BOLIVIA: ESCLAVITUD Y LUCHA POR LA TIERRA EN EL ALTO PARAPETÍ

Tras más de un siglo de esclavitud, el pueblo guaraní de Bolivia vive momentos históricos con el proceso de saneamiento de sus tierras, en busca del fin del sometimiento, la injusticia y la violencia.

Humberto Fuentes Arena comenzó a trabajar en la hacienda cuando tenía 8 años. “Salíamos a las 4 de la mañana y volvíamos ya de noche. Pero ni casa teníamos. Solamente una sombrita en donde dormir un ratito hasta volver a trabajar”, recuerda en uno de los recesos que se toma la asamblea que hoy discute en la comunidad de El Arenal (Alto Parapetí) los avances y dificultades que se están dando en el proceso de saneamiento de las tierras guaraníes en la zona.
Humberto repasa un pasado que todavía es presente para muchos: “La comida [que nos daban] no era comida. Era agua de zapallo que no alcanzaba para los 30 ó 40 peones que éramos allí. Algunos no comían en todo el día”. Él y su familia recibían “hartísimos” castigos físicos en forma de chicotazos (latigazos), y si algún día no iban a trabajar, los tres patrones –Demócrito, Manuel y Manuelito, son nombres que nunca olvidará– “venían montados a caballo haciendo tiros al aire”.
Lo que Humberto relata es, en realidad, algo más duro que la explotación laboral, más incluso que violencia patronal, se trata de esclavitud: “[A mis padres, el patrón] les pagaba sólo con víveres y ropa al año. Nunca conocíamos nosotros plata. Y todavía les decía que, después de trabajar todo el año, habían salido debiendo, por lo que había que trabajar un año más. Pero nunca se iba a poder pagar. Por eso yo tenía que escaparme. Me fui a Argentina”.
Humberto pudo dejar atrás la servidumbre y huir de la deuda, que hubiera heredado de sus padres, cuando tenía 12 años. Otros muchos no lo consiguieron. “A mi compañero [de fuga], que se llamaba Marcelino Mendoza, él [el hacendado] lo alcanzó y, enlazado, lo arrastró con el caballo. Después lo encerró toda la noche sin comer y sin beber hasta que el día siguiente lo llevó a trabajar”. Su padre, después de ser esclavizado en la hacienda hasta los 70 años, fue expulsado de ella “ya que no daba para trabajar”.
Humberto volvió a Bolivia, libre, tras pasar 12 años en el extranjero: “Luego ya nos organizamos y buscamos la manera en que hay que vivir para poder trabajar solos y no para los patrones. Ahora ya tenemos la demanda de la TCO (Tierra Comunitaria de Origen). Gracias a nuestro presidente [Evo Morales], ahora estamos haciendo el saneamiento de nuestras tierras”.
Una larga historia que busca su final
Cuando en 1591 el monarca español Felipe II reconoció el derecho de las comunidades indígenas a disfrutar de sus tierras, lo hizo bajo dos condicionantes: los originarios eran simples usufructuarios de una propiedad que pertenecía exclusivamente al Estado y las necesidades de los españoles tendrían prioridad sobre las de los indígenas. Paralelamente, la Corona introducía el sistema de hacienda entregando grandes extensiones de tierra a los conquistadores, que convirtieron en esclavos a quienes las habitaban.
Con la llegada de la independencia y la República en 1825, la existencia de comunidades indígenas fue vista como un impedimento para el país en el camino del progreso y el desarrollo. Consecuentemente, su primer presidente, Simón Bolívar, buscó que aquéllas fueran absorbidas por las haciendas a través de la llamada exvinculación. Un hacendado argumentaba así en 1864 sus beneficios: “Arrancar estos terrenos de mano del indígena ignorante o atrasado, sin medios, capacidad o voluntad para cultivarlos y pasarlos a la emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades, es efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia”.
A través de la exvinculación –y al estilo del PROCEDE mexicano– las tierras comunales eran parceladas individualmente para que los indígenas pudieran “venderlas o enajenarlas”, según el Decreto de Bolívar de 1826, cuando así lo dispusieran sus dueños. Algo, sin duda, beneficioso para todos ya que, como sostenía nuestro hacendado decimonónico, “continuando [el indígena] apegado a la tierra que enajenó como propietario, la cultivará como arrendero del nuevo dueño, que siempre necesitará de él…”.
La exvinculación continuó durante buena parte del s. XIX, bien a través de políticas represivas –como con el sanguinario presidente Mariano Melgarejo– o con argucias legales –como durante el gobierno de Tomás Frías– a través de las llamadas Revistas. Estas comisiones se encargaban de verificar los casos de tenencia de tierras y, en base tanto a la Ley –que permitía a las Revistas vender las tierras a su voluntad– como a través del fraude y la violencia promovida por los terratenientes, provocaron la explosión del latifundismo y, consiguientemente, de la esclavitud.
Tras duplicarse en las Tierras Altas del occidente boliviano de finales del s. XIX la superficie territorial de las haciendas, el Decreto Supremo del 8 de marzo de 1900 estableció un “Territorio Nacional de Colonias” al oriente y norte del país, ampliando la política de despojo hacia las Tierras Bajas bolivianas.
Con el estallido de la Guerra del Chaco (1932–1935), los desposeídos fueron llamados a filas para defender Bolivia y su proyecto nacional frente a Paraguay. Más de 50.000 no volvieron con vida. Los que lo hicieron se encontraron con el mismo poder político y terrateniente aliado contra sus derechos. Tras ser asesinado del presidente Gualberto Villarroel en 1946 y la victoria electoral del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en las elecciones de 1951 –no aceptada por el presidente de ese entonces, Mamerto Urriolagoitia– estalla la Revolución de 1952. El MNR –con un programa político que incluía una Reforma Agraria que acabara con el latifundio y la servidumbre– aglutina a los sectores populares que, organizados en milicias, acaban logrando la victoria. Por ese entonces, el 70% de la propiedad agraria se encontraba en manos de un 4% de la población que, además de ocupar sólo el 3% del total a actividades productivas, mantenía en cautiverio a más de un millón y medio de personas, la mitad de la población boliviana.
El Decreto Supremo 3464 –emitido el 2 de agosto de 1953 por la administración del presidente Víctor Paz Estensoro y convertido en la Ley de Reforma Agraria en 1961–, a través de la introducción del principio de “la tierra es para quien la trabaja”, supuso un importante antecedente de lo que en la actual legislación se conoce como Función Económico Social (FES). Sin embargo, y a pesar de que su finalidad explícita era la de acabar con la servidumbre y con el sistema de haciendas, el reparto de la tierra resultó desigual a lo largo de las décadas siguientes. Aunque entre 1953 y 1993 se distribuyeron algo más de 57 millones de hectáreas, sin embargo, la pequeña propiedad y la colectiva se vieron perjudicadas en favor de la mediana propiedad y la empresa agropecuaria a la que, en manos del 2% de los propietarios, se le adjudicó el 40% de la tierra entregada.
Mientras la política agraria, el incremento demográfico y el sistema de herencia de la tierra hicieron ver surgir en Tierras Altas el minifundio e incluso el “surcofundio”, en Tierras Bajas –y con el fin de no afectar el desarrollo de las empresas agropecuarias– la Ley declaró “inafectable” al latifundio, tanto en su extensión como en su régimen laboral (léase servidumbre). Así, especialmente durante los regímenes de Jaime Paz Zamora y del dictador Hugo Bánzer, la estructura agraria en el Oriente fue transformándose en cada vez más favorable a la gran propiedad, afianzándose a su vez un poder terrateniente de carácter racista y esclavista.
Tras las fuertes movilizaciones de los ‘90 en demanda del reconocimiento de los derechos territoriales de indígenas y campesinos, en 1996 se aprueba la Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). La Ley tenía como objetivo reconducir el proceso de reforma desde la perspectiva de los pueblos indígenas para lo cual, por ejemplo, reconoció la figura de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO), prohibiendo su venta, división o embargo. Introdujo además la exigencia de cumplimiento de la Función Económico Social (FES) de las tierras y la reversión sin indemnización de las mismas al Estado en caso de no ser observada.
La burocratización, la lentitud y los elevados costes del proceso, sin embargo, hicieron que en 2006 apenas se hubiera avanzado en la entrega de tierras. Una década después de aprobada la Ley, menos de 200.000 has. habían sido entregadas a comunidades indígenas y campesinas.
Esclavitud guaraní
El 28 de enero de 1892, miles de kereimbas (guerreros guaraníes), que defendían sus tierras del asedio terrateniente, fueron asesinados por el ejército republicano en la localidad de Kuruyuki (Alto Parapetí, Santa Cruz) a encargo de los hacendados. Tras la masacre, el Ejército repartió las tierras entre éstos, incluyendo a los guaraníes que vivían en ellas, que a partir de ese momento –y después de más de 300 años de resistencia– no conocieron otra vida que la de esclavos.
Tuvo que pasar mucho tiempo para que el pueblo guaraní se recuperara de la masacre de Kuruyuki. El 1987, los que no habían sido sometidos a la esclavitud fundaron la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG). En 1994, con la finalidad de liberar a las familias cautivas de ese departamento, se crea el Gran Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca (CCCH) que, a través de acciones directas en las haciendas, liberó a unas 500 familias cautivas.
Pero no es hasta el 2003 cuando las denuncias comienzan a tomar cierto vigor tanto a nivel nacional como internacional. Producto de ello, diversas instituciones han recorrido la zona con la intención de verificar la existencia de esclavitud. Este es el caso, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el Chaco boliviano (que abarca parte de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca) entre los días 9 y 13 de junio de 2008, encontrando “comunidades cautivas, que continúan padeciendo una situación de servidumbre análoga a la esclavitud” y cuyos integrantes “carecen de libertad de movimiento [y] sufren amenazas y agresiones como consecuencia del ejercicio de su libertad de asociación”. Más recientemente, en mayo pasado, una misión liderada por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (ACNUDH), visitó el Chaco boliviano con la misma misión que la CIDH. Bartolomé Clavero, miembro del Foro, declaraba al finalizar la visita: “la situación es peor a la esperada”.
Sin embargo, a pesar de todas las evidencias, el poder terrateniente sigue negando la existencia de servidumbre en las haciendas, arguyendo que se trata de una “excusa” política del gobierno de Evo Morales para acallar las reivindicaciones autonomistas del oriente boliviano. La jerarquía eclesiástica, a través del Cardenal Julio Terrazas –enemigo acérrimo del presidente boliviano– ha negado igualmente la existencia de esclavitud al interior de las haciendas. El hecho de que el Ato Parapetí concentre el 80% de las reservas carburíferas del país tiene, sin duda, algo que ver con tales negaciones.
Un indígena en la presidencia
Con la llegada de Evo Morales a la presidencia de Bolivia se inicia una nueva etapa en el proceso de lucha por la tierra y de liberación de los indígenas cautivos.
Si bien la falta de recursos, la coyuntura política –con una derecha ultraconservadora que desde el oriente trata de mantener sus privilegios, si es necesario a través de la violencia separatista– y el talante pactista del gobierno de Morales han impedido que el proceso se desarrolle tal y como algunos esperaban, el saneamiento de tierras a favor de las comunidades indígenas ha vivido un auge considerable en toda Bolivia.
La nueva Constitución Política del Estado –aprobada por referéndum el pasado 25 de enero– prohíbe el latifundio entendiendo éste como “la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley” (Art. 398). En el mismo referéndum, el pueblo boliviano decidió, con un 80% de los sufragios, que esa extensión máxima fuera de 5.000 has. y no de 10.000. Una disposición que, sin embargo, no tiene carácter retroactivo tras las negociaciones que llevó a cabo el Gobierno con la oposición derechista y que modificaron buena parte de los artículos del texto aprobados en la Asamblea Constituyente. Aún así, los latifundios deberán mostrar que cumplen la FES para no ser revertidos al Estado.
En noviembre de 2006, tras la realización ese mismo año de la Marcha Indígena Campesina, se había aprobado la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria (LRC), que modifica la Ley INRA de 1996, con el propósito de agilizar el proceso de saneamiento de las tierras tanto de indígenas y campesinos como del resto de propietarios.
Para Adalid Montaño, responsable del programa “Territorio y Territorialidad” del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), –institución que está asesorando a las comunidades en el proceso de titulación de sus tierras– la LRC “da un giro de 180 grados en la línea que protegía la Ley Agraria y en la concepción que se tenía en los últimos años de la tierra como un recurso natural sujeto a la especulación”. Este giro tiene varios pilares pero, según Montaño, la “clave” está en la constatación de la Función Económico Social (FES): “La LRC ha añadido que el cumplimiento de la FES deberá ser contemplada de manera integral –lo que impide el fraude procesal– verificando si existen cabezas de ganado, infraestructura, mercados a los que llevan el producto, obreros y la constatación en terreno y bajo la supervisión del control social de que esas propiedades están cumpliendo la FES. Además, recuperadas las tierras que no cumplen la FES, deben ser redistribuidas en la modalidad del derecho comunal y no individual”.
Según Osvaldo Rojas, técnico jurídico de la Capitanía del Alto Parapetí, la LRC ha profundizado el “carácter social” de la Ley INRA de 1996: “Por ejemplo, antes sólo hacían el saneamiento empresas privadas, ahora sólo lo puede hacer el INRA. Tú te podías comprar a las empresas y te medían lo que te daba la gana porque tú le estabas pagando a la empresa”.
Una Ley que se vio reforzada –en lo que se refiere a la existencia de relaciones servidumbrales en las haciendas y el cumplimiento de la FES– por la aprobación en noviembre de 2008 del Decreto Supremo Nº 29082, justo después de la acometida derechista de septiembre en la que decenas de campesinos fueron asesinados por partidarios del autonomismo en la localidad de El Porvenir (Departamento de Pando). El Decreto, esencialmente, instruye al INRA a revertir las haciendas que mantengan sistemas servidumbrales –calculadas en más del 50% de las situadas en el Alto Parapetí según datos del Viceministerio de Tierras y el INRA– otorgándole además facultades legales para verificar su existencia y entendiendo ésta como una clara violación de la FES.
Dos días después de la aprobación del Decreto, el INRA reanudaba el saneamiento de las tierras del Alto Parapetí.
La lucha por la tierra en el Alto Parapetí
La lucha legal reciente del pueblo guaraní por su territorio comenzó en 1996 cuando, a la luz de la Ley INRA, varios líderes de los diferentes departamentos del Chaco boliviano solicitaron al INRA la titulación de una TCO en la zona, incluido el Alto Parapetí. La demanda, como tantas otras, quedó paralizada y no es hasta nueve años después que se retoma el proceso.
El 28 de noviembre de 2007, con la LRC ya en vigor, el Gobierno aprueba un Decreto que busca distribuir 450.000 Ha. de Chuquisaca entre 500 familias guaraníes. Un mes antes, el INRA admite a trámite la demanda de la TCO Guaraní Alto Parapetí de 203.352 hectáreas solicitada el 14 de julio de 2007 por la Capitanía del Alto Parapetí y la Asamblea del Pueblo Guaraní. El 26 de febrero se emite la Resolución de Inicio de Procedimiento disponiendo que brigadas técnicas comiencen a recoger información en campo. A partir de ese momento, comienza la ofensiva de los terratenientes.
A los llamados de “resistencia civil” por parte del prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, se le sumaron amenazas de muerte a quienes entraran en la zona de saneamiento y a los propios cautivos. Después, se pasó a la acción.
El 29 de febrero de 2008, una comisión del INRA, encabezada por el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz y el director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas, fue atacada por un grupo de 25 personas cuando se dirigía a la comunidad de Iviyeka para supervisar el inicio del saneamiento en Alto Parapetí. Ronald Larsen, dueño de más de 50.000 hectáreas en Santa Cruz, disparó a dos neumáticos de una camioneta gubernamental y amenazó con “ajusticiar” a los funcionarios. Una actitud que continuó el 4 de abril cuando, en el segundo intento por comenzar con el saneamiento, indígenas y funcionarios fueron agredidos por Larsen y otros hacendados. Nueve días más tarde, en la localidad de Cuevo, la violencia volvió a cebarse con un grupo de originarios que fueron agredidos salvajemente por terratenientes y ganaderos. Ese día, la periodista Tanimbu Estremadoiro fue atacada con piedras, amarrada a un poste durante más de una hora y amenazada con ser violada. La actuación de dos comunitarios le permitió salir del lugar. Su colega argentino Fernando Cola fue igualmente agredido y sólo se salvó de una brutal paliza gracias al auxilio de una familia que le ayudó a escapar. El abogado de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Ramiro Berrios, fue también secuestrado y flagelado con un látigo en plena plaza central de Cuevo. Amenazas y acciones intimidatorias se reprodujeron a lo largo de todas esas semanas.
El proceso debió paralizarse pero, tras la aprobación del Decreto Supremo 29802, fue retomado.
Según José Yamangay, responsable de Tierra y Territorio de la Capitanía de Alto Parapetí, “los hacendados no permitieron el trabajo en la zona porque sabían que se iba a descubrir mucha injusticia. Por eso se organizaron y contrataron gentes extrañas para impedir el proceso, secuestrando a autoridades nacionales y a autoridades indígenas, por el simple hecho de reclamar nuestros derechos”. Y efectivamente así fue.
Al comenzar el trabajo de campo en los polígonos 3 y 4 –de los cinco en que se había dividido el Alto Parapetí para realizar el saneamiento– se encontraron 50 familias cautivas esclavizadas por terratenientes, incluido Roland Larsen. Sus tierras fueron confiscadas y entregadas al pueblo Guaraní. El 18 de abril de 2009, Evo Morales, en un acto realizado en la hacienda Caraparicito, ocupada anteriormente por Larsen, entregaba al pueblo guaraní los títulos notariales por un total de 36.000 Ha.
Los títulos fueron impugnados por los cinco terratenientes afectados ante el Tribunal Agrario Nacional (TAN), la mayoría de cuyos integrantes, según Adalid Montaño, están “ligados a los grupos de poder”. El TAN “debería manifestarse en 6 meses, pero hay mecanismos de obstrucción, que son comunes en todas las instancias de administración de justicia de Bolivia. En el TAN, actualmente la demora es de 3 años”. Sin embargo, “el TAN no se manifiesta sobre derechos, no define qué se hace con las tierras, sino que revisa si el INRA ha realizado bien su trabajo o no”. Si el TAN se pronunciara en contra de los títulos, como mucho “habría que verificar de nuevo si existen o no esclavos en estas haciendas, para lo que existen informes de varias instituciones nacionales e internacionales. Estoy convencido de que es irreversible el mecanismo utilizado”, concluye el integrante del CEJIS.
A finales de abril se comenzó con el proceso de saneamiento en los polígonos 2 y 5, que durante 60 días procederá al trabajo de pericia de campo. Durante el mismo, tal y como explica José Yamangay, tanto las comunidades como los terceros “están presentes en el trabajo del INRA, indicando hasta dónde llega su predio, verificando referencias y con el INRA levantando la información. Si colinda con la comunidad, ésta y el propietario se ponen de acuerdo con las referencias y el INRA procede”. En caso de que no haya acuerdo, es el INRA el que se pronuncia sobre los límites de las propiedades.
Según Yamangay, “después de la emboscada [del 13 de abril] hemos trabajado mucho en la socialización, por eso es que ahora estamos trabajando tranquilos y de forma normal”. Mientras hace un año algunos campesinos participaron en las acciones violentas engañados por los terratenientes, que les decían que los guaraníes les iban a quitar sus tierras, ahora “los sectores campesinos y pequeños productores están solicitando este saneamiento para regularizar el derecho propietario”.
Hacia la libertad
Tras más de un siglo de esclavitud, el pueblo guaraní de Bolivia vive momentos históricos. Aunque tras la reducción de los escaños concedidos a las circunscripciones especiales indígenas a siete en la nueva Ley Transitoria Electoral tras las negociaciones del Gobierno con la derecha –cuando el movimiento indígena del oriente pedía 18– ha hecho que las relaciones entre ambos no pasen por su mejor momento, el proceso de saneamiento que encabeza el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, está recibiendo todo el apoyo y el acuerdo del pueblo guaraní.
La falta de recursos, la complejidad del proceso y la coyuntura política no permiten pensar que no vaya a ser fácil ni inmediato. La desarticulación de un grupo de mercenarios, en el que podrían estar implicados tanto el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, como el más visible de los miembros de la oligarquía cruceña, Branco Marinkovich –acusado de financiar al grupo con 250.000 dólares para la compra de armas y la realización de atentados contra Evo Morales y otros miembros de su gabinete– invitan a sospechar que el poder terrateniente seguirá tratando de impedir que el proceso siga adelante sea como sea.
Además, tal como señala Adalid Montaño, “la reconstitución territorial no es sólo que se devuelvan las tierras, va al ámbito humano y hay que tener presente las condiciones psicológicas de quienes han vivido como esclavos: el desconocimiento de su propia realidad, de sus derechos, la total ignorancia en que han vivido…”. Para Osvaldo Rojas, el proceso de titulación, “no solamente es dar un papel, también se les tiene que dar asistencia técnica. Hay un compromiso del Gobierno de darles tierra, pero también asistencia, de préstamos, etc. Esto está yendo lento, pero se está dando. Lo que nunca se dio en muchos años”.
El pueblo guaraní mira con esperanza lo que para Montaño supone “la posibilidad histórica de que los guaraníes vuelvan a ser lo que fueron” a partir de una “liberación” que conlleve, como señala José Yamangay, “no más sometimiento, no más servidumbre, no más injusticia, no más violencia, tener nuestro propio espacio territorial donde nosotros podamos desarrollar nuestra actividad cultural, económica y política, para demostrar como indígenas nuestra capacidad”.





