viernes, 10 de junio de 2016

CHILE ADMITE QUE CANALIZO LAS AGUAS DEL MANANTIAL DEL SILALA



La aplicación, como se denomina a la demanda que Chile presentó el 6 de junio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reconoce que el Silala nace en territorio boliviano y que la empresa FCAB solicitó permiso para el uso de las aguas y realizar obras de canalización. Cada una de estas aseveraciones está incluida en el documento chileno, de 54 puntos, que liberó el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, a través de su portal en internet (http://www.icj-cij.org/docket/files/162/19020.pdf).




El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, y la agente en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para la demanda por el Silala, Ximena Fuentes, ingresaron en contradicciones sobre el alcance del preacuerdo de 2009 que estableció el pago chileno por el 50% del uso del recurso hídrico.  Fuentes admitió que esas aguas son usadas en la minería y reveló que un argumento de la demanda es que Bolivia no las usa.
“Es una muy mala lectura del acuerdo señalar que Chile iba a pagar, eso no está en ninguna parte del acuerdo”, afirmó Fuentes y aseguró ayer que lo negociado fue que “Bolivia pudiera vendar esas aguas a usuarios chilenos, si hubiera usuarios interesados”. En consecuencia, insistió, “no tiene nada que ver con una aceptación de Chile de pagar por el uso de las aguas”.
Muñoz, no obstante, reconoció que en 2009 "hubo un principio de entendimiento (sobre el pago por el uso de las aguas del Silala) en el cual, lamentablemente, como en muchas otras ocasiones, sostuvo, Bolivia se retiró".
Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se reconozca su derecho de uso de las aguas en disputada por considerar que son parte de un río internacional y no de manantiales, como sostiene el demandado. El presidente Evo Morales anunció una contrademando para precautelar la soberanía sobre ese recurso natural.
Fuentes llegó el miércoles a Santiago tras presentar el litigio en la Corte de La Haya. En una entrevista con CNN Chile reveló que entre los argumentos de la demanda está el que el recurso natural pasa a suelo chileno. “Otro argumento muy importante” es que “Bolivia no tiene ningún uso útil, hoy día, del río Silala”, sostuvo.
El Gobierno de Evo Morales afirma que el cauce del recurso fue desviado artificialmente por medio de la construcción de canales en 1908, pero además denunció que el líquido es utilizado por empresas mineras y no es destinado al consumo humano, un criterio que confirmaron autoridades del norte chileno, entre ellos el alcalde de Calama, Esteban Velásquez.
Fuentes admitió este jueves que las aguas que discurren hacia Chile tienen otros usos. “Tiene diversos usos. Uso para consumo humano, para la minería, la minería es una de las actividades más importantes que nosotros tenemos en el norte. Ese uso de la minera es de uso industrial pero también es un uso de consumo humano, los campamentos mineros tiene que tomar agua… el punto es que hay usos todos los cuales son beneficios para Chile y Chile va a defender estos recursos naturales como parte de su patrimonio nacional”, enfatizó.
Santiago invocó en su demanda el “derecho internacional consuetudinario” y la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos a la navegación, que “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.  (LA RAZON)




INVESTIGADOR MILTON LÉRIDA: BOLIVIA DEBE EJERCER SOBERANÍA EN EL SILALA

La propuesta del experto potosino se basa en tres aspectos: uno, tomar como prioridad sentar soberanía en la región del Silala, lo más antes posible; dos, sancionar y promulgar una “ley de desarrollo de frontera”, propuesto al parlamento el 26 de abril de 2016; tres, impulsar el asentamiento poblacional en la zona fronteriza de los bofedales del Silala.
“Bolivia tiene que utilizar las aguas de tal manera que no demos motivo, espacio, ni lugar para que los chilenos puedan argumentar que esas aguas son un río internacional”, declaró.
Explicó que para poder ejercer la soberanía sobre las aguas del Silala se deben construir de forma urgente una carretera, además una infraestructura para el asentamiento humano y aprovechar los recursos que están en los alrededores, de modo que esta beneficie, inclusive, a la Laguna Colorada, que actualmente está secándose. “Hay que hacer una ingeniería, podemos hacer que otras lagunas que también están secándose puedan ser llenadas con aquellas aguas”.
Sugirió que en el lugar también se podría proyectar la construcción oficinas públicas de beneficio para el país, además de hoteles o caso contrario se podría emplear para la crianza de camélidos.
Enfatizó que deben crearse fuentes de trabajo en cercanías a la frontera, que permitan el aprovechamiento del territorio y de las aguas.
RESPALDO CONSTITUCIONAL
Fundamentó que el artículo 349 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que “los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”. De complemento está el artículo 374 de la CPE, que dice: “El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida”.
El artículo 262 de la CPE también señala que se “constituye zona de seguridad fronteriza los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera, individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio, directa o indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo y subsuelo”.
COMCIPO
El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Jhonny Llally, expresó que sentar soberanía no es ir de visitar hasta el Silala, sino asentarse, de ese modo coincidió con Lérida, respecto a efectuar un asentamiento efectivo y operativo en actividades en aquel sitio.
Señaló también que, en la comisión que se conformará para la defensa de los recursos hídricos del Silala, debe estar gente experimentada potosina, puesto que es la que conoce el territorio.
“Vamos a defender lo que es del Estado, su territorio vamos a defender nuestros recursos hídricos. Nosotros estamos seguro que el 100% es de propiedad boliviana (…) El potosino conoce todos los rincones de su territorio”, subrayó Llally.
DESDE EL PARLAMENTO
Por su parte, la jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), diputada por Potosí, Rosa Álvarez, aseguró, en conferencia de prensa, que el Silala es de Bolivia, porque se encuentra dentro del departamento potosino.
“Las aguas del Silala nacen en el territorio de Potosí, Chile ha utilizado durante tantos años y eso hace que nuestro presidente las defienda y nosotros estamos ahí apoyándole, todo el departamento, todo el Estado”, declaró Álvarez.
Por otra parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, enfatizó sobre las declaraciones del excónsul de Chile en Bolivia, Jorge Canelas, quien dijo que Chile debió buscar otras soluciones antes de demandar a Bolivia por las aguas del Silala.
Montaño aseguró que aquella aseveración es una muestra de que en el vecino país existen discrepancias entre sus propios diplomáticos.
“El señor dice, nos surge una duda. Bolivia toma al parecer se toma las cosas con una mirada de mayor alcance, si ellos tomarían para elaborar dos años una demanda y nosotros la planteamos en un par de meses ¿No es que nos estamos apresurando? (…) Es decir, el excónsul de Chile en Bolivia reconoce que la decisión de la demanda por parte de Chile fue una decisión probablemente apresurada”, declaró en conferencia de prensa. (EL DIARIO)






RENÉ MARTÍNEZ CALLAHUANCA: "LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE BOLIVIA ES INVARIABLE"

El ex senador, designado como secretario general del Consejo de Defensa del Silala por el presidente Evo Morales, explica a Publimetro detalles sobre la reacción en su país frente a la demanda presentada por Chile ante La Haya.

