la demanda marítima boliviana del Papa Francisco —quien no sólo decidió visitar La Paz un año antes que Santiago sino que se refirió directamente a la petición de Morales—, ha derivado en que se hagan públicos los primeros cuestionamientos a los manejos de la Cancillería.
Y aunque el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, mantiene una permanente relación con los ex cancilleres y con los parlamentarios de las comisiones del Congreso, para pedirles sintonía y que se mantenga una sola voz en estas materias, poco a poco se están instalando las preguntas incómodas. Lo que nadie quiere ver: el sistemático recorte de recursos a uno de los ministerios más pequeños, la postergación de los proyectos para modernizar la Cancillería, el predominio de los políticos en embajadas claves, el desincentivo de los diplomáticos de carrera, la falta de expertos en las áreas técnicas. Y sobre todo, una Cancillería con legislación del siglo pasado a la que parece que le cuesta adaptarse a un nuevo escenario mundial.
Un pequeño ministerio
Si a comienzos de los 90, el presupuesto de la Cancillería era equivalente al 1,1% de todo el erario nacional, hoy su relevancia asciende sólo al 0,52%. Es que los dineros asignados a la política exterior chilena han ido debilitándose con los años. Para 2015 los recursos otorgados bordean los US$ 312 millones. La cifra es bastante inferior a los cerca de US$ 452 millones de la cartera de Economía o los más de US$ 11 mil millones de Educación.
Los recursos no alcanzan, concuerdan conocedores de la Cancillería. “Desde el período de Eduardo Frei en adelante, el presupuesto de la Cancillería ha ido bajando. Hoy, en un mundo interconectado, donde estamos buscando inversiones, que estamos preocupados por China, vemos que se derrumban las bolsas en Estados Unidos y que se pueden desviar los capitales hacia allá, necesitamos tener una presencia internacional mucho más fuerte”, señaló hace unas semanas el ex canciller y actual embajador de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés a Qué Pasa.
El limitado presupuesto ha puesto en jaque justamente esa presencia. Desde hace tres años a la fecha la dotación de varias embajadas se ha ido reduciendo: “En gran parte de Asia —exceptuando países como Corea, China y Japón— las embajadas son bipersonales, un embajador y un funcionario. En África está pasando lo mismo. Estamos abriendo embajadas en Irán y Etiopía donde otros países (Portugal y Colombia) nos arriendan sus oficinas”, explica un alto funcionario del ministerio.
Mientras Chile pierde relevancia, países vecinos como Perú ganan terreno. Reconocido es el trabajo que ha realizado Torre Tagle en esta materia. “Un caso que me parece admirable es el de Perú, que en el último tiempo ha desarrollado un despliegue extraordinario no sólo en materia de comunicación de imagen del país, sino que en torno a su cocina y a sus riquezas indígenas. Ha logrado posicionarse muy fuerte en Nueva York, Washington y en capitales europeas. Nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo sistemático y serio en esta materia y no seguir mirando el asunto externo como un gasto”, subraya el embajador Valdés.
Son 16 los proyectos que se han presentado desde los años 90 para intentar modernizar la Cancillería.
Ninguno ha llegado a puerto. “Yo creo que en el país hay poca comprensión de lo que significa una democracia moderna. Lo que en Chile prima es una democracia comercial, pero no basta con ser fenicios y buenos para vender cosas y hacer acuerdos comerciales. En el mundo moderno los países tienen que involucrarse en operaciones de paz, opinar sobre los grandes temas que afectan al mundo, como la inmigración, y en estos temas tenemos una diplomacia deficitaria”, señala el ex ministro Carlos Ominami.
Actualmente, el Ministerio de RR.EE. se rige principalmente por la legislación de 1978, es decir, su normativa y su dotación están fijas hace 37 años. Heraldo Muñoz ha seguido la línea de sus antecesores, prometiendo un nuevo proyecto que se presentaría a fines de 2015, que significaría un incremento anual de entre US$ 20 a US$ 22 millones. “Hay un proyecto que ha sido elaborado desde el inicio de este gobierno, como una de las prioridades de la Cancillería. Estamos en una etapa avanzada”, dice el canciller Muñoz. “Lo principal es terminar la discusión de esta iniciativa con Hacienda para que ingrese al Congreso este año y luego sea discutido y ojalá aprobado en 2016. El financiamiento puede ser gradual”, agrega.
Desde el Senado presionan por el ingreso de la iniciativa. A mediados de agosto firmaron un proyecto de acuerdo, manifestándole a la presidenta Bachelet su interés de trabajar en la modernización y que se dote de mayores recursos a la Cancillería para ello. Con el reciente fallo de La Haya los actores esperan que esto se agilice, aunque temen que la austeridad del presupuesto 2016 contravenga tal intención.
Políticos versus diplomáticos
José Antonio Viera-Gallo (PS) en Argentina, Jaime Gazmuri (PS)en Brasil, Ricardo Navarrete (PR) en Colombia, Gabriel Ascencio (DC) en Ecuador, Ricardo Núñez (PS) en México, Mario Fernández (DC), en Uruguay. La presidenta decidió repartir las embajadas de Latinoamérica, y varias de las principales del mundo, entre las antiguas figuras de la Concertación y aquellos políticos que habían perdido las últimas elecciones parlamentarias.
Y aunque las sedes diplomáticas suelen ser vistas como un “premio” —así como lo son las agregadurías de cultura o de deportes—, la nominación de Bachelet se interpretó como que quería mantener a distancia a antiguos próceres del oficialismo.
En cualquier caso, hubo un retroceso respecto a las embajadas que se entregan a políticos versus las que asumen diplomáticos de carrera. Históricamente han sido repartidas equitativamente y en la administración de Sebastián Piñera la relación entre embajadores de carrera y políticos llegó a un 80% y 20%, respectivamente. Hoy el orden está en un 66% y 33%. El nombramiento de la ex ministra de Educación Mónica Jiménez como embajadora en el Vaticano es un ejemplo que despertó las críticas.
El presidente de la comisión de relaciones exteriores del Senado, Francisco Chahuán (RN), presentó un proyecto para que los embajadores que propone La Moneda y no fueran de carrera, deban ser ratificados por 2/3 del Senado. Un modelo similar al que tiene Estados Unidos.
El ministro Muñoz defiende la actual distribución: “Hay embajadores políticos en Latinoamérica que han hecho una excelente labor y, por otra parte, tenemos embajadores de carrera en lugares claves como Naciones Unidas, Italia, Reino Unido, España, Perú y Bolivia, por nombrar algunos. Y este gobierno ha promovido un número muy significativo de embajadores de carrera”.
Las dificultades para llegar a ser embajador y acceder a las mejores representaciones, es un factor que desincentiva el ingreso a la carrera diplomática. A la Academia Diplomática sólo postulan 150 alumnos por año, de los cuales quedan nada más que 15, quienes aunque deben tener otra carrera cursada, ganan un 40% menos que otros profesionales equivalentes. La planta de diplomáticos se mantiene en 500 personas desde hace 30 años. Los bajos salarios se cruzan con la inamovilidad existente. “Del Ministerio al Cementerio” es el lema que tienen los empleados al interior de la Cancillería. Los ministros consejeros pueden permanecer eternamente hasta pasados los 80 años evitando el tiraje. “Si no te nombran embajador, tú sigues como ministro consejero y tenemos el problema de las pensiones, por lo que la gente no se quiere retirar”, explica Fernando Salas, presidente de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica).
El último proyecto de ley presentado por el gobierno anterior y que se encuentra congelado, plantea aumentar los salarios de ingreso a la carrera, reducir los periodos para poder ascender, dar bonos al retiro para terminar con la inamovilidad, y aumentar los cursos de capacitación y distribuir las destinaciones por mérito. “Quién va a querer ser militar si no puede llegar a ser general. Si no mejoramos las condiciones, no vamos a tener la mejor gente”, señala el ex canciller Alfredo Moreno.
Rompiendo la jerarquía
De todos los miembros del equipo chileno en La Haya no hay ningún diplomático de carrera.
El ex embajador Pablo Cabrera, quien fuera director de la Academia Diplomática, señala que tras la caída del Muro de Berlín las relaciones diplomáticas han cambiado, pero la Cancillería chilena no se ha adaptado a los tiempos. “Hoy el diplomático debe tener una capacidad de reacción inmediata, por eso debe estudiar, porque no va a esperar hasta que llegue el embajador para que hable. Hoy la diplomacia es muy vertical en un mundo muy horizontal. En ese sentido se les deben dar a los diplomáticos más incentivos y confianza para actuar”, dice Cabrera. Visión similar plantea Fernando Salas: “En la Cancillería el pensamiento crítico no es algo predominante. Es una cultura que viene hace mucho tiempo, donde la decisión de lo que se hace en política internacional viene de la presidenta y cae en forma vertical. La jerarquización ha atentado en una mayor modernización”.
Aunque el subsecretario de RR.EE., Edgardo Riveros (DC),destaca que “todos los directores y subdirectores de áreas en el ministerio hoy son de carrera”, en cancillerías modernas la apuesta es que los jefes de departamento no necesariamente sean diplomáticos, sino los mejores técnicos y profesionales. Hoy, los embajadores, por cada cuatro años en el extranjero, pasan dos en Chile con un sueldo más bajo. Y por eso, cuando llegan les asignan una jefatura de departamento, aunque no sean los más capacitados en el área. Existen, excepciones. La Dirección de Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación está al mando de un experto en la materia, el embajador e ingeniero Gabriel Rodríguez García—Huidobro. Gracias a esto las políticas de telescopios, como el proyecto ALMA y otros, han sido uno de los mayores logros en política internacional e imagen país de los últimos años.
De los TLC a La Haya
Con cerca de 20 Tratados de Libre Comercio, Chile es hoy la nación con más acuerdos de esa índole a nivel mundial. Es que desde la recuperación de la democracia, la vanguardia internacional del país ha estado centrada en los llamados TLC, el problema —dicen al interior de la Cancillería— es que la ausencia de recursos ha limitado la labor promocional de esos acuerdos. Ejemplo de ello es el acuerdo con Tailandia. Mientras el país avanza en cerrar el TLC con esa nación, los representantes en el país son sólo dos: un embajador y un funcionario que hace laborales administrativas y de cónsul, explican fuentes del Ministerio.
“En esta avidez por reinsertarse se dejó de lado otra reflexión de ir sintonizando, adecuando toda la institucionalidad chilena a estas nuevas demandas, porque el mundo estaba cambiando. Pasamos de ser el país del último rincón del mundo a ser parte de un escenario dinámico como es el área del Pacífico. La globalización abre el mundo, se empieza a comunicar de otra manera y eso debió haber ido aparejado de una readecuación de nuestra institucionalidad”, explica Cabrera.
Según el ex ministro Sergio Bitar (PPD), si bien los acuerdos comerciales son una muestra de la innovación que tuvo Chile en materia internacional, hoy la política internacional se reduce a los problemas con Bolivia. “Producido este primer fallo de La Haya, los chilenos estamos obligados a repensar bastante más el plano internacional. ¿En qué sentido? Lo internacional afecta mucho a lo nacional y por lo tanto no puede quedar como antes lo internacional sujeto a la decisión de una sola persona con tan poco debate interno. Acá no hay monopolio en el manejo de lo internacional y creo que le haría muy bien a Chile discutir más internamente”.
El analista venezolano Moisés Naim agrega que, al revés, la injerencia de lo nacional en lo internacional también es una realidad. “En general en América Latina hay respeto por los diplomáticos profesionales de Chile. Ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores no es inmune a la situación política del país y a la situación del gobierno. Es muy difícil tener una diplomacia fuerte si tienes un gobierno débil”. Dice que, por ejemplo, en Brasil, Itamaraty, una de las cancillerías más profesionales de América Latina, era mucho más poderosa cuando Lula estaba en las encuestas a los más altos niveles y donde Brasil estaba creciendo.
La diplomacia en tribunales
La Corte de La Haya es sólo uno de los organismos internacionales donde ha tenido que intervenir Chile en el último tiempo. A mediados del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó al país por violación a los derechos humanos de mapuches. En 2012, la misma entidad condenó al Estado chileno por trato discriminatorio contra la jueza Karen Atala. El caso Clarín también ha sido ejemplo de nuestra presencia en cortes del exterior. Y el del río Silala amenaza con ser el próximo.
La judicialización de las relaciones internacionales se ha transformado en una realidad nacional.
El ex canciller Moreno recuerda una charla del presidente del Consejo Europeo de Eslovenia para resumir la problemática: “Se atrasó la charla y el conferencista dijo ‘no se preocupen, esto lo voy a explicar en sólo dos minutos con reloj’ y agregó: ‘Nuestra generación y la de nuestros padres vivíamos en la lógica de los estados nación y esa era la diplomacia. Pero hoy la era de los estados nación está limitada por la legislación internacional de los derechos humanos’”.
Según plantea: “Como país pequeño, suscribimos a todos los tratados internacionales, pero eso hay que aterrizarlo en Chile y nuestra legislación”. Y eso requiere de los mejores profesionales. Incluso ya existe una propuesta del Consejo de Relaciones Internacionales y del ex canciller Hernán Felipe Errázuriz para crear una suerte de Consejo de Defensa del Estado, sólo para los litigios internacionales.
Sin embargo, por el momento la única propuesta que se está trabajando es un futuro proyecto de ley. Este incluye —entre otros aspectos— la creación de una Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, con dos servicios dependientes —la Dirección General de Promoción de Exportaciones y la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales—. Además, amplía la planta de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y faculta el nombramiento de hasta cuatro agregados de cooperación.
La iniciativa, además, considera, tanto para la planta de Servicio Exterior como para administrativos, el retiro obligatorio a los 67 años y una compensación equivalente a 24 sueldos brutos. A ello se suma la disminución a la mitad (de 4 a dos años) del tiempo mínimo requerido en el grado para poder ascender, junto al aumento en los grados iniciales. La gran pregunta es si seguirá archivada como las 16 anteriores.





