miércoles, 12 de enero de 2011

HAY TEMOR DE QUE EL “CASO MARIO COSSÍO” AFECTE RELACIONES CON PARAGUAY. EL CORRUPTO ESTA CERCA DE CONSEGUIR SU ACOGIDA EN EL PAIS VECINO

El “caso Mario Cossío” pasó del conflicto político bilateral al terreno diplomático. Las cancillerías de ambas naciones tomaron medidas sobre el asunto y el vicepresidente paraguayo, Federico Franco, rechazó las expresiones de su colega boliviano Álvaro García Linera sobre el trámite de refugio a favor de Mario Cossío y le recomendó preocuparse de la conducta de la ministra Nardi Suxo, quien habría tenido “una grosera injerencia” al abogar por el rechazo de la solicitud en curso ante la Conare.

El suspendido gobernador de Tarija, Mario Cossío, está cerca de conseguir su acogida en Paraguay, donde existe creciente corriente institucional a su favor. Ayer, 17 gobernadores de ese país pidieron su asilo político y el presidente Fernando Lugo cuestionó la forma en que fue suspendido.
Cossío pidió refugio y su caso radica en la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), de la que forman parte con derecho a voto instancias como el Ejecutivo y el Legislativo paraguayo. Lugo señaló ayer que no está de acuerdo “en la forma en que él perdió el estatus de gobernador”.
Sin referirse explícitamente a Bolivia, pero al hablar del caso Cossío, comentó en una entrevista concedida anoche a CNN que “en muchos países la justicia está sometida al poder político” y dijo que el caso del boliviano será analizado “con serenidad, con tranquilidad” en su país.
Si la Conare concediera el refugio “no tendremos ninguna dificultad en acogerlo solidariamente, y que se sienta muy bien en Paraguay, con tranquilidad, con la seguridad que él dice no tiene en su propio país”, anticipó.
En la tarde, el Consejo de Gobernadores de Paraguay pidió al Presidente paraguayo aprobar un decreto otorgando el asilo político a favor de la suspendida autoridad, quien goza de un refugio provisorio hasta tanto se resuelva su situación.
Los gobernadores realizaron la solicitud a través de una nota remitida a Lugo y firmada por el presidente de este Consejo, el gobernador del departamento de Itapúa (sur), Juan Afara, y su vicepresidente, de Boquerón (Chaco), Walter Stoeckl, reportó EFE.
A diferencia de Lugo, su vicepresidente, Federico Franco, fue explícito y se pronunció a favor de proteger a la suspendida autoridad, quien huyó de Bolivia después de ser suspendida del cargo a causa de una acusación fiscal por corrupción. La Comisión Permanente del Congreso, que sesionó durante el receso de fin de año, también se pronunció a favor de la protección política. El Consejo de gobernadores plantea un asilo político por decreto.
“En la hermana República de Bolivia, accidentalmente 'bolivariana' y autoritaria, sólo se acusa de delitos a los opositores al régimen imperante”, señala parte del comunicado del Consejo, que reúne a gobernadores de las 17 provincias paraguayas. El gobernador del departamento Central, Carlos Amarilla, declaró a su colega Huésped Ilustre, hecho que generó rechazo en Bolivia y la crítica del vicepresidente Álvaro García.
El senador opositor Luis Pedraza, quien estuvo en Asunción, aseguró que cinco de siete miembros de la Conare ya habrían definido su voto a favor del refugio de Cossío. El acusado se declaró un perseguido político. El Gobierno boliviano rechazó las denuncias. La Conare se reúne el 14.

El tema no afectará la relación
El presidente Fernando Lugo sostuvo anoche que el tema del suspendido gobernador boliviano no afectará las relaciones entre los pueblos de Bolivia y Paraguay. “Nosotros tenemos muy buenas relaciones institucionales, como país, con Bolivia. Y por un caso aislado, como este pedido de refugio del ex gobernador, no vamos a deteriorar nuestras relaciones”, afirmó.
“Es la evidencia de que en el país se vive una pluralidad democrática”, respondió cuando se le consultó sobre las voces críticas al refugio a Cossío.

Franco pide a García ocuparse de ‘grosera injerencia’ de Suxo
Luego de que el vicepresidente Álvaro García lo acusara de “inmiscuirse” en asuntos internos bolivianos, el vicepresidente de Paraguay, Federico Franco, salió al paso de las acusaciones y pidió a su colega boliviano ocuparse de la “grosera injerencia” de Bolivia en el caso de Mario Cossío.
Franco, quien no oculta sus desavenencias con el presidente Fernando Lugo, afirmó que García “debiera preocuparse de su funcionaria”, en alusión a la ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, reportó ABC Color.
La ministra fue cabeza de una misión gubernamental que se trasladó hasta Asunción. En el país vecino sostuvo reuniones con funcionarios del Ejecutivo y Legislativo para informar sobre la situación jurídica del suspendido gobernador de Tarija. Para Franco, la ministra Suxo “vino a tener una clara y grosera injerencia política en cuestiones de la independiente y soberana República del Paraguay”.
“Eso sí es injerencia política y eso sí debiera preocuparle al Vicepresidente”, arremetió Franco, quien el jueves respaldó el pedido de refugio hecho por Cossío.García, el domingo, cuestionó las declaraciones de su colega y de otras autoridades paraguayas. Cossío fue suspendido de su cargo acusado de un daño económico al Estado de Bs 1,3 millones.





El Presidente fue entrevistado ayer por CNN

PARA LUGO, COSSÍO PODRÍA SER UN PERSEGUIDO POLÍTICO

ABC de Paraguay (www.abc.com.py/nota)

El presidente Fernando Lugo declaró anoche a la cadena televisiva CNN que “hay indicadores muy frecuentes de que (el boliviano Mario Cossío, ex gobernador de Tarija) siente una persecución política”. Dijo que Paraguay estaría dispuesto a darle refugio y la seguridad que dice no tiene en Bolivia.
En entrevista exclusiva a la cadena televisiva CNN, Lugo dio a entender nuevamente que el Paraguay tiene una larga tradición solidaria de otorgar refugio a un ciudadano extranjero. Pero aclaró seguidamente que no está en sus manos la decisión sino a cargo de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare).
En esta oportunidad, agregó que “hay algunas acusaciones, 16 creo que en su país, pero al mismo tiempo también hay indicadores muy frecuentes de que siente una persecución política. Por eso creo que la Conare se tomará su tiempo. Tiene 90 días para definirlo. Va a abarcar, va a escudriñar todos los casos”, agregó.Dijo que Paraguay es un país serio y que si se comprueba que no tiene dificultades con la justicia y se define que realmente es un perseguido político, nuestro país “no tendrá ninguna dificultad de brindar el status de refugiado como la misma Naciones Unidas lo indica en su Carta Democrática”.
Preguntado si tiene pruebas de que Cossío es un perseguido político, respondió que no tiene evidencia y ni siquiera pruebas. Pero añadió que “hay indicadores, también hay publicaciones periodísticas. Que la manera, la forma en que el mismo ha sido destituido de su cargo y si bien tiene causas con la justicia”.
Justicia sometida
Lugo dijo que en América Latina y también en Paraguay tenemos un gran déficit en que la justicia sea genuinamente autónoma, independiente y soberana. “En ese sentido, muchas veces en algunos países la justicia está sometida al poder político y es cuando no funciona”.
Confía en que las relaciones bilaterales con el gobierno de Evo Morales no se deteriorarán por el pedido de refugio que hizo Cossío al Paraguay.
Chávez vs. OEA
Lugo fue preguntado también sobre el enfrentamiento entre el presidente venezolano, Hugo Chávez, con la OEA. Contestó que el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, “por lo menos no ha llevado la opinión de Paraguay. O sea, no ha sido la OEA que ha sesionado en Asamblea, una idea para llegar a un consenso para dar sus opiniones en referencia a Venezuela”.
Abogó nuevamente por el ingreso de Venezuela al Mercosur.
Admite que pidió ayuda a EE.UU. para espiar a EPP
El presidente Fernando Lugo admitió anoche en la entrevista concedida a la cadena televisiva CNN que solicitó al Gobierno de Estados Unidos de América apoyo para escuchar llamadas telefónicas, con el objetivo de combatir el narcotráfico y el autodenominado “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP), que ocasiona secuestros y crímenes en nuestro país.
El jefe de Estado aclaró que es respetuoso del procedimiento de escuchas privadas telefónicas porque el Gobierno requiere de la anuencia del Poder Judicial para realizar esas intervenciones de las comunicaciones.Manifestó que la tecnología que poseía Paraguay solo se utilizaba para combatir el narcotráfico y con su gobierno se busca extender a la lucha contra el grupo armado EPP (que tiene fuertes lazos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC).
Golpe militar
Lugo descartó un posible golpe militar en Paraguay porque actualmente las Fuerzas Armadas (FF.AA.) son “totalmente institucionalistas”, “defienden la Constitución Nacional” y es una de las instituciones que “más se han adaptado a la democracia”. Indicó que hay un nuevo relacionamiento entre las FF.AA. y la sociedad civil.
Se refirió a sus líos judiciales sobre la paternidad y agradeció a Dios y a los médicos por la recuperación de su cáncer linfático.





GOBERNADORES PIDEN A LUGO DAR ASILO A COSSÍO

Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)

El Consejo de Gobernadores sugiere al presidente Lugo otorgar el asilo al gobernador suspendido de Tarija (Bolivia), Mario Cossío, quien solicitó el refugio en nuestro país en la víspera de la Navidad. El pedido está en estudio en la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), un órgano interinstitucional.
El Consejo de Gobernadores parece ver que tardará la resolución de la Conare o hay dudas de que se puedan reunir los votos (4 de 7) y, en consecuencia, pidió a Lugo dar el asilo en vez de refugio.
Dicho Consejo, presidido por el gobernador de Itapúa, el cartista Juan Afara, resolvió ayer "instar al Poder Ejecutivo de la República del Paraguay a extender de inmediato y por decreto al gobernador del departamento boliviano de Tarija, don Mario Cossío, el asilo político en el territorio de la República del Paraguay, dando así por terminada una polémica que sólo ha servido para manosear figuras y menoscabar la soberanía nacional".
El documento fue firmado por Afara (presidente) y Walter Stoeckl (vicepresidente). Este último es gobernador de Boquerón (Chaco).
En la fundamentación de la recomendación al Poder Ejecutivo, los firmantes sostienen que "el gobernador electo democráticamente en la hermana República de Bolivia, departamento de Tarija, tuvo que huir clandestinamente de su país, temeroso de que atenten contra su vida por el solo hecho de haber sido imputado por la supuesta comisión de delitos "antieconómicos", lo cual ya le costó la suspensión en el cargo". "La Constitución de Bolivia no reputa de delincuentes, sino a quienes fueron juzgados y hallados culpables de delitos en juicios justos con derecho a la defensa", dice el documento y señala que en Bolivia, accidentalmente "bolivariana" y autoritaria, sólo se acusa de delitos a los opositores al régimen imperante". Cossío fue reelecto por el voto récord y por eso atrajo la ira de Evo Morales, dicen los gobernadores.





