viernes, 1 de mayo de 2015

LA PAZ COME EN LA CALLE



Los comedores más solicitados de La Paz no tienen carta. Tampoco ofrecen una mesa a sus clientes, ni aseos, vasos, copas o mantelería. Los platos, cuando los hay, son de plástico como los cubiertos y, salvo algún afortunado que encontró acomodo en un taburete, todos comen de pie. Por no tener, ni siquiera tienen puertas, muros o ventanas. Crecen en instalaciones de fortuna. Unas veces bastan tres paredes de chapa y un techito montados en una esquina de la ciudad. Otras, ni siquiera llegan a eso. Pero entre unas y otras destilan los aromas y los sabores que marcan el ritmo de la vida de la capital de Bolivia.
El de las tucumanas fritas, sin ir más lejos, una empanada en forma de media luna, que suelen rellenar con un guiso preparado a base de carne, verduras y huevo duro, pero que también puede ser de pollo o charqui. La fama de las que prepara y vende Sofía Condori trasciende mucho más allá de su pequeño puesto, en la Zona Sur de la ciudad (Avenida Montenegro, cerca del cruce con la Calle 21, en San Miguel). Su sazón tiene algo que las hace diferentes a las demás y le ha valido un reconocimiento que la acompaña desde hace más de 16 años. Cada día acude puntual a su cita, a eso de las nueve de la mañana, y alarga la faena hasta las nueve de la noche. Las salsas que sirven con las empanadas son parte del éxito. Pueden ser de palta, oliva, maní con ají, golf o la tradicional llajua picante y hacen que cada bocado sea diferente al otro.
Elvira Goitia alarga aun más su jornada. Vende choripanes desde las siete de la mañana en el Mercado Lanza, en la Zona Norte, entre la Avenida Busch y el Estadio Olímpico. Y allí se queda hasta que dan las once de la noche. El choripán es un sándwich tradicional de chorizo. Pan marraqueta o sarnita y en el centro un chorizo asado bien rodeado de compañeros de viaje: lechuga, tomate, pepinillos, escabeche de zanahoria y cebolla. Tampoco falta la llajua.
Sofía y Elvira forman parte de una casta diferente de cocineras de la calle —es curioso, puede que los haya pero no encontré hombres ejerciendo esta función en las calles de La Paz; parece ser patrimonio reservado a las llamadas damas de pollera—, que se han agrupado en torno al proyecto Suma Phayata, que en aimara significa bien cocinado. Creado hace un año para estimular el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida y trabajo de las cocineras callejeras, Suma Phayata ha convertido la comida de la calle en el eje de una ruta turística por La Paz.
El asunto se pone más serio cuando llega la hora de los interiores. Pueden ser las tripitas que venden en la Plaza Alonso de Mendoza, frente al Hotel Oruro, subiendo desde San Francisco. Venden tripitas —callos, mondongo— con patatas, y para conseguir un plato hay que buscarse la vida entre la multitud que rodea el puesto.
En cualquier caso, las estrellas son los anticuchos y la ranga. Los primeros son brochetas de corazón adobado que preparan a la brasa mujeres como Julia Cori, en Las Velas (Avenida Camacho, a un costado del Campo ferial del Bicentenario), que sigue una larga tradición familiar. Sirve sus anticuchos con papa hervida y salsa de maní desde la caída del sol hasta ya bien entrada la noche.
Más referencias de anticuchos de confianza: en la parte antigua de la ciudad, en el cruce de Aspiazu con 20 de Octubre y en la Calle 15 de Calacoto con Ballivan, llegados a la Zona Sur.
La ranga es otra historia. Se trata de una abigarrada y potente sopa picante a base de panza de vaca bien condimentada con ají amarillo, servida con papa y coronada con una ensalada de lechuga, tomate y una variedad de cilantro llamada quirquiña. Entre las más populares está la que vende Miriam Iturralde desde hace 37 años en la Calle Tumusla, a unos pasos de la Plaza Equino.
Y no olviden el sándwich de chola. Es la guinda del pastel. El País de España (www.elpais.com/elpais)







EL PAPA PROTESTA POR LA MUERTE DE DOS NIÑOS EN UN TALLER EN ARGENTINA

Los menores, de 7 y 10, fallecieron en un incendio en el zulo en el que trabajaban sus padres

EL País de España (internacional.elpais.com)
                                  