¿MEDIACIÓN PAPAL ENTRE CHILE Y BOLIVIA?

Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)
                                                      
En los últimos meses de una u otra forma ha trascendido a la prensa la posibilidad de que el Papa Francisco medie en la reivindicación boliviana para lograr una salida soberana  territorial al mar por las costas chilenas. De hecho cuando informalmente se tanteó esa alternativa fue tajantemente rechazada por Chile. Ahora que la Corte de La Haya desestimó la excepción procesal chilena y reafirmó su competencia para conocer la demanda de Bolivia, esa posibilidad podría resurgir y el Presidente Evo Morales sutilmente la insinúa cuando habló de un acompañamiento mientras se desarrolla el proceso ante la Corte. ¿Me pregunto si eso es posible jurídica y políticamente en el caso judicial a ser resuelto en La Haya?
Desde un punto de vista estrictamente jurídico podría ser, dado que la mediación es una forma de resolver los conflictos jurídicos internacionales expresamente reconocida por la Carta de las Naciones Unidas, así como en la Carta de la OEA. Existen también algunos precedentes notables particularmente la mediación papal en tiempos del pontificado de Juan Pablo II a fines de los setentas y comienzos de los ochentas, que evitó una suicida guerra entre Argentina y Chile a causa del conflicto en torno al Canal de Beagle y zonas aledañas.
En ese caso ya felizmente superado, el Cardenal Samoré bajo instrucciones directas de Juan Pablo II, realizó un trabajo notable evitando un enfrentamiento armado entre Argentina y Chile, que literalmente estuvo a punto de estallar. La mediación requiere de la acción de un organismo internacional, de una tercera potencia o de una personalidad excepcional que se ponga entre las partes en conflicto, con el objeto de buscar una solución pacífica y evitar un desenlace violento. No es una solución jurisdiccional ni está sujeta a procedimientos predeterminados, debiendo el mediador realizar una intensa actividad para encontrar una fórmula aceptable a las partes.
En el plano político la mediación no es viable si las partes no están previamente de acuerdo para llevarla adelante. La mediación no se impone a los países y requiere de su aceptación, lo cual también constituye un presupuesto jurídico indispensable para realizarla. En el caso de la reivindicación boliviana dirigida a una salida soberana y territorial al mar, que necesariamente tendría que atravesar territorio chileno, ninguna mediación prosperará sin la anuencia del gobierno de Chile. Todo parece indicar por las últimas declaraciones de la Presidente Bachelet, dadas en compañía de sus predecesores, que Chile expondrá sus argumentos jurídicos y pruebas de ser el caso ante la Corte de La Haya, hasta que se dicte la sentencia. Emitida la sentencia en la hipótesis favorable a Bolivia para iniciar una negociación, ¿qué sentido tendría entonces la mediación?





EVO MORALES, BOLIVIA Y LA GEOPOLÍTICA DEL MAR

Cuba Debate (www.cubadebate.cu/opinion)
                                                                         
