En 2008,
Bolivia y Chile acordaron hacer “estudios técnicos” para resolver el sexto
acápite de la agenda de los 13 puntos: el tema marítimo. Ambas naciones, en una
negociación secreta, avanzaron hacia una solución con la mira en un enclave. La
iniciativa fracasó.
El presidente
Evo Morales se refirió en varias ocasiones a este proceso, pero sin entrar en
muchos detalles. El Jefe del Estado informó que había designado a Ana María
Romero, la presidenta del Senado de entonces, como su delegada especial para
analizar las propuestas que se pusieron sobre la mesa de las conversaciones
diplomáticas. Morales reveló que hubo un sobrevuelo por una zona costera, cuyas
coordenadas tampoco precisó. Romero, la primera Defensora del Pueblo de
Bolivia, falleció en 2010 y no dejó el testimonio de lo negociado.
“De ellos (del
Gobierno de Chile) era otro compañero que venía a reuniones a la residencia
(presidencial) en La Paz. Parece que avanzaba muy bien y la compañera Ana María
me decía que hasta les han puesto helicóptero para saber dónde sería la salida
al mar que nos iban a otorgar”, declaró Morales el 20 de marzo de 2015, durante
un acto en la sede del Colegio de Abogados de Santa Cruz.
¿Negociaciones?
En efecto, ocho años después, el excónsul general de Chile en La Paz Jorge
Canelas se animó a desvelar una parte de la historia oculta que estuvo activa
entre 2008 y 2010. “Fue una negociación extremadamente secreta, muy reducida y
muy poco compartida con las personas que debieran estar en conocimiento de las
líneas básicas de una negociación de este tipo”, remarcó el diplomático, ya
retirado del servicio exterior de su país, en una conversación que sostuvo
con La Razón el 10 de marzo en Santiago de Chile.
Canelas, que
llegó al país en 2010 al inicio del gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera
(2010-2014), señaló que al momento de traspasar los asuntos pendientes, la
primera administración de Bachelet entregó el documento sobre esta negociación
“casi listo para ser firmado”, pero lamentó que este entendimiento con Bolivia
no haya sido consensuado previamente con las autoridades del Congreso de su
país ni con los altos mandos militares, como “normalmente se hace”.
Dos días antes
de la entrevista, en la que Jorge Canelas confirmó que la zona de la
negociación fue la bahía de Tiviliche, este rotativo visitó el lugar, ubicado a
unos 160 kilómetros al norte del puerto de Iquique y al sur próximo de la
población de Pisagua, una zona marcada por la Guerra del Pacífico que hace 137
años enfrentó a bolivianos, chilenos y peruanos.
El excónsul
precisó que en estas conversaciones no se habló de soberanía ni de entrega de territorio
chileno a Bolivia. Eventualmente, se trató de un enclave con autonomía en favor
del país, cuyos detalles aún se mantienen en reserva. De haber avanzado hacia
una solución con soberanía, el siguiente paso debió ser una consulta al Perú,
según el Protocolo Complementario del Tratado de Lima, firmado en 1929. “Hasta
donde se sabe, no se llegó a negociar una entrega de soberanía. No había una
cesión de territorio. Esa no habría sido la mayor dificultad (con
respecto al Perú)”, puntualizó el diplomático que por estos días se ha dedicado
a escribir en sitios especializados sobre política internacional.
El 16 de julio
de 2006, los vicecancilleres Mauricio Dorfler (Bolivia) y Alberto van Klaveren
(Chile) firmaron la llamada agenda de los 13 puntos que por primera vez
incluyó, de manera oficial, “el tema marítimo”, que para Bolivia era el debate de
la “reintegración” al océano Pacífico sobre la base de las propuestas que se
hicieron durante la historia bilateral y que en algún momento abordaron la
demanda de un territorio soberano.
El acta.
Dorfler dejó el cargo algunos meses después y le sucedió Hugo Fernández, quien
junto con Van Klaveren celebró cuatro reuniones durante dos años en el marco
del mecanismo de consultas políticas, una entidad de diálogo que reemplazó
durante algo más de 10 años a las inexistentes relaciones diplomáticas a nivel
de embajadores. En estos encuentros se pasaban revista a los grandes temas
bilaterales. Para el abogado internacionalista chileno José Rodríguez Elizondo,
“el tema” marítimo ha sido imprescindible y natural en las reuniones de
políticos bolivianos y chilenos. No obstante, el experto —durante una conversación
que sostuvo con La Razón en Santiago— señaló que ambos países “fingieron”
durante muchos años tener relaciones diplomáticas junto con asumir señales
“audaces” que se dieron especialmente entre 2006 y 2010.
Escenario. De
hecho, durante el apogeo de la agenda de los 13 puntos, Fernández y Van Klaveren
firmaron un acta en la que se habla de la voluntad de avanzar hacia una
solución. “Después de analizar las opciones existentes se profundizó en las que
ofrecen mayor viabilidad (....). En este análisis (los vicecancilleres) se
comprometieron a encomendar los debidos estudios técnicos”, señala el texto del
acta de la decimoctava reunión de Consultas Políticas de Bolivia y Chile que se
celebró en La Paz el 17 de junio de 2008. Adicionalmente, ambas autoridades
“reiteraron su convicción que mediante este proceso de diálogo con un enfoque
realista y de futuro se podrán alcanzar los acuerdos necesarios”.
Van Klaveren
afirmó en la rueda de prensa posterior a la firma de este documento: “En el
tema marítimo queremos avanzar sin prisa, pero también sin pausa, se trata de
una conversación seria y hemos logrado avanzar en términos de criterios y de
orientaciones para enfrentar ese tema”. Su colega Fernández celebró el diálogo
y “el descongelamiento” de las relaciones entre Bolivia y Chile.
Las reacciones
ante estas señales fueron distintas en Bolivia y Chile. En el país los
principales rotativos le dieron poca cobertura a esta declaración, mientras que
medios chilenos, como La Tercera, optaron por titulares de apertura.
“En una rueda
de prensa conjunta, posterior a la cita en La Paz, las declaraciones de Van
Klaveren y Fernández fueron escuetas pues —aseguran altos personeros
diplomáticos— hubo un acuerdo entre ambos de no revelar el diálogo sobre el
tema marítimo”, escribió el periodista Phillip Durán, quien fue enviado por el
rotativo chileno para la cobertura de esta reunión. En esa misma nota se apuntó
que los ejes del análisis fueron: un corredor por el norte de Arica, un enclave
costero y un puerto de uso compartido.
“Fue un error
haberlo llevado de esta manera y un error mayor aún haberlo tratado así,
después de que se había avanzado bastante en la negociación, decir: ‘termínala
tú’ a un gobierno que no tenía ni idea de lo que se había negociado”, señaló Canelas
en referencia al proceso de transición entre Bachelet y Piñera (2010).
En referencia a
este proceso de negociación, el canciller David Choquehuanca había dado cuenta
en la reunión ordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) “el poco
avance” del desarrollo de la agenda de los 13 puntos”, mientras que su colega
de entonces, Alejandro Foxley, consideró que se dieron “algunos avances” en el
diálogo con Bolivia, pero rechazó la posibilidad de multilateralizar el inédito
proceso de diálogo. “Hay un tratado, el de 1904, que establece claramente cuál
es la situación territorial y nadie puede revisar unilateralmente un tratado ni
puede tampoco pedir a un organismo multilateral que lo modifique”, afirmó el
jefe de la diplomacia chilena tras ratificarse en la postura tradicional de su
país sobre el tema.
A pesar de esta
señal, tanto Bolivia como Chile avanzaron por esos días en un inédito acuerdo
de cooperación militar que fue firmado entre los ministros de Defensa Walker
San Miguel (Bolivia) yJosé Goñi (Chile).
El 19 de junio,
el mismo Foxley valoró el acuerdo y optó por admitir que existen “otras
medidas” para un acceso al mar en favor de Bolivia que no detalló. Finalmente,
en otra acta posterior a la de junio de 2008, los vicecancilleres optaron por
preparar propuestas “útiles y factibles” para un acceso al mar. Choquehuanca
afirmó, a tiempo de referirse al juicio en la CIJ, que Bolivia aún aguarda
estos planes.
Por la señal de
la cruz
Es inevitable.
Persignarse en el desierto de Atacama es un hábito de quien pasa por los
llamados cementerios salitreros, camposantos que van desapareciendo humillados
ante el sol y el olvido. Las primeras cruces de madera aparecen poco antes de
llegar a Pisagua, donde existían las llamadas oficinas salitreras que se
expandieron entre 1860 y 1930 por el desierto más árido del planeta. Las otras
señales con cruces están en el cementerio de Pisagua, donde incluso aparece un
mausoleo, casi en ruinas, de lo que fue la Beneficencia Peruana, cuando Lima
controlaba la zona antes de la Guerra del Pacífico que estalló el 14 de febrero
de 1879, cuando tropas chilenas invadieron el antiguo puerto boliviano de
Antofagasta. Tras esa acción, Chile avanzó al norte hasta Pisagua, donde en
abril de 1879 comienza la campaña de Tarapacá motivada por el salitre y
capitales ingleses vinculados al extractivismo.
Un poco ajeno a
esta historia, Jorge Gonzales, un anciano de 70 años, se lamenta por su pueblo.
Esperó cerca de cuatro horas para que algún vehículo le lleve 50 kilómetros
desde la autopista, que une Iquique con Arica, hasta Pisagua. “Ahora todo está
en ruinas y hasta la guerra se olvidó de nosotros”, dice.
El viaje dura
dos horas desde Iquique, pero no existe un servicio regular de transporte
público. Pisagua, donde habitan 256 personas, está a 160 kilómetros al norte
del puerto más requerido por el comercio boliviano. Pertenece a la comuna de
Huara, un sitio cuya economía se anima por el paso de cientos de camiones que
unen Iquique con Oruro.
La Razón llegó
hasta el poblado con la idea de ubicar la bahía de Tiviliche, sobre la que se
ensayó la última negociación del “tema marítimo” entre Bolivia y Chile, que
está un poco al sur de aquél. Pero son las cruces las que resaltan, las señales
de la ambición y la guerra. (La Razón)
JORGE CANELAS: EL EXCESIVO SECRETISMO TERMINÓ HUNDIENDO
ESTA NEGOCIACIÓN
Llegó a La Paz
en mayo de 2010, cuando aún se desarrollaba, de manera muy intensa, la agenda
de los 13 puntos que por primera vez en la historia bilateral incluyó “el tema
marítimo”. Estuvo en Bolivia durante cuatro años y accedió a la información que
por entonces dejó el primer mandato de la presidenta Michelle Bachelet.
Canelas, ahora retirado del servicio exterior, ha planteado públicamente su
opinión sobre la relación entre Bolivia y Chile, siempre sobre la base de su
experiencia de cuatro años en el país.
Jueves 10 de
marzo, 17.00 horas. La temperatura comenzó a descender luego de superar los 30
grados en la comuna Providencia de Santiago de Chile. Jorge Canelas, que fue
embajador en su larga carrera diplomática, accedió a conversar con La Razón.
Bolivia fue su última destinación y esto le marcó para siempre, según confiesa.
“Me tocaron años complicados para la relación bilateral”, señaló. Consideró que
para superar las distancias entre ambas naciones se debería anular “una especie
de animadversión” de Bolivia hacia Chile y por el lado de su país, Canelas consideró
que en su nación existe un enorme desconocimiento sobre lo que sucede en el
país.
— ¿Éste es un
complejo?
