Por Coco Cuba - ABI.- El gobernante boliviano Evo Morales desplegará entre jueves y viernes toda la artillería de la política marítima de su gobierno en una visita símbolo que realizará a Chile, a la investidura del presidente electo de ese país, el empresario de derechas Sebastián Piñera, y también en el encuentro que sostendrá en la ciudad de Cochabamba (centro) con su homólogo uruguayo, el izquierdista José 'Pepe' Mujica. 
En su visita de Estado a Santiago, Morales dará una prueba incontrastable de política de Estado con Chile, con cuyo gobierno saliente de la presidenta Michelle Bachelet escribió el mayor acercamiento binacional en décadas y señaló una agenda bilateral de trece puntos que incorpora, de manera inédita, la secular demanda boliviana por una salida al mar Pacífico.
También en el encuentro que sostendrá con Mujica en la central ciudad de Cochabamba, 400 km al este de La Paz, donde refrescará el histórico y alternativo plan boliviano se obtener una salida a ultramar por el Océano Atlántico.
Uruguay es, en diversos foros multilaterales, desde la desaparecida Liga de las Naciones (reemplazada en 1948 por la Organización de Naciones Unidas) el más férreo defensor en Sudamérica de la causa marítima boliviana. Tras el fracaso de las aspiraciones bolivianas por afianzar una salida al Atlántico por territorios ejercidos por Paraguay, país también mediterráneo, con el que libró una guerra entre 1932 y 1935, La Paz ha puesto los ojos en el ese océano, precisamente por la Hidrovía Paraguay-Paraná.
"En ambos casos sí está confirmado y el Presidente sí va a estar en la transmisión de mando del presidente Piñera, en Chile, este (día) 11, y también se está organizando después de esta transmisión de mando la visita del presidente Mujica a la ciudad de Cochabamba", afirmó el lunes el portavoz de la Presidencia boliviana, Iván Canelas.Piñera asumirá un país en trance, devastado por un potente terremoto seguido de maremotos que mató a 500 chilenos y destruyó centenas de miles de viviendas, con severos daños en la infraestructura vial del país trasandino. El gobernante boliviano patentó en los últimos días muestras inequívocas de solidaridad "con los damnificados" en Chile y alistó una ayuda humanitaria consistente en 120 toneladas de agua ionizada en botellones para los chilenos que carecían de ese bien.
En ayuda de los que sufrieron en carne propia la saña del furibundo movimiento telúrico en el centro y sur de Chile, también organizó un teletón que movió al país para recaudar más de un millón de dólares.
"Queremos compartir nuestra pobreza", dijo Morales al tiempo de arengar que solidaridad no es donar lo que sobra, sino lo que se tiene.
Morales y Piñera han sostenido en la Cumbre del Grupo de Rio -celebrada a finales de febrero en el balneario mexicano de Cancún, donde Latinoamérica se rebeló de la tuición de Estados Unidos y creó una organización que presente al unísono la voz de la región unidas en el concierto internacional- un cálido diálogo, fuera de agenda, según la prensa chilena.
La presencia de Morales en la asunción de Piñera se produce en el mejor momento, en décadas, de la relación bilateral, marcada a fe y fuego por el centenario reclamo boliviano de una salida soberana al mar Pacífico. Bachelet y Morales han entablado, entre 2006 y 2009, el diálogo más fructífero en la historia de Bolivia y Chile. La Paz y Santiago han construido entre 2006 y 2009 una relación de "confianza mutua" y la piedra miliar de ésta es la amistad personal de Bachelet y Morales, patente en la agenda de 13 puntos que discuten sin prisas ni pausas desde 2006.
La Paz y Santiago han mejorado en el último tiempo sustancialmente su relación, reducida, desde 1989, a un intercambio comercial, favorable, en una proporción de 9 a 1, a Chile y ahora signada por inéditos intercambios en el área militar, en la educación y la tecnología y también en el campo político, preñada de viajes de misiones parlamentarias de uno y otro lado.
Por primera vez en la historia bilateral, La Moneda (sede del gobierno chileno) se avino a discutir sin remilgos el reclamo marítimo boliviano en 2006, pese a fundar sus argumentos en el carácter irretroactivo del Tratado de 1904.
Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas desde 1962, cuando Chile desvió unilateralmente el Río Lauca, de curso internacional, para alimentar sembríos en la puna de Atacama.
Las relaciones promisorias de La Moneda-Palacio Quemado quedaron en suspenso a mediados de enero, antes del balotaje chileno que dio el triunfo a Piñera, luego que el ahora presidente electo de Chile se dijo contrario a atender la histórica reivindicación boliviana.
Piñera afirmó un "no" rotundo a la posibilidad de ceder soberanía en los 4.000 km de costa de su país a la mediterránea Bolivia.
Aseveró que "el territorio, el mar y la soberanía chilena nos pertenece y un presidente debe defenderlas siempre"."Vamos a facilitar el acceso de Bolivia a nuestros puertos para que lo puedan usar para el comercio exterior, pero no vamos a ceder ni territorio ni mar", subrayó.
Meses antes, Morales hubo esgrimido su talante sobre la política chilena cuando, a mediados de 2009, las primeras encuestas revelaban la popularidad de Piñera, alertó a la región la recomposición de la derecha en Latinoamérica.
Bolivia y Chile carecen de relaciones diplomáticas desde 1976.
Bolivia carece de acceso al mar Pacífico desde 1879, cuando, en alianza con Perú, enfrentó militarmente a Chile.En la denominada guerra del Pacífico (1879-83), Bolivia perdió 400 km lineales de costa y 120.000 km cuadrados de territorios en la puna del Atacama, a favor de Chile.
Bolivia demanda desde 1904, cuando suscribió un Tratado de Paz y Límites, que selló su enclaustramiento geográfico, la reposición de una salida a marítima, por vía de un corredor soberano en el límite septentrional de Chile y la frontera sur de Perú.
El contencioso marítimo planteado en 2009 por Perú, tercero activo en este embrollo histórico, por el control de 100.000 km de aguas marítimas, ha frenado en seco la negociación boliviano chilena.
A su retorno de Santiago, Morales recibirá a Mujica, para hablar sobre la instalación de puertos bolivianos en las costas de Uruguay.
En ese encuentro "se hablará sobre el tema puertos para que Uruguay pueda constituirse en una salida permanente a través de la hidrovía Paraguay-Paraná para las exportaciones de Bolivia", informó la semana pasada el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Luis Almagro.
La hidrovía Paraguay-Paraná es un plan fluvial intergubernamental, que incluye a Paraguay, Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil y que tiene por objetivo contar con un canal de navegación para embarcaciones de hasta diez pies de calado durante todo tiempo a través de los ríos Paraguay y Paraná desde Puerto Cáceres (Brasil) hasta Nueva Palmira (Uruguay).
De hecho, Bolivia construye infraestructura portuaria con vocación comercial en los pasos fluviales en dirección al Atlántico en el extremo oriente de su territorio.
Hace poco menos de una década, Bolivia saca a ultramar sus exportaciones de granos por esa vía.
MUJICA OFRECERÁ A MORALES INVERTIR EN LA PALOMA
El presidente se reunirá con su homólogo boliviano el próximo sábado 13 y se espera le proponga invertir en la terminal portuaria de Rocha.
Observa de Uruguay (www.observa.com.uy)
El presidente José Mujica ofrecerá a su homólogo de Bolivia, Evo Morales, invertir en el puerto de La Paloma, en Rocha, según informaron fuentes oficiales al diario El Observador. Mujica tiene previsto reunirse con Morales en Cochabamba el próximo 13 de enero, instancia en la que le planteará la propuesta.
La idea del mandatario uruguayo es que la inversión de ese puerto, que se estima costará más de US$ 1.500 millones, sea compartida por los miembros del Mercosur más Bolivia.
BOLIVIA EMPLAZA A LA INDIA JINDAL A RENOVAR LA GARANTÍA PARA LA EXPLOTACIÓN DE HIERRO
Publimetro de Chile (www.publimetro.cl)
El Gobierno de Evo Morales emplazó hoy a la siderúrgica india Jindal Steel & Power a renovar la garantía económica del contrato para la explotación de hierro en el este de Bolivia, informó hoy la agencia estatal ABI.