La decisión del la Corte Internacional de Justicia de La Haya de declararse competente para conocer la demanda boliviana interpuesta en abril de 2013, que es lo mismo que decir de rechazar la objeción preliminar presentada por Chile, explica la justeza de la causa boliviana, pero también de cierta relativa modificación del tablero geopolítico en la región -como parte de los cambios en curso en la geopolítica del poder global-, y el papel que Bolivia está empezando a jugar en el plano internacional.
Esta primera apreciación, formulada a manera de hipótesis, no pretende pecar de surrealista al expresar un peligroso exitismo ni un adelantado triunfalismo por la “victoria inicial”, pero si busca explicar que si Bolivia no fuera otra respecto de la que heredó Evo Morales en enero de 2006, difícilmente los sólidos argumentos presentados ante La Haya hubieran tenido el peso que evidentemente tuvieron al momento de la reflexión técnico-jurídica de los miembros la Corte. Es decir, que así como el Che sostuviera en Punta del Este que la economía no estaba separada de la política, tampoco –el añadido es mío- lo jurídico no está separado de lo político.
El alcance geopolítico de la posición boliviana se sintetiza en dos declaraciones del presidente Evo Morales en momentos distintos. La primera el 15 de abril de 2013, cuando afirmaba minutos después de entregar la Memoria Histórica que respalda la demanda marítima boliviana para ejercer su derecho soberano sobre el Pacífico: “resolver este tema es parte de la integración y parte de la justicia en América Latina y el Caribe”.
Luego, este 24 de septiembre en la Plaza Murillo, pocas horas después de conocerse el favorable fallo de La Haya, al sostener que la causa boliviana es parte de la agenda pendiente de América Latina y al inmediatamente hacer referencia a la necesidad de levantar el bloqueo contra Cuba, de devolverle a la Argentina soberanía sobre Las Malvinas y felicitar el paso decisivo que se dio para solucionar el conflicto armado en Colombia tras la firma de un acuerdo sobre justicia transicional entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Timoleón Jimenez.
Una segunda aproximación es que además de la voluntad y la la capacidad de ejercer hegemonía en la región o el mundo son factores para definir a un Estado como “jugador estratégico” o por su situación geográfica como “pivote” en el tablero geopolítico, según se desprende de los aportes de Zbigniew Brzezinski –asesor de Carter y Obama en asuntos internacionales-, también juega un papel importante la capacidad de dirección y liderazgo de los presidentes, como es el caso de Bolivia, un país que se encuentra en la vitrina mundial desde que Evo Morales es su presidente.
Las dos declaraciones dan cuenta, a manera de síntesis, de la profundidad de los movimientos geopolíticos que concibe y despliega el jefe del Estado Plurinacional, quien nunca termina de sorprender por las grandes iniciativas que toma desde una perspectiva de los intereses de Bolivia y de América Latina.
Desde la perspectiva de Bolivia, hay al menos tres razones geopolíticas muy grandes que fundamentan los pasos dados por el Estado Plurinacional:
La primera razón es que rebate la teoría de que la guerra da derechos, más aún cuando en realidad se ha tratado de una ocupación militar de una parte de nuestro territorio en medio de un estado débil (aparente) y una clase dominantes bastante débil e incapaz de sentar y defender la soberanía. Por el contrario, pone sobre la mesa el derecho de Bolivia –reconocido por distintos gobiernos chilenos a través de una serie de compromisos antes y después del Tratado de 1904- a tener una salida soberana al mar.
La segunda razón es que apunta a desmontar los dispositivos coloniales instalados en la narrativa de la historia del vencedor y en la propia conciencia del país y sus pueblos colonizados. Resignifica, como sucede en todo lo que está haciendo la revolución boliviana, la auto estima individual y colectiva de los hombres y mujeres que aceptaban pasivamente, a pesar de las nostalgias de cada 23 de marzo, ese pasaje de nuestra historia –la pérdida de la cualidad marítima- como un producto del “orden natural” de esta parte del mundo. Cuestiona esa narrativa y construye otra cargada de episodios de resistencia histórica y simbólica que nunca dejaron de desarrollarse.
Evo Morales cuestiona esa historia oficial. Como lo está haciendo en todos los niveles de la realidad, el jefe del Estado Plurinacional y del proceso de cambio lo que hace es negar esa vieja historiografía que legitimaba el poder del colonizador interno y externo, y parafraseando a Marx pone de pie a lo que se suponía echado e inmóvil.
La tercera razón es que ejerciendo su derecho soberano sobre el Pacífico, Bolivia experimentará un mejor crecimiento de su economía –más de lo que ha logrado desde 2006- y una mayor sostenibilidad en el tiempo. No cabe duda que los resultados del exitoso modelo económico social comunitario que se desarrolla desde hace diez años –con reservas internacionales que han pasado de 1.700 millones de dólares a más de 15.000 millones, un nivel de ahorros en cantidad similar a las reservas y el PIB triplicado-, en el escenario más pesimista se duplicarían. Con eso, ese modelo que genera excedentes y los redistribuye a través de distintos mecanismos y políticas sociales a favor del pueblo, se consolidará.
“En los últimos 10 años la economía boliviana ha crecido en promedio un 5 %, aun en tiempos de caída de los precios de materias primas a nivel mundial. La economía boliviana en 2015 incluso mantiene un ritmo de crecimiento del 5 %, eso significa que en 8 años hemos triplicado el producto interno bruto”, expresó el vicepresidente Álvaro García Linera el 2 de julio pasado en la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Chile.
Pero el segundo hombre de Bolivia no se queda ahí. “En 2005 la economía chilena era catorce veces más grande que la boliviana; ahora mide ocho. Y el 2020 debe ser sólo cuatro veces más grande. Y el 2025 deberíamos estar iguales o máximo uno a dos”, sostuvo en octubre del pasado año en una entrevista publicada por el diario chileno La Tercera.
Las razones de la aseveración política no son infundadas. En 2005, el PIB de Bolivia no superaba los 9.000 millones de dólares y el de Chile llegaba a los 123 mil millones. Diez años después, el PIB de Bolivia se ha más que triplicado (33.000 millones dólares y el chileno apenas se ha duplicado.
La cuarta razón es que Bolivia estará en condiciones de mostrar al mundo no solo que es necesario construir un orden social distinto al capitalista si se quiere salvar a la humanidad y el planeta, sino que es posible. Los resultados de su proyecto emprendido en 2006 nuevamente juegan a favor. En Chile el modelo neoliberal que empezó a aplicarse desde la dictadura de Augusto Pinochet registra un mayor crecimiento de la desigualdad social y una privatización de los servicios básicos, además de la salud y la educación, mientras en Bolivia hay una tendencia a la caída de la desigualdad social y un reconocimiento de que los servicios básicos como el agua son derecho humano.
Desde Nuestra América
Desde una perspectiva más latinoamericanista, el fallo favorable en el fondo a la demanda boliviana registraría efectos altamente positivos y que a vuelo de pájaro hacemos alguna referencia bastante resumida:
En primer lugar restablecería y resignificaría, en condiciones favorables y distintas al siglo XX, la teoría geográfica de la integración. Bolivia está ubicada en el corazón de Sudamérica y esa su condición le asigna un papel estratégico al momento de unir al Pacífico y el Atlántico, pero además, como sostuvieran varios estudiosos militares en la década de los 30 del siglo pasado, de ser un puente entre Los Andes y la Amazonía. La recuperación de su cualidad marítima no solo le es favorable a Bolivia sino que aporta a una reconfiguración del escenario sudamericano en términos de mayor equilibrio entre todos los estados y pueblos. Así MERCOSUR y la CAN no necesitan antagonizarse sino más complementarse y la UNASUR no tendría otro destino que la consolidación.
Atrás quedaría, con mayor facilidad, el proyecto de Estados Unidos de gravitar en el Pacífico desde los intereses de las grandes transnacionales, como ocurre ahora con su proyecto Alianza Pacífico (AP) y la Transpacífico (TPP).
Lo que se está diciendo es que este país pequeño, enclavado en el corazón de Sudamérica, es un actor fundamental para la integración de la subregión en términos distintos a los dictados por el capital transnacional y los Estados Unidos. Es un papel del que se habla poco, pero que muchos no ignoran.
En segundo lugar, destrabaría uno de los obstáculos más grandes a los procesos de integración basados en los intereses de los Estados y los pueblos, y no en la exclusiva lógica del capital. El enclaustramiento marítimo boliviano, entorpece una relación de plena igualdad política entre los estados y los pueblos, y favorece al dominio imperial. No puede hablarse de integración plena con un país condenado al encierro por decisión del capital a través de una forma militar-estatal. Eso ya no es posible.
En tercer lugar, la resolución favorable de la demanda boliviana no solo reparará las injusticias cometidas contra Bolivia durante más de un siglo, sino que abriría las compuertas para que América Latina avance con fuerza y decisión hacia el cumplimiento de la agenda de los siglos XIX y XX que nos interesa a todos: Malvinas para Argentina, la superación de la condición colonial de Puerto Rico, la devolución de la base militar de Guantánamo a Cuba y el cese inmediato del bloqueo. No es que la madeja corra por efecto automático, pero sin duda aportará a ampliar una subjetividad favorable –más de lo que ya existe- para que América Latina sea ejemplo de integración, soberanía y cooperación.
El cumplimiento de la “agenda del siglo XIX y XX” que arrastra América Latina no casi una condición para avanzar hacia la implementación de la “Agenda de la Patria Grande del siglo XXI”.
En síntesis, Bolivia es vital en este tercer momento emancipador de América Latina. La recuperación de su cualidad marítima aumentará su gravitación con propósitos latinoamericanistas. Por eso, no solo son las transnacionales las que estarán atentas para impedir que el fallo de La haya salga favorable, sino el imperialismo.





EL FALLO CATEGÓRICO DE LA PRENSA INTERNACIONAL
                                                                
El estudio de los principales periódicos de Estados Unidos, Europa y América Latina demuestra que Bolivia nos ha derrotado diplomática y comunicacionalmente, lo que parece confirmar que Chile ha perdido “poder blando” y es más débil en consecuencia.

El Libero de Chile (www.ellibero.cl/opinion)