— Yo no
lo veo como un complejo, lo veo como una condición de rechazo emocional al
vecino, que no está en el espíritu natural del pueblo boliviano, que es un
pueblo hospitalario, acogedor, cordial, extraordinariamente amable con todo el
mundo, pero cuando se refiere a Chile ahí interfiere ese factor emocional. Es
algo generalizado; lo tienen los bolivianos de toda clase, de toda estirpe y
condición. Y a pesar de la biografía de cada boliviano, al final del día todos
tienen más o menos el mismo sentimiento respecto de Chile. Si ese problema no
se resuelve, no se van a resolver los grandes temas entre Bolivia y Chile.
— Ahora bien.
¿Cómo fueron las conversaciones sobre Tiviliche, la zona entre Arica e Iquique?
¿Cómo fue esa negociación? El presidente Evo Morales desveló que había una
delegada por parte de Bolivia ¿Fueron tan secretas estas negociaciones? ¿Qué
datos tiene usted?
— Ésa fue una
negociación extremadamente secreta, muy reducida y muy poco compartida con las
personas que debieran estar en conocimiento de las líneas básicas de una
negociación de este tipo. Participaron muy pocas personas y fue una sorpresa
absoluta cuando se supo de ello en el momento del cambio de gobierno, cuando
terminó la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet y asumía
el gobierno del presidente Sebastián Piñera (11 de marzo de 2010). En el
momento de entregar los asuntos de la Cancillería, el canciller saliente
(Mariano Fernández) le dice al ministro (Alfredo) Moreno: ‘A propósito está
esto y ya está casi listo para ser firmado’ y ahí fue donde terminó la cosa.
— ¿Estaba tan
listo?
— Estaba
próximo, de acuerdo con lo que se había negociado hasta ese momento, pero de
alguna manera hicieron algo poco inteligente al no compartirlo con las
autoridades que debieran estar enteradas de la negociación. Todas las
negociaciones de este equipo se hacen bajo reserva; eso siempre es así, pero
una cosa es llevar una negociación bajo reserva y otra muy diferente es llevar
el tema a una conclusión, en absoluto secreto, sin conocimiento de nadie.
— ¿Ni las
partes técnicas?
— Nada.
Estaba en conocimiento de los viceministros respectivos y los asesores
inmediatos para este tipo de negociación. Fue un error haberlo llevado de esta
manera, y un error mayor aún haberlo seguido tratando así, después de lo que se
había avanzado en la negociación, decir: “termínala tú” a un gobierno que no
tenía ni idea de lo que se había negociado. Ni siquiera —y es algo que
normalmente se hace— se hizo conocer a las comisiones de relaciones exteriores
del Senado de la Cámara de Diputados, a los altos mandos de las Fuerzas Armadas
o estamentos similares. Fue una negociación que se llevó, a mi juicio, con un
secretismo que terminó hundiéndola.
— ¿Solo por el
secretismo, o habrá otro factor político?
—
Principalmente por eso. Cuando no se llega a un consenso por una de las partes
involucradas, con todos los estamentos que debieran estar enterados de una
decisión de esa naturaleza, era poco factible que hubiera podido llegar a buen
término.
— ¿Dónde
está Tiviliche?
— Es una bahía
pequeña, muy próxima y al sur de Pisagua.
— Pisagua era
territorio del Perú. ¿Esto no iba a dificultar la negociación en atención al
tratado de 1929?
— No. Porque,
hasta donde se sabe, tampoco se llegó a negociar una entrega de soberanía. No
había una cesión de territorio. Esa no habría sido una mayor dificultad.
— ¿Es posible
pensar en una relación de cuerdas separadas?
— Llevar la
relación por cuerdas separadas como se hizo con el caso peruano es un asunto
que Bolivia ha impedido y no Chile. Incluso cuando yo estaba como cónsul
general. En más de una oportunidad se propuso continuar negociaciones con el
resto de la agenda, temas de transporte, asuntos de contrabando, asuntos
comerciales, la utilización de los puertos, el tema entre las policías. Hay una
agenda intensa con muchos temas. Entre dos países y entre dos vecinos, los
temas sobran para tratar en forma diaria. Pero, yo creo que las autoridades
bolivianas luego de que tomaron la decisión de ir a un juicio, se demoraron en
darse cuenta de que habían cometido un error, porque en ese momento, al cortar
el diálogo, y llevar el tema a La Haya, se acabó el tratamiento del tema del
mar en la agenda bilateral.
— Ahora, el
camino parece allanado para que la Corte declare que hay necesidad de dialogar.
¿Qué piensa usted?
— Es muy
previsible, pero pienso que la Corte Internacional de Justicia no hará algo tan
distinto de lo que hizo en los últimos 20 años, que es dictar un fallo según
los principios de equidad y si hay dos países que están en una controversia y
uno de ellos pide dialogar, difícilmente la Corte va a decir no. Creo que
finalmente vamos a pasar unos siete u ocho años con las relaciones
interrumpidas para volver exactamente al mismo punto donde estábamos: en el
diálogo. Los términos dependerán de los dos países, porque para acordar algo
tienen que estar de acuerdo los dos. Los resultados de la negociación no pueden
ser predeterminados por la Corte.
— ¿Los enclaves
ayudarán?
— No sé. Creo
que éste es un asunto que, en las actuales circunstancias, no tiene solución,
desde el punto de vista de las expectativas bolivianas. Siendo honesto, pienso
que, de no haber un cambio de mentalidad, la aspiración boliviana no tiene
solución, porque la historia de las relaciones ha mostrado que cuando hemos
avistado alguna salida, Bolivia dice no. Si en el futuro hubiese una
negociación, lo más probable es que, a poco andar, surja un reclamo posterior
por parte de Bolivia. Hay que ver la historia de forma crítica de ambos lados.
— ¿Qué hizo mal
Chile?
— Negociar
cosas que nunca debiera negociar. En las propuestas de 1895 no se llegó a una
negociación por exigencias de Bolivia que terminó con esto. Ése fue el momento
crucial; se perdió esa oportunidad que no se volvió a dar.
Perfil
Nombre: Jorge
Canelas Ugalde
Nació:
24-01-1949
Profesión:
Cientista político y diplomático
Diplomático y
politólogo
Cientista
político y Diplomático de carrera. Retirado del servicio exterior de Chile
luego de 37 años de servicio. Su última destinación fue Bolivia, donde estuvo
cuatro años, entre 2010 y 2014. Este periodo estuvo marcado por el ocaso de la
agenda de 13 puntos y por la demanda planteada por Bolivia contra Chile ante la
Corte Internacional de Justicia. Desarrolló su actividad diplomática en el
ámbito político y comercial en nueve destinos diferentes. (La Razón)
CONSECUENCIAS
DE LA INVASION CHILENA DE 1879: SIN LITORAL, BOLIVIA PERDIÓ SEXTA PARTE DE SU
ECONOMÍA
El presidente
de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas,
dijo que de no haberse producido el despojo de 120.000 kilómetros cuadrados de
territorio a manos de Chile, hoy el país estaría a la par de desarrollo de las
naciones vecinas
La investigación
“El Desarrollo Económico en Países sin Litoral” (The Development Economics of
Landlockedness) de Naciones Unidas demostró que en el caso boliviano el costo
de su centenaria mediterraneidad representó el 16 por ciento de su Producto
Interno Bruto (PIB) para el período 2005 – 2010. En 2009, el Producto
Interno Bruto de Bolivia se situó en $us 9.000 millones, según el Ministerio de
Economía y en 2015 subió el valor de todos los bienes producidos a $us 32.000
millones.
EFECTOS
PERVERSOS
En los países
sin litoral marítimo, el ingreso per cápita (por persona) en términos reales es
40% más bajo que un país en vías de desarrollo costero. En la mayoría de los
países mediterráneos, señala el documento, el costo, en términos de desarrollo
perdido, varía incluso entre 10 a 30% del producto.
EMPRESARIOS
El presidente
de la CEPB fue más preciso y dijo que de no haberse producido el despojo de más
de 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio a manos
de Chile, hoy el país estaría a la par de desarrollo de los países vecinos.
INJUSTO
ENCLAUSTRAMIENTO
Los datos
presentados por el documento de Naciones Unidas, con agregados para 48 países
sin litoral, ameritaría realizar un estudio económico profundo del costo del
injusto enclaustramiento, dijo. Estudios parciales han estimado que Bolivia
perdió entre el 2 y 3% del PIB en 132 años por no tener acceso soberano al
Pacífico, señala la investigación. Este 2016 se cumple 137 años de la
usurpación chilena del litoral boliviano.
Por los datos
del documento, la citada investigación justifica el criterio del directivo
empresarial boliviano, ya que cuantificó el impacto de no tener litoral sobre
el desarrollo para el período 2005-10. Con un modelo econométrico se construyó
un índice para medir la diferencia entre el nivel desarrollo de un país
mediterráneo actual y el nivel de desarrollo que esta economía habría
alcanzado, si tuviera acceso soberano a la costa.
COMERCIO
Los datos del
trabajo de las Naciones Unidas muestran también que los países sin litoral, en
promedio, tienen un volumen de comercio menor en 40%, si se los compara con la
economía costera representativa, señala.
TRANSPORTE
Además, las
economías mediterráneas, en promedio, tienen costos de transporte que son hasta
un 45% más altos que la economía con puerto y se toman casi el doble de días
para exportar un producto. En 2011, por ejemplo, 43 jornadas para países sin
litoral y 23 días para una economía costera. Bolivia está justo en los
promedios mencionados, anotó el dirigente empresarial entrevistado. (El Diario)
COSTO ECONÓMICO DE LA PÉRDIDA DEL LITORAL
Por Alberto
Zuazo.- Es habitual que se diga en Chile que el salario del país es el cobre,
pero no se hace mención a que la mayor parte de este mineral se extrae del que
fue territorio de Bolivia, hasta 1879.
En ese infausto
año, Chile desató una guerra de conquista contra Bolivia, logrando usurparle 120.000
Kms cuadrados, que correspondían al Departamento del Litoral. De ellos, 400 Km
lineales constituían la costa marítima nacional sobre el océano Pacífico, como
resultado de lo cual hasta el país pasó a ser mediterráneo.
Sin embargo, en
aquel tiempo, ni Bolivia ni Chile tenían conocimiento de que en ese extenso
territorio usurpado existía uno de los más ricos yacimientos cupríferos del mundo.
La finalidad inicial de Chile era apoderarse de los yacimientos de salitre que
tenía Bolivia.
Resulta, de
esta manera, que Chile no sólo le arrebató a Bolivia territorio, sino también
riquezas naturales de inmensa valía, primero con el salitre y las guaneras, que
las formaban las aves marinas en ese espacio. Y, desde 1915, hasta ahora con el
cobre. Con este mineral boliviano podrá seguir manteniendo su economía boyante
por 122 años más, al ritmo de producción que tuvo hasta 2013.
El ingeniero
químico y economista boliviano Xavier Nogales Iturri, tres veces ex Ministro de
Estado y con estudios en Harvard Business School y MIT’s Sloan Scholl o
Management, de Estados Unidos, realizó el primer estudio que se tiene en el
país sobre el ingreso que le produce a Chile el que debió ser cobre de Bolivia.
Antes de
avanzar en cifras, es necesario señalar que los cálculos matemáticos que
realizó Nogales los hizo sobre datos de fuentes oficiales chilenas y de
instituciones internacionales de alta credibilidad: Cochilco, Codelco, US
Bureau of Mines y US Geological Service.
Según el
estudio del Ing. Nogales, el cobre boliviano le produjo a Chile, entre 1915 y
2013, un total de 3.029,5 millardos de dólares, a precios del año pasado. Es
decir, 3,03 millones de millones de dólares de 2013. Este gigantesco monto de
dinero, en términos comparativos, equivale a 122,3 años de la actual producción
nacional (Producto Nacional Bruto-PIB).