ESTADOS UNIDOS PRETENDE ACABAR CON LA UNASUR

Rebelión de España (www.rebelion.org)

UNASUR es el mayor intento de integración suramericana desde las propuestas de nuestros libertadores y en su corta infancia ya sufre los embates del divisionismo, de las traiciones, de los pesimismos. Otra vez el fantasma del descalabro y del fracaso amenaza con deteriorarla y romper con el sueño de unidad. Otra vez Estados Unidos actúa públicamente o de manera clandestina para liquidar los pocos avances integracionistas de esta parte del mundo.
A pesar de los esfuerzos yanquis y del sometimiento de Uribe al imperio, la UNASUR no ha fracasado ni en Bariloche ni en Quito. Los gobiernos -en aplastante mayoría- han rechazado la presencia militar yanqui en América Latina y han condenado el entreguismo de Uribe al imperio, demostrado en la entrega de siete bases militares para uso de Washington y su intencionalidad recolonizadora. Tanto en Bariloche como en Quito se han producido diálogos importantes entre los gobiernos y se ha intentado transparentar las carreras armamentistas desatadas por Estados Unidos y sus permanentes amenazas bélicas en contra de nuestras patrias. Si no existiesen esas reales amenazas, habría que preguntar al Pentágono acerca de las razones de su despliegue en las bases militares que mantiene en América Latina y el Caribe, el formidable patrullaje que realiza la IV Flota en aguas costeras del Atlántico y el Caribe y las verdaderas intenciones de sus intereses para ocupar neocolonialmente siete bases militares en Colombia.
Cierto que Colombia en la Cumbre de Bariloche, por intermedio de Uribe, nunca demostró tener argumentos para justificar el entreguismo y sometimiento a los designios del imperio. Igualmente en la reunión del Consejo Suramericano de Defensa realizada en Quito, los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Uribe se negaron a transparentar los contenidos del Convenio Militar Estados Unidos-Colombia, pero, por sobre esas coyunturas es preciso señalar que la UNASUR en Bariloche y su Consejo de Defensa en Quito no son fracasos a pesar de la negativa colombiana. Si Uribe merece el repudio de las conciencias libres de América Latina y del Caribe, cabe destacar que ha dicho que Colombia permanecerá en la UNASUR y desmitió a sus ministros que anunciaron que Colombia se separaría de la UNASUR. Sin embargo de lo afirmado por Uribe, ronda por estas tierras el peligro del divisionismo que ya es histórico en nuestras patrias.
Bolívar en su profética Carta de Jamaica (1815), señalaba el peligro que provendría de Estados Unidos con sus intenciones colonialistas. En el 1826 convocó al Congreso Anfictiónico de Panamá, para crear un bloque de naciones latinoamericanas que enfrente las agresiones imperialistas. Ordenó no invitar a Estados Unidos al Congreso, sin embargo el colombiano Francisco de Paula Santander invitó al país del norte que, con la felonía de sus agentes, acabó con los anhelos de unidad. Los traidores de ayer renacen con la UNASUR de hoy y enarbolan las banderas de la división con los planes, apoyo, impulso y aplauso de Estados Unidos.
La recolonización se extiende desde Colombia con los planes Colombia y Patriota que a pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico tanto Uribe como en su oportunidad Clinton, Bush y ahora Obama, pretenden convertir al conflicto interno en conflicto regional y para ese objetivo está la Iniciativa Regional Andina y en la actualidad, la entrega de siete bases militares que, desde Colombia, servirán para someter militarmente a nuestras patrias. Ayer Santander, hoy Uribe. ¿Jugarreta del servilismo histórico o concienzuda planificación de la Casa Blanca?
Estados Unidos desde sus orígenes esbozó el expansionismo y despojo de territorios. Creó doctrinas de dominación y la famosa “Doctrina Monroe” que proclamaba “América para los americanos”, sirvió para consolidar sus planes intervencionistas y políticas injerencistas. Washington manipuló las debilidades y ambiciones de “líderes” militares y políticos latinoamericanos para dividir y reinar. Hoy, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo esconden las verdades intenciones de recolonización imperial. Frente a esas intencionalidades surge la Unión Suramericana que se opone a los procesos neocolonizadores y que lucha por la soberanía e independencia de nuestras patrias, objetivos comunes con la ALBA.
Al respeto, la OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) expresa: “El modelo colonialista impuesto por los Estados Unidos a lo largo del Siglo XX, encontró su tropiezo con el arribo al poder del geoestratega Hugo Chávez y su visión Bolivariana. A partir de 1998 comienza la creación de un bloque antihegemónico, por intermedio de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como el ALBA, y el que ha logrado con cierto éxito frenar los tratados de libre comercio impuestos por la administraciones de los ex presidentes Clinton y Bush, poniendo en jaque la iniciativa estadounidense del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
El Alba en su esencia no es más que la visión de la unión de los pueblos de América Latina para responder a las agresiones económicas, políticas y militares provenientes del norte, tal como lo planteó Simón Bolívar en su visión del Congreso Anfictiónico de Panamá.
Por supuesto que los Estados Unidos vienen haciendo todo lo posible por desarticular el movimiento social latinoamericano y su respuesta de visiones hegemónicas que han incrementado el abismo entre las clases sociales e incrementado la pobreza de los más desfavorecidos”. Si la Alternativa Bolivariana de América Latina es una eficiente respuesta a los planes hegemónicos del imperio, lo es también la UNASUR y su Consejo de Defensa ante los que se estrellarán los planes del Pentágono y la Casa Blanca que los ejecutan por intermedio de la Agencia de Seguridad Nacional, CIA, con la complicidad de las élites dominantes nacionales auspiciadas por organismos estadounidenses tales como la National Endowment for Democracy (NED) y la USAID. La OFRANEH (Organización Fraternal Negra de Honduras) sostiene que “el experimento político militar que se esta efectuando en Honduras, no es más que una receta elaborada por los neoconservadores estadounidenses para diluir cualquier intento de frenar la Doctrina Monroe e implementar la visión bolivariana del Congreso de Panamá. Honduras ha sido escogido como el campo de batalla entre la visión hegemónica y la independentista”. La lucha contra el expansionismo colonial del imperio que tiende a consolidarse con los acuerdos de cooperación militar con Colombia, será tenaz y exigirá de esfuerzos y sacrificios de gobiernos progresistas y democráticos y de hombres y mujeres que combaten a opresores y explotadores en cualquier rincón de nuestra geografía.
La cumbre de Bariloche
Un ejemplo de esa lucha fue la Cumbre de la UNASUR realizada en Bariloche que tras una tensa reunión, consensuó un documento, pero sin definición sobre las bases de Estados Unidos en Colombia. El documento final contiene importantes decisiones y entre ellas la que afirma categóricamente que "La Unasur promueve el diálogo, la cooperación, la confianza y la transparencia. También rechaza la presencia de grupos armados y el narcotráfico, por lo que decidimos construir un compromiso mutuo de defensa y de paz, rechazando el uso de la fuerza contra otro Estado".
En la Cumbre se resolvió “fortalecer a Sudamérica como zona de paz y trabajar para una solución pacífica de los conflictos y que la presencia de fuerzas extranjeras no puede amenazar la paz de los países de la región".
En Bariloche, Uribe se desnudó como un pequeño mandatario de una república bananera que espera milagros de Washington y en su intervención ensayó la defensa de su acuerdo con Estados Unidos y se quejó por la "falta de cooperación" de los gobiernos en su particular lucha contra las FARC, ELN y el narcotráfico. No lo dijo pero querría que todos los gobiernos de Suramérica acudieran en su ayuda y al no lograrlo, aseveró: "La propuesta de Estados Unidos representa un apoyo práctico y eficaz. Pocas veces hay una cooperación práctica, más allá del plano discursivo". "Queremos la exclusión eficaz de todos los grupos violentos de la región". ¿Acaso existe un cinismo mayor o un ejemplo mayor de entreguismo a la potencia imperial?
Agregó: "La corresponsabilidad no puede ser una norma que se quede en el texto de la diplomacia y que no tenga vigor, aplicación práctica, en la lucha día a día contra el tráfico de armas y el narcotráfico". Afirmó que Colombia "no renuncia a su soberanía" por acordar con Washington, sino que se rige por la idea de la "integración" entre Estados. "Se preservan los principios de integridad soberana y territorial", insistió Uribe respecto del acuerdo, pero sus palabras sólo merecieron rechazo de los presidentes reunidos en Bariloche, inclusive de su amigo y socio Alan García. Uribe es una vergüenza de traición entreguista al imperio. Sus débiles argumentos contrastan con los crímenes de Estado que comete contra su pueblo que es víctima de la violencia burguesa neoconservadora. Con cinismo defendió a Obama cuando afirmó: "No me parece que tengamos que llamar a cuentas a Obama. Para ello está la Asamblea de las Naciones Unidas. Una cosa es tener buen diálogo y otra cosa es llamarlo a dar cuentas a la región".
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, fue enfático al reclamar el documento integral respecto de la presencia de las bases en Colombia. Dijo que hay "informaciones muy difusas y vagas al respecto". "Sería necesario tenerlo para salir de algunas dudas y descifrar incógnitas, que bastantes tenemos". Reiteró sus cuestionamientos contra el proyecto colombiano y vinculó directamente la instalación de bases militares estadounidenses en Colombia con la nueva estrategia de defensa norteamericana que incluye, dijo, hipótesis de guerra. Chávez analizó en su discurso los lineamientos de la estrategia militar de Estados Unidos, y enfatizó: "Aquí se está hablando de guerra; esto es movilidad para la guerra". "Propongo, reiteró, que la Unasur, que tiene formado su Consejo de Defensa, revise la estrategia militar de Estados Unidos en forma profunda y luego el tema de la instalación de bases norteamericanas en Colombia". Estados Unidos con las bases militares en Colombia se convierte en un inminente peligro para los gobiernos progresistas y democráticos como los de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua.
El Comando Sur, Pentágono, CIA, DEA, y sus organizaciones mercenarias y paramilitares usarán a su antojo siete bases ubicadas en Malambo, Palanquero, Apia, Tumaco, Bahía Málaga, Tolemida y Fuerte Larandia. El Pacto Militar Estados Unidos-Colombia significa: Instalación de bases militares a las que el Comandante Fidel Castro llamó: “Siete puñales en el corazón de América”. La base de Palanquero en Puerto Salgar, Cundinamarca, al centro del país, es la mayor de todas y la que más apetitos despierta entre los halcones de Washington. Luego vienen las bases de Apiay, al sur, en el Meta y la de Malambo, en el departamento Atlántico, bastante cercana a la Guajira venezolana. Nadie duda que el Comando Sur al instalarse en Palanquero podría llegar a cualquier país de América del Sur o del Caribe. Palanquero debe convertirse, según el SouthCom en una “Localidad de Cooperación en Seguridad” (CSL, por su siglas en inglés). El documento elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de Estados Unidos consigna los objetivos de ese cuerpo hasta el año 2025, para dotarse de corredores aéreos y las bases que le permitan mayor movilidad y alcance en sus operaciones. El AMC dice que el enclave de Palanquero, identificado por el Comando Sur como “un punto en el continente suramericano que puede usarse tanto para “operaciones antinarcóticos” como para ejecutar lo que denomina “operaciones móviles”.
El Comando Aéreo de Movilidad tiene varios planes en desarrollo y uno de ellos se denomina Estrategia Global en Ruta con el que el imperio pretende usar a nuestra América Latina para desde estas tierras lanzarse a la conquista de otros continentes como África. En el documento, el Comando Sur y su Comando Aéreo de Movilidad -AMC- se afirma: “Incluir a Sudamérica en la estrategia de la ruta global, ayuda a materializar nuestro “compromiso” con la región, y asiste a la movilidad en la ruta hacia África”. Al AMC se refirió el Presidente de Venezuela, Coronel Hugo Chávez al afirmar que desde Colombia se planifica la guerra contra América del Sur por parte de Estados Unidos. En Bariloche, el Presidente pro témpore de UNASAUR y Presidente del Ecuador, Rafael Correa advirtió: "Colombia tiene el mayor cultivo de drogas de la región y tanto Ecuador como Venezuela están libres de cultivos. Estos se concentran en el límite sur de Colombia, en la frontera con Ecuador. Entonces el problema no somos los vecinos". El mandatario ecuatoriano instó al pueblo colombiano "a abrir los ojos" para ver que lo que ocurre "es exactamente lo contrario" a lo que postula el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, que defendió el acuerdo que negoció con Estados Unidos para que militares estadounidenses puedan usar bases colombianas.
El gobierno de Colombia es el más grande aliado y socio de Estados Unidos y defenderá a Uribe mientras lo considere necesario a sus intereses, pero más temprano que tarde Uribe acabará como Noriega que, en su tiempo, era el principal socio y agente de la CIA en América Latina. En respuesta a Bariloche, Obama envió de gira por la región a su subsecretario adjunto para Asuntos para el Hemisferio Occidental, Christopher McMullen.
La Cumbre en Bariloche fue importante al destacar en el texto de la Declaración Final que cualquier acuerdo de cooperación militar debe regirse por el respeto estricto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Tratado de Constitución de UNASUR. La dignataria argentina, Cristina Fernández, desnudó las intenciones de Washington al sostener que nunca se ha visto bombardear cargamentos de drogas; eso no se combate con aviones C-17, ni con el emplazamiento de radares. Se refirió también al Libro Blanco del Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos, que fue citado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, con el ánimo de esclarecer el panorama en torno al despliegue de fuerzas norteamericanas en Colombia. Según Cristina Fernández, de la lectura del “Libro Blanco” se infiere que el establecimiento de bases militares parece más un dispositivo para guerras convencionales que para combatir el narcotráfico. Chávez, insistió en que el despliegue de bases militares norteamericanas en suelo colombiano responde a la estrategia global de dominación de Estados Unidos. Palanquero, sostuvo, figura en la relación de bases expedicionarias de conformidad con el Informe y es identificada como una localidad de seguridad de cooperación, que ayudaría con la ruta de movilidad hacia África. Desde allí, además, solo un avión C-17 sería suficiente para controlar la totalidad de Suramérica, con excepción del Cabo de Hornos, en Chile. Además, las bases militares de Estados Unidos en Colombia, son una amenaza a la estabilidad y consolidación de las incipientes democracias en América Latina. Desde las bases militares en Colombia, Estados Unidos controlaría toda la geografía suramericana y sus bombarderos son capaces de soltar sus bombas criminales en cualquier parte de América del Sur, del Caribe y de América Central.
El diario La Jornada de México, editorialmente sostenía: “Durante el encuentro, la anfitriona Cristina Fernández de Kirchner trazó un paralelo entre este hecho y la “experiencia terrible” que ha implicado la operación de bases británicas en las Malvinas; el mandatario venezolano, Hugo Chávez, afirmó que la suscripción del acuerdo entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño forma parte de “la estrategia global de dominación de Estados Unidos”; el presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que “no se puede permitir la presencia militar extranjera en nuestros territorios: es un mandato noble que nos dan nuestros pueblos”…
Es saludable, decía La Jornada, que exista en la región un grupo de gobiernos que, no obstante provenir de expresiones políticas e ideológicas distintas, estén dispuestos a llamar a las cosas por su nombre, a defender las respectivas soberanías nacionales y a rechazar un acuerdo que implica, en última instancia, una profunda amenaza de desestabilización en el subcontinente.
Contrario a lo que señala Uribe, no hay elemento alguno que justifique la instalación de este tipo de bases en Colombia: La presidenta de Argentina considera que el “narcotráfico y el terrorismo” se tienen que combatir, con medidas de “inteligencia y contrainteligencia”, no con el establecimiento de enclaves militares, y el propio Uribe debería saber, tras la experiencia de la aplicación del desastroso Plan Colombia, que la estrategia antinarco ofrecida desde Washington no arroja saldos particularmente positivos y sí potencia el desarrollo de escenarios de tintes bélicos y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. En cambio, existen razones de peso para sustentar el rechazo de los gobiernos sudamericanos a la presencia militar de la superpotencia en Colombia: históricamente, Washington ha brindado apoyo a golpes de Estado que asolaron la región el siglo pasado y ha respaldado la imposición de gobiernos títeres, ha mantenido un constante injerencismo económico en estos países, y ha emprendido ofensivas sistemáticas en contra de la integridad territorial y el pleno usufructo de los recursos naturales de las naciones al sur del río Bravo. Hasta ahora, el pretendido giro de Obama en materia de política exterior no ha pasado de ser un conjunto de buenas intenciones. En lo que se refiere a Latinoamérica, acuerdos como el que se comenta revierten los avances que pudieran haberse dado a nivel discursivo, reafirman el carácter imperial y colonialista de Washington y sus afanes hegemónicos en la región, además de que permiten ponderar el peso específico que mantienen el Pentágono y el complejo militar-industrial en la política de ese país.
El mensaje que se da al mundo no es la instalación de siete bases, sino que Washington las reconoce abiertamente, dejando de lado los eufemismos de “instalaciones de avanzada”. Se le informa a América Latina sobre la ocupación abierta del país sede del Plan Colombia y que este es el comienzo de una nueva historia para “colombianizar” a toda la región.