El Papa, siempre pendiente de Argentina, ha enviado una carta en la que expresa su “profundo dolor” por un asunto que ha supuesto la noticia trágica en Buenos Aires esta semana: la muerte de dos niños de 7 y 10 años en un taller clandestino en el popular barrio de Flores, el que vio crecer a Francisco cuando aún era Bergoglio.
Los niños murieron en un incendio en el sótano en el que trabajaban sus padres de forma clandestina. Precisamente para ocultarlo, había varias salidas tapiadas por lo que rápidamente se convirtió en una ratonera. La existencia de miles de talleres clandestinos en Buenos Aires, que venden su género en La Salada, el mayor mercado negro de Latinoamérica, ha sido denunciada en varias ocasiones por La Alameda, una organización dedicada a denunciar la explotación de seres humanos y cuyo líder, Gustavo Vera, es amigo del Papa y estuvo invitado por él en el Vaticano hace dos semanas. Fue La Alameda la que alertó al Papa de la situación de la villa 1-11-14, dominada por el narcotráfico, lo que provocó que Francisco hablara de la “mexicanización” de Argentina. Ahora el Papa, de nuevo en una carta a La Alameda, traslada su preocupación por la muerte de estos dos niños, a los que llama por su nombre.
"A todos Ustedes que están reunidos para orar por Orlando y Rodrigo Camacho les hago llegar mi cercanía y los acompaño en el dolor y el sufrimiento. Lo sucedido me causa mucho dolor. Estoy junto a Ustedes y pido al Señor nos ayude a que nunca más sucedan estas cosas, fruto de injusticias. Con afectuoso cariño. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide",
La organización de Vera ha presentado una denuncia en la que responsabiliza de esta muerte al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en particular a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gabinete de Mauricio Macri y su sucesor ahora que este deja la alcaldía para ser candidato presidencial en octubre. Vera y los suyos recuerdan que ya presentaron una denuncia contra este taller clandestino y otros tres en la misma manzana en septiembre del año pasado y el Gobierno de Macri, del que depende el control, no les hizo caso. Nadie desmanteló los talleres. Rodríguez Larreta ha negado que tuviera conocimiento de la existencia de esos centros y en cualquier caso asegura que es muy difícil desmantelarlos, porque sin una orden judicial no se puede entrar en las casas y cuando un inspector llama no contesta nadie ni tampoco hay evidencias externas de que sean talleres, donde trabajan personas en semiesclavitud.
La Alameda asegura que en Buenos Aires hay hasta 3.000 de estos talleres, y ha denunciado que medio centenar de marcas conocidas, entre ellas la española Zara, utilizan sus servicios, aunque estos siempre han negado que encarguen ningún tipo de trabajo a estos talleres clandestinos. EL País de España (internacional.elpais.com)





LOS NIÑOS DE LA ESCLAVITUD

El Parque de Argentina (www.parquechasweb.com.ar)
                                                          