Publimetro de Chile (www.publimetro.cl)
                                                                           
- ¿Cómo toman desde el Consejo la ofensiva lanzada por Chile al demandar a Bolivia ante la CIJ, adelantándose a lo anunciado por Evo Morales?
Este hecho tiene dos lecturas: una política y la otra jurídica. La primera no es ninguna sorpresa y la consideramos una reacción ante la acertada decisión del compañero presidente Evo Morales del pasado 23 de marzo pasado (el anuncio de la demanda boliviana). Además, entendemos que internamente, este vaciamiento de legitimidad hace que haya primado un afán de apresuramiento por parte de Chile, antes que evaluar y desglosar estudios de hechos que a lo largo de la historia de nuestros países se dieron en torno al Silala, como la agenda de 13 puntos (2006) que particularizaba la discusión sobre la naturaleza de las aguas, que en el contexto nuestro obedece a manantiales milenarios del territorio boliviano.
La otra lectura es que observamos contradicciones y ambivalencias que cambian de comportamiento, en relación a la demanda anterior. A criterio del canciller chileno era un comportamiento inamistoso que incomodaba a dos hermanos países, pero ahora estos criterios parecen haberse cambiado y sobre esa base consideramos que la decisión estratégica de Bolivia es invariable.
- El presidente Morales anunció en marzo que tomaría cerca de dos años la preparación de la demanda boliviana. ¿La acción chilena afecta ese plazo?
No, porque ya hay una acumulación de estudios. Probablemente necesitemos hacer complementaciones y, calculando los tiempos de los procesos que La Haya exige en la acreditación de la gente y en establecer la memoria y la contramemoria, hay un tiempo útil que nos va a permitir cumplir con nuestra agenda, la que ya estaba dispuesta por nuestro presidente.
- ¿Cuáles son los argumentos más fuertes de Bolivia que sustentan su tesis de que el Silala es un manantial y no un río internacional?
Nuestra tarea es demostrar que tenemos la verdad de los hechos. Hay una estructura natural que en el lugar de los hechos va a a mostrar ocularmente que hablamos de aguas que emanan de un manantial que está en territorio boliviano, a diferencia de la pretensión forzada y tergiversada que con la demanda se intenta plantear, sobre que el Silala es un río internacional.
- ¿Qué opinión le merecen los argumentos planteados por Chile para considerar al Silala como un río internacional?
Son muy débiles, ausentes de fundamentación jurídica y con muchas distorsiones. Hay una ausencia de estudios técnicos, aunque se dice que los hay, pero no parecen mostrar suficiencia sobre lo que se presenta. Seguramente, buscando cumplir con el procedimiento, va a haber mayores profundizaciones. No se menciona, y se entiende porque así les conviene, la construcción de obras civiles en la zona y el drenaje y la canalización de estas aguas, o el empedrado y la mampostería de obras civiles, que tienen un propósito.
Todos estos criterios nos muestran que una valoración técnica va a pesar mucho a la hora de las definiciones. 
- ¿Cree que con el tema del Silala se podría producir una reacción similar a lo ocurrido con la demanda marítima ante La Haya? 
Primero, haciendo hincapié en que son dos temas diferentes, estamos seguros de que una inspección ocular en el lugar de los hechos les puede graficar de manera incuestionable que estamos hablando de aguas producto de manantiales milenarios. Cualquier ciudadano del mundo que pueda visitar el lugar va a reconocer y abrazar esta deuda histórica que se tiene con nuestro país y va a ser solidario con nuestra legítima posición de sentar soberanía sobre esas aguas. 
- ¿Algún mandatario de la región le ha mostrado su apoyo en las últimas semanas?
Vamos a desarrollar varias actividades, hemos tenido una tercera inspección con representaciones internas. Tenemos el anuncio de nuestras propias organizaciones sociales de sectores que están con el deseo de conocer estos lugares, y creo que ese hecho va a gravitar un sentimiento unitario con el que nos encontramos todos los bolivianos en torno a las aguas del Silala.





OPINION: CHILE-BOLIVIA; GOBIERNO CHILENO DEMANDA A BOLIVIA

Hispan Tv de Irán (www.hispantv.ir)

