martes, 1 de abril de 2014

TEMOR A UNA NUEVA DERROTA EN LA HAYA OBLIGA A MICHELLE BACHELET A REFORZAR SU COMISIÓN DE ASESORES POR DEMANDA MARITIMA BOLIVIANA


El mismo día en que sesiona la comisión de Relaciones Exteriores en Arica, para analizar el impacto del fallo de La Haya por la demanda peruana, el canciller Heraldo Muñoz presentó los 35 nombres que integrarán el Consejo Asesor, encargado de apoyar al equipo que representará a Chile ante un nuevo juicio en la Corte Internacional de Justicia, esta vez por la demanda marítima de Bolivia.
Los asesores se sumarán al ex ministro Bulnes, quien fue confirmado como agente por la Presidenta Michelle Bachelet y al abogado Claudio Grossman, que se desempeñará como coagente.
El canciller chileno aseguró que “el grupo es variado, experimentado, y refleja la diversidad y competencia que queremos en este comité asesor”. Todos ellos han aceptado esta invitación”. Además añadió que esperan coordinar una primera reunión entre sus miembros durante las próximas semanas.
Entre los integrantes se encuentran el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, el ex agente chileno en la demanda peruana Alberto Van Klaveren, el embajador ante los Países Bajos Juan Martabit, la ex coagente María Teresa Infante, el ex senador Carlos Ominami y el presidente de la Corte Suprema Sergio Muñoz.
Además se anunció que continuarán los abogados que habían asesorado a Chile en la demanda de Perú. Una de ellas es Astrid Espalliat, abogada internacionalista de la Universidad de Chile.
La abogada afirmó que si bien la experiencia previa será un factor importante en el proceso, este nuevo caso presenta importantes desafíos y diferencias técnicas, porque con Perú había un desacuerdo respecto a la existencia de un acuerdo limítrofe marítimo, mientras que Bolivia solicita una negociación:  “Bolivia argumenta que el hecho de que Chile haya mostrado disposición previa para conversar respecto a una salida al mar para ese país, nos habría obligado a sentarnos a negociar seriamente para otorgarles una salida soberana al mar. Con Perú aprendimos bastante a trabajar una estrategia judicial y a eso estaremos abocados durante los próximos meses, a decidir cuál es la mejor estrategia para responder a Bolivia, afirmó.
Respecto a la composición de la comisión, el analista internacional de la Universidad Diego Portales, Sebastián Dubé, destacó la integración de expertos en derecho internacional “quienes podrán complementar la arista técnica con una mirada política más amplia”.
Asimismo, consideró una señal importante la inclusión del ex comandante del Ejército general (r) Juan Emilio Cheyre, “luego de que a pocos días del fallo de La Haya en enero pasado, el ex presidente Piñera convocara al Consejo de Seguridad Nacional, dando a entender que los militares no fueron consultados durante ese proceso”.
Finalmente, se refirió a los desafíos que implicará este proceso para Bolivia, como parte demandante, en tanto “históricamente ese país ha cuestionado la legitimidad más que la legalidad del tema”.
Al respecto dijo que: “Es muy interesante lo que viene por delante, porque en el discurso boliviano se deslegitima todo lo que vino antes, la Guerra del Pacífico, las razones de la guerra y los tratados que vinieron después que tampoco considera legítimos, entonces vamos a ver cómo van a tratar de convencer a los jueces de La Haya desde una mirada jurídica, técnica y no solamente política”, afirmó.
Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, destacó la diversidad política y la continuidad que simboliza esta comisión: “Se mantuvo la lógica de representantes legales de distintos sectores políticos y por otra parte, el comité más en extenso también incluye representantes de distintos sectores, en el sentido de que las distintas fuerzas políticas y líneas de pensamiento queden expresadas en esta composición. La política exterior chilena tiene que ser una política de Estado que aborde de manera transversal la sociedad chilena y de este modo, la continuidad en la defensa legal, da una señal importante en ese sentido”, dijo.
Junto con el anuncio de la Comisión, el canciller sostuvo que Chile mantendrá la disposición al diálogo con Bolivia, a través de la agenda de los trece puntos de fondo, pero con exclusión del tema relativo a la salida al mar.
Una vez recibida la memoria del país altiplánico, que se espera para el 17 de abril, comenzará un plazo de tres meses en que Chile decidirá si alega o no incompetencia por parte de la Corte Internacional de Justicia, de no haber alegato, se inicia un período de diez meses para contestar a la defensa de Bolivia en lo que se denomina la contramemoria, documento que se presentará en febrero de 2015.





CAMBIO CLIMÁTICO TRAERÁ MÁS POBREZA, ÉXODOS Y VIOLENCIA EN EL MUNDO

La República de Perú (www.larepublica.pe)
                                                                   
Los impactos del calentamiento global ya son visibles en todos los continentes y en todos los océanos, alerta el último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que dibuja un panorama futuro lúgubre si los líderes mundiales no actúan a tiempo. 
De no adoptar medidas, el texto prevé que durante este siglo aumente el desplazamiento de poblaciones, sobre todo en zonas litorales que se verán afectadas por la subida del nivel del mar, las inundaciones y la erosión de las costas. 
El informe también alerta sobre el descenso de las cosechas, la extinción de especies y la degradación de los ecosistemas. Y apunta incluso al riesgo de que se produzcan conflictos violentos o guerras civiles.
El IPCC, la mayor red científica del mundo dedicada a estudiar elcambio climático, desvela en Yokohama (Japón) la segunda de las tres partes de su extenso informe.
Sus centenares de autores, escogidos por Naciones Unidas, han contado con más del doble de estudios para elaborar informes clave para las siguientes cumbres climáticas.  Estas son algunas de las alertas que lanza el informe:
Conflictos y pobreza
Se prevé que el cambio climático aumente el desplazamiento de poblaciones durante el siglo XXI, especialmente en países en vías de desarrollo, señala el texto, que añade: “Puede incrementar el riesgo de conflictos violentos en forma de guerra civil y entre comunidades por la creciente pobreza”.
Seguridad alimentaria
El calentamiento global, la subida del nivel del mar y los cambios en las precipitaciones afectarán a las tierras cultivables. En el caso de los principales cultivos (trigo, arroz y maíz), en las regiones tropicales y templadas, el texto habla de “impacto negativo” en las cosechas si la temperatura sube más de dos grados centígrados.
Los Océanos
Ya se están notando los efectos del cambio climático: mayor calentamiento (provoca desplazamiento de especies marinas, como el bacalao atlántico hacia latitudes polares) y deficiencia de oxígeno.
Medio rural
El texto alerta del peligro que acecha a las zonas rurales debido al acceso insuficiente al agua potable y de riego, y del descenso de la productividad de las cosechas. Agricultores y pastores en regiones semiáridas serán los más afectados en un futuro próximo.
Acceso al agua
Se ven los efectos del cambio climático: mayor calentamiento (provoca desplazamiento de especies marinas, como el bacalao atlántico hacia latitudes polares), acidificación y deficiencia de oxígeno.
OMM alerta sobre el clima
La declaración anual de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre el estado del clima mundial, presentada hace unos días en Ginebra, alerta de que se acentúan los episodios climáticos extremos e insiste: la influencia de la actividad humana sobre el clima explica algunos de los cambios que se están observando.
El 2013 ha sido, junto con 2007, el año más cálido desde que se tienen registros. Según destaca la OMM, 13 de los 14 años más cálidos se han producido en el siglo XXI. Cada uno de los tres últimos decenios ha sido más cálido que el anterior (el récord lo tiene 2001-2010).
La temperatura mundial promedia 14,5 grados centígrados, que se plasman en el deshielo de glaciares en Perú o la Patagonia. En el 2013, Australia registró el año más caluroso de su historia; Argentina, el segundo.
Clave
La previsible subida del nivel del mar durante el siglo XXI provocará inundaciones y erosión del litoral. El aumento de la población, el desarrollo económico y la mayor urbanización atraerán más personas a las zonas costeras, por lo que el peligro será mayor, en especial en los países o zonas que están bajo el nivel del mar. (www.larepublica.pe)





BOLIVIANOS, INTERESADOS EN LA GENÉTICA BRANGUS DE PARAGUAY

La Asociación Paraguaya de Criadores de Brangus (APCB) recibió la visita de su par Asociación Boliviana de Brangus, interesada en conocer más sobre el tipo de hacienda y los sistemas de crianzas implementados en el país.

Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)
                                         
Al mismo tiempo, la delegación boliviana se mostró interesada en la importación de la genética y la carne paraguaya, que podría ser posible en 30 días de prosperar la negociación.
José Costa, presidente de la Brangus Paraguay, comentó al respecto que las realidades en cuanto a campo y clima de ambos países (Bolivia-Paraguay) son parecidas.
Dijo que el Brangus paraguayo se adaptará perfectamente al sistema de crianza del Brangus de Bolivia.
Por otra parte, la Asociación Brangus Paraguay confirmó la presencia de 8 delegaciones de distintos países de la región, en la Segunda Jornada Brangus Latinoamericana, que se realizará en el país, del 30 de abril al 5 de mayo.
“Colombia, Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Panamá y México ya confirmaron su presencia, lo que demuestra que la actividad a llevarse a cabo en el país será muy representativa para lo que es el Brangus en Latinoamérica”, dijo Jorge Reinau, presidente de la Segunda Jornada Brangus Latinoamericana.
Los organizadores mencionaron que de todos los países hasta ahora confirmados en la muestra se encuentran muy interesados en la genética Brangus de Paraguay, por lo que el principal objetivo a trabajar será el de captar mercados nuevos y mostrar lo que el país puede ofrecer en materia de ganadería.





ALCALDE CHILENO PIDE A SU CANCILLERÍA DESMINADO DE FRONTERA CON PERÚ Y BOLIVIA

La República de Perú (www.larepublica.pe)
                                         
El alcalde de la comunidad de General Lagos (región chilena de Arica y Parinacota), Gregorio Mendoza Chura, solicitó a la Cancillería de su país efectuar el desminado del territorio de su comuna que limita con Perú y Bolivia. Los artefactos significan un peligro para los agricultores de la zona.
Mendoza detalló que a la fecha existen campos minados por una extensión de 2 kilómetros, a la altura del los hitos 55 y 54 en la frontera con Perú. En los límites con Bolivia, los explosivos se hallan dispersos a lo largo de un kilómetro a la altura del hito 12. 
"Es un peligro latente para ganaderos y niños que habitan los caseríos de Nasahuento y Villa Tacora. Los cercos que delimitaban esos campos minados ya se han caído. Es un peligro para quienes transitan por allí", dijo el alcalde.
En el 2012, los Gobiernos de Perú y Chile, con el apoyo de una ONG de Noruega, llevaron a cabo el desminado de su frontera en la costa. Se desactivaron 333 minas que fueron arrastradas desde Chile a territorio peruano por  huaicos presentados en la zona. 





BOLIVIA: SOSA Y LA BÚSQUEDA DE UNA JUSTICIA IMPARCIAL

PanAm Post de Panamá (www.esblog.panampost.com)

¿Alguien supone que el exfiscal Marcelo Sosa puede tener un juicio justo en Bolivia? ¿Alguien supone que cualquiera que incomode al poder ejecutivo puede tener un juicio justo en Bolivia? No soy abogado y ni experto en temas de asilo político, pero entiendo que el país que da el asilo tiene entre sus consideraciones la naturaleza de los delitos que se le imputan al solicitante y la solidez del sistema judicial en su país.
Personalmente, no tengo dudas de que Marcelo Sosa abusó de su posición y extorsionó a muchas personas para enriquecerse, pero en un Estado de Derecho donde existe independencia de poderes y un sistema judicial relativamente transparente, la culpabilidad la determina un jurado en un juicio público. Ahora que Sosa ha caído en desgracia con el gobierno, ¿alguien cree que puede recibir un juicio justo? ¿O alguien cree que el juicio por terrorismo no tiene injerencia del poder ejecutivo? ¿O alguien duda que Leopoldo Fernández sigue encarcelado porque al presidente y su a entorno les da la gana, sin importar lo que diga la constitución y las leyes sobre el tiempo máximo de prisión sin sentencia?
Seguramente las personas en Brasil encargadas de evaluar el caso del exfiscal Sosa, no sólo evaluarán las acusaciones que existen en su contra, sino también la reputación del Estado boliviano en cuanto a violaciones de derechos humanos, su sistema judicial corrupto y politizado, la cantidad de personas que han pedido asilo desde el gobierno de Evo Morales y una serie de elementos para determinar si Sosa, puede o no tener un juicio justo e imparcial en su país de origen. Y como probablemente lleguen a la conclusión de que Sosa no tendría un juicio justo e imparcial en Bolivia, no es inverosímil
suponer que reciba el asilo de la nación vecina.
Esto sería una prueba más (de las ya innumerables) de que la justicia boliviana tocó fondo y atraviesa su peor momento desde el restablecimiento de la democracia; una justicia que nunca en su historia se caracterizó por ser eficiente, independiente o imparcial, pero que nunca como hoy había estado tan sometida al poder político y tan corrompida.
Sin lugar a dudas me gustaría ver al señor Sosa detrás de una reja, pagando por sus delitos, pero más importante que ello, me gustaría ver una reforma del sistema judicial para que actué con verdadera independencia, busque la verdad y defienda la justicia por encima de todo. Mis esperanzas de que esto suceda, al menos con este gobierno, son nulas.





PEMEX EXPLORA CON SCHLUMBERGER EN BOLIVIA

De las 25 áreas reservadas en donde la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa) realiza estudios de exploración, el compromiso es entregar 10 prospectos en los que se pueda perforar inmediatamente.

El Financiero de México (www.elfinanciero.com.mx)
                                                                  
La Compañía Mexicana de Exploraciones S.A. (Comesa), sociedad integrada por Pemex y la perforadora estadounidense Dowell Schlumberger, encara en Bolivia estudios en 25 áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para identificar nuevos prospectos exploratorios.
“Comesa está estudiando estas áreas exploratorias, y el compromiso es que de las 25 áreas por lo menos deben entregar 10 prospectos exploratorios para que se pueda inmediatamente perforar, pues necesitamos obtener nuevas reservas tanto de gas natural como de petróleo crudo”, explicó Carlos Villegas, presidente de YPFB.
Villegas precisó esa información en el foro 'Latinv EP 2014: América Latina y el Caribe, oportunidades de inversión en la exploración y producción de petróleo y gas', que se realizó en la ciudad peruana de Lima.
El titular de YPFB informó que las 25 áreas en evaluación y definición de prospectos de perforación exploratoria son Las Moras, Algarrobilla, Yuarenda, Sayurenda, Villa Montes, Charagua, Boyuibe, Ovai, Abapó, Yoai, Cupecito, Izozog, Ayoreo, Miraflores, Menotita, Tita Techi, Abeja, Colibrí, Avispa, Monteverde, Peta, Puerto Gretter, Nuevo Horizonte, El Remate y San Silvestre.
Explicó que la compañía mexicana está implementado tareas de sísmica 2D (segunda dimensión) y 3D (tercera dimensión) para obtener una imagen óptima del subsuelo, que permitirá después de una interpretación sísmica y geológica, determinar una estructura de interés hidrocarburífero y la ubicación de un pozo exploratorio.
“De igual manera que los prospectos exploratorios, van a definir la ubicación y las coordenadas respectivas para la perforación de pozos exploratorios”, remarcó.
Villegas destacó también que Bolivia tiene un gran potencial hidrocarburífero de 60 trillones de pies cúbicos (TCF, por sus siglas en inglés) de gas natural y 2.5 millones de barriles de petróleo y condensados.
Aseguró que la mayor formación productora de gas natural de América del Sur es la 'Formación Huamampampa', al sur de Bolivia.





