jueves, 7 de abril de 2016

BOLIVIA APUESTA POR LA INDUSTRIA DEL LITIO CON RECURSOS Y CIENTÍFICOS NACIONALES


Bolivia está apostando por la industrialización del litio en el salar de Uyuni (sur) del departamento de Potosí con recursos económicos propios y científicos nacionales lo que hace que este proyecto sea uno de los más importantes de la historia boliviana, dijo a Sputnik Novosti el especialista en temas mineros Héctor Córdova.
"Sin duda el único mineral que nos permitiría tener un protagonismo industrial en el mundo, es el litio. Este es un proceso que se está encarando con tecnología boliviana y con técnicos bolivianos, considero que es el proyecto más importante de la historia boliviana", declaró el experto y exgerente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
En criterio del experto, Bolivia tiene un retraso de al menos cien años en la industria minera y a lo largo de su historia mantuvo su condición de productor de materias primas mineras para la exportación.
Al respecto el gerente nacional de Recursos Evaporíticos, Luis Alberto Echazú, en una entrevista con el canal estatal, señaló que hay optimismo en Bolivia ya que los precios del carbono del litio están al alza, contrariamente a la situación de otras materias primas exportables.
"Han subido los precios del carbonato de litio y esto es muy importante", afirmó Echazú y precisó que uno de los mercados estratégicos para el litio está en los países del Asia.
La industrialización del litio ha abierto una nueva perspectiva la minería boliviana que no ha tenido un adecuado aprovechamiento y por el contrario ha significado pérdidas para el Estado, advirtió Córdova que considera que por mucho tiempo más, "Bolivia seguirá siendo un país minero".
El 2015, la minería aportó con 7% al Producto Interno Bruto (PIB) y representó el 30% del total de las exportaciones del país.
Con relación al proyecto de industrialización del litio, el gerente nacional de Recursos Evaporíticos señaló que "la perspectiva es seguir investigando, tenemos que explotar el boro, el sodio y sus sales mixtas; es una industria que como ninguna otra tiene perspectivas de ir creciendo generando más riqueza, más conocimiento y potencial económico, tecnológico y científico".
El Gobierno boliviano ha invertido más de 33 millones de dólares para la instalación de la planta industrial de carbonato de litio que actualmente produce a escala experimental y pretende general al menos 500 empleos directos y unos 2.000 indirectos y en los próximos dos años se espera lograr una producción a escala industrial.
BOLIVIA PREPARA PRIMERA EXPORTACIÓN EXPERIMENTAL DE CLORURO DE POTASIO A ARGENTINA
El Gobierno boliviano prepara para mayo la exportación de las primeras 200 toneladas de cloruro de potasio a Argentina que de manera experimental produce el país en su planta piloto del Salar de Uyuni del departamento de Potosí.
"Se están ultimando detalles para concretar la exportación de al menos 200 toneladas de cloruro de potasio por mes a la República Argentina", dijo a Sputnik Nóvosti el director de Comunicación de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos dependiente de la Corporación Minera de Bolivia, Honorio Carlo.
De acuerdo con los datos de la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, Bolivia recibiría un promedio de 100.000 dólares mensuales por la exportación de cloruro de potasio, uno de los principales productos utilizados como fertilizantes en la industria agrícola.
Entre 2014 y 2015, esta Gerencia vendió a productores nacionales unas mil toneladas y tiene requerimientos abastecer del producto a una escala comercial.
La COMIBOL impulsa la industrialización del cloruro de potasio en el salar de Uyuni y proyecta convertirse en los próximos años en un importante proveedor de este producto.
Bolivia considera además de Argentina, Brasil y Venezuela se constituyen en los mercados seguros y próximos para el cloruro de potasio que ya se está produciendo a escala semiindustrial en el país. Sputnik News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)