En una estrategia destinada a adelantarse a la pretensión boliviana de emplazar a Chile, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya – CIJH – por las denominadas Aguas del Silala,  el gobierno chileno, decidió ser el primero en dar un golpe jurídico y demandó a Bolivia.
Así, el gobierno de Michelle Bachelet, gana el quien vive al gobierno de Evo Morales, quien ya, el pasado mes de marzo, había anunciado que volvería a llevar a Chile a los tribunales internacionales. La mandataria chilena, en la mañana del lunes 6 de junio, declaró que su gobierno solicitaría a la CIJH, que se defina la naturaleza de las aguas del Silala, consideradas por Chile como un Rio de curso Internacional y por Bolivia como un Manantial. Recordemos que  ambos países ya se enfrentan en la CIJH, tras la presentación de Bolivia el año 2013, para exigir a Chile que se siente a negociar con buena voluntad y seriamente una salida soberana al Pacífico para la nación boliviana, perdida en la guerra que enfrentó a ambos pueblos entre los años 1879-1881.
TU DEMANDA Y OTRA MÁS
La mandataria chilena señaló que “Nuestro canciller informará al país que hemos decidido demandar a Bolivia ya que ellos insisten que el Silala son aguas de un manantial. Nosotros sostenemos que es un río de internacional. La demanda es para pedir que la Corte se pronuncie sobre si es un río internacional como decimos nosotros. Hemos decidido tomar la iniciativa ya que creemos que en este sentido han existido muchas acusaciones”. El informe del canciller chileno, Heraldo Muñoz vino a los pocos minutos de terminada la entrevista de la presidenta Bachelet “Chile no puede permanecer pasivo frente a la conducta del gobierno de Bolivia. Por instrucción de la Presidenta de la república a esta misma hora en La Haya, la Directora de la Dirección de Fronteras y Límites de la cancillería, Ximena Fuentes, ha hecho entrega al Secretario de la Corte la solicitud de la demanda chilena, para que se determine si el Río Silala es un Río Internacional” afirmó el canciller chileno.
La demanda chilena, según expresó Heraldo Muñoz se fundamenta en cinco puntos: “solicitamos a la CIJH que decida si el Río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional. Segundo, nuestro país tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las aguas del Río Silala conforme al derecho internacional. Tercero, bajo el estándar de uso equitativo y razonable, Chile tiene derecho al uso que actualmente hace de las aguas del Río Silala. Cuarto, Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas adecuadas, para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile, resultante de sus actividades en las cercanías del Río Silala y quinto, Bolivia tiene la obligación de cooperar con Chile y notificarle, oportunamente, de medidas que haya planificado y que puedan tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de intercambiar ante decentes e información y de conducir, cuando sea apropiado un estudio de impacto ambiental, para permitir a Chile, evaluar los posibles efectos de estas medidas”. Como en el juego del Póquer, Chile le ha dicho a Bolivia, tu demanda y otra más.
El pasado 26 de marzo el presidente boliviano, en una visita efectuada al Cantón Quetena, en el marco de la inauguración de un conjunto habitacional, anunció que su gobierno presentaría una demanda contra Chile por “el uso abusivo de las aguas del Silala” . Como respuesta a esa declaración, el canciller Chileno, Heraldo Muñoz, señaló que “no importa cuántas demandas interponga Bolivia en tribunales internacionales, Chile no cederá territorio soberano. Que se entienda bien, vamos a defender nuestros intereses nacionales con todo. Si se materializa una demanda respecto al uso de las aguas del río Silala, en cualquier momento Chile va a contrademandar a Bolivia”. El gobierno chileno no esperó la acción bolivina y decidió cambiar su crónico comportamiento reactivo. Exigido en ello por la necesidad de nuclear un apoyo político transversal  a un gobierno alicaído, golpeado por hechos de corrupción y el descrédito de la política a los niveles más bajos de su historia.
De esta forma, la histórica pretensión chilena, respecto a que no existen diferendos con nuestros vecinos cae por su propio peso. Así se visualiza, que las fuertes presiones que sufre el gobierno de Michelle Bachelet, con una administración que transita por una de las peores crisis política e institucional desde el retorno de la democracia en Chile el año 1990. Desde Bolivia, en una vuelta de mano esperada, se analiza esta decisión del gobierno de la Nueva Mayoría de acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como reflejo de la idea de tener válvulas de escape de un mandato de gobierno que no remonta en sus índices de apoyo.
Adelantándome a la crítica de este argumento, por aquellos comentaristas dotados de mayores niveles de chauvinismo surgen las interrogantes  ¿No es así como suele entender la diplomacia y los políticos chilenos los argumentos de Bolivia referidos a nuestro país? ¿El asignar a las dificultades internas las demandas y reivindicaciones ante organismos internacionales? Chile ha puesto en marcha una operación diplomática destinada: primero, presentar su demanda antes que Bolivia ante la CIJH. Segundo, poner así en el tapete de la discusión jurídica internacional, el tema del uso y disfrute de las aguas del Silala y su definición. Conceptualización necesaria, porque dependiendo de la manera del cómo se le considere: un manantial, agua de bofedales o un Río de curso internacional, se signará la valoración que se tiene de ese curso de agua, con implicancias históricas, jurídicas, con derechos y obligaciones amparadas por las leyes internacionales.
El gobierno boliviano señala que el Silala, es un manantial surgido de 94 ojos de agua, que no forma ningún flujo o curso que discurra a algún sitio determinado. Situadas en el cantón Quetena, entre los puntos de límite del Tratado de Paz firmado entre Bolivia y Chile a 5 kilómetros de la frontera con Chile.  Consiste en un afloramiento de aguas subterráneas, que forman vertientes con un caudal promedio de 7 litros de agua por segundo y que tiene un sistema de canalización construido hace más de un siglo por la compañía Inglesa The Antofagasta and Bolivian Railway Company – hoy llamada Ferrocarril Antofagasta Chile – propiedad de la multimillonaria Familia chilena de origen croata: Los  Luksic.
Familia que se encuentra entra las 100 más ricas del mundo y  cuyas raíces también  se hunden en Bolivia, nada menos que con Eduardo Abaroa Hidalgo, considerado el principal héroe boliviano en la lucha para detener la invasión chilena del litoral perdido en la Guerra que los enfrentó en la segunda mitad del siglo XIX. Familia Luksic que además fue dueña, hasta el año 2015 de Aguas Antofagasta, lo que implicó redes de alianza tejidas con los gobiernos chilenos, ya sea en materias de privatización de las sanitarias y al mismo tiempo garantizar la defensa del suministro de agua desde los manantiales del Silala, utilizado también para sus inversiones mineras.
La mencionada empresa The Antofagasta and Bolivian Railway Company se adjudicó el uso y aprovechamiento de las aguas el año 1908. Principalmente para abastecimiento de poblaciones del sector, riego, suministro de agua a las locomotoras de vapor, como también para abastecer a las faenas mineras. Según consigna la historiografía boliviana, la Prefectura de Potosí autorizó a la empresa anglo chilena la construcción de canales para el suministro de las aguas de los manantiales pero cuando la empresa cambió la maquinaria por motores diesel, transfirió, unilateralmente el uso de las aguas a Chile. En junio del año 1997, el gobierno boliviano, bajo Gonzalo Sánchez de Losada revocó la concesión al considerar que las aguas del Silala no eran usadas para los fines originalmente establecidos.
EL AGUA COMO FUENTE DE CONFLICTO
Las aguas del Silala, en la actualidad, son recolectadas en un estanque ubicado a 20 metros de la frontera en territorio chileno, donde es concentrada y tratada. 8 kilómetros más abajo existe una represa donde se almacenan las aguas y llevada mediante cañerías para surtir del preciado elemento a las ciudades y pueblos chilenos de Calama, Chuquicamata, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla. Para el gobierno boliviano, el Silala nace y discurre en territorio boliviano, por tanto se debe pagar por ese disfrute. Como parte de una política de cambiar esa percepción y práctica de debilidad, el gobierno boliviano comenzó una lenta campaña destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad y uso de las aguas del Silala. Instalando, por ejemplo, en el año 2013 una empresa de cultivos de truchas, al mismo tiempo que un puesto militar avanzado en la zona.
Señalaba en un trabajo anterior, a propósito de la disputa ad eternum entre nuestros países, ya sea por el acceso soberano al Pacífico, la instalación de bases militares o el uso de aguas como el Silala, que este tema ha estado presente permanentemente Incluso existen documentos que avalan los compromisos de acuerdo, como fue el caso del denominado preacuerdo de 2009, cuando el gobierno chileno asumió el compromiso de pagar por el 50% de las aguas del Silala y que Bolivia ha presentado como la base fundamental para sustentar la demanda – a esta altura la defensa – ante la CIJH por lo que considera el uso ilegal del recurso hídrico de los manantiales que fluyen en su territorio.
Para el Ministro de Autonomías de la nación boliviana, Hugo Siles  “El acuerdo de 2009 es un reconocimiento tácito, un reconocimiento material de Chile a pagar una deuda por concepto de consumo de usufructo de agua. Ese acuerdo es la base fundamental para poder demostrar que hay un tema irresuelto y pendiente que no ha tenido solución” según señaló este alto funcionario. Fueron los actuales gobernantes Evo Morales, de Bolivia, y Michelle Bachelet, de Chile, quienes al término de sus primeros mandatos, en noviembre de 2009 rubricaron un acuerdo inicial mediante el cual Chile se comprometió al pago del 50% del recurso hídrico hasta la realización de un estudio por el que Bolivia buscaba el pago del 100%. El 50%, según el Gobierno, equivalía al pago de us$ 15.000 diarios. Dirigentes cívicos de Potosí rechazaron el entendimiento tras considerarlo insuficiente y el acuerdo no se llevó a la práctica.
En una conversación sostenida con el ex Ministro de Hidrocarburos bajo el Primer Mandato del presidente Evo Morales, el periodista y ex diplomático Andrés Soliz Rada un lustro atrás, este señaló en forma clarificadora, que el tema de la disputa por las aguas del Silala iba a adquirir enorme relevancia entre Chile y Bolivia “porque el problema es tan lesivo para Bolivia que aún si se tratara de un Río internacional, nada explica que Chile use de manera gratuita y excluyente el total de las aguas del Quetena. Aún en la anterior hipótesis, Bolivia tiene el derecho de propiedad del 50 % de esas aguas. Pero, además, esos manantiales están ubicados en una de las regiones más secas del planeta, donde no llueve casi nunca, razón por la que la acepción de Rio no corresponde. Se trata más bien de aguas fósiles, que afloran por cambios de temperatura. Si fuera Río internacional, ¿por qué Chile no canaliza los manantiales en su propio territorio? ¿Por qué realizó obras de mampostería en suelo boliviano para poder trasladarlas y realizar, también en suelo boliviano, permanentes tareas de mantenimiento de los canales artificiales?...La debilidad de Bolivia, sale a relucir al comprobarse que es incapaz de instalar una hidroélectrica, una embotelladora de agua potable o desarrollar cultivos de quinua o cría de camélidos. Mientras Bolivia no utilice en su territorio, por lo menos la mitad de esas aguas, no modificará su debilidad negociadora”
Chile requerirá de más gas y de agua, dos elementos que Bolivia tiene de sobra y que se necesita con urgencia para la sedienta industria minera del norte chileno y lógicamente para su población. No es casual que los analistas políticos internacionales signen el problema del agua como una de las principales fuentes de conflicto en la actualidad, en gran parte de los continentes. Chile necesita urgentemente mantener abastecidas de agua todas sus ciudades, ubicadas en el desierto más árido del mundo, como es el Atacama. La geopolítica chilena tiene focalizada, sin distinción de partidos políticos, su atención hídrica en el uso de las aguas del Silala, por sus características inigualables: ser potable, limpia y no necesitar tratamiento químico o biológico importante, como también porque se inscribe en las nuevas orientaciones que los pensamientos centrados en el geopoder suelen analizar.
Hoy, tras 135 años del término de la Guerra que enfrentó a nuestros pueblos, nada indica que nuestros desencuentros acaben de una vez: acceso soberano al mar, temas fronterizos, uso de aguas sean estas de curso internacional o manantiales. Bases militares, enclaves o puestos de avanzada. Cada uno de eso puntos muestra que nuestras relaciones siguen turbias y que se requiere un cambio efectivo, que supere odiosidades, resquemores, palabras altisonantes, agresivas o descalificatorias. El Occidente boliviano, el norte chileno y el sur peruano se necesitan, como el sediento requiere el agua, sin pensar si es de un Río o de un manantial.