Según ese medio, el ministro de Minería, José Pimentel, explicó que si la firma no renueva la garantía antes del próximo 19 de marzo, el contrato quedaría anulado en forma automática.
"La boleta de garantía es parte de la seriedad del contrato, si no hay boleta de garantía no hay seriedad. Hasta el 19 de marzo deberán hacerlo. Si no renuevan la boleta de garantía, prácticamente estarían rompiendo el contrato", sostuvo.
Señaló que, al no renovar la boleta, "se está poniendo en cuestionamiento la vigencia del contrato", por lo que el Gobierno de Morales quiere resolver primero esa situación antes de discutir otros temas con Jindal sobre la explotación de la mina Mutún, situada en la localidad de Puerto Suárez (Santa Cruz, este).
El Ejecutivo boliviano y la empresa india firmaron el documento en 2007, aunque el mismo entró en vigor en mayo de 2009, después de que el Gobierno logró solucionar la demanda de tierras de la empresa para instalarse en el yacimiento.
El contrato firmado en 2007 establece que Jindal debe invertir 300 millones de dólares cada año durante el primer quinquenio y 200 millones anuales en los tres siguientes años, hasta completar una suma de 2.100 millones de dólares de inversión en ocho años.
El Gobierno de Morales ha expresado su preocupación porque existe un retraso de parte de la empresa en el cumplimiento de sus compromisos de inversión y, además, porque Jindal ha planteado una disminución en el monto comprometido.
Sin embargo, el proyecto también se ha retrasado por dificultades que tuvo el propio Ejecutivo para expropiar tierras requeridas para la explotación del yacimiento y otros problemas de corrupción en la estatal Empresa Siderúrgica Mutún (ESM).
Los dirigentes cívicos de Puerto Suárez se han declarado "en emergencia" por el lento avance en la ejecución del proyecto y han advertido con realizar medidas de presión en contra de esta situación.
Al respecto, Pimentel anticipó hoy que viajará a esa localidad para dialogar con los cívicos una vez resueltos los problemas con la empresa india.
VIOLENCIA DOMESTICA: EN BOLIVIA, UNA CONSTANTE PESE A LEY
Agencia ANSA de Italia (www.ansa.it/ansalatina)
La violencia doméstica es una constante en Bolivia por el fuerte machismo prevaleciente aún entre su gente, aunque la lucha por la igualdad de género impulsa normas legales para combatirla y alienta la denuncia pública para el castigo moral.
Por primera vez, la Constitución de 2009 impulsada por el gobierno de Evo Morales, garantiza que "todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en familia como en la sociedad".
El fundamento cultural del cambio político es de igualdad absoluta. "Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual" y el Estado castigará "la violencia de género y generacional", según esa norma.
Pero las agresiones, en todas sus variantes y en particular a la mujer, persisten porque "una cosa es lo que dicen las leyes y otra la forma de comportarse de la gente" debido a "la cultura machista y patriarcal que se refleja incluso en las propias instituciones".
Según la socióloga Ximena Machicao Barbery, si bien la violencia doméstica afecta a todos, "está demostrado que son las mujeres de cualquier edad y condición social" las que más la sufren y en el caso de las niñas "la situación es atroz".
Según Machicao, "este país es profundamente machista y establece roles, atribuciones, premios y castigos diferenciados y desiguales entre hombres y mujeres".
"La violencia contra las mujeres, en criterio de Machicao, es un hecho político, no es fortuito, es naturalizado, legitimado por la sociedad y la cultura. Por lo tanto, el delito queda la mayoría de las veces en la absoluta impunidad".
"Cuando tenía ocho años, mi madre me dejaba durmiendo con mi padre y él tocaba mis partes íntimas", declaró la semana pasada Claudia Brañez al juez que juzga a su concubino Víctor Ricaldi por violar y asesinar a una hija de siete años de ella.
Ese caso es sólo un botón de muestra, que llegó a los tribunales por el asesinato de la niña, pero en Bolivia no hay estadísticas sobre violencia doméstica no sólo por fallas institucionales, sino también por falencias legales.Según la ley específica, enjuiciar al agresor requiere informe forense que acredite impedimento físico de la víctima por un mínimo de 30 días. Por eso y aunque siete de cada 10 mujeres son víctimas de violencia, "la mayoría de los casos quedan impunes. Los agresores se benefician con medidas sustitutivas porque se dice que los delitos no son tan graves y son liberados" según la Defensora del Pueblo, Rielma Mencías. En Bolivia no hay estadísticas de la violencia doméstica a los hombres, pero "es mayor el número de mujeres que la sufre", en proporción de diez a uno, según Machicao, que es consultora en género y desarrollo de UNICEF, la agencia de las Naciones Unidas para la Infancia.
Según un informe presentado este jueves por el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) elaborado en base a una recopilación de noticias de prensa, en 2009 fueron asesinadas 143 mujeres y niñas en todo el país. De ese total, 98 fueron tipificados como feminicidio. El feminicidio es la muerte violenta de mujeres y niñas provocada por el odio, el desprecio o la discriminación hacia las mujeres. "Es un fenómeno del que comenzamos a escuchar mucho a partir de los crímenes a mujeres en Ciudad Juárez", explicó Machicao.
Las instituciones defensoras de la mujer demandan ahora que el feminicidio se incorpore al código penal como delito penado con 30 años de prisión sin derecho a indulto, que es la máxima pena que se impone en Bolivia. Ahora no hay un solo preso por ese delito.
Pero hay coincidencia en que el problema seguirá aunque haya leyes más severas y su aplicación sea estricta si persisten patrones culturales que justifican la frase "algo habrás hecho, por eso te pega" que se escucha con frecuencia.
LOS BOLIVIANOS ELIGEN A SU REINA DEL CARNAVAL
El Diario de Mallorca, España (www.diariodemallorca.es)
Luz Noelia Rocha, con su traje de ´Diablada´, se convirtió el pasado viernes en la reina del carnaval organizado por la Asociación de Residentes Bolivianos en Palma, ARBOLP. La joven tiene 17 años y es originaria de Cochabamba. En segundo lugar quedó Amanda Algarañaz, de 23 años, natural de Santa Cruz y representante del Centro Cultural Amanecer.
No fueron las únicas que recibieron un galardón en el transcurso de esa velada celebrada en la discoteca Edén Boliviano. También se distinguió a las mejores fraternidades participantes en la I Rua del Carnaval Boliviano en Palma. Esta fiesta se conoce en el país andino como "Entierro del Pepino", pero los organizadores han querido modificar su nombre en un gesto por la integración. Este evento se celebró la semana anterior en el polígono de Son Rossinyol y consistió en un colorido desfile en el que participaron diversos grupos y comparsas; y que contó con las actuaciones de diferentes grupos folclóricos. Según la organización, la primera Rua Boliviana atrajo a unas 2.000 personas e interesó a otros colectivos como ecuatorianos, colombianos y mallorquines. El primer premio a los grupos participantes en el "Entierro del Pepino", correspondió a Los Caporales San Simón. La Fraternidad Cultural Bolivia con la danza de la Diablada obtuvo el segundo; y el Bolivia Centro Social con el baile La Morenada, quedó en tercer lugar.
UN DEBATE MUY IMPORTANTE
Revista Analítica de Venezuela (www.analitica.com)
En toda América Latina no hay quizás una mejor revista dedicada a temas de filosofía y teoría política que la Revista Nueva Crónica, editada en La Paz, Bolivia. No sólo su formato es excelente, incluso elegante; hace también honor al nombre: es una publicación plural en el mejor sentido del término. En ella escriben plumas destacadas de la intelectualidad y de la política boliviana, dándose también, y cada cierto tiempo, cabida a aportes internacionales de interés continental. Hay que destacar, además, que la mayoría de los textos que la revista edita son desplegados a ras de suelo, que es el espacio donde transcurre la política, sin perderse en rodeos academicistas, pero a la vez lejos de apologías panfletarias, tan propias al estilo político que impera en algunos países de América Latina.