Aunque la Presidenta Michelle Bachelet asegura que “Bolivia no ha ganado nada” tras el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para los periódicos más importantes del mundo en general y de América Latina en particular, Bolivia sí derrotó a Chile. Para algunos de ellos, la resolución fue categórica.
Para diarios tan influyentes como The New York Times, The Washington Post y The Daily Telegraph, la postura chilena fue claramente derrotada en La Haya. Hubo incluso medios de comunicación, como The Wall Street Journal, que responsabilizaron directamente al gobierno de Bachelet de la derrota. Según este periódico financiero, que cuenta con más de tres millones de suscriptores en todo el planeta, especialmente altos ejecutivos, inversores y hombres de negocios, “la decisión de la Corte contra Chile es el último traspié de la Presidenta Michelle Bachelet, quien está enfrentando una creciente oposición interna por el manejo gubernamental de la economía”.
Los principales diarios liberales de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times, también dieron por perdedor a Chile. The Washington Post se refirió al dictamen con una nota que tenía un titular claro y preciso: “Los jueces de la Corte rechazaron el reclamo chileno por 14 votos contra 2”.
Los principales diarios argentinos, Clarín y La Nación, fueron especialmente contundentes en reconocer el triunfo boliviano. Tras el fallo, Clarín publicó una nota titulada “La Haya respalda a Bolivia en un litigio con Chile por la salida al mar”, muy parecida a la titulada así por La Nación: “La Corte de La Haya respaldó a Bolivia y se declaró competente para tratar la disputa con Chile por la salida al mar”. Según este medio, la resolución fue “tan categórica”, que sorprendió a nuestro país y lo dejó en silencio.
El diario español El Mundo también publicó un reportaje tras el fallo, titulado “La Haya falla a favor de investigar el litigio marítimo entre Chile y Bolivia”, y desde el primer párrafo deja en claro que la decisión judicial supone un claro revés para Chile: “La Corte Internacional de Justicia da la razón a Bolivia y se declara competente para dirimir su reclamación de una salida al Pacífico”. Otros diarios españoles, como La Razón y ABC, también se inclinaron por dar como ganadores a los bolivianos. El País y La Vanguardia, en cambio, mantuvieron un tono ecuánime, y no dieron por ganador a ninguno de los dos países en disputa.
En Gran Bretaña, el diario conservador Daily Telegraph informó que el fallo fue recibido “con rabia” por nuestro país. La BBC y The Guardian, en cambio, dieron un tratamiento más ecuánime a la información y no presentaron a ninguno de los dos países como victorioso.
De los 24 medios internacionales que analicé para estudiar las repercusiones del fallo en la prensa extranjera de referencia (ver la tabla adjunta), en 17 los bolivianos fueron presentados como claros ganadores, y en siete se informó con ecuanimidad, sin dar por vencedores ni a unos ni a otros. En ningún medio de comunicación extranjero se dice que Chile ganó.
Hay que reconocer que Bolivia nos ha vencido en el ámbito diplomático y también en el comunicacional, generando más simpatía y adhesión a su causa que nosotros a la nuestra. Si hasta el Papa Francisco ha emitido declaraciones que han fortalecido la histórica demanda boliviana.
Chile debe hacer muchos más esfuerzos por generar influencia a escala internacional y convencer al resto del mundo de que su postura es la correcta. En concreto, debe incrementar su soft power. Según Joseph Nye, el profesor de Harvard que acuñó ese concepto, en la era de información los países ya no se hacen más poderosos solamente incrementando su poderío militar, sino que lo logran aumentando su poder blando no coercitivo, influyendo diplomática, cultural y comunicacionalmente sobre otras naciones. Esto es precisamente lo que prometió Michelle Bachelet con su programa de gobierno: “Nuestro país debe recuperar su papel de promotor activo de la convergencia regional, confirmando su compromiso con una política de integración regional activa y vinculante”.
Después de analizar la cobertura de la prensa extranjera de referencia tras el fallo de La Haya, resulta evidente que el gobierno de Bachelet tiene una ardua tarea por delante, pues siguiendo la lógica de Nye, está claro que estos últimos días hemos perdido poder blando y en definitiva hoy somos más débiles que hace una semana.





¿CÓMO SE SIGUE DESPUÉS DE LA HAYA?

Estrategia de Chile (www.estrategia.cl)
                                             
Javier Fuenzalida A., Profesor, Universidad Finis Terrae.- La cancillería chilena nunca ha gozado de mucho prestigio. No es buena y cada nuevo ministro anuncia reformarla sin lograrlo. Al parecer sus funcionarios compiten con la fuerza sindical que tienen los trabajadores de Codelco o del BancoEstado. Los ministros no mandan y los presidentes han preferido ignorar a los diplomáticos designando a amigos y acreedores políticos. Hace poco un dirigente sindical ascendido a diplomático debió renunciar como también un ex futbolista por hablar más de la cuenta y cuyo CV anota la pifia de un penal en un mundial. Otro, con aficiones etílicas, fue designado “rostro” del pabellón chileno en Milán y Muñoz guardó un vergonzoso silencio.
Perdimos en la Laguna del Desierto en 1994, gendarmes argentinos asesinaron al teniente Merino y perdimos territorio, pero dejó inconmovible al ex presidente Aylwin quien dijo “qué importan pedacitos más o pedacitos menos”. En el caso con Perú prestigiosos e ilustrados abogados advirtieron los riesgos de enfrentar la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que puede pasar por encima del derecho y fallar según consideraciones políticas. En la demanda peruana la corte fabricó una inexistente tesis biogeográfica, sosteniendo que, mas allá de las 80 millas de la costa, el Pacífico no tiene valor económico para Chile por ausencia de una biomasa importante (N° 108 y 117 del fallo), entregándosela a Perú como si para éste tuviere algún valor, creando para ello derechos expectaticios, categoría jurídica inexistente.
Después de todo la ONU es un organismo político, dueña de la CIJ, la que ha asumido el “activismo judicial”. El N° 2 del artículo 38 de sus estatutos señala: “La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”, consulta que la Corte no realizó. Por desgracia no hay instancia superior para recurrir ante tamaña arbitrariedad. Nuestra cancillería o no lo lee o no entiende lo que lee, dando por sentado que el fallo sería estrictamente en derecho, afirmaciones que Bachelet y Muñoz repitieron reiteradamente a pesar de las advertencia de algunos ex cancilleres y especialistas. Ahora tratan de convencernos que Bolivia perdió. El viernes Evo dio la esperada conferencia de prensa en la sede misma de la ONU. Bachelet cero. En el plenario del Domingo Bachelet guardó silencio porque dijo que no era para referirse a asuntos bilateral mientras otros representantes como Evo nos dio como caja en su discurso, al igual que Castro, Obama y Putin. Menos mal que estuvieron presente apenas 39 de las 197 países miembros que escuchan aburridamente y sin mayor interés.
Cada día son más los juristas que aconsejan retirarnos del Pacto de Bogotá (5 países no lo suscribieron, 2 se retiraron y 9 ni siquiera han considerado suscribirlo). También existe la opción de abandonar la demanda o declarar nulo su fallo por falta de garantías de imparcialidad (el fallo del jueves pasado así lo atestigua), Colombia así lo ha hecho. ¿Los riesgos? Nadie los ha explicado como tampoco qué sucederá si la obligación de negociar fuera sin resultados aún de buena fe porque Evo sabe desde ya que Chile no aceptará sesión de soberanía.





CHILE Y BOLIVIA Y LA OBLIGACIÓN DE NEGOCIAR

Revista Capital de Chile (www.capital.cl/poder)
                                                                
Por: Juan Emilio Cheyre.- El reciente fallo de La Haya coloca a Chile y Bolivia en un nuevo escenario. Las próximas acciones se desarrollarán ante la Corte. Sin embargo, habrá episodios en ambos países, la región y el mundo, ya que el tema se ha internacionalizado. Ello exige comprender que nuestro actuar debe incorporar la dimensión política y comunicacional que apoye una sólida fundamentación jurídica.
La Corte precisó que su tarea será fallar en relación a la obligación de negociar de buena fe y no se pronunciaría con respecto al resultado de una posible negociación, como tampoco en relación a la aspiración de Bolivia de tener derecho soberano al acceso al mar.
Es vital para Chile el diseño de una estrategia de largo plazo. Hay nuevos antecedentes, un escenario acotado y distinto al anterior. Resulta exigible definir un actuar para esos desafíos. Debemos buscar un vínculo con Bolivia que termine con más de cien años de relaciones conflictivas. En La Haya el tema se restringirá a la definición de la obligación de negociar, sin embargo, son Chile y Bolivia, más allá del tribunal, quienes deberían ir tejiendo el entramado de un nuevo tipo de relación.
El lineamiento de nuestro quehacer futuro debería basarse en una estrategia de largo plazo y amplio contenido que aborde el diferendo en La Haya, pero que incorpore otros elementos. Si seguimos circunscritos sólo a la litis, desconocemos que la amplitud del tema supera lo meramente jurídico. Es vital darle contenido político a nuestro actuar. Para comunicar al mundo y obtener  visibilidad que genere apoyo, Chile requiere demostrar con hechos que nuestro país no ha sido obstáculo para el desarrollo pleno de la nación altiplánica.
Una nueva estrategia para el nuevo momento exige basarla en tres pilares básicos. El primero, la unidad nacional, que no puede quebrarse en ningún momento.
El segundo, fortalecer el respeto a la principal variable de nuestra tradición cual es el apego al derecho. En tal sentido, no es el momento de objetar el Pacto de Bogotá. Hacerlo constituiría un error jurídico y político y, adicionalmente, abriría espacios que nos llevarían a perder parte de nuestro principal activo radicado en la credibilidad que el país tiene, por la seriedad de su compromiso en el ámbito de lo multilateral. Desechar ahora el Pacto cuestionaría nuestro apego al cumplimento de acuerdos y tratados, cuando nos resulta vital afirmar la plena vigencia y obligación de cumplimento del Tratado de 1904.
Finalmente, se requiere incorporar a la estrategia nuevos elementos. Resulta necesario el fortalecimiento y amplia difusión de las formas vigentes de apoyo que se otorgan a Bolivia. Es conveniente retomar un diálogo que se ha perdido. La mantención de posiciones absolutamente confrontacionales lleva a un juego de suma cero que a nadie beneficia.
Más allá de lo que pueda establecer la Corte en varios años más, es tiempo para que Bolivia y Chile transiten hacia un vínculo entre dos países que no necesitan ser forzados a negociar para, por sí solos, encontrar nuevas formas de relación que resuelvan problemas que a ambos urge enfrentar.