Fuego, humo, asfixia. Esta vez fueron dos niños de 7 y 10 años los devorados por las llamas en el sótano de la casona de Páez 2796, casi Condarco, en Flores. Enrejada y con puertas tapiadas. Dormían aún, a media mañana, cuando se desató un incendio en el taller textil en el que vivían con sus padres: Amparo Menchaca y Julián Rojas, que siguen internados en el Hospital Alvarez con quemaduras. La utopía con la que llegaron desde Bolivia se extinguió velozmente. Como nueve años atrás ocurrió también para Juana Vilca Quispe, de 25 años, embarazada; Elías Carbajal Quispe, de 10; Rodrigo Quispe Carbajal, de 4; Harry Rodríguez Palma, de 3; Wilfredo Quispe Mendoza, de 15, y Luis Quispe, de 4 años, en la fábrica textil de Luis Viale al 1269.
Son unas 25 cuadras las que hay entre uno y otro taller. Pero la densidad y la brutalidad del fuego fue exactamente la misma. La crueldad con que oprime, desde sus duros zarpazos el sistema que tributa al capital, trasciende los tiempos. Puede modificarse en sus números, en las particularidades de sus efectos, pero padece de la misma y oprobiosa intensidad.
El taller del barrio porteño de Caballito estaba habilitado desde 2001 para cinco personas y como lugar de trabajo. Aunque vivían unas 65 y trabajaban allí 25. “Esa tarde había pocos chicos, porque la mayoría estaba en el colegio. Pudo haber sido una desgracia mayor. Los padres de Harry estaban en la planta baja con Kevin, el otro hijo del matrimonio. No pudieron subir por la escalera y tampoco pudieron entrar por las ventanas del primer piso porque estaban enrejadas”, decía un sobreviviente nueve años atrás. Aquel incendio dejó al desnudo que la clandestinidad de la industria textil que mueve más de 700 millones de dólares al año sólo entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano requiere de reducir a la esclavitud para rendir. Doce, catorce y dieciséis horas diarias de trabajo, hacinamiento, salarios ínfimos, enfermedades evitables.
En mayo de 2008, un informe publicado en el diario La Nación, revelaba que “en febrero último, dos popes de la industria textil, Ignacio de Mendiguren (Cámara de la Indumentaria) y Víctor Benyacar (Cámara Argentina de Indumentaria de Bebes y Niños), reconocieron que el 78% de la industria textil está en negro”. Clarín, en tanto, publicó en octubre de 2011 que “el 78% de la ropa que se produce en el país se hace con trabajadores fuera del sistema legal. Se lo reveló José Ignacio de Mendiguren, hoy titular de la UIA, cuando era vicepresidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, al entonces ministro de Economía Martín Lousteau, en febrero de 2008. Es decir, entre 150.000 y 200.000 trabajadores. La Defensoría del Pueblo estimó en 12 mil los talleres clandestinos en todo el país y por lo menos 3.500 en la Capital Federal”.
En la vieja casona de Páez 2796, del barrio de Flores, la puerta de ingreso estaba tabicada. La causa penal está caratulada como “incendio seguido de muerte” por el simple hecho de que no existe en ningún Código una figura que exponga para este tipo de muertes una calificación profunda, que vaya a la médula de la perversidad, que defina claramente que se trata de crímenes evitables. Que si murieron dos niños ahora y varios más hace nueve años es porque hay un Estado que consiente. Que pacta. Porque “clandestino” significa “oculto, secreto” y la existencia de este tipo de talleres que prolongan el viejo sistema de la cama caliente es un secreto a voces: obreros esclavizados descansan rotativamente en una cama mientras sus compañeros de infortunio trabajan. Se reemplaza así a la vieja estructura en la que las grandes marcas tenían talleres propios de producción.
Lily Whitesell retrata en “Y aquellos que partieron: retratos del éxodo boliviano” historias como las de Simona Velásquez: “Sus horas de trabajo empezaban a las 8 am y no terminaban hasta la 1 am, siete días a la semana. Al final del día ella y sus seis hijos dormían en un cuarto ubicado atrás de la fábrica, que compartían con otros obreros. Los dedos de Simona se deformaron por el reumatismo y sus hijos empezaron a toser incesantemente por el aire pesado de la fábrica. Cuando se quejó de ello, su jefe le dijo: “No has venido a enfermarte, has venido a trabajar,” y la amenazaron con devolverla a Bolivia. Poco después de que dejó la fábrica, el mayor de sus hijos pasó de su severa tos a la tuberculosis. Nunca se recuperó. A pesar del tratamiento, murió semanas más tarde”.
Kosiuko, Cheeky (casualmente de la familia política de Mauricio Macri), Portsaid, Zara, Ayres y Cara y Cruz han sido denunciadas, investigadas, condenadas. Pero no hay cambios sustanciales. Porque en los márgenes se sigue viviendo y muriendo de la manera más cruel. Los talleristas muertos en un incendio, asfixiados o incinerados, son velozmente reemplazados en una nueva sede del taller que no es nunca clandestino porque se sabe cómo, dónde y para quién trabaja. Porque existen procesos financieros y de mercado que tienen más importancia que la vida humana en estos tiempos en que la gran utopía de los poderosos tiene sonido metálico en los bolsillos.
Los ritmos propios de las grandes marcas imponen tendencia, definen rumbos, tienen la responsabilidad política y social por la existencia de los talleres, pactan con un Estado connivente y cómplice hecho por ellos, para ellos y a su medida. Y esos dos niños de Páez al 2700 fueron la pieza de recambio como hace nueve años los seis de Luis Viale al 1200. Todos ahogados en émulos de un Cromañón que las mayorías olvidarán con celeridad a la hora de calzarse un nuevo jean o una nueva camisa que tenga la etiqueta perfectamente colocada.
Esta vez fue Mauricio Macri, que danzaba furiosa y triunfalmente (junto a Juliana Awada, su esposa y dueña de Cheeky) sobre las tablas del mega complejo Costa Salguero junto a su delfín, Rodríguez Larreta. El mismo que tras la muerte de los dos nenes en Páez al 2700 decía que “lamentablemente, sin una orden de allanamiento emitida por un juez, el gobierno porteño no puede ingresar por la fuerza en este tipo de inmuebles, que desde afuera parecen casas particulares. El inspector golpea y, si nadie le abre, nada puede hacer. Es un tema de difícil solución”.
Aníbal Ibarra, que obscenamente se sigue ofreciendo para conducir la ciudad, no puede ir tranquilo a votar sin temor a un escrache de los padres de Cromañón y hoy ni siquiera pasa la instancia de las internas. A Rodríguez Larreta, al que “si nadie le abre, nada puede hacer”, lo sigue eligiendo más de medio millón de porteños.
Las miserias humanas siguen asesinando el porvenir.





MUERTE DE DOS NIÑOS DESTAPA ESCLAVITUD EN TALLERES CLANDESTINOS DE ARGENTINA

La muerte de dos niños en el incendio de una vivienda utilizada como taller textil clandestino ha sacudido a la opinión pública argentina y ha destapado la existencia de cientos de denuncias sin investigar y mafias que controlan este negocio ligado a la venta ilegal.