Desde hace algún tiempo la Revista Nueva Crónica ha abierto sus páginas a uno de los temas más relevantes de la Bolivia actual: el de la relación entre democracia y Estado. Está quizás de más decir que ese tema tiene gran importancia en otros países de la región, sobre todo si se tiene en cuenta que algunos atraviesan una fase fundacional en lo que se refiere al tema de la reconstrucción civil del Estado. Esa fundacionalidad es una de las ideas que defiende el intelectual marxista, también Vicepresidente de la República, Álvaro García Linera (de aquí en adelante AGL) en un artículo publicado en el número 51 de la revista (26 de febrero hasta el 11 de marzo de 2010) titulado “Del Estado aparente al Estado integral” (pp.10-12). En ese número aparece, además, un breve y también interesante artículo del ex-Presidente del país, Carlos D. Mesa Gisberg, titulado “¿Valores occidentales o valores universales?” dedicado al tema de los Derechos Humanos. En fin: estamos frente a un debate muy importante.
Estoy seguro de que quien quiera confrontarse en serio con el tema del socialismo del siglo XXl no podrá obviar el texto de AGL, entre otras cosas porque -hay que advertirlo- no tiene nada que ver con los panegíricos chabacanos lindantes en lo grotesco que escriben los “intelectuales orgánicos” que rodean al presidente Chávez y con los cuales, dado el primitivismo que ostentan, es imposible polemizar. Discutir el artículo de AGL es, en cambio, casi un lujo de la inteligencia. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo con el tenor y sentido del artículo de AGL –y como se verá yo estoy radicalmente en desacuerdo- pero es imposible negar que es un aporte a una discusión que ya no puede ni debe ser postergada.
1. Como no todos los lectores conocen el texto de AGL me permitiré resumir a continuación sus principales puntos de vista.
El artículo comienza formulando la tesis de que “el Estado es una síntesis connotada y aceptada de fuerzas, los pactos, las jerarquías y los horizontes compartidos, en torno a una hegemonía social al interior de una comunidad política territorializada llamada nación o país”. A partir de esa definición el autor sugiere que si la sociedad política es “condensada” en el Estado se produciría una “relación orgánica óptima” entre Estado y sociedad. En la Bolivia actual según AGL, gracias a la acción de un bloque de clases subalternas, el punto óptimo está en vías de ser alcanzado. Dicho punto se encuentra fundado en el principio (gramsciano) de hegemonía histórica, lo que da lugar a la formación (otra vez Gramsci) de un “Estado integral”. Esa, a su vez, sería la base para iniciar “una expansiva socialización de la democratización de los bienes públicos (materiales e inmateriales)”.
De lo que se trata según AGL, es de superar “el Estado aparente” (Zavaleta) que no daba cuenta de la totalidad de la sociedad política, sino sólo de una parte reducida de ella.
El “Estado aparente” (al que en otras ocasiones AGL llama “patrimonial”) que regía en Bolivia antes del gobierno de Evo Morales, al representar sólo una reducida parte de la sociedad política, posibilitó que aquella parte no representada – la mayoría indígena-plebeya, en los términos de AGL- se organizara a sí misma al exterior del Estado “por vía de sindicatos, comunidades agrarias, juntas vecinales y comités cívicos, en los que la sociedad civil construyó sus prácticas políticas”. Esa dualidad entre una parte de la sociedad civil no representada y otra precariamente representada es la razón que explica la inestabilidad que caracteriza a la historia política de Bolivia desde la independencia hasta nuestros días. Según AGL, esa fue la razón por la cual “el Estado republicano nació como mutación simbólica, pero no material del Estado colonial”.
A través de la presidencia de Evo Morales tendría lugar entonces el acceso de los sectores subalternos no representados, hacia el mismo interior del Estado. “Ese programa de refundación estatal es lo que se llamó Asamblea Constituyente”, escribe AGL. En ese sentido, la revolución boliviana del siglo XXl realizará las tareas pendientes que dejó la revolución de 1952. Ese es el proyecto que dará lugar a la por AGL llamada “revolución del Estado”. Léase bien: no contra, tampoco desde, sino en el Estado. La “revolución en el Estado” es, sin duda, una invención teórica post-marxista de AGL. Ya hablaremos más de ello.
En fin, la argumentación de AGL se dirige a demostrar que Bolivia atraviesa un momento fundacional dirigido a la construcción de un nuevo Estado apoyado en un bloque indígena-plebeyo, tradicionalmente excluido de la política, bloque que se hace presente a través del gobierno de Morales, comenzando así un proyecto de revolución en el Estado avalado por la Asamblea Constituyente, fase preliminar que llevará a la realización del ideal socialista.
2. Para comenzar, debo afirmar que la definición de Estado que desliza AGL es problemática. El Estado, y pienso que en ese punto estoy junto con la gran mayoría de los juristas políticos de nuestro tiempo, no puede ser considerado como una institución independiente de la nación, tampoco como parte de la superestructura jurídico política como postula el marxismo más vulgar, y mucho menos como resultado automático de una correlación determinada de fuerzas sociales que ejercen su hegemonía sobre otras fuerzas sociales, como postula la definición de AGL. Sin intentar definir nada, el Estado, en su más amplia acepción puede ser considerado como la representación jurídica y política de la nación, o también, como la nación jurídica y políticamente constituido. En este sentido hay en la definición de AGL una confusión –no sé si premeditada- entre lo que es un gobierno y lo que es un Estado.
A diferencias del Estado cuyas instituciones y constituciones trascienden a las diversas correlaciones sociales que se dan en el transcurso del tiempo, un gobierno está sujeto a la contingencia que resulta de las diferentes correlaciones que se dan en el caleidoscópico juego político de una nación. O sea: mientras un gobierno es contingencial, el Estado tiende a la constancia. Un gobierno puede reformar determinadas instituciones del Estado, dictar nuevas Constituciones y ejercer su hegemonía durante el periodo de su permanencia en el poder. En ningún caso –estamos hablando en un sentido republicano y democrático- puede un gobierno sustituir al Estado. Precisamente, el intento de sustitución del Estado por un gobierno o, en el mejor de los casos, la asimilación de la idea de gobierno con la de Estado, lleva a las peores dictaduras –y Bolivia ha sufrido demasiadas como para seguir insistiendo en esa absurda idea. No debemos olvidar que tanto las dictaduras militares que hasta hace poco regían en el continente, así como las comunistas de Europa del Este, pretendían erigirse como representantes de la Nación, del Estado y del Gobierno a la vez, de tal modo que –como ocurre hoy en Cuba- cada enemigo del gobierno era estigmatizado como enemigo de la Nación y del Estado.
3. La sustitución del Estado por un gobierno es planteada por AGL en clave gramsciana. Sin embargo, en la intención y sentido nos encontramos con una argumentación plenamente leninista, lo que no por eso debe ser incorrecto. Mas, para la transparencia del texto habría sido mucho mejor referirse a la verdadera fuente de inspiración que, repito, no es Gramsci sino Lenin. Me explico:
Fue precisamente Lenin quien en sus diversos artículos acerca de la NEP (Nueva Política Económica) desarrolló a partir de 1921 y en términos muy precisos, la teoría del capitalismo de Estado como fase preliminar en el proceso que, según el revolucionario ruso, llevaría a la construcción del socialismo. Es, en cierto modo, lo mismo que hace AGL.
De acuerdo a Lenin, las fuerzas productivas en Rusia no estaban lo suficientemente desarrolladas para que la clase proletaria gobernara directamente de modo que previo a la construcción del socialismo era necesaria la creación de un capitalismo de Estado que, dada la condición incipiente del proletariado ruso, sólo podía ser ejercido por el Partido del Proletariado en nombre del Proletariado. Ahora, del mismo modo que Lenin, AGL ha planteado en diferentes ocasiones la necesidad de construir un capitalismo de Estado, pero esta vez no proletario, sino dirigido por un bloque indígena-popular. Por ejemplo, en una entrevista que realizó Pablo Ortiz a AGL, este último defendió de manera muy leninista dicha tesis: “El Estado es lo único que puede unir a la sociedad, es el que asume la síntesis de la voluntad general y el primer vagón de la locomotora económica. El segundo es la inversión privada boliviana; el tercero es la inversión extranjera; el cuarto es la micro-empresa; el quinto, la economía campesina y el sexto, la economía indígena. Este es el orden estratégico en el que tiene que estructurarse la economía del país” (“El Deber”, Santa Cruz de la Sierra 21 /1/ 2007).