CREARÁN UNA COMISIÓN INVESTIGADORA POR EL ABRA DE SANTA CRUZ

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
                                                
Piden crear una comisión investigadora por el problema de la demarcación del límite con Bolivia en el Abra de Santa Cruz, del departamento Santa Victoria Oeste. El proyecto fue presentado por el diputado nacional y abogado por la provincia de Buenos Aires, Alberto Asseff, y cuenta con el apoyo su bancada, UNIR-Frente Renovador, el espacio político que conduce Sergio Massa. La comisión podrá recibir denuncias de los lugareños y se reserva la facultad de denunciar a funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Además, podría llevar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales que correspondan y hasta solicitar un arbitraje internacional.
En el Abra de Santa Cruz, unas 17 familias salteñas quedaron viviendo en Bolivia desde la instalación de un nuevo hito fronterizo que modificó el criterio de demarcación del límite que el Estado y los pobladores del lugar habían respetado durante los últimos 90 años. El nuevo hito, sin identificación y numeración conocida, fue colocado el 28 de noviembre de 2013. Hasta ese momento el único Estado que ejercía soberanía en ese territorio había sido el argentino, que reclutó para sus Fuerzas Armadas y brindó documentación, salud, caminos, educación y asistencia social a los lugareños instalados ahí desde hace tres generaciones. En el lugar hay yacimientos de uranio, según informó en 2012 el organismo minero de la vecina República Plurinacional de Bolivia.
El mismo intendente de Santa Victoria Oeste, en una reunión en el Centro Cívico Grand Bourg, mantenida con algunos de los habitantes de la zona que habían viajado por más de 10 horas para poder explicar la situación que atraviesan, planteó: “Les conviene quedar en suelo boliviano para poder cobrar los planes sociales de los dos países”, había propuesto Cástulo Yanque. Punteros del intendente, como publicó este medio, hacen de interlocutores con los funcionarios bolivianos y dividieron a los pobladores al sugerirles crear una nueva comunidad aborigen con personería jurídica boliviana y abandonar su pertenencia a la comunidad argentina originaria de la etnia colla del abra de Santa Cruz.
“Es más conveniente estar en Bolivia”, dijeron algunos vecinos en la última reunión en el lugar del 17 de marzo, a la que no asistió ningún representante del Gobierno. Pero en el encuentro del mes anterior, al que también asistió El Tribuno sin presencia alguna de autoridades, los pobladores habían expuesto en un acta, y de manera unánime, el pedido a los funcionarios argentinos para que intercedieran a favor de la demarcación tradicional que existió hasta noviembre de 2013 en la zona y que indicaba que esas tierras siempre pertenecieron al departamento de Santa Victoria Oeste.
Ahora la comisión podrá investigar el accionar de los funcionarios públicos que intervinieron en la cuestión que significó la pérdida de alrededor de 600 hectáreas en manos del vecino país. Desde el primer tratado de 1889 entre ambos países y hasta la fecha la Argentina perdió un territorio equivalente a la provincia de Tucumán, cerca de 22.000 kilómetros cuadrados, con Bolivia. El proyecto del massismo prevé que “la comisión podrá solicitar la colaboración de medios de comunicación locales que reflejen los hechos investigados”.
La comisión podrá “denunciar ante la Justicia provincial de Salta y la Justicia Federal cualquier intento de ocultamiento, negación, obstrucción a la investigación o la destrucción de elementos probatorios” y “cualquier intento por parte de funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o pertenecientes al Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, cualquier intento de acallar, amedrentar o amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado por esta comisión”.
En este sentido hay que destacar que, según testimonios de los habitantes del departamento de Santa Victoria Oeste, hace alrededor de 10 años que la Gendarmería Nacional abandonó un procedimiento rutinario que se realizaba en la zona. Se trata de un control semanal a caballo que realizaban por los hitos de la localidad, personal de Gendarmería. Según testigos de San Juan de Minas y Río Grande, en Viscachani “hace 10 años que no se ven más”. El diputado massista Alberto Asseff citó en los fundamentos del proyecto los artículos de El Tribuno. “Muchos testimonios, declaraciones tanto del lado del Gobierno de Salta como de algunos funcionarios de Bolivia, como así también de la Cancillería Argentina han resultado contradictorios y preocupantes.. .Es necesario poner un manto de seriedad”, dijo.





EDITORIAL DEL DIARIO LA NACIÓN SOBRE EL ABRA DE SANTA CRUZ

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)
                                                     
Hay un marcado interés en Buenos Aires por los sucedido en el Abra de Santa Cruz, en el departamento de Santa Victoria Oeste. Ahí, unas 17 familias salteñas quedaron viviendo en Bolivia desde la instalación de un nuevo hito fronterizo que modificó el criterio de demarcación del límite que el Estado y los pobladores del lugar habían respetado durante los últimos 90 años. El nuevo hito, sin identificación y numeración conocida, fue colocado el 28 de noviembre de 2013. Hasta ese momento el único Estado que ejercía soberanía en ese territorio había sido el argentino, que brindó documentación, salud, caminos, educación y asistencia social a los lugareños instalados ahí desde hace tres generaciones. En el lugar hay yacimientos de uranio, según informó en 2012 el organismo minero de la vecina República Plurinacional de Bolivia. Esta es la editorial que publica en su edición de hoy el Diario La Nación
Como se ha informado, recientemente se produjo el corrimiento de un hito fronterizo entre la provincia de Salta y la República Plurinacional de Bolivia, que significó tanto un desplazamiento de unos treinta kilómetros de la frontera hacia territorio salteño como una pérdida de 600 kilómetros cuadrados de territorio argentino. (Aclaración de El Tribuno: según lo rectificado en publicaciones anteriores, el territorio afectado ronda las 600 hectáreas) 
A raíz de estos graves hechos, a los que nos referimos en esta columna el 24 del mes pasado, se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para constituir una comisión especial investigadora sobre tan grave suceso. En los fundamentos de ese proyecto del diputado Alberto Asseff (UNIR-Frente Renovador) se afirma que el motivo obedece a las denuncias realizadas por pobladores del paraje Abra de Santa Cruz, en el Valle del Silencio, comprendido por el municipio de Santa Victoria Oeste. Esas denuncias fueron investigadas y publicadas por el diario El Tribuno, de Salta.
Según da cuenta el proyecto, el límite internacional entre la Argentina y Bolivia "está determinado por el Tratado Definitivo de Límites de 1925", algo que parece desconocer el actual Gobierno al haber permitido, según un acuerdo de noviembre del año pasado, el corrimiento del mojón sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores ni su titular, Héctor Timerman, hayan dado a publicidad el contenido de lo acordado ni brindado la justificación legal pertinente.
Ante la gravedad de lo acontecido, el proyecto ha propuesto que la comisión por crearse sea integrada por once miembros designados por resolución del cuerpo legislativo respetando la pluralidad de la representación política de la Cámara", y que se designe presidente, vicepresidente y secretario, quienes serán elegidos por la mayoría de los votos.
Entre las facultades concedidas a la comisión merece destacarse que podrá recibir denuncias, debidamente registradas ante escribano público, por parte de las familias afectadas. A su vez, gozará de la facultad de solicitar informes a todos los poderes del Estado nacional, provincial, municipal y realizar inspecciones en el sitio fronterizo mediante constancia fehaciente por acta notarial.
La iniciativa legislativa establece que la comisión podrá ordenar pericias técnicas y denunciar ante la Justicia cualquier intento por parte de funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o del Estado boliviano de "acallar, amedrentar -cosa que ya ha sucedido- o amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado". Entre otras potestades, se reserva asimismo la facultad de denunciar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales que corresponda, así como la de proponer arbitraje internacional.
La iniciativa es valiosa porque nos encontramos ante un suceso plagado de sombras y que compromete tanto a una porción del territorio nacional como a compatriotas nuestros, abandonados a su suerte por un acuerdo nunca esclarecido.