Minuto 30 de Argentina (www.minuto30.com)
                                                                                                     
Los niños, de 7 y 10 años, murieron el lunes en un incendio que se declaró en su vivienda en Flores, un barrio popular de Buenos Aires, donde en los últimos años han proliferado este tipo de talleres clandestinos.
De nada sirvió que este lugar, según se ha sabido hoy, fuera denunciado el año pasado por la ONG La Alameda, que acaba de demandar a varios funcionarios del Gobierno de la ciudad, que encabeza el conservador Mauricio Macri, por incumplir sus responsabilidades.
La Alameda denunció, en septiembre del pasado año, la existencia de 30 talleres, entre ellos el siniestrado, para pedir su clausura, pero la vivienda nunca llegó siquiera a ser inspeccionada.
“No hicieron la tarea que les corresponde. Por eso estamos pidiendo a la Justicia que se inicie un proceso de investigación penal sobre los funcionarios responsables.
Son cómplices de la muerte de los dos niños. Creemos que hay que hacer Justicia por la muerte de estos dos chiquitos”, afirmó hoy a Efe, Lucas Schaerer, miembro de la organización.
La denuncia alcanza, entre otros, al jefe de Gabinete de Macri, Horacio Rodríguez Larreta, ganador de las primarias que se celebraron el domingo en Buenos Aires, apenas un día antes del siniestro.
“Si hubiera habido una preventiva por parte del Estado y no una actividad coimera (de sobornos) y mafiosa hubiéramos evitado la muerte”, continúa Schaerer.
Según estimaciones de La Alameda, sólo en barrios como Flores o Avellaneda, en la zona sur de Buenos Aires, hay más de 3.000 talleres textiles clandestinos, con un promedio de 7 a 10 costureros, en conjunto, “unas 30.000 personas esclavizadas en pleno siglo XXI”.
El sindicato de la confección, asegura, únicamente tiene registrados 30.000 trabajadores legalizados, en una industria que emplea a 400.000.
“Estamos hablando de 370.000 trabajadores que están en la completa ilegalidad”, añade.
Los trabajadores que terminan en estos talleres, por lo general, son inmigrantes de Bolivia, Perú o Paraguay que llegan al país en un grupo familiar, atraídos por anuncios en radios o periódicos que prometen paga en dólares y vivienda.
Nada más lejos de la realidad, terminan como víctimas del tráfico de personas y les arrebatan sus documentos para retenerlos a la fuerza.
“Son reducidas a la servidumbre en la capital y en el conurbano, pueden cumplir jornadas que exceden las 14 y 16 horas, que supera lo que la Organización Internacional del Trabajo considera servidumbre”, afirma Schaerer.
La Alameda denuncia que la industria textil en Argentina “vive de la trata y del trabajo esclavo” y que un 78 por ciento de la ropa que usan los argentinos se confecciona en la ilegalidad.
Aunque el principal destino de su trabajo es La Salada, el más importante mercado ilegal de América Latina, en las afueras de Buenos Aires, también las marcas conocidas que se venden en comercios legales se aprovechan.
“No sólo tienen talleres que producen para ferias populares sino también de la alta moda y de los shopping (centros comerciales) de glamour muy conocidos”, apunta Schaerer, que subraya que, de acuerdo con la legislación argentina, “el fabricante es responsable del taller donde terciariza. Hay una marca responsable, hay fabricantes responsables que quieren evadir la Justicia”.
Las críticas de La Alameda van también contra el poder judicial “que tiene todos los elementos” para acabar con la industria clandestina “pero no lo quiere hacer”.
Es la raíz del problema, añade Schaerer, la corrupción y “la coima, el pago ilegal para que no te penalicen”.
Tras el escándalo que ha provocado el caso, funcionarios del Ministerio de Justicia aseguraban hoy a un diario local que “va a haber un aluvión de allanamientos”. Tarde para las víctimas.





¿CUÁL ES EL PEOR RESULTADO QUE PUEDE ESPERAR CHILE EN LA HAYA?

Publimetro de Chile (www.publimetro.cl/nota)
                                       