Oscar Olivera acerca del “gasolinazo” en Bolivia:

“EL GOBIERNO NO HA DEJADO NADA QUE NO SEA EVO MORALES PARA QUE EL PROCESO SEA CONTINUADO EN EL FUTURO”

El Ciudadano de Chile (www.elciudadano.cl)

A continuación, dejamos con ustedes una entrevista bastante iluminadora con el veterano de la Guerra del Agua de Cochabamba del 2000, Oscar Olivera, realizada el pasado 6 de enero.
El “gasolinazo”, mediante el cual el gobierno boliviano aumentó drásticamente el precio de los combustibles, según dijo, para evitar que el fisco siguiera desangrándose mediante el contrabando en las porosas fronteras con Perú, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay, generó una respuesta categórica por parte de una población que demostró que el pueblo boliviano no está dormido.
La ola de movilizaciones dejó en claro por qué en más de una ocasión nos hemos referido al pueblo boliviano como el pueblo más consciente y más politizado del continente: no solamente rechazó la medida en cuanto tal, la cual aumentaba exponencialmente el costo de la vida, sino que también rechazó la manera en que se tomó, de espaldas al pueblo, consultando a los tecnócratas, sin considerar las repercusiones de ella sobre los más humildes, de manera no muy diferente a los tecnócratas neoliberales que en los ’90 sembraron el hambre en nuestro continente.
Así como las medidas tecnocráticas son hijas de la desmovilización y la burocratización, un pueblo consciente y movilizado es el único garante de que se implementen medidas a su favor.
-Primero que nada, ¿podría explicarnos por favor el contexto de las recientes movilizaciones populares en Bolivia conocidas como el “gasolinazo”?
-Justamente al día siguiente de Navidad, el vicepresidente García Linera, en ausencia de Evo Morales que estaba en ese entonces de gira en Venezuela, anunció que se eliminaba la subvención de algunos carburantes y básicamente se hablaba de elevar los impuestos de algunos de ellos, como la gasolina, el diesel y la gasolina de aviación. La gasolina para autos se elevaba en un 72%, el diesel en un 84% y la gasolina para aviación, en un 99%.
Fue una medida muy sorpresiva, nadie se imaginaba que en días de Navidad, con un escenario de fraternidad, de olvidar las cosas malas del año que se está yendo, cuando la gente olvida sus propios males, el Gobierno anunciaría algo tan malo… hubo mucha incredulidad, de mí mismo incluso.
Cuando yo entré a la pagina web de Las Últimas Noticias y leí un título que decía “Gasolinazo en Bolivia”, pensé que había entrado por error a una fecha de diez años atrás. La gente no pudo entender que un gobierno que dice que manda obedeciendo, que dice que siempre tomaría medidas en consulta con la población, haya tomado decisiones contra ellos, que según dicen ahora que pasó todo, había sido estudiada por siete meses con expertos.
El problema es que la medida produjo una elevación del precio de los productos de consumo básico, de la leche, el transporte, el pan, de los materiales para la contrucción, de la vivienda. El decreto 748, que pasará a la historia, congelaba los precios del gas natural y del gas licuado de petróleo que son utilizados en movilidades y en domicilios, y congelaba también las tarifas del agua, luz y telefonía, pero estas medidas, de ninguna manera, atenuaban en nada el enorme peso que se ponía en el presupuesto de los hogares populares.
El transporte prácticamente elevó sus tarifas en un 100%, tanto el del público como el de carga, y esto generó una escalada en los precios de los productos de uso y consumo. La gente miró su bolsillo, su hogar, y era insostenible una subida de tal magnitud. De igual manera, hubo una ausencia total del Estado para, si se quiere, regular una medida como la que habían asumido… todo el mundo hizo subir los precios, los costos del transporte y se generó una especie de desesperación, incredulidad, temor, indignación incertidumbre en toda la población.
Morales volvió de Venezuela, y anunció medidas complementarias, como un aumento de 20% a los salarios de cuatro sectores de la población: policía, ejército, trabajadores de la salud y de la educación. Los trabajadores del sector privado quedamos a expensas del patrón, del mercado laboral como llaman ellos, y los trabajadores por cuenta propia, que no tienen ningun vínculo ni salario seguro, sino que están completamente a merced de la oferta y la demanda de sus propios porductos, ellos eran los más desesperados porque veían que la población no podría obtener ninguno de sus productos en el mercado, con la brutal subida de los productos de la canasta familiar.
El gobierno se negó a asumir que esto era un “gasolinazo”, como lo denominó el lenguaje popular. Se habló incluso de un “gasolinerazo”, haciendo alusión a García Linera. Entonces el goberno dijo que se trataba solamente de eliminar la subvención, debido al desangramiento económico que el país sufría por el contrabando de carburantes a los paises limítrofes, como son Brasil, Chile, Argentina, Perú, Paraguay, donde los precios son dos a tres veces más que el costo en Bolivia.
El gobierno definitivamente quiso convencer a la población con números, diciendo que este proceso iba a generar aumento de ingresos a las arcas fiscales, que iba a ser redistribuido para mejorar la calidad de vida de la gente, sobre todo en áreas rurales, pero la gente se sintió muy agredida, defraudada y salió a la calle a decir que esas medidas no pasan.
Lo más indignante es que el Gobierno responsabiliza al contrabando de carburantes para castigar al pueblo, pero los responsables de este contrabando son principalmente la policía y el ejército, pero se les premia en el decreto 748. Este es un premio a la ineficiencia y a la corrupción, porque se está buscando a estos aparatos represivos como base de apoyo.
La gente de manera muy organizada, pero muy autónoma, salió a las calles a protestar, a oponerse a esta medida. Pero no se salió solamente en los lugares tradicionales de rebelión popular, como son los sectores mineros de Oruro y Potosí, El Alto y Cochabamba, sino que se salió en todo el país. Incluso en el Chapare, el bastión de Evo, los pobladores bloquearon las carreteras. Yo creo que iba a ver una respuesta popular muy seria, que pondría en riesgo la estabilidad del gobierno.
La gente tuvo la capacidad de recuperar la memoria histórica y se acordó muy fácilmente de lo que hizo el 2000 con la Guerra del Agua y el 2003 con la Guerra del Gas, es decir, la gente organizada demostró que tiene la capacidad de transformar las cosas o frenar políticas que considera absolutamente irracionales y atentatorias a los intereses de la población en su conjunto. Con esa experiencia acumulada y con esa memoria histórica, la gente empezó a organizarse, y existió la posibilidad que Evo podía ser echado del gobierno.
El Gobierno, como siempre, ha públicamente descalificado y subestimado esta posibilidad, pero los que estamos abajo, en el seno mismo de la población, sabemos que había una decisión muy fuerte de decir que si el Gobierno no retrocede, pues que debería irse. Creo que el Gobierno tuvo tacto suficiente como para percibir que esto podía darse. El Gobierno y ciertos sectores sociales estaban muy conscientes que una salida de Morales iba a significar un retroceso tremendo de este proceso que se inició en el 2000, porque hay que reconocer que los resabios de la derecha politica fascista, latifundista, terrateniente, aprovecharon la protesta y se sumaron para llevar agua a su molino, como se dice por acá.
Entonces el Gobierno no tuvo más alternativa que anunciar, en una conferencia de prensa el 31 de diciembre, pero además con una actitud muy arrogante te diría, que abrogaría el decreto, pero como advirtiendo al mismo tiempo que las consecuencias iban a venir después. Yo creo que esta victoria popular frentre a una política absolutamente, diríamos, tradicional de gobernar sin el pueblo, en base a la opinión de expertos, como si los gobernados tendríamos que aceptar sumisamente todo lo que venga de arriba, creo que no le gustó al Gobierno, y utilizó un cierto marketing para salir de manera decorosa de este conflicto, indicando que había escuchado la voz del pueblo y que iba a mandar obedeciendo, tomando estas palabras zapatistas, pero solamente de palabra.
En el fondo, hubo un cierto temor del Gobierno de continuar con una medida anti popular y que, por más que esté justificada neoliberalmente, era insostenible para la población. Las consecuencias vendrán después, ahora en enero empiezan las clases, muchas empresas que estaban haciendo obras rompieron contratos con los municipios porque todo subió al 100% y esto está generando una respuesta muy sentida en la población.
-El gobierno dijo que mandaría obedeciendo, pero a la vez, dijo que consultaría con las organizaciones sociales para volver a implementar la misma medida. ¿No cree usted que esto entonces es una pantomima de diálogo, si la decisión ya está tomada y la consulta sirve para poco más que generar una apariencia de consenso social?
-El día de hoy escuchamos una declaración de Morales en una concentración campesina en Patacamaya, en La Paz, donde dijo que sí o sí la subvención se tiene que levantar, y que lo va a hacer con el consenso de las organizaciones sociales. Esta actitud, yo diría sorda, que no tiene nada que ver con un modelo económico nuevo, de cambio, de respeto a la Pachamama, sino que es un modelo extractivista, minero, va a generar dos cosas: gran descontento popular en la base y está llevando Morales a una gran confrontación entre campo y ciudad, y entre sectores sociales sobornados y cooptados por el Gobierno y sectores sociales que defienden su propia subsistencia.
Los perjudicados de esta confrontación no serán los gobernantes. Lo que ha hecho este gobierno es que ha debilitado y fragmentado un tejido social que se construyó de manera muy laboriosa, digna y sostenida desde el 2000 hasta su ascenso como gobernante, y lo que ha hecho el Gobierno es fragmentar ese tejido social. Esto se nota en las ciudades, en el campo… el Gobierno habla de la ley anti racista, indígena, pero hay autoritarismo, es soberbio, desprecia a los que no están subordinados al MAS, y creo que esa actitud está generando un cierto modelo de comportamiento en sectores medios del Estado, y eso genera mucho descontento, fragmenta este tejido social que nos costó mucho construir al pueblo, y lleva a una confrontación en oposición a una medida económica neoliberal de la que el pueblo definitivamente no va a beneficiarse.
-¿Cómo cree que el pueblo, desde la base, puede evitar esa confrontación?
-Bueno, hay que generar un proceso de información entre la gente sobre la realidad de este país. El Gobierno lo que ha hecho es mentir sobre la situación económica del país. El hecho de que ellos mismos digan que hay que socializar este decreto abrogado, nos muestra que hay una gran verdad detrás de este decreto, que ellos se guardan, y es que el modelo no funciona y tienen que recurrir a una medida tan dura para equilibrar este modelo basado en el petróleo, el gas, la minería. El Gobierno ha comentado que se va a dar un incentivo económico a las petroleras para compensarlas por los trabajos de explotación de petróleo en el mercado interno, por esta diferencia que existe con el precio en el mercado externo.
Se habla de reservas fiscales de 10 mil millones de dólares, que dicen que es un respaldo suficientemente fuerte como para demostrar que en el país existe una estabilidad económica y financiera. Se habla de aumentar los bonos paliativos y asistencialistas que el Gobierno ha creado para las madres, etcétera. Pero no hay ningún cambio en el modelo económico, hay una deduda externa que se ha duplicado, una deuda interna de casi cinco mil millones de dólares… eso hay que socializarlo, hay que exigir las demandas de octubre que hablaban de industrializar el gas y el petróleo, de utilizar eso fondos para la industrialización del pais…
-Pero en una entrevista anterior, a fines del 2008, usted nos había dicho que uno de los logros del gobierno de Evo era una negociación y una relación más digna con el Capital trasnacional… ¿cree que estos incentivos que se proponen para las petroleras revierte esa tendencia?
-A ver, si hay que valorar algo del Gobierno, es que ha negociado de manera más digna con el Capital trasnacional. Teniendo esto en cuenta, podemos decir, sin embargo, que los menos perjudicados con la política del gobierno han sido grupos económicos de poder como los banqueros, petroleros y mineros. Han tenido grandes utilidades y han crecido bastante. Los más preocupados de que haya un cambio sustancial en la economía, como lo demanda el pueblo, son estos sectores. Estas renegociaciones con este sector del Capital trasnacional, aunque hayan tenido algunos aspectos positivos, no han sido cruciales para cambiar el modelo económico.
La nacionalización de los hidrocarburos dijimos que era sólo un discurso y un engaño, y esto que dijimos el 2006 se ve reforzado con lo que ahora está pasando, y el gobierno está tomando medidas que favorecen al Capital trasnacional y que van en detrimento del pueblo que lo puso en el Palacio Quemado. Sí creo que ha habido un retroceso en la dignidad de la negociación con el Capital trasnacional.
A veces Evo en sus discursos lo llama al Capital trasnacional imperialista, pero se ve que ahora son buenos socios y así los llaman en otras ocasiones. En la práctica, ha habido un retroceso, hay muy buenos socios de este gobierno entre ellos… uno de esos buenos socios son los propietarios de la mina San Cristóbal en Potosí, una empresa que ha ocasionado graves daños a las comunidades y a la Madre Tierra, comunidades que han pedido cambio a estas políticas. Una cosa es el discurso, otra cosa es lo que pasa en la práctica cotidiana…
-Si estos sectores ligados al Capital extractivo y financiero se han beneficiado, ¿qué fuerzas entonces son las que alimentan a la derecha fascista-cívica?
-Esa derecha son terratenientes, empresarios tradicionales, ex jefes políticos. Estos sectores no se han beneficiado del gobierno. Están agazapados, no es que estén dormidos, están trabajando en Pando, Beni, Santa Cruz, y van a generar un proceso de confrontación mientras el Gobierno genera, desde otro escenario, estatal, otro escenario de confrontación.
Hay un hecho muy grave. A falta de referentes sociales creíbles, que el Gobierno ha desbaratado y desprestigiado, estos políticos están siendo muy hábiles para buscar espacios de referencia… hay que tener cuidado porque la derecha puede cooptar espacios de lucha popular. También hay algunos intentos de coparla por la izquierda pero que son absolutamente sectarios, trotskistas, estalinistas, con posiciones fuera de lugar, nada que ver con los nuevos escenarios como se está dando la política hoy en día, particularmente en Bolivia…
Lo que busca esta derecha es impulsar un proceso de militarización del país, utilizando el narcotráfico y bandas paramilitares. El narco es una lacra que está creciendo en Bolivia, esto es algo que le preocupa al Gobierno, pero está avanzando a pasos gigantescos, que pueden desestabilizar al país…
-¿Usted cree que generando un proceso de información se puede hacer frente a estos problemas?
-Lo fundamental es lo que hemos dicho siempre de manera sencilla, pero racional y objetivamente, y es que el Gobierno está mintiendo, que la realidad económica es otra, y que hay la necesidad de hacer lo que hicimos el 2003, de recuperar la capacidad de decisión de la gente, establecer propuestas alternativas económicas nuevas, que rescaten este discurso del Gobierno pero puesto en práctica, respeto y equilibrio armónico con la Pachamama, el no basarnos estrictamente en la economía extractivista o la construcción de represas, de carreteras que afectan el ecosistema en zonas amazónicas, que nada bueno traen al medio ambiente.
Lo positivo es que se está generando otra vez un proceso de reflexión, discusión y movilización de los sectores populares, y creo que lo positivo de este proceso es que la gente ha ido generando estos espacios para retomar la palabra y la acción… y para esto la gente tiene que estar informada. Han confiado demasiado en el Gobierno, el que tiene una gran credibilidad. Hay gente que cree que este gobierno se puede salvar, que va a mejorar las cosas, ojalá que el Gobierno tenga capacidad, generosidad y humildad de escuchar a la población y recuperar este proceso, que no es propiedad de Evo ni del MAS, sino que propiedad legítima del pueblo boliviano.
-¿Cree usted que el gobierno tendrá esa capacidad?
-No.
-Si no el Gobierno, entonces, ¿quién?
-No me precoupa el Gobierno como tal. Sí me preocupa el gobierno en relación al proceso. Nadie quiere la vuelta a la derecha fascista, pero el Gobierno está creando las condiciones para que esto suceda. En este proceso se han generado espacios de articulación de la derecha como son los comités cívicos. Lo más grave de la arrogancia, de la descalificación del Gobierno, es que no hay referentes políticos aparte de Evo Morales, no hay ni cuadros, ni referentes organizacionales, ni referentes personales, creíbles. Ni en lo alto, ni en lo bajo, ni en lo medio de sus estructuras políticas y sociales, no los hay. Todos son vasallos del caudillo.
El Gobierno ha sido capaz de destruir y descalificar a muchos referentes sociales. El pueblo ya no cree en nadie, porque el Gobierno se ha dedicado a descalificar a quienes planteamos la autonomía de los movimientos sociales. Eso es un crimen. El Gobierno no ha dejado nada que no sea Morales para que el proceso sea continuado en el futuro… eso es muy grave. Pero ahora, con las movilizaciones y los procesos de reflexión y discusión, otra vez esto está en las manos del pueblo, para poder establecer objetivos y liderazgos colectivos a largo plazo… otra vez está en manos del pueblo, no queda otra…
Lo otro que es grave es que Evo ha generado una gran esperanza en muchos pueblos del mundo, y parece que el Gobierno no ha tomado en cuenta esa enorme responsabilidad histórica que el pueblo le entregó y que lastimosamente hoy está expropiada por una cúpula gubernamental de los cuales la mayoría jamás estuvieron en las luchas populares en el pasado inmediato.
-¿Cree que esta problemática que usted describe se debe a la contradicción entre la exigencia de una nueva institucionalidad, que el pueblo buscó en su propia movilización y en sus propias organizaciones populares, versus la institucionalidad existente, que fue la que al final se terminó ocupando y abrazando?
-El Gobierno tuvo la capacidad de debilitar la combatividad de movimientos sociales muy fuertes, digamos por ejemplo, de los indígenas del Altiplano paceño, fundamentalmente los de Omasuyos, de las organizaciones vecinales de El Alto, toda una camada de pobladores jóvenes del Plan 3000 de Santa Cruz. Yo creo que este Gobierno se ocupó de eliminar toda posiblidad de fortalecer espacios de autonomía social y política, y bueno, más el Gobierno se dedicó a atacar a la oposición sin diferenciar colores ni historias, y lo que menos ha hecho es economía. Y cuando quiere hacer economía, como con el “gasolinazo”, tuvo un primer traspié.
Lo que los sectores sociales están demandando ahora es menos política y más economía. Lo están haciendo de manera muy digna. Creo que estamos volviendo a plantear no solamente ya una nueva forma de hacer política, sino que sobre todo una nueva forma de hacer economía. En eso está el pueblo, construyendo estos espacios en todos los ámbitos posibles.





