jueves, 3 de mayo de 2012

ACCIONES DE REE NO VALEN NADA. BOLIVIA LE HIZO UN FAVOR AL NACIONALIZARLO. REE ADMITE EN SUS CUENTAS LA PÉRDIDA DEL 94% DEL VALOR DE SU FILIAL BOLIVIANA



 ¿Cuál es el valor de Transportadora de Electricidad (TD)? Esa ha pasado a ser la gran pregunta en relación con la nacionalización de la empresa boliviana. En 2002, Red Eléctrica de España (REE) pagó por TDE 88,3 millones de dólares, que suponían 91,7 millones de euros al cambio de entonces. Sin embargo, Red Eléctrica ha ido admitiendo en sus cuentas un fuerte deterioro del valor de su filial. A cierre de 2010, último dato disponible, el grupo español situaba el valor recuperable de su filial boliviana en solo 5,88 millones de euros, es decir, admitía una pérdida de valor del 94%.
Las cifras no figuran en la memoria de REE porque TDE es una filial indirecta. Donde aparece toda la información sobre las relaciones entre la filial boliviana y el grupo español es en las cuentas de Red Eléctrica Internacional (REI) depositadas en el Registro Mercantil. En ellas se explica que “si el importe recuperable de un activo es inferior a su importe registrado en libros, entonces se entiende que se ha producido un deterioro del valor del activo”. REE ha ido reconociendo un deterioro del valor de su filial de 85,8 millones, concentrado sobre todo en 2009 y 2010.
La valoración de 5,88 millones concedida a TDE fue avalada por la auditoría de PricewaterhouseCoopers firmada el 23 de febrero de 2011. Este diario intentó ayer sin éxito que la empresa explicase si había contabilizado algún deterioro más del valor de TDE a lo largo del ejercicio 2011 y que facilitase la valoración realizada a cierre de ese año.
La parte buena para REE es que al cifrar el valor recuperable en solo 5,88 millones, todo lo que consiga de indemnización por encima de esa cifra (o de la actualizada a cierre de 2011) se lo podrá apuntar como plusvalías.
Las cuentas muestran también cómo los dividendos repatriados a España se han disparado y las inversiones realizadas en Bolivia se han recortado desde 2005 y 2006, coincidiendo con la llegada de Evo Morales al Gobierno. Los dividendos pagados por TDE a REI se han multiplicado desde los dos millones de 2005 hasta los nueve millones de 2010. Junto a los dividendos, el grupo español cobraba a su filial boliviana por asesoría y otros servicios en torno a 1,5 millones anuales. En total, TDE pagó a la empresa española 45,3 millones entre 2005 y 2010 en concepto de dividendos y pago de servicios.
Reducción de inversiones
Mientras, las inversiones de TDE se redujeron desde los 17,6 millones de dólares de 2006 a los 2,8 millones de dólares de 2010. No obstante, la compañía explicó ayer a través de una nota de prensa que “el descenso en el ritmo inversor de los últimos años obedece a que desde 2008 los nuevos desarrollos de red se adjudican por ley a la empresa pública nacional Ende, por lo que las inversiones de Red Eléctrica se ciñen al mantenimiento y modernización de las instalaciones ya existentes. Es decir, responden a una decisión del Gobierno de Bolivia y no a una decisión unilateral de la compañía”.
La compañía española confirmó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que “la aportación de TDE a la cifra de negocio del Grupo REC se encuentra en el entorno del 1,5%”, y aseguró que la nacionalización de la compañía “no tiene un efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados del grupo”. La empresa no cuantificó el impacto sobre el beneficio, que está en el entorno del 2%.
Los distintos informes anuales de Red Eléctrica Internacional muestran también cómo la filial boliviana prestaba dinero a su matriz en España mediante un contrato de crédito en cuenta corriente por un importe máximo de seis millones de dólares (4,5 millones de euros) que a cierre de 2010 había sido dispuesto plenamente. La matriz española pagaba a su filial boliviana un interés de solo el 1,99%. En cambio, la propia TDE pagaba intereses de hasta el 8% por endeudarse en dólares.
Entre esa deuda de TDE había unos 15,7 millones de euros prestados por la entidad IFC y la Corporación Andina de Fomento (CAF) en los que Red Eléctrica Internacional es garante y responde subsidiariemente del pago. En su garantía, REI se comprometía a mantener una participación mínima del 51% en TDE, así como el control efectivo de dicha sociedad. Lo lógico es que REI se niegue a pagar esa deuda alegando causas de fuerza mayor para la pérdida del control. (El País de España(





MARGALLO VE "LEGÍTIMA" LA EXPROPIACIÓN DE REE EN BOLIVIA Y PIDE QUE ARGENTINA SIGA ESE "CAMINO"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha asegurado hoy que la situación con Bolivia respecto a Red Eléctrica de España (REE) "está encausada", y ha añadido que le gustaría que Argentina actuara con YPF como ha anunciado que hará el Gobierno de Evo Morales.
                                                       
Que es de España (www.que.es)

"Todavía puede hacer una valoración por una empresa independiente y pagar el justiprecio", ha aseverado. El ministro se ha referido así a la decisión del Gobierno de Evo Morales de expropiar la filial en Bolivia de Red Eléctrica de España que, ha insistido en que no puede compararse con la situación creada con Argentina al intervenir YPF.
García-Margallo ha hecho hincapié en que el Gobierno boliviano ha declarado que se hará una tasación de REE por una empresa independiente, que es la fórmula adecuada para resolver un contencioso de este tipo.
Ha asegurado que las situaciones de UPF y REE "no tienen absolutamente nada que ver" y, de hecho, ha recordado que el mismo día en el que se dio a conocer la nacionalización de Red Eléctrica, el presidente boliviano, Evo Morales, inauguraba una red gasística en su país con el presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Así, ha dicho que Bolivia ha tomado "una decisión que es legítima" y que REE así lo dijo en un comunicado, por lo que el Gobierno español, cuya misión es "apoyar" a las empresas españolas, "no tiene nada que decir".
"Lo que la compañía dice y el Gobierno apoya es que tiene que ser compensado por las inversiones que ha realizado", ha indicado el ministro de Exteriores, quien ha añadido que "si eso se resuelve así, el Gobierno no tiene nada que decir".
García-Margallo ha reconocido que en América "hay distintos modelos o sistemas económicos, cada uno con una filosofía distinta", y ha recalcado que "esto tenemos que resolverlo como un asunto de familia".
Ha añadido que aquellos modelos que "optan por la soberanía energética", aunque sea una opción que no comparte, es "perfectamente legítima".
"Si deciden expropiar lo que tienen es que pagar el justiprecio", ha subrayado el ministro de Exteriores, antes de insistir en que se trata de un asunto "entre países hermanos" en el que estas situaciones se resuelven por la vía del diálogo y la negociación.
"Es el camino que parece haber tomado Bolivia y el que a mí me gustaría que tomase Argentina, que todavía puede hacer una valoración por una empresa independiente y pagar el justiprecio. Uno elige las opciones económicas y políticas que quiere, pero hay que pagar lo que es de otros", ha concluido.
Preguntado por si teme que las decisiones de Bolivia y Argentina se extiendan a otras inversiones españolas en Iberoamérica, García-Margallo ha respondido que él se dedica "a resolver" los problemas que tiene encima de la mesa día a día, y no "a hacer profecías sobre lo que puede ocurrir".





EL GOBIERNO ESPAÑOL RESPONDE CON CALMA A LA EXPROPIACIÓN DE BOLIVIA: TRES MOTIVOS DEL CAMBIO DE DISCURSO
                                                                
El Gobierno de Mariano Rajoy trató de dar una imagen de firmeza y de contundencia tras la expropación a Repsol de su filial YPF por parte del Gobierno argentino. Dos semanas más tarde, el Ejecutivo español ha suavizado su discurso tras la nacionalización de una filial de REE ordenada por el presidente de Bolivia, Evo Morales. ¿Cuál es el motivo?.
                                                         
Expansión de España (www.expansion.com)

Si hace dos semanas, los ministros de Rajoy al unísono daban una respuesta 'en caliente' tajante y clara ante la decisión del Ejecutivo argentino de nacionalizar la petrolera YPF, ahora ha templado su mensaje. El titular de Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, calificaron entonces la decisión de Cristina Fernández de Kirchner como "hostil" y anunciaron "medidas claras y contundentes". Aunque, de momento, las represalias no han sido tales.
Esta vez ha primado una estrategia diplomática de sosiego y calma. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha declarado que España vigilará el reembolso de la inversión realizada por la filial de REE en el país latinoamericano. "Bolivia ha garantizado que se va a compensar a la empresa de los costes invertidos en la red de electricidad, lo cual evidentemente es un elemento que el Gobierno español va a vigilar", señaló.
De Guindos ha explicado que la decisión de Evo Morales nada tiene que ver con la de Argentina respecto a YPF. "No creemos que exista en absoluto una situación generalizada. Son situaciones independientes", afirmó. El giro en el discurso es notable. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué diferencias existen entre los intereses en Argentina y Bolivia? ¿O es por las compañías implicadas?
1. Las cifras
El golpe que supone para Repsol el expolio de YPF no es ni mucho menos comparable en volumen por el impacto mínimo que representa para Red Eléctrica de España (REE) la pérdida de su actividad en Bolivia. Esta filial sólo supone el 1,5% de su negocio y aportó unos 30 millones a un grupo que facturó 1.637 millones de euros en 2011.
En cambio, según la memoria anual de Repsol, de los 70.957 millones de euros en activos de la compañía al cierre de 2011, algo más de 14.000 millones, en torno a un 20%, se concentraban en el mercado argentino, repartidos entre YPF y sus filiales. En paralelo, el 28% del resultado de explotación de Repsol dependió el pasado año directamente de sus actividades en Argentina. Asimismo, cerca de la mitad de las reservas probadas del grupo Repsol correspondían a YPF y también casi dos terceras partes de su producción actual.
Repsol se propone a reclamar al Gobierno de Buenos Aires en instancias internacionales una indemnización multimillonaria, que podría rondar los 14.000 millones de euros. Según la valoración oficial recogida en el contrato de compra de YPF, la participación del 57% que tenía Repsol en la petrolera argentina está valorada en unos 8.000 millones.
La compañía presidida por Antonio Brufau, además, pretende reclamar una compensación por su participación en el yacimiento argentino de Vaca Muerta, uno de los de mayor potencial del mundo, que podría ascender a entorno a otros 6.000 millones de euros más. La petrolera española podría, asimismo, exigir otra cuantía millonaria por los daños y perjuicios adicionales sufridos por la nacionalización de YPF.
El profesor de la escuela de negocios IESE, José Ramón Pin, destaca que el Gobierno boliviano, además, se ha comprometido a "compensar" a REE por la operación. La Paz se muestra dispuesta a negociar el precio para nacionalizar la compañía y ya ha anunciado que tomará como base el montante ingresado por el Estado boliviano con la privatización (Unión Fenosa compró TDE por unos 30 millones de euros en 1997) y no la cantidad pagada por REE para su compra en 2002 (que alcanzó cerca de 70 millones de euros). Fuentes del mercado apuntan que una compensación justa debería incluir también las inversiones realizadas por el grupo español, que la propia REE cifra en 56 millones de inversiones ya realizadas y otros 11 millones de proyectos iniciados.
2. La poca efectividad, de momento, en el 'caso Repsol'
Pero los analistas creen que la causa del nuevo mensaje del Gobierno también va más allá de las grandes cifras. "Después de la experiencia de hace dos semanas, el Ejecutivo se ha dado cuenta de que no se gana nada con contundencia y vale más buscar una solución concreta", advierte Juan Ignacio Sanz, profesor de la escuela de negocios Esade.
El cambio de discurso se debería, sobre todo, a una lección aprendida. "Con las grandes declaraciones y la búsqueda complicidad internacional, al final no se saca mucho en claro: el proceso laudatorio puede ser larguísimo, es difícil lograr consenso para una actuación conjunta con más países y corres el riesgo de perjudicar a otras compañías instaladas en las zonas de conflicto", añade Sanz, que cree que resulta más efectivo negociar directamente el precio de la expropiación.
Tras la nacionalización de YPF por parte de Argentina, España abrió una ofensiva diplomática para recabar apoyos internacionales, que se han traducido de momento en declaraciones de buenas intenciones por parte de EEUU o de organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Y aparte de esas palabras, las represalias anunciadas de momento se han quedado en un decreto aprobado por el Gobierno que limita la compra de biodiésel argentino y la aprobación en la Eurocámara de un texto que insta a estudiar la eliminación de ventajas arancelarias de las que goza país latinoamericano.
3. Intereses diplomáticos
Pin destaca que los movimientos de respuesta en torno al 'caso Repsol "no han sido muy fructíferos" y señala, además, que posiblemente el Gobierno español "no quiera tensar las cuerdas aún más" y, por eso, evite el conflicto con más países meses antes de que se celebre en Cádiz la Cumbre Iberoamericana (prevista para noviembre de este año), en la que ejercerá de anfitrión. "Bolivia es un socio importante para muchas empresas españolas y eso también habrá pesado", añade.
El profesor del IESE subraya que "en estos momentos es cuando se ve la importancia de realizar un análisis profundo antes de invertir en un país sobre cómo es la seguridad jurídica, cuál es la normativa, qué estabilidad política existe y también de contar con un departamento potente de Relaciones Públicas. Resulta clave".