Desde el lunes, Chile y Bolivia se enfrentarán en la Corte Internacional de La Haya por un tema puntual: conocer si el Tribunal tiene o las competencias para realizar algún juicio sobre la petición marítima hecha por el país altiplánico. 
Al respecto, hay tres escenarios posibles: que el Tribunal declare su incompetencia en el caso, que decida llevar adelante el proceso; o bien que guarde su decisión hasta antes del fin de año, donde se referirá al proceso previo a la demanda de Bolivia. 
En Publimetro conversamos con el ex embajador Samuel Fernández, a quién le preguntamos qué es lo peor que puede ocurrirle a Chile durante la semana próxima. 
"El peor de los escenarios es que la Corte acepte continuar con el proceso", dice el también profesor de la Universidad Andrés Bello. "Eso, porque significa que se debe continuar con el juicio central, que es la petición de Bolivia. Hasta el momento, y lo que se va a ver en la primera semana hábil de mayo es el proceso previo, el que tiene que ver con antes de iniciar el juicio. Pero si se sigue con esta materia, pueden pasar varios años antes de ver un pronunciamiento de parte de la Corte", afirma Fernández.
- ¿Qué sucede si es que el Tribunal decide pronunciar su competencia en la materia más adelante?
- Esa es una alternativa intermedia, pero Chile tiene argumentos muy sólidos porque hay tratados de 1904 que están vigentes, que han sido validados y que se firmaron a perpetuidad. Entonces la Corte no puede tocarlos porque existen hace más de 110 años. La Corte nació en 1948 y aún si pudiera admitirse competente, solo podría sugerir alternativas entregadas por Chile y no podrían tocar su soberanía. Es decir, podría sugerir pero no obligar. 
- Según sus palabras, Chile tiene muy poco que perder, ¿es tan así?
- En esta etapa previa, Chile no tiene posibilidad de perder. De todas materias, ni en el peor de los escenarios, el asunto se trata de perder soberanía, se trata de seguir con un procedimiento judicial que consiste en presentar memorias y contramemorias, que es largo, pero donde Chile tiene argumentos muy sólidos.
- Vamos al mejor escenario: si la Corte dice que no es competente y por eso se acaba el juicio ¿qué alternativas le quedan a Bolivia?
- Se acaba la demanda. Bolivia tendría que dejar de pedir soberanía a través de los tribunales. Obviamente sería un golpe muy duro para ese país, pero finalmente no podría seguir alegando soberanía. 
- ¿Qué alternativas le queda en ese caso? ¿La guerra es una de ellas?
- Por ningún motivo. Ni en la mente de Bolivia ni en la mente de Chile está la idea de la guerra. Tenemos un tratado de paz que tiene 110 años de vigencia. Chile ha entregado las mayores comodidades a un país mediterráneo que existe en el mundo. Entonces, Bolivia pierde mucho si pensara en ese camino, porque ningún país tiene tantas facilidades en materia marítima como lo tienen ellos y eso que hay 40 países sin litoral.
- ¿Podrían reactivarse negociaciones como la del Acuerdo de Charaña, en 1975?
- Ese acuerdo falló porque Chile había ofrecido soberanía marítima por tierras que antes eran de Perú. Esa fue una conversación en la que se propuso la entrega de un corredor de parte de Chile a Bolivia e incluía un canje territorial, pero Bolivia estuvo poco dispuesto a aceptarlo y cuando lo hizo, se le tuvo que preguntar a Perú, por una serie de acuerdos firmados con anterioridad. Perú exigía condiciones inaceptables, que tenían que ver con internacionalizar un territorio. Entonces Chile no aceptó y Bolivia tampoco. Las conversaciones con Bolivia siempre han sido bilaterales y yo creo que si siguen existiendo en el futuro, deberían tomar ese camino. 





BOLIVIA ESTRENA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN DOS GOBERNACIONES

El sistema de balotaje será decisivo en Tarija y en Beni

El País de España (www.internacional.elpais.com)
                                                         
Por primera vez en su historia, Bolivia realizará dos balotajes o elecciones de segunda vuelta para definir quiénes serán los gobernadores de Tarija, en el sur, y de Beni, en el este del país, regiones en las que los comicios subnacionales del 29 de marzo produjeron resultados inconcluyentes. En ambos lugares se enfrentarán este domingo candidatos del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) y de Unidad Demócrata, el principal frente de oposición.
Estas citas electorales cerrarán el reemplazo de los nueve gobernadores y los más de 300 alcaldes bolivianos, que se produce cada cinco años, y que en esta ocasión dio mucho que hablar por la derrota del partido del presidente Evo Morales en algunos de sus bastiones históricos, como la región de La Paz y la alcaldía de El Alto. Sin embargo, el MAS se hizo con cinco gobernaciones y en estas semanas redobló sus esfuerzos —con la abierta participación de altas autoridades gubernamentales en las campañas— para subir este número a siete.
Aunque no se han publicado encuestas sobre las tendencias del electorado en los balotajes, tanto Tarija como Beni son plazas fuertes de la oposición. Si el candidato opositor de Tarija ganó en la primera vuelta y logró el apoyo del que llegó tercero, en Beni la oposición logró forzar una segunda vuelta pese a que el tribunal electoral había eliminado a su candidato 10 días antes de la votación por la difusión de una encuesta no autorizada (así es como la ley electoral sanciona este delito electoral). Después de su eliminación, Unidad Demócrata del Beni se fusionó con una agrupación local que estaba participando en las elecciones sin muchas perspectivas, Nacer, y, con este repentino nuevo nombre logró el segundo lugar, lo que hace pensar que ahora tiene posibilidades de ganar el balotaje. Sin embargo, el MAS se potenció después de la primera vuelta mediante su alianza con una facción "progresista" de su tradicional adversario, el MNR, partido al que derrocó en 2003 y que mantiene un fuerte arraigo en esta parte del país.
Si la oposición ganara este domingo pasaría a controlar cuatro gobernaciones, pues ya cuenta con las de La Paz y Santa Cruz, que son las regiones más grandes y ricas de Bolivia.
Beni ocupa una llanura tropical principalmente dedicada a la ganadería y suele actuar políticamente igual que la más moderna Santa Cruz, región con la que colinda. Sin embargo, a diferencia de lo que hizo esta última en las elecciones presidenciales del año pasado, Beni nunca ha dado la victoria a un candidato del MAS. Tarija, fronteriza con Argentina, es la sede de la principal explotación nacional, la industria del gas, y por eso recibe la mayor cantidad de ingresos fiscales per cápita, lo que la vuelve muy apetecida por los partidos políticos.
Después de haber poseído por casi dos siglos un sistema de selección parlamentaria de los presidentes que no lograban mayoría absoluta, Bolivia adoptó el balotaje en su Constitución de 2009, extendiéndolo luego a la elección de los gobernadores de sus nueve regiones, llamadas departamentos. Este mecanismo se activa cuando un candidato no logra la mayoría absoluta ni una diferencia de por lo menos 10% sobre su inmediato contendiente.