Corresponde
destacar, empero, que tanto el hallazgo de los yacimientos de cobre en el que
ha sido territorio boliviano, como las inversiones, tecnologías y conocimientos
no fueron obra de los chilenos, sino de profesionales y empresas inversoras de
Estados Unidos.
Esto explica
que, de 1879 a 1915, Chile no tuvo ingreso alguno por el cobre explotado
posteriormente en el ex departamento boliviano de Atacama. El acierto que tuvo,
en todo caso, hay que reconocerlo, es que atrajo a empresas estadounidense
dedicadas a estudios geológicos, para establecer si existían en él yacimientos
mineros.
En este orden,
es pertinente indicar que, durante todo el período colonial español, Chile
produjo unas 81.550 toneladas de cobre, según Benjamín Vicuña Mackenna,
considerado en su país como destacado político e historiador. Aunque, aquella
producción, obtenida en alrededor de 300 años de coloniaje, apenas significaba
la producción de cobre de solo un año de Inglaterra.
Las provincias
chilenas más productivas de cobre fueron Coquimbo y Aconcagua. La mina La
Serena (en Coquimbo) resultó ser la cuna de este mineral en el país vecino.
Cuarenta años antes de la Guerra del Pacífico, Chile había comenzado a
desarrollar una importante capacidad administrativa y técnica en la minería y
la metalurgia del cobre.
El Ing. Nogales
expuso estas y otras valiosas informaciones más sobre el cobre en Chile durante
la conferencia que dictó en el Círculo de la Unión, en marzo de 2014.
En cuanto a las
investigaciones mineras que Chile emprendió en el ex territorio boliviano y en
otros espacios de su propia geografía, Nogales refirió que el Ing. William
Braden, por encargo de empresas estadounidenses, exploró propiedades mineras,
incluyendo El Teniente y Potrerillos.
Otros geólogos,
de la misma nacionalidad, siguieron con las mismas exploraciones en
Chuquicamata, Río Blanco y Andacollo. Como resultado de estas investigaciones,
se crearon las empresas mineras El Teniente (1904), Chuquicamata (1912) y
Potrerillos (1920). En conjunto, pasaron a conformar lo que vino a ser la Gran
Minería del Cobre.
Las minas de
mayor producción en Chile se encuentran en el territorio que era de Bolivia,
hasta la guerra de usurpación de 1879. Las empresas cupríferas de Chuquicamata,
Radomiro Tomic, La Escondida, Michila, El Abra-Zaldivar y Gaby produjeron
133.000 toneladas métricas en 2012, Esperanza (173.200 ton. Métricas), Lomas
Bayas (73.300 t.m.), El Tesoro (105.000 t.m.) y Spence (186.700 t.m.).
Actualmente, la
mayor de estas minas es La Escondida, administrada por empresa privada BHP
Billiton, de Australia, la que en 2012 tuvo la producción de 1.075.900 t.m. de
cobre fino; esto es, tres veces la producción que tiene al presente el
yacimiento de Chuquicamata.
En el supuesto
de que Bolivia hubiera realizado los mismos emprendimientos que Chile en el
Litoral (¿?), el PIB del país, a fines de 2013, habría sido de US$ 122,3 miles
de millones (en dólares de 2013), en vez de los 24,8 miles de millones de
dólares que obtuvo, por el gas y minerales.
Es decir, el
PIB de Bolivia pudo haber sido, reiteramos en el caso en que hubiera efectuado
lo mismo que hizo Chile (¿?), 4,54 veces mayor que el señalado. A la vez, el
PIB per cápita de los bolivianos habría sido de US$ 11.647, en lugar de los US$
2.359 que tuvo en 2013. De haber logrado aquel PIB en ese año, sería casi el
doble del PIB per cápita de Colombia.
Un informe de
2012 del Servicio Geológico de Estados Unidos asegura que las reservas de cobre
de Chile alcanzan al 28% de las reservas mundiales. Su equivalencia ascendería
estimativamente a 190 millones de toneladas, lo cual representaría 11,2 años de
la producción mundial del mineral.
En el supuesto
de que el precio permaneciera siendo de 3,2 centavos de dólar por libra fina, o
sea 1.337.6 millardos de dólares, el valor de las reservas de cobre en Chile
sería de 103,74 millones de toneladas. Así, su valor monetario alcanzaría a
730,33 millardos de dólares, al precio estimado de 7.040 por tonelada. En
relación con el PIB boliviano de 2013 (US$ 24.7 millones), el valor en cuestión
sería de 29,4 veces el PIB boliviano. (El Diario)
EFECTOS
PERVERSOS DE LA MEDITERRANEIDAD EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
El injusto
enclaustramiento territorial impuesto a Bolivia tras la invasión chilena en
1879 dejó a Bolivia sin los beneficios de los que gozan las naciones con
Litoral, que aprovechan entre otros. Recursos naturales, la riqueza marítima
por su cualidad costera. Esta situación influye en el desarrollo que, según
Naciones Unidas, afecta a 48 países en el planeta.
Las mayores
implicaciones resultan en el uso de la fuerza y la vulneración de los derechos
universales de los pueblos a su desarrollo en todos los ámbitos que ese
concepto conlleva.
COMPETITIVIDAD
El país ocupa los últimos lugares en las evaluaciones regionales y mundiales sobre la competitividad económica. El sociólogo orureño René Zabaleta Mercado decía en su libro 50 Años de Historia de Ediciones Paulinas, que durante el medio siglo posterior a 1950, Bolivia creció menos del uno por ciento en su producto per cápita (por persona).
El país ocupa los últimos lugares en las evaluaciones regionales y mundiales sobre la competitividad económica. El sociólogo orureño René Zabaleta Mercado decía en su libro 50 Años de Historia de Ediciones Paulinas, que durante el medio siglo posterior a 1950, Bolivia creció menos del uno por ciento en su producto per cápita (por persona).
AISLAMIENTO
Los economistas Germán Molina y Darío Monasterio señalaron, por separado, que Bolivia no explota los recursos renovables del mar desde 1879, lo que resta aún más sus posibilidades de crecimiento económico y su vinculación directa con los centros mundiales del comercio internacional.
Los economistas Germán Molina y Darío Monasterio señalaron, por separado, que Bolivia no explota los recursos renovables del mar desde 1879, lo que resta aún más sus posibilidades de crecimiento económico y su vinculación directa con los centros mundiales del comercio internacional.
Molina se
refirió a los efectos económicos que causa al país la mediterraneidad, por
falta de acceso soberano al mar y los costos que implica el desarrollo de su
comercio exterior, cuyos beneficios por los servicios portuarios y el
transporte de carga favorecen las arcas del Estado chileno.
LIMITANTES
Ambos economistas coincidieron que los prolongados paros de los operadores portuarios atentan la economía nacional porque vulneran lo establecido en el Tratado de 1904 sobre el principio consagrado del libre tránsito, lo que representa otra limitante al crecimiento económico del país.
Ambos economistas coincidieron que los prolongados paros de los operadores portuarios atentan la economía nacional porque vulneran lo establecido en el Tratado de 1904 sobre el principio consagrado del libre tránsito, lo que representa otra limitante al crecimiento económico del país.
Tanto Molina
como Monasterio citaron estudios elaborados por el economista de la Universidad
de Harvard, Estados Unidos, Jeffrey Sachs, quien abordó el tema de los costos
de la accidentada topografía del país y la falta de acceso soberano a las
costas. Según Sachs, los países mediterráneos, dejan de crecer por esas
razones, 0,7 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).
DESARROLLO
Molina explicó que si el país contará con acceso al mar, el crecimiento aumentaría en esa misma proporción, es decir si, por ejemplo, el 2015 Bolivia creció 5 por ciento, debería crecer 5,7 por ciento.
Molina explicó que si el país contará con acceso al mar, el crecimiento aumentaría en esa misma proporción, es decir si, por ejemplo, el 2015 Bolivia creció 5 por ciento, debería crecer 5,7 por ciento.
Monasterio
citó otro documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal), sobre el costo de las importaciones y exportaciones que inciden en el
valor total de la producción. El mismo concluye que la ubicación geográfica es
importante para el desempeño de la productividad, especialmente en países sin
litoral.
VENTAJA
COMPARATIVA
A guisa de
ejemplo, Estados Unidos tendría una ventaja comparativa de 71 por ciento, con
relación al comercio exterior de Bolivia, debido a su ubicación geográfica y su
acceso bioceánico. El estudio del organismo de Naciones Unidas, trata sobre el
costo que tienen las exportaciones sobre el Producto Interno Bruto (PIB), que,
en el caso de Bolivia es alto, debido a que no tiene acceso al mar.
LA REGIÓN
Pero no sólo
Estados Unidos mantiene una ventaja sobre Bolivia, sino también, Brasil con 47
por ciento; países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) 40 por ciento;
Argentina 32 por ciento. Chile (29 por ciento) y Paraguay también tiene ventaja
sobre Bolivia. Si bien este último tampoco tiene acceso soberano al mar, pero
sí un mejor acceso a la Hidrovía Paraguay – Paraná. Monasterio explicó que una
economía utiliza muchas variables para facilitar su relación comercial con el
mundo, pero que la mediterraneidad, resulta una de las barreras de mayor
impacto en el desarrollo de los pueblos.
BOLIVIA Y CHILE PASARON DE BUSCAR CONFIANZA A RECLAMAR
‘BUENA FE’
El monumento
del combate de Calama está a unos 200 metros del puente Topáter, un sitio
emblemático para la historiografía de Bolivia, pues allí cayó Eduardo Abaroa
junto con otros héroes civiles en su intento por detener la invasión chilena
que había comenzado el 14 de febrero de 1879 en Antofagasta.
Justamente en
ese sitio, el 10 de abril de 2007, militares de Bolivia y Chile protagonizaron
un inédito homenaje al boliviano Abaroa y a los héroes que cayeron en esa
contienda bélica, justamente el 23 de marzo de 1879. Este hito marcó el punto
más alto del desarrollo de la denominada agenda de los 13 puntos que tenía que
ver con la recuperación mutua de la confianza.
Casi nueve años
después, La Razón llegó hasta este sitio, el 7 de marzo. En el lugar ya no está
la plaqueta recordatoria que descubrieron los ministros de Defensa, Walker San
Miguel (Bolivia) y José Goñi (Chile), en ocasión del inédito acto que incluyó
un desfile.
En el zócalo
del obelisco hay una sola plaqueta en la que se lee un texto general: “Guerra
del Pacífico 1879-1883. Combate de Topáter, 23 de marzo de 1879. Durante la
campaña de Antofagasta, de febrero a octubre de 1879, fuerzas chilenas, con la
misión de ocupar Calama, combatieron y vencieron aquí a tropas bolivianas”.
Tras este
homenaje, que incluyó un desfile militar, altos jefes militares de Bolivia y
Chile intercambiaron visitas y gestos de amistad, mientras, en el ámbito
diplomático, los vicecancilleres avanzaron por lo menos un año más hasta firmar
el acta en la que se encomendaron los estudios técnicos para atender el pedido
boliviano de un acceso al mar, útil y viable. Las conversaciones se prolongaron
hasta los primeros meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera
(2010-2014). El canciller David Choquehuanca asegura que a fines de 2010, Chile
interrumpió unilateralmente las conversaciones luego de haberse comprometido a
presentar una propuesta.
El jefe de la
diplomacia boliviana recuerda que justo a fines de 2010 se produjo la inédita
visita de un canciller de Chile a Bolivia. En efecto, Alfredo Moreno visitó en
esos días La Paz, pero no se avanzó en las propuestas sobre las que se conversó
entre 2006 y 2008.
LITIGIO.