UPYD PIDE "FIRMEZA" AL GOBIERNO PARA "PONER COTO" A LA "OLA NACIONALIZADORA"

Finanzas com de España (www.finanzas.com/noticias)
                                
UPyD ha expresado hoy su "más enérgica protesta" por la decisión de Bolivia de expropiar las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa transportadora de energía en Bolivia y ha pedido al Gobierno "mayor firmeza a la hora de poner coto a esta ola nacionalizadora".
En una nota de prensa, el responsable de política exterior de UPyD, Fernando Maura, ha afirmado que esta nueva expropiación y la de YPF, filial argentina de Repsol, "obedecen a una espiral contra los intereses españoles en América Latina".
Según UPyD, esta decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, muestra "una debilidad extrema de nuestro gobierno para afrontar con seriedad y firmeza las denuncias correspondientes ante los organismos internacionales".
"Desde UPyD mostramos nuestra repulsa por esta acción que viola todos los tratados internacionales y que muestra la enorme inseguridad jurídica con la que se mueven las inversiones extranjeras en estos países", ha añadido Maura.
Además, ha solicitado al Ejecutivo "mayor firmeza a la hora de poner coto a esta ola nacionalizadora que afecta a nuestros intereses en el exterior".
Maura ha demandado además a Morales que reconsidere el decreto emitido "en base a los criterios y cláusulas del contrato establecido entre la empresa española y el Estado boliviano".





BOLIVIA ES PAÍS ‘NON GRATO’ PARA INVERSORES GALLEGOS POR SU INSEGURIDAD JURÍDICA

Grupos como Inveravante evitaron entrar en sus mercados energéticos y en los argentinos
                                                     
El Correo de  Gallego de España (www.elcorreogallego.es/galicia)

La moda que inauguró Argentina de expropiar compañías energéticas con YPF, que pertenecía en un 51% a Repsol, se contagió el martes a Bolivia. El Ejecutivo de Evo Morales decidió hacer lo propio con la empresa Transportadora de Electricidad, filial en ese país de Red Eléctrica de España (REE) y propiedad en un 20% del Estado español. Los expertos avisan: la tendencia puede proseguir en otros sectores y países latinoamericanos deseosos de seguir este camino, como Ecuador o Venezuela.
Si el caso argentino sembró dudas sobre el posible impacto en empresas gallegas presentes en este mercado, como pudo ser Inditex –que solo tiene 10 tiendas Zara en el país y negó incidencias–, el de Bolivia no sorprende a los inversores gallegos. De hecho, según fuentes empresariales consultadas por este periódico, este país está casi "en cuarentena" a la hora de realizar cualquier apuesta. Es territorio non grato, con demasiado riesgo, debido a su extrema inseguridad jurídica. En el conocido ranquin de riesgo que publica Euromoney, referencia mundial en el que España se sitúa en el puesto 36, Argentina se hunde al 95, Venezuela al 101, Bolivia al 110 y Ecuador al 114. Moraleja: invertir allí es como jugar a la ruleta rusa.





Bolivia se quedará sin la transferencia de tecnología de la compañía

MORALES CONFUNDE RECURSOS NATURALES CON INFRAESTRUCTURA
                                                                                             
Cinco Días de España (www.cincodias.com/articulo)

En su discurso anunciando la expropiación de TDE, Evo Morales justificó la medida en la necesidad de recuperar los recursos para el pueblo boliviano. Pero, así como en otras expropiaciones ha sido así (hace varios años le tocó a los hidrocarburos), en este caso se trata de infraestructuras (las redes de alta tensión), que han sido construidas y nada tiene que ver con la naturaleza. De hecho, al expropiárselas, Bolivia se quedará sin la transferencia de tecnología de la compañía española, indican fuentes empresariales.
El Gobierno de Morales reiteró ayer que habrá una compensación negociada y apuntó de nuevo a las inversiones de REE no amortizadas, menos sus pasivos. En el Gobierno español se teme que Bolivia no reconozca los cálculos de REE.
La medida fue criticada ayer en distintos ámbitos. La Comisión Europea manifestó su "preocupación" por la decisión del Gobierno boliviano, y confió en que las autoridades cumplan "completamente" los acuerdos de inversión suscritos con España. "Es una señal negativa a los inversores internacionales" indicó el portavoz de Comercio, John Clancy.
Desde el Partido Popular, el PSOE e IU también se alzaron voces críticas y el vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, dijo que la expropiación de la filial de REE "es una tomadura de pelo" y parece que España fuese "la mala de la película". Fernández pidió al Gobierno de Rajoy que tome medidas drásticas.
YPF, al congreso
La Cámara de los Diputados argentina comenzó ayer el debate sobre el proyecto de ley de expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol, que ya ha aprobado el Senado. El proceso se prevé muy rápido y, de hecho, se espera una decisión final hoy o mañana.





LA EXPROPIACIÓN DE REE, ¿SIN FORO PARA DIRIMIR LA POSIBLE CONTROVERSIA?
                                                                                 
La Expansión de España (www.expansion.com)

En el marco de las celebraciones del Día del Trabajo en Bolivia, el presidente Evo Morales comunicaba su decisión de nacionalizar Transportadora de Electricidad (TDE), lo que implicó que la española REE perdiera la totalidad de las acciones que poseía en TDE, esto es el 99,94% del capital de la boliviana. Según el presidente Morales, la expropiación de TDE se justifica por considerar insuficiente la inversión de REE de 81 millones de dólares en 16 años.
Las reacciones de los distintos actores involucrados, tanto públicos como privados, no se han hecho esperar. Los accionistas de REE han adelantado que exigirán una compensación adecuada equivalente a un justiprecio razonable por las acciones nacionalizadas. De hecho, el presidente Evo Morales ha declarado que su Gobierno reconocerá la inversión realizada por REE, afirmando que “si lo que corresponde es devolver, hay que devolver”. Sin embargo, la falta de acuerdo entre el Gobierno boliviano y REE obligaría a la española a recurrir a otras instancias para obtener la compensación que sus accionistas buscan, pero ¿en qué foro?
Política nacionalizadora
En 2007, Bolivia fue el primer país miembro que denunció el Convenio de Washington que estableció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organización internacional de resolución de disputas en materia de inversión extranjera a través del arbitraje, que funciona bajo los auspicios del Banco Mundial. Esta denuncia estuvo en línea con la política de nacionalización que el presidente Morales ha seguido desde 2006, en la que ha expropiado diversas empresas del ramo de hidrocarburos, cementos y minas, entre otras. Desde entonces, Bolivia ha hecho público su deseo de que este tipo de controversias se resuelvan ante sus tribunales nacionales. En la misma línea, Bolivia denunció a principios de este año el Acuerdo para la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Bolivia, que contempla someter a arbitraje internacional todas las disputas surgidas en la materia. Una de las justificaciones de la denuncia del APPRI, cuya vigencia termina en julio próximo, ha sido que el arbitraje internacional es incompatible con la nueva Constitución boliviana. Esta denuncia será eficaz a partir del próximo mes de julio. Quizás esa denuncia diera una pista de cuáles eran las intenciones del Gobierno boliviano para este año.
En este contexto, alguno podría pensar que REE no podría acudir a una instancia internacional, como el arbitraje, en caso de no llegar a un acuerdo con el Gobierno boliviano respecto a una compensación adecuada. Sin embargo, el hecho de que Bolivia hubiera denunciado el Convenio de Washington en el año 2007 y de que haya denunciado también el APPRI con España no implica necesariamente que los inversores españoles en Bolivia queden sin protección. Con todo, la estrategia de REE deberá ser muy cuidadosa al respecto.
Por un lado, el artículo 11 del APPRI proporciona la posibilidad de acudir a distintos foros internacionales para resolver una disputa de inversión entre un inversor español y el Gobierno de Bolivia, y el CIADI no es la vía exclusiva para ello. El inversor extranjero deberá agotar un periodo de negociaciones de seis meses (cool-off period, o periodo de enfriamiento) antes de que poder acudir a un foro internacional. Ese foro internacional podría ser (I) un tribunal arbitral ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL), o (II) un tribunal arbitral establecido de conformidad con el Mecanismo Complementario del CIADI. Este mecanismo complementario permite acudir al CIADI incluso frente a Estados que no son parte del Convenio de Washington. Por tanto, la denuncia de Bolivia del Convenio de Washington no afectaría la posibilidad de que un inversor extranjero al amparo del APPRI España-Bolivia pudiera dirimir una disputa de inversión ante un foro internacional.
‘Sunset clause’
Por otro lado, el hecho de que Bolivia haya denunciado el APPRI con España tiene un análisis distinto. Esa denuncia no entrará en vigor sino hasta el próximo mes de julio, por lo que REE debe cuidarse al respecto. Por otro lado, el APPRI España-Bolivia contiene lo que se denomina una sunset clause, en virtud de la cual las inversiones extranjeras seguirían estando protegidas por el APPRI por un periodo adicional de 10 años desde la denuncia o terminación del propio APPRI.
Tanto el Gobierno boliviano como el español han dejado entrever que el episodio TDE/REE podría estar marcado por una voluntad negociadora y una disposición de reconocer la inversión de REE. Hará falta esperar acontecimientos para comprobar si la disposición de presidente Evo Morales satisface realmente la indemnización adecuada que cabe esperar a los inversionistas españoles. En todo caso, el episodio podría ser uno más de una nueva moda inaugurada por Argentina, y que camina hacia la expulsión de la inversión española en determinados países de Iberoamérica, y que ahora reciben capital procedente de otras regiones del mundo. De ahí la importancia de tratar la cuestión con todo el interés que merece para España.





EL CGPJ CONFÍA EN LOS PODERES JUDICIALES IBEROAMERICANOS Y BOLIVIANOS TRAS LA NACIONALIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA

La Información de España (www.noticias.lainformacion.com/politica/nacionalizacion)

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha comentado que este órgano confía "en los poderes judiciales iberoamericanos y bolivianos", después de que este martes el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunciara la nacionalización de las acciones que Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, posee en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
Bravo ha realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación tras visitar los juzgados de Torrente (Valencia) junto al vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, y la decana Ana Dolores López Cañas. Bravo ha manifestado que "cualquier decisión política que afecte a intereses privados españoles, de alguna forma afecta a la economía española, y por tanto desde España se ve con preocupación".
La portavoz ha recordado que el CGPJ ya manifestó su decisión de no asistir a la cumbre judicial celebrada en Argentina. "Desde luego confiamos en la garantía y en la seguridad jurídica que se puede aportar en esta materia en defensa de los intereses que se pueden ver perjudicados", ha destacado.
Bravo ha indicado que la justicia española "no tiene soberanía en estas materias para actuar". De todas formas, "sí entiende que a través de las relaciones diplomáticas y de la justicia de este país, se intentará que la decisión sea lo menos gravosa para los intereses de ciudadanos españoles".






