Entre las
autoridades de Cancillería cunde cierta preocupación por lo que ocurre con la
sede diplomática en La Paz. Si en el pasado hubo que llamar al orden al
embajador en Bolivia, Ariel Basteiro, por sus abiertas expresiones, sin
autorización, a favor de una salida al mar para Bolivia (lo que irritó a los
chilenos), las “desmedidas” atribuciones que se adjudicó son las que preocupan
ahora. Porque desde el vamos, son ilegales.
Según pudo
saber Clarín, el ex diputado que el kirchnerismo le “arrancó” al socialismo,
mandó a autorizar a la cancillería boliviana la extensión de la visa y la
franquicia diplomática de funcionarios argentinos acreditados en La Paz que no
pertenecían al cuerpo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores. El
hecho recuerda otro escándalo de irregularidades con franquicias diplomáticas
de autos nacionalizados en forma irregular, pero en la Argentina. Esta vez,
involucra a Basteiro como jefe de misión, pero también a su consejero Alejandra
Elena di Vico, pues, como se aprecia en la documentación de esta página, es
quien terminaba firmando los papeles.
Este diario
sabe que de estos asuntos no está informado el canciller Héctor Timerman, pero
en su oficina de prensa no quisieron dar opinión ante la consulta de Clarín,
ayer a la tarde. Sin embargo, debería conocerlo la contadora Paula Verónica
Ferraris, Secretaria de Coordinación y Cooperación Internacional. Pero al
parecer, Basteiro tampoco habría pedido autorización en Buenos Aires.
Clarín pudo confirmar al menos una de las irregularidades. La que involucra al ex
agregado aeronáutico en la sede diplomática argentina en La Paz, comodoro
Edgardo Gustavo Sigler, quien debía cesar en su cargo su cargo y trasladarse de
regreso a Buenos Aires el 27 de octubre de 2014, junto a otros tres militares.
Sin embargo,
con fecha 20 de octubre de 2014, De Vico y Basteiro solicitaron por nota
dirigida a la cancillería boliviana la ampliación de funciones y privilegios,
cuando ya se le había vencido su estancia por 730 días.
De los varios
documentos y facturas de compra que tiene este diario surge otra fuerte
irregularidad que tiene que ver con las gestiones de Basteiro para que el ex
agregado Sigler pudiera tener una franquicia diplomática -los autos se
adquieren muchos más baratos- para una camioneta Nissan que costó US$ 24.789.
El problema es que Sigler ya tenía otra franquicia para su Citröen comprado en
la Argentina, que entró a Bolivia con placa de cortesía por pedido del
embajador argentino. La ley lo prohíbe. Y cuando cesó en funciones aún los
tenía.
Los jefes de
misión tienen la obligación de controlar todo lo atinente a franquicias
diplomáticas, según un apartado del reglamento para las representaciones
diplomáticas en el exterior. El artículo 115° establece la preeminencia de las
leyes locales, y en Bolivia sólo se permite tener una franquicia.
Privilegios
En el primer facsímil se observa la fecha de cese en funciones formal para el ex agregado aeronáutico Edgardo Gustavo Sigler. Sin embargo, como se ve en el segundo facsímil, una semana antes de esa fecha, la embajada pidió la ampliación de funciones y privilegios por su cuenta, sin la correspondiente resolución de Buenos Aires. Además, a Sigler se le tramitaron desde la embajada franquicias para dos vehículos, un Citröen y un Nissan, aunque en Bolivia sólo se permite una por persona. El Clarín de Argentina (www.clarin.com/politica)
En el primer facsímil se observa la fecha de cese en funciones formal para el ex agregado aeronáutico Edgardo Gustavo Sigler. Sin embargo, como se ve en el segundo facsímil, una semana antes de esa fecha, la embajada pidió la ampliación de funciones y privilegios por su cuenta, sin la correspondiente resolución de Buenos Aires. Además, a Sigler se le tramitaron desde la embajada franquicias para dos vehículos, un Citröen y un Nissan, aunque en Bolivia sólo se permite una por persona. El Clarín de Argentina (www.clarin.com/politica)
CONGRESISTAS RECHAZAN VIAJAR A BOLIVIA PARA TOMAR
MANIFESTACIÓN A BELAÚNDE LOSSIO
América Tv de Perú (www.americatv.com.pe)
La congresista
Marsisol Pérez Tello aclaró que la comisión parlamentaria que lleva el nombre
de Martín Belaúnde Lossio no investiga concretamente al prófugo
empresario, sino a los contratos que lo vinculan con altas esferas del poder.
La legisladora
explicó que en la mencionada comisión del Congreso se investiga si una persona
a nivel nacional puede tener vínculos con el Estado para beneficiarse con
millonarios contratos, de los cuales varios no se ejecutaron.
"Martín
Belaúnde Lossio entra en contratos que ya se firmaron, en cartas fianzas que ya
se gestionaron, en documentos falsificados que ya fueron utilizados. A quien le
corresponde venir a esclarecer todas las cosas que le vamos a pedir es a
él", detalló.
En ese sentido,
aseguró que no es una posibilidad escucharlo vía Skype, tal como lo
solicitó recientemente el prófugo empresario. “No corresponde perseguir a
una persona que ha eludido a la justicia. No corresponde burlar los
procedimientos”, dijo.
De otro lado,
recordó que el grupo de trabajo se encuentra actualmente en etapa indagatoria,
dentro de la cual se vienen identificando contratos, a personas vinculadas y su
relación con Belaúnde Lossio. Añadió que tras esto se citará e investigará a
los involucrados.
Por otra parte,
el congresista Yonhy Lescano, integrante de la comisión, aclaró que Belaúnde
Lossio conoce lo tratado en este grupo de trabajo, ya que su abogado
presentó escritos con su firma para obtener documentación e incluso poder
intervenir en las sesiones.