“EN BOLIVIA EL DIVORCIO ENTRE MOVIMIENTOS SOCIALES Y GOBIERNO ES NOTORIO”
                                                                       
Entrevista a Marco Gandarillas, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB)

La Marea de España (www.lamarea.com)
                                              
En estos últimos meses, la tensión entre el gobierno de Bolivia y algunas organizaciones sociales ha ido a más. En agosto pasado, Álvaro García Linera acusó a cuatro de ellas de estar mintiendo para favorecer a intereses y empresas extranjeras; según el vicepresidente, reciben dinero del exterior para que “nos convirtamos en guardabosques”. Entre esas organizaciones estaba el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB), un centro de estudios que alberga el mayor fondo hemerográfico del país y tiene una amplia trayectoria en la difusión de pensamiento crítico, que respondió diciendo que “se intenta acallar nuestros estudios, que muestran la inviabilidad del extractivismo”. Aprovechando su paso por Madrid esta semana, entrevistamos a Marco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB, para conocer sus impresiones sobre esta y otras cuestiones relacionadas con el momento actual que vive Bolivia.
El gobierno boliviano ha sostenido que la fase extractivista es indispensable en el corto y medio plazo para alcanzar el “buen vivir”. ¿Es posible partir del extractivismo para llegar a ese “buen vivir”?
La primera cuestión es que había la creencia de que no se podía, ni se debía inicialmente, hacer un desacople de la globalización, es decir, del papel histórico de Bolivia de ser un proveedor de materias primas y recursos naturales. De lo que se trataba, en opinión de los gobernantes, era de sacar un mayor provecho de esta relación, casi necesaria, a través de impuestos. Creo que este es el inicio del círculo vicioso que ha llevado a una profundización del extractivismo.
En el momento en que entra Evo Morales al gobierno se da un cambio en la economía mundial: suben los precios de casi todas las materias primas, como el petróleo, los minerales y la soja. Esto repercute en mayores ingresos para el Estado boliviano y, en consecuencia, en una profundización de la dependencia de las exportaciones, en vez de en un desacople de la globalización. Se da, además, un cambio fundamental en la manera de concebir el Estado en la economía: este pasa a ser un gestor de las exportaciones, su papel fundamental es garantizar que haya un flujo constante de materias primas al exterior, que no se interrumpa de ninguna manera. Así que se orienta la mayor parte del presupuesto público a mantener este flujo. Y esta es la curiosa particularidad de la nacionalización del gas: no se nacionalizan los campos, lo que más se nacionalizan son las infraestructuras de transporte. Con lo que este deja de ser un costo para las empresas privadas, que son las principales extractoras.
¿YPFB no tiene un fuerte papel en la exploración y explotación de petróleo?
En la exploración sí, porque es una inversión sin retorno. Es como en los años previos a la privatización, cuando el Estado hizo una inversión enorme en exploración para determinar los lugares donde había yacimientos. Pero luego se dio a las empresas la exploración específica orientada a la explotación. Es decir, el mayor riesgo que hay en el sector se asume por el Estado y se aminora para las compañías.
El Estado dijo “queremos ser socios de las empresas, no que sean patrones”. Esa sociedad consiste en que las compañías exportan y Bolivia les da todo tipo de facilidades a nivel comercial, de infraestructuras, de régimen impositivo, laboral y ambiental, para tener las rentas. Cuanto más exporten, más gana el Estado. Y ahora, con la caída de los precios, para compensar la pérdida de ingresos se tiene que exportar más y las inversiones del Estado se destinan a este fin. Este es el círculo vicioso.
Entonces, ¿hacia dónde se dirigen principalmente los ingresos públicos?
La enorme cantidad de recursos que recibe el país por este boom le ha generado un problema: tiene más recursos que nunca en la historia, sin tener claro cuáles deben ser las prioridades en la inversión pública. De forma muy pragmática, se decide que las inversiones prioritarias se destinen a favorecer las exportaciones y entonces el 80% se destina a todo lo que las facilite y las amplíe. Entonces, esto repercute en el país en la proliferación de infraestructuras; como deben hacerse con mucha rapidez, eso conlleva incumplir acuerdos sociales y legales que involucran los derechos de aquellos que van a ser afectados, sobre todo de los pueblos indígenas.
Según el gobierno, son decisiones a las que nadie tiene derecho a oponerse, quien lo haga está atentando contra los intereses y la seguridad del Estado. De esa manera, transforma toda esta energía social, que va cuestionando el ritmo de la política económica, en enemigos internos a los que hay que reprimir. En muy poco tiempo, entre 2010 y 2011, se dan las primeras y a la vez más fuertes acciones represivas del Estado hacia las personas que cuestionan esta manera de conducir el proceso. La marcha contra la construcción de una carretera a través del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) se hace emblemática por eso, porque supone una represión nunca antes vista hacia el sector más vulnerable, los indígenas amazónicos, y contra una parte de la sociedad urbana que les apoya. ONG ambientales, defensoras de pueblos indígenas y organizaciones de derechos humanos, entre otras, son duramente atacadas, catalogadas como “enemigas del desarrollo”. Y se les trata de vincular, sin ningún tipo de prueba, con movimientos separatistas o con fuerzas de la derecha internacional.
¿Por qué se utiliza una estrategia de represión y no de diálogo?
Creo que por la naturaleza de la política. El gobierno se halla ante el hecho de mantener el flujo de las exportaciones y esto supone hacer las cosas muy rápidamente. Por ejemplo, hay que hacer una carretera en seis meses, lo que significa construir sin el concurso y el convencimiento de la sociedad, más bien contra la sociedad. La rapidez está marcada por la demanda del mercado; es decir, si se necesita aumentar la producción de soja para compensar la caída de precios, esto se debe realizar rápidamente. Y si se hace un proceso de consulta a los indígenas, puede que tarde dos años. Si estamos hablando de hacer las cosas bien, respetando a la sociedad y el medio ambiente, supone entrar en otra dinámica en tiempos. El gobierno va entendiendo, entonces, que su proyecto económico, extractivista a ultranza, supone desconocer derechos.
Por el lado social lo que se produce es una enorme desilusión y, en algunos sectores, desmoralización. Porque es un proceso en el que apostaron todo y, de pronto, no es más suyo sino que responde a intereses empresariales, de grandes transnacionales. Más bien se les considera hostiles y enemigos por reclamar sus derechos o por exigir participación. Y este divorcio entre movimientos sociales y gobierno es cada vez más notorio. Para mí representa el surgimiento de un nuevo proceso social, nuevo porque ha habido un punto de ruptura con nuestra tradición política previa. Hay muy poco que recuperar de las organizaciones históricas, porque casi no existen. El sector que ha quedado desprovisto de sus organizaciones tradicionales se organiza de otra manera, de formas novedosas, fuera de estructuras tradicionales. Es un movimiento social más heterogéneo, pero que tiene más posibilidades de evitar la cooptación estatal. Y que es duramente perseguido.
Más allá de los sectores más afectados, ¿cuál es la respuesta de la población?
Inicialmente se dio un debate que también fue inédito; un debate entre desarrollo y conservación que partía, desde el lado gubernamental, de la idea de que hay un costo que hay que asumir: hay quienes se van a perjudicar pero Bolivia tiene que desarrollarse, a pesar de unas minorías. Pero ahí la sociedad empezó a ver con cierta claridad que no se trataba de unos pocos frente a una mayoría, sino de algo que beneficiaba en el fondo a la globalización. Es decir, que la construcción de una carretera, como la que pretendía atravesar el TIPNIS, iba a beneficiar a los empresarios de la soja porque su objetivo principal era facilitar la exportación de este producto.
Fue el momento inicial del divorcio entre una parte que apoyó decididamente el proceso de cambio. Los pueblos indígenas amazónicos fueron un pilar fundamental, y las organizaciones de derechos humanos y ambientalistas fueron parte del movimiento; su alejamiento hizo que el gobierno interpretara que la oposición no era tanto la derecha política, sino que iba a ser la sociedad organizada independiente del Estado. Y entonces diseña una estrategia, que ahora está probada, de ilegalización de estos movimientos sociales independientes.
Ante esta situación, ¿cuáles son los escenarios de futuro?
Hay que tener en cuenta el derrumbe de los precios de las materias primas. El gobierno, entonces, tiene que replantearse varios de sus proyectos porque son económicamente inviables; va a tener que gestionar una crisis económica. Por otra parte, está gestionando una crisis política, y lo digo porque este divorcio con la sociedad se ha vuelto problemático. Por ejemplo, en Potosí, que votó masivamente a favor de Evo Morales, ha estado paralizada la ciudad con una movilización de casi dos meses.
Desde el lado de la sociedad, el dilema actual es si se va a seguir apostando por encaminar las energías hacia lo electoral o si, por el contrario, se va a apostar por recuperar y fortalecer el tejido social. Es posible que la crisis económica haga que el gobierno tome cualquier medida que tenga un impacto negativo en la calidad de vida de la sociedad y sin el respaldo social que tuvo, lo que puede dar lugar a una conflictividad inmanejable. Lo que se perfila es un escenario donde va a ganar protagonismo la movilización social.