Diario  Vasco de España (www.diariovasco.com)
                                                                            
Los empresarios españoles reclaman al Gobierno medidas «drásticas» para evitar que se extiendan las expropiaciones a compañías españolas en Iberoamérica. El vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, cree que es necesaria una respuesta «más contundente y rotunda» ante la segunda nacionalización en apenas quince días de una filial de empresa española. «Esto puede ser contagioso», señaló ayer el vicepresidente de la patronal. «Luego podrían venir otros países, como Ecuador o Venezuela», advirtió.
Precisamente en el último informe sobre inversión española en Latinoamérica realizado por el Instituto de Empresa, los empresarios destacaban como una de las principales amenazas para sus inversiones la inseguridad jurídica en Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
Algo de esta inseguridad debe tener que ver también con la debilidad internacional de España, más volcada en la consolidación de sus cuentas públicas. «Yo no veo que esto les suceda a los franceses o alemanes», dijo el vicepresidente de los empresarios en declaraciones a Televisión Española. Para Fernández, con una segunda expropiación en marcha «las medidas deben ser más drásticas», porque «hemos invertido mucho dinero y trabajo, y hemos arreglado muchos problemas económicos en esos países para que ahora nos traten de esta manera».
Nadie se plantea que Bolivia dé marcha atrás a la expropiación de la filial de Red Eléctrica (REE). La compañía «respeta» una decisión soberana «siempre que el proceso responda a los principios internacionales de derecho». La empresa española confía en llegar a un acuerdo para una compensación adecuada. En este sentido, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció que el Gobierno español «vigilará» que Bolivia pague un «justiprecio» por la expropiación.
Al argumento de Evo Morales de que expropiaba la filial ante la baja inversión que realizaba Red Eléctrica en su país, la compañía española respondió ayer que ha invertido en el país andino más de 74 millones de dólares entre 2002 y 2011, a los que añade otros 14 millones de dólares destinados a proyectos ya iniciados, lo que da una cifra total de 88 millones de dólares. Si esta es la cifra final que reclamará la empresa a Bolivia, supondría más de 66 millones de euros. La empresa que preside el exsecretario de Estado de Energía con Aznar, José Folgado, recalca que ha invertido prácticamente la misma cantidad que pagó por la empresa: 91 millones de dólares.
A tenor de las declaraciones del ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, sí habrá negociación con Red Eléctrica para pagarle una compensación. Sosa le comunicó por teléfono al ministro de Industria español, José Manuel Soria, que hablarán con la empresa española para reconocer sus inversiones que, como dice el decreto de expropiación, serán evaluadas por una empresa independiente.
En una jornada negra para la Bolsa, Red Eléctrica cerró con una caída del 2,24%, aunque llegó a bajar más de un 4%. La compañía envió una nota a la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde recalcaba que el mercado de Bolivia «no tiene un efecto relevante en los negocios ni en la cuenta de resultados del grupo». De hecho, sólo representa un 1,5% de la cifra de negocios.
La Comisión Europea se mostró «preocupada» por la nueva expropiación, porque considera que manda una «señal negativa» a los inversores internacionales sobre el clima de negocios en Bolivia, en palabras del portavoz de Comercio de la Comisión, John Clancy. Sin embargo, también resaltó que este caso «no es comparable» a la expropiación de YPF a Repsol en Argentina.
Elogios entre Brufau y Morales
La coincidencia quiso que la expropiación a REE se produjera horas antes de que Evo Morales protagonizara en Bolivia un acto con el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Inauguraron una nueva planta de procesamiento de gas natural en el campo Margarita del sur de Bolivia, que, nueva coincidencia, permitirá aumentar las exportaciones de este combustible hacia Argentina. En el acto, ambos se elogiaron mutuamente como socios estratégicos. «Yo quiero saludar al presidente de Repsol. Su presencia, su esfuerzo, su trabajo como socios», dijo Morales. «Reconozco el liderazgo de Repsol, una de las empresas internacionales más grandes de todo el mundo, y su inversión siempre será respetada como socio, señor presidente de Repsol», agregó el mandatario en medio de aplausos de los asistentes al acto.
Brufau, a su vez, indicó que «hoy se demuestra con hechos la consolidación de la relación de Repsol con Bolivia», que calificó de «socio estratégico».





CALDERA (PSOE) DICE, SOBRE REE, QUE EL "CAMINO OPORTUNO" ES EL DE LA NEGOCIACIÓN Y LA DIPLOMACIA "ACTIVA"

La Información de España (www.noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas)

El secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva Federal socialista y exministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha considerado este miércoles que el "camino oportuno" tras la decisión de Bolivia de nacionalizar la filial de Red Eléctrica Española (REE) es el de "la negociación", la "diplomacia activa" y la "presencia continua".
A preguntas de los medios en Toledo, con motivo de un encuentro de trabajo con el secretario regional del PSOE, Emiliano García-Page, Caldera ha señalado que la política de entendimiento "ayuda a impedir estas situaciones" y ha recordado que hace cinco años en Bolivia "hubo un problema con una empresa española que se pudo solucionar" después de que el ministro de Asuntos Exteriores fuera allí y estuviera "ayudando y participando".
Dicho esto, ha indicado que el PSOE ha declarado su apoyo a las empresas españolas y al Gobierno, no solo con este caso sino también con el reciente de Repsol YPF en Argentina. No obstante, Caldera ha reconocido que cada país "puede ejercer su derecho como considere oportuno, por supuesto salvando la justa indemnización".
El exministro también ha declarado que España siempre ha instado a sus empresas a que mantengan "un exquisito respeto" a la responsabilidad social --"y creo que lo hacen"--, y ha resaltado la aportación de las empresas españolas a los países donde están operando tanto en materia social como con su "extraordinaria tecnología".





MARGALLO DICE QUE CRISIS POR NACIONALIZACIÓN DE REE EN BOLIVIA "ESTÁ ENCAUZADA" POR LA TASACIÓN INDEPENDIENTE
                                      
Telecinco de España (www.telecinco.es/informativos)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha señalado este jueves que la crisis provocada por la nacionalización de la filial de Red Eléctrica de España (REE) por el gobierno boliviano "está encauzada" ya que el Ejecutivo de Evo Morales ha indicado que la tasación del valor de la energética la hará "una empresa independiente", siguiendo así "la fórmula adecuada para resolver un contencioso de este tipo".
En declaraciones a los medios antes de asistir a la toma de posesión de Romay Becaría como presidente del Consejo de Estado, Margallo ha recalcado que el caso de REE "no tiene absolutamente nada que ver" con el contencioso abierto con Argentina a raíz de la nacionalización de YPF.
Así, ha indicado que "el mismo día que se producía la noticia de la nacionalización de Red Eléctrica", Morales inaugura junto al presidente de Repsol Antonio Brufau una red gasística de la petrolera.
De este modo, el ministro ha recalcado que como en América "hay distintos modelos o sistemas económicos cada uno con una filosofía distinta" los problemas que puedan surgir en las relaciones bilaterales entre países deben resolverse "como un asunto de familia".
Así, Margallo ha insistido en que la opción de la soberanía energética como modelo no la comparte, pero es "perfectamente legítima". "Si deciden expropiar, lo que tienen que hacer es pagar el justiprecio, que es lo que se hacen en las relaciones internacionales", apostilló.
Por último, ha remarcado que "entre países hermanos" los problemas deben resolverse por la vía del "diálogo y la negociación", camino que "parece haber tomado Bolivia" y senda que le gustaría al Ejecutivo español que tomase Argentina. Argentina "todavía puede hacer una valoración con una empresa independiente y pagar el justiprecio", ha concluido.






La visita estaba programada con anterioridad a la expropiación de la filial de Red Eléctrica
                                                                                  
ABC de España (www.abc.com.es)

El secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, realizará la próxima semana una visita a Bolivia, en la que espera mantener un contacto con el presidente del país, Evo Morales, según se indicó a ABC en fuentes diplomáticas. La visita había sido programa con anterioridad a la decisión del Gobierno boliviano de expropiar la empresa Transportadora de Electricidad, filial de Red Eléctrica Española, y el Ejecutivo español ha decidido mantenerla.
Gracia estará el lunes y el martes en La Paz, donde se reunirá previsiblemente con el ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, que visitó España recientemente, y se trabaja en concretar una reunión con Morales. Aunque inicialmente el objetivo de la visita era abordar la situación de las inversiones y de la cooperación española en Bolivia, resulta obvio que la expropiación de la filial de Red Eléctrica será uno de los temas centrales de las conversaciones.
España ya ha había comunicado a las autoridades bolivianas que los recortes efectuados en los fondos destinados a la cooperación española en los últimos presupuestos Generales del estado obligarían a una reducción de las aportaciones que se venían realizando, y que habían oscilado en los últimos tres años, entre los 70 y los 90 millones de euros anuales. Aún así, Bolivia figura entre los países que menos sufrirían los recortes de fondos de cooperación, destinados, en su mayor parte a proyectos de saneamiento, educación y salud.
De hecho, Su Majestad la Reina tiene previsto realizar en el mes de octubre un viaje a varias ciudades de Bolivia para visitar algunos de esos proyectos.






Los verdaderos riesgos a los que se enfrenta la compañía residen en el mercado español

La Información de España (www.lainformacion.com.es)

El Gobierno boliviano ha nacionalizado la filial que Red Eléctrica tiene en el país. Los títulos de la compañía esta mañana caen más de un 3%, el doble que el Ibex. Sin duda, la decisión de Evo Morales ha hecho daño a la empresa y los inversores han optado por vender sus acciones, aunque no mucho más que las de los bancos o que las de Gamesa, lo que, en principio, debe invitar a una cierta calma. También las cifras que aportan los analistas del Banco Sabadell: la filial boliviana sólo representa un 1,8% de las ventas, un 1,6% de su beneficio bruto de explotación y menos de un 0,7% de su deuda. "Para nada lo que ha sufrido Red Eléctrica es comparable con lo que le ocurrió a Repsol con YPF", comenta Isabel Mera, analista de Norbolsa. De hecho, como aventura esta experta: "Si Repsol no hubiera perdido YPF hace dos semanas, la nacionalización de la filial boliviana de Red Eléctrica hubiera pasado desapercibida".
En definitiva, como explica Josep Monsó, de GVC Gaesco, el impacto económico real en Red Eléctrica es mínimo. De hecho, los expertos de Banco Sabadell en su informe diario de hoy apuntan que la noticia es negativa, pero no tanto para Red Eléctrica, en la que las consecuencias son marginales, como para el resto de las empresas españolas con presencia en Bolivia o en el resto de América Latina. De ahí que Isabel Mera considere que las caídas bursátiles que hoy sufre el valor sean excesivas.
¿Significa esto que los inversores deberían volver a Red Eléctrica después de este primer golpe de ventas en el valor? ¿Implica que estos descensos pueden llegar a ser una oportunidad? El inversor puede tener la tentación de volver a entrar en la compañía sobre todo teniendo en cuenta que tradicionalmente ha sido un valor defensivo y, por tanto, muy apto para inversores conservadores y para cualquier perfil en momentos turbulentos como los actuales. Además, no hay que olvidar que Bolivia pagará por esta expropiación: el precio se establecerá en los próximos 180 días.
Pero los analistas no lo tienen muy claro. Porque, como apunta Mera, "la recuperación del valor no depende tanto de la compensación que reciba del Gobierno boliviano, sino de otros factores mucho más importantes\" y que tienen su residencia dentro de nuestras fronteras. Quizás porque Red Eléctrica dejó de ser un valor defensivo hace bastantes meses. Según Jesús de Blas, analista de Crédit Agricole-Mercagentes, hasta hace un tiempo, ser una compañía regulada, como lo es Red Eléctrica, era una garantía de beneficios recurrentes e inmunidad ante la evolución del ciclo económico. Ahora, todo lo contrario. "En este momento su gran riesgo es español y, precisamente, el regulatorio", afirma De Blas.
En la batalla por acabar con el déficit de tarifa que acumula el sector eléctrico, el Gobierno ha apuntado que podría atacarse mediante la reducción de los costes de transporte, es decir, reduciendo la remuneración a las inversiones y servicios que presta Red Eléctrica. Por eso, Jesús de Blas pone en duda el hecho de que sea una compañía defensiva. "El inversor que decida entrar aprovechando esta corrección debe saber que la compañía se enfrenta a estos riesgos en España", comenta. Y esos peligros tienen mucho más alcance que los derivados de la nacionalización de su filial en Bolivia o de otros problemas que pueda tener en el extranjero. Porque, como añade Isabel Mera, precisamente por la situación de ese país latinoamericano, Red Eléctrica tiene provisionada su inversión fuera de España que, en América Latina se limita a Bolivia y a Perú. De hecho, como señala esta analista, "nadie cuando hace previsiones sobre el crecimiento de Red Eléctrica tiene en cuenta su exposición internacional, que no pudo desarrollar en su momento por las fuertes inversiones que tuvo que realizar en España y que mermaron su músculo para crecer en el extranjero".
Con todo, los analistas de Banco Sabadell recomiendan "comprar" Red Eléctrica. También Norbolsa mantiene esa recomendación. Pero Isabel Mera precisa que, para entrar, habría que esperar a que se haya aclarado el panorama regulatorio... en España.