Durante los siguientes dos años, Bolivia preparó la demanda internacional
contra Chile, la que finalmente fue entregada en La Haya. En abril de 2013, el
país reclamó un fallo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que este
tribunal declare que Chile tiene la obligación de negociar “de buena fe” una
salida soberana al mar, sobre la base de propuestas realizadas en anteriores
conversaciones.
“Los 13 puntos
han quedado en el papel, ni un tema de los 13 puntos ha avanzado (…). En la
primera gestión (de Michelle Bachelet) hemos socializado (el documento), espero
que ahora sea para desarrollar y aterrizar en soluciones concretas a los 13 puntos”,
declaró el presidente Evo Morales el 11 de marzo de 2014, en Santiago de Chile,
en un conversatorio organizado por la Fundación Progresa al que acudieron,
además de periodistas, intelectuales de izquierda y congresistas. El Presidente
llegó ese día a la capital chilena para participar de los actos de la segunda
investidura de la mandataria Michelle Bachelet, quien —luego del primer proceso
de diálogo— asumió el proceso legal planteado por Bolivia. En septiembre de
2015, la demanda venció la objeción preliminar a la que apeló Santiago.
En este nuevo
escenario, el agente de Chile ante la CIJ, José Miguel Insulza, anticipó —en
una entrevista con La Razón— que su país seguirá “en forma disciplinada, leal y
de buena fe” este litigio acatando las normas del alto tribunal internacional,
aunque “siempre dispuesto a dialogar y escuchar”. El agente, que fue secretario
general de la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que ambos países
deben buscar un escenario de respeto y cooperación debido a su vecindad. “Toda
otra opción es, a la larga, inútil. Al final del juicio, quedaremos solos
frente a frente y obligados a convivir y entendernos”, remarcó.
Las relaciones
entre Bolivia y Chile en tan solo siete años pasaron de las
inéditas señales de acercamiento militar y diplomático, negociaciones
reservadas, hasta momentos de tensión bilateral sin diálogo político, además
del juicio ante la CIJ que busca el diálogo.
LA CONSOLIDACIÓN DE LA BURGUESÍA Y LA EMBESTIDA
CAPITALISTA
Presentamos este artículo que muestra la importancia que
tuvo el conflicto marítimo en las características que adquirieron los estados
nacionales involucrados, así como en un factor de suma importancia para la
penetración del capital imperialista en la región.
La Izquierda Diaria de Argentina (www.laizquierdadiario.com)
El 14 de
febrero de 1879 el ejército chileno ocupaba Antofagasta, y, a un poco más de un
mes, el 18 de marzo, Bolivia declaraba la guerra a Chile, suspendiendo el
comercio y las comunicaciones, y embargando todos sus bienes, propiedades e
inversiones. Un poco más tarde, el 5 de abril, Chile declaraba la guerra a Perú
y Bolivia.
Si bien la
ocupación chilena se dio en respuesta al impuesto que se hacía a las empresas
chilenas e inglesas de 10 centavos por quintal de salitre exportado desde
territorio boliviano, y al tratado secreto de Alianza defensiva firmado por
Bolivia y Perú que transgredía el tratado de Bolivia con Chile de 1874, en
esencia la causa substancial de la guerra fue el control de las riquezas
salitreras de Antofagasta y Tarapacá.
La guerra antes
de la guerra: la colonización del litoral
El contexto en
el que se va a gestar la guerra entre estos tres países, hay que ubicarlo en
los marcos de la primera gran crisis del sistema capitalista de 1873, que
afectó a nivel mundial a los sectores agrícolas, industriales y financieros. En
el caso de los países de Sudamérica, el efecto que produjo la crisis en la
economía de países como Chile, Perú, y, en menor proporción, Bolivia, fue una
suerte de depresión entre los años de 1876 a 1879, que tuvo como correlato la
guerra de rapiña que generaron las burguesías de estos países.
En la década de
los años 60 y 70, las empresas mineras bolivianas empezaron a tener un
crecimiento significativo en su producción debido a la demanda mundial de los
minerales. Esta situación generó tres hechos relevantes: impulsó la
modernización de la explotación de los minerales con la introducción de
tecnologías modernas; provocó la inversión de capitales nativos e
internacionales, sobre todo en la explotación de minerales y el salitre en el
litoral; y generó una elite minera en la zona del altiplano preservada para los
capitales bolivianos: Pacheco, Aramayo y Arce, que en las décadas posteriores
asumirían las riendas del poder en Bolivia.
Al concentrarse
la explotación minera en la zona del altiplano, los yacimientos de Antofagasta
quedaron fuera de los intereses de la burguesía boliviana, debido a que eran
poco accesibles y porque se hacía difícil competir con los capitales chilenos y
peruanos, que era mejor tenerlos como socios.
Esta
incapacidad para explotar los recursos del litoral, hizo que los gobiernos de
turno dieran todas las facilidades para que el control de la zona de Mejillones
y Caracoles esté en manos de capitales ingleses y chilenos. Es así que en 1866
el gobierno de Melgarejo concedió a la Sociedad Exploradora del Desierto de
Atacama, la concesión especial de 15 años para la explotación y la libre
exportación del salitre; es más, años más tarde se ampliaron los beneficios a
los inversionistas chilenos al conceder la mitad de las participaciones en los
derechos de exportación, no sólo de los metales propiamente dichos, sino
también del bórax, sulfatos y demás sustancias inorgánicas.
En palabras de
Luis Vitale [1],
“El proceso de penetración de la burguesía chilena en esta zona boliviana
adquirió características de colonización no sólo económica, sino también
política al lograr los chilenos ser designados para ocupar cargos en las
municipalidades bolivianas”, una muestra más del dominio económico de Chile
sobre Bolivia está relacionado con “El Banco Nacional de Bolivia, íntimamente
relacionado con las operaciones salitreras de las casas financieras de
Valparaíso controladas por Edwards, abrió sucursales en Cobija y Antofagasta en
enero de 1873. Hacia 1876 se había convertido en el banco más poderoso de
Bolivia. El segundo banco de importancia era el Banco Boliviano controlado por
el súbdito inglés Enrique Meiggs, vinculado también a las actividades mineras
ya los grupos financieros de Chile". A esto se suma el hecho de que en el
año de 1876 la población chilena que habitaba Antofagasta era cuatro veces
mayor que la boliviana. Dos años después la diferencia se hizo aún más
considerable: la población chilena se incrementó seis veces más que la
población boliviana (6,554 y 1,226 respectivamente. Fuente: Historia de Bolivia:
Herbert S. Klein). Con todos estos antecedentes, prácticamente esta provincia
se había convertido en una semicolonia de Chile.
Si bien
Antofagasta representaba en los hechos un territorio anexado, por lo mismo,
Bolivia no representaba una amenaza a sus intereses económicos y a las grandes
inversiones hechas por los capitales chilenos e ingleses; si lo era el vecino
país del Perú que tenía grandes intereses económicos en la región, pues, al
igual que Chile, también se benefició de acuerdos con Bolivia: se importaron
manufacturas peruanas sin restricción alguna, los puertos bolivianos sirvieron
para la exportación de minerales sin pagar impuesto alguno y se estableció un
convenio de libre comercio que destruyó los aranceles proteccionistas de
Bolivia. En conclusión, el comercio, los bancos, los yacimientos de plata y las
riquezas de guano y salitre de Bolivia eran controlados por los grandes
capitales chilenos y peruanos.
Sin embargo, el
proceso de expansión de los capitales chilenos e ingleses se vio amenazado por
las políticas salitreras de los gobiernos peruanos de entonces. En 1873 el
gobierno del presidente Pardo estableció un decreto por el cual se establecían
estancos de salitre que obligaba a los productores vender su producción al
Estado. Está medida provocó una serie de protestas de parte de los empresarios
peruanos como de los empresarios chilenos ya que les arrebata el monopolio de
las ventas de salitre al mercado mundial. Esta medida no solamente afectaba los
intereses de los empresarios del salitre, sino que puso en peligro la
supremacía portuaria de Valparaíso en el pacífico sur, pues la intención del
gobierno peruano era convertir al puerto de Iquique en el distribuidor de la
producción de los estancos al mercado mundial. Ante el sabotaje de los
empresarios chilenos y extranjeros, el gobierno de Pardo promulgó en 1875 la
nacionalización de las salitreras que se encontraban en manos extranjeras y
nacionales, lo que representó una de las razones esenciales para que la
burguesía chilena presione al gobierno de Pinto para que declare la guerra al
Perú.
Pese a las
medidas de nacionalización que no lograron prosperar por el boicot de la
burguesía peruana y de los inversionistas extranjeros, la crisis económica
peruana de 1878 se hizo insostenible. Bolivia fue de los tres países el que más
sintió la crisis económica, pues al ser un país atrasado y dependiente de los
capitales peruanos y chilenos, tuvo menos margen de maniobrabilidad económica
para manejar su crisis.
En el caso chileno la crisis económica mundial generó consecuencias económicas, sociales y políticas que se manifestaron en la urgencia de avivar la guerra, pues la burguesía chilena tenía claro que la conquista de los territorios de Antofagasta y Tarapacá, era la mejor respuesta para superar su crisis económica.
En el caso chileno la crisis económica mundial generó consecuencias económicas, sociales y políticas que se manifestaron en la urgencia de avivar la guerra, pues la burguesía chilena tenía claro que la conquista de los territorios de Antofagasta y Tarapacá, era la mejor respuesta para superar su crisis económica.
Como expresa
Luis Vitale, “Perú y Bolivia atravesaban por una crisis económica de estructura
agravada por la crisis coyuntural de 1875-78. Sus clases dominantes entraron a
la guerra no sólo para defender las riquezas salitreras amenazados por la
burguesía chilena, sino también esperanzadas en que un resultado favorable les
permitiría remontar la grave crisis económica y afianzar sus posiciones en el
orden latinoamericano”.
La guerra
dentro de la guerra: La apropiación de las tierras comunitarias
La guerra no
solamente fue externa: contra el enemigo peruano, el enemigo chileno o el
enemigo boliviano; sino que se dio, también, contra el enemigo interno: el
campesino, el obrero, el cholo, el roto [2],
el mapuche y el indio.
Tanto en Chile
como en Bolivia y Perú, la apropiación de las tierras indígenas por parte de
las burguesías terratenientes representó una guerra interna que se desarrolló
antes y durante la guerra del pacífico. Coincidentemente en estos países se
obligó a los pueblos indígenas a vender sus tierras con el propósito colonizar las
tierras más fértiles y aptas para agricultura privada, y al mismo tiempo, para
liquidar la propiedad comunitaria.
En Bolivia, en
los años 60 y 70, se establecieron decretos de confiscación de la propiedad de
las tierras comunitarias en favor del estado boliviano, las que estando en
manos del estado fueron subastadas en su mayoría a la burguesía terrateniente.
Bajo estas mismas leyes (Ley de Exvinculación de 1874), en los años 80 y en
plena guerra, la demanda de tierras aumentó a gran escala y por lo mismo su
expropiación, “se impuso a las comunidades (con) un sistema de compra directa
de la tierra en el que los títulos de propiedad correspondían a los individuos
y no a la comunidad. La creación forzada de un campesinado indio individualista
con títulos de iure, permitió a los hacendados quebrar el control de facto de
las comunidades mediante la compra de unas parcelas, destruyendo así la
cohesión comunitaria. El resto fue fácil: bastó combinar el fraude y la fuerza
con la simple compra; pronto se produjo una considerable expansión de las
haciendas en las tierras altas y valles adyacentes. Fue la segunda gran época
dorada de la hacienda” [3].