Hoy Nicaragua cerrará la segunda ronda de alegatos en la CIJ

“LOS TRIUNFALISMOS PROCESALES DEJAN RESULTADOS AGRIOS” PARA COLOMBIA

El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
                                                                   
Esta semana Colombia regresó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por cuenta de dos demandas que Nicaragua interpuso en 2013. El 26 de noviembre el gobierno nicaragüense demandó a Colombia por considerar que Bogotá no respeta sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por el alto tribunal en 2012, cuando le otorgó a Nicaragua 75.000 kilómetros de territorio antes bajo soberanía colombiana.
Esa demanda se suma a otra del 16 de septiembre de 2013 en la cual Nicaragua le pidió a la CIJ que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima entre ambos países en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas. Hoy terminan los alegatos de la primera demanda con la segunda presentación nicaragüense. El lunes comienzan los alegatos de la segunda demanda. Juan Daniel Jaramillo, abogado internacionalista y exasesor de varios gobiernos colombianos en procesos internacionales en la corte de La Haya, quien hoy hace parte del equipo de apoyo de Bolivia en la demanda contra Chile en el mismo tribunal, explica las posibilidades nacionales en esta nueva disputa.
Colombia argumentó que la CIJ no es competente para resolver la disputa limítrofe. ¿La Corte puede desestimar la demanda como pide Colombia?
Eso sólo se sabrá cuando la CIJ falle. Sin embargo, no podemos incurrir en el triunfalismo de quienes presentaron las excepciones preliminares hace casi diez años, cuando se informó que las excepciones que presentó Colombia serían aceptadas; algo que no ocurrió. La Corte puede aceptar las excepciones preliminares de Colombia y entrar a conocer la sustancia de los casos. La tendencia, por otra parte, es que la Corte afirma su competencia. Durante la última década se muestra la expansión de jurisdicción y de competencia, no su contracción. Basta mirar lo ocurrido en el proceso Bolivia-Chile: se rechazaron tajantemente las excepciones.
¿Estamos repitiendo los errores del pasado?
Formé parte del primer grupo colombiano que asesoró a un mandatario en la eventual confrontación jurídica con Nicaragua —entre 1995 y 1997, en asocio del expresidente Alfonso López Michelsen, el doctor Germán Cavelier y el coronel Julio Londoño Paredes—. Los cuatro abogados externos recomendaron no intentar una neutralización de la competencia de la Corte. Los títulos de Colombia sobre áreas marinas y submarinas son suficientemente contundentes para acogerse a recursos dilatorios que hoy tienden a ser desestimados.
Según el agente colombiano ante la CIJ, existe un vacío legal ante la demanda de Nicaragua. ¿Cuáles vacíos serían esos?
No conozco el texto de las respuestas (contramemorias) presentadas por Colombia. El agente Carlos Gustavo Arrieta las guarda celosamente para que no haya ningún tipo de debate académico, como es lo propio en otros países. Tengo algunos señalamientos, sin embargo: ante los procedimientos instaurados por Nicaragua, habría invocado una interpretación contrario sensu del artículo pertinente del Pacto de Bogotá que regula el retiro (hecho por Bogotá a fines de 2012). Así, no se habría aceptado ninguna de las dos demandas. No se habría concurrido a la Corte. Ya hay un precedente reciente en el caso Federación Rusa versus Georgia. El retiro de una convención multilateral se surtió en forma inmediata.
¿Qué pasará si la Corte se declara competente, a qué escenario nos enfrentamos?
Es preciso proyectar esta posibilidad con el mayor espíritu de Patria y rigor legal. Ya experimentamos —lo saben los presidentes Pastrana, Uribe y Santos— que los triunfalismos procesales dejan resultados agrios. Decir que vamos a ganar o ganar es una imposibilidad procesal. Espero que triunfe la estrategia del agente Arrieta, pero si no lo hace, vamos a enfrentar de un lado sanciones a Colombia, y de otro la determinación de plataforma continental.
Este tema es excepcionalmente complejo en derecho del mar, en el cual Colombia se verá obligada a probar que su plataforma se superpone a la de Nicaragua. Por el hecho de que los exámenes geomorfológicos y geodésicos no aportan un resultado absoluto en ningún caso, podríamos toparnos con que la Corte omita advertir como obstáculo la discontinuidad de la plataforma más allá de las 200 millas náuticas y, como en el caso Bangladesh-Myanmar, del Tribunal Internacional del Mar de la ONU, falle en equidad compartiendo la plataforma de la placa tectónica Caribe con Colombia. En Bangladesh-Myanmar se estableció que la prolongación natural se refiere a la extensión del margen exclusivamente, no a la integridad. Esto sería muy grave, pero es prudente estar preparados.
Colombia basa su defensa en el artículo 56 del Pacto de Bogotá, mediante el cual denunció el tratado el 27 de noviembre de 2012 ante la OEA, y argumenta que por eso la Corte no tiene jurisdicción.
Si esto sostuvo con coherencia el equipo liderado por el señor Arrieta, me pregunto por qué razón concurrió a la Corte y se vinculó al proceso. Bastaba una nota sucinta radicada ante el secretario del organismo, el señor Couvrier, en la cual se expresaba que, por no ser competente, hasta allí llegaban uno y otro proceso. En derecho internacional, si se tiene una convicción, es necesario aplicarla con firmeza y patriotismo. También habría sido factible solicitar una revisión del fallo, como lo sugerimos junto con la doctora Noemí Sanín y el doctor Miguel Ceballos. Se dijo entonces que la construcción de un canal a través de Nicaragua era una fantasía. Los trabajos ya se iniciaron.
Nicaragua demandó el 26 de noviembre de 2013, un día antes de que expirara el plazo.
Así es. Pero lo más grave es que concomitantemente se demandó el Pacto de Bogotá de 1948 en nuestra Corte Constitucional para esgrimir después que, por ser inconstitucional, el Pacto no operaba, entregando así a Nicaragua en otra bandeja de plata el argumento de una invocación de derecho interno para desatender un tratado internacional, prohibido por la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969.
¿Viola Colombia el derecho internacional al afirmar que la Corte no es competente?
No lo viola. Está dentro de las opciones procesales que tiene un Estado al ser notificado de un procedimiento en su contra. Si estas excepciones no son acogidas, el proceso seguirá.
Colombia retomará los mismos argumentos el lunes entrante: “que la CIJ no tiene competencia”.
En los dos procesos se esgrime la incompetencia. En el relativo a plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas se argumenta además que la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la ONU ya se declaró no competente, por cuanto Colombia no ha suscrito la Convención del Mar de 1982, y la Corte se abstuvo de fallar acerca del asunto en noviembre de 2012. Lo inquietante, a mi modesto juicio, es que en el caso Bangladesh-Myanmar se alegó el mismo hecho y la Corte dijo que, por vía de derecho consuetudinario, se arrogaría el derecho de fijar límites a la plataforma conformada por las placas tectónicas hindú y birmana, como se denominan. Bangladesh, demandante, terminó generosamente provista por vía del principio de equidad.
¿Qué podemos esperar de estos nuevos procesos?
Como colombiano espero que se preserve la integridad de nuestro territorio y el Estado no se vea afectado por sanciones.





LA BATALLA POR EL SALAR DE UYUNI

Esta hermosa llanura de sal puede ser la clave para mantener nuestra electrónica cargada hacia arriba.

MNN de Canadá (www.mnn.com/earth-matters)
                                                                                             
El cielo y la tierra, las nubes y la sal de todos se funden juntos en el Salar de Uyuni. Cuando las condiciones son adecuadas - durante la temporada de lluvias, cuando una fina capa de capas de agua de la tierra y el azul brillante del cielo boliviano es punteada con algunas nubes blancas - la gran salar, la más grande del planeta, parece convertido en el cielo.
Salar de Uyuni es un lugar de una belleza poco común, sin cambios durante miles y miles de años, en un país que es reconocido como el más pobre de América Latina.
Es también un lugar que contiene uno de los más buscados después de los metales en el mundo, lo que hace la sal antigua pisos un tipo de de hoy en día de batalla.
Un océano blanco
El salar es notable por su absoluta inmensidad - que se extiende por más de 4.000 millas cuadradas - su brillante blancura y su planitud de otro mundo. En gran parte debido a las lluvias estacionales que se forman charcas que se disuelven los montículos y protuberancias en la superficie salada, el salar (español para "salar") cambia a menos de un metro de altura de un lado al otro. Es tan uniforme que se usa para calibrar la altitud de los satélites.
"Es como si estás en un océano blanco sin olas," Adrian Borsa, geofísico, dijo a la Naturaleza en 2007. "Usted ve el horizonte, la curvatura de la Tierra. Es absolutamente sin rasgos."
El salar se formó en el altiplano, a más de dos millas sobre el nivel del mar, cuando las montañas de los Andes se formaron hace millones de años. Las lluvias llenaron manchas planas con lagos. Los lagos, finalmente, se secaron, y nacieron salares.
La blancura de la planta salada, a pocos pies de espesor en algunos lugares, no es completamente intacta. Hay algunas islas, la mayor llamada Isla Incahuasi ("Casa del Inca"), una vez que la parte superior de un antiguo volcán. Es ahora una parada rocosa resto cactus sembrado para los turistas en el centro del salar.
Aparte de los cactus, el salar cuenta poco en cuanto a plantas y la vegetación se va. Los principales animales de la zona son algunos zorros andinos, roedores, conejos conocidas como vizcachas y unas pocas especies de flamencos rosados, que se reproducen en el Salar de Uyuni cada noviembre.
Otra característica notable del paisaje: los conos de sal que salpican la superficie del salar. La sal se exporta y se usa para, entre otras cosas, hacer ladrillos. Aunque se informó Salar de Uyuni a tener 10 mil millones de toneladas de sal, se toman solamente 25.000 toneladas cada año.
La característica más valiosa es bajo la superficie.
Un tesoro debajo
En la salmuera bajo la costra de sal en Salar de Uyuni se encuentra la mayor reserva mundial de litio. El metal blando es un componente clave en las baterías de litio, que se utilizan para crear desde su teléfono celular a los nuevos coches eléctricos. Según algunas estimaciones, el mercado de las baterías de litio - provocada por un impulso mundial hacia los vehículos eléctricos - tendrá un valor de más de $ 22 mil millones en 2016.
Según una estimación Geológico de Estados Unidos, Bolivia cuenta con más de 9 millones de toneladas de litio, la mayor parte en el Salar de Uyuni. Eso puede ser más del 50 por ciento de reserva del mundo. Esos números están en disputa, pero al ni la mitad de eso, Bolivia podría construir - si decide hacerlo - la operación de minería de litio más grandes del mundo, más grande que la de su vecino Chile. Ello permitiría al país para asumir el manto de "La Arabia Saudita del litio".
El ingreso per cápita de Bolivia es menos de $ 3,000 al año, por lo que el presidente Evo Morales en Bolivia ha hecho la construcción de una industria de litio de alta en su lista de prioridades. El país abrió su primera operación de litio, a escala menor en 2013. En abril, Morales se comprometió a invertir $ 617 millones hacia un mayor desarrollo.
Morales y su gobierno han trabajado con otros países - muchos en Europa, algunos en Japón y China y en otros lugares - en busca de aquellos que quieren en el golpe de suerte del país. Es una propuesta arriesgada, sin embargo, plagado de peligros políticos, económicos y ambientales. Morales se niega a ceder a los inversores extranjeros a menos que acepten construir plantas productoras de baterías en Bolivia y, a menos que cortan el país en el 60 por ciento de los ingresos.
Una decisión de Bolivia
Un hombre mira al cielo mientras está de pie en el Salar de Uyuni, mientras el cielo se refleja en el suelo No hay presión sobre Bolivia dentro y por fuera, de los que quieren en sobre un posible golpe de suerte económica, de los que no están de acuerdo como debe ser manejado, incluso de aquellos que se resisten a ella, que lo ven como otra promesa vacía.
"Hay lagos de sal en Chile y Argentina, y un depósito de litio prometedora en el Tíbet, pero el premio es claramente en Bolivia", dijo un ejecutivo de Mitsubishi el New York Times. "Si queremos ser una fuerza en la próxima ola de automóviles y las baterías que ellos poder, entonces tenemos que estar aquí."
Para muchos bolivianos - quizás lo más para los que viven alrededor de la fría, dura y hermosa Salar de Uyuni - la idea de cambio en un lugar que no ha cambiado en siglos es difícil de comprender.
"Muchos bolivianos están dispuestos a no seguir adelante," Larry Birns, director del Consejo de Asuntos Hemisféricos, dijo a un grupo en el año 2013 cuando se abrió la primera planta de litio. "Se sienten, 'No estamos realmente va a beneficiar de esto de todos modos. Nunca tenemos'". MNN de Canadá (www.mnn.com/earth-matters)