El pasado 18 de agosto, el embajador estadounidense William Brownfield anunció en Bogotá que las tropas militares de su país combatirán junto a las colombianas contra las guerrillas de las FARC”. Esto significa el comienzo de la futura expansión del Plan Colombia con las derivaciones que puedan tener esos combates, y la posibilidad de implicar a otros países en la presunta persecución de los “terroristas”, después que el ex presidente Bush dejó en claro que su país desconoce las fronteras en su nuevo esquema de guerra.
Héctor León Moncayo, en CEPRID decía que “existe una continuidad en la estrategia militar del Imperio, aunque paralelamente Obama se proponga adelantar nuevas combinaciones políticas. A esta altura es visible el arco de control establecido bajo jurisdicción del Comando Sur. Bases de Guantánamo (Cuba), Roosevelt Roads y Fort Buhanan (Puerto Rico), Soto Cano (Honduras), Comalapa (El Salvador), Bahamas, Curaçao y Aruba. Es cierto que el gobierno de Ecuador acaba de cancelar la concesión de la base de Manta, pero las siete bases en Colombia tienen una explicación que va más allá del reemplazo. Se trata de edificar un verdadero frente ofensivo (obsérvese la disposición longitudinal de Sur a Norte) hacia Venezuela, en lo inmediato, pero con propósitos de reforzar una iniciativa sobre la región andino-amazónica. De hecho, en lo que se refiere al Pacífico, téngase en cuenta que ya Alan García le otorgó derechos a la IV Flota para la utilización de los puertos peruanos, así como permitió la entrada del ejército de Estados Unidos en la zona del Valle de Huallaga.
Intervencionismo conspirativo y cambios de gobierno
Este frente ofensivo se levanta, por supuesto, sobre la base de la presencia que siempre ha tenido aquí, reforzada últimamente en desarrollo del ‘Plan Colombia’. Pero va más allá de las labores contrainsurgentes, que son lo que despierta el entusiasmo de Uribe. Al contrario, es posible que el Imperio le juegue a la prolongación del conflicto en la medida en que el argumento del “desbordamiento” le permita utilizar a los paramilitares contra Venezuela, en una nueva versión de los contra nicaragüenses. Sería una táctica de hostigamiento y provocación para precipitar una confrontación colombo-venezolana. Es lógico. En la actual coyuntura, no es factible un ataque militar directo de Estados Unidos en un país de Suramérica, pero sí una supuesta intervención humanitaria que, como contraprestación, lleve a “cambios de gobierno”. Téngase en cuenta que, paralelamente, la derecha militarista continúa la contraofensiva de recuperación, de Centroamérica al Sur, incluida Venezuela, bajo la fórmula nunca abandonada del intervencionismo conspirativo”.
Gloria Inés Ramírez Ríos, Senadora de la República de Colombia en representación del Polo Democrático Alternativo, al referirse a la decisión de Uribe de entregar Colombia a Estados Unidos, afirmaba: “Debe merecer la mayor atención la posición entreguista de Uribe Vélez ante el imperio norteamericano. No hay que olvidar que el gobierno de Uribe fue el único de Suramérica que apoyó la criminal invasión gringa a Irak que adhirió incondicionalmente a la política de Bush según la cual “el que no está con nosotros está con los terroristas”, política que, como se sabe, terminó en un estruendoso fracaso…Además, continúa con el plan Colombia, que es una ley norteamericana, y recurre a los peores actos de sometimiento con tal de que le aprueben el Tratado de Libre Comercio y le den el visto bueno a sus aspiraciones reeleccionistas. El último eslabón de esta cadena de entreguismo es la autorización para que las bases militares colombianas sean utilizadas por tropas
Uribe es bravucón y belicoso aquí, pero sumiso como el que más ante Estados Unidos. Bush decía de él que “hace lo que decimos y algo más”. Las palabras lapidarias de Jorge Eliecer Gaitán en uno de sus debates en el Congreso de la República por la masacre de las bananeras en 1928, parecen escritas para referirse a Uribe: “en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano”
Luego, la senadora afirmaba que según Wikipedia, “ una base militar es una instalación que es propiedad directa y operada por y/o para el ejército o una de sus ramas. En su mayoría acogen material y personal militar, así como instalaciones para entrenamiento y operaciones” Pero ha habido una evolución del concepto de bases militares a FOL (Centros Operativos de Avanzada) y a los CSL (Cooperative Security Locations/ Convenios Locales de Seguridad), que corresponden a la idea de operaciones más pequeñas, menos costosas y más sencillas de manejar y con un radio de alcance suficiente, a una distancia que le evite los riesgos pero que le permita actuar con agilidad. A estos se les llama Foreing Operating Locations –FOL- y los CSL corresponden a un término militar de los Estados Unidos para aquellas instalaciones utilizadas para hacer un entrenamiento regional contra el terrorismo y para el control del tráfico de drogas, además de proveer acceso de contingencia al continente.
De acuerdo con Chalmers Yohson profesor de la universidad de California “La mayoría de estas nuevas bases constituyen lotos desde los cuales nuestras fuerzas armadas podrían saltar como ranas muy bien armadas” (libro Estados Unidos un imperio en Guerra). Todo esto está en la lógica de la tenebrosa estrategia de la “guerra perpetua” definida por el Pentágono, la más reciente teoría militar norteamericana para el control del mundo. Política dentro de la cual, Estados Unidos puso a navegar la IV flota en aguas de Latinoamérica y el Caribe.
Al respecto, hacemos las siguientes observaciones:
1. Es muy poco creíble el propósito real de lucha contra el narcotráfico por parte del país que es el mayor consumidor de drogas ilícitas en el mundo. Si de verdad este fuera el objetivo, lo primero que tendría que hacer sería atacar el consumo en su propio territorio. La llamada lucha contra el terrorismo, como lo han demostrado los hechos, entraña graves riesgos. ¿Quién y con base en qué criterios define lo que es terrorismo?
2. El Presidente Uribe ha calificado a dirigentes de la oposición como “guerrilleros vestidos de civil”. El periódico norteamericano The Washington Post ha pedido que se incluya al gobierno del presidente Chávez entre los que apoyan el terrorismo.
3. En cuanto a otras amenazas de carácter transnacional, la falta de definiciones precisas conlleva que sea posible cualquier interpretación
4. Por estas razones, ha habido pronunciamientos de rechazo o de inquietud sobre las Bases por parte de los presidentes de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, en tanto que el Presidente Lula, afirma que “A mí no me agrada la idea de una base militar americana en Colombia”, y la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, ha dicho que “concuerda plenamente” con Lula y que la decisión de Colombia “afecta a todos los países”
Estados Unidos tiene más de 735 bases militares en 130 países del mundo, lo que constituye una estrategia global de expansión y control de naciones, recursos naturales y humanos” Según el investigador Charles Johnson, las bases militares extranjeras tienen 5 misiones específicas:
1. Mantener la supremacía militar absoluta en el mundo
2. Interferir comunicaciones
3. Intentar controlar el mayor número posible de fuentes petroleras
4. Dar trabajo e ingresos al complejo industrial militar
5. Asegurar que los militares y sus familias vivan con comodidad
Lo que interesa son los objetivos geoestratégicos, que son la seguridad nacional de Estados Unidos y el acceso a los recursos naturales de la región. Para ello ha instrumentalizado un plan que contiene dos elementos principales:
1. Los planes económicos, como el ALCA y los TLC, dirigidos a favorecer los intereses de las compañías trasnacionales y el gran capital norteamericano.
2. Un proceso de militarización de la región para hacer presiones en función de los planes económicos y comerciales y apropiarse de las riquezas estratégicas, especialmente energía, agua y biodiversidad. La senadora Gloria Inés Ramírez Ríos, sostuvo que las actividades militares de Estados Unidos en bases colombianas respetarán el ordenamiento jurídico de cada parte, la Carta de las Naciones Unidas, la igualdad soberana, la integridad territorial, el principio de no intervención en asuntos internos de otros Estado. Pero bien se sabe que Estados Unidos tiene una larga lista de violaciones a la soberanía de los países y al derecho internacional. Ejemplos:
1. Estados Unidos tiene numerosas leyes extraterritoriales que aplica más allá de sus fronteras, como el embargo a Cuba, la guerra preventiva, el Plan Colombia. Resulta muy poco creíble que los militares gringos vayan a subordinarse a las autoridades colombianas.
2. Control a operaciones ofensivas contra terceros.
Según los ministros, el objetivo es combatir amenazas internaciones como el tráfico de drogas y terrorismo y no realizar operaciones ofensivas contra terceros Estados.
3. Mitigación del impacto negativo en las relaciones con los países vecinos.
Aunque el gobierno asegura que el acuerdo es bilateral, puede favorecer a terceros interesados en cooperar para enfrentar el tráfico de drogas, el terrorismo y otras amenazas de carácter internacional, y da como prenda de garantía el hecho de que las agresiones a terceros Estados están excluidas de la práctica colombiana.
4. Número de personal militar o contratista.
Aún cuando el acuerdo contempla que el personal no excederá 800 militares y 600 contratistas, es claro que Estados Unidos buscará aplicar el pronunciamiento ya citado del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado en el sentido de hacer una evaluación “sobre si estas limitaciones numéricas deben ser cambiadas hacía arriba o abajo, o revocadas”.
5. Aspectos jurídicos.
Según lo dicho por los ministros, este Acuerdo es una ampliación de los instrumentos bilaterales firmados entre Colombia y Estados Unidos y, por lo tanto, no necesita el procedimiento de un tratado internacional ante el Senado. Tampoco implica tránsito o permanencia de tropas extranjeras.
EEUU, Colombia y el Consejo Suramericano de Defensa Estados Unidos mueve a Colombia como su peón en el ajedrés de sus intereses geopolíticos y de dominación. No entiende que comenzó un cambio de época y que nuestras patrias no están dispuestas a ser reconolizadas. Son otros tiempos de lucha y esperanza para concretar la soberanía, independencia y los sueños de unidad.
En el proceso aparecen obstáculos planificados por Estados Unidos y dentro de esa planificación, la Colombia de Uribe y no su pueblo, es usada y manipulada para causar conflictos y con ellos divisiones, desentendimientos y confrontaciones. La histórica estrategia de Estados Unidos es dividir para reinar.
La reunión del Consejo Suramericano de Defensa realizada en Quito, el pasado 15 de septiembre fue el escenario de la jugarreta imperial a través de los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Colombia, Jaime Bermudez y Gabriel Silva, respectivamente, que de manera sistemática, descortés y grosera se negaron a entregar el texto del acuerdo militar suscrito entre Colombia y Estados Unidos para la instalación de siete bases militares en el territorio de le hermana República. Dijeron, sin vergüenza alguna que no contaban con el permiso yanqui para dar a conocer el documento con lo que demostraron su sometimiento al imperio y que la soberanía de su patria les importaba un comino. Colombia desoyó el pedido de 11 gobiernos miembros de UNASUR. En realidad fue un insulto del gobierno de Uribe, digno heredero de Paula Santander.
David Choquehuanca, Canciller de Bolivia resumió el pensamiento de sus colegas al afirmar: “Colombia podía presentar el texto del Convenio a UNASUR pero lamentablemente Colombia dice que está sujeta al consentimiento de Estados Unidos. El mandato de los presidentes era establecer medidas de confianza, pero por la intransigencia de Colombia no hemos podido llevar a cabo esto”.
La Colombia de Uribe obedece al dictado de Washington que ordena boicotear la necesaria transparencia del Convenio para la instalación de bases militares gringas que tienen la intencionalidad de la agresión armada a nuestras patrias. Los ministros colombianos siguiendo el eje del discurso de Uribe, en lugar de transparencia propusieron, nada menos, que UNASUR acoja la agenda colombiana de seguridad, lo que significa regionalizar el conflicto colombiano al invitar a que todos gobiernos y pueblos hermanos combatan a las guerrillas y se involucren directamente en su conflicto interno que no han podido resolver por más de 50 años.
Al día siguiente de la Reunión del Consejo Suramericano de Defensa, el ministro colombiano Gabriel Silva, declaraba en Bogotá que no descartaba la posibilidad de retiro de Colombia de la UNASUR. Finalmente aceptaba que cumplía el mandato estadounidense: Dividir a la UNASUR y acabar con ella. Uribe desmentía a su Ministro de Defensa y anunciaba que Colombia no se retiraría de la organización, pero ya era tarde para tratar de ocultar el interés gringo y de las elites gobernantes de Bogotá.
El Canciller brasileño Celso Amorín, sintetizaba el pensamiento de todos los cancilleres y ministros de Defensa al afirmar: “Colombia no ha entendido la sensibilidad que ha causado el acuerdo de las bases militares”. La reunión de Quito fue convocada en “pos de una mayor transparencia diseñen medidas de fomento de la confianza y la seguridad de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la OEA”.
Analistas, politólogos y comunicadores sociales con personalidades cipayas han criticado la Reunión del 15 de septiembre del Consejo Suramericano de Defensa y la han calificado de fracaso anunciando la desunión y el fin de la UNASUR, pero, a pesar de la posición colombiana que boycoteó la reunión e impidió que se avance en el “fomento de la confianza y la seguridad” la evaluación final fue positiva. El Canciller ecuatoriano Fandert Falconí sostuvo: “El primer resultado es el fortalecimiento de UNASUR, es decir como UNASUR estamos en la capacidad de procesar los problemas regionales. No tenemos que recurrir extra regionalmente a discutir nuestras problemáticas en temas tan álgidos como los temas de seguridad, o la creación de medidas de confianza mutua. Un segundo punto, señaló, en el que se avanzó es en la notificación de todos los acuerdos regionales y extra regionales una vez que se hayan aprobado los acuerdos de negociación, sin tener o no el consentimiento de un tercer país, y aquí fue un punto de estancamiento, básicamente Colombia solicitó tiempo para hacer consultas internas, los 11 países estuvieron de acuerdo con entregar los acuerdos que están debidamente notificados. Se aceptó la tesis de la no extraterritorialidad. Colombia aceptó el concepto de no extra territorialidad y estos es un paso significado en el proceso de UNASSUR…”
Por su parte el Ministro de Defensa de Ecuador, Xavier Ponce sostuvo: “En cuanto a los ejercicios intra y extra regionales hay que tener en cuenta que este capítulo hace referencia a las seguridades a nivel de las fronteras. Hubo pleno acuerdo en notificar a UNASUR el desarrollo de ejercicios militares con países de la región o extra regionales, invitar observadores militares y establecer ,mecanismos de comunicación entre las fuerzas militares siempre en función de alcanzar plena transparencia, aumentar la eficiencia y vigilancia en las fronteras y algo que ha venido, planteando Colombia en la reunión de UNASUR en Bariloche, adoptar medidas necesarias para impedir la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley. En cuanto al cumplimiento y verificación hemos establecido un mecanismo voluntario de visitas a instalaciones militares, esto es fundamental porque no hace solo referencia a intercambio de información sino también a intercambio de experiencias de situaciones en las fronteras que puedan provocar incidentes”.
Cabe destacar la intervención del Canciller venezolano Nicolás Maduro en la que sostuvo: “Suramérica ya ha debatido sobre el tema de las bases militares estadounidenses y todo sobre este debate que se ha dado en los gobiernos, toda la presión de la opinión pública, de los movimientos sociales, de los ciudadanos de nuestros países tiene que tener un resultado para consolidar toda esta conciencia que se está dando de rechazo a las bases militares que lo que traen es violencia, guerra, amenaza a nuestro continente y más temprano que tarde el pueblo de Colombia tendrá que pedir cuentas a estos gobiernos entreguistas que han cedido el territorio de Colombia para que venga armamento, venga tecnología a amenazar a nuestro continente.” Por todos los medios, es preciso comprender y asumir conciencialmente que la entrega de bases militares a Estados Unidos es un nuevo y grave atentado contra la paz de América Latina y que con esas bases se inicia un proceso de desestabilización y directa amenaza a la soberanía, independencia y la libre autodeterminación de nuestros pueblos. Hoy con Uribe de rodillas ante el imperio, Estados Unidos pretende acabar con la UNASUR, pero esa pretensión divisionista y recolonizadora debe ser rechazada enérgicamente por nuestros pueblos. Además, se debe exigir a los gobiernos, avanzar en los procesos integracionistas y de consolidación de la UNASUR a pesar de Obama y Uribe.
La senadora colombiana Gloria Inés Martínez Ríos sostenía que: “El aumento y reforzamiento de la presencia militar norteamericana demuestra de manera fehaciente que el gobierno colombiano no tiene ninguna voluntad de paz y que su única opción es la guerra, lo que indudablemente agudizará el conflicto interno y hará más difícil la búsqueda de la paz que anhela la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Desde todos las ciudades, pueblos, aldeas y desde todos los rincones de nuestras patrias, tenemos el deber histórico de rechazar la entrega de bases militares a Estados Unidos porque desde ellas se sembrará la violencia criminal de las agresiones militares y las guerras para dominar a nuestros pueblos y arrebatar los recursos naturales y la biodiversidad. ¿Qué dejaremos a nuestros hijos si ahora no detenemos la arremetida yanqui?
Nuestro deber moral impone que convoquemos a los parlamentos de nuestras patrias y sus organizaciones internacionales, a las organizaciones de la sociedad civil a los trabajadores del campo y la ciudad, a las organizaciones indígenas, sindicales, estudiantiles de mujeres, intelectuales, profesionales y a todo el pueblo a unirnos y marchar juntos para expulsar de nuestras patrias hasta el último soldado yanqui, hasta el último resquicio de una base militar imperialista y hasta el último barquito de la IV Flota. De todo el continente es la movilización contra la amenaza guerrerista del imperio.