LA TORMENTA MINERA

Rebelión de España (www.rebelion.org)
                               
La Ley Minera aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha ocasionado desgarramientos en los sectores afines al gobierno. Los cooperativistas mineros se movilizaron, salieron a los caminos y bloquearon, en desacuerdo al texto aprobado; el mismo que habría revisado el 25% de los artículos consensuados entre mineros sindicalizados, mineros cooperativistas y ejecutivo. Según el gobierno, a través de su ministro del ramo, dice que se lo ha hecho para no vulnerar la Constitución, pues algunos artículos consensuados abrían las compuertas a las empresas trasnacionales. Por otra parte, se dice que no se puede eludir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los contratos y concesiones a las empresas cooperativas. Los cooperativistas mineros exigen que sea el gabinete y no la Asamblea Legislativa el que apruebe los contratos. Este pedido no sólo vulnera la Constitución vigente, aprobada por el pueblo boliviano, también, claro está, por los cooperativistas mineros, sino que viola todo constitucionalismo y toda Constitución posible. Este es un golpe al Estado-nación; no sólo al gobierno, al excluir a uno de sus órganos de poder.
Empero, la discusión no termina ahí. Los voceros oficialistas alegan que lo hacen defendiendo la Constitución. ¿Dónde la defienden? La constitución establece que los recursos naturales no son mercantilizables y están destinados al vivir bien. La Constitución prohíbe la exportación de materias primas. El modelo de economía social y comunitaria, definida en el contexto de la economía plural, propone un paradigma económico y ecológico, el camino hacia la soberanía alimentaria, el fortalecimiento del mercado interno, no del mercado externo, la industrialización de las materias primas, con el objeto de satisfacer los requerimientos del mercado interno. Con la Ley Minera, aprobada en la Cámara de Diputados, incluyendo o excluyendo las revisiones, vulnera la normativa establecida por la Constitución.
Gobierno, MAS, mineros sindicalizados, mineros cooperativistas, han optado por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contraviniendo las definiciones y determinaciones constitucionales. Se olvidan todos que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado. Nadie le preguntó al pueblo boliviano sobre la Ley Minera, nadie le preguntó sobre las políticas mineras. Como todos los gobiernos anteriores, sencillamente ignoraron al pueblo boliviano.
La Constitución es clara al respecto, exige la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública. Para el gobierno y estos gremios la Constitución está bien para la propaganda, pero, en absoluto para cumplirla.
¿Cómo se ha llegado a este desbocado in-constitucionalismo? El problema de fondo es que el gobierno se cree propietario de los recursos de los bolivianos, así mismo el sindicalismo minero, también el cooperativismo minero. Ellos, pocos, están decidiendo el destino de los recursos naturales de los bolivianos, por lo tanto, indirectamente, el destino de los bolivianos. Algo inaudito a la luz del texto constitucional. ¿Cómo se explica que ocurra esto? El gobierno progresista ha heredado las estructuras del poder del Estado-nación, estructuras de poder instituidas para despojar a la tierra de sus recursos en beneficio de la vorágine capitalista, para expoliar al pueblo boliviano, para explotar al proletariado minero, mayoritariamente nómada. Estructuras de poder para acallar al pueblo, para no consultarle nada.
Estructuras de poder de la colonialidad imperial.
Bajo estas condiciones históricas impuestas, ¿Cómo pueden sostener los voceros del gobierno y del legislativo que defienden la Constitución? ¿Suponen que basta el discurso, decir que se apoyan en la Constitución para hacer lo que hacen, para que eso “acontezca”, aunque sea imaginariamente? ¿Alguna vez comprendieron el contenido de la Constitución, su estructura descolonizadora, sus horizontes conceptuales, el alcance de las condicionantes pluralistas, comunitarias, interculturales, autonómicas? Tal parece que no les preocupa todo esto. Lo que importa es defender sus intereses gremiales; no importa si atentan contra el horizonte abierto por la Constitución.
La situación escabrosa se explica porque no se dieron las transformaciones institucionales y estructurales, en tanto condiciones de posibilidad histórica para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se preservó el Estado-nación, barnizado con el simbolismo folklórico de nombres y ceremonias, que pretenden sustituir, en la parafernalia, la materialidad social histórica de la transición plurinacional, comunitaria, intercultural y autonómica. Esta es la explicación de la coyuntura dramática donde el gobierno, el sindicalismo y el cooperativismo se disputan migajas, dejando que las empresas trasnacionales se lleven la torta. Esto no es otra cosa que sumisión a la hegemonía y dominación del capitalismo mundial. De esta constatación histórica no los salva su demagogia “antiimperialista”.
¿Cómo inclinarse a elaborar una Ley Minera aislada, independiente de la matriz normativa de la Constitución? ¿Cómo llegar al extremo de elaborar una ley extractivista vulnerando los contenidos fundamentales de la Constitución? ¿Por qué mantuvieron la mirada fragmentaria del país, la misma mirada de las élites y oligarquías que gobernaron el país? ¿Por qué no pueden tener una mirada integral de las políticas y de las transiciones hacia las emancipaciones, descolonizaciones y liberaciones? Hay una razón fuerte, histórica también; simplemente ocuparon el lugar del otro. No destruyeron las estructuras de dominación, no destruyeron los diagramas coloniales. Entonces hacen lo mismo que el otro; el anterior amo.
Este es el perfil de una de las contradicciones profundas del “proceso de cambio”. Ante este espectáculo de reparto de la carne, de la piel, de la sangre de la madre tierra, por parte de gremios, el gobierno y el legislativo, el pueblo no puede quedar con los brazos cruzados. Si lo hace es cómplice del despojamiento y de la desposesión de la tierra, de los recursos y de la vida. Hay que entender que los que hacen lo que hacen, repartirse los bienes de los bolivianos, lo hacen no solo por su angurria, sino también por el silencio y la inmovilidad de los que contemplan azorados.
Es muy grave lo que establece dicha Ley Minera. En el ARTÍCULO 17. (FUNCIÓN ECONÓMICA SOCIAL), la Ley dice:
La función económica social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.
La función económica y social se ha reducido a la labor extractivista. ¿Cómo puede ser esta una función económica y social? Esa parte de los bolivianos, los trabajadores mineros, están condenados de por vida, de generación en generación, a ser trabajadores extractivistas, en beneficio, al final de cuentas, del gran capital internacional. El resto de los bolivianos, la gran mayoría, está condenado a ver cómo se llevan sus riquezas, contentándose que lleguen a las arcas del Estado regalías, impuestos y tributos mineros, que son miserables en comparación con el plusproducto y la plusvalía que se llevan las empresas extractivistas trasnacionales. ¿A eso se llama función económica y social? Pare de contar lo que pasa con las empresas cooperativas mineras, donde, en la práctica, efectivamente, no nominalmente, unos son propietarios, son la burguesía cooperativa, y la gran mayoría de los trabajadores son explotados salvajemente, sin seguro, sin derechos, sin posibilidad de sindicalizarse.
En el ARTÍCULO 19. (PARTICIPACIÓN DE LAS NACIONES y PUEBLOS INDÍGENA, ORIGINARIO CAMPESINO), la ley dice:
Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente Ley.
Este artículo es descarnadamente colonial; desconoce de plano los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. Desconoce el artículo 2 de la Constitución, donde se establece la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, su derecho a la libre determinación, al autogobierno, a la autonomía, a territorio propio, a la gestión propia del territorio, a sus instituciones propias, de acuerdo a las normas y procedimientos propios. Este artículo, 19 de la Ley Minera, se traga a las comunidades subsumiéndolas a la vorágine extractivista. Más colonial no podía ser. De aditamento, desconoce la Consulta con Consentimiento, Libre, previa e Informada, establecida por la Constitución, ratificándolos convenios internacionales. El ministro del ramo ha tenido el desparpajo de decir que este artículo garantiza los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde? Cuando lo que se hace es desconocer sus territorios. Estamos pues ante una nueva versión de la colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad económica, expresadas destructivamente en el vaciamiento extractivista.