Frente a estos
abusos, las rebeliones de los pueblos indígenas se hicieron presentes. En
Bolivia las protestas indígenas fueron tan violentas y sangrientas que lograron
frenar el proceso de confiscación de las tierras. En Chile, los mapuches
aprovecharon la guerra para sublevarse y luchar por la recuperación de sus
tierras. Sin embargo, fueron aplastados militarmente por las burguesías
chilenas y argentinas en 1882, lo que consolido definitivamente la expropiación
de sus tierras y su casi exterminio como pueblo.
Como señala
Vicente Mellado [4]
, ““La clase burguesa terrateniente chilena del siglo XIX fue la constructora
de esa “identidad nacional”. Los patrones de fundo, ligados a la banca, la
industria y la minería despreciaban el comportamiento social del “roto” chileno
(en la ciudad) y el “huaso” (en el campo). Les llamaban “borrachos”, “flojos”,
“sucios”, “sin dios ni ley”, “huachos”, “gañanes” y “chinitos”. (…) Desde ese
momento la burguesía chilena le tuvo “cariño” al roto y al huaso. Pero solo si
iba a la guerra. En Chile, el roto era encarcelado, maltratado y marginado del
acceso al trabajo bien remunerado y la educación. La mejor solución a esto es
que se hubiesen quedado en el país vecino para no molestar a las familias
acaudaladas. Pero los empresarios chilenos los necesitaban para sobrevivir.
Eran su fuerza de trabajo””.
Lo mismo se
decía del cholo peruano: “borracho”, “flojo”, “sucio” e “ignorante”. Sin
embargo, son ellos los que fueron a la guerra a morir, quienes resistieron en
los andes peruanos ante la invasión chilena. “La prolongada guerra de
resistencia -cuenta Luis Vitale- tuvo una fuerte base de sustentación social en
la movilización indígena. No lucharon contra el Ejército chileno por ‘amor a la
patria’, sino que aprovecharon la disputa entre blancos para rebelarse, así
como lo hicieron los mapuches, en pos de la recuperación de sus tierras. (…)
Los levantamientos indígenas y las luchas de los guerrilleros rebasaron los
objetivos fijados por la burguesía peruana en la guerra de resistencia. La clase
dominante de Perú llegó a temer más a los quechuas y montoneros que al propio
ejército chileno porque éste, en última instancia, garantizaba la supervivencia
de la propiedad privada e impedía la ’anarquía’ social. En una convención de
fines de 1882, en la que se aprobó el inicio de las negociaciones de paz con
Chile, los representantes de la burguesía peruana declararon fuera de la ley a
los montoneros.”
La guerra
después de la guerra: la consolidación de la burguesía
La guerra del
pacífico terminó en 1883 con el triunfo de Chile. Sin embargo, fueron los
capitales ingleses y norteamericanos quienes al final de la guerra fueron los
grandes vencedores de esta contienda, pues les permitió fortalecer sus
objetivos de penetración y control económico en la región.
Después de la
guerra, a partir de 1884, se abrió en Bolivia la era de gobiernos civiles,
oligárquicos y conservadores que duró hasta 1899. En este periodo se logró
consolidar una burguesía minera y terrateniente, que dará origen a los grandes
barones de la plata y el estaño, así como a los grandes latifundios: se va a
iniciar la colonización de los territorios cruceños y se van a arrebatar a las
comunidades indígenas de sus tierras en favor de los hacendados y, por lo
mismo, se va a instaurar un sistema de pongueaje [5]
que provocará una gran migración del campo a la ciudad. En 1899, como resultado
de la derrota en la guerra y la evidencia del carácter extremadamente débil y
“gelatinoso” del Estado, se iniciará un nuevo ciclo de acumulación capitalista
basado en la producción del estaño que dará inicio a la guerra civil federal
por el control del Estado entre liberales y conservadores que a la postre
abrirá paso a gobiernos liberales y militares. En este mismo periodo y como
resultado de la dislocación estatal provocada por la guerra federal, se darán
luchas campesinas que terminarán en masacres, como los levantamientos armados
de Mohosa y Ayo Ayo, y el proyecto fallido de un gobierno indígena autónomo en
Peñas luego del levantamiento de Zarate Willka.
La situación
chilena fue diferente de la boliviana, mientras en Bolivia se tiene como
resultado de la guerra el colapso del Estado manifestándose en una guerra
civil, en el caso Chileno, surge un Estado fuerte que va a marcar la historia
contemporanea chilena. Sin embargo, el gran territorio del norte conquistado
por capitales chilenos, se transformará en menos de una década en una cuasi
factoría inglesa: en 1875 de tener el control del 15% de las salitreras, pasará
en 1884 a controlar el 70%. A partir de ese momento los capitales ingleses
tendrán el control del ferrocarril del norte, se apoderarán de empresas
relacionadas a la explotación de la plata y el cobre, de bancos, de empresas
agropecuarias y de las principales casas importadoras. Pese a los intentos del
gobierno de José Manuel Balmaceda de nacionalizar los grandes negocios de los
capitales ingleses y de la burguesía exportadora y criolla, está se afianzará
mucho más tras el triunfo de La guerra civil de 1891. Lo que sí está claro, es
que, para afianzar el poder de los capitales chilenos y extranjeros, mucha
sangre obrera y campesina tuvo que correr. En 1888 se dieron diversas huelgas,
especialmente de los ferroviarios, gráficos y planificadores. “El movimiento
huelguístico alcanzó su punto máximo en la huelga general de 1890; comenzó en
el norte y se extendió hasta Concepción. Sus motivos fueron aumento de salarios
y su pago en moneda de plata en lugar de papel moneda para contrarrestar la
inflación. Los lancheros de Iquique iniciaron la huelga el 2 de julio; poco
después se extendía a Tarapacá, abarcando a 100.000 obreros, quienes
expropiaron las pulperías y cortaron las vías del ferrocarril de Iquique para
impedir la llegada de las tropas. El 11 de julio estalló el paro de
Antofagasta, concentrándose solamente en la ciudad más de 3.000 huelguistas,
quienes fueron reprimidos por el Ejército, registrándose numerosos muertos y
heridos. El 21 de julio comenzó la huelga Valparaíso, siendo liderada por los
obreros de la Compañía Sudamericana de Vapores. El Ejército consumó una nueva
masacre: 12 muertos y 500 heridos” (Interpretación Marxista de la Historia de
Chile IV, Luis Vitale).
Tras la derrota
peruana en la guerra del pacífico, se establecieron durante diez años gobiernos
militares que garantizaron la recuperación de la burguesía y los
terratenientes, pues, a pesar que los caudillos militares gobernaron durante
una década, fueron la burguesía y los terratenientes quienes tuvieron el
dominio pleno del estado. “Sobre estas bases se inauguró un proceso
caracterizado por una relativa estabilidad política: los grandes comerciantes y
terratenientes exportadores prestaron su concurso a los militares en la medida
que no contaban aún con los medios para embarcarse en una empresa política
autónoma y, además, porque el mantenimiento de la paz social facilitaba el restablecimiento
de la estructura productiva del país y de la clase. Diez años más tarde ese
mismo sector estaría en condiciones de librarse de los caudillos y tomar el
poder en su propio beneficio” [6].
Durante el gobierno militar de Cáceres, como forma de asumir la deuda generada
por la guerra, se entregó el aparato productivo y el transporte a los capitales
ingleses: explotación del ferrocarril durante 66 años, entrega de tres millones
de toneladas de guano, concesión de dos millones de hectáreas en la selva,
pagos anuales durante 33 años de 80,000 libras. Tras la guerra civil de 1895,
el gobierno de Nicolás de Pierola, que tuvo en sus inicios el soporte de la
clase proletaria, favoreció los intereses de la burguesía y del capital
extranjero, iniciando la “República aristocrática” sobre la base de la
institucionalización del poder burgués con la formación de instituciones como
la Sociedad nacional de agricultura, minería e industria. Para garantizar los
negocios de la burguesía, de los terratenientes y los capitales extranjeros, el
gobierno de Piérola no solamente les dio todas las concesiones posibles, sino
que aplastó con violencia, como lo hicieron los militares después de la guerra,
las huelgas que se dieron durante su mandato por aumentos salariales y
reducción de las horas de trabajo.
A manera de
conclusión
La guerra del
pacífico o la guerra del salitre, no fue una guerra que benefició al hombre y a
la mujer de a pie, sino que fue una guerra que favoreció, no solamente a los
intereses de las burguesías criollas, sino también a los intereses del
imperialismo. Después de más de un siglo, la guerra sigue presente en el
imaginario de los trabajadores y el pueblo, pues la burguesía chilena, peruana
y boliviana, siguen usando los problemas limítrofes como un gran argumento para
alentar políticas nacionalistas y discursos chauvinistas que postergan los
intereses de la clase trabajadora en favor de los proyectos hegemónicos de la
clase dominante. En este sentido, el fallo de la Corte Internacional de
Justicia de la Haya, no ha hecho otra cosa que relegitimar el rol de las
oficinas y organismos imperialistas como reguladores y arbitros de la vida de
los diversos Estados del Pacifico, y a sus empresarios y gobiernos
capitalistas.
El conocimiento
profundo de las razones que originaron la guerra, permitirá a los trabajadores,
a los campesinos, a los indígenas y a los pobres de estos tres países entender
que el enemigo no es el obrero o el campesino boliviano, chileno o peruano,
sino la burguesía capitalista que parasita el desarrollo en cada uno de estos
países. Luchar por una solución común frente a la miseria, la explotación y la
opresión, va a tener respuesta en la unidad de los trabajadores, campesinos e
indígenas de Bolivia, Chile y Perú; sólo unidos en un espíritu de lucha de
liberación contra las burguesías respectivas y el imperialismo, puede abrir el
camino a una genuina solución al problema marítimo boliviano y ser un poderoso
motor para la lucha revolucionaria por la Confederación de Repúblicas Obreras
del Pacífico – CROP, en el camino de forjar la Federación de Republicas
Socialistas de América Latina.
ASCANIO CAVALLO: “BOLIVIA NUNCA HA DICHO LO QUE QUIERE
REALMENTE DE CHILE”
El encargado de la estrategia comunicacional de Chile
ante La Haya dijo que Evo Morales "hace una puesta en escena en torno a su
vestuario y forma de hablar".
Tele Trece de Chile (www.t13.cl)
El encargado de
la estrategia comunicacional de Chile ante la demanda boliviana en La Haya,
Ascanio Cavallo, conversó con Tele13 Radio en las vísperas de la celebración
del "Día del mar" en el país altiplánico. En la conmemoración Bolivia
recuerda la pérdida de cerca de 400 kilómetros de costa durante la Guerra del
Pacífico.
Cavallo indicó
que "hasta ahora Bolivia nunca ha dicho lo que quiere realmente de
Chile. Si analizas el discurso público desde el himno del mar donde se reivindica
la región de Antofagasta, hasta los más moderados que hablan de que alguna se
vez se discutió un corredor. La variedad es infinita no hay petición precisa
sobre Chile".
En este
sentido, agregó que "cada vez que Chile ha ofrecido algo, Bolivia ha pedido
el triple. Ha habido un juego de gato y ratón muy asburdo, porque se dice que
Chile ofece el mínimo y Bolivia pide el máximo. Estamos lejos de una solución
si la conducta se mueve en esos márgenes imaginarios".
Comentarios
sobre Morales
Otro aspecto abordado
por Ascanio Cavallo fueron sus dichos sobre Evo Morales, en el diario El País de que el Presidente de Bolivia "no es más
indígena que cualquier chileno".
El periodista
señaló que "en el caso de Evo lo que pasa es que se hace una puesta
en escena como el vestuario, la forma de hablar. Cuando bien sabemos que no
habla quechua, no habla aimara, su origen es el sindicalismos cocalero, no es
el movimiento indígena".