“LA BATALLA POR EL PETRÓLEO Y EL GAS EN AMÉRICA LATINA”

Press Perú (www.pressperu.com)

Buscando respuestas a la problemática común del manejo de los recursos energéticos en México, Brasil, Bolivia y Perú, el Congreso de la República presentó el libro latinoamericano “La batalla por el petróleo y el gas en América Latina”, obra conjunta realizada por cuatro especialistas que resume la situación energética en esos países.
La congresista Gloria Ramos Prudencio impulsora del evento, convocó a los especialistas y autores de los ensayos energéticos: Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputado Federal de México, y secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de México; Fernándo Leite Siqueira, presidente de la Asociación de Ingenieros de PETROBRAS, empresa estatal brasileña de hidrocarburos; Eduardo Paz Rada, ex diputado Boliviano por CONDEPA y co- director de la revista Patria Grande: y Manuel Dammert Ego Aguirre, ex diputado peruano, especialista en desarrollo territorial y planeamiento, y coordinador del Foro Ciudadano “Soberanía Energética: gas para los peruanos”.
Ramos Prudencio resaltó la necesidad de reflexionar sobre el significado de los recursos energéticos para el Perú y América Latina y su adecuado manejo para el futuro. “Este es el momento preciso para dar respuestas y alternativas y decidir qué destino tendrán nuestros principales recursos energéticos como son el gas y petróleo, de una racional forma de explotación y distribución, depende el futuro de nuestros países”, sostuvo.
Leite Siqueira dijo que los países latinoamericanos afrontamos problemas similares debido al objetivo de los países desarrollados que quieren explotar nuestros recursos a cualquier precio y de cualquier forma.
El especialista anunció que en Brasil se encuentra la tercera reserva petrolífera del mundo, solo después de Arabia Saudita e Irán y denunció la práctica común de las transnacionales que consiste en realizar campañas de desprestigio de las empresas nacionales que manejan los recursos energéticos para no tener competencia estatal en el mercado.
Velasco Oliva, dio a conocer el retroceso de la industria mexicana petrolera, donde hace 25 años no se construye una refinería ni renueva equipos; condenando a su país a ser solo extractor de materia prima. Del mismo modo ilustró a la audiencia sobre el debate nacional producido en México y todas las acciones realizadas por la Brigadas de Resistencia Civil de la nación Mexicana en defensa del petróleo.
Paz Rada sostuvo que actualmente el 82% de la producción de petróleo en Bolivia está bajo el control del Estado boliviano y solo el equivalente al 18 % se otorga a las empresas transnacionales por su inversión. La nacionalización del gas está permitiendo a Bolivia invertir significativamente en educación y salud, dijo el diputado boliviano.
Dammert Ego Aguirre, apostó por una nueva oportunidad estructural para el Perú, que obliga a políticas públicas que deben adoptarse de inmediato a fin de lograr la autosuficiencia y seguridad energética como requisito y garantía del desarrollo.
El especialista sostuvo que la política de manejo de los recursos energéticos resulta nefasta para el país. “Está trabada la exploración y explotación de hidrocarburos en el zócalo continental, la selva norte y el sur peruano y distorsionada la industria de hidrocarburos por la posición de dominio del monopolio gasífero-refinero”, sostuvo.
Finalmente, las ponencias fueron comentadas por los especialistas Humberto Campodónico, Carlos Herrera Descalzi, Aurelio Ochoa, Jorge Manco Zaconetti y Alejandro Narváez.
Del mismo modo, intervinieron los parlamentarios Víctor Andrés García Belaunde /AP), Isaac Serna (UPP), Daniel Abugattás (PNP), Washigton Zeballos (No A) y Juan Carlos Eguren (UN).