Ahora, si quitamos el concepto indígena- plebeyo, tenemos plenamente reconstituido el programa estatista del Lenin de la NEP. Eso no tiene que ver nada con Gramsci quien se ocupó de muchos temas, pero rara vez de la construcción de un capitalismo de Estado. O dicho así: AGL nos quiere vender un postulado leninista envuelto en papel de regalo gramsciano. Sin embargo, en un punto fue Lenin mucho más sincero que AGL.
Lenin, con su brutal franqueza, afirmaba que el capitalismo de Estado será realizado en representación del proletariado por “su partido”, es decir, Lenin reconocía al menos el principio de la representación política, la que en muchas ocasiones implica la opacidad e incluso la ausencia del actor representado. No así en AGL. Para el político boliviano –digámoslo de una vez- no existe ninguna diferencia entre representantes y representados. Para él, lisa y llanamente, son las clases subalternas las que sin mediación alguna han penetrado electoralmente al Estado con el fin de realizar una revolución en su interior. Hay, en este caso, una identidad total entre Gobierno, Estado, Nación y Pueblo. Esa es la razón por la cual la contradicción que AGL dibuja como central en su esquema, la del “Estado aparente” contra el “Estado integral”, no es muy inocente. Pero antes que nada es incoherente. Como es obvio, lo contrario de lo aparente es lo real, o si se quiere, lo verdadero, pero nunca lo “integral”. Si la contradicción hubiese sido presentada entre un Estado aparente y un Estado real o verdadero, no habría por cierto, objeción posible. No obstante, la antípoda de lo aparente es, para AGL lo integral ¿Por qué?
El concepto “Estado integral” corresponde, es cierto, a una formulación fortuita –aunque no afortunada- de Gramsci. Pero cuando Gramsci escribió en su “Cuaderno 6” acerca del Estado integral no se refería a un proyecto de Estado sino a un momento histórico ideal (y por lo mismo irrealizable) a saber: el de la plena identificación de la sociedad política con la sociedad civil. Como seguramente AGL sabe, la realización del encuentro pleno entre sociedad civil y sociedad política (o Estado) era un visión hegeliana y no gramsciana. El hecho de que ese encuentro no es plenamente realizable, es decir, que siempre hay un desencuentro entre la lucha por el poder y el poder es -como ha constatado entre otros Claude Lefort (“La invención democrática”)- lo que hace posible a la acción política. En este caso, la acción política se funda sobre un ideal imposible, imposibilidad que, a la vez, la hace posible. Eso quiere decir que si el Estado es definitivamente ocupado, termina la lucha por el poder; y luego, ya no hay más hegemonía sino simple dominación. El Estado, al ser vaciado de su propio vacío, se transforma en una entidad no política: algo parecido al Leviatán de Hobbes.
El concepto “Estado integral” tiene, sin embargo, una segunda connotación histórica mucho más conocida que la formulación gramsciana. “Estado integral” fue llamada en España a la centralización que tuvo lugar durante la “segunda república” (1931) destinada a someter la autonomía de las nacionalidades y naciones bajo la égida de una rígida dirección política. Dicha noción, como es sabido, fue aplicada después, y hasta sus últimas consecuencias, por el gobierno integrista de Francisco Franco. No es ese seguramente el ideal de AGL, pero por eso mismo sería mejor que él cambiara el nombre de su mentado Estado integral pues se presta a muchas confusiones. Suena parecido a Estado total, o a Estado absoluto, que imagino, no es el ideal de AGL. Aunque de verdad, no estoy muy seguro. ¿Por qué no lo llamó por ejemplo Estado inclusivo? ¿O simplemente Estado representativo? No lo sé.
4. Otro motivo que impulsa a dudar de las convicciones democráticas de AGL es su creencia de que “la revolución en el Estado” obedece a una determinada correlación de fuerzas favorable a los “sectores subalternos”. Si eso fuera así, tenemos dos posibilidades: la primera es que cada vez que se produce una nueva correlación de fuerzas, el Estado podría ser sometido a una revolución interna. La segunda posibilidad, es que desde Evo Morales hacia adelante no habrá correlaciones de fuerza diferentes a las que hoy operan, esto es, con Evo Morales habríamos llegado al fin de la historia boliviana.
De acuerdo a la primera posibilidad, en la medida en que cada gobierno implica un reacomodo tectónico de las relaciones hegemónicas, el Estado debería ser transformado por ese gobierno, cambiando a su medida la Constitución y creando nuevos poderes instituyentes. De acuerdo a la segunda posibilidad, a través de la correlación de fuerzas favorable, las clases subalternas bolivianas al acceder al gobierno habrían resuelto de modo definitivo el tema de la lucha por el poder. Pueblo, gobierno y Estado y un sólo socialismo y no más, sería en este caso la no santísima trinidad de la post-política boliviana. El Estado-Nación se habría convertido así en una Nación-Estado. Que ese fue el ideal staliniano de la nación, es algo muy sabido.
Las dos posibilidades son por cierto, absurdas. Pero ellas se desprenden de la propia lógica de AGL, una lógica que, a pesar de uno u otro condimento gramsciano adhiere definitivamente a un riguroso reduccionismo de clase, aunque a veces, en vez de clases, escriba “fuerzas”. Efectivamente, en el texto de AGL sólo encontramos dos bloques: el subalterno convertido por acción y gracia del gobierno en hegemónico, y el económicamente dominante que al no poder ser hegemónico ha debido retirarse de los aposentos del Estado. La tarea siguiente será la de despojar paulatinamente a la clase dominante de su poder económico –permitiéndosele por bondad del gobierno, una existencia transitoria- a fin de entrar a la senda que lleva a la plena felicidad socialista. De este modo, para AGL “La nueva Constitución Política del Estado no sólo es la consagración legal e institucional de una nueva correlación de fuerzas sociales en el Estado y de un nuevo bloque de poder histórico; es, a la vez, por la naturaleza clasista y cultural del bloque de poder constituyente, el proyecto político material de resolución real, de superación de esas fallas tectónicas de larga data que hicieron del Estado boliviano un Estado aparente, sin hegemonía histórica ni óptimo orgánico con la sociedad civil”
Salta a primera vista que el concepto de clase o fuerza social con que opera AGL es, aún desde un punto de vista marxista, una cosificación petrificada de agrupaciones sociales, las que en la realidad política están sometidas a permanente transformación. En tal sentido hay que tener en cuenta que –a diferencia de lo que supone AGL- las clases no son objetos unívocos, históricamente congelados, sino procesos de formación intermitente. Además, una clase no existe de modo singular y eso significa que debe ser entendida como la suma y síntesis de sus diferentes fracciones las que se articulan y desarticulan de modo indefinido en el curso de sus propias historias. De ahí que cada gobierno, el de Evo Morales también, representa una simple articulación momentánea de fracciones de diversas clases que no sólo luchan por la hegemonía hacia el exterior sino también hacia el interior del bloque que hoy las representa en el poder. De este modo, las perspectivas para nuevas combinaciones políticas permanecerán siempre abiertas. Si no fuera así, nunca habría cambios de gobiernos en ninguna parte del mundo. Y hay que convenir en que tampoco el gobierno de Evo Morales tiene asegurada la eternidad sobre la tierra.
Por cierto, el propio concepto de clase como estructura significativa es más que problemático puesto que “la clase” es sólo una entre diversas identidades de grupos y personas. Alguien puede ser obrero o campesino en su trabajo; conservador, liberal o comunista en política; ateo, o creyente; ciudadano en la vecindad; feminista o machista en su vida privada. En fin, de una manera u otra, todos somos portadores de múltiples identidades, y quien no me crea, que analice su historia y la de su familia. La reducción del ser humano a una sola identidad, la socioeconómica de clase, aunque perfeccionada por el marxismo leninismo, tiene su origen en el “homo economicus” de las visiones liberales, y esa es la que asume, en nombre de Gramsci, AGL. Reducir a las personas a su simple representación clasista significa, además, sustentar una muy pobre opinión de la condición humana.