IU PIDE AL GOBIERNO QUE MEDIE ANTE LA INDEMNIZACIÓN DE BOLIVIA A REE 

El secretario de Economía y trabajo de IU, José Antonio García Rubio, ha pedido hoy al Gobierno que contribuya a encontrar acuerdos sobre la indemnización que debe pagar Bolivia a Red Eléctrica española (REE) tras expropiar ayer su filial, "para que nadie salga perjudicado".

Terra de España (www.noticias.terra.es/2012/economia)
                                         
En un comunicado, García Rubio sostiene que la decisión de Bolivia se enmarca dentro de su legitimidad de querer recuperar el control sobre el transporte de energía eléctrica en su país.
El portavoz económico de IU pide que los gobiernos español y boliviano mantengan conversaciones que no impliquen un deterioro de las tradicionales relaciones económicas entre ambos países.
A este respecto, incide en que lo que sobran 'son los aspavientos inútiles de cara a la galería como los producidos en el caso YPF'.
Asimismo, confía en que las medidas liberalizadoras anunciadas por el Gobierno español no supongan que se vuelvan a expropiar importantes intereses económicos de España para ponerlos al servicio del negocio de particulares y de compañías privadas.





IU VE LEGÍTIMA LA DECISIÓN DE BOLIVIA Y PIDE NO SE DETERIOREN LAS RELACIONES

Finanzas Com. de España (www.finanzas.com/noticias/bolivia)
                                                            
Izquierda Unida considera legítima la decisión del Gobierno boliviano de expropiar la filial en ese país de Red Eléctrica Española (REE) y ha exigido a los Ejecutivos de ambas naciones que preserven la amistad que les une y eviten el deterioro de las relaciones económicas.
A través de un comunicado, y por boca de su secretario federal de Economía y Trabajo, José Antonio García Rubio, IU ha asegurado que la nacionalización de REE se enmarca dentro de la decisión "legítima" de un gobierno de "recuperar el control sobre el transporte de energía eléctrica en su país".
García Rubio ha hecho un llamamiento a ambos gobiernos para que mantengan sus buenas relaciones, ya que, en su opinión, "sobran los aspavientos inútiles de cara a la galería, como los producidos en el caso YPF", en alusión a la expropiación por parte de Argentina del 51 por ciento de esta filial de la petrolera española Repsol.
Ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe "contribuir a un acuerdo entre ambas partes para resolver los problemas ligados a la indemnización" correspondiente por esta decisión para que "nadie salga perjudicado", ha insistido el responsable de Economía de la federación de izquierdas.
IU, recuerda este dirigente, siempre ha defendido que cada Estado debe mantener el control sobre los sectores estratégicos de su economía, como son el transporte y la distribución de energía eléctrica.
García Rubio ha valorado que, en unas primeras manifestaciones, el Gobierno de Mariano Rajoy haya descartado que el paso dado por el presidente boliviano, Evo Morales, signifique un "ataque económico" contra España.
Una impresión con la que Izquierda Unida está de acuerdo porque "refleja adecuadamente la realidad y la normalidad con la que deben tomarse decisiones económicas de esta naturaleza", ha dicho García Rubio.
Para el dirigente de IU, los próximos pasos a dar por los responsables económicos de ambos gobiernos deben encaminarse a que "no haya un deterioro de las tradicionales relaciones económicas entre ambos países, además de preservar las relaciones de amistad entre ambos pueblos".
García Rubio ha aprovechado para recordar que la empresa matriz de la intervenida es una de las pocas que quedan en España "bajo control público efectivo", y ha resaltado que, aunque la participación del Estado español en su capital sea de un 20 por ciento, "se trata de un paquete suficiente para controlar la gestión y las decisiones estratégicas de la empresa".





PARA LOS EEUU, LAS EXPROPIACIONES EN LA REGIÓN DESALIENTAN LA INVERSIÓN

Mark Toner, vocero del Departamento de Estado norteamericano, confirmó que su gobierno está "preocupado" por las "acciones contra inversores extranjeros" llevadas a cabo en Bolivia y Argentina. La administración de Barack Obama ya había señalado que se trata de un "acontecimiento negativo".
                                                                
Infobae de Argentina (www.infobae.com/notas)

El gobierno de los Estados Unidos expresó su "preocupación" por la decisión argentina de expropiar el 51% de las acciones de YPF y el anuncio del presidente boliviano de la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), perteneciente a la Red Eléctrica Española (REE).
Al ser consultado en conferencia de prensa por el anuncio de Evo Morales, el vocero del Departamento de Estado norteamericano, Mark Toner, señaló: "Esto, por supuesto, se suma al anuncio argentino que, creo, fue hace un par de semanas. Y mi respuesta va a sonar similar: estamos preocupados por la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar la compañía española Transportadora de Electricidad".
"Como dijimos anteriormente, estas acciones contra inversores extranjeros realmente desalientan el clima de inversión en Bolivia, en Argentina o en cualquier lugar. Esa es nuestra preocupación", concluyó al respecto Toner, quien días atrás había señalado que el gobierno de Barack Obama está "muy preocupado" por estos hechos.
Por su parte, REE minimizó la repercusión que la decisión del gobierno de Evo Morales pueda tener en sus negocios, según publica la agencia DPA. La empresa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de su país que la participación de TDE en la cifra de negocios de la eléctrica española es solo de un 1,5 por ciento, por lo que la expropiación no tiene un efecto relevante en los negocios y beneficios del grupo.





DIPUTADA UDI VE "PREOCUPANTE" NACIONALIZACIÓN DE EMPRESA EN BOLIVIA

Terra de Colombia (www.economia.terra.com.co/noticias)

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Mónica Zalaquett, calificó como "preocupante", la nacionalización llevada adelante por el gobierno de Bolivia, en contra de la empresa Transportadora de Electricidad, firma que cuenta con capitales españoles.
Zalaquett precisó que "hay que mirar con preocupación lo que está ocurriendo en Bolivia, con la nacionalización de Transportadora de Electricidad, ya que se suma a un fenómeno iniciado hace dos semanas con la expropiación de YPF por parte del Gobierno Argentino".
"El hecho de que se esté haciendo una práctica habitual en Sudamérica, de comenzar a expropiar empresas con capitales extranjeros, está generando un clima de inseguridad y de preocupación en el resto del mundo, porque no es bien visto que cada vez que un presidente de alguna nación, tenga problemas internos, trate de levantar su popularidad con este tipo de medidas", dijo la diputada UDI.
"Se puede comenzar a generar una imagen de que Sudamérica es una región inestable y problemática - agregó Mónica Zalaquett - y que sus políticas internas pueden llegar a afectar a otros países de la región, que están buscando potenciarse y transformarse en un polo atractivo para los inversionistas".
La diputada Zalaquett, quien participó en el Parlatino efectuado en el país altiplánico, añadió que "conversé en dicha oportunidad con muchos actores de la sociedad civil de Bolivia, y ellos me expresaron de que no querían que el Presidente Morales se sumara a este interés por comenzar a nacionalizar diversas empresas, con capitales extranjeros porque lo consideraban como una medida populista".
Mónica Zalaquett precisó finalmente que "no me cabe la menor duda de que nuestra Cancillería, tomará los resguardos pertinentes frente a esta nueva situación que se está viviendo en Bolivia, ya que es deber de nuestro Estado, el otorgar las garantías necesarias a los inversionistas extranjeros frente a la seguridad que en existe en Chile con sus políticas macroenómicas".





NACIONALIZACIONES RINDEN BENEFICIOS A GOBIERNO DE EVO MORALES

Terra de España (www.noticias.terra.com/america-latina)
                                                                 
Todavía es un buen negocio político la nacionalización. Morales está disfrutando la parte dulce porque no le tocó pagar la factura que en algún momento llegará", comentó The Associated Press el analista político y profesor universitario Carlos Cordero sobre la nacionalización la víspera de una transportadora mayorista de electricidad de capitales españoles.
La expropiación del martes tuvo menos efecto popular que las anteriores. Según varias encuestas privadas la popularidad del mandatario ronda el 41%, muy por debajo del 69% con el que contaba al comenzar su segundo mandato en enero de 2010.
"Si bien en el corto plazo la nacionalización puede incrementar los ingresos para el Estado, en el largo plazo puede ser perjudicial. Sin inversión no hay desarrollo y se necesita un marco institucional coherente, estable y de seguridad jurídica, pero con las constantes estatizaciones Bolivia está dando señales contrarias a la inversión", dijo la privada Fundación Milenio, que realiza estudios sociopolíticos.
En Washington, el portavoz del Departamento de Estado Mike Toner dijo el miércoles que el gobierno estadounidense "está preocupado" por el anuncio boliviano de nacionalizar la empresa Transportadora de Electricidad del grupo Red Eléctrica de España.
"Estas acciones contra inversionistas extranjeros realmente deterioran el clima de inversiones en Bolivia. Esa es nuestra preocupación", indicó Toner a periodistas.
Según diversos informes hasta ahora Morales expropió 14 empresas las áreas de petróleo, agua y saneamiento, telecomunicaciones, minería y del sector eléctrico, entre otras.
Con la única empresa con la que el Estado boliviano alcanzó un acuerdo compensatorio fue con la empresa de telecomunicaciones italiana ETI, a la que expropió una telefónica. Bolivia se comprometió a indemnizarla con 100 millones de dólares y asumió deudas impositivas de la empresa por más de 300 millones de dólares.
Con muchas todavía están en curso las negociaciones y al menos siete están en litigio con el Estado boliviano, entre ellas la británica Rurelec que anunció una demanda de arbitraje.
La falta de inversiones privadas es el punto más débil de la administración de Morales, según ha reconocido el propio mandatario. Un millonario proyecto minero encomendado a una siderúrgica india está paralizado y la falta de fondos ha puesto en riesgo la producción de crudo para el mercado nacional.
Morales defendió el lunes las nacionalizaciones y sostuvo que el regreso a manos del Estado del sector hidrocarburífero sacó a Bolivia de la "mendicidad". Recordó que de 673 millones de dólares que recibía el Estado en 2005 antes de la medida, pasó a recibir 2.945 millones de dólares en 2011, en buena parte gracias a los altos precios internacionales.
Una parte de esos ingresos son destinados a subsidios para sectores pobres.