MARTÍN BELAUNDE LOSSIO: “NO PIENSO VOLVER AL PERÚ”
La Razón de Perú (www.larazon.pe)
El prófugo
empresario Martín Belaunde Lossio
negó que tenga pensado fugar de Bolivia si es que no se amplía el arresto
domiciliario dictado en su contra, aunque dijo que de ningún modo volverá al
Perú.
“Dice que
estaría preparando un plan de fuga, lo cual niego rotundamente. Estoy
sometiéndome a la Ley boliviana y, dentro de lo que me faculta la ley
boliviana, hay dos cosas: o buscar un tercer país de refugio o regularizar mi
situación migratoria”, señaló en diálogo con RPP.
“Estoy
trabajado con mis abogados, para encontrar una salida legal para preservar mi
libertad ante todos estos atropellos y cosas extrañas que están ocurriendo en
el Perú entorno mi caso”, agregó.
El exasesor de
campaña de Ollanta Humala, dijo además que no tiene pensado volver al Perú
porque –según dijo- no cuenta con las garantías necesarias para un debido
proceso.
Belaunde
Lossio: el viernes se ve su extradición por lavado
El pedido de
ampliación de la extradición de Martín Belaunde Lossio por
lavado de activos en el Caso ‘La Centralita’ será evaluado el viernes 20 de
marzo a las 8:30 a.m. en audiencia pública
La Sala Penal
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia será la encargada de ver este
pedido y de emitir una resolución sobre la inhibición interpuesta por el
magistrado César San Martín.
Los integrantes
de esta sala son los doctores Jorge Luis Salas Arenas, Elvia Barrios Alvarado,
Hugo Príncipe Trujillo, José Neyra Flores y Víctor Malca Guaylupo, quien
participará por la inhibición del juez San Martín.
Por otro lado,
mañana desde las 08:30 a.m., la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de
Justicia evaluará el pedido de extradición de Martín Belaunde Lossio referido a los delitos de peculado y
asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
Esta sala
estará integrada por magistrados llamados por ley, una vez que se
resuelvan los incidentes de recusación e inhibición dados a partir del último
fallo, que declaró improcedente el pedido.
MARTÍN BELAUNDE LOSSIO ADMITE IRREGULAR INGRESO A BOLIVIA
Prófugo Martín Belaunde Lossio ha pedido que intervenga
su abogado en las sesiones de la comisión del Congreso, asegura Yonhy Lescano
Diario Correo de Perú (www.diariocorreo.pe)
El prófugo de
la justicia peruana Martín Belaunde Lossio aceptó ayer que ingresó de manera
irregular a Bolivia.
“Es obvio
cuando uno escapa de un proceso y de una persecución de la que soy víctima, uno
sale de la manera que puede. Ingresé de manera irregular, escapé del Perú de la
manera que pude”, sostuvo el polémico empresario en diálogo con RPP.
En nuestro
país, por ejemplo, el procurador anticorrupción Joel Segura ha sostenido que
corresponde la figura de la expulsión a nuestro país, dado que el prófugo entró
de manera irregular al vecino país a través de la frontera.
Belaunde
Lossio, en declaraciones ofrecidas ayer, aseguró que al Perú ya no retornará
porque, a su juicio, “no voy a recibir un juicio justo, ya fui sentenciado por
los medios de comunicación, los políticos, los procuradores y fiscales”,
señaló.
Considera que
su irregular ingreso a Bolivia se regularizó cuando pidió refugio en dicho
país.
En otro
momento, el exasesor de campaña de Ollanta Humala negó que tenga la intención
de “fugarse”, ya que la misma ley boliviana le permite buscar un tercer país.
“Dicen que
estaría preparando un plan de fuga, cosa que niego rotundamente (...) estoy
trabajando con mis abogados para hallar una salida legal para preservar mi
libertad”, afirmó.
Más adelante,
declaró que no regresa al país debido a que no cuenta con las garantías para
llevar un debido proceso.
“Son nueve
meses que vengo luchando por eso y no lo puedo conseguir por atropellos de la
Fiscalía, la Procuraduría, y la presión mediática”, declaró.
BUSCA
RESIDENCIA. El abogado del prófugo empresario, Jorge Valda, indicó que buscará
que su patrocinado obtenga una residencia temporal en Bolivia. Asimismo, no
descartó que vaya a un tercer país.
“La norma
permite acciones legales por las cuales se puede tomar una situación migratoria
válida como obtener una residencia temporal (en Bolivia) , y en caso contrario,
llevarlo a un tercer país”, dijo a un medio local.
Asimismo,
afirmó que existen condiciones y tratados internacionales que permitirían que
Belaunde Lossio se pueda defender de las demandas de extradición.
Valda sostuvo
que la Ley de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) establece que tienen
un plazo de 30 días para acceder a una regulación migratoria o abandonar el
país.
“La ley de la
Conare establece que no hay relevancia en la forma como una persona ingresa al
país, ese no va a ser un factor para que se determine la aprobación o no de su
residencia permanente”, insistió.
Luego, dijo que
“la expulsión” en términos migratorios es una figura a través de la cual las
autoridades administrativas podrían disponer la expulsión solo bajo
“determinadas características”, que no quiso detallar.
“No podría
proceder una expulsión (en este caso). Estamos dentro del paraguas normativo de
protección de la ley de la Conare”, finalizó.
ANALIZARÁ. En
estos días, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia analizará el
pedido del Perú de ampliar por otros 60 días la detención preventiva con fines
de extradición de Belaunde Lossio.
El magistrado
boliviano Pastor Mamani manifestó en su país que el pedido peruano puede ser
declarado procedente o improcedente
AL TANTO. El
integrante del grupo parlamentario que investiga los negocios de Belaunde
Lossio, Yonhy Lescano, informó que el prófugo empresario “está instruido de
todo lo que está pasando en la comisión” congresal.