NUEVAS EXPECTATIVAS POR EL GASODUCTO DEL NORDESTE

Horacio Mancedo, embajador Argentino en Bolivia, tomó contacto con La Revista AM, refiriéndose a los avances en la reprogramación de tareas para definir finalmente el trazado y producción del gasoducto. Puntualizó en que el país esta interesado en el gas boliviano, sin embargo hay que precisar la capacidad de producción y exportación de Bolivia para determinar la importación de gas natural.

Mega 24 de Argentina (www.mega24.com.ar)

“Estamos reprogramando el cronograma del gasoducto al norte”, así lo manifestó el embajador argentino en Bolivia, Horacio Macedo, en contacto con La Revista AM, refiriéndose a la relación energética entre ambos países, que, dicen, esta afianzada.
Sin embargo durante los últimos meses, el vecino país ha consumido bajas cantidades de gas natural, entre 4 y 6 Millones Metros Cúbicos Día de los 7 que estarían comprometidos. Esa situación generó que ministros de ambos países se reúnan con autoridades energéticas del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, el diplomático argentino aseguró que se mantiene el interés por comprar gas boliviano, sin embargo, recalcó que necesitan saber la capacidad de producción y exportación de Bolivia para de esa manera determinar tiempos y cantidad de importación de gas natural.
El gobierno argentino se comprometió a incrementar su importación de gas, pese a que redujo su consumo en los últimos meses, Macedo indicó que existe un contrato firmado en el 2006 que preveía un volumen inicial de 27 MMCD. En la agenda progresiva para llegar a ese volumen no se pudo cumplir por distintas razones. A esto agregó que se ratificó el interés pero necesitamos saber la posibilidad por que tenemos que hacer un gaseoducto multimillonario que de alguna manera tiene que ser acorde a las posibilidades reales de gas que podamos tener.
Asimismo, Macedo manifestó que frente al interés, las comisiones técnicas mientras tanto van trabajando para ver en que tiempo puede contarse con la mayor cantidad de volumen posible en el marco de lo oportunamente acordado, añadiendo que Argentina mantiene interés en comprar gas boliviano pero es necesario reprogramar los plazos para la construcción del gaseoducto al noreste argentino; y en esa reprogramación, se está trabajando, disparó.





PARADÓJICO: LA ARGENTINA REDUCE SUS IMPORTACIONES DE GAS BOLIVIANO DÍAS DESPUÉS DE HABER SOLICITADO UN INCREMENTO

Según datos del Enargas, la demanda argentina cayó de 5,2 millones de m3 diarios a 2,7 millones entre el 6 y el 12 octubre. El acuerdo anunciado en los últimos días podría ser sólo simbólico, para mostrar que no existen tensiones en la relación entre ambos países sobre todo después del transcendido de una aparente deuda.

Urgente 24 de Argentina (www.urgente24.com)

La Argentina ha reducido nuevamente sus importaciones de gas boliviano a pesar de haber acordado recientemente con el vecino país que incrementaría su demanda.
Según datos del Enargas, la demanda argentina cayó de 5,2 millones de m3 diarios a 2,7 millones entre el 6 y el 12 octubre.
La contradicción no deja de generar cierta suspicacia. El gobierno argentino y el boliviano anunciaron este acuerdo (ver nota relacionada) días después de que la agencia Bloomberg publicara declaraciones, luego desmentidas, del viceministro de hidrocarburos de Bolivia en las que reclamaba el pago de una supuesta deuda que mantiene la Argentina con su país por la provisión del energético.
El funcionario, William Donaire, luego desmintió por escrito que se haya referido al contrato. En tanto en la Argentina admitieron que se tratan de retrasos por cuestiones burocráticas, pero no de una deuda.
La celeridad con que el Gobierno Nacional salió a pedir más gas boliviano a pesar de que no lo necesita tiende a señalar que el acuerdo anunciado en los últimos días podría ser sólo simbólico, para mostrar que no existen tensiones en la relación entre ambos países por el gas y sobre todo después del transcendido sobre una aparente deuda.
Según Bloomberg, Donaire había condicionado un eventual aumento en el suministro al pago de la supuesta mora. Con ambos países confirmando lo contrario a través del acuerdo se habría buscado desestimar la información publicada por el sitio estadounidense.
Según señaló el sitio HidrocarburosBolivia.com, funcionarios de la boliviana YPFB, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Hidrocarburos se reunirán este miércoles (14/10) con una delegación argentina compuesta por personal de Enarsa y de la Secretaría de Energía en la ciudad de Santa Cruz para tratar aspectos legales y financieros relacionados con el contrato de compraventa de gas natural firmado por ambos países en 2006. Por otro lado, la caída de la demanda gasífera señala que la economía argentina aún transita por un ciclo recesivo.





TOTAL Y SUS SOCIOS SE LANZARÁN AL DESARROLLO DEL ÁREA GASÍFERA MARINA DE VEGA PLÉYADE

El CEO y Chairman de Total, Christophe de Margerie, le comunicó la decisión a la presidenta Cristina Fernández al ratificar la vocación inversora de largo plazo del consorcio integrado junto con Wintershall y Pan American Energy.

El Argentino (www.elargentino.com)

Tras la puesta en producción a pleno de los yacimientos offshore de Carina y Aries, donde se ubicó una acumulación de gas a 80 kilómetros de las costas de Tierra del Fuego que contiene 121 millones de barriles de crudo recuperables (19 millones de toneladas), asociado a 83.000 millones de metros cúbicos de gas, el Consorcio Cuenca Marina Austral pondrá en marcha el desarrollo del extenso yacimiento marino Vega Pléyade.A la hora de poner un número a la inversión que encarará el Consorcio Cuenca Austral Marina puede precisarse que nunca resultaría menor al que insumió el emprendimiento Carina y Aires, que llegó entre 2003 y 2005 a casi u$s500 millones.
En la conferencia de prensa que ofreció en la 24º Conferencia Mundial de Gas el CEO de Total, Christophe de Margerie, identificó como Tierra del Fuego al futuro desarrollo de Vega Pléyade, seguramente por asociar ese bloque con su ubicación geográfica.
En esa reunión Javier Rielo, el titular de Total Austral, la controlada del Grupo Total, hizo notar que ese emprendimiento estará siempre en cabeza de la UTE Cuenca Marina Austral integrada por Total, la alemana Wintershall (37,5%) y Pan American Energy (25%).
Para dar una idea aproximada de la riqueza de Carina, puede destacarse que sus reservas gasíferas equivalen a dos años del total de la producción nacional de ese hidrocarburo, mientras que su crudo asociado representa el 50% del extraído en el país durante un año.
En Aries, por su parte, hay casi 2 millones de toneladas de crudo y casi 20.000 millones de m3 de gas recuperables.La pronta superación de los problemas de falta de transporte con que tropezó por casi cinco años el desarrollo de Carina, así como las demoras que atraviesan las obligaciones asumidas por Bolivia en sus envíos de gas hacia la Argentina, hicieron impostergable acelerar la explotación de las reservas de la cuenca Austral.
A partir de la entrada en servicio entre abril y mayo del 2010 del nuevo gasoducto submarino transmagallánico que TGS encaró por cuenta y orden de Enarsa, el Consorcio Cuenca Marina Austral se lanzará con el soporte de tecnología de última generación, que incluyó en Carina y Aries el uso de plataformas jack up telecomandadas, y comenzarán a lanzarse nuevos trabajos orientados al desarrollo del área Vega Pléyade, que se extiende paralelamente a las costas de Tierra del Fuego en una extensión de 50 kilómetros.
En cercanías de esa zona marina la UTE Cuenca Marina Austral concretó hace casi dos años una perforación exploratoria (Poseidón) ubicada en aguas de hielos flotantes, cuyos resultados no fueron ni completamente auspiciosos ni tampoco decepcionantes.
Pese a la consabida reserva con que siempre se manejan las petroleras, Vega Pléyade podría en seis o siete años asegurar la continuidad de abastecimiento que debe suponerse de una explotación a pleno de Carina, de la que se extraerán 5.000 millones de metros cúbicos al año.





OLLANTA HUMALA PIDE A ALAN GARCÍA ALIARSE CON BOLIVIA Y ECUADOR Y NO PELEAR CON MORALES

Eco de España (www.eco.com.es)

El líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, pidió hoy desde San Salvador al presidente de su país, Alan García, que no se pelee con su colega de Bolivia, Evo Morales, y busque aliarse con ese país y Ecuador para prosperar en su reclamo limítrofe contra Chile.
"Yo lamento que el Gobierno peruano, sabiendo que tiene el objetivo que es recuperar el mar territorial que en este momento Chile tiene capturado, está distrayendo la atención en entrar en dimes y diretes con el mandatario boliviano", declaró Humala a Efe, quien visita desde el martes y hasta este viernes el país.
Humala, candidato a la presidencia de Perú en los comicios de 2006, en los que se impuso García, se refirió a las críticas que los gobernantes de Lima y La Paz han intercambiado en los últimos meses por distintos temas.
"Perú debería tener claro cuáles son sus objetivos en política internacional (...). Uno de los objetivos del Perú es ganarle a Chile en el diferendo limítrofe que tenemos en La Haya, donde para lograr ese objetivo el Perú tiene que evaluar cómo debe fortalecer la relación con Bolivia y (...) con Ecuador", añadió.
Perú solicitó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) que establezca los límites marítimos con Chile, país que considera que estos ya fueron señalados en tratado suscritos en los años 50, aunque Lima alega que esos pactos solo se refieren a la pesca.
"Las relaciones diplomáticas, las relaciones exteriores, a nuestro juicio, se deben fundar en los intereses nacionales y no en los adjetivos, en los calificativos", añadió.
Bolivia perdió su litoral en el Pacífico en una guerra contra Chile a finales del siglo XIX, en la que Perú también intervino contra Santiago.
Ecuador y Perú protagonizaron una guerra no declarada entre enero y febrero de 1995 por la disputa de una territorio amazónico fronterizo, pero tras el acuerdo de paz firmado en Brasilia en octubre de 1998 las relaciones se normalizaron.
Por otra parte, Humala planteó que se fortalezca la relación con Brasil, país al que consideró "la nueva potencia del mundo".
"Ver ese proceso de hermanamiento con Brasil, que sea un proceso que ambos ganen, en el cual obviamente Brasil necesita una salida corta al Pacífico y esto podría darse a través del Perú", propuso.
Consideró, de otro lado, que cuando concluya en 2011 el Gobierno de García, la democracia en su país puede terminar en una "timocracia".
"La democracia peruana a este paso va deviniendo en una 'timocracia', es decir, un Gobierno de timadores, y lo que va a hacer el nacionalismo a partir del 2011 es realmente retomar el cauce de la democracia", aseguró Humala.
Opinó que García dejará Perú "con mayores conflictos sociales" y "con un proceso de fortalecimiento del narcotráfico", al asegurar que el país se ha convertido en el segundo exportador de cocaína después de Colombia.
Sobre su visita a El Salvador, señaló que busca afianzar las relaciones "de amistad e intercambio de experiencias" con la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actual partido de Gobierno.
Destacó el triunfo de la izquierda en el país como un "avance dentro de la perspectiva regional" que, a su juicio, "debe ser irreversible".
"Toda Latinoamérica está pendiente de El Salvador por ser un caso sui generis y, por lo tanto, nosotros nos sentimos hermanos de este proceso", aseveró, y consideró que no se "pueden dar el lujo" de cometer errores. Humala se reunió este miércoles con el vicepresidente del país, Salvador Sánchez Cerén, e indicó que espera entrevistarse el jueves con el presidente, Mauricio Funes.





BOLIVIA: EVO MORALES ASEGURA QUE APOSTARÁ POR UN MAYOR DESARROLLO TURÍSTICO DE SER REELEGIDO

Caribe News (www.caribbeannewsdigital.com)

El presidente de este país, Evo Morales, reconoció esta semana que fue un "error" no haber impulsado el desarrollo del turismo desde los primeros meses de su gestión gubernamental, una situación que se propone enmendar en la propuesta de gobierno para su segundo mandato.
"Recién me doy cuenta de que el turismo tiene mucha importancia, recién reconozco mi error de no haber impulsado el turismo desde el primer momento de mi Gobierno, pero no es tarde", dijo Morales durante un acto por el 52 aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB).
El mandatario, que buscará la reelección en los comicios generales del 6 de diciembre, resaltó que en el programa de Gobierno presentado ante la Corte Nacional Electoral (CNE) está incluida la construcción de al menos seis pistas de aterrizaje en lugares considerados como "polos de desarrollo" del país, refiere un cable de la agencia EFE.
Remarcó que también es necesario que cada una de las nueve capitales de departamento cuenten con un aeropuerto internacional, pues actualmente sólo las regiones de La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este) tienen terminales aéreas con estas características.
Entre los principales lugares turísticos de Bolivia están el lago Titicaca, compartido con Perú, y el Salar de Uyuni, un desierto de sal de unos 12.000 kilómetros cuadrados situado en la región andina de Potosí (suroeste), más otros muchos destinos que podrían ser muy atractivos para el turismo internacional.