A ORILLAS DEL SILALA, ALCALDE DE CALAMA INVITÓ A CANCILLER Y PARLAMENTARIOS A VISITAR EL LUGAR

Esteban Velásquez reiteró al gobierno que aclare para qué intereses se defienden estas aguas.

El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)
                                                   
Llegar hasta el hito en el que las aguas del río Silala, o Siloli, ingresan a territorio chileno justo en la frontera con Bolivia, no es fácil.
Más de tres horas de viaje desde Calama, por un camino en su mayoría de tierra, lleno de curvas y pendientes que sólo se compensan con el hermoso e incomparable paisaje tan característico de la zona cordillerana de la región.
A eso hay que sumarle las gélidas temperaturas, los vientos que sobrepasan los 100 kilómetros por hora y los síntomas que el cuerpo experimenta al estar a 4 mil 200 metros de altura.
Aún así el alcalde de Calama, Esteban Velásquez junto a su comitiva decidió acudir, por segunda vez durante este año, a este lugar donde aprovechó la instancia para invitar al canciller Heraldo Muñoz y a los parlamentarios, que integran las comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, a que visiten el río Silala y conozcan en terreno cuál es la realidad.
Esta visita y también la invitación fueron hechas por el alcalde Velásquez en el marco del anuncio de la demanda que el gobierno de Chile realizará ante La Haya, por el derecho de uso de las aguas de este río internacional.
"Deben ser muy escasos los parlamentarios y los integrantes del Poder Ejecutivo que conocen la realidad. Algunos me parece que están trabajando desde sus escritorios y no del conocimiento cabal de lo que implica estar en esta zona", comentó el edil loíno.
Velásquez agregó que espera que la eventual visita de las autoridades al Silala no sea algo protocolar sino más bien "con el ánimo de modificar marcos que hoy día regulan de mala manera y permiten que el agua se comercialice como cualquier mercancía, como un par de zapatos", dijo.
Uso
Las aguas que fluyen por el Silala, en su paso por Chile, son en su mayoría utilizadas por la Empresa de Ferrocarriles Antofagasta - Bolivia (FACB), quienes la encausan a través de una tubería que recorre la comuna de Calama.
Desde que uno llega al sector, ya sea desde lado chileno como boliviano, son varias las advertencias y señales que nos aclaran que esa agua es privada y tiene dueño.
Una de ellas son dos letreros, justo al ingreso a Chile, uno que prohíbe pasar y otro que dice que es un recinto privado.
En ese mismo lugar se encuentra una especie de piscina donde comienza la captación de agua para luego derivarla a las tuberías.
Eso sí, no toda el agua va por los ductos, pues en el recorrido también es posible apreciar el paso del río por el cauce natural e incluso visualizar la presencia de truchas.
Otra de las señales está a casi un kilómetro de distancia de la frontera, al transitar por el lado chileno. Allí una barrera de acero que está bloqueada con un candado, cierra el paso de los vehículos que quieran llegar hasta el hito fronterizo.
Solo hay dos copias de la llave que abre el candado, una en manos de Victorino, el único residente del lugar que trabaja para el FCAB como cuidador y la otra a cargo de carabineros de la Prefectura El Loa.
"Queremos sensibilizar la demanda misma del gobierno, ir más allá", explicó el alcalde quien además comentó que tanto el Gobierno como la Cancillería debieran cambiar el enfoque.
Al respecto complementó que, junto con respaldar plenamente la decisión de la Presidenta Michelle Bachelet, con su demanda para definir que el Silala es un río internacional "insistimos que estos intereses se defiendan para todos los ciudadanos del norte de Chile donde clamamos por cada gota de agua que hay en el desierto, pero que hoy está siendo entregada a las empresas mineras".
Velásquez también hizo una invitación a la Mandataria para que esta demanda sea una oportunidad para que "tenga una mirada superior" y que lidere cambios sustanciales al interior del país "eso tiene que ver con que se regule para que se recupere el agua se reformule el código de agua y por qué no, renacionalizar el recurso hídrico que estamos defendiendo con bastante fuerza".