Precisamente el hecho de que cada uno de nosotros, también AGL, trascienda a su clase, es una de las condiciones que hacen posible a la vida política. Para poner un ejemplo que no será del gusto de AGL: cuando los hacendados que redactaron la Constitución surgida de la revolución norteamericana, introdujeron en ella el espíritu de la declaración de los Derechos Humanos, trascendieron sus propios intereses de clase. El artículo de la Constitución de 1787 que señala que “todos los seres humanos son iguales ante la ley”, entraba en plena contradicción con el régimen esclavista de producción que primaba en la hora de la independencia. Esto quiere decir que Paine, Jefferson, y Washington trascendieron sus propios intereses en función de un ideal de Estado que todavía no podía ser realizado, pero que ya llevaba en sus leyes el germen de su transformación. Gracias a la capacidad de esos seres para trascender sus propios intereses pudo ser posible, pero muchos años después, que un hombre como Obama hubiera llegado a ser Presidente de los EE UU. En ese contexto, si es cierto que el Estado boliviano cobija en sus interiores al bloque subalterno anteriormente excluido del poder, eso no dice mucho si la Constitución del Estado no trasciende los intereses de ese bloque. Pensar lo contrario significaría suponer que los excluidos, sólo porque han sido excluidos, tienen siempre y para siempre la razón histórica, lo que no es tan cierto.
Los así llamados excluidos del poder pueden apoyar a un sistema democrático, pero también pueden apoyar a una dictadura, y hay muchos casos históricos que así lo han demostrado. Para poner el más extremo de los ejemplos: la mayoría de los trabajadores alemanes apoyaron una vez a Hitler. En cierto modo, gran parte de la clase obrera alemana siguiendo la lógica de sus intereses sociales y económicos, encontró en el nazismo un medio y una forma para articularse con el Estado (corporativismo) Naturalmente, en éste como en muchos otros casos, hay que hacer la diferencia entre los representados y los representantes. Ahora bien, esa es la diferencia que no hace AGL. Y ese no es un detalle sin importancia: es el ABC de la política; un ABC que explica cómo y porqué la política ha sido, es y será representativa. Sin representación no hay política. Sin política no hay representación.
Pero como ya hemos visto, según AGL es el bloque subalterno mismo, es decir, una fuerza histórica que sin recurrir a ninguna mediación representativa, el que ha ocupado el Estado. Luego, hay en el discurso de AGL una relación de identidad, más todavía, de simbiosis entre la clase política, que son los representantes, y la clase social, que son los representados. Eso es gravísimo: si se piensa así, quiere decir que la suerte de Bolivia ya está echada. Cualquier crítica al MAS, o a Evo Morales, pasará a convertirse en una crítica a los trabajadores bolivianos, y viceversa también. Ocurrirá igual que con las dictaduras de Europa del Este las que al imaginar que no sólo eran la representación de la clase, sino la clase misma en el poder, difamaban a sus críticos como “enemigos de clase”, aunque esos enemigos provinieran de la misma clase que ellos decían representar. Así, en la URSS, Polonia, Hungría y en la Alemania comunista, fueron cometidas pavorosas masacres a los obreros en nombre de los intereses históricos de los obreros.
Lo que las Nomenklaturas comunistas nunca pudieron reconocer fue que efectivamente en esas masacres tenía lugar una lucha de clases: una lucha entre la clase dominante de Estado, la Nomenklatura, y los intereses sociales de los trabajadores de las respectivas naciones. Y con este ejemplo llegamos a tocar un punto fundamental de nuestro análisis, y es el siguiente:
El Estado no sólo es un aparato de dominación de clase, tampoco es el espacio de simple representación de una o más clases. El Estado, sobre todo cuando ese Estado es ocupado por fuerzas representativas que se mantienen durante mucho tiempo en su interior es, además, un aparato productor y reproductor de clase: la clase de Estado. Es por eso que una vez escribí que no hay nada más clasista que un Estado socialista (La Revolución)
La diferencia entre un Estado democrático y uno socialista es que mientras en el primero las clases se forman y orientan alrededor del Estado, en un régimen socialista se forman y existen al interior del Estado. Esa es la razón por la cual nunca ha habido socialismo sin Nomenklatura. Acerca de ese tema hay una amplia bibliografía escrita por intelectuales disidentes en los países comunistas. Tanto, Milovan Djilas en la ex Yugoeslavia, tanto Jacek Kuron y Karol Modselewski en Polonia, tanto Giörgy Konrad e Ivan Szelény en Hungría, tanto Rudolph Bahro en Alemania comunista, y varios más, demostraron en diversos y profundos análisis como en sus naciones, y en nombre del socialismo, las Nomenklaturas se transformaron desde el poder en clase política y económicamente dominante. Quizás a la luz de lo que está ocurriendo en algunos países latinoamericanos será necesario reactualizar esa interesante bibliografía. En Venezuela, por ejemplo, muchos opositores ya detectaron la existencia de una nueva clase en formación: la clase que controla el Estado, el gobierno y el petróleo; la Nomenklatura venezolana a la que con ingenio llaman “boliburguesía” o “chavoburguesía”.
Ignoro si en Bolivia está formándose una especie de “evoburguesía”, pero lo más probable es que en la construcción de un capitalismo de Estado como el que propone AGL, llegará a formarse. Pues así como no hay socialismo sin Nomenklatura, no puede haber capitalismo de Estado sin una clase capitalista de Estado. Por lo demás, es lógico y natural que eso ocurra.
Construir un capitalismo de Estado es un proceso muy complejo que requiere del concurso de una amplia burocracia, de una tecnocracia, de sectores del Ejército, ideólogos, funcionarios políticos, militantes, policía secreta y no secreta, e incluso banqueros, en fin sectores que al interior del Estado desarrollan sus propios e incluso nuevos intereses. El problema, a mi juicio, no reside por lo tanto en la formación de una nueva clase, sino en el hecho de que esa nueva clase oculte sus intereses, ideologías y visiones, en nombre de otra clase a la que ya no pertenece (si es que alguna vez perteneció) o en nombre de utopías políticas metafísicas y metahistóricas que no son más que simples ideologías de (auto) legitimación.
Para despejar dudas: en este artículo no se está criticando la formación de un capitalismo de Estado como el que, de modo preciso, esquematiza AGL. Quienes nos ocupamos desde hace tiempo con temas políticos y sociales hemos aprendido que en el desarrollo económico de las naciones no hay dogmas ni ningún tabú. Tampoco hay recetas válidas para todos los países del mundo. Para algunas naciones, y a esas naciones pertenece seguramente Bolivia, podría ser necesario que el Estado deba hacerse cargo de tareas productivas y sociales que no pueden ser realizadas desde fuera del Estado. Ello pasa sin duda por un proceso de transformación del Estado (¿por qué llamarlo revolución?). De la misma manera, puede que en otras naciones sea necesario recurrir a fórmulas descentralizadoras para activar el desarrollo económico, a privatizaciones de sectores que el Estado no está en condiciones de tutelar y a ciertas de-regulaciones del mercado. Las condiciones y las políticas a implementar varían de tiempo a tiempo y de lugar a lugar. Por lo mismo, no toda economía estatista es socialista ni toda economía privada es neo-liberal.
Aquello que sí se critica, es que un proyecto de capitalismo de Estado que bien puede ser revolucionario (eso se sabe muchos años después), nos sea presentado como un programa destinado a identificar a un Estado con un gobierno en función de un futuro ignoto. Un proyecto integralista que apunta a desmontar el andamiaje del Estado- Nación en aras de la construcción de una Nación- Estado. Quiero decir que ya hay algo que sabemos a través de tantas y tantas experiencias históricas; y es lo siguiente: cuando el Estado y la Nación se confunden en una sola entidad, cuando la sociedad política y la sociedad civil devienen una sola unidad, cuando es concebido un Estado perfecto o integral que es aquel que según AGL resuelve para siempre la diferencia entre sociedad civil y sociedad política, no podemos seguir hablando más del socialismo como resultado de una radicalización de la democracia. Y no podemos hacerlo por la sencilla razón de que lo que se quiere radicalizar, la democracia, ya ha dejado de existir.