En lo que respecta a las empresas cooperativas mineras, está claro que el ARTÍCULO 34 (COOPERATIVAS MINERAS), es un saludo a la bandera. El artículo dice:
Las cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro. Su fundamento constitutivo y marco normativo es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos.
Las empresas cooperativas no son ni autogestionarias, tampoco siguen ese propósito de la ley, sin fines de lucro. Todo lo contrario. La autogestión es un principio, además de una dinámica, de autodeterminación. En la matriz de la autogestión se encuentra lo común y la comunidad. Las concesiones a las cooperativas han dado forma a posesiones privadas, a arrendamiento y a explotaciones salvajes, aludiendo al capitalismo salvaje. Como dijimos antes, nadie defiende los derechos de los trabajadores cooperativistas, explotados por supuestos administradores, cuando, en realidad fungen de propietarios.
Hay artículos que expresan patentemente el régimen de propiedad heredado del Estado colonial. No ha cambiado nada, a pesar de la Constitución. Es cierto que la octava disposición transitoria dice lo siguiente:
I. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.
II. En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.
III. Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.
IV. El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social.
V. Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado.
En contraste, el ARTÍCULO 94, (DERECHOS ADQUIRIDOS Y PRE CONSTITUIDOS), dice:
I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras, previa adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.
II. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.
III. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse, con las salvedades previstas en la presente Ley.
¿Cuál entonces la diferencia? El numeral I de la octava disposición transitoria se refiere en general a las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. Es una disposición general, no específica. En cambio el numeral I del artículo 94 se refiere específicamente a la minería. Cuando la Constitución se refiere a la minería establece, en el numeral II, que en el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Esta es la diferencia. Se ha usado una determinación general para algo específico, se ha obviado lo específico de la Constitución para conservar el mismo régimen extractivista de los periodos republicanos.
El numeral IV de las disposiciones transitorias de la Constitución establece que el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. El numeral II del artículo 94 de la Ley Minera dice: El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley. Esto, de cualquiera de las modalidades vigentes, impide revisar las modalidades no cooperativistas practicadas a nombre del cooperativismo. Como se puede ver, estamos ante una ley que suelda el mismo régimen extractivista heredado del neoliberalismo.
Por si fuera poco, se refrenda la consolidación del régimen extractivista depredador con disposiciones legales represivas y de criminalización de la protesta. El ARTÍCULO 99. (DERECHO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN JURÍDICA), dice:
I. El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los actores productivos mineros y establece que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretendan invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones.
II. Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes
Estas disposiciones legales son dispositivos represivos de cualquier régimen burgués. ¿De qué socialismo comunitario hablan los oficialistas? No solamente se trata de retórica, sino de una suplantación grotesca; el “socialismo” ha desaparecido para ser sustituido por distintas formas de propiedad privada, que recorren la historia del avasallamiento privado de lo común, la explotación y el despojamiento privado de los comun; ahora, como con sorna dolorosa, se lo hace a nombre del “socialismo comunitario”.
Se refuerza lo anterior con el artículo 100, donde se dice:
III. Las personas responsables de los hechos, acciones y amenazas deberán hacer abandono inmediato de las áreas o lugares de actividad, instalaciones, dependencias, caminos, accesos, campamentos u otros, indebidamente ocupadas o afectadas y deberán abstenerse de proferir amenazas o ejercer directa o indirectamente acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades mineras.
Lo más grave se encuentra en el tratamiento que da la ley al uso del agua; la Ley Minera prácticamente privatiza el uso del agua. En el Capítulo Quinto, Recursos hídricos, el artículo 373, la Constitución establece:
I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.
En cambio La Ley Minera, contraviniendo estas disposiciones constitucionales, define el siguiente régimen de privatización del agua:
ARTÍCULO 111. (DERECHO DE USO DE AGUAS DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO).- I. Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, respetando las normas medio ambientales aplicables.
En el inciso a), dice:
Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: i) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii b) Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales de aguas – ex concesiones mineras de aguas - continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la ex concesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. La adecuación se realizará simultáneamente en el mismo contrato.
III. Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa establecida en el presente artículo, salvo por lo dispuesto en el parágrafo V siguiente, además de las normas medio ambientales aplicables.
IV. En ningún caso corresponde el derecho de uso de aguas ni la autorización administrativa cuando se interrumpa o perjudique la provisión regular de agua potable para la población. Si se afectaren actividades agrícolas en explotación, el acuerdo previo con los afectados es requisito indispensable.
V. En caso de autorización para la variación de un curso de agua de dominio público, la provisión de agua potable para poblaciones no podrá quedar interrumpida o perjudicada.
VI. Toda actividad minera integrada o aislada deberá ejecutar en sus trabajos la correcta gestión o manejo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos cumpliendo con las normas ambientales vigentes.
VII. En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos de agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso.
Como se puede ver, desaparecen los derechos colectivos, los derechos comunitarios, los derechos de la madre tierra, los derechos de las poblaciones y pueblos. Estos dispositivos normativos están hechos para garantizar el funcionamiento de la minería extractivista, usando el agua común, dejando de lado los derechos colectivos, comunitarios, sociales y de la madre tierra, constitucionalizados. Con un lenguaje de pretendida dádiva dice que se debe llegar a un acuerdo previo. ¿Entre quienes? ¿Entre depredadores y comunarios? ¿Acaso están en las mismas condiciones éticas y morales para hacerlo? La Constitución defiende la vida, se propone armonizar los ciclos vitales con los de las sociedades humanas. En la Constitución no tienen jurisdicción los depredadores. Estamos ante una Ley que no sólo vulnera la Constitución sino hace sorna de la víctima, los pueblos, las poblaciones, las comunidades, el pueblo boliviano.
Por si fuera poco, el ARTICULO 112. (VARIACIÓN DE CURSOS DE AGUA), dice:
I. En caso de que un titular de derechos mineros tuviere necesidad justificada de variar cursos de agua, presentará solicitud al Director Departamental o Regional competente, acompañando un estudio justificativo, incluyendo su propuesta de modificación a la Licencia Ambiental, copia de la cual se entregara a la autoridad ambiental competente.
Desviar el curso del agua, que es un delito constitucional, termina reducido a un procedimiento administrativo. Esta es la Ley que el gobierno, la Asamblea Legislativa, los voceros oficiales llaman constitucional. Más estrambótico espectáculo no podía darse.