CASA BOLÍVAR Y FORO DE SÃO PAULO: NEXOS ENTRE BOLIVIA Y LOS CHILENOS QUE APOYAN ACCESO SOBERANO AL MAR

El Demócrata de Chile (www.eldemocrata.cl)
                                                                                
Al 1 de abril, la encuesta Plaza Pública de Cadem refleja que sólo el 5% de los chilenos daría mar con soberanía a Bolivia. Si bien son minoría en Chile, quienes optan por apoyar la demanda marítima se han transformado en acérrimos activistas, formando organizaciones como Casa Bolívar y entregando material didáctico en eventos masivos con tal de enfrentar posturas con la causa que se tramita en La Haya. Todo gracias al apoyo partidario otorgado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Revolución Democrática, Izquierda Ciudadana, Partido Comunista, Partido Socialista y Partido Humanista. ¿Qué tienen en común? Todos ellos forman parte del Foro de São Paulo, organismo que articula a la izquierda en Latinoamérica, y que en su última declaración, en agosto de 2015, decidió abogar por “una solución a la justa demanda boliviana de acceso soberano al mar”.
Aprovechando su visita al cambio de mando en el que asumió por segunda vez Michelle Bachelet, el Presidente boliviano, Evo Morales, asistió al I Encuentro por la Unidad de los Pueblos. “‘¡Mar para Bolivia!, ¡Mar para Bolivia!”, coreaban las cerca de 7 mil personas que llenaron el Teatro Caupolicán en marzo de 2014. Se trató del primer acercamiento entre Bolivia y los chilenos que apoyan la demanda marítima del país altiplánico, en un evento organizado por el Centro Cultural Casa Bolívar, Unión Nacional Estudiantil (UNE), Red Libertaria, movimiento de Pobladores Ukamau, entre otros.
El Centro Cultural Casa Bolívar es una organización que desde 2011 ha fortalecido lazos con Bolivia a través de la Articulación Continental de Movimientos hacia el ALBA, que pretende “construir plataformas nacionales y coordinar un proyecto político emancipador”, según consigna en su sitio oficial. La organización es liderada por Roberto Muñoz, miembro del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR) y director del Centro de Estudios Francisco Bilbao. Desde esta plataforma, intentan reivindicar la lucha del pueblo boliviano entre los chilenos.
Chilenos con Evo Morales
El 3 de octubre de 2014, Casa Bolívar, Unión Clasista de Trabajadores, Movimiento de Pobladores Ukamau, Izquierda Popular Estudiantil y el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez se reunieron con Evo Morales en el Palacio Quemado. En el encuentro, las organizaciones llevaron al líder boliviano una copia de la carta que habían entregado a Michelle Bachelet, en la que solicitaban una salida soberana al mar para el país vecino.
Doris González, presidente de Ukamau y candidata a alcaldesa en la comuna de Estación Central, asistió a la cita en la que según declaró “le expresamos nuestra intención de que se fortalezca el diálogo entre ambos países y que nosotros creemos que una salida soberana al mar para el pueblo boliviana es legítima”.
Gonzalez dijo además que que Ukamau y los demás movimientos que participaron del evento mantienen fuertes relaciones con organizaciones de Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y Ecuador.
A ellos se suman el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Revolución Democrática, Izquierda Ciudadana, Partido Comunista, Partido Socialista y Partido Humanista. ¿Qué tienen en común? Todos ellos forman parte del Foro de São Paulo, organismo que articula a la izquierda en Latinoamérica, y que en su última declaración, en agosto de 2015, decidió abogar por “una solución a la justa demanda boliviana de acceso soberano al mar”.
De igual forma destaca el caso del alcalde de Iquique, Jorge Soria, que en 2015 pertenecía al Movimiento Amplio Social (MAS) —ahora independiente—, dijo en ese entonces que “es posible una franja con soberanía a Bolivia”.
El polémico “Libro del Mar”
En la Feria del Libro 2016 de La Serena, realizada entre el 29 de enero y el 14 de febrero, los miembros de Casa Bolívar aprovecharon la oportunidad para repartir el Libro del Mar, elaborado por el Gobierno de Bolivia para mostrar su postura con respecto a la demanda en La Haya. Aunque el municipio se los prohibió, desde la organización cuentan que lograron entregar 200 ejemplares en la Plaza Gabriel González Videla.
Pero el aporte literario va más allá. Desde el 26 de abril, en las estanterías del Centro Cultural Casa Bolívar se promociona el libro “Antología: Hacia el gran Ayllu universal” de Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Bolivia, que ha acompañado a Evo Morales en el Palacio Quemado desde 2006.





BOLIVIA ANTE EL RETO DE ACABAR CON LA IMPUNIDAD EN LA JUSTICIA
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
El Gobierno de Evo Morales celebra una cumbre para reformar el sistema. Entre 2015 y 2016 han sido destituidos más de 80 fiscales implicados en hechos de corrupción e incumplimiento de deberes.