El legislador
dijo que el abogado del empresario ha presentado escritos con su firma pidiendo
documentación para revisarla, de cara a su defensa legal.
“(Belaunde
Lossio) ha pedido que intervenga su abogado en las sesiones”, dijo el
legislador.
Lescano aseguró
que es falso lo declarado por el prófugo personaje en el sentido de que no
había ningún contacto y que él no sabía lo que pasaba en la comisión.
Respecto al
pedido de Belaunde Lossio para que la comisión viaje a Bolivia a tomar su
declaraciones, Lescano señaló que este señor no puede imponer sus condiciones a
una comisión parlamentaria.
“Este señor no
puede retar ni pechar al país, no se puede permitir una situación de esa
naturaleza”, señaló.
COMERCIOS DE BOLIVIA TAMBIÉN SE ADHIEREN
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Los comercios
de esta ciudad, Salto del Guairá, Ciudad del Este y las ciudades bolivianas de
Puerto Quijarro, Puerto Suárez, Concepción y Arroyo se manifiestan hoy con
cierres de sus locales comerciales ante las medidas anunciadas por el Gobierno
brasileño de bajarla cota de compras de 300 a 150 dólares a sus ciudadanos que
realizan compras en el extranjero.
Esta medida,
según los comerciantes paraguayos, sería el “golpe de gracia” al comercio de
fronteras que es el pulmón económico de las mayorías de las ciudades
fronterizas con el Brasil.
Según los
comerciantes, esta medida de protesta es con el propósito de llamar la atención
de las autoridades de nuestro país, para que intercedan ante las autoridades
brasileñas a fin de rever esta medida a ser implementada desde el próximo 1 de
julio.
ARGENTINA ADVIERTE SOBRE BROTE DENGUE EN TRIPLE FRONTERA
ANSA de Italia (www.ansa.it/ansalatina)
El Ministerio
de Salud de Argentina pidió extremar las medidas sanitarias en las zonas de
frontera, ante el brote de dengue y fiebre chikungunya que se extiende por
Brasil, Paraguay y Bolivia.
El Ministerio
de Salud advirtió hoy que "de acuerdo a los relevamientos entomológicos,
que miden la presencia de larvas del mosquito Aedes Aegypti, 2.580 localidades
de todo el país están en riesgo y expuestas al dengue y la fiebre
chikungunya".
Aunque
Argentina sólo ha recibido casos importados de fiebre chikungunya, Bolivia ya
cuenta con 90 casos autóctonos y Brasil con 1.049, comparó el informe sanitario
difundido hoy. Héctor Coto, titular de la Dirección de Enfermedades
Transmisibles, sostuvo que "la dinámica del chikungunya es preocupante en
Brasil y hay que estar atentos en los días de Semana Santa, especialmente las
provincias de Misiones y Formosa, para detectar algún posible caso de esta
enfermedad en personas que viajen" a esas zonas del norte del país.
"Argentina no es un país endémico, lo que significa que requiere de
personas que ingresen al país con el virus", explicó Coto.
El funcionario
detalló que Argentina tiene "dos vertientes epidémicas que lo afectan, que
ingresan al país a través de la localidad de Salvador Massa en Salta (fronteriza
con Bolivia) y del sur de Brasil, a través de Misiones y Formosa". En
cuanto al dengue, Argentina tuvo un total de 490 casos en 2014, mientras que
Brasil tuvo 591.080, Paraguay 16.9176 y Bolivia 22.630.
EL NARCOTRÁFICO COMO POLÍTICA DE ESTADO
Las Américas News Paper de EEUU (www.lasamericasnews.com)
Por: Erick Fajardo Pozo. Cuando la coca excedentaria
es la base de un modelo económico emergente, y sus elites intermediarias han
asumido el poder, la consecuencia lógica es que el narcotráfico se convierta en
Política de Estado. Decirlo sin vueltas y sin rodeo - estimo - es la última
chance de exponer la negación hipócrita en la que han decidido cohabitar la
sociedad civil y las elites políticas bolivianas, respecto al problema de la
coca y el "cuarto ciclo" de acumulación del capital en Bolivia.
El narcotráfico
se maneja desde el gobierno boliviano. Esa es una realidad a la que nos convoca
a someternos la evidencia empírica cotidiana del sentido común y de la que nos
evade una fuerza igual o aun mas poderosa: la negación. Cuando la economía de
un país empieza a pivotar sobre la explotación de una materia prima estratégica
de gran demanda internacional, hablamos de un modelo económico emergente que
exige participación y regulación del estado. Cuando su industrialización y
comercialización queda en control de pequeñas corporaciones y micro
empresarios, y su ciclo económico tiene efectos multiplicadores con incidencia
directa en la microeconomía, hablamos de un nuevo ciclo de acumulación del
capital, con plena legitimidad social.
Cuando estos
grupos agentes del modelo económico emergente alcanzan la madurez organizativa
y financiera para buscar con éxito el poder político, la legitimidad social del
modelo empieza a imponer su propia lógica de racionalidad legal. Y cuando un
estado toma la decisión de asumir control del mercado de una materia prima
estratégica; de un sector productivo creciente y con legitimidad social, mas
allá de sus connotaciones legales, hablamos de asumir la implementación de un nuevo
modelo de economía como política de estado.
Evo Morales no
llevó el narcotráfico a palacio, ese dudoso honor lo tuvieron otros antes. Él
lo ha asumido como política de estado y su régimen es la expresión de la toma
del poder de esas nuevas elites económicas y los grupos transnacionales que
promueven la economía de la coca, de una política de estado a un nuevo orden
económico mundial.