Opinión

EVO MORALES, VÍCTIMA DE SÍ MISMO

La Hora de Ecuador (www.lahora.com.ec)

No es corriente que un gobierno en menos de una semana tome dos decisiones contradictorias con efecto considerable sobre la economía y luego termine pidiendo al “pueblo” que le defina cuándo puede retornar a la primera decisión. Todo empezó con anuncios oficiales en los medios de comunicación de que el país se “desangraba” por el contrabando de la gasolina y el diésel subvencionados.
Cuando la decisión fue anunciada, en Bolivia la población estaba distraída con la Navidad y el Año Nuevo y no esperaba que lo hiciera en una proporción sin equivalente con el de ningún gobierno “neoliberal”. El “gasolinazo” fue del 57 al 82 %, con efectos inmediatos en el abastecimiento cotidiano. El Gobierno alegó que estaba terminando con una herencia del “neoliberalismo”, pero no atinó a explicar por qué tardó tanto.
No lo hizo antes porque estuvo atado a una ideología anti “neoliberal” primaria, de la que fue víctima. Por razones ideológicas el Gobierno empezó denunciando que los que protestaban eran unos pocos desestabilizadores de oposición, y no la población pobre, sus votantes, que había descendido a la calle.
Las imágenes muy impactantes de la televisión recordaban el alzamiento de los años 2000 contra los “neoliberales”. Para evitar lo peor, el Gobierno apresuró un viraje de 180 grados, anunciando sin decreto, la “abrogación” del decreto. Dos decisiones contradictorias sin antecedentes en el pasado del país.
El Gobierno extraviado en el camino por la fuerza de la presión social que lo detuvo, abdicó de su responsabilidad de gobernar, pidiendo que los “movimientos sociales” le digan cuándo debe hacerse el reajuste diferido. La situación crítica le hizo perder su cotidiana arrogancia.
Es la mayor derrota política de Evo Morales en cinco años. Se entrampó solo en su propia encrucijada. Cualquier decisión que tome en adelante tendrá sus costos políticos y sociales. Víctima de sí mismo, salió muy debilitado, vencido no por la oposición sino por su propia gente, que ahora pide cabezas.





Editorial

LUGO PROFUNDIZA SU ENGENDRO BOLIVARIANO EN EL PARAGUAY

La decisión de reemplazar a Pablino Cáceres por un izquierdista radical como Hugo Richer al frente de la Secretaría de Acción Social (SAS) es una de las pruebas más evidentes de que el presidente Lugo busca consolidar y profundizar el proyecto bolivariano castro-chavista en el Paraguay. Restándole la mitad del período constitucional, el Mandatario apura los tiempos para asegurarse de que nuestro país quede plenamente atado al eje Caracas-Quito-La Paz antes de abandonar el poder. Es más que evidente que Richer carece de las condiciones más elementales para desempeñar el cargo con profesionalismo y seriedad. Es evidente que en la izquierda bolivariana criolla a nadie le importa la formación del nuevo titular de la SAS, sino que tenga en caja para su disposición discrecional nada menos que 55 millones de dólares que el Presupuesto General de la Nación pone en sus manos, y que los empleará, a no dudarlo, para tratar de comprar más y más adeptos a la causa de la “revolución”. A esta altura ya no es un secreto la determinación del presidente Lugo de someter al Paraguay al engendro bolivariano exportado por el gorila Hugo Chávez al resto del continente.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