TARUD (PPD) DICE QUE ARICA DEBE CONVERTIRSE EN CIUDAD ESTRÁTEGICA

Publimetro de Chile (www.publimetro.cl/nota)

Luego que la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados sesionara en Arica, el presidente de la instancia, Jorge Tarud (PPD), señaló que la extrema capital regional nortina debe convertirse en una ciudad estratégica, que impulse el crecimiento y la generación de empleo, con el respaldo de las autoridades de gobierno, sobre todo después del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre los límites marítimos con Perú.
El parlamentario explicó que la comisión decidió sesionar en forma extraordinaria en la ciudad este lunes, pues, según dijo, se ha constatado que en Arica, la gente debe emigrar para tener una fuente laboral, a diferencia de Tacna, que ha recibido el apoyo de sus respectivas autoridades. La comisión acordó citar a los ministros de RR.EE., Economía y al subsecretario de Pesca, para entregar el análisis del encuentro.
"Quisimos dar una demostración concreta de apoyo a Arica, particularmente después del fallo de La Haya, porque ellos fueron los principalmente perjudicados y en segundo lugar, por lo que se viene por delante también con Bolivia. Nosotros concordamos que hay que hacer un esfuerzo adicional para potenciar Arica como ciudad estrategia de Chile y esta región, Arica y Parinacota necesitan mucho más preocupación del gobierno" , sostuvo el presidente de la comisión de RR.EE de la Cámara de Diputados.
Tarud señaló que "acordamos invitar para el próximo martes 8 de abril al canciller (Heraldo Muñoz), al ministro de Economía (Luis Felipe Céspedes) y al subsecretario de Pesca (Raúl Súnico), para entregarle los planteamientos que nos han hecho las autoridades y organizaciones sociales de Arica" .
Consultado sobre cómo potenciar la zoan, Tarud enfatizó que se debe hacer "con inversión, infraestructura, créditos blandos para el turismo, créditos para renovar los elementos de trabajo para los pescadores" .
"Aquí ha habido muchas promesas, pero no ha pasado nada, el Estado tiene que hacerse cargo de tener una fuerte inversión en todos los rubros económicos para potenciar Arica" , recalcó.
COMITÉ ASESOR
Respecto del anuncio de la conformación del Comité Asesor para la demanda que presentó Bolivia contra Chile, que quedó integrado por 35 personas, de las más distintas sensibilidades políticas, el presidente de la comisión de RR.EE. de la Cámara Baja dijo que "me parece un buen comité, pero yo le voy a retirar al canciller (Heraldo Muñoz) que la gente tiene que estar 100% dedicada a la demanda y no a part-time" .
Tarud concluyó que "la demanda hay que tomársela muy en serio y por lo tanto no hay que descuidarse, y que el coagente (Claudio Grossman) viva en Estados Unidos, a mí tampoco me parece natural, el coagente debería estar en Chile o en La Haya" .





EL "OJO POR OJO", UNA PRÁCTICA EN AUMENTO EN AMÉRICA LATINA
                                                                                                                                                              
Los casos de justicia por mano propia de parte de vecinos que intentan linchar a asaltantes vienen teniendo un temido ascenso durante los últimos días. En otros países, las cifras son alarmantes y solo han traído más violencia.

MDZOL de Argentina (www.mdzol.com/nota)
                                                      
Los casos de justicia por mano propia de parte de vecinos que intentan linchar a asaltantes constituyen una forma "bárbara y antidemocrática" de reclamo contra la inseguridad y no pueden enmarcarse en "un comportamiento racional".
Mercedes Calzado, doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Ciencias de la Comunicación, se expresó así en diálogo con Noticias Argentinas, quien interpretó que los protagonistas de los casos de intento de linchamiento que se vienen repitiendo en diferentes puntos del país "son vecinos hartos por determinadas situaciones".
La experta sostuvo que estos grupos "intervienen con herramientas propias del estado de naturaleza".
Investigadora del Instituto Gino Germani y del Conicet, Calzado comentó que llama la atención que los protagonistas de los casos "no reclaman que el Estado intervenga" y consideró que son situaciones donde "el hartazgo lleva al linchamiento".
"Hay una percepción de un vacío del Estado en temas de la seguridad urbana. Esa ausencia pareciera que lleva a intervenir a grupos de vecinos que se juntan para reclamar más seguridad", agregó.
La especialista resaltó que "el miedo es una fuerza que genera que una comunidad colectiva intervenga en cosas puntuales".
"El problema es cómo se interviene. En estos casos, se llevan por delante cualquier garantía y derecho constitucional", advirtió.
En otros países
Los países con mayores niveles de aprobación de la ley del "diente por diente, ojo por ojo" son República Dominicana (15,5%) y Nicaragua (18,1%).
México
En México, estos hacedores de la justicia por mano propia se agrupan y se les conoce como "grupos rudos". Escuadrones que operan al margen de la ley con la misión de exterminar a secuestradores, narcotraficantes y asesinos. Incipientes milicias ciudadanas que intentan imponer el orden donde el Estado no puede proveer seguridad a los ciudadanos.
Un periódico de Ciudad Juárez, la urbe fronteriza más violenta de México, realizó una reducida encuesta telefónica en la que la mitad de los entrevistados expresó que está de acuerdo con la formación de "grupos de limpieza" para combatir el crimen organizado.
Bolivia
En Bolivia, decenas de personas mueren linchadas cada año. Presuntos ladrones son quemados, golpeados, colgados o ahogados por turbas enardecidas en poblaciones rurales de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.
En uno de esos casos, los golpeados eran seis jóvenes de entre 14 y 17 años, a quienes luego los pobladores reconocieron haber confundido con presuntos ladrones.
Por lo general, los pobladores que ejecutan a presuntos ladrones, argumentan que "están aplicando la justicia comunitaria ante la inoperancia de los operadores de justicia".
Los linchamientos de supuestos delincuentes en Bolivia muestran que en el país rige de facto una pena de muerte aplicada por muchedumbres violentas, turbas ante las que la Justicia casi siempre se ve débil y sin posibilidad de castigar sus crímenes.
"Si bien constitucionalmente no tenemos la pena de muerte, en Bolivia se la va implantando de facto. Cuando la gente hace justicia por mano propia, califica con la pena más grande: el homicidio", lamentó, en declaraciones a Efe, el magistrado suplente del Tribunal Constitucional Milton Mendoza.
Este extremo ha sido constatado estos días con dos linchamientos que se suman a las decenas de los últimos años en Bolivia, donde se cuentan entre diez y veinte casos consumados cada año y una cifra mayor de intentos, según organizaciones de derechos humanos.
Perú
Perú es uno de los países latinos más radicalizados en cuanto a “ojo por ojo” se refiere. En 2004, un grupo de pobladores asesinó al alcalde, luego de que fuera acusado de corrupción. En los últimos años, el número de casos ha aumentado significativamente, lo que genera una espiral criminal.





LOS HIDROCARBUROS. RETOS PARA MÉXICO Y LATINOAMÉRICA

El Financiero de México (www.elfinanciero.com.mx)
                                                      