Opinión
NI CALCO NI COPIA
Rebelión de España (www.rebelion.org)
El andino José Carlos Mariátegui, nuestro Amauta moderno, edificó los tres pilares fundacionales de la ciencia social en este continente al decir que sin la liberación de los indígenas no habría ni democracia ni socialismo en América, que las raquíticas burguesías nacionales y sus fuerzas políticas no podrían realizar las conquistas democráticas (como la cuestión de la independencia nacional o la de la tierra) y, por lo tanto, éstas deberían ser concretadas por el socialismo y, por último, que éste, en nuestras tierras, no podía ser ni calco ni copia de las experiencias hechas en otros continentes, donde existía una densidad histórico-cultural muy diferente.
El curso revolucionario actual en Bolivia está comprobando esas afirmaciones. En el surco abierto por el gobierno nacionalista de Gualberto Villarroel (1943-1946) con la primera asamblea indígena y después por la revolución de 1952 y por la asamblea popular a fines de los años 60, en tiempos del gobierno del también nacionalista general Juan José Torres, el gobierno de Evo Morales-Alvaro García Lineras está construyendo una Bolivia con un Estado basado en el masivo consenso indígena, una nación democrática y moderna que lucha por su independencia y la de todos los países latinoamericanos, en la perspectiva de la creación de un régimen social diferente que saque al país del capitalismo en condiciones de aguda dependencia.
Ahí empiezan los problemas, porque la meta social está definida mucho más por lo que no debe ser –ni el llamado socialismo real totalitario, ni la imposible política de la socialdemocracia– que por un proyecto común. Existe la convicción de que ese cambio social no puede ser ni calco ni copia de la experiencia rusa, yugoslava, china, cubana, sino que debe apegarse a la historia y las condiciones bolivianas. Y, por supuesto, la conciencia de que un aparato estatal fuerte apoyado en el movimiento campesino y en los trabajadores urbanos será la herramienta fundamental para construir las bases de una transformación profunda de Bolivia, que es un país vasto y riquísimo, apenas poblado por menos de 10 millones de habitantes y con gran cantidad de trabajadores emigrados, sobre todo a Argentina, Brasil y España.
Pero ahí acaban las coincidencias en el mismo gobierno y en su partido, el Movimiento al Socialismo. Hay, en efecto, quien teoriza que el gobierno actual es el gobierno de los movimientos. Pero éstos no tienen proyecto alternativo al capitalismo y, además, se basan en la defensa dentro de este sistema de las condiciones de vida y trabajo de sus integrantes y, por eso, entran muchas veces en choque con otros movimientos sociales y con el gobierno mismo y asumen muy a menudo un aspecto corporativo.
También existe quien piensa que es posible crear un modelo capitalista de los pobres, llamado capitalismo andino, que se basaría en una alianza entre lo que queda de los ayllus (es decir, las comunidades prehispánicas) y la incipiente burguesía nacional, con el Estado como aglutinante. Pero ese Estado es hoy capitalista y, por lo tanto, somete aún más a un tremendo desgaste a los restos comunitarios –mediante el mercado, la educación, las leyes, los impuestos– y tiende además a sustituir a los elementos de la naciente burguesía nacional, que incluso nacen también de la disolución de las comunidades. Los ayllus, por otra parte, ya desde tiempos de la Colonia dejaron de ser autosustentables porque dejaron de ser territoriales (es decir, de tener tierras en las montañas, en la falda de éstas y en los valles, para compensar con diversas producciones los problemas climáticos) y tuvieron que concentrarse en comunidades inventadas.
Hay también los que se dan como meta un socialismo comunitario no muy bien definido. Es cierto que, como planteaba Marx en sus célebres cartas a Vera Zasulich, es teóricamente posible que en algunos países no industrializados y con fuerte base campesina tradicional el socialismo se apoye fundamentalmente en las comunidades agrícolas no destrozadas aún por el desarrollo del capitalismo. Pero el capitalismo de hoy no es el del siglo XIX y existen aymaras que exportan a China y allí instalan sus hijos porque salen de la comunidad directamente al mercado mundial. El capitalismo, por otra parte, subsume hoy la agricultura y todas las relaciones precapitalistas y penetra, con sus ideas y sus mercancías, por cada poro de la sociedad. Las comunidades se diferencian internamente a gran velocidad y se disgregan. Además, el socialismo requiere una educación colectiva, pero también alternativa, científica, desmistificadora. Ese es el papel del partido que aún no existe y que el MAS no desempeña, ni cumplen tampoco los movimientos sociales. Para ser socialista, por otra parte, hay que dejar de verse primordialmente como comunitario, indígena, obrero o campesino, para no perder esas identidades pero integrarlas en una superior, la de un hombre o una mujer libres, internacionalistas, solidarios, lo cual está lejos de ser el caso en la actualidad.
Hoy, si dejamos de lado algunos militantes provenientes de los viejos partidos de la izquierda, el grueso de los cuadros del MAS son nacionalistas pragmáticos y atribuyen al Estado el tradicional papel extractivista y distribucionista que tenía el desarrollismo nacionalista clásico de 1952. Al mismo tiempo, encuentran en la particularidad de sus movimientos la oportunidad para hacer carrerismo en el Estado apoyándose en bases propias, que tienden a controlar burocráticamente. Esto abre el camino a una doble burocratización: la de los dirigentes que se integran en el aparato estatal y la de la verticalización creciente de las organizaciones de base, con fines y por medios clientelares. Aquí está el nudo del problema: en la carencia de fines claros para la superación del capitalismo y en la falta de un partido, democrático, pluralista, no estatista, que dé importancia a la discusión teórica y a la formación política de sus cuadros.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PERUANA: ¿UNA VERDADERA CARTA MAGNA?
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
A lo largo de la historia republicana del Perú, nuestra nación a registrado doce constituciones políticas eminentemente peruanas, si a estas le sumamos las constituciones de la confederación peruano-boliviano, referido a la constitución del Estado Sub-Peruano, del Estado Nor-Peruano, la del decreto del 28 de octubre de 1836 y la Constitución Política de la Confederación Peruano-Boliviano: Ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana del 1837, rigieron en nuestro país unas 16 constituciones al margen de los Estatutos. Para muchos constitucionalistas todo este compendio, es sinónimo de una historia inestable, vacilante e irresoluto de lo que es nuestro pasado y hasta de lo que es nuestro presente.
¿Cuántas nuevas constituciones Políticas más se elaboraran después de la constitución de 1993?, no cabe duda que con el gobierno que se viene o con el subsiguiente habrá otra carta magna que reemplace a la actual, y a está otra que también lo estará sustituyendo. Con estas renovaciones en el tiempo y en el papel, nuestra historia vacilante e inconstante seguirá perenne. Las enmiendas, los cambios de títulos, de secciones y hasta el adicionamiento de nuevos artículos a nuestra constitución la seguirán dejando cada vez más lisiada. Sumando a ello manoseos de políticos inexpertos y de bellacos la hacen cada vez menos respetada y a veces direccionanda para grupos de poder ¿Cuándo realmente tendremos una incólume e inmaltratada y real Constitución? ¿Cuándo realmente tendremos una Constitución que encarne el sentir de todos los peruanos, de extremo a extremo? o simplemente ¿Cuándo tendremos una verdadera Carta Magna Peruana?
Si la constitución política de 1979 fue mejor que la Constitución Política de 1993, es un tema que en la actualidad, considero particularmente, esta muy discutido. Con la actual constitución el Perú no solo mantuvo el crecimiento macroeconómico, sino que la sigue direccionando hacía arriba en lo que es economía: Porque de lo contrario ya la habrían derogado. De que fue privatista, presidencialista y con un alto contenido neoliberal esta Carta Magna, también es cierto. Como muestra: en la constitución de 1979 en su artículo 157 afirmaba que las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación a campesinos sin tierras, pero con la constitución de 1993, en su artículo 88, sustenta que las tierras abandonadas pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta. Con esta modificación obviamente los más afectados fueron los pobladores del agro, sobre todo aquellos que no tienen tierras. El interés social no fue lo esencial de esta última norma.