La decisión de reemplazar a Pablino Cáceres por un izquierdista radical como Hugo Richer al frente de la Secretaría de Acción Social (SAS) es una de las pruebas más evidentes de que el presidente Fernando Lugo busca consolidar y profundizar el proyecto bolivariano castro-chavista en el Paraguay. Restándole la mitad del periodo constitucional, el Mandatario apura los tiempos para asegurarse de que nuestro país quede plenamente atado al eje Caracas-Quito-La Paz antes de abandonar el poder.
Es más que evidente que Hugo Richer carece de las condiciones más elementales para desempeñar el cargo con profesionalismo y seriedad. Con antecedentes de ex movilero de radio, animador de festivales y empleado municipal, su currículum no permite vislumbrar siquiera remotamente un mínimo de preparación para afrontar el desafío que el Poder Ejecutivo le acaba de asignar.
Es evidente que en la izquierda bolivariana criolla a nadie le importa la formación del nuevo titular de la SAS, sino que tenga en caja para su disposición discrecional nada menos que 55 millones de dólares que el Presupuesto General de la Nación pone en sus manos, y que los empleará, a no dudarlo, para tratar de comprar más y más adeptos a la causa de la “revolución”.
El propio Partido Tekojoja así lo dejó claramente demostrado en un comunicado emitido tras el nombramiento de Richer, en el que expresa que “la destitución de Cáceres de la SAS no tiene que ver únicamente con un cambio de cabezas, sino con un cambio de orientación (…). Es hora de buscar un nuevo modelo de cambio social, haciendo una ruptura con políticas del pasado, muy permeadas por el asistencialismo, el prebendarismo y la exclusión, que nos permita ir haciendo realidad a cada paso nuestro horizonte socialista”. Como lo dice el viejo refrán, a confesión de parte, relevo de pruebas.
A esta altura de los acontecimientos, está claro que Fernando Lugo despachó a Pablino Cáceres porque este no supo comprar la cantidad de adhesiones que la izquierda precisa para profundizar su “horizonte socialista”. Eso quedó patentizado en las últimas elecciones municipales, cuando, a pesar de los ingentes recursos dispensados por el Gobierno del “cambio” a las capas más humildes de la sociedad, estas no prestaron sus votos a las fórmulas bolivarianas propiciadas desde el poder.
Otro que en breve será seguramente separado de su cargo, por constituir un severo impedimento a la aplicación de los planes izquierdistas radicales en el área rural, es el ministro de Agricultura y Ganadería, Enzo Cardozo. Sus posturas a favor del uso de semillas transgénicas, por ejemplo, chocan abiertamente con la mentalidad retrógrada de los capitostes del luguismo que, valiéndose de argumentos arcaicos e ideologizados, constantemente satanizan este tipo de tecnología.
Este diario advirtió desde un comienzo que Fernando Lugo tiene un plan para atarnos al yugo bolivariano. A esta altura ya no es más un secreto su determinación de someter al Paraguay al engendro bolivariano exportado por el gorila Hugo Chávez al resto del continente. Para ello, el Presidente está, lenta pero decididamente, destituyendo de los cargos en el Gobierno a todas las personas que no sean fanáticos seguidores de su pensamiento y entusiastas propulsores de su proyecto marxistoide.
Urge, pues, que los líderes de las fuerzas democráticas del país analicen esta delicada situación y adopten las medidas necesarias para evitar que Fernando Lugo siga conduciendo al país hacia el marxismo, modelo político-económico que fracasó y fracasa allí donde se lo impuso, y cuyas arcaicas recetas solo generarán cada vez mayor atraso y la postergación de las grandes soluciones que nuestro país requiere para salir del subdesarrollo.
Solamente los paraguayos podremos impedir que el Presidente de la República continúe implementando sus oscuros planes. Nadie hará por nosotros lo que nosotros no hagamos por nuestro propio futuro. En esta tarea estamos solos, ya que tampoco habrá de esperarse que nuestros principales vecinos, Argentina y Brasil, vayan a ayudarnos a fortalecer la democracia.
Muy por el contrario, a estos dos países les encantaría que aquí rigiera un régimen opresor como el de Hugo Chávez, porque así el Paraguay se convertiría definitivamente en una nación de menesterosos de la cual ellos puedan seguir sacando provecho, mediante el viejo modelo de sobornar a nuestros sometidos y corruptos gobernantes; un esquema con el que tantos beneficios ya obtuvieron en el pasado, cuando negociaron y negocian con políticos entreguistas sin escrúpulos las condiciones de los oprobiosos tratados de Itaipú y Yacyretá.
Por este motivo, es preciso que todos reaccionemos, no solamente los partidos tradicionales, los cuales, de seguir este ritmo de “bolivarianización” del país, muy pronto quedarán fuera del espectro de la lucha política –como ya ocurre en Venezuela y Bolivia–, sino también el conjunto de la ciudadanía, que es la que directamente sufrirá los embates de un régimen empobrecedor y miserable como el que Fernando Lugo pretende instaurar en el Paraguay.





Opinión

REBELIÓN EN BOLIVIA

Vistazo de Argentina (www.vistazo.com)

Bolivia ha sido sacudida por violentas protestas que han puesto al gobierno populista de Evo Morales contra las cuerdas por primera vez desde que asumió el poder. Las crisis políticas han abundado durante su gobierno, pero ahora la rebelión se ha originado en su propia base de poder.
El 26 de diciembre, Morales decretó —durante una visita a Venezuela—el aumento del precio de diversos combustibles, todos los cuales habían sido masivamente subvencionados por años. El incremento —entre 57 por ciento y 82 por ciento— desencadenó reacciones en masa de sindicatos, organizaciones de base y asociaciones civiles cuando se dispararon los precios del transporte y los alimentos. Tras los choques que dejaron decenas de heridos, Morales se vio obligado a revocar la medida. El resultado es que a grupos radicales como la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, el bastión de Morales que domina La Paz desde las alturas altiplánicas, además de la todopoderosa Confederación Obrera Boliviana, el sindicato del transporte e incluso los cocaleros se les ha otorgado un poder de veto sobre la política energética y otras áreas. Morales es ahora un rehén de los grupos que lo ayudaron a derrocar a dos gobiernos democráticos en la última década y allanaron su camino al poder.
Lo que ha ocurrido en Bolivia encierra dos lecciones para el resto de América Latina. En primer lugar, el modelo populista es insostenible. Segundo: la lógica del populismo autoritario apunta a una radicalización cada vez mayor precisamente porque es insostenible.
Morales nacionalizó la industria del petróleo y el gas en mayo de 2006. Anunció que las empresas extranjeras ya no explotarían al pueblo boliviano mediante el saqueo de sus recursos naturales, que su país lograría la independencia energética y que la riqueza ganada serviría para redistribuir las bondades del subsuelo a los pobres. Medidas similares tomadas en dos ocasiones en el siglo pasado no habían funcionado. Era sólo cuestión de tiempo antes de que Bolivia, que nada en hidrocarburos, enfrentase una crisis energética y el consiguiente el caos social.
Al principio, todo parecía ir de lo lindo. Gracias a los altos precios de exportación de los recursos naturales, los ingresos de Bolivia aumentaron 200 por ciento en siete años (tomó a Estados Unidos cuatro décadas lograr lo mismo). Numerosos programas sociales que llevan nombres de personajes históricos permitieron a las autoridades poner en marcha un vasto sistema de clientelismo y dependencia.
Mientras esto ocurría, las empresas que solían invertir en petróleo dejaron de hacerlo debido a los bajos precios internos fijados por el gobierno. Algunas apostaron su dinero al gas natural en condiciones draconianas; otras se dieron por vencidas. El ente petrolero y gasífero del gobierno, YPFB, que se suponía debía librar a los bolivianos del combustible importado, se vio obligado a compensar la caída de la capacidad de producción y refinación mediante la compra de mucha más gasolina, diesel y gas licuado de petróleo a altísimos precios internacionales. Pronto, la cuenta ascendió a más de 600 millones de dólares anuales. Dado que el precio interno de los combustibles estaba fuertemente subvencionado, el coste abultó un déficit fiscal ya pasmoso. En 2010, año en el que el alto precio de los “commodities” proporcionó a la autocracia de Morales cifras récord de ingresos, el déficit presupuestario de Bolivia, a pesar de las fantasiosas estadísticas oficiales, alcanzó el equivalente al 5 por ciento del producto interno bruto del país.
Hasta que Morales decidió que no tenía más remedio que devolver los precios a la realidad, decretando el aumento. Su argumento fue que el combustible subvencionado estaba alimentando el contrabando hacia los países vecinos. Tenía razón, por supuesto: los precios controlados por comisarios siempre tienen este efecto. Pero ese era sólo uno de los muchos problemas ocasionados por su demencial política energética. En cualquier caso, las organizaciones que lo habían apoyado durante los diversos enfrentamientos que han marcado su gestión contra grupos de centro-derecha, la clase media y gremios empresariales de la provincia oriental de Santa Cruz, se rebelaron, furibundos, contra Morales, amenazándolo con la suerte sufrida por sus predecesores.
Todo lo cual confirma una sencilla verdad. Morales no comanda a sus tropas. Ellas lo comandan a él, como es común en el populismo latinoamericano. Cuando las políticas populistas fracasan, las tropas populistas exigen más nacionalizaciones y una mayor centralización del poder…y más chivos expiatorios. El líder puede o bien llevarlas a donde quieren ir, que es lo que Hugo Chávez está haciendo en Venezuela, o perecer políticamente (o físicamente). Morales ha decidido mantenerse en el poder y doblegarse ante las tropas desesperadas por combustible barato y las graves consecuencias de tal acción.





Opinión

EL "GASOLINAZO" DESAUTORIZA A EVO

La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)

El anuncio de un alza del 83% en el precio de los combustibles fue un golpe para un pueblo ya acostumbrado a que el Estado se haga cargo de muchas de sus necesidades.
El problema para Evo Morales es que ahora las cuentas no le calzan. En 2010, Bolivia debió comprar petróleo y bencina -principalmente a Venezuela- por 666 millones de dólares, y el subsidio al combustible significó para el erario 380 millones de dólares. Para el año que viene, el Vicepresidente Álvaro García Linera hizo una proyección de compra de mil millones de dólares. Con esos números en mente y con la certeza de que los bolivianos lo apoyarían en cualquier decisión, Morales se animó a hacer el anuncio que resultó un verdadero búmeran para el gobierno.
Nunca imaginó que sus más incondicionales partidarios, aquellos pobladores de El Alto, la ciudad contigua a La Paz, saldrían a la calle a protestar violentamente, ni que los mineros amenazarían con marchar hacia la capital. Tuvo que echar pie atrás, anular su "gasolinazo", anunciar que cualquier alza será consensuada con los sindicatos y otros sectores sociales involucrados y prometer un alza de salarios del 20%.
El aura de Evo se vio afectada. Se convirtió en una suerte de rehén de los movimientos sociales. Su autoridad se debilitó; el Presidente flaqueó ante el temor de que se reeditaran las protestas de 2003 y 2005, que botaron varios gobiernos. Evo, probablemente, nunca pensó que enfrentaría la furia de los sectores que lo encumbraron a la Presidencia, y por eso decidió que en vez del decreto, negociaría.
Lo ha dicho él y otros de su gabinete: es prioritario eliminar los subsidios, pero ahora están dispuestos a hacerlo en forma gradual. El tema de fondo en este problema es que la nacionalización de los hidrocarburos no le ha traído a Bolivia la bonanza económica esperada. Tampoco se ha logrado un aumento en la producción de gas y petróleo. De los 10.200 barriles diarios de hidrocarburos que se extraían hace dos años, en 2010 la producción cayó a 4.900 barriles por día. Los bolivianos consumen 60.000, por lo que deben importar la diferencia.
Para Evo y su entorno queda claro, ahora, que necesitan más inversiones en ese rubro, pero también se han dado cuenta de que no hay incentivos para que las empresas arriesguen su capital en Bolivia en prospecciones que no saben cómo les redituarán. El precio que paga Bolivia no es conveniente, pues las empresas reciben apenas 10 dólares por barril. Evo ha dicho que se aumentará ese precio y se anunció que el gobierno devolvería hasta el ciento por ciento de la inversión a las empresas petroleras que encuentren nuevos yacimientos.
En este panorama sombrío que enfrenta Evo Morales al inicio de 2011, es cuando levanta, como tantos gobiernos que lo precedieron, el tema de su aspiración marítima y de la posibilidad de acudir a La Haya, provocando la oportuna reacción de la Cancillería chilena que, con mesura y ponderación, pidió explicaciones, las cuales rápidamente bajaron la tensión entre ambos países.