En mi artículo pasado me referí al excelente informe reciente de CEPAL sobre los Recursos Naturales de América Latina y, en especial a los mineros. Hoy me ocupo de los dilemas que presentan los hidrocarburos, la “papa caliente” en el México de hoy, que espera una nueva política de estado.
En la región hay una gran variedad de formas de organización del sector de petróleo y gas natural. En los 90s Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Trinidad-Tobago y Venezuela promovieron la participación privada en exploración y producción, así como reformas al régimen de transporte, refinación y distribución.
Al mismo tiempo, se avanzó hacia un mayor control estatal de los hidrocarburos, incluidos los precios, la renegociación contractual, la nacionalización de activos y el fortalecimiento del rol de la empresa estatal en el sector, buscando mayor productividad y beneficio para sus respectivos países.
¿Hacia dónde va México? ¿Cuáles serán en el largo plazo los beneficios para la sociedad de las reformas constitucionales realizadas y de las leyes secundarias en gestación? Convendría que nuestros legisladores y administradores de políticas públicas le echaran un vistazo al Informe de CEPAL.
En general, nos dice el informe, “los países con una tradición exportadora o una prospectiva geológica favorable en escenarios de precios altos han tendido hacia un mayor control estatal. Por el contrario, los países importadores con necesidades de desarrollar su industria y atraer inversión se han inclinado por la liberalización del sector”.
En la práctica, en un marco de constante volatilidad de precios, tanto los países como las empresas que poseen la tecnología y el capital, lejos de actuar unilateralmente, tratan de armonizar intereses. “Los gobiernos buscan conciliar distintos objetivos, que van desde maximizar su apropiación de la renta petrolera hasta atraer inversiones para desarrollar el sector, pasando por lograr el abastecimiento del mercado interno y una producción eficiente de hidrocarburos”.
En última instancia, sin embargo, como se desprende del informe, habría que aspirar a obtener el máximo beneficio económico y social a partir del aprovechamiento del recurso escaso a lo largo de toda su cadena de valor, incluyendo el mayor valor agregado hacia atrás y hacia adelante; es decir desarrollando proveedores locales de bienes y servicios y procesando industrialmente en el país- cuando sea conveniente.
En los últimos años ha crecido la producción regional y mundial de hidrocarburos. Sin embargo, nos recuerda el estudio, Latinoamérica ha perdido protagonismo en la producción de petróleo frente a Canadá y EEUU, Europa Oriental (Rusia), Asia Central y África. Esa pérdida de importancia no se ha dado en la producción de gas natural.
A partir de 2003 el consumo mundial y los precios del petróleo aumentaron sobre todo por la explosiva demanda de China e India. Ello propició una mayor exploración y producción en Latinoamérica. Pero un crecimiento medio del consumo en la región, del 3% -apoyado por altos subsidios en algunos países- superó a los crecimientos de la producción. Ello, advierte CEPAL, puede ocasionar a futuro un problema de seguridad energética, menores exportaciones, déficits fiscales, mayores deudas externa y menores reservas internacionales netas.
Por otra parte, se observa un aumento en los costos de producción, operación y mantenimiento, que desde 2004 no fue compensado por los precios de los hidrocarburos; en contraste con los productos mineros, en que los precios superaron con creces los costos de explotación y procesamiento.
En los últimos años la revolución del “shale gas” se ha traducido en precios en los EEUU de una tercera parte de los de Europa, Asia y Latinoamérica. “El arbitraje mundial podría propiciar a futuro la unidad de precios…en la medida que el comercio mundial aumente y las limitantes en torno al transporte disminuyan”.
En este contexto el informe recomienda:
1)Impulsar una mayor inversión pública y privada de calidad en exploración y producción 2)Crear condiciones regulatorias ,tecnológicas y de inversión para fomentar recursos no convencionales 3) Diversificar las fuentes de ingreso fiscal, reduciendo la dependencia de los hidrocarburos.4)Fortalecer la fiscalización y el control tributario de las empresas públicas y privadas, buscando la debida retribución a la sociedad con miras de largo plazo a través de regalías escalonadas e impuestos ligados a precios y utilidades extraordinarias y 5) Garantizar el desarrollo sustentable del recurso en términos económicos, sociales y ambientales, sobre todo en fuentes no convencionales en las que los riesgos son mayores.
En México evitemos los “pendulazos, tan nocivos en el pasado. De la sobre regulación pasemos a una efectiva y moderna regulación, que asegure el interés nacional y el beneficio social. No a una absurda desregulación -como la de la banca y los ferrocarriles- como la quieren unos cuantos.





¿POR QUÉ?

¿Cómo se puede culpar de algo o recriminar al hombre que mueve y conmueve a las masas con su verbo encendido de redentor de los pobres?

El país de España (www.internacional.elpais.com)
                                                                          