Es hora dejar
de explicarnos la singular bonanza microeconómica con el mito del cuerno de la
abundancia; de dejar las tramas novelescas para explicar la epidemia de
dignatarios implicados en narcotráfico. Suficiente del absurdo de la
conspiración de ministros, generales y eunucos infiltrados por el Imperio, a
espaldas del virtuoso e ingenuo Puyi andino.
El cacique de
la principal confederación de productores de coca, sin destino legal, gobierna
hace diez años Bolivia. Y más allá de la posición oficial de su gobierno sobre
combatir el narcotráfico, en los hechos se deshizo de la DEA, amplió la
frontera agrícola de la coca y despenalizó el incremento de cultivos de coca
excedentaria, mientras su estrategia de incautaciones y secuestros de droga
sugiere una lucha contra el contrabando y la competencia, antes que contra el
narcotráfico en si.
Reconducción
diplomática, decisiones ejecutivas de incentivo a la producción, control de
fronteras, regulación y gestión del comercio exterior. No es eso desarrollar
una política de estado? Y en ese contexto, que sus ministros, su zar
antidrogas, su director Anticorrupción, su Comandante de la Policía y su
sacerdote de cabecera, sean eventualmente señalados por la prensa o capturados
por otro gobierno en el ejercicio de esa política, es parte del costo de la
lucha de este y varios otros gobiernos por consolidar un modelo económico
emergente.
Digámoslo sin
careta de una vez, que la izquierda lo debate entre susurros hace décadas: la
coca es el eje de un nuevo ciclo de acumulación del capital. Y si algo
persiguen los agentes políticos de este modelo, es imponer un nuevo orden
económico mundial.
SECUESTRARON
21 KILOS DE COCAÍNA Y 150 DE MARIHUANA
El
Intransigente de Argentina (www.elintransigente.com)
Cuatro
personas fueron detenidas por la Gendarmería
Nacional (GNA), que también incautó 21 kilos de cocaína y 150 de
marihuana, en dos operativos antinarcóticos realizados en las provincias de
Salta y Neuquén. Se efectuaron por directivas de la Secretaría de Seguridad, a
cargo de Sergio Berni.
En un
procedimiento efectuado el sábado, efectivos del Escuadrón 52 "Tartagal”
de GNA, que efectuaban controles vehiculares sobre la ruta 34, interceptaron a
tres camiones tipo cisterna y detuvieron a uno de los conductores, quien
trasladaba 21,70 kilos de cocaína ocultos en un habitáculo de la cabina.
En ese
recinto detectaron 20 ladrillos de cocaína dentro de dos bolsas de polietileno,
bajo mantas de cama. La droga había sido ingresada desde Bolivia. Por
disposición del Juzgado Federal de Orán, se confiscó la droga y el conductor
del rodado quedó detenido.
Por otro lado,
en Neuquén, el Escuadrón 33 "San Martín de los Andes” de GNA detuvo a dos
ciudadanos brasileños y una argentina que intentaban cruzar hacia Chile con 150
kilos de marihuana ocultos en un automóvil, cuando se aprestaban a realizar los
trámites migratorios en el paso internacional Mamuil Malal.
En el control
del vehículo, un Chevrolet Vectra, los gendarmes, junto con personal de Aduana,
notaron un peso anormal al abrir las puertas traseras, y solicitaron la
autorización del Juzgado Federal de Zapala para profundizar la requisa.
Lograron
extraer 174 paquetes ocultos en compartimientos creados en la estructura de los
zócalos, interior de paragolpes, entre el baúl junto al asiento trasero y
ambos paneles de las puertas traseras.
El equipo
pericial de Gendarmería determinó que trasladaban 152,285 kilos de marihuana. A
raíz de este procedimiento el magistrado libró una orden de allanamientos donde
se secuestraron elementos para continuar con las pesquisas.
ADVIERTEN QUE EL CHAVISMO PODRÍA CONSOLIDAR SU CONTROL
SOBRE LA OEA
Run Run de España (www.runrun.es/internacional)
Durante su
gestión como secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA),
José Miguel Insulza fue frecuentemente criticado de hacer poco para defender
las democracias de la región de las violaciones de los derechos y las
libertades civiles derivadas del chavismo.
Pero la
situación podría empeorar dentro de poco, dijeron expertos y diplomáticos
consultados.
La OEA elige
este miércoles a su nuevo secretario general y hasta el momento el único que
opta al cargo es el ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, un diplomático con
estrechos vínculos con el chavismo que, además, mantiene preocupantes
relaciones con Irán.
Según las
reglas de esa organización, los candidatos pueden presentarse hasta el mismo
día de la elección.
Su candidatura
ha activado la alarma entre quienes consideran que su cercanía con el chavismo,
su relación con Irán y la influencia que Ecuador aparentemente ejerce sobre él,
en su intento por implementar una reforma al sistema interamericano de derechos
humanos, socavaría a la organización.
Para los
consultados, una elección de Almagro pudiera ser “la bala que termine ultimando
a la víctima”: la OEA.
“Almagro será
un peor secretario general que Insulza, quien es una persona moderada, pero que
a la larga tuvo que sucumbir al consenso y el consenso en América Latina es hoy
en día proteger al gobierno venezolano”, dijo a El Nuevo Herald Luis
Fleischman, asesor del Menges Hemispheric Security Project en Washington.
El ex
diplomático uruguayo, cuya candidatura a la OEA la propuso el ex presidente
José Mujica, es “abiertamente un chavista” y perteneció a un gobierno que
estaba identificado con el chavismo, advirtió Fleischman.
“Yo no veo a
Almagro enfrentándose al chavismo”, y en lo que es aún más preocupante para el
experto, “tiene relación con la República de Irán”.