BOLIVIA ENVÍA 2 MILLONES M3 MENOS DE GAS POR DÍA

Los envíos descendieron del promedio de 7,7 millones m3 diarios contratados de las últimas semanas hasta los actuales 5,7 millones por la salida de operaciones de 2 plantas en el vecino país.

Urgente 24 de Argentina (www.urgente24.com)

Las importaciones de gas boliviano descendieron del promedio de 7,7 millones de m3 diarios contratados de las últimas semanas hasta los actuales 5,7 millones de m3 por día, según se desprende del más reciente informe de la estatal boliviana YPFB.
Tal como informó Urgente24 (ver nota relacionda), el déficit de 2 millones de m3 diarios tiene como origen la salida de operaciones por manteniemiento de 2 plantas, las de San Alberto y Sábalo, en el vecino país.
Según explicó el presidente de YPFB, Carlos Villegas, la medida fue consensuada con la estatal argentina Enarsa, empresa con la que suscribió el contrato que indica que para 2011 el volumen mínimo de envío debía ser de 7,7 millones de m3 diarios.
La pauta se cumplió hasta el 4/1 cuando las importaciones gasíferas desde Bolivia cayeron hasta los 5,7 millones, 1 millón más de la cifra con la que se permitió especular Urgente24 en un artículo anterior.
Si bien Villegas aclaró que la merma abarcaría todo enero, el funcionario no especificó hasta cuándo se extenderá el recorte.





Opinión

LA INDEPENDENCIA DE BOLIVIA

AIM Digital de Argentina (www.aimdigital.com.ar/aim)