¿Cuántos niños de mi generación no disfrutamos del maravilloso Libro de los Porqués? Formaba parte de El Tesoro de la Juventud, una enciclopedia infaltable en las familias con muchos niños y con deseos de que éstos se hicieran afines a la lectura y fuesen personas cultivadas. Aquellos porqués tenían respuestas científicas para la curiosidad infantil ¿por qué no se mezclan el agua y el aceite? ¿por qué la marea crece? ¿de dónde obtienen las flores su color? ¿por qué el sol sale de día y la luna por las noches? Y hasta alguna bastante racista: ¿cómo obtienen su color los negros? Ese inocente libro hecho para mentes inocentes jamás respondería preguntas de carácter personal, como por ejemplo ¿por qué me persigue la mala suerte? Y menos de tinte político como una que cuando menos la mitad de los venezolanos y el resto del mundo se hacen a diario: ¿por qué Chávez arruinó a Venezuela? La respuesta más común, la que salta de inmediato es: Chávez era comunista y todos los gobiernos comunistas han sido desastrosos porque liquidaron el aparato productivo y abolieron la propiedad privada con lo cual la población perdió todo incentivo de prosperar. Les pasó a Stalin, a todos los países satélites de la URSS y a Mao, que antes era Tse Tung y ahora hay que decirle Zedong, que para los efectos da lo mismo.
Pero no es necesario ir tan lejos en el espacio y el tiempo, vamos a limitarnos al continente americano. Fidel Castro arruinó a la floreciente Cuba con solo nacionalizar la producción de azúcar, todas las empresas privadas y promover el exilio de los profesionales mejor formados y de los industriales más exitosos. Cuba no era un país minero o petrolero como Venezuela, fue bastante sencillo hundirla en la miseria. Ya lo dijo ese sabio santón Jorge Giordani que ha manejado la economía venezolana durante Chávez vivo y Chávez muerto: “Solo desde la escasez (y la pobreza) se construye el socialismo”. Para ahondar más la catástrofe, Cuba fue sometida a un embargo y su madrina generosa, la Unión Soviética, se desplomó. Por ningún lado aparece el hecho, ni siquiera la sospecha, de que la causa del naufragio haya sido la ayuda dispendiosa de Fidel Castro a otros países.
Demos un salto al extremo sur, Argentina era un país floreciente, el granero del mundo lo llamaron en los años 40. Llegó un militar llamado Juan Domingo Perón que de comunista no tenía un pelo, era un fascista formado en la escuela de Mussolini y admirador, además de cooperante, del nazismo hitleriano. Su populismo y el de su esposa Eva, destruyeron la economía argentina que jamás ha podido recuperarse porque jamás ha podido curarse de esa peste que se llama peronismo. Pueden ser peronistas de derecha, de centro o de izquierda pero todos confluyen en la misma incapacidad para dar pie con otra bola que no sea la de fútbol. Cuando llegaron los gorilas que derrocaron a Isabel Perón e instauraron una dictadura sangrienta, fundamentalmente anticomunista, en los 70, tampoco lograron algún bienestar y su dictadura terminó no solo por el fracaso rotundo de la guerra de Las Malvinas sino por el desastre económico en que sumieron a su país. Para seguir con los militares recordemos que Velasco Alvarado, también un populista irredimible, fue una maldición para la economía peruana. Pero miramos, remiramos y ni Perón, ni los militares argentinos de los 70, ni Velasco Alvarado, ni los peronistas posmodernos arruinaron a su país por regalar dinero a manos llenas a naciones vecinas y no tan vecinas. Pero es que tampoco eran ricos países petroleros que cada vez que disparaban un tiro en el Medio Oriente, veían incrementar sus ingresos por la exportación del excremento del diablo…. ¡y que excremento!.
Y así llegamos al teniente coronel Hugo Chávez Frías, que de golpista fracasado pasa a presidente electo por una indiscutible mayoría, de allí a caudillo y al poco tiempo a clon de Simón Bolívar y semidiós. ¿Cómo se puede culpar de algo o recriminar al hombre que mueve y conmueve a las masas con su verbo encendido de redentor de los pobres? En las cientos de miles de horas que destinó en catorce años de gobierno, para sus “Aló Presidente” y otras peroratas radiotelevisadas en cadena nacional, jamás, ni una sola vez, habló del trabajo como fuente de progreso y de riqueza de un país. Se hizo electoralmente imbatible no solo por el ventajismo y los abusos de poder, sino por ese voto duro de la gente a la que acostumbró a vivir de la dádiva. Muy pocos salieron de la pobreza pero todos amaron a ese distribuidor de maná que les permitió vivir sin trabajar.
Si tan solo hubiese sido eso, al presidente constitucional Carlos Andrés Pérez lo enjuiciaron y defenestraron en 1993, por un aporte jamás comprobado de diecisiete mil dólares a la campaña electoral de Violeta Chamorro, en Nicaragua. Chávez le envió a Cuba más de 100.000 barriles de petróleo diariamente, en condiciones privilegiadas, además de otras inversiones, créditos blandos, subsidios y contratos mil millonarios como intermediario de importaciones venezolanas de alimentos, bienes y equipos a terceros países. Bolivia, que dos décadas atrás era el país más pobre de América Latina, hoy acumula reservas por 14.000 millones de dólares, las más altas a nivel mundial en relación al tamaño de su economía (China figura en segundo lugar) Todo gracias al dinero venezolano que Chávez envió para un sinfín de desarrollos como aeropuertos, adquisición de aviones, ambulancias, etcétera. Evo Morales a quien tantos creyeron un indiecito ignaro incapaz de ejercer la alcaldía de un villorrio, ha resultado un gerente que bien podría dictar cátedra de economía a los ineptos herederos del Atila de Venezuela. Sigamos con Nicaragua, en la que el dinero venezolano ha construido refinerías, carreteras y paremos de contar. Solo en un trimestre de 2012 la ayuda de Venezuela a Nicaragua fue de 323 millones de dólares. El seudo socialista Daniel Ortega ha sabido utilizar esa ayuda para impulsar el desarrollo económico de Nicaragua, incentivando la inversión extranjera que Chávez expulsó de Venezuela.
La petrochequera de Chávez sacó del foso del default a la Argentina y, por la relación afectiva que se entabló con los Kirchner, se originó el escándalo de la valija con 800 mil dólares para la campaña electoral de la viuda en ciernes. Pero esa chequera alegre y saltarina, no se quedó encerrada en los límites de América, incluidas las islas angloparlantes del Caribe. En los más remotos e ignotos lugares del planeta el nombre de Hugo Chávez se conoció como una suerte de Papá Noel tropical. Miles de millones de dólares salieron de las arcas venezolanas para mejorar las condiciones de vida en otros países y para abultar las cuentas bancarias de unos cuantos corruptos, estafadores y vividores que engañaron al prócer eterno con pececitos de colores. A un año de su muerte, Venezuela es hoy un país en bancarrota, el de las deudas impagables con medio mundo, el reino de la escasez, el de los pobres y no tan pobres haciendo filas kilométricas desde la medianoche para obtener un kilo de harina de maíz, de azúcar, de leche en polvo, un litro de aceite o un paquete de papel higiénico.
Y de nuevo pregunto ¿Por qué? La única explicación que me cuadra es la del odio a su propio país, odio nacido de un profundo resentimiento que arrastró desde la infancia, más por el maltrato materno que por las condiciones socioeconómicas de su familia. En su obra “Tiberio, historia de un resentimiento”, Don Gregorio Marañón, quizá el más agudo analista de ese terrible sentimiento, dice: “… al triunfar, el resentido, lejos de curarse, empeora. Porque el triunfo es para él como una consagración solemne de que estaba justificado su resentimiento; y esta justificación aumenta la vieja acritud. Esta es otra de las razones de la violencia vengativa de los resentidos cuando alcanzan el poder. Llegado al poder, el resentido es capaz de todo”. ¿Qué si lo es? Ya vemos a donde nos llevó el resentido mayor y por dónde nos conducen los resentiditos que lo sucedieron.





LOS TALIBANES Y LA DROGA CONTRA LA DEMOCRACIA

Hay una clara simbiosis entre terrorismo, dictaduras y droga, aunque en cada caso los balances de fuerzas responden a las condiciones políticas y humanas prevalecientes

El Salvador (www.elsalvador.com)
                                              
La historia del hombre, dijo el filósofo Benedetto Croce, es la historia de los conflictos entre la libertad y la opresión.
El fanatismo rechaza la democracia en todas sus formas, lo evidencian los ataques que los talibanes, una forma extrema de demencia colectiva, está lanzando en Afganistán antes de las elecciones que tendrán lugar el cinco de abril.
El último atentado fue perpetrado por cinco individuos que atacaron la comisión electoral de Kabul, después de haber ingresado al lugar disfrazados de mujeres, que en ese país suelen ir cubiertas de pies a cabeza con toda suerte de velos, trapos, faldones, túnicas y bufandas, indumentarias que normalmente las autoridades no registran para no ofender a los creyentes.
Después de cinco horas de tiroteo, los cinco criminales fueron abatidos, lo que, en sus cabezas, constituye un pasaje al paraíso donde les esperan odaliscas en un verde prado donde corren ríos de leche y miel.
Los talibanes, como Ortega en Nicaragua y Maduro en Venezuela, al ser poseedores de la verdad suprema no necesitan molestarse con esas "ridículas convenciones burguesas" para legitimar dictaduras a perpetuidad, por lo que montan sus farsas electorales, anulan votos, intimidan a ciudadanos, amordazan a los candidatos opositores, meten muertos y presidiarios en el caldo y, al final, se proclaman vencedores, como se ha visto en otros lugares.
El problema afgano parece insoluble pues a la par de sectores que están hartos de fuerzas y grupos que los mantienen en una especie de teocracia medieval ---modos de vida prevalecientes hace mil cuatrocientos años--- coexisten etnias, tribus y feudos, así como individuos que cultivan la amapola ---de donde se extrae la heroína y la morfina, que suple a los narcotraficantes en Asia y Europa quienes, además, vía regímenes como el de Evo en Bolivia, incursionan ya en América.
Las FARC, la droga, las dictaduras populistas y el terror
Hay una clara simbiosis entre terrorismo, dictaduras y droga, aunque en cada caso los balances de fuerzas responden a las condiciones políticas y humanas prevalecientes. A ello se suma otro factor: en ciertas regiones del mundo el tráfico de drogas mantiene cierta distancia del poder político; en otras, el poder político está supeditado a los intereses de la droga, lo que aparentemente es el caso de Bolivia, donde el régimen apoya a los cultivadores de coca y, por lógica, también a los procesadores, que aseguran la rentabilidad del conjunto.
La relación de coexistencia y mutuo apoyo entre las FARC, el narcoterrorismo colombiano y el chavismo, son harto conocidas, comenzando por el uso del territorio de Cuba como un punto de trasiego de cargamentos de estupefacientes en la ruta hacia el Caribe pero especialmente a Estados Unidos.
Hace siglo y medio los escritores naturalistas franceses se plantearon el problema de los venenos de la inteligencia y las repercusiones que tiene sobre la sociedad entera. Se trataba de los efectos aniquiladores de drogas, estupefacientes, el alcohol, las perversiones y otros vicios sobre las personas y grupos sociales.
El caso emblemático es la destrucción de China en el Siglo XIX como resultado de abrir sus fronteras al opio que los ingleses cultivaban en la India que, pese a no formar vicio fisiológico, tiene efectos devastadores sobre las personas y como consecuencia sobre el cuerpo social. Esa amenaza está latente en Afganistán y Eurasia.

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