WIKILEAKS: LA ESTRATEGIA DE EE.UU. PARA SUDAMÉRICA CONTEMPLA "GOLPES DE ESTADO O MAGNICIDIOS"

Actualidad RT de Rusia (www.actualidad.rt.com)

La estrategia de la política exterior de EE.UU. incluye un plan detallado para derrocar los Gobiernos electos de los países latinoamericanos que se oponen al establecimiento de regímenes neoliberales en Sudamérica. Lo revelan los documentos de WikiLeaks estudiados por Alexander Main y Dan Beeton, del Centro para la Investigación Económica y Política, con sede en Washington.
El verano pasado el mundo vio como Grecia trataba de oponerse al dictado de las instituciones internacionales que obligaban al país a aceptar un paquete de nuevas medidas de austeridad. El endeudado Estado griego no pudo negarse a cumplir las órdenes de la Troika de acreedores. Después del referéndum convocado por el Gobierno de Alexis Tsipras, el Banco Central Europeo privó a la economía griega de liquidez, lo que intensificó la recesión y convirtió en una farsa el resultado del voto popular, según la página oficial del centro.
Una batalla similar por la independencia de las naciones se ha estado llevando a cabo en Sudamérica durante los últimos 15 años. A pesar de que Washington ha estado tratando de destruir la 'disidencia estatal' en varios países utilizando las mismas técnicas empleadas contra Atenas, la fortaleza de Latinoamérica soportó la presión. Esta batalla épica llevada a cabo principalmente a escondidas de los ojos de los ciudadanos fue reconstruida a través del archivo de documentos del Departamento de Estado de EE.UU. filtrado por WikiLeaks. Alexander Main y Dan Beeton ofrecen una interesante reconstrucción de estos acontecimientos en su libro: 'WikiLeaks: el mundo según el Imperio estadounidense'
Los autores argumentan que el neoliberalismo se impuso en América Latina antes de que Berlín y Bruselas humillaran a la democracia en Grecia. A través de la coacción ejercida por los 'Chicago Boys' [jóvenes economistas latinoamericanos que regresan a sus países después de estudiar en EE.UU.], Washington logró difundir en Sudamérica la austeridad fiscal, la desregulación, el "libre comercio", la privatización y la destrucción del sector público desde mediados de 1980. El resultado fue similar a lo que se vio en Grecia: el estancamiento del crecimiento, el aumento de la pobreza, el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas y una serie de nuevas oportunidades para los inversores internacionales y corporaciones multinacionales. Pero entonces los candidatos contra el régimen neocolonial comenzaron a ganar las elecciones y a ofrecer resistencia a la política exterior de EE.UU., poniendo en práctica sus promesas electorales de redistribución social y reducción de la pobreza.
De 1999 a 2008, estos candidatos ganaron las elecciones en Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Paraguay. Gran parte de los esfuerzos del Gobierno norteamericano para subvertir el orden democrático de estos países y volver a imponer el régimen neoliberal son ahora de dominio público gracias a las filtraciones de WikiLeaks que revelaron la verdad sobre la presidencia de George W. Bush y del comienzo de la presidencia de Obama. Washington prestó apoyo estratégico y material a los grupos de la oposición, algunos de los cuales eran antidemocráticos y violentos. Los cables también revelan la naturaleza de los emisarios ideológicos estadounidenses de la Guerra Fría que actualmente elaboran estrategias neocoloniales para Sudamérica. Los autores del libro afirman también que los medios de comunicación corporativos son parte de la estrategia expansionista.
El caso emblemático de Evo Morales en Bolivia 
A finales de 2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales con la promesa de reformar la Constitución, garantizar los derechos de los indígenas y luchar contra la pobreza y el neoliberalismo. El 3 de enero de 2006, dos días después de su juramento, el nuevo presidente recibió al embajador estadounidense, David N. Greenlee, que le explicó la visión que la Casa Blanca tenía del futuro de Bolivia. La asistencia multilateral a Bolivia, según el embajador, dependía del "buen comportamiento" del Gobierno de Morales. "[El embajador] ha subrayado la importancia crucial de las contribuciones de EE.UU. a las instituciones financieras internacional claves como el Banco de Desarrollo Internacional (BID), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)", de los que dependía la supervivencia de Bolivia. "Cuando piense en el BID debería pensar en EE.UU.", dijo el embajador. "Esto no es un chantaje, es la simple realidad", recalcó. 
Sin embargo, Morales, según los cables, mantuvo sus promesas electorales en materia de regulación de los mercados laborales, la nacionalización de los hidrocarburos y la cooperación con Hugo Chávez. En respuesta a estas acciones de Morales, Greenlee sugirió un "menú de opciones" para tratar de obligar a Bolivia a doblegarse a la voluntad del Gobierno de EE.UU. Algunas de estas medidas eran: vetar todos los préstamos multilaterales en dólares, posponer el plan de alivio de la deuda multilateral, desalentar la financiación de la Corporación del Desafío del Milenio (que pretende acabar con la pobreza extrema) y cortar el "apoyo material" a las fuerzas de seguridad bolivianas.
Pocas semanas después de asumir el cargo, Morales anunció la revocación del contrato de préstamo con el FMI. Años más tarde, Morales aconsejó a Grecia y otros países europeos endeudados a seguir el ejemplo de Bolivia y "liberarse económicamente del dictado del Fondo Monetario Internacional". El Departamento de Estado norteamericano reaccionó financiando a la oposición boliviana. Las fuerzas políticas opositoras de la región de la Media Luna comenzaron a recibir más ayuda. Según un correo datado en abril de 2007, la Cancillería de EE.UU. consideraba que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) "debe fortalecer a los Gobiernos regionales como contrapeso al Gobierno central".
El informe de 2007 de la USAID menciona unas 101 subvenciones por un total de 4.066.131 dólares "para ayudar a los Gobiernos departamentales a operar más estratégicamente. El dinero de la Casa Blanca también fue destinado a los grupos indígenas locales que estaban "en contra de la visión de Evo Morales de las comunidades indígenas". Un año más tarde, los departamentos de la Media Luna estaban en abierta rebelión contra el Gobierno de Morales y llamaban a un referéndum sobre la autonomía en el trasfondo de las protestas violentas que acabaron con la vida de al menos veinte partidarios del Gobierno.
Este intento de golpe de Estado fracasó bajo la presión del conjunto de presidentes de América del Sur, que emitieron una declaración conjunta de apoyo al Gobierno constitucional de Bolivia. Pero EE.UU. no se dio por vencido y siguió manteniendo comunicación constante con los líderes del movimiento separatista de la oposición. Según Alexander Main y Dan Beeton, contrariamente a su postura oficial durante los acontecimientos de agosto y septiembre de 2008, el Departamento de Estado de EE.UU. tomó en serio la posibilidad de un golpe de Estado en Bolivia o del asesinato del presidente Evo Morales. "[El Comité de Acción de Emergencia] junto [al Comando Sur de EE.UU.] desarrolla un plan de respuesta inmediata en caso de una emergencia repentina, como un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales", dice el correo de la Embajada de EE.UU. en La Paz. 
'Promoción de la democracia'. 
Algunos de los métodos de injerencia implementados en Bolivia se aplicaron también posteriormente en otros países con Gobiernos o fuertes movimientos de izquierda. Por ejemplo, después de la vuelta al poder de los sandinistas en Nicaragua en 2007, la Embajada de EE.UU. en Managua lanzó un programa de apoyo intensivo al partido derechista de la oposición, Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
'Amenaza bolivariana'
Durante la Guerra Fría, la supuesta amenaza de la Unión Soviética y la expansión del comunismo cubano sirvieron para justificar un sinnúmero de intervenciones políticas de EE.UU. con el objetivo de eliminar Gobiernos de izquierda e implantar regímenes militares de derechas. Del mismo modo, las filtraciones de WikiLeaks muestran cómo en la década de 2000 el fantasma del "bolivarianismo" venezolano fue utilizado para justificar la injerencia en asuntos de Gobiernos encabezados por líderes antineoliberales. De esa manera, Washington se dedicó a librar una lucha escondida con el Gobierno boliviano, "que había caído abiertamente en brazos de Venezuela" y el Gobierno de Ecuador, que realizaba la función de "portavoz de Chávez".