En este
sentido, precisó que "no he querido decir que los movimientos
indígenas no estén con el. Para eso se ha asegurado que el canciller sea David
Choquehuanca".
EDITORIAL. LOS 137 AÑOS DE CALAMA CHILENA
El Mercurio de Calama (www.mercuriocalama.cl)
Sólo entrado el
siglo XXI Calama ha logrado convertirse en una verdadera ciudad y con muchas
tareas pendientes. Se requiere rescatar el valor de la tierra, la que destacan
las comunidades originarias para poder preservarla en el tiempo y que sea una
herencia digna para las nuevas generaciones.
Calama cuyo
significado en la lengua kunza sería "ciudad en medio del agua" o
"lugar donde las perdices abundan", celebra hoy 137 años desde que se
viera enfrentada a una batalla en el Vado de Topáter donde un grupo de civiles
y militares bolivianos resistieron a las tropas chilenas que habían
desembarcado un mes antes en el puerto de Antofagasta y con una escala en el
mineral de Caracoles, ingresaron a estas tierras luego que el vecino país se
declarara en estado de guerra contra Chile el día 1 de marzo.
Sus inicios
fueron de abandono, porque debieron pasar nueve años para que el gobierno
chileno decidiera en octubre de 1888 crear la Ilustre Municipalidad de Calama
bajo el gobierno del estadista José Manuel Balmaceda, periodo en que se
instalaba en Chuquicamata la primera faena industrial en el sector.
Desde allí en
adelante, la ciudad de Calama marcó un lento avance, ya que fue una zona
netamente agrícola y que tuvo un desarrollo comercial pequeño para abastecer
las necesidades los mineros de Chuquicamata.
Recién en el
siglo XX fue adquiriendo un mayor crecimiento por la expansión minera, por ser
el punto de llegada para los turistas que van a San Pedro y por su conectividad
que logró un despegue con la creación del Paso Jama, que abrió los mercados
hacia el sudeste americano.
Pero ha sido el
actual siglo el que ha permitido una mayor consolidación de la ciudad, con un
gran centro comercial, con hoteles de primer nivel, con un aeropuerto
internacional, próximamente con un moderno Hospital y un terminal de buses.
Pero más allá
del crecimiento y progreso, aún queda por potenciar su desarrollo educativo y
cultural, faltando liderazgos más sobresalientes y representantes de la
comunidad más empoderados de la realidad local; junto con poner en mayor
énfasis en las raíces y la cultura propia de la zona para que trasciendan los
valores y forma de vida que podrían generar más arraigo e identidad de la
comunidad que aquí vive.
Creemos que
Calama todavía puede aprovechar más sus potenciales en beneficio de su propia
gente y para hacerla una mejor ciudad.
CHILE DICE QUE DEMANDA DE BOLIVIA ANTE LA CIJ NO TIENE
PISO
El Colombiano (www.elcolombiano.com)
El canciller
chileno, Heraldo Muñoz, consideró la demanda que interpuso Bolivia ante la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por un acceso soberano al
Pacífico como un recurso “sin asidero político, jurídico e histórico”.
“Estamos muy
tranquilos, porque nuestro trabajo avanza bien. Estamos seguros que vamos a
tener una contramemoria contundente, que establezca la verdad histórica y
responda a cada uno de los puntos de la demanda”, dijo Muñoz en rueda de
prensa.
Agregó que “es
necesario explicar esta dimensión histórica para que se conozca la verdad y no
las distorsiones que hemos escuchado”.
El jefe de la
diplomacia chilena habló sobre la reunión que sostuvo con el agente de Chile
ante La Haya, José Miguel Insulza, para “detallar líneas” y entregar
directrices para el encuentro que presidirá Insulza esta semana en París con el
equipo jurídico que defiende al país austral ante la CIJ.
Video
En la sede de
la Cancillería, el ministro exhibió un vídeo tipo documental preparado por el
ministerio para “informar a la comunidad internacional sobre lo mucho que hace
Chile para permitir no sólo el acceso al mar a Bolivia, sino a la educación e
integración”.
“Es necesario
que se dejen de lado los mitos y las ofensas, y que se mire la realidad de
nuestros pueblos. Por eso insistimos en mirar al futuro, eso queremos y no
demandas que miren al pasado”, expresó Muñoz.
Agregó que con
esta pieza audiovisual, que será compartida por las redes sociales, “mostramos
que la vida en las fronteras de nuestro país no tiene nada que ver con las
agresiones y ofensas verbales a las que estamos acostumbrados hace ya un
tiempo”.
En la misma
línea, el ministro aseguró que el país suramericano está “dispuesto a trabajar
en conjunto en aquellas áreas donde tenemos ideas comunes”, sin embargo, “no
dejaremos de lado nuestros intereses”.
En relación al
discurso que Evo Morales dará hoy en la conmemoración andina del llamado “Día
del Mar”, Muñoz expresó que “estaremos atentos a estos dichos a los que el
gobierno boliviano nos tiene acostumbrados”.
Agregó que
“esperamos moderación en el lenguaje y también respeto”.
Bolivia desea
un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que obligue a
Chile a negociar de buena fe la restitución de una salida soberana al mar que
el país altiplano perdió contra su vecino en la Guerra del Pacífico entre los
años 1879 y 1883
SINDICATOS CAMPESINOS DE BOLIVIA TEMEN POR LA SALUD DE LA
DEMOCRACIA
Sputnik News de Rusia (www.mundo.sputniknews.com)
Las organizaciones sindicales de Bolivia advierten que los partidos políticos conservadores, vinculados a intereses transnacionales, están causando daños a la democracia en ese país y en la región, dijo este martes a Sputnik Nóvosti el secretario de justicia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Rodolfo Machaca.
"En estos
momentos estamos viviendo una coyuntura muy complicada, una guerra entre
políticos que complica la salud de la democracia, la salud del país y de la
región", dijo el dirigente sindical, uno de los más destacados del
denominado Pacto de Unidad que aglutina a las organizaciones indígenas y
campesinas que respaldan al Gobierno del presidente Evo Morales.
Las
organizaciones sindicales, dirigidas por la Central Obrera Boliviana (COB), han
convocado para el próximo 2 de abril a una reunión nacional con el presidente
para evaluar los diez años de gestión gubernamental y definir estrategias
políticas con miras al 2020.
El evento se
realizará en la ciudad de Cochabamba (centro).
Machaca explicó
a esta agencia que en durante el encuentro nacional se evaluará la coyuntura
política y económica, tanto nacional como latinoamericana.
Recordó que los
partidos políticos conservadores tradicionalmente han expresado el interés de
poderosos grupos vinculados a la industria de los alimentos, la banca y la
producción de armas, quienes buscan generar "un abanico de problemas"
en los países de la región.
"En estos
años en Bolivia los recursos naturales han estado en manos del soberano, se
está haciendo respetar la soberanía del país, pero los partidos de oposición al
presidente Morales están induciendo a entrar a una guerra interna con
acusaciones para desgastar la imagen del presidente y del orden
democrático", señaló Machaca.
Tras los
resultados adversos del Referendo constitucional del 21 de febrero, donde la
mayoría de los bolivianos rechazó la reelección de Morales para la gestión
2020-2025, el Gobierno y las organizaciones sindicales buscar volver a
articular sus fuerzas para encarar los próximos cuatro años de gestión.
Las
organizaciones sindicales son consideradas como la base social más importante
de Morales, quien gobierna Bolivia desde el 2006.
COMPAÑÍA BOLIVIANA VENEZOLANA FRACASA BUSCANDO CRUDO EN
EL OESTE DE BOLIVIA
La empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB) confirmó hoy en un comunicado que las operaciones de perforación
exploratoria en el pozo Lliquimuni C X-1, situado en el departamento de La Paz,
han culminado sin encontrar volúmenes comerciales.
El Nacional de Venezuela (www.el-nacional.com)
La petrolera
YPFB Petroandina, participada por la boliviana YPFB (60 %) y la venezolana
Pdvsa (40 %), fracasó en su búsqueda de volúmenes comerciales de crudo y gas
natural en el pozo Lliquimuni (oeste), proyecto sobre el que el presidente
boliviano, Evo Morales, siempre expresó mucho optimismo.
La empresa
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó hoy en un
comunicado que las operaciones de perforación exploratoria en el pozo
Lliquimuni C X-1, situado en el departamento de La Paz, han culminado sin encontrar
volúmenes comerciales.
El presidente
de la petrolera YPFB, Guillermo Achá, señaló en el pronunciamiento de la
empresa que el área de exploración de Lliquimuni "registra la presencia de
volúmenes de hidrocarburos que lamentablemente se encuentran en cantidades no
comerciales".
La perforación
y las operaciones en Lliquimuni duraron más de 440 días y llegaron a una
profundidad de 4.562 metros, mil metros más de lo proyectado inicialmente.
Achá dijo, sin
embargo, que el trabajo en Lliquimuni obtuvo datos de "gran valor técnico
puesto que verifican la existencia de un sistema petrolero activo en el
área", por lo que anunció nuevos estudios y la posibilidad de pensar a
futuro en un nuevo pozo.
El presidente
Morales expresó varias veces su optimismo sobre el trabajo exploratorio en esa
distante región con la esperanza de descubrir crudo para impulsar el desarrollo
de la región de La Paz.
Las
expectativas fueron alentadas por estudios preliminares iniciales que en 2011
hablaban de la posibilidad de hallar unos 50 millones barriles de crudo y 1
billón de pies cúbicos de gas.
Las inversiones
fueron hechas por Petroandina, una empresa creada por Bolivia y Venezuela en
2007, en el contexto de la alianza entre Morales y su entonces homólogo
venezolano Hugo Chávez.
Hasta 2013 la
inversión reconocida por la empresa en Lliquimuni era de 151 millones de
dólares, pero la prensa publica hoy cifras mucho mayores de diferentes
inversiones en el lugar.
Además de
Lliquimuni, la empresa bolivianovenezolana Petroandina realizó trabajos de
perforación en la región de Tarija (sur) en el pozo Timboy X2, entre septiembre
de 2013 y el mismo mes de 2014, con una profundidad de 3.970 metros, según
informa su página web.
Aunque la
región está rodeada de campos ricos en gas, el pozo Timboy X2 en concreto
tampoco tuvo un hallazgo con valor comercial de hidrocarburos, según admitió en
marzo de 2015 el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, al diario
Nuevo Sur.
Cuando
Petroandina nació, el Estado le asignó una docena de áreas de trabajo en las
regiones Subandino Norte y Subandino Sur, pero de la mayoría de ellas no se ha
vuelto a hablar con la posibilidad de que sean objeto de exploraciones.
CONTINUARÁN OBRAS DEL KIRCHNERISMO
El Gobierno tiene previsto avanzar con las centrales
Kirchner y Cepernic, con el Gasoducto del Nordeste y con la central nuclear
Atucha III; importarán más gas de Bolivia
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
El gobierno de
Mauricio Macri continuará proyectos paradigmáticos del kirchnerismo en el área
energética, confirmó una fuente del Ministerio de Energía, a cargo de Juan José
Aranguren. Entre ellos, intentará avanzar con las centrales Néstor Kirchner y
Jorge Cepernic, con el Gasoducto del Nordeste Argentino (GNA) y con Atucha III.
Con respecto a
la primera iniciativa, desde la cartera que maneja Aranguren explicaron que
"el río Santa Cruz es un recurso genuino que puede ser explotado".
En este
momento, el Gobierno se encuentra revisando el convenio, que según Aranguren y
sus asesores no cumple con el marco regulatorio argentino. Cuando esté hecho
ese trabajo, definirán el futuro de las centrales, cuya construcción ganó un
consorcio integrado por la empresa cordobesa Electroingeniería, de muy buena
relación con el gobierno anterior, y firmas chinas, con financiamiento de ese país.