CONFLICTOS POR MINAS EN BOLIVIA AMENAZAN INVERSIONES

Invertía de Venezuela (www.ve.invertia.com)

En los dos últimos años, decenas de minas bolivianas han sido tomadas por grupos de campesinos que dicen defender el medio ambiente o ambicionan explotar las abundantes vetas. En respuesta, el Gobierno izquierdista de Evo Morales simplemente deja pasar el tiempo.
Según sindicatos mineros, al menos 30 minas están ocupadas actualmente por gente extraña a los empresarios o los trabajadores regulares, en duro desafío a las promesas oficiales de garantizar las inversiones.
El Gobierno, cuya fuerza social recae en los campesinos, minimiza el problema con el argumento de que las tomas se dan en yacimientos muy pequeños por lo que no ponen en riesgo las inversiones y, menos aún, la recaudación fiscal.
Pero cifras oficiales dan cuenta de una reducción de casi 23 por ciento en la inversión privada en el sector minero, que pasó de 384,9 millones dólares en el 2007 a 296,74 millones de dólares el año pasado.
Las tomas de yacimientos se incrementaron desde la entrada en vigencia de la nueva Constitución en febrero del 2009, que habla genéricamente del control social sobre la vital minería.
"Hay algunos sectores que, por falta de información, piensan que tienen derecho al veto", dijo a Reuters el director nacional de Minería, Freddy Beltrán.
Lo que ocurre podría ser consecuencia de un "vacío legal en la nueva Constitución", coincidieron el secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), César Lugo, y el vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Albino García.
La Constitución señala que "la población tiene derecho a ser consultada e informada" antes de aprobarse una concesión minera y dispone que "la sociedad civil organizada ejercerá el control social a las empresas que administren recursos fiscales".
Estas normas provocaron una sensación de incertidumbre entre varias transnacionales y centenares de pequeñas empresas y cooperativas que explotan zinc, plata y plomo en el país andino. Estos tres minerales constituyeron el 93 por ciento de las exportaciones mineras en el 2008 que sumaron 1.517 millones de dólares casi la cuarta parte de las ventas totales de Bolivia.
Las mayores firmas mineras que operan en Bolivia son la japonesa Sumitomo , que controla el proyecto de plata, plomo y zinc de San Cristóbal, y la estadounidense Coeur d'Alene Mines Corp. , que tiene la concesión del proyecto argénteo de San Bartolomé, en los desmontes del famoso Cerro Rico del sureño departamento de Potosí.
También operan en Bolivia, la suiza Glencore, las canadienses Apogee Minerals y Pan American Silver y la surcoreana Kores.
TOMAS VIOLENTAS
En muchos casos las tomas de minas fueron violentas, como sucedió en la región altiplánica de Oruro en los primeros meses del 2008 cuando pobladores de la zona se apoderaron de la mina de estaño Santa María, con el saldo de dos muertos.
En marzo del 2009, un contingente de 80 policías retomó la mina de oro Lipichi, a 170 kilómetros al noroeste de La Paz, que estuvo tomada por campesinos desde abril del 2007.
En el operativo murió un campesino. Actualmente, el ejército mantiene el control de la mina.
El caso más representativo es el de la mina de tungsteno Himalaya, a unos 50 kilómetros al sudeste de La Paz, en las faldas del nevado Illimani, que permanece tomada hace dos años y sin visos de solución.
A principios del 2009, un contingente de casi 40 policías intentó retomar el yacimiento -que también produce estaño- pero unos 200 campesinos los emboscó y despojó de sus armas.
Un equipo de Reuters que viajó al lugar a principios de octubre fue retenido y amedrentado durante varias horas por campesinos que se negaron a hacer declaraciones.
El presidente de la Empresa Minera Barrosquira, Fernando Kyllmann, que tiene la concesión de Himalaya dijo que, desde la toma, perdió más de medio millón de dólares.
Según Kyllmann, la empresa invirtió 9 millones de dólares en la fase de preparación de la operación minera y para la explotación de 300 toneladas de mineral por día proyectaba desembolsar unos 11 millones de dólares adicionales.
Asimismo, aseguró que quienes actualmente explotan la mina lo hacen de forma rústica y sin preservar el medio ambiente.
"Los que hoy están al frente de la mina no pagan regalías, no tienen documentación de respaldo, ni licencia ambiental", dijo Kyllmann.
EXCUSA MEDIOAMBIENTAL
Según el sindicalista Lugo, los campesinos se adueñan de las minas argumentando la defensa del medioambiente.
"Si fuera así, tendría que ser avasallada primero Huanuni -la mayor mina de estaño del país, operada por el Estado- y no Himalaya que ni siquiera estaba en fase de producción", dijo.
"Una vez que los inversionistas ponen plata, (los campesinos) se toman las minas", agregó.
Para el gobierno el problema data de siglos atrás.
"Los campesinos, con absoluta razón, se han quejado de que mientras la materia prima rica ha salido de Bolivia durante centurias, las comunidades siempre han permanecido pobres sin agua ni electricidad. Y, peor aún, con contaminación producto de los pasivos ambientales", explicó Beltrán.
"Es un pedido totalmente justo de los pobladores, pero en algunos casos hay desbordes que no los justificamos", agregó.
Sindicalistas y cooperativistas mineros aseguraron haber presentado propuestas de solución al Gobierno, pero se quejaron de que, "por estar campaña electoral, no se promulgarán leyes".
"Las tomas acabarán cuando acaben las elecciones (el 6 de diciembre)", dijo García.





SEVILLA PAGA EL VIAJE DE CIENTOS DE BOLIVIANOS SIN PAPELES A MADRID PARA QUE VOTEN POR MORALES

Los críticos con el dirigente andino son excluidos. En los autobuses van asesores por si les para la Policía

ABC de España (www.abc.es)

La Delegación de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, dirigida por Antonio Rodrigo Torrijos (IU), está sufragando el viaje de unos trescientos bolivianos a la oficina electoral que el gobierno del país andino ha abierto en Madrid para empadronarles y que puedan votar el 6 de diciembre. Estas expediciones son selectivas y a quienes no simpatizan con Evo Morales no se les permite subir a los autobuses, según explicaron a ABC varios bolivianos asentados en Sevilla que han tenido que pagarse de su bolsillo el desplazamiento para poder votar.
El Ayuntamiento de Sevilla libró en la Junta de Gobierno del 17 de septiembre una partida de 20.999,99 euros correspondiente a Relaciones Institucionales «con motivo del desplazamiento de un grupo de bolivianos a Madrid para su inscripción en el padrón electoral de Bolivia en septiembre del 2009 y el 6 de diciembre poder ejercitar el derecho al voto a las elecciones de su país». Fuentes municipales aclaran que ese contrato menor (no sujeto a la fiscalización municipal), costea el viaje de siete autobuses para septiembre, pero la presidenta de la Asociación de Bolivianos de Andalucía, Nedea Guareco, confesó ayer que ese mes «sólo se hizo un viaje con tres autobuses». En la madrugada de ayer salieron otros dos autobuses hacia Madrid correspondientes a otra partida, ya que la aprobada el 17 de septiembre sólo sufraga los viajes de ese mes.
Asesores jurídicos
La mayoría de los viajeros seleccionados «no tiene papeles», reconoce Guareco, por lo que «han puesto asesores jurídicos que viajan con ellos por si los para la Policía». También les acompaña la propia directora de Área de Relaciones Institucionales, María Teresa Maqueda, a quien Guareco señala como organizadora del asunto. Maqueda, cargo de plena confianza de Torrijos, se encarga de organizar los desplazamientos y citar a los viajeros junto a los Jardines de Capitanía, a la puertas del bar Citroen, para partir de madrugada. ABC pudo constatar su presencia ayer en este lugar y cómo se subió a uno de los autobuses.
Varios bolivianos explicaron que los elegidos «somos de varias asociaciones de Coria del Río, Dos Hermanas y Sevilla» y que «queremos votar a Evo Morales». Apicor, Adbea y La Kantuta Sevillana son algunas de estas organizaciones invitadas. Los mismos viajeros, al ser cuestionados por la institución que paga el viaje, contestaron que «es la señorita María Teresa, del Ayuntamiento». Y el responsable de una de ellas reconoce que «no nos han dicho claramente que quieren votantes de Evo Morales, pero sí que hay que equilibrar la posibilidad de que otros contingentes del resto de España puedan votar otra opción».
Nedea Guareco, presidenta de Adbea, no tenía ayer conocimiento de la selección pro Morales de la que se quejan algunos excluidos, aunque sabe que «ahora mismo se encuentra la gente de Sevilla empadronándose porque mañana (por hoy) se termina el plazo». «En diciembre tenemos que volver a ir y tendremos ayuda del Ayuntamiento de nuevo», añadió. De los 40.000 bolivianos que se estima que hay en Sevilla -el 80 por ciento carece de documentación para residir y trabajar en España-, sólo unos centenares han sido agraciados con el viaje para «registrar las huellas» en Madrid.





CHAGAS, LA ENFERMEDAD INVISIBLE

El Mal de Chagas es una “enfermedad invisible”. Lleva 100 años en la región latinoamericana y la padecen unos 15 millones de personas en el mundo, pero son pocos los que lo saben.

BBC Mundo de Londres (www.bbc.co.uk/mundo)

Los expertos tienen argumentos para explicarlo: los síntomas no se hacen notar y el Chagas es -según la definen- una “enfermedad de la pobreza”, para la que poco han evolucionado los diagnósticos y tratamientos.
Precisamente, en 2009 se cumple el centenario del descubrimiento del mal, y organizaciones no gubernamentales en conjunto con autoridades sanitarias emprendieron campañas para crear conciencia.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) acaba de firmar una resolución que es leída por algunos como un intento por achicar la brecha entre los pacientes y la cura: aprobada hace apenas unos días, establece el compromiso de los Estados miembro de adoptar estrategias más fuertes para hacer frente al Chagas.
“Mientras que un hombre descubrió mucho en muy poco tiempo, cien años después tenemos muy poco que celebrar. Nada se ha hecho porque es una enfermedad de la marginalidad”, reclama ante BBC Mundo el médico Tom Ellman, quien trabaja en la campaña “Chagas: es hora de romper el silencio” de Médicos Sin Fronteras (MSF).
Hito médico
El hombre en cuestión fue el médico brasileño Carlos Ribeiro das Chagas, quien descubrió la enfermedad infecciosa que lleva su nombre cuando en realidad investigaba una epidemia de malaria en pleno Amazonas.
Su trabajo científico se ha convertido en un hito de la medicina: fue un triple hallazgo realizado por una sola persona en tiempo récord. La enfermedad humana, el agente patógeno que la produce y el insecto que lo traslada o “vector”.
Así, Chagas estableció que el mal es causado por un parásito, el trypanosoma cruzi, mediante un “vector” que lo transporta: la chinche picuda o vinchuca, que habita entre la paja y el adobe de las casa rurales y sale a morder de noche para alimentarse de sangre.
Pero el ciclo es aún más complejo: si una vinchuca “sana” muerde a un ser humano portador del parásito, el insecto se contagia y retroalimenta el ciclo de difusión.
Asintomática
El “silencio” del Chagas se basa, en parte, en que la mayoría de los pacientes no manifiestan síntoma alguno al momento de la infección. Pero las estadísticas indican que un tercio de ellos tendrá, años después, afecciones cardíacas graves que pueden producir la muerte.
“La mayoría de la gente que vemos tiene la enfermedad desde hace 20 o 30 años y no lo sabían hasta que les hacemos el diagnóstico. Y no podemos anticipar quiénes de ellos desarrollarán la enfermedad, así que hay que tratarlos a todos”, señala el médico Ellman.
Se estima que el Chagas causa 14.000 muertes al año, y entre 10 y 15 millones de personas en el mundo están infectadas por el parásito. Aunque estos datos, precisamente por el carácter asintomático del mal en su primera etapa, son difíciles de cotejar.
En América Latina, la situación es crítica: según los especialistas, un 25% de la población regional corre el riesgo de contagiarse. Bolivia, Paraguay y Argentina son los países de mayor incidencia, y este último, al igual que Brasil y México, tiene registrados más de un millón de casos, según cifras de la OPS.
Diagnóstico urgente
Para ganarle la batalla a la enfermedad, todos coinciden en señalar que haría falta incrementar de manera dramática los recursos destinados a investigación y desarrollo. Muchos reclaman que, como todas las enfermedades de la pobreza, interesan poco a los grandes laboratorios, concentrados en producir fármacos para “mercados que consumen”.
Según datos del Fondo Global para la Innovación en el Tratamiento de Enfermedades Olvidadas, de The George Institute, en 2007 se gastaron sólo US$10 millones en el estudio del Chagas, lo que representa apenas 0,4% de la ya magra suma que se dedica las dolencias “olvidadas”.
Como resultado, los tratamientos han avanzado poco y nada. Los dos medicamentos con que se combate el mal –benznidazol y nifurtimox- fueron desarrollados hace más de tres décadas y generan un sinnúmero de efectos secundarios.
“Los gobiernos prefieren invertir más en prevención, como el rociamiento con insecticidas o la mejora de viviendas precarias, pero deberían apostar por el diagnóstico y el tratamiento”, indica Ellman.
Sin embargo, hay quienes desaconsejan tratar el mal en pacientes adultos, argumentando que los efectos colaterales se incrementan y los resultados son menores cuantos más años hayan pasado desde el contagio.
Cochabamba
Con 1 de cada 9 habitantes infectados, Bolivia es el país con mayor prevalencia del mal y el ministerio de Salud trabaja en conjunto con organismos no gubernamentales para controlarlo.
Algunas cifras pintan el cuadro: por caso, en la localidad de Aiquile, del departamento de Cochabamba, 70% de las mujeres en edad reproductiva tiene la enfermedad.
“En el área rural la gente tiene más dificultades para ser tratada, mientras que en zonas suburbanas los pacientes son migrantes que vienen con su problema desde las zonas rurales”, detalla a BBC Mundo la enfermera Vilma Chambi.
“Yo no sabía lo que era el Chagas hasta que me embaracé. Cuando me dijeron, me acordé que había vinchucas en la casa donde vivíamos con mi mamá”, revela Alejandra Barón. Ella y sus hijos, de 2 y 3 años, estuvieron bajo tratamiento.
Según los médicos en el terreno, el peor escollo es la resistencia de los pacientes a continuar tomando las drogas cuando se manifiestan efectos adversos. Es un tratamiento largo, que exige método y constancia y no arroja resultados visibles.
“Estoy tomando dos tabletas y media por 60 días… esperando una buena respuesta con el tiempo”, confía Waldo Zenzano, quien va cada semana a un centro sanitario a recoger su medicación.
Para otros, ya es demasiado tarde. Como el caso de una joven de 39 años, que prefiere reservar su nombre: conoció el diagnóstico cuando el parásito había atacado su corazón. Necesita ahora colocarse un marcapasos, pero no se opera porque la intervención le da temor.
“Por eso también no he vuelto a ir al médico”, dice.