EL LITIO, EL NUEVO ORO DE AMÉRICA LATINA

Sputnik News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
                                                                                   
El nuevo oro del siglo XXI es el metal más liviano del mundo, y sus propiedades lo hacen fundamental para las baterías que alimentan los automóviles eléctricos, los teléfonos y los más diversos computadores portátiles.
Este “oro blanco” se encuentra en grandes cantidades en los salares andinos de Chile, Bolivia y la Argentina, que concentran el 90% de las reservas mundiales de litio en salmuera.
El precio del carbonato de litio, como se lo extrae de los salares, es de 6500 dólares la tonelada, más del doble de lo que costaba hace diez años, según la periodista especializada en temas científicos Nora Bär, del diario La Nación de Buenos Aires.
El litio como recurso estratégico empezó a usarse en la fabricación de la bomba de hidrógeno o termonuclear, pero luego empezó a ser utilizado en la industria automotriz para el desarrollo de baterías eléctricas.
En los años noventa, se empezó a utilizar para las baterías ion-litio en la industria electrónica (telefonía celular, reproductores de audio, computadoras), y más adelante, en el desarrollo de los futuros vehículos eléctricos.
La explotación de este importante recurso se hace de distintas maneras en los tres países: Bolivia impulsa desde 2008 un plan a cargo de una empresa pública.
Chile es el mayor productor de carbonato de litio del planeta, en el salar de Atacama, en manos de Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), cuyos accionistas mayoritarios son la sociedad de inversiones local Pampa Calichera y el grupo japonés Kowa; y la Sociedad Chilena de Litio (SCL), controlada por el grupo Rockwood Lithium, con sede en Alemania.
En la Argentina, las concesiones privadas han avanzado “sobre la casi totalidad de los yacimientos evaporíticos provinciales”, señala el investigador Federico Nacif en la revista Herramienta.
Según Nacif, los proyectos para explotar el litio abarcan la casi totalidad de los salares del Noroeste, con la participación de las principales empresas automotrices. El Proyecto Salar del Rincón, de Salta, el Proyecto Sales de Olaroz (Jujuy) a cargo de la australiana Orocobre y la japonesa Toyota Tsusho, el Proyecto Cauchari & Olaroz (Jujuy)a cargo de la canadiense Lithium Americas Corp., y el Proyecto Sal de Vida (Catamarca y Salta) a cargo de la australiana Galaxy Resources.
A partir de la dictadura militar argentina (1976-1983), el litio se convirtió en un recurso concesionable, y en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), la reforma constitucional provincializó los recursos mineros, facilitando así su privatización y el ingreso de empresas multinacionales.
Pero en 2011 y 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, las legislaturas de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca declararon al litio como “recurso natural estratégico” y las tres provincias crearon empresas estatales con el objetivo de participar en los principales proyectos de litio.
Gracias a estos proyectos, el litio, que durante años sólo se extrajo de las salinas y se exportó sin procesar, podrá ser purificado e integrado en baterías que en el mercado internacional cuestan entre 20.000 y 25.000 dólares, con tecnología argentina. Esto permitirá evitar el uso de millones de litros de agua y utilizar energía solar.
"Nosotros estudiaremos procesos que permitan extraer el litio de los salares más eficientemente y analizaremos qué se les puede cambiar a las baterías para hacerlas mejores. Por ejemplo, para evitar que el celular se te muera a las siete de la tarde. O que los automóviles eléctricos puedan funcionar con mayor autonomía, ya que la mayoría de los que se venden en la actualidad no superan los 100 o 200 km”, señaló Victoria Flexer, una de las investigadoras a cargo del proyecto, citada por el diario La Nación.
Gustavo Bianchi, director de Y-TEC, que tiene a cargo la investigación para la producción de litio, cree que, "si Bolivia, Chile y la Argentina se pusieran de acuerdo, podrían manejar el mercado mundial del litio. Y nosotros somos los únicos que desarrollamos tecnología para aprovecharlo".