“Almagro, lo
preveo, como que va a ser 10 veces peor [que Insulza]. Va a ser un secretario a
la medida de la izquierda en la región, incluyendo a todas estas nuevas
dictaduras de izquierda: Bolivia, Venezuela”, dijo Fleischman quien es autor
del libro “Latin America in the post Chavez era, the threat to us security”.
Pronosticó que
el candidato uruguayo de ser electo terminará defendiendo “todas estas medidas
dictatoriales” contra la sociedad democrática de América Latina. “Es una gran
derrota para los derechos humanos, es la bala que terminó ultimando a la
víctima, es la última gota”.
El ex embajador
de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochez, no ve en Almagro cualidades para
imprimirle un nuevo liderazgo a la OEA, aunque espera equivocarse, y destacó
que tampoco se le conocen posiciones claras frente a estas “democracias entre
comillas que han emergido en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y
Nicaragua”.
La OEA requiere
de un liderazgo que esté por encima de las posiciones políticas de cada país,
ya que existen naciones como Venezuela — indicó — que ignoran los mandatos de
la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), o Ecuador que
constantemente cuestiona las gestiones de la Relatoría de la Libertad de
Expresión o Argentina que “menoscaba el ejercicio del periodismo”, y les
“molesta” lo que dictamine la CIDH.
“Y en la medida
en que Luis Almagro no sea independiente de ningún factor de poder de la OEA,
ni de Venezuela, ni de Estados Unidos, ni de ninguno de los países de la ALBA,
es difícil pensar que vaya a haber una nueva gestión en la OEA”, aseveró Cochez
quien fue destituido en el 2013, un día después de que criticara la situación
política venezolana.
Hasta el
momento, los pronunciamientos que Almagro ha pronunciado sobre su posible
gestión en la OEA lucen bastante inofensivos.
En su
presentación como candidato a la OEA en el Consejo Permanente de esa
organización el pasado febrero, el diplomático dijo que “la OEA debe dotarse de
herramientas que le permitan tener un conocimiento anticipado de eventuales
crisis para actuar en forma coordinada con los Estados, en base en el diálogo,
para evitar desenlaces antidemocráticos”.
Asimismo,
propuso la creación de un sistema interamericano de prevención de conflictos
sociales en material de derechos humanos y una iniciativa para fortalecer la
seguridad ciudadana en el continente con participación de organismos
multilaterales y globales, el sector privado y la sociedad civil, entre otras
iniciativas.
No obstante,
Almagro se pronunció a favor de abrirle la puerta de la organización al régimen
de los hermanos Castro, al expresar su “convicción que los Estados Miembros de
la Organización deben encontrar la forma viable y consensual para el ‘reingreso
efectivo’ de Cuba a la OEA, indicando que la próxima Cumbre de las Américas en
Panamá en abril, ‘será histórica al convertirse en un hito por la presencia
cubana’”.
Para el
director del Centro de Investigación Periodística en las Américas, Ezequiel
Vázquez-Ger, el diplomático uruguayo será un candidato a la medida de aquellos
países a los que se les acusa de violar la Carta Democrática Interamericana.
Ese será
“definitivamente” el caso, dijo Vázquez-Ger, al preguntarse si el silencio de
Almagro sobre lo que sucede en Venezuela se debe a que el ex canciller uruguayo
no puede hablar sobre este país porque necesita los votos para ser electo o
porque realmente cree en el chavismo.
Y el visto
bueno de Venezuela es clave para la elección, ya que controla hasta 20 votos,
incluyendo cinco de los países miembros del ALBA y 15 de los países del Caribe
que se benefician directamente de los subsidios petroleros que Caracas otorga a
través de Petrocaribe, dijo Cochez a el Nuevo Herald.
“Con la
influencia que ha ejercido Venezuela sobre el Caribe ya es muy fácil dominar
una elección en la OEA”, aseveró el ex embajador panameño.
Entre tanto,
Vázquez-Ger está convencido de que Almagro está en línea con gobiernos del
talante venezolano y sostuvo que como canciller ni una sola vez levantó la voz
o emitió comunicados pidiendo que se investiguen las violaciones a los derechos
humanos en Venezuela.
Y si se observa
lo que publica en Twitter , añadió, la posición de Almagro frente a lo que está
pasando en Venezuela “es a la OEA no le toca hacer nada, de esto se está
ocupando Unasur y hay que seguir el camino de las negociaciones” de ese bloque
regional.
Almagro, un
abogado y diplomático de 51 años, ha publicado varios tuits del secretario
general de la Unasur, Ernesto Samper, sobre la gestión que se realiza sobre el
caso venezolano, y un comunicado de esa organización en torno al mismo tema.
Y el 5 de marzo
recordó en su cuenta @Almagro_OEA2015 el fallecimiento del ex presidente
venezolano: “Nuestro saludo y respetos al pueblo de Venezuela en el segundo
aniversario de la desaparición d Hugo Chávez Frías”.
Unasur, en
opinión de Vázquez-Ger, no ha defendido los “derechos humanos de los
venezolanos, ni pide investigación sobre las atroces violaciones a los derechos
humanos, lo que hace es defender al gobierno de Venezuela”.
Si bien Almagro
dice que va a promover los derechos humanos y la democracia, en la práctica no
lo está demostrando –señaló- y “probablemente” no lo haga al frente de la OEA.
“Almagro cree
en una línea de pensamiento liderada principalmente por Ecuador, país que cree
que la CIDH no tiene que estar en Washington ni ocuparse de estos temas…Tiene
una relaciones muy cercanas al canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, es muy
influenciado por él y por el gobierno de Ecuador”.
Advirtió que
los gobiernos de los países de la ALBA necesitan impunidad para mantenerse en
el poder, lo que han logrado internamente, pero aún requieren control de la
CIDH y la Corte Interamericana de Justicia (CorteIDH), porque esta última
instancia los podría poner en aprieto.