VENEZUELA Y EL SILENCIO DE SUS VECINOS

Se cree que los presidentes más cercanos al chavismo toleran los desafueros del Ejecutivo venezolano por razones ideológicas y económicas; pero expertos apuntan a otros motivos que no son privativos de la izquierda.

DW de Alemania (www.dw.com/es)
                                            
Considerando el desencanto que la clase política ha dejado en buena parte de los países de América Latina y el Caribe, no es de extrañar que muchos partidos –independientemente de sus colores– sean objeto de desdén hasta entre quienes votan por ellos, a falta de opciones más convincentes. Las formaciones izquierdistas, que cerraron en Quito el II Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP) este miércoles (30.9.2015), no son la excepción.
De hecho, algunos observadores sostienen que los abusos de poder cometidos por quienes se describen como artífices del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela y la tolerancia de esos desafueros por parte de líderes cercanos al establishment chavista ponen en entredicho la credibilidad de la izquierda regional. Los críticos de la izquierda latinoamericana la acusan de desviar la mirada para no ver los actos antidemocráticos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
¿Cabe atribuir las omisiones de los izquierdistas del continente a una ceguera ideológica? Algunos creen que sí. Otros argumentan que los presidentes –presentes y pasados– de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Uruguay sólo han actuado en función de los intereses económicos que comparten con Venezuela. Sin embargo, no todos los conocedores del acontecer latinoamericano secundan estos diagnósticos del silencio de la izquierda regional.
Solidaridad automática entre Gobiernos
“El factor económico no es lo determinante. Si así fuera, Washington no tendría una relación tan tensa con Caracas. El convenio de no intervenir en los asuntos internos de los vecinos –muchas veces malinterpretado– tiene más peso”, señala Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg. “Tampoco creo que la desatención de los valores democráticos y republicanos sea una tendencia exclusiva de los partidos izquierdistas”, agrega el experto. “Callar frente a las arbitrariedades de Gobiernos vecinos es un gesto que no conoce barreras ideológicas en Latinoamérica”, coincide Claudia Zilla, de la Fundación Ciencia y Política (SWP).
Apartando al conservador-liberal Ricardo Martinelli, presidente de Panamá de 2009 a 2014, quien se inmiscuyó en la crisis política venezolana con palabras a favor de la oposición y puso en juego sus vínculos diplomáticos con Caracas, cuesta recordar a un Gobierno de centro-derecha que haya alzado la voz o propuesto iniciativas con miras a “disciplinar” al Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013) o al de su sucesor, Nicolás Maduro. “Ninguno de ellos se ha apresurado a formar una ‘alianza latinoamericana por la democracia’ para persuadir al Gobierno venezolano de respetar las máximas del Estado de derecho”, apunta Zilla.
Impulso de autopreservación
Consultado sobre el aislamiento al que fueron sometidos los Gobiernos de facto de Honduras y Paraguay tras los golpes perpetrados contra sus presidentes Manuel Zelaya (28.6.2009) y Fernando Lugo (22.6.2012), respectivamente, Mires subraya que los mandatarios latinoamericanos “de izquierda y de derecha” acordaron castigar esos actos de ruptura del hilo constitucional, no en nombre de la democracia, sino por temor a que lo mismo pudiera ocurrirles a ellos. Zilla comparte esa perspectiva: “los Gobiernos de la región tienen un interés especial en que el Ejecutivo sea intocable, sin importar su signo político”, comenta la politóloga de Berlín.
Desde ese punto de vista, es de esperar que los presidentes latinoamericanos se solidaricen automáticamente con un homólogo en riesgo de ser removido inconstitucionalmente de su cargo, pero no que se pronuncien cuando un Gobierno rompe las reglas del juego democrático, como lo ha hecho Maduro en Venezuela, según varias instancias locales y extranjeras. Suena banal, pero es lógico, parece decir Mires. “¿Para qué buscarse problemas si ellos pueden evitarlo? A eso se debe también que sean expresidentes y no mandatarios en ejercicio quienes se atreven a criticar duramente y a título personal al Gobierno de Maduro”, acota el especialista de Oldenburg.
“Para mí, la solidaridad internacional es un mito. La condena al golpe de Estado de 1973 en Chile no respondió sino al temor de los Gobiernos vecinos a ser blanco de un ataque similar”, concede Mires. “En general, el compromiso de los Gobiernos latinoamericanos con los principios democráticos y republicanos es muy débil. Los mandatarios de la región se abstienen de defender esos valores cuando el costo político o económico de hacerlo es alto. Su poca disposición a blindar esos principios cuando éstos se ven vulnerados en un Estado determinado queda en evidencia cuando se limitan a clamar por que en ese país haya elecciones”, lamenta Zilla.





EL DRAMA DEL PILCOMAYO

Montañas y montañas de arena: así define una pobladora de la colonia Margariño, Boquerón, la actual situación por la que atraviesa el canal paraguayo del río Pilcomayo. Los lugareños están desesperados porque el río es su única fuente de trabajo.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
                                                                               
Desde Pozo Hondo hasta General Díaz, el canal del río Pilcomayo -frontera natural con Argentina- está completamente taponado de arena. Esto se debe, según explican, a la falta de trabajos apropiados por parte de la Comisión Nacional Río Pilcomayo, que existe con el único fin de mantener limpio el cauce del río que se encuentra en una zona problemática en la que cuando no hay sequía hay inundaciones.
Por este motivo, los pequeños productores de la zona, en su mayoría ganaderos, insisten en que los trabajos deben ser preventivos. "Lo que necesitamos es que se hagan trabajos preventivos, porque cuando viene la inundación no se puede trabajar. Hay que hacer antes, con tiempo", dijo Feliciano Lovera a un equipo de ABC Color que visitó la colonia Margariño, ubicada en zona ribereña del departamento de Boquerón, una de las más golpeadas por la sequía.
Agregó que lo ideal sería que los trabajos encarados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se inicien en mayo para que en épocas de inundaciones, que generalmente comienzan en octubre, el canal esté limpio y el agua pueda correr sin inundar las poblaciones aledañas.
Por su parte, Nirma Servín, otra pequeña productora de la zona, acusó directamente a Daniel Garay, director de la Comisión Pilcomayo, de ser el responsable de la falta de trabajos. Desmintió al titular de dicha dependencia del MOPC, quien había asegurado que el agua ya va ingresando al lado paraguayo. Aseguró que actualmente ninguna máquina funciona.
Al ser consultado al respecto, Garay admitió la avería de las máquinas que suelen trabajar en la zona. Justificó que una de ellas se encuentre en una estancia denominada "Las Mellizas", cuya propietaria tendría un vínculo directo con el ministro Ramón Jiménez Gaona, según los lugareños. A este respecto, el director sostuvo que los trabajos deben realizarse en el lugar, ya que las aguas del río atraviesan dicha estancia.
Esta vez, sin embargo, reconoció que actualmente -y desde hace aproximadamente 15 días- los trabajos quedaron varados y deslindó responsabilidades al decir que el problema de las aguas del río Pilcomayo es una situación que se repite todos los años y que se agravó, dado que el agua proveniente de Bolivia escasea.
Indicó que trabajan en un proyecto por el que buscarán almacenar el agua, para que a través de compuertas se pueda mantener un flujo mínimo de agua. Habló además de una licitación que se encuentra en proceso para que empresas tercerizadas trabajen este año antes de las inundaciones previstas para diciembre y enero.
Preocupante impacto social
La realidad actual es que grandes tramos del río están secos y tanto la fauna ictícola como los trabajadores de la zona se ven seriamente afectados debido a esta situación.
No sólo el ganado, sino también la agricultura no pueden desarrollarse correctamente, afectando a los más vulnerables: los pobladores que, en su mayoría son de escasos recursos, además de grupos de indígenas que generalmente son contratados para la siembra y cosecha de cebolla, chía, sorgo, algodón, avena, maíz y sésamo. Sólo el año pasado fueron contratados 300 nativos para los trabajos, además de los pobladores de Margariño. Pero este año, hubo un importante recorte en el número del personal contratado.
Se trata simplemente de mantener limpio el canal para que las aguas puedan volver a su curso natural y que no solo beneficien al lado argentino, cuyas autoridades realizan en tiempo y forma los trabajos requeridos y no necesitan esgrimir argumentos engañosos a la hora de justificar la evidente sequía que experimenta el recurso natural en esta zona.

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