EL SILALA BOLIVIANO. HA LLEGADO LA HORA DE ‘CERRARLE EL GRIFO’ DEL SILALA A CHILE

El canciller chileno, Heraldo Muñoz, exhibió un —apócrifo— mapa anexo al Tratado de 1904 y dijo que, según su gobierno, en dicho mapa “se define al Silala como un río internacional”. Al respecto, por una parte, hace varios años venimos denunciando que el Tratado de 1904 (lo principal) y por ende todos sus anexos como el apócrifo trazado del Silala como “río internacional” (lo accesorio) son nulos.
Por otra parte, remontándonos a los antecedentes sobre la concesión administrativa del derecho temporal de proveer el servicio de agua para locomotoras “a vapor” con las aguas del Silala, cabe afirmar que en julio de 1908 The Antofagasta (Chili) and Bolivia Railway Company Limited (ABRCL) le otorgó a Benjamín Calderón (sustituido después por T. Graz) un poder especial “para que en nombre y representación de la sociedad nombrada, solicite de la Prefectura de Potosí, en la provincia de Porco o Sud Lípez del departamento, las aguas de ‘Siloli’, situadas en la comprensión de dicha provincia, para la alimentación o abastecimiento de las máquinas del ferrocarril” (Salguero, M. E.; Importantes Documentos Sobre El Silala). Así, Calderón se presentó ante el prefecto de Potosí, R. Calvo, y le presentó un memorial solicitando: “la autorización necesaria para aprovechar las aguas públicas de las vertientes de ‘Siloli’, situadas en la provincia de Sud-Lípez de este departamento, para el servicio de la Empresa Ferrocarriles de Antofagasta (…)” (Ibídem). Con lo cual queda probado que ABRCL y Chile siempre reconocieron que las aguas del Silala pertenecen al Estado boliviano y no tenían un curso internacional. Tan es así que le pidieron a la Prefectura de Potosí que les concediese el derecho de prestar el servicio de provisión de agua para el ferrocarril.
Mucho más interesante en el referido memorial es el párrafo que dice: “Haciendo obras de captación y de canalización, podrían utilizarse las dichas vertientes, aunque con costo crecido; y la empresa proyecta ejecutar esas obras para utilizarlas en el servicio de su línea (...)”. (Ibídem). Confesión que prueba que incluso antes de obtener la concesión, ABRCL planeaba ejecutar obras (violando la soberanía nacional) con las cuales, hasta el día de hoy, le “inventó cauce” internacional a las aguas bolivianas del Silala, conduciéndolas ilícitamente a “territorio” chileno (en realidad territorio boliviano usurpado por Chile).
Ahora bien, con relación al contrato administrativo de “concesión” de 1908, es menester afirmar que en el mismo sospechosamente no se estipuló la obligación que ABRCL debía cumplir como contraprestación, menos se estipuló el objeto sobre el cual dicha obligación recaería. Entonces, el objeto sobre el cual debió haber recaído la obligación de ABRCL no existió y, por ende, tal contrato administrativo careció de objeto, siendo nulo ab initio. Además de que el motivo expresado por ABRCL a momento de solicitar la concesión fue únicamente “el aprovechamiento de las aguas para el abastecimiento de ferrocarriles”, en el marco del Art. 217 de la Ley de Aguas de 1906 (inconstitucional por cierto). Ergo, cuando las locomotoras a vapor fueron sustituidas por máquinas a diésel, las finalidades que motivaron el contrato variaron tanto que lo extinguieron; aunque demostramos que tal contrato de concesión fue nulo de inicio.
Finalmente, por todo lo expuesto, queda claro que ha llegado la hora de “cerrarle el grifo” del Silala a Chile. A tal efecto es necesario afirmar que el único camino constitucionalmente viable para Bolivia es agotar de facto y de cualquier modo las aguas del Silala en territorio boliviano; puesto que el Art. 373 de la Constitución Política del Estado de 2009 prohíbe que los recursos hídricos (en todos sus estados) y sus servicios sean objeto de “apropiaciones privadas” y concesiones. (LA RAZON)





USO DE AGUAS DEL SILALA FUE AUTORIZADO EN 1908

Autoridades de Potosí entregaron documentos legalizados sobre la concesión de vertientes del Silala, la que fue anulada en 1997, un año después de la denuncia de EL DIARIO que reveló el uso arbitrario de los recursos hídricos bolivianos por parte de Chile. Gobernación anuncia la reactivación del proyecto del criadero de truchas con aguas de los manantiales del Silala