“Ese es el plan
de estos países, socavar la CIDH y lo están haciendo a través de una
candidatura de Almagro que a va trabajar alineado con estos países y
eventualmente a través de un control de la CorteIDH promoviendo jueces que no
cumplen con ninguna de las características”, alertó.
ESTADOS
UNIDOS, GUARDIÁN DE LA DEMOCRACIA POR LA FUERZA
El
Periódico de México (www.elperiodicodemexico.com)
Nunca he
creído en guardianes de la democracia. No soy partidario de tener un gendarme
protector que avise, según su entender, cuándo se traspasa el límite de lo
políticamente correcto. Rechazo, por principio, los discursos paternalistas y
soberbios, llenos de consejos maniqueos mostrando los peligros de refrendar
proyectos antimperialistas, democráticos y socialistas. Siempre lo mismo, bajo
el tópico se los advertí, Estados Unidos han actuado para salvaguardar sus
intereses y el de sus socios, las oligarquías criollas.
Desde el
siglo XIX no hay continente que se le resista. En África, Asia, Europa y
América Latina no han tenido remilgos en dirigir, subvencionar y patrocinar
acciones desestabilizadoras cuando los gobiernos electos no son de su agrado y
les plantan cara. En ocasiones, a los gobernantes estadunidenses les ha bastado
con redactar una carta reclamando deudas y su pago inmediato. En otras han ido
más lejos, negando préstamos, obstaculizando exportaciones, cerrando el flujo
de inversiones previamente acordadas. Asimismo, las presiones se han transformado
en sanciones si no obtienen los resultados previstos, doblar la voluntad
soberana de los pueblos. Aquí, el abanico cubre todos los espacios de las
estructuras de poder. Sanciones económicas, políticas, diplomáticas, sociales y
culturales. El bloqueo de cuentas bancarias y la paralización de importaciones,
convenios bilaterales de cooperación e intercambio de tecnología buscan generar
caos, inflación, desabasto y parálisis productiva.
Por otro
lado, las sanciones políticas suelen tener un impacto inmediato en el terreno
de la opinión pública mundial y afectan las relaciones internacionales
bilaterales y multilaterales. Se trata de expulsar personal diplomático, negar
visados y promover resoluciones condenatorias bajo la acusación, por ejemplo en
el caso venezolano, de seguir una deriva que pone en riesgo la paz interna,
dividiendo el país, el orden regional generando un conflicto entre países
hermanos y mundial albergando terroristas y narcotraficantes. En otros
términos, la gobernanza, según el establishment estadunidense, no cumple con
los estándares de la democracia diseñada por el Pentágono.
Para dar
publicidad a las sanciones políticas cuentan con todo un aparato internacional
en manos de trasnacionales de la comunicación. Por citar algunas, CNN, Efe,
BBC, Rai, Reuters y France Presse, sin olvidarnos de las cadenas de televisión,
radio y prensa escrita que en cada país reproduce el relato, mañana, tarde y
noche, llamado a romper el orden legítimo. El discurso no cambia. Se trata de
adjetivar un gobierno electo, democrático, respetuoso del orden constitucional
como un gobierno totalitario que persigue a la oposición, encarcela a sus
dirigentes, tortura y rechaza las reglas del juego democrático. En América
Latina los ejemplos sobran. Durante la guerra fría, Guatemala, Chile, Cuba,
Brasil, Bolivia, Panamá, Nicaragua, Perú, Uruguay, Argentina o Paraguay fueron
objeto de esta trama. Post guerra fría, otros países se han convertido en las
víctimas predilectas del acoso estadunidense: Venezuela, Ecuador y Bolivia, por
citar a los que mantienen su proyecto a pesar de presiones, sanciones y
bloqueos. Honduras y Paraguay no tuvieron la misma suerte. Los golpes de Estado
triunfaron bajo la atenta mirada del Departamento de Estado.
La estrategia
de la tensión también conlleva presiones militares. Maniobras entre las fuerzas
armadas de países frontera y la flota estadunidense. Demostrar el apoyo a los
grupos golpistas, dejar sentados a quienes son los amigos y, de paso, enviar un
mensaje clarificador: Estados Unidos sabrá recompensar a sus fieles servidores.
Baste recordar a los dictadores centroamericanos de mediados del siglo XX. En
esta maniobra envolvente, las embajadas juegan un papel fundamental. Los
agregados militares y miembros de los servicios de inteligencia afincados en el
país comienzan articulando a los sectores proclives al golpe militar. Se trata
de los contactos entre militares ambiciosos, descontentos con la política de
ascensos o visceralmente contrarios a los proyectos populares y antioligárquicos.
Se les mima y ofrece regalías. Ascensos, cursos de adiestramiento en las
academias de guerra estadunidenses o se les compra con dólares o meretrices.
Las
presiones, sanciones y acciones desestabilizadoras marcan la frontera que
Estados Unidos crea para identificar al amigo que acepta los consejos y vuele
al redil, bajo la atenta mirada del pastor que guía su rebaño y el enemigo,
demonio al cual perseguir, excomulgar y eliminar. El destino de la oveja negra
será su sacrificio, y la sangre vertida el pago por la osadía de no querer ser
rebaño.
En otros
términos, Estados Unidos se autoproclama juez, redactor de las reglas de juego,
árbitro y público, considerándose legitimado para cambiarlas, expulsar
jugadores y declarar vencedor al equipo que le venga en gana, en función de sus
intereses. En un símil futbolero, es salir al campo sabiendo de antemano que el
partido está perdido, siendo la única manera de ganar, perder la dignidad y
aceptar las migajas de un triunfo espurio. Aún así, no siempre lo logran. En eso
consiste la lucha democrática, plantar cara a la soberbia y no dejarse
avasallar. Tarea difícil, pero no imposible.