El 13 de enero de 1825, un congreso convocado por el vencedor de Ayacucho, el mariscal Antonio José de Sucre, decidió la separación del Alto Perú del virreinato del Río de la Plata, al que había pertenecido, y la declaración de la independencia con el nombre de República de Bolívar, luego Bolivia.
Fue una decisión permitida y favorecida por una serie de medidas de los rivadavianos de Buenos Aires tendentes a desprenderse de aquel país siguiendo designios balcanizadores del Imperio Británico.
La separación de Bolivia del actual territorio argentino no se entiende sin el odio que Bernardino González Rivadavia sentía por el general San Martín y por todos los que superaban sus facultades intelectuales, es decir por casi todos en el mundo.
El historiador canadiense H.S. Ferns, que vino a mediados del siglo pasado a Buenos Aires a consultar los archivos para escribir una historia de la aventura comercial británica en el mundo en el siglo XIX, encontró en ellos más que todos los historiadores argentinos juntos en el pasado, debido a una “sabia ceguera” que los aquejaba. Ferns evalúa así a Rivadavia: “Era incapaz de lealtad, honestidad o siquiera buenas maneras en sus relaciones con los hombres que lo rodeaban con quienes estaba obligado a llevar los negocios de la comunidad. Odiaba a los hombres que eran más notables o tenían más éxito que él. No encontraba nada demasiado maligno que decir sobre San Martín y Bolívar”.
Ya en 1815 los rivadavianos, el partido unitario porteño de Buenos Aires, había hecho una gestión por orden de Carlos María de Alvear ante ante Lord Strangford y ante Castlereagh, diplomático uno y jefe del Foreign Office del Imperio Británico el otro. El largo pliego de Alvear ante el vizconde Strangford dice entre muchas otras cosas de parejo valor: “El país no está en edad ni estado para gobernarse y necesita una mano exterior que lo dirija (……) En esta circunstancia la generosa nación Británica puede poner un remedio eficaz a tantos males acogiendo en sus brazos a estas Provincias que obedecerán a su Gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer…”.
A Castlereagh, que se suicidó más tarde, le dice Alvear: “Estas Provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su Gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que la afligen. Es necesario que se aprovechen estos momentos. Que vengan tropas que impongan a los genios díscolos, y un jefe autorizado que empiece a dar al país las formas que sean beneplácito del Rey y de la Nación, a cuyos efectos espero que V.E. dará los avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la ejecución”.
Era una oferta imposible de superar para convertirnos en colonia, pero los ingleses preferían que les entreguen el comercio, no la soberanía, como consiguieron totalmente luego con los frigoríficos y los ferrocarriles y todavía hoy con los campos de la Patagonia, por ejemplo.
Por una carta de Bolívar a Santander se sabe que enviados de Alvear le propusieron algo parecido, cuando vieron frustrado su propósito de convertirse en colonia inglesa. El libertador le dice a Sucre que Alvear, siempre con vistas el odio a San Martín en el pecho, le ofrece fijar los destinos del Río de la Plata y lo considera “un ángel de protección”.
Cuando San Martín, después del renunciamiento de Guayaquil, estaba en Mendoza se propuso viajar a Buenos Aires, donde su esposa agonizaba, pero recibió un aviso de que no lo hiciera porque lo iban a prender o a asesinar en el camino, por orden de Rivadavia.
Estanislo López, el caudillo santafesino, le avisó de los planes del partido rivadaviano: Se de una manera positiva por mis agentes en Buenos Aires que a la llegada de V.E. a aquella capital será mandado juzgar por le gobierno en un consejo de guerra de oficiales generales por haber desobedecido sus órdenes en 1817 y 1820, realizando en cambio las gloriosas campañas de Chile y Perú.
Para evitar este escándalo inaudito y en manifestación de mi gratitud y del pueblo que presido, por haberse negado V.E. tan patrióticamente en 1820 a concurrir a derramar sangre de hermanos con los cuerpos del Ejército de los Andes que se hallaban en la provincia de Cuyo, siento el honor de asegurar a V.E. que a su solo aviso estaré en la provincia en masa a esperar a V.E. en El desmochado para llevarlo en triunfo hasta la plaza de la Victoria”.
La desobediencia de San Martín a aplastar el Litoral permitió el triunfo entrerriano en Cepeda en 1820 y de no mediar las intrigas de Sarratea hubiera mantenido vida la divisa de Artigas y de los Pueblos Libres.
San Martín no aceptó la propuesta de López de aplastar a “Rivadavia y sus satélites”, que apenas iniciaban una carrera desastrosa para Nuestra América, y prefirió exiliarse en Francia, viudo y con su hija pequeña.
Antes de reunir el congreso que creó la República de Bolívar, Sucre consultó con el gobierno rivadaviano. La respuesta es digna de los porteños separatistas que solo podían medrar al calor del imperio británico y no querían ser libres sino solo cambiar de dueño. “Es voluntad del Congreso General y Constituyente que las provincias del Alto Perú queden en plena libertad para disponer su suerte, según crean convenir mejor a sus intereses y a su felicidad”.
Había una intención balcanizadora que estaba en Europa y no se mostraba y había un grupo de hombres que había traicionado la revolución de 1810 y que miraban al extranjero, totalmente desinteresados del interior, que no era para ellos sino una fuente de problemas interpuestos en el camino de los buenos negocios.
Cuando Sucre le hizo saber a Bolívar lo que pensaban los rivadavianos, el libertador le contestó: “Ni usted ni yo ni el Congreso mismo del Perú ni de Colombia, podemos romper la base del derecho público que tenemos reconocido en América. Esta base es que los gobiernos republicanos de fundan entre los límites de los antiguos vierreinatos, capitanías generales o presidencias como la de Chile. El Alto Perú es una dependencia del Virreinato de Buenos Aires, dependencia inmediata como la de Quito de Santa Fe”.
Finalmente se impuso la actitud de los porteños, que siguen todavía gobernando la Argentina con no menos suceso que en este de Bolivia, y tuvimos un país independiente a nuestra costa. Pero faltaba todavía un pedazo: Tarija, en el norte de Salta.
Relata un historiador argentino: A pesar de la inaudita renuncia de Buenos Aires a los territorios del Alto Perú, Bolívar entendía que la región de Tarija estaba histórica y comercialmente unida a la región de Salta y por lo tanto a las provincias del Río de La Plata, y así se lo hace saber a Sucre, cuando aquel visita. Ante al voluntad de Bolívar, se incian negociaciones y se nombran como representantes a José María Serrano por parte de Tarija y a Carlos María de Alvear por parte de Buenos Aires.
Durante la estadía de Alvear en Chuquisaca, con la ayuda de su colaborador (el hijo de Díaz Vélez), Alvear escalaba los muros del Conventos de las Mónicas, para mantener relaciones con una monja, hermana del plenipotenciario boliviano José María Serrano.
Se conoció el asunto, y fue grande el escándalo. El mariscal Sucre aprovechó para ayudar a Alvear a que regrese precipitadamente a Buenos Aires el 17 de agosto de 1826, y se perdió el territorio de Tarija, que quedó gobernado solo por el plenipotenciario boliviano, menos trepador que Alvear, o más discreto.
Bolivia desde los iniciosLa población de Bolivia se formó en base a pueblos aimaras que constituían el Kollasuyo, y que vivieron a orillas del lago Titicaca, extendiendo su influencia hasta las costas del océano Pacífico. Los pueblos que integraban el Gran Kollasuyo estaban los Ayaviri, el Colla, del que ha tomado nombre toda la región, los Omasuyos, los Lupacas, Larecajas, Pacajes, Charcas y Chichas.
Luego, con la llegada de los Incas, todos estos pueblos fueron sometidos a sus leyes. Durante la conquista este vasto territorio llegó a depender del virreinato del Perú. Posteriormente, creado el virreinato del Río de La Plata, en 1776, el Alto Perú o Bolivia pasó a ser parte de este último, comprendiendo las intendencias de Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y La Paz, y las provincias de Moxos y Chuiquitos, que formaban parte de la intendencia de Cochabamba. Todos estos territorios, al separarse del Río de La Plata y del Bajo Perú, se constituyeron en la República de Bolivia.
Durante la conquista Francisco Pizarro envió a su hermano Gonzalo a la conquista de los Charcas o Collao en 1538. Alonso de Mendoza llegó a La Paz en 1548, en representación de don Pedro de la Gasca. A Santa Cruz en 1560, llegó Ñuflo Chávez. Tristán de Tejada y Juan Salinas, llegaron a Trinidad en 1566. A Cochabamba llega el español Sebastián Barba de Padilla el 1º de enero de 1574. Manuel Castro y Padilla llega a Oruro en 1606. Potosí es fundada por Juan de Villarroel y Diego Centeno en 1546. Un año después, el emperador Carlos V de España le concedió el título de “Villa Imperial”.
En 1561 se instaló en la ciudad de La Plata (actual Sucre) la Real Audiencia de Charcas, suprema autoridad judicial del Alto Perú. Atendiendo la necesidad de crear un nuevo centro administrativo regional desde donde se pudiera controlar con el debido cuidado y atención la zona de mayor producción de plata.
Es así como el colonialismo español toma asiento en esta parte de América, atraído por los grandes yacimientos de oro y plata que lo convirtieron posteriormente en un país netamente minero. A las ciudades fundadas se las dotó de cabildos, funcionarios de justicia, como el alguacil mayor, alcaldes de primero y segundo voto y autoridades militares.
Como es natural, una autoridad impuesta por la fuerza donde el abuso y la prepotencia, la imposición de una cultura y religión ajena a la de los indígenas, más los servicios obligatorios de la mita y de la encomienda, despertaron con el tiempo un sentimiento de profundo resentimiento y rencor hacia el poder español. A raíz de todas estas medidas represivas que impusieron los españoles, surgieron desde 1780 una serie de rebeliones que inquietaron el virreinato del Perú y la Audiencia de Charcas.
Un año después, el 15 de enero de 1781, la sublevación de Chayanta se tornó más violenta, donde los hermanos Tomás, Dámaso y Nicolás tomaron el mando militar ocupando el asiento minero de Aullagas. Una de las rebeliones más dramáticas fue la gestó Túpac Catari, al cercar a la ciudad de La Paz, durante 109 días. Reprimido violentamente el movimiento indígena, sus principales gestores fueron ejecutados el 13 de noviembre de 1781.
En 1809, en La Paz un grupo de revolucionarios al mando de don Pedro Domingo Murillo lanzan al mundo la primera proclama declarando abiertamente la independencia del Alto Perú del dominio español, antes que la revolución de Buenos Aires.
Los sucesos de 1809 sirvieron como elemento detonante para que Buenos Aires se declarara independiente del gobierno español en 1810 , y a la vez, diferentes ciudades del Alto Perú promovieron una serie de pronunciamientos. Argentina temía la incursión de los realistas a su territorio poniendo en peligro su independencia y, con el propósito de asegurarla envió hacia el Alto Perú sus Ejército Auxiliares. El primero de ellos llegó al mando de Juan José Castelli, derrotando a los realistas el 7 de noviembre de 1810.
Desde el Perú, el general español José Manuel Goyeneche con un gran ejército logró derrotar a las tropas argentinas en la batalla de Huaqui, el 20 de junio de 1811.
El Segundo Ejército Auxiliar al mando del general Manuel Belgrano, ingresó a territorio de Charcas, el 7 de mayo de 1813, después de derrotar al general español Pío de Tristán, quien había perseguido a Castelli hasta territorio argentino. Belgrano tampoco tuvo éxito en esta campaña porque fue derrotado en Vilcapugio el 1º de noviembre de 1813, y por segunda vez en Ayohuma el 14 de noviembre del mismo año.
El Tercer Ejército Auxiliar al mando del general José Rondeau, ingresó al Alto Perú después de vencer a los realistas en la Quiaca, el 17 de abril de 1815. En su avance hacia Cochabamba fue derrotado en Sipe Sipe, el 29 de noviembre de 1815 por Joaquín de la Pezuela, quien había reemplazado a Tristán por su mala campaña militar emprendida en contra lo ejércitos argentinos.
Pero al margen de las incursiones del ejército argentino a territorio alto peruano, las guerrillas desempeñaron un papel sumamente importante en la consecusión de la independencia de nuestro territorio. El cura Ildefonso de las Muñecas cubrió el norte del Lago Titicaca, Sorata y Yavi; en el sudeste, entre Camargo y Cotagaita estaba Vicente Camargo, entre los río Grande y Pilcomayo, y en la Laguna combatían los esposos Padilla (El general Padilla y su mujer, Juana Azurduy); en el este entre Valle Grande y Santa Cruz de la Sierra, ponía en jaque a las autoridades españolas el guerrillero Ignacio Warnes, y por último en Tarija estaban Eustaquio Méndez, Manuel Rojas y Francisco Uriondo.
Fracasada la intervención militar de los tres Ejército Auxiliares, el general Pezuela ante la súbita aparición de grupos guerrilleros en casi todo el territorio del Alto Perú, organizó una cruenta arremetida entre los años 1815 y 1816, logrando paralizar prácticamente toda actividad subversiva y dando muerte a sus principales líderes como Padilla, quien cayó heroicamente en El Villar bajo la espada del comandante realista Aguilera, el 14 de septiembre de 1816. Vicente Camargo e Ignacio Warnes, también fueron derrotados sangrientamente por los españoles.
Paralizadas las actividades de los guerrilleros, desde la Argentina, José de San Martín organizó un poderoso ejército y cruzó la cordillera de los Andes, logrando la independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. De allí victorioso en 1820 emprende una vasta campaña militar con el propósito de liberar al Perú, es decir, tomando una vía diferente de la seguida hasta entonces. El ejército de San Martín luego de numerosos batallas hizo su entrada triunfal en la capital del virreinato el 12 de julio de 1821.
Convocando inmediatamente a un Cabildo Abierto en la que se acordó la independencia absoluta del Perú, la que fue proclamada solemnemente el 28 de julio de 1821 y San Martín fue designado a la vez, Jefe del Gobierno y del ejército con el título de “Protector del Perú”.
Mientras las tropas colombianas desembarcaban en el puerto peruano del Callao bajo el mando del general Antonio José de Sucre, el general Andrés de Santa Cruz que hasta hace poco había luchado en filas realistas, llegó a compartir las ideas libertarias de San Martín y fue enviado a engrosar las tropas de Sucre, iniciando su marcha hacia el Alto Perú, y en agosto de 1823 ingresó en la ciudad de La Paz. Forzado a librar combate, Santa Cruz sale victorioso en la batalla de Zepita contra una división del general Valdés, el 25 de agosto de 1823.
Entre los años 1822 y 1823, la situación en el Perú se había tornado caótica, los ejércitos derrotados por los realistas y los políticos sumidos en la anarquía. En estas condiciones muy lamentables encontró el Libertador Bolívar al Perú, cuando al fin el 1º de septiembre de 1823 se presento en Lima. El Congreso le otorgó la jefatura militar.
El panorama no podía ser más sombrío para los patriotas, la independencia del Perú no estaba consolidada, ya que el 29 de febrero de 1824 los realistas lograron ocupar nuevamente Lima. Pero esta vez, las conmociones políticas que vivía España influyeron decididamente para el fraccionamiento de las tropas españolas en América.El general Pedro Antonio Olañeta absolutista recalcitrante, se rebeló contra el virrey La Serna, que era de tendencia liberal y constitucionalista, porque se atribuía a éste el deseo de separarse de la monarquía para liberar al Perú del absolutismo que quería imponer Olañeta.
Bolívar, encontró a los españoles divididos y organizó prontamente un ejército formado por colombianos y peruanos y el 6 de Agosto de 1824, derrotó al ejército español del general Canterác en los campos de Junín.
Esta victoria constituye sobre todo, el paso previo para el triunfo final de Ayacucho. Los jefes españoles, Canterác, Valdés y La Serna, reunidos en el Cuzco deciden reorganizar sus fuerzas y salir al encuentro de los vencedores de Junín. Sucre, por encargo de Bolívar, decide continuar la campaña militar en el Perú, y el 9 de diciembre de 1824, los patriotas logran una espectacular victoria en la llanura de Ayacucho. Con la capitulación del virrey La Serna se reconocía “La Independencia del Perú y América”.
Luego el triunfo de Ayacucho, y siguiendo instrucciones de Bolívar, el general Sucre entra en territorio boliviano el 25 de febrero de 1825. Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti, ya se hallaban en poder de los revolucionarios.
El 9 de febrero de 1825, Sucre convoca a todas las provincias alto peruanas para reunirse en un congreso que debía decidir el destino de la Nación.
Convocada Asamblea Deliberante en Chuquisaca, 10 de julio de 1825, y concluida el 32, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana, por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la Asamblea José Mariano Serrano, junto a una comisión, redactó el “Acta de la Independencia”, que lleva fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la Batalla de Junín ganada por Bolívar.
El acta en su parte expositiva dice en tono vibrante: “El mundo sabe, que el Alto Perú ha sido en el continente de América, el ara donde se vertió la primera sangre de los libres y la tierra donde existe la tumba del último de los tiranos”. “Los departamentos del Alto Perú, añade en su parte resolutiva, protestan a la faz de la tierra entera, que su resolución irrevocable es gobernarse por sí mismos”.
Mediante un decreto se determinó que el nuevo Estado llevara el nombre de Bolívar, en homenaje al Libertador, quien a la vez es designado Padre de la República y Jefe Supremo del Estado. Bolívar agradeció estos honores, pero declinó la aceptación de la Presidencia de la República, para cuyo cargo insinúo el nombre del general Sucre.
El 18 de agosto, a su llegada a La Paz hubo una verdadera manifestación de regocijo popular, jamás país alguno rindió mayor homenaje a un hombre. La misma escena repitió cuando el Libertador llegó a Oruro, después a Potosí y finalmente a Chuquisaca.
Bolivia nacía a la vida independiente con los territorios que correspondían a la Real Audiencia de Charcas de la época Colonial. Comprendía cuatro provincias convertidas en departamentos: La Paz; Chuquisaca con Capital Sucre; Santa Cruz con capital, Cochabamba y Potosí. Posteriormente, se creó el departamento de Oruro.
Para la administración del nuevo gobierno se adoptó el sistema francés: el territorio dividido en departamentos; el departamento dividido en provincias; la provincia dividida en cantones y el cantón dividido en vicecantones. La autoridad que administraba un departamento se llamaba Prefecto, de la provincia subprefecto y del cantón y vicecantón, corregidor.
La segunda parte, “Bolivia desde los inicios” se ha tomado de “Nuevos Horizontes”





Fue puesta en vigencia por Evo Morales

LA JUSTICIA INDÍGENA YA RIGE EN BOLIVIA

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info)

El gobierno de Evo Morales puso en vigencia la justicia indígena para que las comunidades nativas juzguen casos menores en sus aldeas según sus usos y costumbres ancestrales, en otro avance político de ese sector tradicionalmente postergado.
La justicia indígena no aplicará la pena de muerte, prohibida por la constitución, respetará y garantizará los derechos de las mujeres a ejercer como jueces y no podrá despojar de sus tierras a personas de la tercera edad o discapacitados, según la ley de deslinde jurisdiccional que el Ejecutivo promulgó el último día de diciembre de 2010.
Tampoco podrá juzgar “delitos contra el derecho internacional” ni de lesa humanidad ni casos de violación y asesinato de menores, seguridad interna, terrorismo, corrupción, narcotráfico, hidrocarburos o cualquier otro cuya víctima sea el Estado.
En materia agraria, tratará los casos de “distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas”, pero no podrá juzgar a personas “no indígenas” que cometan delitos en las comunidades.
“La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo con su libre determinación”, dice la norma sin mencionar las competencias.
La constitución vigente desde el 2009 reconoce tres jurisdicciones: la ordinaria (los tribunales), la agroambiental y la indígena originaria. La ley de deslinde reconoce a esta última jurisdicción independencia e igual jerarquía que las demás, pero también la obliga a respetar los fallos de las otras dos.
“El linchamiento es una violación a los derechos humanos, no está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado”, señala la ley al hacer referencia a una costumbre arraigada en algunas comunidades rurales donde son linchados los ladrones atrapados al momento de cometer el robo. Esas prácticas, que periódicamente sacuden al país por su brutalidad, son reivindicadas por la masa que las ejecuta como justicia indígena. Tradicionalmente las autoridades indígenas juzgan casos en asambleas comunales y su máximo castigo puede ser la expulsión definitiva de la comunidad, pena que se impone, inclusive, en casos de infidelidad conyugal.
La constitución también garantiza que los pueblos indígenas minoritarios y la minoría afro-boliviana pueda elegir directamente a sus representantes en la Asamblea Legislativa.