En tanto, está
hecho el tramo uno del GNEA, está en ejecución el segundo y el Gobierno tiene
decidido hacer el tercero. Es un ducto que traerá cada vez más gas de Bolivia.
El país del Altiplano aporta hoy unos 16 millones de metros cúbicos diarios, pero
espera aumentar esa cifra hasta los 19 millones hacia fines de año.
La gestión de
Aranguren también tiene previsto avanzar en la construcción de Atucha III, que
se convertiría en la cuarta central nuclear argentina. El gobierno anterior
había informado que la iniciativa estaba avanzada, pero no es la opinión de la
administración actual, que avanzará en la confección del proyecto ejecutivo y
la búsqueda de financiamiento.
UN MUNDO CON MENOS AGUA
El cambio climático y la población mundial en crecimiento,
ponen a los recursos hídricos contra las cuerdas. En el día internacional del
agua DW analiza la situación de este bien escaso.
DW de Alemania (www.dw.com)
El viento cubre
de arena los barcos oxidados. El silencio hace eco sobre el desierto. Ahora no
es más que un cementerio. Nada queda de la pesca en la ciudad de Moynaq en
Uzbekistán, en el Mar de Aral.
Desde finales
de la década de 1950, el lago, que una vez fue el cuarto más grande del mundo,
se ha ido consumiendo hasta el desvanecimiento. El desvío del agua a los
regadíos del “oro blanco” de Uzbekistán, el algodón, y el uso de las
instalaciones hidroeléctricas y embalses de Asia Central lo han ido mermando.
Es uno de los
mayores desastres ambientales del último medio siglo. La vida animal y vegetal
que dependía del agua ha sido erradicada. Pero éste no es un caso aislado. El
Poopó, el segundo lago más grande de Bolivia, también ha desparecido causando
estragos en la biodiversidad que contenía.
La escasez de
agua en todo el mundo es un problema que no para de crecer. Y sólo va a
empeorar, tal y como dijo Richard Connor, editor en jefe del Informe sobre el
Desarrollo Mundial del Agua 2016 (IDMA) de las Naciones Unidas.
“El agua ya
está siendo relativamente escasa”, le dijo a DW. “Las poblaciones están
creciendo y las economías se están desarrollando, por lo que la demanda de agua
sigue aumentando, pero la cantidad disponible no”.
Mayor
crecimiento, menos recursos hídricos
El uso del agua
se distribuye de la siguiente manera: más del 70 porciento del agua dulce que
se toma de los recursos naturales se utiliza en la agricultura e industria, un
15 por ciento se va en la producción de energía y el otro 5 por ciento es para
uso doméstico.
Ahora bien, si
la población crece – el IDMA prevé que para 2050 habrá 9,3 billones más de
personas que en 2011 – los recursos hídricos estarán bajo una tremenda presión.
"Los
países desarrollados son menos vulnerables porque tienen capacidad de
almacenamiento, como presas y embalses.", destacó Connor.
El mundo en
desarrollo sufrirá más el impacto. Ya hay más de 1,8 billones de personas que
sólo tienen acceso a agua no apta para el consumo humano. Según el IDMA,
incluso en zonas ricas en agua el reparto es desigual.
"El
recurso del agua está ahí, pero no llega a los campos, ni a las fábricas, ni a
las ciudades, porque se carece de infraestructura e instituciones", dijo
Connor. "Cuando hay una sequía en Etiopía, tienen problemas graves que
conducen a crisis alimentarias".
Lago Poopó en
Bolivia
La agricultura
se enfrenta a un dilema demográfico con pocas mejoras técnicas y cada vez menos
agua. "Hay enormes áreas de cultivo improductivas por la escasez de
agua," dijo a DW Jonas Jägermeyr, geógrafo del Instituto de Potsdam para
el Cambio Climático.
Mientas tanto,
el cambio climático agravará las cosas desatando fenómenos meteorológicos
extremos. Y esto tendrá su repercusión en la sociedad. “El impacto en los
medios de vida es un foco de conflicto y principalmente el acceso a la
alimentación. Ellos fueron en parte culpables de los disturbios que detonaron
la primavera árabe y el conflicto sirio”, añadió Connor.
A la caza de
soluciones
Tan solo una
mejor gestión del agua podrá ayudar a la humanidad a lidiar con el problema.
Mejores técnicas de riego, más concienciación y semillas modificadas para
necesitar menos agua, son algunas de las opciones que quedan.
Sin embargo,
cualquier cambio tendrá que ser introducido por los gobiernos y, por supuesto,
las medidas tendrán que llevarse a cabo por los agricultores y los ciudadanos
de manera individual.
¡EL AGUA ES DE TODOS!
En pleno siglo XXI, existen en el mundo más de 884
millones de personas que no tienen acceso a agua potable y más de 2 mil 600
millones carecen de acceso al saneamiento básico.
El Imparcial de México (www.imparcialoaxaca.mx)
La comunidad
internacional tardó 62 años en darse cuenta que tener agua buena y saneamiento
es un derecho humano. Cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, en 1948, éste no se contempló. En 2010, promovido por el gobierno de
Bolivia y apoyado por los gobiernos de Alemania y España y muchas
organizaciones sociales de todo el mundo, finalmente, la Organización de las
Naciones Unidas reparó el error, el tremendo error: sin agua buena y
saneamiento, la vida entera languidece.
¿Por qué
tardamos tanto? Qué ceguera la nuestra, que no percibimos que el acceso al agua
buena, es el derecho 'fundante' de todos los demás.
¿Cómo podemos
aceptar que en el siglo XXI haya más de 884 millones de personas que no tengan
acceso a agua potable y que más de 2 mil 600 millones carezcan de acceso al
saneamiento básico?
Sin agua buena
es muy difícil ejercer la libertad de expresión, de asociación.
Naciones Unidas
pone cifras a este derecho: cada persona necesita entre 50 y 100 litros de agua
al día para satisfacer sus necesidades básicas, y el costo de ese acceso no
debe superar el 3 por ciento de los ingresos de la unidad familiar. Hoy en
muchos suburbios de Yakarta (Indonesia) o de Nairobi (Kenia) los pobres pagan
de 5 a 10 veces más por el agua, que aquellos que viven en las zonas con
ingresos más altos.
Sin agua no hay
educación
Más de 443
millones de jornadas escolares se pierden en las escuelas del mundo empobrecido
porque niñas y adolescentes pasan horas y días yendo y viniendo con cubos de
agua en la cabeza o en la cadera. La urgencia del agua relega otras
prioridades, que se convierten en lujos prescindibles.
Sin agua
potable no hay desarrollo económico. No puede haber ninguna actividad económica
agroalimentaria consistente si no está resuelto el acceso al agua potable.
Sin agua
decente, la vida en su conjunto se llena de espinas. Muchas jóvenes, por
ejemplo, sufren violaciones en esas caminatas desde la vivienda a las fuentes
de agua. La distancia media que recorren las mujeres en Asia y África para
acopiar agua es de 6 km.
Mucha gente
piensa que si en un país hay personas sin acceso al agua es porque hay pobreza.
Es una verdad a medias. Hay países con recursos económicos para fabricar bombas
atómicas, por ejemplo Pakistán, sin embargo, no pueden garantizar el acceso al
agua potable y al saneamiento a toda la población.
Que las
naciones garanticen el derecho humano al agua es un asunto de prioridad en la
política pública, sin embargo esa falta de prioridad no es sólo de los
gobiernos, muchas veces la propia población no lo exige con la rotundidad
debida y da prioridad a otras reivindicaciones menos fundamentales. Entonces,
la ceguera de los gobernantes y de los gobernados caminan juntas y el camino de
los despropósitos en la política pública se alarga.
Deberíamos
hablar, en realidad, del derecho humano al saneamiento y al agua. Y es bueno
invertir la expresión común porque, o logramos que se entienda la revolución
del saneamiento o vamos a contaminar todos los acuíferos y los ríos del mundo.
Y sin ríos en buen estado ecológico no hay manera de garantizar el acceso de
agua potable a la población. El saneamiento y el acceso están vinculados.
Es común que
los políticos quieran resolver el acceso al agua potable de sus conciudadanos,
pero también es común que las autoridades se olviden de resolver el saneamiento
de esa población. Al fin y al cabo eso beneficia -así lo entienden- a otros
municipios o a otros seres vivos, los peces. Ni unos ni otros votarán a ese
alcalde. Así, el saneamiento es la política olvidada. Los verdaderos
beneficiarios no la votan. No tienen la oportunidad de ser consultados.
Otro problema
grave en el desafío de hacer efectivo el derecho humano al agua es la
sostenibilidad de las infraestructuras que se crean. Autoridades públicas y
ciudadanía viven deslumbrados por lo que se ve, lo 'inaugurable', lo
fotografiable: ¡las obras de concreto y tubos! Esa fascinación por las obras
-necesarias en muchos casos-hace que no se le preste la debida importancia al
software del agua: la sostenibilidad financiera de los servicios que se crean,
la conciencia y el compromiso de la comunidad con las inversiones realizadas,
la capacitación de la comunidad para usar eficazmente los servicios de agua.
Muchas
infraestructuras de acceso al agua potable o de tratamiento de aguas servidas,
pasados dos años... ¡no funcionan! Es un fracaso colectivo y significa tirar
recursos económicos, siempre escasos. Mantener las infraestructuras es una
asignatura que no gusta en América Latina ni en España, pero es crucial.
Con frecuencia
se genera una gran confusión en cuanto a la sostenibilidad de los servicios de
abastecimiento y saneamiento. A veces se oyen discursos simples: si el agua es
de todos, es un bien común y además es un derecho humano... debe de ser gratis.
Grave error. Por supuesto que los poderes públicos deben garantizar que nadie
se vea privado del acceso a un consumo básico de agua por carecer de recursos
económicos, pero al mismo tiempo es necesario también asegurar la
sostenibilidad financiera de los servicios de abastecimiento y saneamiento; si
no, acabarán colapsando. Por otro lado, siempre es necesario crear tarifas que
incentiven un uso racional y eficiente del agua y penalicen su despilfarro.
En muchas
ocasiones, los gobiernos no garantizan el acceso al agua potable a la
población, y las empresas, preocupadas por su cuenta de resultados, tampoco.
Pero la necesidad de beber es imperativa. Por eso las zonas rurales y
periurbanas de América Latina están llenas de iniciativas comunitarias, auto
organizadas, para que a través de la ayuda mutua y la cooperación en las
comunidades, se logre tomar agua a diario.
A veces el
desafío se resuelve bien y el agua es buena y el servicio sostenible, a precios
razonables, durante las 24 horas. Otras veces se distribuye agua contaminada o
hay cortes frecuentes o el precio final es muy caro.
Se estima que
más de 40 millones de personas en América Latina resuelven su necesidad de agua
de forma autogestionada. Muchas de estas Juntas Comunitarias de Agua, en otros
sitios llamadas Comités de Agua, tienen personalidad jurídica propia, están
reconocidas por las autoridades, reciben ayuda pública. Pero otras están solas,
desorganizadas, con problemas de liderazgo. Para hacer efectivo el derecho
humano al agua estas Juntas y Comités son un actor fundamental. Son una escuela
de democracia: la población afectada, toda, tiene que dialogar, debatir
opciones, tomar acuerdos, resolver conflictos internos, planificar, decidir...
Así, un beneficio colateral de esta lucha ancestral por el agua, por este
servicio básico, es la densidad organizativa que crea.