Opinión

MORALES Y EL BURRITO DE MELGAREJO
                                                                                                                                       
¿Debemos nosotros borrar del mapa a Bolivia y a su pintoresco pero no violento presidente Evo Morales?
                                                                 
La Gaceta de España (www.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion)

En la larga lista de presidentes pintorescos de Bolivia, Mariano Melgarejo, un general violento que estuvo en el poder de 1864 a 1871, ocupa uno de los lugares destacados. Melgarejo se instaló en el Palacio Quemado después de haberle pegado un tiro a su predecesor Manuel I Belzú en el propio despacho presidencial. Un sujeto, para muchos de su época, con doble personalidad, cruel y despiadado en ocasiones, bien intencionado en otras, Melgarejo es fuente de innumerables anécdotas. Se cuenta que en una ocasión, ebrio después de haber ingerido grandes dosis de chicha, increpó al embajador británico, lo montó de espaldas en un pollino y lo expulsó de la ciudad. Irritada por la afrenta, la emperatriz británica Victoria habría ordenado que se borrara Bolivia de los mapas ingleses. El país y su villano presidente dejarían así de existir. ¿Debemos nosotros borrar del mapa a Bolivia y a su pintoresco pero no violento presidente Evo Morales? No creo que proceda por varias razones. La primera es que estamos en el siglo XXI y no sacas del mapa a un país hispánico con una población inferior quizás a la de Andalucía pero con una extensión igual a la conjunta de Francia y España. La segunda es que es una nación con enorme potencial económico y en la que hay crecientes inversiones españolas. Es paradójico que el día en que Morales nacionalizaba, con el lenguaje inevitablemente grandilocuente de los caudillos populistas, el propio don Evo inaugurase con el presidente de Repsol, entre sonrisas y abrazos, una planta en la que la empresa española ha invertido muchos millones de dólares.
La tercera y, prima facie, la más importante es que lo que hizo Morales el 1 de mayo no es un atraco patotero como el perpetrado por la ingrata doña Cristina de Kirchner días antes. Hay varias diferencias: en Bolivia la nacionalización de las redes eléctricas figuraba en la Constitución. Podía, por lo tanto, ocurrir. También se aludía a ella en el programa de Gobierno de Evo Morales. Luego, el boliviano ha dado a entender que pagará lo que corresponda y que él no fijará el precio. En estos casos la empresa nacionalizada tiene siempre que perder pero, por ahora, Morales y su gente no han maniobrado arteramente, con su actuación en las semanas previas, para bajar la cotización de la compañía expropiada –lo que creará un precio artificialmente bajo para la tasación– ni dado a entender que pretenden quedársela por tres pesos. Ese parece ser el propósito de la iluminada doña Cristina. Por último, el valor de lo nacionalizado en el altiplano es infinitamente inferior al mordisco alevoso dado a Repsol en Argentina. Nuestros intereses son mucho más reducidos.
¿Por qué, entonces, Evo Morales da de pronto este paso que se presentía pero no a corto plazo? El ejemplo argentino ha podido servir de imán aunque los que conocen a Morales sostengan que no se habrá sentido cómodo tomando la decisión, que el boliviano quiere atraer inversiones y sabe que este no es el camino. No ha habido, además, hasta el momento demasiados cantos contra la codicia de los españoles, nuevos y ávidos conquistadores que resucitan el pasado colonial. Es cantinela frecuente en los populistas latinoamericanos que han sustituido a menudo al yanqui explotador por el español avasallador. En Bolivia, en estas fechas, se ha oído poco el eslogan. La causa del movimiento de ficha de Morales podría ser la situación económica del país y el agobiante movimiento de contestación que sufre su Gobierno.
La subida de la gasolina ha creado descontento. El precio en Bolivia es tan irrisorio que muchos de los habitantes de las zonas fronterizas se dedicaban a llenar el depósito y algún bidón y cruzar la frontera con otros países. Bolivia, que perdió lastimosamente su salida al mar después de la independencia, la tiene con cinco naciones, para contrabandeando con el combustible ganarse unos buenos pesos. El gasolinazo ha irritado a la población y a los contrabandistas. Los indígenas de Oriente y otros, molestos por la construcción de una carretera en la selva, están en la novena marcha hacia la capital. Médicos y universitarios se encuentran medio sublevados.
La nacionalización, no dirigida especialmente contra España, parece un castillo de fuegos artificiales para distraer y calmar esa contestación. Es dudoso que resulte. Melgarejo tenía un burrito en palacio que, cuando el general y sus compinches se atiborraban de chicha, abrevaba en una gran tinaja con cerveza y acababa en poco tiempo embriagado. El más austero y razonable Morales va a encontrar que los bolivianos no se van a adormecer con una nacionalización más o menos. El país no está en el curso económico adecuado y el 64% que consiguió el presidente –Morales fue elegido democráticamente– sería claramente irrepetible en estos momentos. De ahí el nerviosismo.





Editorial

LOS EXPOLIOS SORPRESA Y EL PRESTIGIO DE UN PAÍS
                                                        
Cinco Días de España (www.cincodias.com/articulo/opinion)

La expropiación por sorpresa, este Primero de Mayo, de la filial boliviana de Red Eléctrica de España (REE) es la fehaciente representación de una paradoja. A la vez que anunciaba el expolio por invertir poco y enviaba al Ejército, pertrechado de una vistosa pancarta con el lema nacionalizado, a ocupar las instalaciones de Transportadora de Electricidad (TDE), Evo Morales preparaba el viaje para inaugurar poco después la ampliación de una planta de gas participada y gestionada por otro grupo español, Repsol, en la que comparte capital con British Gas y la angloargentina Pan American Energy. Pero la paradoja va más allá. La nueva inversión gasista en Campo Margarita permitirá ampliar las exportaciones de gas a Argentina, país que acaba expropiarle a Repsol el 51% de YPF por -según la Casa Rosada- no atender sus necesidades energéticas. El círculo se cierra porque Repsol fue víctima, como otras petroleras y también un Primero de Mayo, de la nacionalización en 2006 por Morales de los hidrocarburos bolivianos, lo que llevó a unas duras negociaciones de nuevos contratos durante la que se llegó a detener por contrabando de petróleo a directivos de la empresa española -injustificadamente, como luego se demostró-. Siempre en el filo de la seguridad jurídica, esos nuevos acuerdos han dado lugar a una buena relación que el presidente boliviano resumió ayer así: "Reconozco el liderazgo de Repsol y su inversión siempre será respetada como socio".
El citado círculo de relaciones empresariales y gubernamentales es una de las muchas pruebas de la importante apuesta que desde hace décadas vienen haciendo las empresas españolas por Latinoamérica. Una apuesta contrastada con los hechos y que en demasiadas ocasiones debe lidiar con dirigentes que, acuciados por conflictos sociales internos, juegan la baza del populismo barato en contra de las inversiones españolas. Y que además lo hacen con un rancio argumentario antiimperialista que entra de lleno en el absurdo, cuando no en el flagrante ridículo internacional. Es el caso de la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner, donde España figura como primer país inversor, y de la Bolivia de Evo Morales, donde es el segundo tras Estados Unidos.
Por eso sería inexplicable que otros países siguiesen esos pasos y la fiebre expoliadora se extendiese como una mancha de aceite. Tras el caso YPF, muchos mandatarios del área salieron a la palestra para asegurar que su país no expropia. El tiempo y los hechos lo demostrarán. Pero serán unos inconscientes si ignoran la necesidad que tienen sus economías del apoyo de empresas fuertes, de elevada tecnología y con inversiones reales. Como ayer recordó el ministro de Economía, Luis de Guindos, tales actitudes solo van a tener implicaciones negativas a medio plazo para el desarrollo de esos países y de las futuras inversiones en su territorio. El Gobierno español, que parece tranquilizar su conciencia al decir que Bolivia ha garantizado una compensación a REE, se ha aplicado a minimizar este caso y a asegurar que es "muy diferente" al de YPF. En esa línea, la compañía afectada también intenta quitar hierro al asunto diciendo que solo "supone alrededor de un 1,5% de la cifra de negocio" del grupo y no tendrá "un efecto relevante en los negocios y la cuenta de resultados". Ni lo uno ni lo otro. El caso es diferente al argentino, cierto, pero lo es porque REE es pública en una quinta parte y, mientras Repsol debe explicarse ante sus accionistas, REE también lo debe hacer ante todos los ciudadanos.
Hay algo más, y no lo menos importante. A pesar de la indeseable falta de seguridad jurídica que las expropiaciones por sorpresa producen, España no puede seguir estos acontecimientos con sordina, como viene haciendo. La nacionalización es un opción legítima de cualquier Gobierno si lo hace con las debidas garantías en tiempo y forma. Pero Madrid no se debe dejar sorprender más por hechos así. Entre los millones de funcionarios y asalariados públicos debe haber quien se ocupe de prever estos sustos que, obvio es recordarlo, tienen un elevado componente político y un enorme coste en términos de prestigio internacional. También se debe exigir un apoyo expreso y sin ambages de Bruselas. Es hora de que nuestro país cuente con una diplomacia que lo haga ser más respetado, especialmente en Latinoamérica, y eso empieza por que nuestras empresas también estén más protegidas.





Opinión

BOLIVIA, EL DAÑO NO SE DEBE MINIMIZAR
                                                                                          
Expansión de España (www.expansion.com/2012/05/02)

La expropiación del 51% de YPF propiedad de Repsol en Argentina y ahora de la práctica totalidad de la filial de Red Eléctrica en Bolivia, aunque no son comparables en tamaño e importancia estratégica para sus propietarios, sí lo son en cuanto a patrón de peligroso intervencionismo que pone en riesgo a las inversiones extranjeras –en este caso españolas- en dichos países.
Aunque el Gobierno boliviano se ha apresurado a indicar que la valoración de la filial de REE se hará con justicia por un experto independiente, ello no garantiza necesariamente que el esfuerzo de gestión y financiero realizado por REE como accionista sea compensado por el precio que se arbitre. El caso de YPF es aún más vidrioso, pues a la ocupación manu militari de las oficinas de YPF ha seguido una retórica de ninguneo del valor de YPF. En los últimos veinte años, las empresas españolas han invertido 142.000 millones de euros en Latinoamérica, una media anual superior a 7.000 millones. Muchas de las inversiones han propiciado una mejora muy relevante en industrias y servicios que estaban infrainvertidos, con la consiguiente mejora de la calidad del servicio prestado al ciudadano. Ante decisiones unilaterales como las de Argentina y Bolivia, la respuesta no deben ser los excesos verbales, pero sí la coordinación con la UE para lograr tres objetivos: una justa compensación por el activo expropiado, una protección de los intereses españoles en la zona, y una severa sanción al país en cuestión para disuadirle de profundizar en una línea de actuación que va contra la más elemental seguridad jurídica y buenas prácticas comerciales. Es cierto que el peso de Bolivia en las cuentas de REE es muy reducido, pero en modo alguno se debe minimizar lo que, bajo cualquier prisma, representa un nuevo e inaceptable atropello al derecho internacional, en general, y a los intereses económicos de España en el exterior, en particular.