La Marea de España (www.lamarea.com)
                                     
Por Víctor Burguete.- La justicia ha sido uno de los mayores dolores de cabeza durante los diez años de gestión del presidente Evo Morales en Bolivia. La impunidad, la ocultación y pérdida de pruebas en procesos de investigación, la desaparición de expedientes, los sobornos y la corrupción se han convertido en la tónica general de los procesos judiciales en el país suramericano.
Para tratar de remediarlo, el país andino celebra este fin de semana una cumbre en un momento en el que el sistema judicial está más cuestionado que nunca. La ONU lleva años alertando sobre los problemas estructurales de la administración de justicia en Bolivia, una situación que, según el organismo internacional, se ha agravado en el último año.
Estas deficiencias, que aún no se han corregido, continúan siendo un reto para Bolivia a pesar de que la reforma de la Justicia empezó hace más de cinco años”, señaló Denis Raicot, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la presentación del último informe sobre los derechos humanos en el país.
En esta cumbre, que se celebra en la ciudad de Sucre, no participan jueces, fiscales ni magistrados sino todo tipo de organizaciones sociales y víctimas de los supuestos abusos del sistema. La oposición ha criticado esta reunión porque considera que está manipulado por los partidarios de Morales.
En el año 2011, el Gobierno de Morales llevó a cabo una reforma judicial en la que los ciudadanos eligieron por voto directo a los magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, esta medida no fue suficiente para acabar con la enfermedad crónica que arrastra la justicia en el país. El propio Morales ha reconocido en numerosas ocasiones las falencias del sistema judicial y lo ha calificado como “lo peor” dentro de las estructuras del Estado boliviano.
Consciente de esto, el Gobierno convocó a una Cumbre Judicial que se debía celebrar el 16 y 17 de abril en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Órgano de Justicia. Esa fecha fue pospuesta para el 1 de junio bajo el pretexto de tener una mayor participación; sin embargo, la semana pasada el transporte bloqueó las principales carreteras del país para pedir una reducción de impuestos por lo que la cumbre tuvo que ser aplazada nuevamente para el 10 y 11 de junio.
Desaparición de pruebas
Uno de los casos más emblemáticos ha sido el de la desaparición del periodista Cristian Osvaldo Mariscal, el 19 de enero de 2013 en la ciudad de Tarija, al sur del país. La última vez que se le vio con vida fue en la casa de su expareja, lugar en donde la propia exnovia, y principal sospechosa, declaró que habían mantenido una discusión esa misma madrugada.
En casa de la joven encontraron muestras de sangre pero esas muestras se perdieron, al igual que las pericias informáticas de los mensajes de texto entre la acusada y su entonces pareja, en el transcurso de la investigación.
El abogado de la familia asegura que estas irregularidades no son fruto de la casualidad sino que forman parte de la corrupción y sobornos generalizados a policías, investigadores y fiscales que han originado la prolongación del proceso durante casi dos años.
“Hemos hablado con otros abogados para ver qué se puede hacer, sin tener mucho la esperanza de que cambien las cosas en este país. Estamos siguiendo la línea de fundamentar las causas en torno a la vulneración de los derechos de muchas personas para acudir a las instancias internacionales”, indica Tamer Medina, abogado de la familia del caso Mariscal.
Otro de los casos más mediáticos en el país ha sido la muerte de la joven Andrea Aramayo, hija de una reconocida periodista boliviana, que fue atropellada por su exnovio a la salida de una discoteca en la ciudad de La Paz.
El caso, que todavía no ha sido resuelto, ha encendido las alarmas puesto que, según el informe del Instituto de Investigaciones Forenses boliviano, fue la joven la que se abalanzó sobre el vehículo y no su expareja quien la atropelló.
Mercantilización del acceso a la justicia
Para la activista y expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia Yolanda Herrera, la impunidad en Bolivia radica en un problema estructural de todo el sistema judicial. “El sistema de administración de justicia en nuestro país está enfermo. Toda la estructura que tiene desde el momento que se presenta un memorial es como un encadenado y en algunos de estos puntos hay vacíos. Son puntos negros de corrupción que se nutren de influencias para cambiar la imputación, para demorar el juicio o incluso para suspender la audiencia. No ha habido la capacidad del Estado boliviano para hacer una justicia con profesionales que no solo tengan capacidad legal sino que además tengan una conciencia ética”, lamenta.
Esta situación, subraya la activista, se ha agudizado en los últimos años y ha convertido el acceso a la justicia en “una actividad mercantilista”.
Fiscalía
Las sospechas de corrupción apuntan a todo un entramado policial pero ponen el foco en las fiscalías regionales y en el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. De hecho, su hermano fue acusado de haber abusado sexualmente de 12 menores aprovechando su puesto de trabajo como profesor, sin embargo, la causa en su contra fue archivada ante la indignación de la Defensoría del Pueblo y de las distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos.
Esta impunidad ha beneficiado a varias autoridades acusadas de abusos sexuales en otros puntos del país y que o no han sido castigadas, o  sus procesos continúan estancados a la espera de que las irregularidades tapen su culpabilidad. No en vano, Bolivia es, según la ONU, el país latinoamericano con mayor índice de violencia machista y el segundo en violencia sexual por detrás de Haití.
“Bolivia está sufriendo todos los avatares de una mala administración de justicia. Hacinamientos en las cárceles, detenciones preventivas superiores al 80 por ciento, personas desaparecidas sin una efectiva investigación…Todo esto hace que la trata y tráfico de personas en Bolivia esté teniendo una mayor actuación en los últimos años”, puntualiza la ex presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
Los actos irregulares en las distintas fiscalías de Bolivia han provocado que solo entre 2015 y 2016 hayan sido destituidos más de 80 fiscales implicados en hechos de corrupción e incumplimiento de deberes. Sin ir más lejos, la segunda semana de abril fueron destituidos siete fiscales de distintas regiones del país.
El caso Zapata
El caso Zapata se ha convertido en la mayor novela mediática del país altiplánico de los últimos tiempos. Gabriela Zapata saltó a los medios de comunicación por favorecerse supuestamente de sus vínculos con el presidente boliviano, con quien supuestamente tuvo un hijo que nunca salió a la luz, para tejer contratos entre el Estado y una empresa china por valor de 500 millones de dólares. El revuelo causado le costó a Morales la derrota en el referéndum de febrero con el que pretendía habilitarse para las elecciones de 2019.
Actualmente, la expareja de Morales se encuentra en prisión acusada de los delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ventajas ilegítimas.
El caso ha salpicado también a los abogados de Zapata, quienes se encuentran detenidos. A uno de ellos, Eduardo León, se le ha retirado incluso el título de abogado.