CONOCÉ UYUNI, LA MAYOR RESERVA DE LITIO DEL PLANETA
                                                                   
Se trata de la mayor salina del mundo con más de 10.000 kilómetros cuadrados de superficie. Mirá las increíbles imágenes.

MDZOL de Argentina (www.mdzol.com/nota)
                                                 
Hay paisajes en este planeta nuestro que quitan el aliento. Uyuni es uno de ellos. Se trata de la mayor salina del mundo con de más de 10.000 kilómetros cuadrados. Está situado a unos 3650 msnm en el suroeste de Bolivia, en el departamento de Potosí, dentro de la región altiplánica de la Cordillera de los Andes.
El fotógrafo y realizador Enrique Pacheco visitó el lugar para grabar uno de los timelapses más bonitos y relajantes que hemos visto últimamente. Te lo recomendamos a pantalla completa. 
Entre enero y marzo, en la época de lluvias, la amplia superficie de Uyuni se cubre de una capa de agua poco profunda y refleja la luz como si se tratara de un espejo. Pacheco ha combinado ese efecto con música clásica, que le va como anillo al dedo. Lo mejor para terminar un día duro de trabajo. Además de las salinas en sí, que albergan el 80% del litio de la Tierra, el video también incluye algunas panorámicas sensacionales de esta región del altiplano boliviano. 





MORTALIDAD MATERNA LATINOAMERICANA SIGUE EN NIVEL INACEPTABLE

IPS de México (www.ipsnoticias.net)
                                               