En el marco de la acumulación de documentos para elaborar la demanda contra Chile, la Gobernación de Potosí entregó al Gobierno una copia legalizada de Derechos Reales del documento de concesión de las vertientes del Silala, la anulación de la misma, mediante resolución administrativa, y varios estudios geotécnicos.
La autoridad potosina dijo que se hizo una recopilación de varios documentos, en DDRR, se tiene el documento protocolizado de la concesión que otorgó a una empresa ferroviaria para que use las aguas del Silala en 1908; también, dijo, se entregó la resolución administrativa de la exprefectura que revoca esa concesión.
Cabe recordar que en mayo de 1996, el matutino EL DIARIO denunció que las aguas de los manantiales del Silala eran utilizadas de manera ilegal, además de ser desviadas arbitrariamente a través de canalizaciones en beneficio de Chile, que hasta la fecha no pagó ni un centavo al país.
Por otro lado, el Gobernador anunció la reactivación del proyecto del criadero de truchas con aguas de los manantiales del Silala, el incremento en la población camélidos, entre otros.
Potosí entrega al Gobierno pruebas legales del Silala
Una copia legalizada de Derechos Reales del documento de concesión de las vertientes del Silala, la anulación de la misma, mediante resolución administrativa, y varios estudios geotécnicos fueron los documentos que entregaron ayer al presidente Evo Morales, representantes del departamento de Potosí, encabezados por el gobernador Juan Carlos Cejas. La delegación estuvo integrada por alcaldes municipales, docentes universitarios y dirigentes de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Suroeste Potosino (Frutcas).
“Hemos hecho una recopilación de varios documentos, en Derechos Reales tenemos el documento protocolizado de la concesión que otorgó a una empresa ferroviaria para que use las aguas del Silala, de 1908; hemos logrado obtener una copia legalizada de ese documento, de la misma forma, (entregamos) la resolución administrativa de la exprefectura que revoca esa concesión. Ese es otro documento que tenemos en Potosí”, informó Cejas, en reuniones que tuvo con autoridades del Gobierno Nacional.
TEMA DE AGENDA
Desde el 23 de marzo, después de casi 20 años, el tema del uso de las vertientes del Silala volvió a ser tema de agenda del Gobierno Nacional con el anuncio de Morales de iniciar una demanda internacional contra el gobierno de Michelle Bachelet, por el uso arbitrario de los manantiales que se encuentran en territorio potosino, cerca de la frontera con el vecino Chile y el desierto de Atacama.
En ese marco, al igual que las Fuerzas Armadas de la Nación, que entregaron documentos y estudios para respaldar la tesis de la demanda, representantes de Potosí también hicieron entrega de documentos y otros estudios.
“A ellos se suman aportes de estudiosos potosinos, ingenieros, abogados, escritores y otros documentos que ayudan mucho para fundamentar la demanda nacional. Igualmente, hemos presentado documentos que muestran el proceso de privatización de las aguas del Silala en gobiernos pasados”, precisó la autoridad.
RECOPILAN DOCUMENTACIÓN
Según instrucción del Primer Mandatario, la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (Diremar) será la encargada de recopilar toda la documentación necesaria para elaborar la demanda internacional por el uso ilegal de las vertientes del Silala.
Fueron varios representantes potosinos que se reunieron con el Presidente y autoridades de la Cancillería, entre ellos el gobernador Cejas, los alcaldes de Potosí y de los municipios de la región del Silala, autoridades académicas de la Universidad Tomás Frías, empresarios, parlamentarios del oficialismo dirigentes de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Suroeste Potosino (Frutcas) y periodistas de la región.
“Aquí no hay colores políticos, para nosotros es un tema de Estado que interesa a todos los bolivianos (…) Nuestro compromiso, desde el departamento de Potosí, es apoyar esa decisión que ha tomado el Gobierno Nacional”, afirmó Cejas.
SIN COMCIPO
A la reunión de la delegación potosina con el Gobierno central no asistió representante alguno del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), organización que es políticamente contraria al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que en el referéndum constitucional hizo campaña por el NO.
TEMA DE ESTADO
Para el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), René Joaquino, la defensa de las aguas del Silala es un tema de Estado y debe unir al pueblo boliviano, al igual que la demanda marítima.
“El tema Silala nuevamente nos ha unido a los potosinos y potosinas, las organizaciones sociales, los ciudadanos y ciudadanas del departamento de Potosí apoyan la propuesta del Gobierno Nacional de iniciar una demanda para que pueda resarcirse los daños que se han hecho al país”, manifestó el legislador.
VISITAS
En el marco de socializar el tema de las vertientes del Silala, el gobernador Cejas informó también que gestionarán varias visitas a la región donde se encuentran los manantiales y los bofedales que forman las vertientes del Silala.
En especial, se priorizará la visita a las vertientes del Silala de estudiantes de educación secundaria, universitarios y organizaciones sociales de todo el país, según la autoridad.



 

SILALA O SILOLI

El Demócrata de Chile (www.eldemocrata.cl)
                                 