CRÓNICAS BOLIVIANAS. DÍA DOS: VOCES INDÍGENAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN DE LA MADRE TIERRA

Noticias Positivas (www.noticiaspositivas.net)

Ya está en marcha el primer Tribunal Internacional de Justicia Climática. Al final de esta tarde, se habrá escuchado gran número de casos presentados por diversas organizaciones y colectivos representando a personas afectadas directamente por el cambio climático, mientras el jurado, compuesto por activistas internacionales, llegarán a sus conclusiones sobre quién es el responsable por el destrozo que ha supuesto el calentamiento global en cada uno de los casos.
Al ser el primer tribunal de su carácter, se respira la energía y la determinación que fortalece y legitima la propuesta. Más allá, mientras en todo el mundo se escucha alto y claro un grito contundente contra el cambio climático, junto con llamamientos por la justicia, el Tribunal tiene una característica realmente especial más allá de la variedad de los representados, y es el fundamento sobre el cual se basa el reclamo por la justicia. Este fundamento es el amor que se siente en América Latina hacia la Pachamama – o la Madre Tierra. Es decir, más que alertas sobre un futuro negro pero lejano e incierto y difícil para muchos imaginar, los colectivos e individuos presentes en Cochabamba durante esta semana de Minga, o movilización por la Madre Tierra ya están viviendo los efectos del cambio climático en su carne.
Es por eso, quizá, que el reclamo por la justicia climática es tan sumamente profundo, poético y urgente. “Por mi familia exijo justicia climática,” escribió Judith Maldonado, de la organización colombiana Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, contraparte de InspirAction, sobre una pancarta que sostuvo mientras mantenía una expresión digna y seria. “Por mi madre: la Tierra. Por mi padre: el Firmamento. Por mis hermanos: los árboles y los ríos. Por mis hermanas: las aves.”
Los colectivos indígenas y de campesinos, por su parte, toman un protagonismo absoluto, como es natural,dado el hecho que son las comunidades a las que representan que más años llevan alertando del peligro que supone el calentamiento global, y también las que más están sufriendo a causa de este gravísimo fenómeno.
Y si para algunos pocos el cambio climático sigue suponiendo un área de estudios científicos complejo y difícil – que debe de ser abordado por expertos y no por la sociedad civil en su totalidad – para Amelia Ticona, mujer indígena y Secretaria Ejecutiva de la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar de Bolivia, no es el caso. Ella ha visto sus propios derechos y los de muchas mujeres provenientes de las zonas rurales de Bolivia suprimidos casi en su totalidad a causa de las irresponsables y criminales prácticas que conducen al cambio climático.
“A causa del cambio climático,” dijo Ticona, “muchas mujeres jóvenes migramos de zonas rurales hacia las ciudades, buscando una mejor vida. Pero lamentablemente no se nos cumplen nuestros sueños.” Ticona explicó cómo, en la ciudad, sin la preparación adecuada, sufren discriminación y pobreza. Es decir, el cambio climático destruye vidas de manera múltiple: a la primera forzando el desplazamiento y el dejar atrás a la familia y la tierra, y a la segunda y de manera continua, forzando al desplazado a sobrevivir como puede en condiciones de vida en las que sus derechos no están garantizados.
Es más, para muchos y muchas de los presentes, la relación entre el ser humano y la Tierra es una relación mucho más consciente de la que generalmente se puede llegar a tener cuando la urbanización se convierte en el único modelo plausible de sustento para la vida. De manera recurrente, los participantes en el Tribunal insisten que en la lucha contra el cambio climático se debe integrar el importantísimo elemento de respeto hacia las diferentes maneras de vivir que hay en el mundo. Solo así se podrá lograr el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Y lograr ese equilibrio, según los colectivos indígenas presentes, es precisamente la clave del éxito, cuando lo logremos, en el viaje hacia la justicia climática.





PRIMER TRIBUNAL INTERNACIONAL DE JUSTICIA CLIMÁTICA EN BOLIVIA

Portal del Medio Ambiente (www.portaldelmedioambiente.com)

Con el objetivo de identificar y sancionar moralmente a quienes atenten contra el medio ambiente, este 13 y 14 de octubre se ha celebrado la Primera Audiencia Internacional de Justicia Climática en Cochabamba, Bolivia, y se retende que la ONU continúe dicha labor.
Esta iniciativa surge ante la búsqueda de compromisos y soluciones que los gobiernos del mundo no han sido capaces de lograr contra el Cambio Climático.
La iniciativa busca incidir en instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para que avance en la formación de tribunales que juzguen los delitos relacionados con el cambio climático, además de buscar opciones para la preservación del medioambiente.
El tribunal ha recibido al menos diez denuncias de pueblos y naciones indígenas, afrodescendientes, movimientos campesinos y de pescadores, de Perú, Colombia, El Salvador, Brasil y Bolivia que serán argumentados en las audiencias y analizados por un tribunal formado por reconocidos activistas sociales y ambientales, entre ellos el ecologista Ricardo Navarro, en representación de Amigos de la Tierra Internacional. "Los paises ricos tienen que reducir radicalmente sus proprias emisiones de gases de efecto invernadero ya. Eso es el primer paso hacia la justicia climatica. Ademas la deuda climatica y ecologica tiene que ser reconocida y pagada. Falsas soluciones como los agrocombustibles no son aceptables," segun Irene Velez de CENSAT AGUA VIVA (Amigos de la Tierra Colombia) y co-cordenadora del programa de justicia climatica de Amigos de la Tierra Internacional.
El Primer Tribunal Internacional de Justicia Climática también es el resultado de una iniciativa que hiciera el presidente boliviano, Evo Morales, en septiembre pasado en una conferencia de las Naciones Unidas, en la que propusiera la creación de un tribunal contra el cambio climático, como instancia de investigación permanente a gobiernos y empresas que contaminan el medio ambiente.
El gobierno de Evo Morales ha mostrado una firme postura en defensa del medio ambiente y la Madre Tierra y sus posiciones en las negociaciones de Naciones Unidas sobre cambio climatico han sido muy constructuivas, según Amigos de la Tierra Internacional.
El comité organizador de la Primera Audiencia del Tribunal lo conforma la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Amigos de la Tierra Internacional, entre otras organizaciones.





LAPTOP DE JEFE DE LAS FARC PONE AL DESCUBIERTO A EVO MORALES

Reyes sabía de reuniones del llamado Congreso Bolivariano de los pueblos (CBP).

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

Los e-mails hallados en la laptop del extinto líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Luis Edgar Devia Silva, alias “Raúl Reyes”, continúan dando qué hablar, esta vez se refieren a los movimientos de los líderes de diversos gremios de distintos países que participaron en el II Congreso Bolivariano de los Pueblos (CBP), como la intervención del presidente de Bolivia, Evo Morales en el 2004.
Según información obtenida en ese entonces, Morales, máximo dirigente del Movimiento al Socialismo de Bolivia, participo de dicha reunión organizada en Venezuela del 6 al 9 de diciembre de ese año, la que además fue inaugurada por el presidente de ese país, Hugo Chávez. Toda esta información era procesada por Nubia Calderón, alias “Amparo”, para consumo de Reyes.
“Amparo”, además, informa a “Raúl Reyes” que el dirigente –en ese entonces– de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Roger Taboada, se encontraba trabajando para la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB) en Perú.
Los vínculos de Chávez
El ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo en la oportunidad del bombardeo en Ecuador a una base de las FARC en la que murió Raúl Reyes, un hallazgo sorprendente, que la Interpol no había podido hacer. Abrieron la laptop y encontraron un total de 27 discos duros con información de Chávez.El equipo de investigación también encontró 32 discos duros que incriminaban a Correa y 19 discos duros que se referían a Evo Morales.
"Nos llevará mucho tiempo ir develando al público las espantosas noticias sobre los gobiernos castrochavistas comunistas telesureños que participan en el ALBA", expresó John Jairo Padilla, uno de los expertos en laptops que hizo el hallazgo en esa ocasión.
El ministro de Defensa Santos afirmó en ese momento que las noticias iban a salir posteriormente. "Iremos sacando las noticias según los presidentes comunistas vayan dando declaraciones a la prensa internacional, para poder desmentir sus patrañas, vea." expresó Santos.Lo anterior se ha ido confirmando como queda reseñado en esta nota.
US$ 300 mil para Correa
A mediados del año 2008, otro escándalo generó mayor enfrentamiento, del que ya había, entre Colombia y Ecuador, y es que desde el país cafetero se informaba que algunos correos electrónicos de la computadora de “Raúl Reyes” implicaban al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, como supuesto beneficiado por el dinero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Nada más que con un monto de US$ 300 mil.El frente 48 de las FARC, que opera en el departamento fronterizo de Putumayo, habría sido el que más dinero aportó para la campaña de Correa, en su mayoría proveniente del narcotráfico, precisaron fuentes colombianas.En uno de los correos hallados en las computadoras de Luis Edgar Devia, éste le reporta al desaparecido líder histórico de las FARC, Pedro Antonio Marín (a) "Tirofijo", que el dinero se le entregará a Nubia Calderón, alias "Esperanza", contacto de los rebeldes con delegados de la campaña de Correa."Cordial saludo, Edgar ya tiene los 100 mil dólares para la campaña de Correa. 'Esperanza' los llevará a Quito y estamos listos para hablar sobre el plan de cooperación en la frontera", dice ese mensaje enviado por "Raúl Reyes" a "Tirofijo".En otro de los correos, Jorge Briceño, alias "Mono Jojoy", asegura que serán entregados 300 mil dólares, de los cuales ya fueron girados 100 mil."El bloque oriental donó 50 mil y el sur 20 mil, quedan 30 mil para los restantes cinco bloques. Estos se le deben al frente 48", según el mensaje.
Secretos de la laptop
Las noticias recuerdan que el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, salvó de un atentado que las FARC pretendían cometer contra su vida durante alguna de sus visitas a España. En ese entonces, se informó que una radio colombiana reveló, citando a fuentes no identificadas, que esto se comprobó a raíz del encuentro de un e-mail en la laptop de “Raúl Reyes”."Te propongo que elabores el proyecto que orienta el camarada sobre el atentado en Madrid. El próximo martes yo te estaría pasando el proyecto de respuesta al Caleño. Espero tu opinión hoy mismo", esto es lo que decía el mensaje.De otro lado, precisaron que este no habría sido el único crimen que se planificaba en Madrid, puesto que en otro e-mail se habría hecho referencia a Noemí Sanín, quien fue embajadora de Colombia en España entre el 2002 y el 2007.
Además, en otro correo de “Cano” (fechado el 12 de febrero de 2007) se dice que "valdría la pena intentar algunas acciones militares como saludo bolivariano al señor (George W.) Bush cuando visite nuestro país". Este mensaje lo habría escrito a 'Tirofijo' en referencia a un viaje que el presidente de Estados Unidos realizó al país cafetero el 11 de marzo del año pasado
¿Qué es el cbp?
El Congreso Bolivariano de los Pueblos, es –según sus propagandistas– “un espacio que nace de las urgencias de los pueblos latinoamericanos caribeños, lugar donde las fuerzas populares, democráticas y patrióticas de América podrán discutir y resolver las líneas comunes de acción en el camino de la integración y la unidad”
Cabe precisar que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, quien participó en el acto de inauguración de la primera reunión de trabajo del CBP, señaló claramente en aquella que en la lucha por la unidad “muchos factores harán falta, pero hay uno que es fundamental, esencial como el oxígeno: los pueblos”.
La actitud que Chávez implementó después confirmó esta aseveración, pues en todos los países comenzaron a impulsarse esta clase de movimientos. En el Perú, bajo el patrocinio violentista de Ollanta Humala y de sus aliados radicales, este Congreso organizó movimientos y reuniones.





DOS CAMINOS PARA LA OPOSICIÓN BOLIVIANA

Revista Analítica de Venezuela (www.analitica.com)

El Fiscal General de Bolivia, Eduardo Morales, anunció ayer que acusará al candidato a vicepresidente, Leopoldo Fernández, por “terrorismo, homicidio, lesiones graves, asesinato, y asociación delictuosa”, debido a su presunta responsabilidad en la masacre de Pando. Evidentemente, el gobierno boliviano quiere inhabilitar a Fernández, tal como lo hizo Chávez el año pasado con centenares de opositores.
Frente a esta situación, los factores democráticos bolivianos tienen dos alternativas: tratar a Evo Morales como un presidente legítimo, tal como hacen los opositores venezolanos con Chávez; o luchar por liberar a su país de una tiranía castro-comunista, imitando el ejemplo de los hondureños.
Si optan por el segundo camino, hay tres elementos que podrían serles de gran utilidad: Primero, el informe sobre Pando -presentado por UnoAmérica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- que prueba la clara culpabilidad del Alto Gobierno en los asesinatos perpetrados en las localidades de El Porvenir y Cobija (septiembre de 2008). Se trató de una agresión planificada con el objetivo de encarcelar a los opositores y de tomar el control del departamento de Pando.
Segundo, las nuevas evidencias -presentadas la semana pasada por un equipo de peritos húngaros- las cuales demuestran que las muertes de Eduardo Rózsa, Arpád Magyarosi y Martin Dwyer en el Hotel Las Américas (abril de 2009), fueron ejecuciones a sangre fría, ordenadas por el gobierno. Los objetivos de esta operación fueron responsabilizar a los autonomistas de un golpe separatista y justificar una razzia contra la oposición cruceña.
Y tercero, los indicios, cada vez más preocupantes, sobre los planes del gobierno para llevar a cabo un fraude electoral en gran escala, basado en la tergiversación del padrón electoral y la incorporación de millones de votos fantasma. Todo con el apoyo de técnicos cubanos y venezolanos.
Para Evo Morales, los próximos comicios constituyen una farsa. Lo único que le interesa es legitimarse, para luego radicalizar su posición e iniciar una feroz persecución -definitiva y final- contra todos sus adversarios.
Los factores democráticos bolivianos deben moverse con rapidez; puesto que ya se ha difundido una matriz de opinión nacional e internacional -en mi opinión financiada con petrodólares venezolanos- según la cual Evo Morales es el seguro ganador de las elecciones presidenciales de diciembre.
Confío en que la triste experiencia venezolana les sirva, al menos, para no cometer los mismos errores. Y espero que el valioso testimonio de los hondureños les ayude a impedir que se consolide una tiranía en Bolivia.