Pese a sus avances, América Latina padece una inaceptable mortalidad materna, en muchos casos  evitable, debido en parte a la ausencia de la aplicación de la receta que prescriben los especialistas: prevención y promoción de la salud.  
El argentino Juan Reichenbach, un referente regional en salud materno infantil, lo ha vivido “en el barro” (junto a las madres y sus bebes), como pediatra y como director nacional de Maternidad e Infancia (2008-2009).
“Si yo tuviera que hacer una receta mínima comprensible, diría: dime donde naces y te diré si vives. Es decir incorporar la salud del niño y de la madre como un derecho fundamental”, sintetizó en entrevista con IPS.
“Los protagonistas del cambio son la prevención y la promoción”, enfatizó Reichenbach, quien actualmente es docente de la Universidad Nacional de La Plata y jefe e instructor de médicos residentes de un hospital infantil.
El informe “Tendencias en las estimaciones de mortalidad materna 1990-2013”, de la Organización de las Naciones Unidas, reveló el año pasado que en ese periodo la mortalidad materna se redujo en 40 por ciento en la región.
Pese a esa reducción, en 2013 murieron 9.300 mujeres por complicaciones en el embarazo y el parto, indicó el reporte. En promedio cada día 16 mujeres fallecen por complicaciones vinculadas a la maternidad en América Latina, según datos de este mes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Cuando uno ve las causas fundamentales de muerte materna no hay que ser demasiado inteligente para entender que están relacionadas con falta de acceso (al sistema sanitario) y con el aborto, que es la principal causa de muerte materna en Argentina y en Latinoamérica”, destacó Reichenbach.
Según Bremen De Mucio, del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la OPS, hubo un avance “relevante y valioso”, pero todavía la tasa de mortalidad materna se mantiene en un nivel “inaceptable”.
El quinto de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el de mejorar la salud materna, establecía que la región debía reducir la mortalidad por maternidad en 75 por ciento para fines de este año, con respecto a 1990, así como brindar acceso universal a la salud reproductiva.
“Seguir fomentando el desarrollo humano es la clave principal. Y esto va más allá del sector salud exclusivamente. El trabajo efectivo sobre los determinantes sociales de la salud tienen más alto impacto que las intervenciones en salud aisladas”, dijo De Mucio a IPS.
“Mejoraremos los ODM solo si educamos en la dignidad y en el derecho a vivir, que no son cuantificables”, ratificó Reichenbach.
En la región las principales causas de muertes maternas podrían reducirse “casi a cero”, según  De Mucio, y siguen siendo los trastornos hipertensivos del embarazo, las hemorragias e infecciones.
Según la OPS, las complicaciones maternas son la principal causa de muerte en mujeres entre 20 y 34 años y la mitad de muertes maternas se deben a abortos inseguros, en una región donde la interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en la mayoría de los países.
“En Argentina nacen más o menos 700.000 niños por año, y se calcula que hay 500.000 abortos. Esta última cifra, no esclarecida en el sistema sanitario, es  la punta del iceberg de la mortalidad materna”, precisó Reichenbach.
El pediatra consideró que 35 por ciento de las muertes maternas en su país son evitables, por ejemplo con un control adecuado del embarazo.
La norma argentina establece por lo menos cinco controles, en embarazos de bajo riesgo,  pero en la práctica “no superan los 2,5, y el primero se hace tardíamente. Hay madres que llegan con siete meses de gestación, a un hospital público, en una situación crítica”, ejemplificó.
“Las soluciones no pasan por comprar un tomógrafo computado, sino por dar condiciones de vida adecuadas, educación, trabajo, un lugar digno para vivir, y acceso a la salud”, planteó. “Las grandes maternidades (hospitales especializados) en general solo reparan lo que no se hizo correctamente”,  enfatizó.
La clave, a su juicio, está en actuar en los estadios básicos de la prestación de salud, incluidos el de un ambiente adecuado y saneado y el acceso a un sistema sanitario “que  valore los problemas cotidianos” de los pacientes, llegue a zonas inaccesibles, registrando zonas de riesgo, casa por casa.
También debe sumar una rápida detección de casos graves, derivados a maternidades con equipos obstétricos y neonatales esenciales, como quirófano, banco de sangre, reanimación cardiopulmonar y ambulancias equipadas.
Asimismo, planteó, se requiere un equipo interdisciplinario donde el médico “sea un trabajador más”, entre obstetras, enfermeras, trabajadores sociales, agentes sanitarios “que seguramente harán un trabajo mucho más vinculado con el  territorio y salud”.
El especialista consideró esencial una distribución “equitativa” de los médicos en las poblaciones marginadas,  como los indígenas, “primeros en el ranking de los desposeídos” – y los inmigrantes intrarregionales.
En Argentina, ilustró, hay un médico cada 80 habitantes en Buenos Aires, mientras que solo existe uno cada 3.000 en El Impenetrable,  una gran región boscosa de la norteña provincia del Chaco.
“Si se conceptualiza la salud como un derecho, se debe decir todos los niños, madres, adolescentes, ancianos – los más pauperizados- tienen que estar sanos, y no es tan difícil que estén sanos”, agregó.
Por ello, se deben incluir en las políticas de salud soluciones a aspectos como la inaccesibilidad geográfica, de infraestructura y cultural, que también impiden que llegue la educación sexual y reproductiva.
“Estamos hablando del embarazo, pero hay que ver también si ese embarazo se produce como un fenómeno deseado en la familia o es un accidente, por falta de información o prácticas culturales, que hacen que una mamá de 30 años tenga siete  u ocho hijos”, consideró.
Ariel Karolinski, consultor de la OPS en Argentina, señaló a IPS que desde hace 20 años “la razón de la mortalidad materna” se mantiene alrededor de 40 por 100.000 nacidos vivos”, aunque existen grandes disparidades regionales.
Sin embargo, observó,  entre  2010 y 2012, por primera vez Argentina logró una tendencia decreciente, con una “reducción relativa de 22 por ciento” en la tasa de mortalidad materna.
Karolinski lo atribuyó a programas como los denominados Sumar y Nacer, que priorizan las provincias con peores indicadores, y a medidas como la extensión de transferencia de renta a las embarazadas, condicionado al cumplimiento de controles prenatales y de las vacunas.
A nivel latinoamericano, políticas similares hicieron que países como Bolivia, Perú y Uruguay, reduzcan su mortalidad materna más de 60 por ciento.
De Mucio destacó que en el caso de Bolivia y Perú repercutieron “favorablemente los enfoques de interculturalidad aplicados durante el embarazo, el parto y el puerperio”, a los que se sumó en Perú  la multiplicación de hogares maternos para mujeres alejadas de los centros de salud.
En Uruguay, en tanto, “las leyes sobre el aborto (que desde 2012 lo faculta hasta la 12 semana de gestación) han contribuido a hacer casi desaparecer la mortalidad por esa causa”, destacó.
Sin embargo, concluyó “no se puede ignorar que la bonanza económica”, contribuyó a mejorar  las condiciones de vida, “directamente relacionado con la reducción de la mortalidad materna”, acotó el funcionario de la OPS.