Por Cristián Le Dantec, Investigador del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra.- El reciente anuncio del Presidente de Bolivia Evo Morales de la presentación ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya de una nueva demanda contra Chile, conforme a sus palabras: “para defender nuestros recursos naturales y sentar soberanía en nuestras fronteras”; junto con poner nuevamente en la atención internacional al citado río, ha motivado una serie de declaraciones y replicas entre las autoridades de ambos países, las que, difiriendo en el fondo del asunto, son coincidentes en denominar al curso de agua como Silala, dejando de lado la denominación de Siloli que históricamente se le daba en Chile.
Sin perjuicio de lo anterior, un aspecto diferenciador es la forma de nombrar el acueducto lo constituye el hecho de que para el Presidente Boliviano el Silala es un manantial, entendiendo como tal, “las aguas subterráneas que fluyen naturalmente a la superficie de la tierra donde permanecen sin movimiento, formando humedales”, por su parte, las autoridades chilenas lo consideran como río, ya que como lo indicara el Coronel Julio Von Chrismar, destacado estudioso de la geopolítica, al referirse al Silala o Siloli, “sus aguas nacen en la alta cordillera de Bolivia, a 4350 metros de altura y a unos 3,5 kilómetros al este del límite entre ambos países, su caudal se forma de 94 vertientes o manantiales ubicadas en territorio boliviano, que forman un curso de agua común, con un caudal aproximado de 230 (lts./seg.), denominado Silala para Bolivia y Siloli para Chile.”
Como se puede apreciar, no siempre se ha coincidido en la denominación del curso de agua, ya que en Bolivia se le conoce además por un tercer nombre destinado a apoyar su tesis de que dicho acueducto no es un río al llamarlo “Aguas del Quetena”, afirmando que por sus características no constituye un río internacional, catalogándolo de un simple manantial nacional.
Quienes han vivido en el norte y han visitado la zona, quedan con la impresión, transmitida más bien por la tradición, de que el citado río internacional se conoce como Silala en Bolivia y Siloli en Chile, situación que como hemos podido apreciar este último tiempo, contrasta con lo manifestado por nuestras autoridades y los medios de comunicación social que han dejado de nombrarlo como Siloli, centrándose en la denominación de Silala.
El doble apelativo que recibe el río de la discordia, tiene su origen en los mapas elaborados a partir de 1902, inicialmente por el inglés Josias Harding, ingeniero encargado de la construcción del ferrocarril que une Antofagasta vía Ollagüe hasta La Paz. Dicho ingeniero, que posteriormente fue el gerente de la empresa “The Antofagasta and Bolivia Railway”, en sus mapas le dio el doble apelativo en consideración a que los vecinos de Inacaliri, donde el acueducto confluía con el Río San Pedro, conocían este afluente de aguas superficiales que, sin estar encausadas como ahora, corrían de Este a Oeste, llamándole como río Siloli.
Por su parte, el apelativo de Silala se origina en el nombre de los accidentes geográficos en las cercanías al río. Es del caso que en el listado de nombres de accidentes geográficos elaborados por el Instituto Geográfico Militar, bajo dicho apelativo aparecen tres accidentes geográficos que se encuentran en el mismo sector, el portezuelo de Silala el cerrito Silala y el río del mismo nombre, indicando que este último continúa como río San Pedro de Inacalari.
Para los efectos de la disputa que se avecina, llamar al curso de agua Siloli o Silala no aparece un factor de mayor relevancia, ya que las descripciones que se hacen bajo cualquiera de las dos denominaciones corresponden al mismo río cuya existencia es reconocida desde su inclusión como Siloli en el mapa N°3, anexo al tratado de paz entre Chile y Bolivia de 1904. Este aspecto no tendría ninguna importancia si no fuera porque algunos medios bolivianos ingenuamente le dan importancia a la diferencia de nombre del río, manifestando que al estar bajo otro nombre en el citado mapa no corresponde al río Silala, lo que queda descartado por el hecho de que numerosos documentos oficiales de ambos países nombran al río como Siloli o Silala o conjuntamente le dan ambas denominaciones.
Desde la perspectiva nacional el río en controversia corresponde a un río afluente o sub afluente de carácter internacional. Este último concepto es el que centrará la discusión, donde Bolivia intentará demostrar que el río no tiene carácter de tal y menos la característica de internacional y Chile, por su parte, buscará afirmar el tratamiento que desde 1904 se le ha dado al curso de agua, quedando finalmente la discusión de los nombres de Siloli o Silala como un hecho meramente anecdótico.





RÍO O MANANTIAL

Equilibrio Informativo de Ecuador (www.equilibrioinformativo.com)
                                                                  
El Presidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado hace un uso "ilegal y abusivo" de las aguas del río Silala. Militares, pobladores y medios de comunicación recorrieron el trayecto del manantial.
Para el Canciller chileno, siempre según 'La Tercera' la confirmación de la nueva demanda "demuestra lo que los chilenos ya sabemos, no se trata de justicia ni de derecho, sino que una política de hostilidad permanente hacia Chile, que por supuesto no aceptamos". Chile advirtió con una contrademanda de presentarse esta acción judicial de parte del país.
Por la tarde, Muñoz dijo que "Bolivia intenta amenazar y eso no lo permitiremos".
El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó ayer la posibilidad de que Chile se retire del Pacto de Bogotá. "Si vamos a defender la soberanía del río Silala para el consumo de los ciudadanos de Chile, del norte de Calama o para las empresas privadas que hoy usufructúan de este recurso hídrico tan importante en el desierto de Atacama".
Argumentó que en 1908, cuatro años después de la firma del tratado, Chile pidió al gobierno regional de Potosí, en cuya jurisdicción está el Silala, un permiso de concesión para que esas aguas fueran usadas en el ferrocarril chileno de la zona.
En abril de 2013, Bolivia demandó a Chile ante la CIJ para que ese país se siente a negociar de buena fe para que los bolivianos accedan de manera soberana y pacífica a las costas del océano Pacífico. "Con tranquilidad, pero con firmeza, yo quiero anunciar a los compatriotas que en caso de que Bolivia materialice su anunciada demanda, Chile va a contrademandar a Bolivia".
"Si alguna autoridad (chilena) no conoce Silala, la siguiente semana invito (y) estaré en Silala para demostrar que no es río internacional", agregó.
La disputa sobre el Silala había estado hasta ahora en un segundo plano frente a la histórica reclamación de Bolivia a Chile de una restitución de su salida al Pacífico perdida en una guerra en 1879.
Asimismo, apuntó a que "el gobierno tiene la obligación de sentar soberanía sobre sus recursos y sobre su territorio", además de lamentar que algunas autoridades continúen dañando a su pueblo y a sus vecinos.





PACTA SUNT SERVANDA

Nos permitimos sugerir que se explore una tesis intermedia, cual sería denunciar el tratado (Pacto de Bogotá), pero únicamente en relación con el Estado Plurinacional de Bolivia.

El Mercurio de Chile (www.economiaynegocios.cl)
                                                
"Lo pactado ha de ser cumplido". Así reza en español el adagio latino que sirve de título a estas líneas y que expresa un principio medular del Derecho Internacional, desde los tiempos de Hugo Grocio, padre fundador de la disciplina. Era lógico que la Presidenta Bachelet, invitada por la American Society of International Law (ASIL) a dictar la tradicional Grotius Lectures, lo mencionara como el mayor legado del célebre jurista holandés y como uno de los pilares para garantizar la paz y la estabilidad internacional. Para la vigencia del principio es necesario no solo que los tribunales internacionales lo acojan en sus sentencias, sino también que los Estados se abstengan de utilizar esas instancias con fines ajenos a su delicada función. La Presidenta advirtió que "el abuso de tribunales internacionales a través de demandas artificiales podría contribuir a erosionar los mecanismos existentes".
Aunque la frase, dado el contexto de la conferencia y las necesidades diplomáticas, es genérica, no hay que ser muy agudo para darse cuenta de que la alusión tenía nombre y apellido. Pocos días antes, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, había anunciado una nueva demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia, ahora por las aguas del río Silala.
Por lo mismo, se ha renovado la controversia sobre la conveniencia de que Chile se retire del Pacto de Bogotá, un tratado suscrito en 1948 por el cual se convino que los países que lo ratificaran podían obligarse entre sí a someter sus diferendos a la competencia de la Corte de La Haya. Bolivia no ratificó dicho tratado sino hasta el año 2011, y lo hizo con una reserva que fue objetada por Chile, lo que impidió que el tratado entrara en vigencia entre ambos Estados. Con el único objeto de presentar una demanda en contra de nuestro país reclamando una salida soberana al océano Pacífico, el Estado boliviano procedió el año 2013 a retirar la reserva. Antes de que Chile haya contestado dicha demanda ante los jueces de La Haya, el gobierno boliviano ya anuncia un nuevo libelo en su contra.
Por ahora las autoridades chilenas se han mostrado renuentes al retiro unilateral del tratado, al estimar que una actitud como esa podría mermar la imagen de Chile como Estado respetuoso del Derecho Internacional y defensor del pacta sunt servanda . Este argumento no parece definitivo: por hacer uso de una facultad que está contemplada en el mismo tratado, Chile no será menos respetuoso de dicho principio y de las normas internacionales. Por cierto, nuestro país seguiría reconociendo a la Corte de La Haya y se acudiría a ella, como la mayoría de los Estados integrantes de las Naciones Unidas, cuando haya un acuerdo en tal sentido entre las partes en conflicto.
En todo caso, nos permitimos sugerir que se explore una tesis intermedia, cual sería denunciar el tratado, pero únicamente en relación con el Estado Plurinacional de Bolivia, de modo de mantener su vigencia respecto de los demás países que lo han ratificado. No vemos obstáculo para que la denuncia pueda ser parcial, esto es, aplicable solo a uno o más de los Estados partes del Pacto de Bogotá. El texto del tratado no la prohíbe y un adagio jurídico similar al pacta sunt servanda enseña que quien puede lo más, puede lo menos; si se puede poner término al tratado respecto de todos los Estados que lo integran, con mayor razón será válido que esa facultad se limite a solo uno de ellos. Por cierto, la denuncia produciría sus efectos en el plazo de un año. Pero esto podría ser útil para que Bolivia haga valer todas las pretensiones que pretende llevar en contra nuestra a la Corte de La Haya y no las vaya administrando con cuentagotas y según los vaivenes de la política interna de su gobierno.
La instrumentalización que ha hecho Bolivia del Pacto de Bogotá como arma para agudizar los conflictos en vez de contribuir a resolverlos provee de una razón más que suficiente para justificar la denuncia parcial que proponemos.