Presidente de YPFB llegó de incógnito a nuestro país

BOLIVIA PRETENDE ROMPER CONTRATO DE PROVISIÓN DE GAS Y ALZAR PRECIO 51%
                                                                      
El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá Morales, llegó de incógnito al país para imponer un nuevo precio del gas licuado de petróleo (GLP), con suba del 51% con relación a la tarifa pactada, y que ahora pretende modificar unilateralmente. Esto implicaría un ajuste para las amas de casa de G. 800 por kilo (G. 8.000 por garrafa de 10 kilos). Y este gobierno pretende atarnos a ellos durante 20 años.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
                                                                                                               
El ejecutivo boliviano se molestó por nuestra presencia en sede de la reunión, que creíamos en principio era por otros motivos.
Se negó rotundamente a responder preguntas y hasta se enfadó por las fotos, que es habitual en este tipo de encuentros, y definitivamente no quiso que trascendiera el motivo de su presencia en Paraguay.
Guillermo L. Achá Morales, presidente ejecutivo de YPFB, y tal vez uno de los hombres más influyentes del gabinete de Evo Morales, vino al país para intentar modificar unilateralmente un pacto al que arribó con los importadores locales del gas, cuya vigencia va de marzo a agosto venidero.
Bolivia plantea un incremento en el precio a las mayoristas paraguayas, lo que representa 51% de variación, por el ajuste de US$ 130 por tonelada métrica que quieren alzar. Esto se traduciría en un aumento para el público de G. 800 por kilo (G. 8.000 por garrafa de 10 kilos), lo que es significativo, por tratarse de un combustible muy sensible. El motivo esgrimido para la suba es la exigencia de una mejora en los precios por parte “del ente regulador”.
Paraguay depende exclusivamente en este momento del gas boliviano, que es nuestro único proveedor, ya que Argentina no tiene excedentes en esta época invernal, por lo que Bolivia hace lo que quiere con los contratos que firma.
También podría tratarse esto de una maniobra para que Petropar ingrese al sector “para salvar la situación”, ya que esto es un interés manifiesto de este gobierno, operar en el rubro con Bolivia y para ello rubricó el acuerdo marco energético con Bolivia, para que Petropar importe exclusivamente GLP del vecino país durante 20 años. Este proyecto está a punto de convertirse en ley en el Congreso Nacional.
Leite mintió
Días atrás, el ministro de Industria, Gustavo Leite, dijo que el acuerdo con Bolivia era “ampliamente beneficioso para Paraguay” y anunció incluso que Petropar venderá garrafas “a tan solo G. 50.000”, y citó que el sector privado vende “entre G. 60.000 y G. 90.000”. Ayer, le consultamos al titular de YPFB si hablaron del tema precio con Petropar para la provisión del gas, y lo único que nos respondió fue que “no se habló de precio con Paraguay”. De este modo, queda claro que Leite mintió a la población en su intento por convencer sobre las bondades del acuerdo.





BOLIVIA, LA CUARTA PROVINCIA VASCA

Los ciudadanos bolivianos residentes en Euskadi son los que más acceden a la nacionalización por residencia: uno de cada cuatro extranjeros que la obtuvieron en 2015 procedían del país andino.

El Diario de España (www.eldiario.es)
                                                       
Un total de 3.845 extranjeros residentes en Euskadi obtuvieron la nacionalidad española por residencia el año pasado. De estos, casi 1.000 eran ciudadanos de Bolivia. O mejor, dicho ciudadanas. Porque, en realidad, son ya más mujeres que hombres extranjeros los que acceden a la nacionalidad española: 1.536 hombres por 2-309 mujeres. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde 2002 a 2013, unos 35.000 extranjeros se han nacionalizado por residencia en el País Vasco. Y todos ellos con derecho a voto en cualquier consulta electoral.
El principal nicho de empleo para las mujeres extranjeras es el servicio doméstico, aunque, muchas veces, no en las mejores condiciones. En la actualidad, la mitad de las empleadas domésticas son inmigrantes. Y de estas, un 50% (por horas o internas) tienen bajos salarios y perciben la mitad de sueldo de lo que cobran otras mujeres empleadas en servicios sociales formales, según recoge un informe de Emakunde que saca los colores sobre las condiciones laborales de un sector conformado en Euskadi por 30.000 personas.
Por lugar de procedencia, de las 3.845 nacionalizaciones por residencia 2.674 correspondían a personas procedentes de Centroamérica y Sudamérica. Otras 86 eran de la Unión Europea y 909 procedían de África.
Una de las formas de obtención de la nacionalidad es por residencia, la cual  exige la residencia de la persona en España durante 10 años de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos en los que el período de residencia exigido se reduce. Por ejemplo, se piden cinco años para la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido la condición de refugiado; dos años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí y un año para los que hayan nacido en territorio español (entre otros requisitos).





PRODUCCIÓN, PALABRA DE ORDEN DE MINERA ESTATAL BOLIVIANA COLQUIRI

Prensa Latina de Cuba (www.prensa-latina.cu)
                                                                      
Por Joel Michel Varona.- Los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri (EMC), ubicada a 70 kilómetros del departamento de Oruro, tienen como prioridad elevar la producción para mantener los niveles satisfactorios alcanzados en diferentes ámbitos.
En ese sentido, el gerente general de la EMC, David Alejandro Moreira, explicó que el sector minero recibió el impacto de la caída de los precios en el mercado internacional, pero no obstante la palabra de orden es producir.
Es cierto que la cotización de zinc y estaño tocó fondo, pero nosotros contamos con un estudio de contingencia y estamos listo para seguir adelante con nuestras proyecciones, aseguró Moreira a la prensa que visitó la mina.
Nuestro objetivo es tener una producción sostenible, reducir costos y como bien se dice en el argot minero, no afectar el bolsillo de los trabajadores, señaló el ingeniero.
En casi cuatro años -precisó Moreira- alcanzamos la cifra de 53 millones de dólares en utilidades y hemos reinvertido 43 millones de dólares.
De irnos bien este año pensamos obtener ganancias por un valor de 12 millones de dólares y en un futuro podemos ganar mucho más y con tranquilidad, estaremos en condiciones de costear una nueva planta de 75 millones de dólares, manifestó Moreira.
Lo que produce nuestra empresa es estaño y zinc en concentrado, el primero en su totalidad lo vendemos a la fundición Tinto y el zinc lo exportamos a China, dijo Moreira.
Las inversiones actualmente están dirigidas a proyectos de exploración, obras civiles y la compra de equipos y maquinaria, mencionó el especialista.
Detalló, por ejemplo, que en 2013 se invirtió 12 millones de dólares, en 2014, 15 millones y se estima que, en 2016 sean 13 millones, es decir que desde la nacionalización de EMC por este concepto se movieron más de 40 millones de dólares.
El directivo explicó que las nuevas exploraciones que se realizan dan cuenta de grandes cantidades de zinc, las cuales serán destinadas al nuevo horno fundidor de Vinto, en Oruro.
La EMC inicio las operaciones mineras el 22 de junio de 2012 tras la recuperación de los recursos naturales en beneficio del Estado boliviano mediante el decreto 1264.
Teniendo como principio la innovación tecnológica, el cumplimiento de las metas y garantizar estabilidad laboral. Otros pilares de la entidad -líder de la minería estatal- son la producción, la responsabilidad social y la seguridad industrial respetando las normas medioambientales.
La EMC constituye una empresa pionera y es referencia a nivel nacional demostrando resultados óptimos con una administración eficiente, eficaz y transparente logrando ubicarse en el sitial de empresa exitosa.