Opinión


Público de España (www.publico.es/otrasmiradas)
                                        
El 1 de Mayo de 2006 el Gobierno de Evo Morales y el MAS, que había tomado posesión apenas cuatro meses antes, decretaba el control estatal sobre los hidrocarburos bolivianos, la principal fuente de riqueza del país. Se abría así un proceso de renegociación de los contratos con las empresas multinacionales que desde su privatización en la década de 1990 y hasta el momento los explotaban, por el que el Estado boliviano consiguió invertir el reparto de beneficios recuperando casi 8 de cada 10 dólares obtenidos con la exportación de los hidrocarburos.
Morales cumplía así con una de las principales demandas del ciclo de movilizaciones destituyentes que precipitó la crisis del sistema político y el modelo neoliberal entre los años 2000 y 2005. Abría además un proceso de paulatina recuperación de sectores estratégicos por parte del Estado boliviano, que revertía así las privatizaciones realizadas a finales del siglo XX bajo el auspicio de los programas de ajuste estructural –similares a los que hoy se imponen a los pueblos del sur de Europa- de los que el país fue alumno aventajado.
Este 1 de mayo, como casi todos desde el 2006, el Presidente y Vicepresidente anunciaban la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, cuya titularidad era casi en un 100% de la empresa Red Eléctrica Española, participada en un 20% por capital público, que PP y PSOE habían acordado reducir antes del cambio de Gobierno.
Sin duda la incapacidad del Ejecutivo español para ir más allá de los insultos y la retórica chovinista inflamada contra Cristina Fernández al recuperar YPF el gobierno Argentino no ha pasado desapercibida en Bolivia. La debilidad del Estado español, que pretende marcar un músculo soberano hacia América Latina imposible de encontrar en su relación con la Troika europea, ha podido precipitar la medida de este 1 de Mayo en La Paz. Ernesto Laclau nos permite entender el nacionalismo como un “significante vacío”: un continente al que le caben los más diversos contenidos. En Bolivia, hegemonizado por los sectores subalternos, sirve a la recuperación de la soberanía y la retención del excedente para su redistribución. En España sirve a la identificación del interés general con el de las élites económicas subordinadas a Europa, la lumpenoligarquía, que no comparte sus ganancias pero llama a los nacionales a defender sus pérdidas.
El programa de reforma estatal conducido por el MAS, en todo caso, no es ningún secreto, y es resultado de la nueva correlación de fuerzas en el país. Morales llegó al Gobierno cristalizando electoralmente una incipiente hegemonía plebeya, por la cual las capas subalternas, indígenas y empobrecidas, hacían de núcleo articulador de un boque nacional-popular tan amplio como heterogéneo. Esta nueva mayoría, que lideró el proceso constituyente y no ha dejado de reafirmarse en cada cita electoral, ha fijado además un horizonte de época y un lenguaje dentro del cual hoy se mueven incluso los adversarios al Gobierno: descentralización institucional, inclusión ciudadana, descolonización del Estado y centralidad simbólico-cultural de lo indígena, y promoción del poder público como estimulador y articulador del aparato económico nacional, velando por la redistribución de los excedentes recuperados y por la diversificación en pos de procesos de mayor valor añadido que permitan romper el patrón primario-exportador propio del subdesarrollo.
Los datos no dejan lugar a dudas sobre los frutos de este proyecto. La multiplicación por 9 de los ingresos del Estado por los hidrocarburos (de 1.661 millones de dólares de media entre 2000 y 2005 hasta 9.478 millones de dólares promedio entre 2005 y 2010 según YPFB en 2011) ha permitido destinar el excedente a una política sostenida de gasto social y redistribución de la renta que han reducido la pobreza desde 2005 a 2010 de un 60,6% a un 49,6%, y han dividido por 2,5 la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre (Informe de Desarrollo Humano en Bolivia-PNUD, 2010). Todo ello en un contexto de aumento de los salarios reales y la protección social a madres embarazadas, a la infancia y a los pensionistas, compatible con las sorprendentes felicitaciones del Fondo Monetario Internacional al Gobierno Boliviano en 2011 por los datos de su crecimiento económico y de reservas internacionales, que el Gobierno decidió recientemente asignar con prioridad a las inversiones productivas. Para esto sirve la política de nacionalizaciones.
La decisión gubernamental llega en un momento político paradójico en Bolivia: la neutralización y desarticulación de la oposición conservadora regionalista que alcanzó prácticamente una situación de doble poder en la mitad del país entre 2007 y 2008 ha dejado al Gobierno sin rivales externos, sin un “afuera constitutivo” que fue muy útil para cohesionar las heterogéneas demanda del campo oficialista. Los conflictos que hoy se suceden son, por así decirlo, relativamente internos a la hegemonía del MAS, puesto que se dan en sus términos y lenguaje. Son además una característica tradicional de Bolivia: múltiples sectores de una sociedad civil muy densa que le plantean reivindicaciones corporativas a un Estado históricamente anómico. Aunque sin duda la acumulación de protestas puede estar produciendo un cierto desgaste al “evismo”, éste sigue siendo el principal actor político y compitiendo principalmente consigo mismo. Su considerable suelo electoral y de apoyo popular, particularmente en el campo, la prevalencia de sus marcos de sentido y la ausencia de rivales destacados, obligan a mayor prudencia en el análisis político del que exhiben las crónicas de las grandes empresas de la comunicación y su indisimulada hostilidad hacia el Gobierno democrático. Esta medida, además de en su sentido económico, debe ser leída políticamente como precisamente una maniobra del Gobierno, exitosa por ahora, para volver a ordenar el campo político y a colocar en primer plano el impulso transformador, últimamente en cierto impasse, por delante de las reivindicaciones particulares.
El rumbo del Gobierno boliviano, como el del argentino se inscribe en una agenda regional, que se desarrolla con diferentes ritmos e intensidades en América latina y por supuesto con excepciones. No se trata tanto de intentar divisiones artificiales entre procesos “moderados” y “radicales”, como de señalar una tendencia general. De recuperación de la participación pública en al economía, extensión o creación de derechos sociales, y ampliación del alcance de la soberanía popular a ámbitos centrales de la vida en sociedad que hasta ahora estaban bajo control de poderes privados oligopólicos: los medios de comunicación, la energía, los recursos naturales y bienes comunes, los derechos al agua, la vivienda, la salud o la educación.
Exactamente en sentido contrario de una Europa atemorizada. Si en América Latina se recupera la política como arte de decisión sobre los asuntos colectivos, en Europa se rinde a los pies de los “poderes privados” salvajes. En el Norte la democracia se retira a una actividad elitista de administración de prioridades decididas lejos de la voluntad popular, y con costes dramáticos para la ciudadanía. En el Sur desborda los parlamentos y va inundando también la vida cotidiana de las mayorías sociales. Allí crecer y redistribuir son dos partes inseparables de un mismo patrón de acumulación. Aquí la ofensiva de las clases dominantes se desenvuelve en una espiral de recesión y recortes, ineficaz e injusta para enfrentar la crisis. Ojalá para aprender del presente boliviano y latinoamericano no tengamos que pagar el precio de su pasado reciente.






Y AHORA, BOLIVIA
                                 
Granada Digital de España (www.granadadigital.com)

En una reacción eminentemente populista de Evo Morales, presidente de Bolivia, el primero de mayo quedó expropiada la TDE, la empresa española que se ocupa (se ocupaba) del sistema de transporte eléctrico interconectado de Bolivia. Pelillos a la mar. Desde el primero momento el Gobierno español le quitó importancia y puso un especial interés en desautorizar cualquier tentación de relacionar este episodio con la reciente expropiación de la sección argentina de Repsol. En cambio el embajador de España en La Paz, Ramón Santos, habló del malestar del Gobierno español por una decisión que “manda una señal negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera”.
Recordar que este tipo de medidas generan desconfianza entre los inversores, ante los principios de seguridad jurídica y respeto al libre comercio, fue atenerse a la doctrina aplicada por el Gobierno Rajoy a la expropiación de Repsol-YPF. Y eso es exactamente lo que hizo el embajador Santos, unas horas antes de que Moncloa filtrase una información que invitaba a quitarle importancia a la decisión de Evo Morales y, por otra parte, a desvincular el caso boliviano con el caso argentino.
Eso no logró evitar que se avivase el fuego de nuestro debate político de cercanías, donde las vísceras se suelen sobreponer a la razón. Ha bastado echar un vistazo a ciertos comentarios en los medios y en las redes sociales. Se reabre el absurdo intercambio de pedradas respecto a la ubicación de España en el ranking de las relaciones internacionales. Unos detectan una cura de humildad de quienes no hace mucho tiempo se ponían estupendos denunciando que con Zapatero éramos el hazmerreír del mundo. Los contumaces lo ven justo al revés, pues valoran la hostilidad de Evo Morales como una consecuencia lógica de la Alianza de Civilizaciones y el buenismo de Zapatero.
La razón nos lleva a considerar, como al embajador español en La Paz, que el Gobierno y la opinión pública españoles no pueden aplaudir decisiones inesperadas y contrarias a la cobertura de las inversiones y los derechos de propiedad, aun reconociendo que se trata de una decisión soberana. Y en esas coordenadas, a lo más que puede aspirarse es a que la expropiación culmine una vez satisfecho el precio justo por una propiedad española. Ahí sí se aprecia una diferencia con el caso Repsol. Mientras que las autoridades argentinas dicen que la expropiación está bien pagada, por los muchos años de beneficios acumulados, en el caso de Bolivia se ha comunicado al Gobierno español que una compañía independiente fijará un justiprecio por las acciones de TDE (adquirida con capital español por REI, que es el brazo internacional de REE) en el plazo de 180 días.
Por lo demás, estamos ante la inesperada medida de una nacionalización pura y dura. ¿Con qué consecuencias? Muy limitadas desde el punto de vista económico, pues el negocio boliviano no llega ni al 1,5% del total de esta empresa española.





Opinión

NEGOCIOS DE RIESGO EN ULTRAMAR
                                                                     
Faro de Vigo de España (www.farodevigo.es/opinion)

Temen los aprensivos que España esté siendo despojada de sus empresas de Ultramar en una especie de reedición del Desastre del 98; pero ese es un punto de vista equivocado. Si el Gobierno de Argentina, el de Bolivia y los que puedan venir tras ellos les mandan los guardias a Repsol o a Red Eléctrica, ello se debe a la fácil razón de que España lidera a menudo la inversión en ese subcontinente que hasta no hace mucho era coto de Estados Unidos.
Los americanos relajaron hace ya tiempo la presencia en el que otrora consideraban su backyard o patio de atrás, usando una expresión tan injustamente despectiva como la de "Banana Republic" también ideada por ellos. Se conoce que ha variado la geografía de sus intereses o que, simplemente, consideran aventurado invertir en lugares donde la volubilidad de los gobiernos es una constante promesa de sobresaltos. Ese hueco abierto por el capital yanqui comenzaron a llenarlo desde hace un par de décadas las compañías españolas que ahora sufren las consecuencias del riesgo asumido en su día.
Visto el asunto desde una más favorable perspectiva, los quejicosos deberían felicitarse por el hecho de que España tenga una tan ancha y variada presencia en Latinoamérica, con los lógicos riesgos que esa posición comporta. Sería difícil, en cambio, que un gobierno europeo nacionalizase alguna multinacional de Bolivia, Ecuador o Perú: y no solo porque se lo impidiese el respeto a las reglas del libre comercio. Es que, por desgracia para esos y otros países de la zona, su flaca economía no les permite disponer de empresas con capacidad de proyección hacia el exterior.
Tal ha de ser también la razón por la que allá siguen en vigor verbos tan anacrónicos como expropiar, confiscar o nacionalizar. Son conceptos de otro siglo con olor a naftalina en la era de Internet y la mundialización de los mercados, aunque ahora vuelvan a caballo de los nacionalismos tardíos.
Los mercados ya no se conquistan por las armas ni enviando tropas de atrezzo a ocupar una central eléctrica. Hasta los americanos han abandonado ya la diplomacia de la cañonera ideada por Roosevelt bajo el principio: "Habla bajito y lleva un buen garrote en la mano". América hablaba entonces por la boca de sus cañones, de tal modo que le bastaba pasear un par de barcos bien artillados por las costas de su patio de atrás para cargar sus argumentos de eficacia.
Los chinos, que son gente moderna, no confiscan nada y tampoco acuden a la flota para amparar sus razones comerciales. Bien al contrario, acogen en el amoroso regazo de su régimen socialcapitalista a cuantas empresas deseen instalarse y hacer negocios en el nuevo imperio de los bazares. Son precisamente ellos los que ahora les compran las materias primas a las repúblicas del que un día fue Imperio español y aún hoy sigue siendo destino multitudinario de su inversión empresarial.
Podría esperarse que los gobiernos de Latinoamérica tomasen ejemplo de China para abrirse a los mercados; pero nada sugiere que los tiros –y las expropiaciones– vayan por ahí. Como no hay mal que por bien no venga, tal vez este acoso haga considerar a las multinacionales españolas la posibilidad de aumentar su cuota de inversión en la propia España, tan necesitada de cuartos. Al menos aquí no es probable que el Gobierno les decomise el negocio por la brava.