Abordando este mismo tema (el agro), con la anterior constitución se reconocía a la reforma agraria como un verdadero instrumento para la promoción integral y para la transformación del hombre del campo. La reforma agraria (y no se refiere a la impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado) era una alternativa para buscar el desarrollo de la población rural, de aquella que hoy sigue siendo la más excluida. Pero con la Constitución Política de 1993 este punto ni siquiera es modificado, sino que prácticamente es extirpado. Para el expresidente Alberto Fujimori, pese a su formación académica universitaria (ingeniero agrónomo), el agro no fue un tema relevante.
Continuando en el camino del escudriñamiento de estas dos Constituciones Políticas, en la Carta Magna de Haya de La Torre y esta vez referido a la Propiedad, se establecía en su artículo 128 que los bienes públicos no son objetos de derechos privados, pero con la Constitución de 1993 y esta vez en su artículo 73 se fija una contrariedad notable que nos encamina a la absoluta privatización. “Los bienes de uso público son concedidos a particulares conforme a la ley para su aprovechamiento económico”.
Bajo esta premisa lo particular se sobre pone a lo social. Bajo esta premisa lo mío se impone a los intereses de los demás; y mucho más si estos son solo un puñado campesinos… Y bajo esta premisa es que la entrega de los bienes públicos para provecho particular no solo quedan ahí (amparados por nuestra actual Constitución), sino que cada vez se fortalece y mucho más con el proyecto de ley 3817, una norma que de ser aprobada desplazara poblaciones originarias enteras bajo el argumento de un proyecto de desarrollo a gran escala, incluso a los mismos habitantes de Inambari.
Opinión
EXPLOSIVA COMBINACIÓN EN BOLIVIA
El 22 de enero, en un acto cargado de pretendida simbología indígena, sobre las ruinas pre-colombinas de Tiwanaku, en el altiplano boliviano, Evo Morales asumió por segunda vez consecutiva la presidencia del ahora denominado Estado Plurinacional de Bolivia. Sorpresivamente, en dramática escenificación, Morales fue ungido supremo líder espiritual de los pueblos indígenas de América.
Libertad Digital de España (www.exteriores.libertaddigital.com)
En su triple calidad de máximo dirigente sindical de la poderosa Federación de Productores de Hoja de Coca, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y líder espiritual de los indígenas americanos, Morales convocó a los dirigentes sindicales y los llamados "movimientos sociales" de Bolivia y del mundo a defender los derechos de la "Madre Tierra" por encima de los de las personas.
Vestido con abarcas, una túnica de lana de llama diseñada para la ocasión y un gorro cuadrado al estilo Gadafi –que dijeron representa los cuatro puntos cardinales–, sus allegados declararon que el polémico dirigente cocalero estaba rescatando la ancestral cultura de los reyes tiwanacotas, autóctonos de los Andes.Aparte de importantes medios de prensa y delegaciones socialistas fraternales, asistieron a la ceremonia los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez; Paraguay, Fernando Lugo; Ecuador, Rafael Correa, y Chile, Michelle Bachelet. También participó el príncipe español, Felipe de Borbón.
Con los ojos del continente puestos sobre Bolivia ese día, la inauguración presidencial boliviana debió de constituir una fiesta democrática, que afirmase la tranquilidad y progreso de ese empobrecido pueblo en un clima de paz e integración continental. Nada de eso; la ocasión mostró la desestructuración institucional del país, así como las profundas brechas sociales, regionales y étnicas que ahora lo dividen.
Morales impuso por la fuerza y artimañas una Constitución apócrifa, que le permitió la re-elección-. Fue procesada y aprobada ilegal e ilegítimamente, y finalmente sometida a referéndum. En los procesos de consulta electoral, el régimen de Morales triunfa porque juega con dados cargados y utiliza todos los recursos del Poder para imponer su voluntad. Sus métodos incluyen desde dádivas en forma de bonos populares y donaciones de cheques venezolanos a municipios hasta la intimidación, persecución, encarcelamiento y exilio de opositores.
Como en toda impostura que practican los regímenes totalitarios, la simbología andina de la segunda toma de posición de Morales careció de validez cultural: como sus propias ropas, lo ancestral era más producto de una estrategia de marketing político que otra cosa. Morales, que no habla fluidamente ningún idioma nativo y lleva un apellido español, se presenta como "indio originario", pero su apariencia lo desmiente, pues responde al fenotipo clásico del mestizo de las sierras altas. Sin embargo, ha tenido la habilidad de apropiarse de la representación de lo indígena, con lo que se ha ganado la simpatía del Primer Mundo y de algunos sectores genuinamente indígenas del país, particularmente entre los aymaras. La ausencia de representantes indígenas de las zonas amazónicas y los llanos orientales –que no representan un caudal electoral importante– muestra que el indigenismo de Morales sólo llega hasta donde haya masas dóciles que acepten su suplantación y le rindan su adhesión.
Las imprecisiones arqueológicas y antropológicas en que incurren los asesores de Morales son muchas y lamentables. Para empezar, nadie sabe cuál fue la raza, idioma u origen de quienes construyeron Tiwanaku, mientras que los ritos de los "sabios amautas" conservan algo del sincretismo colonial, con innovaciones introducidas en el último medio siglo. Lo mismo puede decirse del famoso Carnaval de Oruro.
El argumento histórico que presenta la gente de Morales también se fundamenta en una letanía de errores, medias verdades y grandes falsedades. "Nos cortaron las manos y nos arrancaron los ojos cuando quisimos aprender a leer y a escribir". Esta afirmación, sostenida en una masiva campaña publicitaria, aparte de infundir odio carece de toda veracidad.
Entre tanto, Morales, que eliminó la religión católica de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, emerge ahora como el "máximo líder espiritual" de una "religión andina" inexistente. Es posible que por sus vínculos con líderes musulmanes fundamentalistas del Medio Oriente, como el iraní Mahmud Ahmadineyad, haya percibido el poder del fanatismo religioso en asuntos de orden político.
El maridaje de la política con la religión es una fórmula explosiva. Si se agrega la demolición constitucional de las instituciones democráticas y la concentración de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral en la oficina del presidente de un país, en este caso el Estado Plurinacional de Bolivia, las consecuencias son dramáticas. La historia nos enseña que este estado de cosas conducirá fatalmente al pueblo de Bolivia hacia una tiranía peligrosa para toda la región sudamericana.
ANDRÉS OPPENHEIMER
LOS CARTELES NO MUEREN
El País de España (www.elpais.com)
Observando cómo los carteles del narcotráfico están penetrando en los niveles más altos de algunos Gobiernos centroamericanos, no puedo evitar preguntarme si la guerra de Estados Unidos contra las drogas sólo ha servido para empujar a los capos de la droga a mudarse de Colombia a México, y ahora de México a Centroamérica. ¿Está logrando reducir el narcotráfico esta guerra? ¿O sólo sirve para expulsar a los narcotraficantes de un país a otro?
La semana pasada, durante una visita de 48 horas a Guatemala para participar en una conferencia sobre asuntos económicos, encendí el televisor del hotel y me enteré de que el presidente Álvaro Colom acababa de despedir a su ministro del Interior, Raúl Velásquez, por un caso de corrupción. Velásquez era el cuarto ministro del Interior destituido en poco más de dos años. Dos de sus predecesores habían sido echados por presuntos vínculos con el narcotráfico. Pero eso no fue todo. Al día siguiente me enteré de que Colom acababa de destituir al jefe de la policía del país, Baltazar Gómez, y al jefe de su unidad antidrogas, por su presunta responsabilidad en el robo de 700 kilogramos de cocaína decomisados el año pasado.
El predecesor de Gómez, Porfirio Pérez, había sido depuesto en septiembre acusado de robar 300.000 dólares de los narcotraficantes. Y uno de los más recientes predecesores de Pérez, Adan Castillo, había sido despedido tras haber sido filmado en secreto cuando aceptaba 25.000 dólares de un informante de la DEA en 2005.
El tráfico de drogas no es algo nuevo en Centroamérica. Pero tal como lo reconoció el Departamento de Estado de EE UU en su informe anual sobre el narcotráfico en el mundo, dado a conocer la semana pasada, el tráfico de drogas se ha disparado en Centroamérica desde que el presidente mexicano, Felipe Calderón, lanzó su guerra contra las drogas -apoyada por Washington- hace tres años.