MUJERES PERUANAS Y BOLIVIANAS ESTABLECEN REDES COMERCIALES EN HOLANDA

ADN de España (www.adn.es)

Más de treinta mujeres de Perú y Bolivia participan esta semana en dos proyectos comerciales para promocionar productos artesanos, agrícolas y textiles en Holanda y reforzar sus lazos con este país.
"Está siendo un éxito", comentó hoy a Efe la coordinadora de la organización holandesa "Yente", Ivette van Dok, encargada de concertar la visita.
"Tratamos de vincular a las mujeres empresarias de Holanda con otras de países en vías de desarrollo, como Perú, Bolivia y Kenia (...) pero estos encuentros sirven no sólo para afianzar los contactos entre las mujeres europeas y las latinoamericanas, sino también los contactos internos entre bolivianas, peruanas y kenianas", añadió.
Van Dok recordó que una delegación de empresarias holandesas ya viajó el año pasado a Perú y Bolivia con el mismo objetivo comercial y que en estos momentos se estudian "nuevos programas de seguimiento" para afianzar todavía más esos vínculos.
Según fuentes de la Embajada de Perú en Holanda, este proyecto "tiene un doble objetivo: fortalecer las capacidades de las mujeres empresarias para su ingreso competitivo en el mercado holandés y europeo en una coyuntura de crisis económica global e impulsar la creación de empleo y reducción de la pobreza en sus países".
El programa ha coincidido en esta ocasión con otro organizado por el "International Trade Center" de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
Según una de las coordinadoras de este segundo proyecto, Rupa Ganguli, el objetivo es "incrementar la exportación en un modo sostenible".
La ONU concentra este programa -en el marco del cual han viajado a Holanda 12 mujeres peruanas- en el sector textil, en concreto en la alpaca y el algodón orgánico.
Ganguli indicó a Efe que se trabaja sobre ejes como "el desarrollo del diseño y del producto, el marketing de los materiales, el desarrollo de planes de negocios y la elaboración de material promocional como catálogos" para que cada vez las mujeres sean más profesionales y autónomas en sus negocios.
Las mujeres del programa "Yente" regresan a Perú el próximo sábado, mientras que las del programa de Naciones Unidas todavía visitarán Francia, con el mismo objetivo.





APUESTAN POR LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA

Petróleo. Se debe permitir reforzar a las empresas petroleras estratégicas. Expertos coinciden en la necesidad de reformular el modelo económico que ha propiciado la debacle del sector

La República de Perú (www.larepublica.pe)

El aplanador modelo privatista que aún impera en las principales economías de América Latina y que encontró su punto de quiebre con la crisis externa es revisado por los expertos que ven el desarrollo de los países en el fortalecimiento de las empresas estatales estratégicas.
El serio problema es traído al ruedo público en un contexto en el que el desarrollo energético en la región se ve amenazado por las transnacionales, que con la anuencia de los gobiernos debilitan las empresas petroleras estatales.
En el libro La batalla por el petróleo y el gas en América Latina, escrito por cuatro especialistas de México, Brasil, Bolivia y el Perú, se detalla la situación crítica que vive cada uno de estos países en materia energética. Una realidad que a pesar de las distancias presenta las mismas debilidades.
Cuauhtémoc Velasco Oliva, diputado Federal de México y uno de los autores del libro, revela que desde el 2007 el gobierno mexicano emprendió una campaña de privatización y “desmantelamiento” de Pemex, la empresa estatal Petróleos Mexicanos.
Una falacia mal intencionada
“Al igual que en el caso de Petroperú, el gobierno mexicano intenta vender la idea de que Pemex no cuenta con la tecnología ni con los recursos necesarios para los procesos de explotación y exploración, lo cual es una falsedad”, señala.
Y es que solo en el 2004 Pemex exportó alrededor de 1.8 millones de barriles de petróleo al día y posee una capacidad de exploración de mil metros de profundidad.
Aunque el intento por debilitar a la empresa estatal aún es intensa, Eduardo Paz Rada, ex diputado Boliviano, asegura que ya se percibe un retroceso en el modelo, que según afirma ha demostrado beneficiar solo al sector privado en desmedro de los países.
En este punto, el investigador peruano Manuel Dammert criticó que en el Perú se permita que las empresas petroleras extranjeras aporten en algunos casos tan solo 5% de regalías, cuando la media mundial se ubica en 84%. Hecho que respalda los argumentos de Rada.
Pero a diferencia del Perú, donde la empresa estatal aún es muy débil, en Bolivia actualmente el 82% de la producción de petróleo está bajo el control del Estado y solo el equivalente al 18 % se otorga a las empresas transnacionales. Cambio sustancial que permitió que Bolivia recupere al año US$ ,500 millones y no solo los US$ 300 millones que percibía.
“La nacionalización del gas y del petróleo le está permitiendo a Bolivia invertir significativamente en educación, salud y una serie de programas sociales que están beneficiando a la población”, dijo.
La guerra por el petróleo
Sin embargo, el ejemplo boliviano es visto con temor por grandes grupos empresariales peruanos, que advierten de una fuga de inversiones en caso esto ocurriera en el país. Teoría que es rebatida por Manuel Dammert, quien consideró que encontrar petróleo en estos tiempos se vuelve cada vez más difícil y costoso. “Se va a producir una guerra encarnizada por el petróleo, y las empresas privadas tendrán que aceptar las nuevas condiciones que otorguen los países que lo poseen, para eso necesitamos empresas estatales sólidas”, comentó.
Lamentablemente el desarrollo energético de la región aún depende algunas pocas empresas.
Brasil: experiencia del petróleo
El caso brasileño no es muy diferente. Fernando Leite Siqueira, presidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobrás, comentó que a pesar de que el presidente Lula Da Silva presentó una propuesta para garantizar el desarrollo energético de Brasil existe gran presión de los grupos empresariales para que esta no proceda. El proyecto plantea que el Estado vuelva a ser dueño y operador mayoritario de los yacimientos petroleros que se exploten, además de incrementar el porcentaje de regalías que pagan las empresas privadas al gobierno, por lo menos a la media mundial de 84%. Sin embargo, según Leite, los lobbies actúan en todas las esferas para impedir la independencia energética.










KAREN SCHWARZ: ‘A EVO MORALES LE ATRAE EL LÁTIGO DE MI DISFRAZ’

Net Joven de Perú (www.netjoven.pe)

La Miss Perú, Karen Schwarz, dijo entre risas en el programa Entrometidas de CPN Radio que la obsesión del presidente de Bolivia, Evo Morales, con su traje inspirado en la Diablada puede ser porque le atrae el látigo de su disfraz. “A mi me parece rarísimo que un presidente entre en dimes y diretes con una miss. Lo entendería si pasa entre dos misses, pero que lo haga él deja mucho que desear. Creo que el látigo de mi disfraz de Diablada es lo que le atrajo a Evo Morales”.
Asimismo aprovechó para enviarle un mensaje al mandatario boliviano.
“Al presidente Evo Morales le quiero decir que Perú jamás le quiso quitar la Diablada, y le doy las gracias porque hizo que la diablada de Perú y Bolivia se haga conocida. Obviamente”.
Finalmente, Schwarz comentó también entre bromas, que no podría ver al presidente boliviano como su Ekeko, porque ella ya tiene el suyo, refiriéndose a su novio el jockey Carlos Trujillo, de quien desmintió que midiera 1.30mts. "Él mide 1.60, tampoco es tan exagerada la diferencia, pero lo importante es que nos llevamos bien y lo quiero mucho", acotó.





TAIWÁN NO PLANTEA FINANCIAR COMPRA DE ARMAS PARA NUESTRO PAÍS, AFIRMAN

La República de China (Taiwán) no planteó financiar la compra de armas para nuestro país, dijo ayer el canciller Héctor Lacognata, luego de reunirse con el embajador taiwanés, Lien-sheng Huang. Informó que el presidente Lugo fue invitado a visitar Taiwán.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

El Gobierno taiwanés estaría interesado en financiarle la compra de armas de guerra para nuestro país, a fin de que Paraguay no quede rezagado en la carrera armamentista que iniciaron varios países sudamericanos, según fuentes no oficiales. El supuesto ofrecimiento de Taiwán ya fue transmitido al Gobierno paraguayo.
Ayer a la mañana, el canciller Lacognata recibió al nuevo embajador taiwanés. Al terminar la audiencia, Lien-sheng Huang no quiso brindar declaraciones periodísticas y argumentó que tenía otros compromisos oficiales, para eludir a los hombres de prensa.
Consultado posteriormente acerca de si Taiwán le ofreció a Paraguay comprar armas, Lacognata contestó: “Ese tema no fue planteado por el embajador”. Señaló que desconoce tal propuesta. “Nosotros nos manejamos en el ámbito diplomático” y no por versiones periodísticas, comentó sobre el supuesto ofrecimientoLa versión extraoficial surgió cuando la República Popular de China vendió a Bolivia (vecino de Paraguay) seis aviones de combate. Esta información fue ocultada por las autoridades bolivianas que estuvieron en Asunción el 16 de setiembre pasado, durante la reunión de cancilleres y ministros de Defensa de Paraguay y Bolivia (dos más dos).
Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas con la República Popular de China, pero sí tiene vínculos oficiales con la República de China (Taiwán) desde 1957.
Rusia ofreció también un empréstito de US$ 100 millones a Bolivia para que compre un avión presidencial, helicópteros supuestamente no artillados y armas de fuego. Esta información sí fue proporcionada por las autoridades bolivianas cuando estuvieron en Asunción el mes pasado.
Argumentaron que la compra de armas es para “combatir la pobreza”. Al parecer, el argumento no convenció a Paraguay, motivo por el cual presentó sendas quejas por el creciente armamentismo sudamericano en las reuniones de Unasur y la Asamblea General de las Naciones Unidas. En breve, lo hará también ante la Organización de Estados Americanos.
Lacognata explicó que el embajador taiwanés entregó ayer una invitación para que el presidente Lugo visite oficialmente Taiwán en enero de 2010.





TENSIÓN EN CHILE POR MAPA TURÍSTICO QUE FAVORECE A PERÚ

La República de Perú (www.larepublica.pe)

La Haya. Francia Negó implicancia topográfica y limítrofe. Instituto Geográfico francés marca línea equidistante en el límite marítimo Perú-Chile.
La difusión de un mapa turístico que circula en Francia, el cual supuestamente daría la razón al reclamo del Perú ante el tribunal internacional de La Haya al considerar la equidistancia en el límite marítimo con el vecino del sur, generó tensión en Santiago y avivó el debate electoral en ese país.
En Lima, el tema no pasó inadvertido para el gobierno –hubo rostros sonrientes en Palacio de Gobierno y en Torre Tagle–, aunque el canciller José Antonio García Belaunde evitó declarar al respecto.
Réplica francesa
El gobierno francés se vio precisado a aclarar antes de que se encienda más el debate. Su embajadora en Chile, Maryse Bossiere, habló con el indignado ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, y le explicó que la cartografía tiene fines solo turísticos.
“Esos mapas no tienen ninguna implicancia topográfica ni limítrofe, y normalmente esa bisectriz no se fija en los límites marítimos porque ese mapa solo tiene la finalidad de determinar la diferencia horaria, para que un turista sepa si son las 10 o las 9 de la mañana”, dijo la diplomática.
Pendientes del aclare
Horas antes, José Antonio Viera Gallo anunció que su gobierno “exigirá una aclaración” al Instituto Geográfico francés, autor de la cartografía.
“Nuestra embajadora, junto con el equipo de la Cancillería que está en París tratando temas del límite, ha pedido audiencia ante el instituto, y ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia para hacer presente la exigencia de Chile que ese mapa, si realmente fuera el mapa que el diario El Comercio de Lima indica, sea rectificado, porque no corresponde a la verdad ni histórica ni jurídica”, subrayó el secretario de Estado.





RR.EE. REDUCE EN $3 MIL MILLONES FONDOS DE ORGANISMO PARA TEMAS LIMÍTROFES

El Mercurio de Chile (www.elmercurio.com)

Sus gastos son reservados y se manejan con muy bajo perfil. Sin embargo, el Programa Especial de la Dirección de Fronteras y Límites -organismo que depende de la Cancillería- es una pieza clave para la política exterior chilena.
Ahí se revisan las actividades relacionadas con el litigio con Perú en la corte internacional de La Haya, los estudios por la controversia con Bolivia sobre el Silala, el lento y complejo trabajo técnico con Argentina para la demarcación pendiente en Campos de Hielo Sur y los análisis para pedir ante la ONU la extensión de la plataforma continental en la Antártica.
De acuerdo con el proyecto de ley para fijar el presupuesto de la Nación del próximo año, los fondos del Programa Especial de límites fueron reducidos en cerca de $3 mil millones. Según documentos disponibles en la página en internet de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el 2009 recibió poco más de $9 mil millones, mientras que para 2010 se solicitaron recursos por $5.800 millones.
Aunque la Cancillería declinó entregar una versión por este punto, de manera extraoficial trascendió que parte de la disminución se explica porque Chile ya entregó en mayo pasado ante la ONU su informe sobre la extensión de su plataforma continental en la Antártica. Texto para el que contrató a expertos y análisis, y que realizó durante 2008 y 2009.
En tanto, el canciller Mariano Fernández se reunió ayer en París con los abogados extranjeros contratados por Chile para su defensa en La Haya. Junto a parte importante de la plana mayor de RR.EE., incluido el agente y vicecanciller Alberto van Klaveren, y seis abogados del estudio Freshfields, Bruckhaus, Deringer, revisó el borrador de la contramemoria, que contiene los argumentos chilenos ante la demanda peruana.
La contramemoria tiene como plazo de entrega el 10 de marzo de 2010. Según dijo la semana pasada el canciller Fernández en una reunión al embajador de Perú, Carlos Pareja, el documento será entregado después de la segunda vuelta presidencial, en enero próximo. "Fue un trabajo de gran calidad que se apoya en elementos irrefutables de la historia, del derecho y la geografía", afirmó ayer el ministro tras la cita en París.