Derivaciones del cargamento descubierto en España

COCAÍNA "DE COLORES", UNA MARCA DE LOS NARCOS

Sospechan que los llamativos envoltorios de la droga señalan a una banda que se mueve como un "pool" de inversores de narcóticos

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

Los 940 kilos de cocaína transportados en el avión de Medical Jet fueron descubiertos separados en paquetes de vistosos colores. Y para aquellos que investigan el origen de la droga ese embalaje es un dato para seguir. Es que en los últimos procedimientos importantes en la ruta entre la Argentina y España fueron descubiertos cargamentos con similares características.
Para tres especialistas en narcotráfico consultados -uno que sigue especialmente el caso de los tres pilotos argentinos detenidos en Barcelona y dos hombres con extensa experiencia en este tema- esos envoltorios de colores apuntarían a una misma banda que cruzaría todos los casos.
"Todos los grupos marcan de alguna manera sus cargamentos, a modo de sello de pertenencia. Los diferentes colores servirían para identificar la propiedad de cada traficante", indicó una fuente que investigó a fondo las rutas del narcotráfico en la Argentina.
Por las informaciones que cuentan las fuerzas de seguridad argentinas, en nuestro país no operan carteles de drogas tal como se conocen en otros países. Sí se concentran, especialmente en Buenos Aires, centros de acopio de cocaína procedente de Bolivia. Esos embarques son preparados por "inversionistas" que compran parte de la droga y trabajan en forma de "pool", por eso los diferentes colores, para señalar a qué grupo pertenecen.
Así es como aparecen en las causas ciudadanos mexicanos, colombianos, peruanos, bolivianos o europeos, además de las conexiones locales, que a su vez tienen vínculos con bandas mayores en sus países.
A la banda de los colores ya le fueron incautadas más de ocho toneladas de cocaína en procedimientos en España y la Argentina.
Por lo llamativo de los envoltorios que protegían la cocaína, la Policía Federal denominó Operación Arco Iris el golpe dado en San Miguel en 2008. En ese momento fueron secuestrados 750 kilogramos de ese estupefaciente días antes de ser embarcado rumbo a España.
Otra de las particularidades de los envíos de colores es que en los anteriores casos partieron ocultos en buques de carga. Así llegó un embarque de 600 kilogramos de cocaína al puerto español de Algeciras, distribuido entre molinos de viento. Ese descubrimiento abrió paso a la Operación Ciclón, en la que se detectó un cargamento similar meses después, que terminó con las detenciones de ex futbolistas serbios y empresarios cordobeses.
El año pasado, cabe recordar, dos procedimientos tuvieron también los característicos paquetes de colores. Y fueron de los más importantes. En julio de ese año se dio el golpe conocido como Mudanza Blanca, con 1200 kilogramos de cocaína descubiertos en Avellaneda.
Un poco antes se produjo una de las mayores incautaciones, de más de 3,5 toneladas de cocaína, descubiertas en un contenedor de manzanas premiun en el puerto de Buenos Aires y en otro buque con la misma carga que fue apresado en el puerto brasileño de Santos.
Por entonces se especuló que esa droga procedía del cartel mexicano de Tijuana o que incluso se trataría de un embarque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Para los investigadores argentinos, ese cargamento no contaría con un único dueño, sino que formaría parte de los envíos compartidos por varios grupos, que aprovechan los servicios de logística locales.
Aquellos que siguieron de cerca algunos de esos casos indican que los paquetes de colores llegan armados e identificados desde Bolivia. Algunos embarques menores con esas características fueron descubiertos en rutas terrestres, cercanas a la frontera boliviana.
La ruta de ingreso de cocaína boliviana cambió en los últimos meses, con apertura de corredores de cocaína desde Paraguay, situación infrecuente en años anteriores.
Tras la maniobra de ingreso de la droga en la Argentina, las bandas mantienen la cocaína en lugares seguros a la espera de usar la línea logística de salida que esté a mano. En todos los casos investigados quedan sin descubrir los "inversionistas", mientras que son detenidos los llamados "fleteros" y los empresarios que arman las pantallas legales de transporte.
Con más de ocho toneladas perdidas en los últimos tres años, el armado de los paquetes de colores de cocaína no dejó de fluir rumbo a España. Los investigadores analizan si la banda central sumó a las rutas marítimas un canal aéreo, que habría sido usado por primera vez.





LA MODELO COLOMBIANA NEGÓ VÍNCULOS CON LOS PILOTOS DETENIDOS EN BARCELONA

Angie Sanclemente Valencia, la joven acusada de narcotráfico, dijo no conocer a los hermanos Juliá; ayer, la justicia española dictó prisión preventiva para los tres argentinos

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

"Están inventando, ya estoy cansada de que todo el mundo quiera utilizar mi nombre e involucrarme en cosas", se quejó Angie Sanclemente Valencia, la modelo colombiana acusada de contrabando de drogas en declaraciones televisivas.
Es que,
según había publicado LA NACION , los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá habrían transportado en avión hasta Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, al novio argentino de Sanclemente Valencia, que también está detenido en el marco de la misma causa en la que está involucrada la modelo.
En ese sentido, la joven aseguró no conocer a los pilotos, detenidos en Barcelona la semana pasada por presunto contrabando de casi una tonelada de cocaína. "No sé qué es lo que quieren tapar comigo", dijo la modelo en diálogo con TN y lanzó críticas a LA NACION.
Preventiva. Ayer, la justicia española re
solvió otorgar la prisión preventiva a los hermanos Juliá y a Gastón Miret, en el marco de la causa que investiga el contrabando de los 940 kilos de cocaína descubiertos en el aeropuerto de Barcelona.
El abogado de los Juliá, Santiago Giménez Olavarriaga , insistió en la inocencia de sus defendidos. "Nosotros creemos que pueden salir libres próximamente. No es, por cierto, del todo previsible, pero la posibilidad existe, y luchamos para que recuperen su libertad. Ese es el punto central de nuestra estrategia, que, por otra parte, es el punto lógico, ya que pretendemos poder demostrar su inocencia", había dicho ayer a LA NACION el letrado.
El hallazgo. La droga fue descubierta el pasado 2 de enero, aunque la información fue difundida tiempo después. El avión que la trasladaba, un Challenger 604 de la empresa Medical Jet, llegó al aeropuerto el Prat, de Barcelona, donde la policía realizó una requisa y dio con los 940 kilos de cocaína. El destino final de la mercancía habría sido Ámsterdam.





ALBERTO ACOSTA, EX MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS DE RAFAEL CORREA EN ECUADOR

“EL GOLPE TAMBIÉN FUE CONTRA LA IZQUIERDA, A LA QUE VEO CONFUNDIDA Y FRAGMENTADA”

Acosta advierte por un lado que el gobierno de Correa logró avances muy importantes en la independencia económica y en el plano social y cultural, pero cuestiona que se mantenga el mismo patrón de acumulación extractivo.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