EDITORIAL. NUEVA ACUSACIÓN DE EVO MORALES

El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)

Los juicios del presidente boliviano fueron inmediatamente desmentidos por Aguas Antofagasta y ni siquiera fueron comentados por la Cancillería. Expertos nacionales insisten en que el Silala es un río internacional. Debe agregarse que hace 20 años, la Cancillería de Bolivia dio la razón a Chile, luego de que la prensa boliviana nos acusó de uso ilegal.
A esta altura es evidente que la relación entre Chile y la administración del presidente boliviano, Evo Morales, pasa por uno de sus momentos más difíciles. No puede decirse que las relaciones con el país completo son complejas, pero no se exagera al sostener que el actual gobierno altiplánico logra incomodar en su máximo a nuestro país.
Como fue conocido, lo último es la serie de acusaciones de Morales, por el uso que Chile -varias empresas incluidas- harían de parte del río internacional.
Lo más reciente ocurrió en un acto en la región andina de Potosí, por donde nace el Silala, sitio en el que el mandatario acusó que la empresa colombiana Empresas Públicas de Medellín (a cargo de la sanitaria Aguas Antofagasta) de vender el recurso hídrico a mineras que operan en la zona.
Desde el punto de vista boliviano, el reclamo por el uso del Silala podría ser comprensible, aunque los tratados y la legalidad internacional, están a favor de Chile. Pero lo que sorprende es la persistente ligereza de las reclamaciones.
Varios analistas insisten en que esto sólo es justificado por el impacto político que tiene a nivel interno mantener en tensión permanente el vínculo con Chile.
Fue la propia sanitaria la que rechazó la versión de Morales afirmando que no tienen derechos de aprovechamiento de aguas del Silala. En efecto, el grueso del agua potable que ofrece la compañía proviene de la planta desalinizadora de nuestra ciudad y otros afluentes cordilleranos que no consideran al Silala.
El gobierno no comentó el tema y Bolivia tampoco retrucó los dichos.
Pero el daño comunicacional queda instalado.
Es cierto -y lo hemos dicho en otras ocasiones- que el diálogo entre Chile y Bolivia es asimétrico, en el entendido que nuestra nación aparece como la más desarrollada y rica. Esto es un factor demasiado determinante a la hora de casi a obligarnos a mantener abiertos los canales de comunicación.
En el otro extremo, las autoridades bolivianas deben ser criteriosas y pretender dialogar genuinamente. Y, en ningún caso, alterar las verdades a beneficio propio, ya que sólo aumentan las desconfianzas.





LA DESIGUALDAD COMO UN INSUMO DEL NARCOTRÁFICO

Nuevo Diario de Argentina (www.nuevodiarioweb.com.ar)