Opinión

BOLIVIA, UNA NUEVA TRAMPA PARA ESPAÑA

La Vanguardia de España (www.lavanguardia.com/opinion)
                                                             
Dos semanas después de la expropiación de YPF en Argentina, con la nacionalización de la filial de Red Eléctrica en Bolivia vuelven los ataques contra la presencia de las empresas españolas en América Latina. En un momento de crisis como el que atraviesa España y dado el vacío legal que hay para resolver estos conflictos, cabe decir que no sólo los mercados toman nota de lo acontecido, sino que la propia idea de madre patria -aquí viven muchos bolivianos- está en juego. España ha sido solidaria con estos países en periodos de dificultades. No es eso lo que ahora se aprecia desde la otra orilla. De momento, la respuesta del Gobierno español no está bien definida.
La decisión nacionalizadora del Gobierno boliviano cabe decir que no se justifica por falta de inversiones. En La Paz, los expertos lo tienen muy claro. El Gobierno de Morales tiene un problema que debe afrontar, a saber, el déficit de la generación de energía a la vista del alto índice de apagones y cortes de suministro de electricidad que se producen en el país. La empresa nacionalizada es una mera distribuidora, por lo que no tiene que ver con la generación de electricidad. Su incidencia en la crisis energética que sufre el país es irrelevante. El drama está en un modelo económico volcado en una economía extractivista y exportadora de materias primas sin apenas valor añadido.
Si no es la razón económica la que ha movido a Evo Morales, cabe preguntarse, por tanto, a qué se debe una decisión de este género. "Es simbólico", se dice. Seguramente, y además se trata de una vía de escape en un país donde se registran 123 conflictos al mes. La tentación del populismo es su consecuencia natural: "Para aclaración ante la opinión pública nacional e internacional, esta empresa antes era nuestra y lo que era nuestro ahora estamos nacionalizando", explicó Morales. Antaño, EE.UU. arreglaba situaciones de este tipo mandando a sus marines, que iban directos al banco central nacional y se llevaban todo el dinero, como hizo en su día en Venezuela. Ahora es difícil recurrir a procedimientos tan expeditivos, máxime cuando no es un problema entre naciones (aunque la imagen de España vuelva a sufrir), sino meros abusos de gobiernos contra empresas extranjeras. La división regional se está profundizando en América del Sur.
El problema es que legalmente tampoco hay una solución eficaz. Aunque las inversiones de estados miembros han pasado a ser competencia de la Unión Europea desde que entró en vigor el tratado de Lisboa en el 2009, el bloque europeo todavía está desarrollando la base legal para defender las inversiones comunitarias en el extranjero. A su vez, la embajada española en Bolivia ha dicho que allí no hay leyes que den seguridad jurídica a la inversión internacional. Todo se basaría, por tanto, en la confianza, en la historia de la madre patria, que en algunos casos empieza a periclitar.
La reacción de Red Eléctrica es moderada, ya que su filial en Bolivia sólo es un 1,5% de su negocio. El Gobierno español, a su vez, ha matizado diciendo que el caso boliviano no es como el argentino, ya que el Ejecutivo está dispuesto a pagar un precio por ella. El Gabinete de Rajoy tiene razón en ser cauteloso ante los problemas por los que atraviesa el Cono Sur, donde hay mucha inversión española. Pero, cuidado, el criterio de precio no resuelve las lagunas: en cuanto sea beneficioso para la otra parte, la tentación expropiadora puede ser fatal.





Opinión

IRRELEVANCIA

Hay que suavizar el caso Red Eléctrica porque el Gobierno no puede soportar dos ridículos seguidos
Cuando no hay otra divisa que la dramatización de la crisis es muy difícil ser alguien en el mundo
                                                             
El País de España (www.politica.elpais.com/politica)

Después de Argentina, Bolivia, ¿cuál será el próximo país que nacionalizará una empresa española? España está dando tantas muestras de debilidad que todo el mundo se atreve. El Gobierno pretende desdramatizar la situación: el caso Red Eléctrica no es comparable con el caso YPF. La política cada día se juega más en el terreno de la comunicación. Como dice Jean Louis Missaka: “Los medios son hoy más débiles y menos prescriptivos”. Y los Gobiernos se aprovechan de ello para imponer su agenda.
Para los Gobiernos la comunicación no es información, es propaganda. No se trata de explicar lo que ocurre o lo que se hace, se trata de hacer creer a la gente lo que conviene al que manda. Durante las últimas semanas, el Gobierno ha dado a todos sus portavoces la consigna de dramatizar la situación económica, para atemorizar a la ciudadanía y tenerla así mejor dispuesta para las medidas de choque que se van a seguir tomando. La consigna del miedo va acompañada de otra: el recurso permanente al eufemismo. No hablar de recortes si no de reformas, no hablar de subidas de impuestos sino de ponderación fiscal, no hablar de privatizaciones sino de reorganización funcional de los servicios públicos, no hablar de abaratamiento del despido sino de reforma laboral para crear empleo. La función del Gobierno debería ser dar sentido a las políticas que se hacen y no sembrar el pánico. El problema es que probablemente el sentido es inconfesable. En cambio, hay que desdramatizar el caso Red Eléctrica, porque el Gobierno no puede soportar dos ridículos internacionales en tan pocos días. La propaganda, la incapacidad de explicar un proyecto y la irrelevancia internacional son factores de un mismo problema.
España se ha disuelto en el espacio global, porque una buena parte de sus élites ha renunciado a aportar significación propia a la esfera mundial. España llegó con mucho retraso al final del siglo XX por los años de la dictadura. La transición la colocó en el mundo. Un país del que se temía lo peor, porque la imagen de la Guerra Civil seguía muy viva, supo salir de la dictadura y crear una democracia homologable con pocos sobresaltos y de manera relativamente incruenta. La Transición se vendió bien como modelo, aunque fuera inevitablemente idealizada.
España ha tenido dos presidentes de consumo interno, Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez Zapatero, y dos presidentes de consumo internacional, Felipe González y José María Aznar, además del breve, e injustamente olvidado, Leopoldo Calvo Sotelo. Felipe González modernizó España en los ochenta y se arremangó en Europa. Convirtió al país en un actor importante de la política europea. A pesar de no tener prejuicios antiatlantistas, siempre se manejó sobre dos ideas: Europa no puede ser segundona de nadie, por tanto tiene sus intereses específicos y debe defenderlos; y Europa es el horizonte de España y hacerla progresar políticamente es indispensable. Dicho de otro modo, Europa tiene y debe seguir un modelo propio: evolucionarlo y defenderlo es su modo de estar en el mundo. Pero después llegó a Aznar, ya en plena hegemonía conservadora, y entendió que Europa estaba gastada y que lo conveniente era sumirse de lleno en el modelo económico, cultural y moral americano. Este papel le dio un protagonismo que culminó cuando, al servicio del presidente Bush, trabajó con entusiasmo para dividir Europa, ante la resistencia de algunos países a la segunda guerra de Irak. La foto de las Azores consagró la notoriedad del empleado. Pero sin voz propia, poco a poco, uno se va haciendo irrelevante.
Y llegó Zapatero, que, con el ataque de pánico que le produjo su osadía inicial de desafiar al Imperio retirando las tropas de Irak, desapareció de la escena internacional para siempre. Siete años de escasa presencia en el mundo. Ni siquiera el fogonazo renovador que fue para la izquierda europea la aparición de un líder joven y distinto llegó muy lejos, los progresos en materia de derechos civiles y costumbres no compensaron sus ausencias. Rajoy alcanza el poder en un momento en que ya no es solo España, sino Europa entera la que está perdiendo perfil, incapaz de defender su propio modelo en el nuevo espacio global. De modo que la irrelevancia va camino de ser europea. Con lo cual la debilidad de España es todavía más grande. Cuando se recorta en innovación y educación, cuando se defiende con la boca pequeña el modelo de bienestar europeo, cuando no hay otra divisa que la dramatización de la crisis, es muy difícil ser alguien en el mundo.





Opinión

EL DESASTRE DEL 98

El Gobierno español se ha limitado a señalar que esta expropiación por parte de Bolivia no es un ataque a España sino una adaptación al ordenamiento constitucional boliviano.

Diario Siglo XXI de España (www.diariosigloxxi.com/texto-diario)

En 1898 España perdía las cuatro últimas colonias que poseía en ultramar, Guam y Filipinas en el Pacífico y Cuba y Puerto Rico en el Caribe, todo ello como consecuencia, según algunos historiadores, de la impotencia política y de la falta de apoyo de las grandes potencias. Hoy, 114 años después, España a través de los intereses de las empresas españolas, pierde sus propiedades en ultramar, primero fue la expropiación por parte del Gobierno argentino de las acciones de la petrolera Repsol YPF y ahora la expropiación, cuasi “manu militari”, de las acciones de la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. La historia se repite, actualmente España tiene un Gobierno débil y por tanto impotente y el apoyo de sus aliados más poderosos, entiéndase la Unión Europea, es inexistente, circunstancias estas que han sido aprovechadas primero por Argentina y después, casi acto seguido, por Bolivia para saquear los intereses económicos españoles. Ninguno de estos dos países tuvo el detalle de informar al débil Gobierno de Rajoy de lo que iban a hacer, se podría decir que se ha enterado por la prensa. Como se suele decir, le han ninguneado.
El Gobierno español se ha limitado a señalar que esta expropiación por parte de Bolivia no es un ataque a España sino una adaptación al ordenamiento constitucional boliviano. Sea un mandato constitucional o como se le quiera llamar lo cierto y verdad es que los bolivianos podrán decir que lo hecho ha sido respetando la legalidad, “su” legalidad, pero la realidad es que se trata de un acto de piratería tal y como fue lo de Repsol YPF. Las mismas fuentes gubernamentales españolas manifiestan que la prueba de que este hecho no tiene nada que ver con el caso de la petrolera, es que el presidente de Repsol se encuentra en Bolivia para inaugurar junto con el presidente boliviano, Evo Morales, aquel al que tanto criticó el PP y a través de él aprovechó para meterle caña a Zapatero, y ahora, lo que son las cosas, intentan disculpar, el encuentro es para inaugurar una planta gasística.
Esto no quiere decir absolutamente nada hoy se dan la mano y mañana se dan de bofetadas, no olvidemos que la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y su difunto esposo y expresidente Néstor Kirchner, bendijeron en su día la adjudicación a Repsol de la petrolera argentina YPF y ya hemos podido ver lo que ha acontecido después. Las personas cambian de opinión, de criterio y de actitud y en política mucho más. Ejemplos de  ello los tenemos a diario, no hay más que fijarse en la máxima de Rajoy: “Donde dije digo, digo Diego”.
Está claro que la cosa no va a acabar en Argentina y Bolivia, con un Gobierno débil, el de España, que se somete a los dictados de un dirigente de otro país. No hay más que recordar el reciente visto bueno que Alemania ha dado a los Presupuestos Generales del Estado español y de la detallada y exhaustiva explicación que de los recortes, ajustes o reformas como se le llama últimamente a todo lo que el Gobierno está haciendo, se le ha dado a Alemania ¿qué se puede esperar de un Gobierno sin criterios que da cuenta a una nación extranjera de lo que está haciendo y piensa hacer para que esta le dé su bendición? ¿Qué se puede esperar de un Gobierno que fundamenta su gestión en la mentira? ¿Qué capacidad ética y moral se le puede atribuir? ¿Qué credibilidad tiene? Y no digamos de su presidente, Mariano Rajoy, que anda huyendo de los periodistas y da cuenta de los ahora llamadas “reformas”, antes “recortes” y después “ajustes”, cuando se encuentra a miles de kilómetros de España. Está claro que así no vamos ni a la puerta de calle, a lo mejor porque ya estamos en medio de ella.