–¿Cómo explica la convivencia de derechos de avanzada sancionados en la nueva Constitución, que cuestionan incluso el modelo desarrollista tan de moda en América latina, con una serie de críticas que provienen del movimiento indígena y de algunos intelectuales con respecto a cómo el gobierno de Rafael Correa está reglamentando esos derechos, en buena medida yendo en contra de lo que conquistó la Constituyente?
–Hay muchos conflictos de diversa índole. El primero es el que aparece cuando uno ve lo que se escribió en la nueva Constitución de Montecristi, con una altísima participación popular, y lo que está haciendo el gobierno de Correa, que también apoyó la Constitución. Porque esto hay que decirlo: sin este proceso político de revolución ciudadana, sin el gobierno de Correa, no habría sido posible la Constitución de hace dos años. Ahora, esto tiene una serie de complicaciones. Una: el hecho real y cierto de que es difícil poner en práctica todo lo que se plantea en una Constitución, sobre todo en una de avanzada, cuando las fuerzas políticas que están al frente de la gestión gubernamental y parlamentaria no vienen de ese proceso político ni de las organizaciones sociales que lo protagonizaron. Entonces, siempre va a haber tensiones. Incluso si fuese un gobierno completamente vinculado, proveniente de los movimientos sociales, habría también tensiones porque es difícil que los cambios se den de la noche a la mañana. Va a haber una etapa de transición que será más o menos larga, compleja y difícil dependiendo de la fortaleza en términos sociales que tenga todo este proceso político de transformaciones que se ha puesto en marcha. Por otro lado, no nos olvidemos de que hay grupos sociales y políticos que desde una posición maximalista minimizan todos los avances que se han conseguido en estos años. Hay gente que de manera bastante simplona dice que lo que continúa es el modelo neoliberal. Y ya no veo que eso sea así. Aunque tampoco veo que vayamos caminando hacia la construcción del Buen Vivir.
–¿Hacia dónde se va entonces?
–Primero, no se puede decir que como no se va hacia el Buen Vivir, seguimos en el neoliberalismo. Ha habido un proceso de reacomodo de las fuerzas políticas y sociales, incluso de los grandes grupos oligárquicos, que están restableciendo otra relación dentro de la lógica capitalista pero ya no neoliberal. Los mismos empresarios se están reacomodando en un proceso de cambio al cual le es muy útil y funcional el actual gobierno de Correa. Entonces, hay varios problemas. Uno viene dado porque los procesos siempre son difíciles, por más que haya coherencia, fortaleza y decisión; por tanto no va a ser fácil cristalizar todos los avances establecidos en una Constitución. En segundo lugar, menos aún cuando el gobierno tiene enormes contradicciones internas, dudas y cosas que caminan en dirección contraria a la que estableció la Constitución: véase la ley de minería, véase la ley de soberanía alimentaria, véase el proyecto de la ley de aguas donde se avanza un poco cerrando la puerta al proyecto de privatización pero no se avanza hacia la desprivatización, lo cual es incongruente y está en contra de la Constitución. El tercer punto es que muchos sectores, incluso cercanos al movimiento indígena, a los movimientos sociales, nunca entendieron lo que significa la Constitución en términos de logros alcanzados para los movimientos populares y sociales en el Ecuador. Al no entenderlos, no los están defendiendo, no los están asumiendo, y reclaman que el Gobierno no cumple cuando ellos tampoco cumplen su tarea, que es apropiarse de la Constitución y defenderla e incluso hacer una oposición al gobierno de Correa desde la oposición y no desde el discurso estéril.
–Si el llamado posneoliberalismo no es el modelo neoliberal puro pero tampoco es el Buen Vivir, ¿cuáles serían los rasgos de este proceso que caracteriza al gobierno de Correa y que incluye, según lo que usted dice, una mutación en la clase dominante?
–En América latina, en los países donde hay gobiernos progresistas, y en seguida saltan a la vista Venezuela, Bolivia y Ecuador, y luego otros, no se está caminando hacia una transformación estructural de los patrones de acumulación existentes históricamente en nuestra región. No hay un cambio sustantivo. Ya no es el neoliberalismo tradicional, pero seguimos dentro de la lógica extractivista. La forma de producción sigue estando sobredefinida por los productos primarios que exportamos, algunos son recursos minerales, otros son petroleros u otros recursos primarios, pero no hay un cambio de la modalidad primario-exportadora de este extractivismo y tampoco se está cuestionando nuestra forma de inserción sumisa en el mercado internacional. Yo veo eso como una primera cosa. El discurso está ahí: hay una Constitución que abre la puerta para caminar hacia un posextractivismo, hacia una economía pospetrolera en términos más concretos y de más corto plazo. Hay un plan del Buen Vivir del gobierno de Correa donde establece las metas, los objetivos, los principales lineamientos, incluso hay algunas ideas de cómo sería ese proceso de transición, pero no hay en la práctica hechos que estén caminando en esa dirección. Ahora se discute, por ejemplo, el código de producción que vuelve a plantear como opción de desarrollo ya no la economía social y solidaria, sino una economía empresarial con una mayor participación de amplios sectores de la sociedad, con una mayor discusión de la distribución del ingreso y de la propiedad, pero no hay una transformación en marcha, sino la consolidación de un esquema empresarial.
–Entonces, en primer lugar, no se puede hablar de cambio estructural...
–Ese es el primer punto: no podemos hablar de cambio estructural, lo que se ha hecho es una reconversión del viejo extractivismo a un neoextractivismo o el extractivismo de siglo XXI, donde el Estado tiene una mayor participación en la renta minero-petrolera, donde el Estado controla de alguna manera la actividad de las empresas transnacionales, donde hay una mayor distribución de los ingresos provenientes de esas exportaciones a través de una política social bastante sostenida, pero que no deja de ser paternalista y clientelar, y ahí llegamos a otro elemento importante: se ha mejorado la inversión social pero no se está cambiando el patrón de acumulación y concentración de la riqueza, sino que se están distribuyendo, a través de la política social, los excedentes disponibles en tanto países productores y exportadores de materias primas. La pobreza sigue muy marcada en nuestro país, incluso tenemos información que la pobreza en 2009 subió en comparación con 2008 a pesar de que se incrementó notablemente la inversión social, que en los años de Correa pasó del 4 por ciento del PBI al 8 por ciento, y esto no sólo en términos relativos, sino absolutos. Pero no hay ese click cualitativo de romper un patrón de acumulación excluyente, que genera mucha pobreza y concentración de riqueza. La pobreza en los indígenas aumentó el último año de una manera notoria. Tenemos un segundo problema real y grave en este esquema: no sólo que no caminamos hacia una nueva forma de acumulación, que seguimos siendo primario-exportadores, sino que lo más grave para mí es que no se han creado las condiciones para una amplia y activa participación de los movimientos sociales. Esta es una situación sumamente preocupante.
–¿Qué capacidad tienen los movimientos sociales de afectar el patrón de acumulación?
–Lo primero que los movimientos sociales deberían hacer es replantearse su posición frente al gobierno y tener una perspectiva de más largo plazo. Su actual mirada cortoplacista les está haciendo perder la perspectiva histórica del proceso en marcha. Ya no vivimos los años previos al presidente Correa. En Ecuador hay algunos cambios sustantivos, algo que hace cinco años parecía imposible hoy es una realidad: ya no está más la base de los EE.UU. en Malta; ya no es posible plantear la firma de un TLC con los EE.UU. como hace algunos años; ya no hay la misma sumisión con el FMI y el Banco Mundial: el gobierno ecuatoriano ha reducido drásticamente la dependencia que teníamos del endeudamiento externo; tenemos una política económica contracíclica que hubiese sido impensable en otra época: se desarmaron todos unos fondos de estabilización petrolera que no eran para atender las demandas del país sino a los acreedores de la deuda pública, hay mucha más inversión social y es importante lo que se hace en salud, educación y vivienda popular, así como invertir 300 millones de dólares al año en carreteras. Entonces no nos podemos quedar diciendo que este gobierno traicionó o fracasó o retrocedió. Está construyéndose algo nuevo y hay elementos que deberían ser reconocidos y respaldados por los movimientos sociales. Apoyados sobre todo desde la Constitución, que es de avanzada. Los movimientos sociales e indígenas deberían reflexionar sobre qué sucedería si las fuerzas golpistas, que existen en nuestro país, logran sacar de juego a Correa: se viene todo esto abajo. Me temo que no vamos a estar en mejores condiciones, porque es muy probable que se desarme toda la Constitución. En Ecuador hacer constituciones es casi una tradición: tenemos veinte constituciones desde 1830, una cada diez años en promedio. Todos esos avances van a ser parte de un proceso de contrarrevolución, van a ser retirados con toda seguridad por los grupos oligárquicos, que van a identificarlos sólo con el gobierno de Correa, lo cual no es la realidad.
–¿Cree que es posible una tercera posición entre neoliberalismo y neodesarrollismo o hay que asumir al neodesarrollismo como proceso de transición posneoliberal?
–El neodesarrollismo podría ser asumido como una etapa de transición si hay la verdadera convicción de que se requiere ese paso para llegar a la etapa posextractivista, posdesarrollista. Lamentablemente no acabo de entender en el caso ecuatoriano cómo funcionaría eso cuando se plantea abrir la economía a la extracción de los recursos minerales a cielo abierto. Hay, de una u otra manera, una conciencia, más por necesidad que por convicción, de prepararnos para una economía pospetrolera. El petróleo se acaba, no interesa cuándo, pero ya llegamos a lo que se conoce como la cúpula de la campana de las reservas (campana de Hubbert) y ya estamos declinando, por eso tenemos que prepararnos. Pero para salir del extractivismo abrir la puerta a otra actividad extractivista, depredadora humana y ambientalmente, que nos va a sumir aún más en la dependencia externa, no me parece adecuado. La minería metálica a gran escala a cielo abierto no puede ser la vía para salir del extractivismo. Voy a poner un ejemplo para graficarles lo que estoy viendo y por qué me preocupa. Es como si tuviera un problema de drogadicción y para curarme el médico me dijera que los próximos meses me duplicará la dosis de drogas. Hay incoherencias muy marcadas en este sentido.
–¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasó el 30 de septiembre con la sublevación policial, que aquí algunos llaman intento de golpe de Estado y otros, sin embargo, no aceptan tal caracterización?
–Yo identifico tres hechos indiscutibles. Primero: hubo sin lugar a dudas una conspiración fraguada semanas antes para que se produjera una movilización de policías y de fuerzas armadas, que se dio en casi toda la república a nivel de la policía (salvo tres provincias), en algunos recintos militares también, se cerró el aeropuerto de Quito, salieron los soldados a protestar en el Ministerio de Defensa, se cerró el aeropuerto militar de Latacuna y otras unidades más. Segundo hecho claro: el presidente estuvo de rehén; no estuvo totalmente secuestrado alejado del control del poder: no, él podía seguir hablando por celular, tenía contactos y manejaba lo que sucedía en el país, pero no podía salir del hospital si no firmaba un acta en la cual se comprometía a retirar todo lo que estaba afectando a los policías y, al parecer, policías y militares consiguieron posteriormente algo en ese sentido, pero Correo no firmó. Y en tercer lugar, al salir del hospital, Correa tuvo un intento de asesinato. Eso es innegable: hay videos y hay grabaciones policiales que muestran cuando la policía trata de asesinar a Correa y alguna gente a su alrededor cae herida o muerta. En ese contexto, la cuestión no es quedarnos discutiendo si hubo o no golpe de Estado. Lo que pasó fue que paralizaron al Estado, pero la cuestión son las respuestas políticas...
–¿Cuáles han sido?
–El problema es que yo no las veo de parte del gobierno, que hace énfasis en la pesquisa policial y judicial pero no está introduciendo los correctivos: no veo una convocatoria del gobierno para un gran diálogo nacional con los sectores sociales y políticos con los que caminó los primeros años de su gestión para elaborar y aprobar la Constitución. Hoy no existe ese diálogo social, no hay una búsqueda para establecer una base que nos permita construir colectivamente un escenario de expectativas compartidas. No hablo de compartir gobierno, hablo de otra cosa. No veo tampoco un cambio en la relación con los otros sectores de la sociedad. Hay que enfrentar a los grupos oligárquicos que están alentando a las fuerzas golpistas, de la reacción, pero no veo que haya canales para una relación más democrática. Esto se refleja en la Asamblea Nacional, cuando se abordan las leyes, que se tratan de imponer vía veto o cualquier otro mecanismo. No veo un cambio de actitud del presidente Correa: su actitud intolerante, prepotente, con rasgos autoritarios no es la causa de los problemas pero tampoco ayuda, más bien los agudiza, porque él ha generado conflicto con todos los sectores sociales y populares, con todos los movimientos políticos de izquierda. Y creo que el golpe también fue contra la izquierda, a la que veo bastante confundida y fragmentada.





DIEGO CABRERA LLEGA CON SUS GOLES AL REAL CARTAGENA

El Universal de Colombia (www.eluniversal.com.co)

Se trata del atacante boliviano Diego Cabrera, quien brillara con luz propia con el Cúcuta Deportivo en el 2008, año en el que los “motilones” alcanzaran en el segundo semestre el campeonato en el fútbol profesional colombiano.
Cabrera tiene mucha experiencia acumulada, pues además de jugar la Copa Libertadores con el cuadro “motilón” en el 2009 también ha tenido la oportunidad de hacer parte de la selección nacional de Bolivia en reiteradas ocasiones.
El boliviano es un batallador en el frente de ataque, no da balón por perdido, va bien arriba y en el fútbol colombiano se ha caracterizado por marcar goles.
El atacante boliviano tiene 28 años y el segundo semestre de la temporada anterior actuó en la Primera B para el Deportivo Pasto, equipo que peleó el Ascenso ante Itagüí, que al final se quedó con la casilla en la A. “Es un goleador de talla internacional, ha marcado más de 50 goles en su carrera, sus características se acomodan a lo que el cuerpo técnico pretende y confiamos en que haga muchos goles en el Real. Veo un grupo bien conformado y con deseos de triunfos”, dijo a El Universal Rodrigo Alejandro Rendón, presidente del Real.
Antes, en el mismo 2010, Cabrera había militado en el Cúcuta Deportivo. En Colombia, el boliviano también jugó en el Independiente Medellín.
El ariete pasó por los equipos Oriente Petrolero, Bloming, The Strongest, Bolívar y Aurora, todos ellos de Bolivia y, además, también militó en el Cerro Porteño del Paraguay.
Cabrera, quien mide un metro con 71 centímetros, pesa 68 kilogramos, llega a reforzar a un equipo que pretende realizar una buena temporada.
“El jugador llegará el jueves o viernes a Barranquilla y se sumará a trabajos con el resto del plantel. Seguimos en la búsqueda de otro delantero”, afirmó Rendón.
Al grupo, que realiza la pretemporada en Barranquilla, también se sumó como refuerzos a Jamerson Rentería (atacante), Adrián Berbia (portero) y Emanuel Molina (volante).
Macías, al Pereira
El defensa centro cartagenero Harold Macías jugará en el Deportivo Pereira en la temporada 2011. Luego de llegar a un acuerdo con los directivos, que no lo iban a tener en cuenta para la conformación de este equipo, el cartagenero espera realizar una buena campaña con el onceno “Matecaña”.
Macías, de temperamento fuerte y quien fuera capitán del Real en varias temporadas, era esperado ayer en Pereira para iniciar trabajos en la menor brevedad.

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