El narcotráfico tiene interrelaciones con factores exógenos al negocio, que al mismo tiempo son facilitadores de su expansión: la desigualdad, el nivel educativo en relación a la calidad de la enseñanza y el índice de desempleo. Asimismo, la tasa de crímenes cometidos anualmente es un indicador del nivel de violencia que es posible explicar como consecuencia de lo antedicho.
En los negocios que se llevan a cabo en el marco de la normativa establecida, los desequilibrios tanto positivos como negativos, producidos por el mercado o por cualquier tipo de regulación, se ajustan en términos generales a través de la variación de los factores de producción, tierra (locaciones, edificios, sucursales), trabajo (mano de obra calificada o no), capital (inversiones financieras o capital acumulado) y conocimiento (desarrollos o benchmarking).  
Asimismo, en los casos donde esos desequilibrios tienen un origen por fuera del marco legal, toma intervención el Estado impartiendo justicia y restableciendo de alguna manera el equilibrio, para que todos los actores se sientan contenidos en ese marco consensuado socialmente.  Tanto la generación del marco legal como la contención o no de los actores económicos genera consecuencias políticas, económicas, sociales y culturales.
La instalación de los negocios ilegales como el narcotráfico, su desarrollo y masificación, constituyen una paradoja que resulta de difícil explicación desde la perspectiva de una variable.
El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que entre 1990 y 2010 la desigualdad de ingresos aumentó un 9% en los países de altos ingresos y un 11% en los que se denominan “en vías de desarrollo”.  La desigualdad monetaria es medida tradicionalmente a través del coeficiente de Gini (0% es perfecta igualdad y 100% es perfecta desigualdad). En este caso, luego de analizar los índices de Gini de 127 países, es posible establecer promedios por región, siendo Europa (del este y oeste) el continente con menor desigualdad (31,7 entre ambas), mientras que América Latina promedia un 49,2%.
La mayor parte de los gobiernos ve la problemática desde la perspectiva de la pobreza y trabaja en la creación de programas para reducirla o mitigarla a través de programas de asistencia alimentaria o económica, cuando en realidad la pobreza es una consecuencia de la desigualdad como factor de desequilibrio social.
La desigualdad es más compleja para su comprensión y lleva más tiempo la generación de propuestas para reducirla o establecer resultados mensurables respecto de su reducción, y no genera beneficios electorales para la política en el corto plazo, porque es un factor cuya modificación es de carácter estratégico.
Latinoamérica es la región más desigual del planeta, pero asimismo es también donde se concentra, según datos de la Undoc (Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y la Droga), el 60% de la producción y los mayores niveles de consumo.   México, Bolivia y Colombia lideran en cuanto al cultivo y procesamiento de drogas, mientras que Argentina (2,8%) es número uno a nivel mundial junto con España, en porcentual de consumo respecto de su población.
Pobreza cero
Los programas generados a nivel gubernamental, destinados a paliar situaciones de crisis alimentaria y de ingresos, son todos de corto plazo, generan beneficios electorales a 2 y 4 años, pero en ningún caso reducen los factores que generan la desigualdad.
En el contexto de lo analizado, la seguridad como política pública juega un rol ambiguo.  Mientras las fuerzas policiales y/o represivas de los negocios de marco ilegal, con el transcurso del tiempo y los procesos de ajuste económico llevados a cabo por los distintos gobiernos, se transforman en fuerzas genéticamente corruptas, su acción represiva produce efectos de corto plazo, pero no modifica la matriz de causas que propician la producción y el consumo de drogas, así como tampoco la corrupción policial.
Un país puede destinar la mitad de todo su presupuesto al “combate al narcotráfico”, pero si no ataca los verdaderos factores que generan la desigualdad, jamás podrá cambiar la realidad. Esto es así, porque al mismo tiempo en el que se puede incrementar la compra de armas y el reclutamiento de efectivos, crecen las organizaciones delictivas que en base al crecimiento económico del narcotráfico se encuentran en condiciones de “comprar” voluntades, callarlas, disponer de pandillas que patrullen zonas y hasta financiar candidatos a distintos estamentos del Estado nacional, quienes luego de acceder al gobierno “no pondrán el mayor énfasis en combatir lo ilegal”.
En nuestro país, las zonas más vulnerables son espacios donde existe una seguridad paralela a la que brinda el Estado. Con similares características a los servicios de seguridad que se brindan en las zonas de mayor poder adquisitivo, en las zonas más pobres el narcotráfico brinda un servicio de seguridad paralelo, que se alimenta del “silencio” de los vecinos, a quienes el negocio ilegal beneficia con acceso a servicios como iluminación, cloacas, etc. o inclusive con la posibilidad de brindar “empleos” como empaquetadores, distribuidores, seguridad, etc.
En la convivencia institucionalizada del Estado y el capitalismo con el narcotráfico y el narcocapitalismo, se juegan el financiamiento los negocios derivados como la venta de armas cuyos ingresos crecen a través del incremento del gasto en seguridad ciudadana por un lado y la seguridad de la ilegalidad por el otro. Asimismo, la inversión en campañas de dirigentes políticos (en Argentina es cada vez más frecuente), a través de redes financieras de lavado y la corrupción policial, constituyen actores de un nuevo sistema integral y paralelo del cual sólo estamos viendo el principio.
El problema no se reduce a la intervención de una fuerza u otra, a la cantidad de balas o los planes de reducción de la pobreza. El narcotráfico es un problema mucho más importante y complejo, al cual no se le da la trascendencia que requiere, ni se ponen a disposición los especialistas transdisciplinarios que la realidad demanda.

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