Bolivia se ha
planteado un conjunto de metas para conmemorar el Bicentenario de su
Independencia. Una de ellas es lograr en esa fecha, 2025, el cumplimiento
efectivo del derecho humano al agua y al saneamiento. Y decimos efectivo porque
tener el derecho al agua buena no es lo mismo que tener agua para beber. Los
países de América Latina deberían seguir el ejemplo de Bolivia y aprovechar el
hito de los Bicentenarios, o cualquier otro, para auto-retarse a lograr
realizar ese derecho en un momento concreto y cercano de su futuro. Es
necesario, y si se articulan fuerzas y voluntades, ¡es posible!
“LULA, EL MINISTRO DE LA CORRUPCIÓN”, SEGÚN CARLOS
SÁNCHEZ BERZAÍN
El nombramiento de Lula como ministro "rompe el
orden democrático, causa un grave daño institucional y pone fuera de la
democracia y de ley a la presidenta".
Sumatium de Venezuela (www.sumarium.com)
El director del
Interamerican Institute for Democracy y abogado experto en Derecho
Constitucional, Carlos Sánchez Berzaín, señaló este martes que tras la
designación de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo ministro “ha quedado convertido en el miembro más
importante del equipo de Gobierno brasilero para tener ‘inmunidad’, o
sea para evitar la acción de la justicia”.
A su juicio la
decisión de Dilma Rousseff “es un hecho sin precedentes en democracia porque
vulnera el ‘estado de derecho’, constituye un acto de ‘obstrucción de la
justicia’ por parte de la jefa del estado, son delitos de complicidad,
encubrimiento, uso indebido de influencia y más, es una ‘confesión pública de
culpabilidad’. Hace de ‘Lula el
ministro de la corrupción'”.
Asimismo, el
politólogo comentó en un artículo de opinión publicado en su página web que el
nombramiento y posesión de Lula como ministro “rompe el orden democrático,
causa un grave daño institucional y pone fuera de la democracia y de ley a la
presidenta, por su intención y acciones para evitar el esclarecimiento y
sanción de hechos de corrupción por medio de más actos de corrupción.
Encubrimiento e impunidad de la corrupción con más corrupción”.
Sánchez fue
ministro de Estado de la República de Bolivia cinco veces, ministro de la
Presidencia de la República en dos ocasiones (1993-94 y 2002-03), ministro de
Gobierno dos veces (1994-96 y 1997) y ministro de Defensa Nacional (2003) en
los gobiernos constitucionales del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
A CONTINUACIÓN
EL ARTÍCULO COMPLETO:
Con confesado
propósito de protegerlo de la justicia por delitos de corrupción, el
expresidente de Brasil Ignacio Lula da Silva ha sido designado ministro por la
presidenta Dilma Rousseff. Lula ha quedado convertido en el miembro más
importante del equipo de Gobierno brasilero para tener “inmunidad”, o sea para
evitar la acción de la justicia. Se trata de un hecho sin precedentes en
democracia porque vulnera el “estado de derecho”, constituye un acto de
“obstrucción de la justicia” por parte de la jefa del estado, son delitos de
complicidad, encubrimiento, uso indebido de influencia y más, es una “confesión
pública de culpabilidad”. Hace de “Lula
el ministro de la corrupción”.
En un discurso
de 1988 José Ignacio Lula da Silva -como dirigente de izquierda- dijo que “en
el Brasil cuando un pobre roba va para la cárcel y cuando un rico roba lo
nombran ministro”. Lo que en ese momento parecía una acusación al sistema
político al que Lula atacaba, podría ser el epitafio de un exdirigente sindical
y ahora nuevo rico, y se ha convertido en una comunicación viral en las redes
sociales para mostrar como el expresidente de Brasil, asistido por la actual
presidenta, ha recurrido a la
vergonzosa figura de incorporarse a la cabeza del gabinete, en el
ministerio políticamente más importante para encubrirse. Esto deja las
preguntas de quién manda? O quién encubre a quién?, y establece el objetivo
principal del Gobierno de Rousseff garantizar la impunidad de Lula y su
Gobierno ante el sistema de justicia.
Uno de los
elementos esenciales de la democracia es la “división e independencia de los
poderes públicos”, de manera que cada órgano desarrolle su rol de acuerdo con
sus competencias, cumpliendo con otro elemento esencial que es el “acceso y
ejercicio del poder con sujeción al estado de derecho”. La presidenta de Brasil
ha terminado con esos dos pilares
fundamentales de la democracia con el nombramiento de Lula al obstruir
frontalmente la acción de la justicia en un acto deliberado, ubicándose con una
disposición ejecutiva por encima de la ley. El nombramiento y posesión de Lula
como ministro rompe el orden democrático, causa un grave daño institucional y
pone fuera de la democracia y de ley a la presidenta, por su intención y
acciones para evitar el esclarecimiento y sanción de hechos de corrupción por
medio de más actos de corrupción. Encubrimiento e impunidad de la corrupción
con más corrupción!
Corrupción en
función pública, es la “práctica consistente en la utilización de las funciones
públicas en provecho de sus gestores”, es “el mal uso del poder para conseguir
una ventaja ilegítima”, y lo ilegítimo es algo ilegal, falso, ilícito, o sea
exactamente lo que Dilma Rousseff está haciendo para proteger a un acusado por
corrupción. Lo extraordinario del caso que analizamos es que la acción
presidencial de corrupción nombrando a Lula como ministro, ha sido pública,
abierta, anunciada y defendida buscando legitimarla. Lo tremendo de la
situación planteada es que no ha importado el pueblo, el estado, la justicia,
la independencia de los poderes, la democracia, ni siquiera el ridículo al
convertir en objetivo de Gobierno mantener impune a Lula, dejando la impresión
de que con tan asombroso accionar se está protegiendo a sí misma.
La ruptura de
la democracia y la institucionalidad en Brasil, todo este drama, se produce
contra un pueblo víctima de una crisis económica cuyas causas apuntan a los
gobiernos de Lula y Rousseff, con una inflación de más del 10%, con el
desempleo en crecimiento, con una moneda que perdió el 32% de su valor en 2015,
en la peor recesión económica de los últimos 25 años. La sociedad está
conmocionada por escandalosos casos de corrupción que han puesto en la cárcel a
empresarios, políticos y gestores demostrando que la corrupción fue una
política de estado en los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT)
liderado por Lula, de cuyos resultados los más perjudicados resultan siendo
precisamente los trabajadores y los sectores populares a cuyo nombre ejercieron
corruptela.
El índice de aprobación de la presidenta Rousseff no supera el 10%, el rechazo a su gestión está en torno al 80%. La confrontación que
alientan Lula y Rousseff mandando militantes a las calles es un recurso erróneo
frente a los cientos de miles o millones de brasileros que los repudian. La
corrupción ha tomado nombres, apellidos y caras, hoy en Brasil la corrupción se
llama y tiene cara de Lula-Rousseff, eso es muy malo para un país y terminal
para un Gobierno.
Internacionalmente
crece la expectativa de lo que puede descubrirse en Venezuela, Cuba, Ecuador,
Bolivia, Nicaragua y Argentina donde los gobiernos de Chávez, Maduro, Castro,
Correa, Morales, Ortega y los Kirchner, adjudicaron grandes obras por cientos y
hasta miles de millones de dólares a empresas brasileras cuyos ejecutivos están
en la cárcel, acusados de corrupción vinculados a Lula y al PT. Los
sobreprecios, la ejecución de obras, los contratos sin licitaciones y la
reiteración de esas empresas brasileras, hacen sospechar una red de corrupción
transnacional. Será esta otra de las cuestiones que el ministerio de Lula trata
de tapar? Cuánto dinero de la
corrupción se usó para terminar con las democracias en Venezuela, Ecuador,
Bolivia y Nicaragua y cuanto tienen para sostener esos gobiernos?
La prensa libre
y el valor de los pueblos ha puesto contra las cuerdas a la corrupción
institucionalizada de lo que empezó siendo el “Foro de San Pablo” que conformó
e impulsó el “socialismo del siglo XXI” y que ahora ha logrado su mayor éxito:
posesionar a Lula como el Ministro de la Corrupción.
LO QUE NOS FALTABA: MÁS LINCHAMIENTOS
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
Por: Saul
Franco.- La degradación de las violencias, la inoperancia de la justicia con su
secuela de impunidad, y la proliferación de delitos que atentan contra las
personas e indignan al colectivo, tarde o temprano nos iban a llevar a un
incremento de esta modalidad de justicia por mano propia, grupal y sin fórmula
de juicio.
Muy desde el
comienzo de mis estudios sobre la violencia en América Latina, había observado
y llamado la atención sobre la baja frecuencia de linchamientos en Colombia, en
relación a lo registrado en países como Honduras, Guatemala, Bolivia y Perú, o
en los Estados Unidos hasta la década del sesenta del siglo pasado. Pero ahora
tanto los registros periodísticos nacionales como algunos estudios específicos
van mostrando que los linchamientos han dejado de ser ocasionales y se van
convirtiendo en un recurso frecuente.
Un caso
reciente ilustra algunas de las principales características de esta modalidad
de violencia colectiva. El pasado 6 de marzo, en el municipio de Montecristo,
Bolívar, un soldado, al parecer en estado de embriaguez, mató con su arma de
dotación a dos adultos y una niña de 12 años, e hirió a 4 personas más. Un
grupo exaltado de gente lo retuvo e hirió de gravedad y, a pesar de estar
vigilado, terminó por producirle la muerte a golpes dentro del hospital local.
Acción violenta contra uno o varios integrantes de la población, reacción
grupal emocional e inmediata, ausencia de respuesta estatal oportuna y
efectiva, y ejecución sin proceso legal del agresor real o presunto,
constituyen el perfil de los linchamientos desde cuando se configuraron como
tales, bien sea en el siglo XV con la historia del alcalde irlandés James
Lynch, o a finales del siglo XVIII con lo dispuesto en los Estados Unidos por
el juez Charles Lynch.
Según una
encuesta reciente, la mayor parte de la población rechaza esta forma de
respuesta colectiva en América Latina. En Colombia, por ejemplo, menos del 30%
dijo estar de acuerdo con el linchamiento. Pero en la práctica se va
generalizando una mezcla de indiferencia-complicidad que le confiere un aire de
legitimidad y le da un cierto margen de tolerancia. Que sólo en Bogotá se haya
registrado un linchamiento cada tres días entre 2014 y 2015, según un estudio
de la Facultad de sociología de la Universidad Nacional, saca el tema de lo
ocasional y lo coloca en el campo de las preocupaciones y tareas sociales.
El mejor caldo
de cultivo para este intento de justicia por mano propia colectiva lo
constituye la ausencia estatal, la ineficacia del sistema y los mecanismos de
justicias y la consiguiente impunidad. Pero no es el único. Las intolerancias
religiosas, políticas, de género o étnicas lo han atizado históricamente. En
Estados Unidos, por ejemplo, los linchamientos fueron 2.7 veces más frecuentes
contra población negra que contra los blancos entre 1882 y 1968. En nuestro
caso, hay que sumarle a todo lo anterior una historia de más de medio siglo de
guerra interna, con su lógica de pretender imponerse mediante la eliminación
del contrario y la creación de un clima permanente de inseguridad. Y la
expansión en las últimas décadas del paramilitarismo, como forma de tratar de
sustituir la fuerza del Estado o apoyarla paralela e ilegalmente, terminó por
darle piso racional y estimular emocional e instrumentalmente los
linchamientos.
Si la paz es
una apuesta civilizadora en el sentido de la vigencia de un Estado garante de
derechos, de la tranquilidad por la vigencia de la justicia, y de la tolerancia
(de las diferencias, no de las inequidades, por supuesto), el linchamiento es
de signo totalmente contrario. Quitarle piso, motivos y justificación a los
linchamientos es entonces otra tarea necesaria para la construcción de una
sociedad en paz.
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