Opinión

MADRE PATRIA CON MORETONES

La República de Perú (www.larepublica.pe/columnistas)
                                                                      
Las expropiaciones de sendas empresas españolas en Argentina y Bolivia nos devuelven al tiempo en que la propiedad nacional de los recursos naturales era muy apreciada. Luego pasaron a interesar, más que el origen, el volumen y el impacto modernizador de las inversiones. ¿Qué explica esas dos vueltas a los anteriores tiempos?
Los discursos radicales difundidos a partir del chavismo han reciclado versiones limitadas de los nacionalismos y estatismos de los años 70. Tiene que ver, en pocas palabras, con que algunos gobiernos prefieren, o necesitan urgentemente como Argentina, hacer caja antes que incrementar el crecimiento de la economía.
Las decisiones de Cristina Fernández y Evo Morales tienen un sabor a castigo político. Lo de Argentina sobre todo, pues se da en el contexto del conflicto con el Reino Unido. Además el doble golpe le cae a España en un momento económico particularmente duro, cuando muchas de sus miradas se dirigen hacia América Latina en pos de alivio económico.
La expropiación de Repsol no es realmente una novedad. Es más bien parte de una racha de manotazos fiscales peronistas que buscan aliviar lo que parece la marcha hacia uno de esos abismos financieros que los argentinos ya conocen bien. Muchos consideran que la escalada frente a Las Malvinas/Falkland es parte de ese proceso.
En el caso de Morales tampoco hay novedad, pues él viene nacionalizando casi desde el inicio de su mandato, por consideraciones fiscales y políticas, según viniera la mano. Esto no ha producido un boom, pero tampoco la tragedia económica que algunos vaticinaban. Además era lo que se esperaba de un presidente tan radical.
En principio la región está afianzando dos juegos de reglas diferenciados. Los gobiernos con economías más sólidas siguen considerándose espacios que logran beneficios de las inversiones extranjeras, y sus tasas de crecimiento se lo confirman. Esto no impide los ocasionales conflictos con los huéspedes, pero la norma general es clara.
Los gobiernos con problemas económicos, o necesidades económicas nacidas de proyectos políticos ambiciosos, están inclinándose cada vez más hacia una sustitución de la presencia extranjera. Las mismas mayorías que aplaudían las privatizaciones en los años 90 ahora se muestran a favor del nacionalismo económico, si esa es la expresión.
Algunos han visto en las expropiaciones sombras del 1898 en que acabó el imperio español y de los versos de Francisco de Quevedo: “Y es más fácil, oh España, en muchos modos,/ Que lo que a todos les quitaste sola,¨/ Te puedan a ti sola quitar todos”. Comparaciones exageradas. Ni España tiene hoy un imperio, ni debe ser castigada por sus inversiones.





Opinión

REE, REPSOL Y AHORA, ¿ENDESA?

Diario Digital de España (www.dirigentesdigital.com/articulo)
                                                         
La amenaza de la expropiación planea constantemente sobre las empresas españolas tanto en Argentina como en Bolivia, después de la nacionalización de la filial de Red Eléctrica presente en el país de Evo Morales. 
No es nada nuevo que los dirigentes latinoamericanos se han mostrado en numerosas ocasiones favorables a la nacionalización de empresas extranjeras asegurando que se trata de algo natural porque tienen que dar lo que constantemente están recibiendo de esos países. Hugo Chávez, presidente de Venezuela o Evo Morales, de Bolivia son sólo algunos ejemplos de ello, aunque casi nunca se había llevado a cabo hasta ahora.
La expropiación de YPF a Repsol en Argentina parece que ha levantado la veda. El pasado 1 de mayo se producía una situación muy similar en Bolivia cuando Evo Morales decidió "regalar" a sus paisanos la nacionalización de la filial local de Red Eléctrica, aunque no se ha levantado tanta polvareda como con Repsol. De hecho, la empresa ya ha anunciado en un comunicado que acepta la nacionalización pero a  cambio pide cobrar un precio justo por ello y advierte que Bolivia se tendrá que atener a las consecuencias de derecho internacional; mientras que el Gobierno español no ha reaccionado del mismo modo que con YPF y ha decidido mantener una actitud no hostil.
La operación podría costarle al Estado boliviano un total de 90 millones de dólares porque a los 74 millones de dólares invertidos desde 2002, REE ha añadido otros 14 millones en proyectos iniciados y todo parece indicar que tendrán que solicitar un arbitraje objetivo para que se llegue a buen puerto y ambas partes queden más o menos satisfechas.
Todo esto no hace más que incrementar la incertidumbre de otras compañías españolas que tienen inversiones en  filiales de esos países, sobre todo en el sector energético, que de momento ha sido el único afectado. Además, los mercados no paran de especular con que estas nacionalizaciones continuarán, al menos en Argentina, y algunos expertos apuntan a que se trata de una maniobra de Cristina Fernández de Kirchner para lograr nuevos votos de cara a las elecciones que se celebrarán el año que viene. De ese modo, podría cambiar la Constitución para poder gobernar un tercer mandato.
"Hay que buscar e insistir en nuevas formas de participación y de intervención del Estado", ha dicho ya Fernández de Kirchner, de modo que parece muy probable que la situación se repita. De entre todas las empresas, hay una que tiene más papeletas que las demás para ser la siguiente. Se trata del paquete accionarial del 45,8% que tiene en propiedad la energética española Endesa en la distribuidora de electricidad también, Edesur.
De hecho, no sería la primera vez que esta filial y por ende, Endesa tiene problemas con el Gobierno argentino, quién ya le impuso una multa de más de 9 millones de euros por cortes de suministro.





Opinión

EXPROPIACIONES: DESCALIFICACIÓN Y SOBERANÍA

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx/2012/05/03/edito)
                                                                                                 
En medio de la campaña de linchamiento mediático en contra del gobierno de Bolivia por la expropiación de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad de Red Eléctrica Española (REE), el presidente de ese país, Evo Morales, sostuvo ayer que las inversiones de la petrolera española Repsol en la nación andina no corren riesgo y que la compañía será respetada como socio. Estos señalamientos tienen como inevitable telón de fondo la reciente nacionalización la filial de Repsol en Argentina, YPF, hecho que desató una oleada de descalificaciones y amenazas en contra del gobierno que encabeza Cristina Fernández.
El ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, manifestó ayer mismo la voluntad del gobierno de La Paz por compensar económicamente a REE por las inversiones realizadas en el país. Dijo: vamos a contratar una empresa que haga la valoración de todos los activos que tiene la empresa y afirmó haber tratado el asunto en términos bastante amistosos con el ministro español de Industria, José Manuel Soria.
Las aseveraciones del mandatario boliviano y, en general, la postura serena y conciliadora que ha asumido su gobierno en torno a la nacionalización de la compañía eléctrica referida desvirtúan las descalificaciones formuladas por medios de comunicación españoles, en el sentido de presentar la decisión como un expolio, un atentado a la libertad de empresa y un acto de abuso de poder contra España, y de colocarla, en conjunto con la medida adoptada semanas atrás por el régimen de Buenos Aires, como parte de una tendencia por afianzar en América Latina regímenes carismáticos a costa de expoliar propiedades privadas o de otros países. Semejantes afirmaciones resultan palmariamente falsas a la luz de las diversas alianzas existentes entre empresas extranjeras y gobiernos progresistas de la región, como el del propio Morales en Bolivia; el de Hugo Chávez en Venezuela –país en el que la propia Repsol cuenta con importantes inversiones– o los de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.
Por lo demás, los ataques mediáticos enderezados en días recientes contra los gobiernos de La Paz y de Buenos Aires tienen origen en el deconocimiento o en la omisión de una de las facultades básicas e irrenunciables de los estados: intevenir los intereses de entidades privadas cuando representen un obstáculo para el desarrollo y la soberanía nacionales. No es gratuito que medidas similares a las asumidas recientemente por los gobiernos de Morales y de Fernández hayan sido adoptadas en su momento por regímenes nacionales de distinto signo político y en circunstancias históricas diversas: baste citar, como botones de muestra, la política de intervencionismo estatal emprendida por el gobierno de Franklin D. Roosevelt en el contexto del programa de reactivación económica conocido como New Deal, tras el crac de 1929; la nacionalización de gran parte de la industria en Francia bajo la presidencia de Charles de Gaulle (1959-1969) y la política de expropiaciones llevada a cabo por los gobiernos laboristas ingleses a finales de la década de los 40.
En suma, las expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y Bolivia no están motivadas por animadversiones o fobias personales hacia consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas naciones sudamericanas. Y constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la medida en que anteponen el bien común a los intereses privados.





EX CANDIDATO PRESIDENCIAL SIGUIÓ SEPELIO DE MADRE POR SKYPE

Las exequias de la madre del ex candidato presidencial se realizaron el martes en la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia.
                                                             
La Página de San Salvador (www.lapagina.com.sv/internacionales)

Manfred Reyes Villa, ex candidato presidencial y acérrimo opositor político de Evo Morales que huyó de Bolivia hace dos años, siguió vía Skype el sepelio de su madre, informaron hoy sus familiares.
"Manfred tiene orden de detención, por lo que no pudo llegar para el velorio y sepelio de su madre, Rosario Bacigalupi (83 años) que murió el pasado lunes en la ciudad de Cochabamba”, informó un familiar.
Reyes Villa reside en Estados Unidos porque huyó de Bolivia por un proceso judicial en su contra por presuntos delitos económicos cuando ejercía el cargo de prefecto del departamento de Cochabamba.
"Manfred siguió el velorio y sepelio a través de Skype o video conferencia porque había una orden judicial para que sea detenido apenas pise Bolivia”, agregó el informante.
Erick Reyes Villa, hermano de Manfred, también fue procesado el año pasado por la muerte de 62 personas en la llamada "Guerra del Gas” que ocurrió en octubre de 2003 y que provocó la caída y huída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reside en Estados Unidos junto a varios de sus ex ministros.





BASAGOITI: 'LOS DE CASA TAMBIÉN SON LOS BOLIVIANOS QUE VIENEN A TRABAJAR'

El Mundo de España (www.elmundo.com.es.)
                                         
El presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado este miércoles que cuando defiende una sanidad "primero para los de casa" también incluye a "los colombianos, bolivianos o marroquíes que han venido aquí a trabajar y aportar".
El pasado lunes Basagoiti defendió en un artículo en su blog los recortes en sanidad dictados por el Gobierno, que incluyen restricciones en el acceso a la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, al tiempo que abogó por una sanidad "para todos, pero primero para los de casa".
"Los de casa también son los colombianos, bolivianos o marroquíes que han venido aquí a trabajar y aportar y a pagar las pensiones y a pagar impuestos", ha expuesto en rueda de prensa el dirigente del PP y ha explicado que en su "reflexión" se refería a "aquellos que han venido de manera ilegal y nunca han aportado al sistema".
Basagoiti ha emplazado a iniciar "un debate racional sobre derechos y obligaciones en un momento en que el dinero no da para todo" y ha lamentado que "PNV y PSE -que criticaron sus palabras- están demostrando que no están dispuestos a abordar esta cuestión".
Además, ha aseverado que no acepta los "insultos" recibidos porque su postura "nada tiene que ver con el racismo o la xenofobia", ya que no hace mención "al lugar del que vienen (los inmigrantes), a su lengua, a su religión o color de piel", sino que se refiere a "regulares o irregulares, a personas que cotizan o no, que ayudan a mantener el sistema o no".
El presidente del PP del País Vasco ha apuntado que en países como Alemania, Reino Unido y Suiza "no hay tarjetas sanitarias para los inmigrantes irregulares" y que el candidato socialista a la presidencia de Francia, François Hollande, "está defendiendo lo mismo que yo".

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