"A medida que México logra mayores avances contra las organizaciones criminales que operan en su territorio hay cada vez más evidencias de que las organizaciones de tráfico de drogas de México están estableciendo su presencia en estas regiones, particularmente en algunos Estados centroamericanos", afirma el informe del Departamento de Estado.
Intrigado, pedí una entrevista con Colom y le pregunté si encuentra alguna correlación entre la ofensiva de México contra los carteles y el aumento de la corrupción y la violencia vinculada al narcotráfico en su país. "Cuando el presidente Calderón tiene éxito, yo tengo problemas", respondió con una sonrisa de resignación. "O luchamos regionalmente contra el narcotráfico o perdemos".
Según Colom, la guerra contra los carteles que está teniendo lugar en México no es el único motivo por el que los carteles se están mudando a Centroamérica. El virtual desmantelamiento del Ejército guatemalteco tras los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a la guerra civil redujo las fuerzas armadas de 54.000 a 12.000 efectivos en los años siguientes, y dejó el norte del país sin protección, explicó.
¿Vale la pena que EE UU siga gastando miles de millones de dólares en la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica, cuando los carteles simplemente se mudan de un país a otro?, le pregunté. "Sí", dijo el presidente. "El año pasado incautamos más cocaína y drogas sintéticas que en los últimos cuatro años. Yo no me quiero siquiera imaginar cuántas vidas se salvaron con las toneladas de drogas que incautamos".
Mi opinión: estoy de acuerdo en que no se puede tirar la toalla y no hacer nada. Pero también está claro que tras haber gastado más de 14.000 millones de dólares en las últimas cuatro décadas en programas antinarcóticos en Colombia, Bolivia, Perú, México y otros países de la región, Latinoamérica sigue siendo el mayor exportador de cocaína y marihuana a Estados Unidos.
Es cierto que en los últimos años Estados Unidos ha destinado una creciente proporción de su presupuesto antidrogas a la prevención y educación dentro de sus fronteras, y que el porcentaje de la población estadounidense que consume drogas ha disminuido.
Pero es necesario hacer algo más. Quizás es hora de que Washington considere seriamente la despenalización del consumo personal de marihuana -tal como lo propusieron el año pasado los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; Ernesto Zedillo, de México, y César Gaviria, de Colombia- para liberar enormes recursos que podrían ser usados para combatir más eficientemente las drogas más peligrosas, como la cocaína y la heroína. Tal como están las cosas ahora, la guerra contra las drogas de Estados Unidos no está funcionando. Todo lo que está haciendo es expulsar a los carteles de un país a otro, sin afectar demasiado el narcotráfico.
TRIPLE FRONTERA, ZONA DE CÉLULAS DEL TERRORISMO
Contrabando, sobre todo de tecnología, narcotráfico, libertad para inversión y movimiento de capitales, y supuestas células extremistas confluyen en el área
Hoy de Ecuador (www.hoy.com.ec)
La Triple Frontera, zona integrada por las ciudades de Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina), cuya superficie es de aproximadamente 2 500 km², es, según informes de Inteligencia de los EEUU, Israel, entre otros, un lugar donde existen células o asistencia logística para grupos como Hezbolá, Hamas, Yihad Islámica o Al-Qaida.
La amenaza terrorista que se gestaría desde esa zona de Latinoamérica, desde el estallido de la Embajada de Israel (1992) y el centro judío AMIA (1994), ambas en la ciudad de Buenos Aires, ha hecho que países, como los Estados Unidos, afirmen la idea de que Triple Frontera es la subregión más peligrosa desde el punto de vista de la seguridad.
No obstante, hay el criterio de que esa postura cae en el reduccionismo, ya que obvia el conflicto colombiano, en el cual las fuerzas insurgentes dominan una buena parte del territorio de ese país, en el cual administran justicia y las economías locales.
La zona de la Triple Frontera ha sido conocida históricamente por el comercio mayoritariamente ilícito, a lo que se suma la participación de mafias y carteles de la droga provenientes de diferentes países (China, Corea, Colombia, Rusia). Ahí, además, confluyen ciudadanos de diferentes nacionalidades, entre ellas varias de Medio Oriente.
Hasta 2003, en Ciudad del Este (Paraguay), había 350 mil habitantes, 35 bancos, 50 casas de cambio y 600 cambistas.Hace un par de años, según reportes de inteligencia de ese país, la cocaína iba desde el sur de Colombia en pequeños aviones que despegaban en pistas clandestinas de las FARC, pasaban por Bolivia y aterrizaban en el Paraguay. Una vez ahí, la droga era descargada en fincas de los narcos.
Siguiendo las rutas de la guerrilla, podían llevar la droga desde el Paraguay hasta el Brasil. Por la vía de la Triple Frontera, una parte de la droga quedaba para consumo interno de São Paulo y Río de Janeiro (Brasil), el resto seguía hacia los Estados Unidos, Europa, el Japón, Australia y Sudáfrica.
Las armas y parte del dinero que se obtenían, producto de los negocios ilícitos, eran entregadas a las FARC como pago por el uso de sus pistas.
Con respecto a la conexión paraguaya con las FARC, están las investigaciones en torno al secuestro de Cecilia Cubas Gusinky -2005-, hija del ex presidente de ese país. Ahí se determinó que seis colombianos, miembros de la guerrilla de las FARC, entraron por Bolivia.
Luego de la muerte de la hija del ex mandatario, los colombianos habrían escapado del Paraguay. Su entrada al país supuestamente no fue registrada, porque lo hicieron de forma clandestina, según fuentes de la Justicia del Paraguay.
El fiscal que llevó la causa dijo que serían entre 40 o 50 los secuestradores de Cubas. Uno de los arrestados fue de Patria Libre del Paraguay, grupo que pertenece al Foro de São Paulo.
Inteligencia de Colombia habría descubierto correos electrónicos relacionados al secuestro de Cubas, enviados entre Raúl Reyes, ex segundo al mando de las FARC; Rodrigo Granda Escobar (el canciller de la guerrilla) y el procesado Osmar Martínez, como jefe del grupo de secuestradores. En los mensajes electrónicos se da asesoramiento en el secuestro de Cecilia Cubas y de los $5 millones que pedían por el rescate.
LA COCA ECLIPSA A LA MARIHUANA EN BOLIVIA
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)
Las incautaciones de marihuana se dispararon en Bolivia la última década, pero el fenómeno es eclipsado por la coca, que concentra toda la atención de las autoridades.
Informes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) indican que las ocupaciones de esa droga subieron de 3.7 toneladas en el 2000 a 1,937 toneladas el año pasado. Sólo en enero y febrero la policía confiscó 423 toneladas, según el último reporte.
Incluso en los informes de la FELCN la marihuana ocupa un segundo lugar después de la coca y cocaína. El organismo policial decomisó a las mafias locales 27 toneladas de cocaína en el 2009, uno de los más altos de los últimos años.
El director del organismo policial coronel Félix Molina dijo que el crecimiento de las incautaciones muestra que el cultivo de marihuana se incrementó.
En su último informe conocido la semana pasada el Departamento de Estado de Estados Unidos informó de que el gobierno de Bolivia ``falló de manera demostrable'' en su lucha contra el narcotráfico pero todo el documento se refiere a la coca y solo cita las estimaciones del gobierno boliviano sobre crecimiento de la marihuana.
Según ese informe el cultivo de coca se incrementó en 10 por ciento en el 2009 hasta 35,000 hectáreas, de las que sólo 12,000 son legales y están destinados a usos tradicionales. También indica que el potencial para la producción de cocaína se incrementó en aproximadamente 50 por ciento, de 130 toneladas métricas en el 2007 a 195 en el 2009 y atribuye el aumento a una mayor oferta de coca.
Sin embargo, esas cifras han sido rechazadas por el gobierno boliviano que estima que los cultivos crecieron en 7 por ciento hasta 30,500 hectáreas situando a Bolivia en tercer lugar después de Colombia y Perú.El director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin) Franklin Alcaraz indicó al diario La Razón que el consumo de marihuana creció y está sustituyendo a las drogas inhalantes que prevalece sobre todo en sectores de menores ingresos.
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