VUELO SIN RUMBO

El derribo de aeronaves cargadas de cocaína no es la solución. Falta combatir la corrupción y mantener la política de erradicación

Inforegión de Perú (www.inforegion.pe)

La posibilidad de que el Perú retome las operaciones aéreas para interceptar y derribar las aeronaves del narcotráfico que traspasan nuestra frontera sur oriental como Pedro en su casa, tiene sus críticas.
El exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, afirma que como tantas otras iniciativas del gobierno, esta es solo propaganda, y prácticamente imposible que se llegue a realizar.
“La interdicción aérea de los años 90 estuvo a cargo de los Estados Unidos. Había un sistema de aviones radar y varios radares de tierra. Ese despliegue tecnológico era pagado y operado por los norteamericanos. Eran ellos quienes alertaban a la Fuerza Aérea Peruana, que por su parte disponía de aviones Tucano para la interceptación”, señala.
Los norteamericanos también pagaban la gasolina y el mantenimiento de los Tucano, así como los gastos de las bases aéreas empleadas en las operaciones. Era un sistema costosísimo, explica el exministro, que el Perú no puede asumir. Y si lo hiciera, los narcotraficantes volverían a lo de antes, movilizar sus cargamentos de cocaína utilizando las vías marítima y terrestre.
“La interdicción jugó un papel, pero no el principal, en la disminución de cultivos de coca en el Perú. Lo más importante es que los narcotraficantes colombianos empezaron a sembrar su propia coca a fines de los años 80, adaptando coca boliviana y peruana, para no ser dependientes de la ‘materia prima’ nacional”, puntualiza Rospigliosi.
Por su parte, el analista en temas de narcotráfico, Rubén Vargas Céspedes, recuerda que entre 1995 y 1999 hubo una severa crisis en el negocio de la cocaína en el país, con una reducción del espacio cocalero de 110 mil a tan solo 38 mil hectáreas.
“Para algunos analistas y un sector de las Fuerzas Armadas, este repliegue del narcotráfico fue por la interdicción aérea que se implementó en esos años. Esta versión tiene más de mito que de realidad”, indica.
Las operaciones aéreas comenzaron en 1991 y llegaron a su pico más alto en 1995, hasta el 2001, cuando había operaciones esporádicas pues el narcotráfico casi había desaparecido en el segundo quinquenio de la década de 1990.
El monitoreo de coca de Naciones Unidas dice que la caída comenzó en 1995, cuando la interdicción aérea ya había bajado. En realidad, la muerte de Pablo Escobar y el desmantelamiento del cártel de Medellín; más la extradición a EE.UU. de los hermanos Rodríguez, dueños del cártel de Cali, redujeron la demanda de coca desde el Perú.
“La ausencia de compradores hizo que el precio de la coca baje de 2,5 a 0,4 centavos de dólar el kilo, muy por debajo de sus costos de producción. Esto y no los aviones ocasionaron el abandono masivo de los cultivos de coca”, sentencia.
“En el Vraem el gobierno perdió la brújula en lo que a enfrentar al narcotráfico se refiere. Precisamente por ello se comienza a invocar a la interdicción aérea como la panacea que nos podría volver a dar un segundo milagro. Para no ser aguafiestas, pongámonos en el escenario de que se derriben todos los aviones que se atrevieron a cruzar nuestras fronteras. ¿Eso traería como consecuencia la retirada del narcotráfico? No. Recordemos que hasta el 2008 la ruta de la cocaína era la terrestre y la fluvial. Si cortáramos el puente aéreo, ¿qué les impediría volver a sus antiguas rutas?”, señala.
El problema es que no hay un responsable de las 200 toneladas de cocaína que salen anualmente del VRAEM, pese a que allí están y operan con jugosos presupuestos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Policía Antidrogas, el Ministerio de Agricultura y Riego; y el comisionado para la Paz y el Desarrollo, entre otras entidades del Estado.
DATO
La interdicción aérea sirvió para colocar una valla más alta al negocio. La misma utilidad podría tener también ahora, y si formara parte de una estrategia integral podría ser un arma muy potente. Pero por sí sola, igual que la erradicación, no sirve de mucho.
BITÁCORA
Para frenar el flujo de avionetas procedentes de Bolivia, lo mejor sería consolidar un sistema de colaboración entre los países involucrados. Sin embargo, esa estrategia será difícil de ejecutar pues el vecino país padece de altos niveles de corrupción y se ha convertido en el destino actual de la mayor parte de la droga que sale del VRAEM.
Por otro lado, el interés de los Estados Unidos en la lucha contra las drogas procedentes de Sudamérica ha decaído mucho, pues la cocaína peruana no abastece el mercado norteamericano, sino que se va a Europa, América Latina e incluso a países del Asia.

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