ESTADOS UNIDOS: “GENDARME” POR CONVENIENCIA
ACN de Cuba (www.ain.cu)
Estados Unidos,
experto en cruzadas bélicas y en manipuladas campañas mediáticas para
justificarlas, sigue haciendo del tema de los derechos humanos uno de los
favoritos para cumplir su autoimpuesta y muy cuestionada encomienda de velar
por el orden y la estabilidad mundiales.
De sus
“esfuerzos pacificadores” tienen constancia plena las poblaciones civiles,
incluidas minorías étnicas y religiosas, masacradas y enlutadas en las guerras contra Afganistán,
Iraq, Libia y otros países, lanzadas en nombre de la libertad y la democracia,
términos que para Washington significan tener las manos libres para disponer
del petróleo y otros recursos que tanto necesita la más voraz de las sociedades
de consumo en el orbe.
Ganar
ventajosas posiciones geoestratégicas que apuntalen su decadente hegemonía,
constituye asunto vital para un Imperio que ve desdibujarse aquella América
Latina sumisa y sometida de otros tiempos -a la que siempre consideró su “traspatio”-,
donde oligarquías entreguistas y dictaduras militares made in USA garantizaban
el ansiado petróleo y las materias primas baratas demandadas por las
trasnacionales norteamericanas.
El primer acto
de desacato a los dictámenes imperiales fue la Revolución Cubana, que triunfó el Primero de
Enero de 1959, a la que le siguieron procesos liberadores en naciones como
Nicaragua, Venezuela, Ecuador y Bolivia, entorno en el cual también asumieron
el poder Gobiernos progresistas en Argentina, Brasil, El Salvador, Uruguay y
otros países del área, donde se consolidan hoy los procesos de integración,
liderados por una izquierda comprometida con las causas populares y la
soberanía nacional.
Pero, paz y
progreso en la región perfilados por revoluciones sociales y mecanismos
signados por hondo espíritu humano, antimperialista y solidario, como la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
Petrocaribe, Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), son “pésimos ejemplos” que Washington
debe apresurarse a castigar.
A Cuba,
abanderada de los “sublevados”, la Casa Blanca le recetó más de medio siglo de
hostilidad, planes subversivos, atentados terroristas, guerras de todo tipo y
un genocida bloqueo económico, comercial y financiero
que ha sido la mayor y más permanente violación de los derechos humanos de los
cubanos: política que fracasó, como reconoció el 17 de diciembre último Barack
Obama, al anunciar la disposición a restablecer las relaciones diplomáticas con
La Habana, lo que en modo alguno significa el abandono de los objetivos
históricos del vecino del Norte respecto a la Isla, como subrayó en su discurso de ese día el Presidente
norteamericano.
Se trata de un
cambio de estrategia no fortuito. Al fin, Washington se percató de que el
pretendido cerco a la Isla se tradujo solo en más aislamiento regional e
internacional de los propios Estados Unidos, al que no pocas voces en
Latinoamérica le advirtieron, incluso, se ausentarían de las Cumbres de las Américas,
si Cuba no era invitada.
Distender las
relaciones con La Habana pondría a EE.UU. en mejores condiciones para
recomponer su deteriorada imagen en Latinoamérica y recuperar la influencia que
lo mantuvo durante mucho tiempo como timonel del hemisferio, dueño casi
absoluto de los recursos naturales de esta parte del mundo.
Analistas
opinan que el Gobierno estadounidense, además, utiliza el acercamiento
diplomático a Cuba con la pretensión de que va a generar recelos entre los
otros integrantes del ALBA, paso particularmente dirigido a generar
desconfianza entre las fuerzas revolucionarias del subcontinente.
Lo que no
resulta muy comprensible para algunos es que, al día siguiente del anuncio en
torno a la voluntad de reanudar los nexos con la Isla, Obama firmara la
denominada Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de
Venezuela, un acto de suma injerencia en los asuntos internos de la
nación bolivariana.
Más inaudito
aún fue que el propio mandatario estadounidense emitió una nueva orden
presidencial, al declarar lo que llamó emergencia nacional con respecto a la amenaza
inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior
de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela.
EE.UU:
¿derechos humanos o “derechito” al petróleo?
No hay que ser
muy ducho en materia de política internacional, para comprender que la Casa
Blanca no está realmente interesada en la democracia ni en los derechos humanos
en Venezuela, plenamente garantizados desde hace 15 años por la Revolución Bolivariana en
el poder, refrendados en una Constitución aprobada mediante referéndum popular
en diciembre de 1999.
Washington
considera que se trasgreden los derechos de los opositores al Gobierno, cuando
estos son juzgados por protagonizar actos violentos -o por incitarlos- que han
dejado decenas de muertos, principalmente simpatizantes de las ideas del
inolvidable Comandante Hugo Chávez y de su seguidor en el poder, el Presidente
obrero Nicolás Maduro. No le preocupa en absoluto el derecho que tenían a vivir
las víctimas de los disturbios, organizados y financiados por la extrema
derecha en territorio venezolano y en Miami.
Washington
considera que se trasgreden los derechos de los opositores cuando estos son
juzgados por involucrarse en planes de magnicidio y de golpe de Estado, también
fraguados en territorio norteamericano.
A los opositores
de la extrema derecha, aupados por EE.UU., responsables de las guarimbas (disturbios violentos), que
sembraron el caos y provocaron severos daños humanos y materiales en las
comunidades, a esos no les llama violadores de los derechos humanos, sino
“luchadores por la libertad” que tienen entrada libre en el país del Norte.
¿Cuál de los dos países amenaza realmente la seguridad nacional
del otro? ¿Venezuela la de Estados Unidos o a la inversa?