EL FUTURO SEGÚN EDMUNDO PAZ SOLDÁN

El escritor boliviano regresa al mundo de fantasía de 'Iris' con los relatos reunidos en 'Las visiones', influidos por Ballard y William Gibson.

El Mundo de España (www.elmundo.com.es)

El permiso de un soldado de abandonar el frente tiene por objeto una visita al hospicio donde se apaga su hermano. Se apaga entre la descomposición mutante de sus huéspedes, pero también la de un mundo extraño que parece acercarse lentamente -y entre recuerdos de una infancia malograda a las puertas de un presidio en tierra ocupada- a un crepúsculo final. Y en ese melancólico ocaso nada tiene sentido, ni siquiera el desfogue de una guerra absurda, como todas.
De eso trata Luk, uno de los 14 relatos que componen Las visiones (Páginas de Espuma), el mismo que dio origen al libro. Lo escribió Edmundo Paz Soldán (Cochabamba, Bolivia, 1967) casi sin darse cuenta, mientras trabajaba en Iris (2014), pensando que formaba parte de su última novela. Al caer en la cuenta de la autonomía de esa historia la dejó aparcada, y tras la publicación de la novela llegaron las demás: la de un científico que experimenta armas químicas con su propia gente, la de otro soldado con un ataque psicótico, la de una niña capaz de predecir el futuro...
Para los lectores de la última novela del boliviano, el mundo futurista y fantástico en el que se ambientan estos cuentos resultará familiar, porque habitan el mismo planeta de Iris. Pero más que una continuación o una segunda parte en relatos, se trata de un cambio de enfoque. «Más que una secuela es una consecuencia natural», dice Paz Soldán. «Los cuentos me permitieron entrar a temas más sutiles de la vida cotidiana de esa gente que vive en una zona de ocupación y guerra», añade, «porque había varias cosas de este mundo que necesitaba seguir explorando».
Mucho más amigo de los libros de relatos entrelazados con eje temático e hilo conductor, que de simples compilaciones de cuentos, el autor de Amores imperfectos (1998) cayó en la cuenta de que tenía entre manos una de esas obras que prefería con el relato homónimo Las visiones. «Con la primera frase de este cuento sentí que tenía la puerta de entrada no sólo al mismo relato, sino a todo el libro», recuerda.
Y de allí, de algún modo, el narrador boliviano cobró conciencia de ese centro oscuro en torno al cual giraban todas las breves piezas narrativas. Un eje temático que tiene muy poco de motivo futurista o de argumento de la ciencia ficción, más bien pasa por un síntoma de nuestras sociedades actuales. Se trata de la «disgregación social de una comunidad rota», explica, «y el sueño o el proyecto de retorno hacia una comunidad unida como tal». Un anhelo con el que se enfrentan todos los personajes contra dos fuerzas contrapuestas: por un lado, «las fuerzas de la corporación y el imperio de ocupación», y por el otro, «un mundo hostil y la consciencia de la finitud».
Lo cierto es que Edmundo Paz Soldán se sirve de la ciencia ficción y el fantástico para trabajar paradójicamente sobre cuestiones de nuestro tiempo y de una manera completamente realista o simbólica si se quiere.
«Cuando me imaginaba el futuro de Iris tenía en mente lo que dice William Gibson sobre el futuro: que ya ha llegado, pero no está distribuido de un modo homogéneo», explica. «No se trata tanto del avance del desarrollo tecnológico, como de la exacerbación de nuestros mismos problemas: una sociedad con bolsones de modernidad y tecnología a diez minutos de coche de precariedades de todo tipo».
No sorprende entonces que lo que le atrape del género es «la extrapolación de cosas que suceden dentro de medio siglo para hablar de lo que ocurre hoy», dice el narrador que revindica «más la mirada exacerbada, que el género».
Una mirada que, puntualiza, «en los escritores de género que me interesan como Ballard o Dick, tiene un contenido político muy alto», concluye el escrituro que ahora trabaja una novela realista ambientada en una particular prisión boliviana, «como antídoto» después de cuatro años de habitar el futurista mundo de Iris.





BOLIVIA REGULARÁ SERVICIOS DE CHAMANES Y BRUJAS

La iniciativa surge tras una denuncia de un hechizo amoroso que costó mucho dinero y no tuvo efecto

http://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/06/09/bolivia-regula-servicios-chamanes-y-brujas/

El viceministro boliviano de Defensa del Usuario y Consumidor anunció que elaborará un reglamento para regular los servicios que prestan chamanes, curacas y brujas en ese país.
El viceministro Guillermo Mendoza señaló este miércoles que personas que ofrecen esos servicios esotéricos, en muchas ocasiones, presentan publicidad engañosa, sobretodo en la prensa escrita.
Informó que la iniciativa surgió luego de una denuncia inusual contra un curaca que cobró 17.000 bolivianos (US$ 2.469) por unos servicios que no dieron resultado.
“En los próximos días estamos sacando una reglamentación con la finalidad de darles un plazo de horas para que cambien los artes que lanzan por los medios de comunicación o por las redes sociales, porque de lo contrario están infringiendo la ley. Por lo tanto, el Viceministerio va caer con todo su rigor contra ellos (…). Consideramos que es necesario tener reglas del juego, aunque la fe y las creencias son muy difíciles de medir”, explicó.
El curaca que fue denunciado prometió realizar un supuesto “amarre poderoso” para que retornara la pareja del cliente que pagó tal suma de dinero. Sin embargo, los esfuerzos y brujerías no lograron el objetivo.
A consecuencia de ese caso, Mendoza dijo que se realizó un debate interno en el viceministerio a su cargo para ver las formas de regular esos servicios, tomando en cuenta que algunos chamanes, curacas o brujas, engañan y estafan a las personas que contratan sus servicios.
Agregó que el reglamento se podría denominar protección del usuario de la creencia y de la fe.
“¿Cómo podríamos establecer las notas sobre lo que uno cree? Es bastante imposible por la subjetividad del tema. (…) Consideramos que los usuarios de la fe y de la creencia también necesitan ciertas seguridades”, subrayó.
No obstante, dijo que el Viceministerio de Defensa del Consumidor puede solicitar a curacas, chamanes y brujas,  que retiren de los medios de comunicación y las redes sociales la publicidad engañosa, en la que inducen a la población a solicitar sus servicios, prometiendo ciertos efectos que no cumplen.
“Tenemos un rango de sanciones claramente establecido en la ley y en relación a la publicidad engañosa son claras nuestras multas: pueden ir en las escalas grave, muy grave y flagrante”, señaló.

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