No resulta
creíble la “preocupación” imperial por los derechos humanos, cuando estos se
violan a diario en los propios EE.UU. y en disímiles naciones adonde sus
militares desarrollan guerras por el control de los recursos naturales y por
ganar posiciones geoestratégicas. ¿Dónde están las condenas de EE.UU. a su
aliado Israel por pisotear tanto los derechos humanos de los palestinos? ¿Dónde
sus castigos a Tel Aviv por invadir la Franja de Gaza y masacrar a miles de
niños, mujeres y ancianos, bajo metralla de factura norteamericana?
Washington fue
el principal aliado del régimen del apartheid en Sudáfrica, el gestor y
sustentador de sangrientas dictaduras militares en Latinoamérica y el
orquestador de muchos de los planes desestabilizadores contra Gobiernos
legítimamente constituidos en la región, no afines a sus designios.
El ejemplo de
la Revolución Bolivariana, pieza clave en los proyectos integracionistas en
América Latina y el Caribe, es una piedra en el zapato del Tío Sam, muy
interesado en el derrocamiento del Presidente constitucional Nicolás Maduro y
en la asunción al poder de la misma oligarquía que durante décadas entregó el
petróleo a manos llenas a las trasnacionales estadounidenses.
Bien sabe
Washington que un barco cargado de crudo demora alrededor de 45 días en viajar
desde el Oriente Medio hasta las costas norteamericanas. Si sale desde
Venezuela, el mismo buque tarda apenas cuatro o cinco días. ¡La ventaja sería
obvia!
De acuerdo con
un estudio comparativo publicado en 2010 por Petroleum Intelligence Weekly,
la empresa Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA) es la cuarta entre las
compañías más grandes a nivel mundial en el negocio de los hidrocarburos,
análisis basado en la combinación de criterios operacionales, que incluye
reservas, producción, refinación y ventas.
La Revolución
Bolivariana pone ese renglón a disposición del pueblo, al garantizar la
seguridad energética, incluido el suministro doméstico de combustible, y
colocarlo como sostén de disímiles misiones (programas) sociales: de empleo,
productivas, culturales, educativas, de atención a embarazadas, a personas con
discapacidades, entre muchas otras, que elevaron el respeto a los derechos
humanos a niveles jamás vistos en Venezuela.
La patria de
Bolívar también ha dedicado soberanamente ese recurso a favor de proyectos
integradores regionales, como Petrocaribe y el ALBA, lo que se traduce en el
disfrute de derechos humanos fundamentales por los ciudadanos de los países
integrantes y en un aporte considerable al desarrollo de sus economías.
Si no fuera por
tratarse de un asunto tan serio, movería a risa la decisión del Presidente
Barack Obama de declarar a Venezuela una amenaza para la seguridad nacional de
los Estados Unidos.
A Washington no
le preocupa realmente el tema de los derechos humanos; lo que quiere es ir
“derechito al petróleo” de la nación bolivariana, poseedora de las mayores reservas del crudo a nivel global.
Cuba, principal apoyo político de Nicolás Maduro, reitera
su respaldo y confirma la presencia del presidente Raúl Castro
ABC de España (www.abc.es)
Buscar una
posición común ante la Cumbre de las Américas del
próximo abril es el objetivo de la reunión prevista este martes en Caracas de
los líderes de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de América (ALBA-TCP). El encuentro se celebra en medio
de la escalada de tensión entre Caracas y
Washington tras las sanciones impuestas por la Casa Blanca y la
consideración de la situación en el país sudamericano como una amenaza para
Estados Unidos.
Cuba, principal
aliado político de Venezuela, ha manifestado públicamente su respaldo al país y
ha confirmado la presencia del presidente cubano, Raúl Castro, que ocurre
cuando en La Habana se desarrollan las conversaciones para el restablecimiento de relaciones
con EE.UU. anunciado el pasado diciembre.
Al anunciar la
celebración de la cumbre, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que
ésta busca decidir la posición que adoptará el bloque en la Cumbre de las
Américas que tendrá lugar en Panamá el 10 y 11 de abril. El gobernante
venezolano ha dicho que su Ejecutivo irá a la Cumbre de las Américas para
decirle a Obama: «Venezuela se respeta».
El presidente
de EE.UU., Barack Obama, declaró el pasado 9 de marzo una «emergencia nacional»
por la «amenaza inusual y extraordinaria» de la situación en Venezuela para la
seguridad de EE.UU. y amplió las sanciones a varios
funcionarios venezolanos incluidas en una ley aprobada en diciembre
pasado por Washington, informa Efe.
Maduro pidió a
los «pueblos hermanos del mundo», en un acto público el domingo en el Palacio
de Miraflores, que mantengan «la movilización» y exijan «que Obama derogue el
decreto que amenaza a Venezuela».
El canciller
cubano, Bruno Rodríguez, consideró el pasado sábado que era «imprescindible una
cumbre del ALBA urgente» que se pronunciase «con absoluta firmeza y decisión en
solidaridad» con la llamada «revolución bolivariana» de Venezuela.
Por su parte,
el Gobierno de Ecuador, miembro de ALBA, ha manifestado su apoyo al Gobierno de
Maduro y pedido a Estados Unidos que respete la soberanía de Venezuela, al
mismo tiempo que criticaba las «acciones ilegítimas» que afectan la estabilidad
en ese país.
Doce países
En la reunión
de la ALBA se espera la participación de jefes de Estado y ministros de los
doce países del bloque, integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba,
Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas,
Venezuela, Surinam, Guyana y Haití.
La Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur)
debatió el pasado sábado la situación de EE.UU. y Venezuela e instó
a Washington a cambiar su actitud hacia el país suramericano y le pidió que
derogue el decreto y que ponga en práctica «alternativas de diálogo» con el
Gobierno de Nicolás Maduro.
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