viernes, 31 de enero de 2014

ACADÉMICOS EUROPEOS Y LATINOAMERICANOS RECOMIENDAN NO PRIVATIZAR EL AGUA



Académicos europeos y latinoamericanos que participaron del Tercer Seminario Internacional de Metabolismo Social, efectuado esta semana en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), emitieron un manifiesto dirigido al gobierno del estado, en el que recomiendan que los sistemas de agua potable de la entidad no sean entregados a la iniciativa privada.
El acto, celebrado del pasado 27 al 29 de enero en el Edificio de la Aduana Vieja, fue convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la UAP, Sociedad Ciudad y Territorio, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”.
Participaron, entre otros, Fridolin Krausmann, del Institute of Social Ecology de la Alpen Adria University Klagenfurt Wien Graz; Víctor Toledo, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Enric Tello, de la Universitat de Barcelona, y Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, entre otros.
El manifiesto, dirigido al gobierno del estado de Puebla, a la sociedad poblana, al pueblo mexicano y a los medios de comunicación, se transcribe íntegro a continuación:
“La comunidad académica que participamos en el III Seminario Internacional de Metabolismo Social realizado en la ciudad de Puebla nos pronunciamos en contra del proceso de privatización del servicio de agua potable y saneamiento que se ha intensificado a partir del pasado 2012 con las diversas reformas a la Ley del Agua del Estado de Puebla. Señalamos que los problemas de abasto de agua en los municipios  Puebla no serán solucionados con la intervención de empresas privadas en su control–administración. No se trata solamente de aplicar mayores inversiones para la perforación de pozos profundos, construcción de transvases, acueductos, tuberías, etcétera, esto es, no es únicamente un problema técnico de manejo de sistemas hidráulicos y sanitarios, tampoco de la utilización de tecnologías o de una modernización administrativa.
“El acceso al agua en cantidad y calidad adecuada para el consumo humano y el desarrollo de sus actividades tiene diversas aritas. Las crisis hídricas normalmente se han atribuido a problemas técnicos, administrativos o financieros, aspectos asociados reiteradamente a un manejo deficiente por parte del Estado a partir de los cual se ha tratado de justificar la intervención del capital privado. Dicha visión derivada del modelo neoliberal se ha venido impulsando a nivel mundial desde hace varias décadas para imponer nuevas formas de producción y reproducción de políticas públicas inspiradas en los principios del libre mercado cuya motor es la ganancia y dentro de las cuales el agua es considerada como un bien económico, como una mercancía más.
“Estas políticas privatizadoras han sido impulsadas por Instituciones Financieras Internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y fueron o están siendo aceptadas e implementadas por la mayoría de los gobiernos de los países sin una consulta ciudadana y muchas veces a pesar de la oposición de las mayorías. Las experiencias en distintos países del mundo como Francia, Bolivia, Argentina, Brasil, España, entre otros han demostrado que la privatización  del agua no es el único, ni el mejor camino para enfrentar los problemas de escasez, falta de inversiones, deficiencias administrativas, problemas ambientales, conflictos hidrosociales, sus experiencias en la gestión del agua demuestran  que existen otros caminos y que en el caso de México es necesaria su construcción social, tomando en cuenta las condiciones regionales particulares.
“En varios de estos países y a raíz de los impactos sociales y ambientales negativos provocados por la privatización del servicio se está poniendo en cuestión este modelo y se ha retornado a la municipalización o gestión pública del agua. La ciudad de Paris, que es la ciudad de origen de las dos multinacionales más importantes en materia de suministro de agua a nivel mundial, ha finiquitado el contrato con estas empresas y ha restablecido la gestión pública. En muchos lugares de Europa existen movimientos sociales en contra de la privatización del agua como en Madrid y Barcelona, o a favor de la remunicipalización como en Italia.
“La Reforma al artículo 4° de la Constitución Mexicana establece que el agua es un derecho humano esencial y que el Estado mexicano, a través de sus diferentes formas y niveles, está obligado a garantizar que este se cumpla. Los cambios a la Ley de Agua del Estado de Puebla conlleva a la privatización del servicio contradiciendo dicho mandato pues su aplicación anula el estatus del agua como bien público y común, y lo entrega a la iniciativa privada para su usufructo afectando los intereses de la mayoría de los poblanos.
“Por otro lado, los enfoques en relación a la gestión del agua han sido muy limitados y debido a ello se han multiplicado los problemas de abasto, principalmente en las grandes urbes y zonas metropolitanas como la de Puebla. Los programas, proyectos, planes hídricos generalmente se han centrado en la explotación de acuíferos, su máxima preocupación ha sido la extracción de agua subterránea y su distribución (normalmente sesgada) entre los diferentes grupos y actividades sociales–económicos. Estas visiones parciales han provocado que se agudicen aun más los problemas y conflictos por el agua en la región.
“Se requiere un cambio profundo en los patrones de manejo del agua, y esto implica, además de un mayor conocimiento del funcionamiento del sistema hídrico, su difusión, el impulso de nuevas formas de gestión a partir de nuevos modelos de planeación para generar las políticas públicas hídricas. Este ejercicio necesariamente tendrá que estar sustentado en diferentes formas–mecanismo de participación social.
“Por lo anterior recomendamos:
“1. El Estado en co–gestión con la sociedad debe conservar la rectoría de la administración y distribución del agua, entendida esta como un bien común–publico que es estratégico para el bienestar social y el desarrollo económico de la región.
“2. El agua es un derecho humano y forma parte de ecosistemas a los que pertenece, no es una mercancía, por tales motivos debe responder  una racionalidad social y ambiental, no a una lógica ni a leyes del mercado.
“3. El agua no debe ser entregada a empresas o corporaciones nacionales o trasnacionales, por el contrario se deberán realizar estudios profundos del sistema hídrico de la cuenca y de su manejo,  los cuales tendrán  que ser avalados por las diferentes universidades a través de sus especialistas en la materia. El objetivo es disponer  de un diagnostico –pronostico real (propuestas– alternativas sustentables) de la situación del agua en las diferentes cuencas y subcuencas del estado de Puebla.
“4. Se deberán reconocer las condiciones y necesidades socioeconómicas, culturales y ambientales de los grupos y comunidades afectadas o beneficiadas en cada región poblana.
“5. Estos estudios deberán ponerse al alcance de la ciudadanía para su conocimiento, estudio y construcción  de propuestas que integran la política pública hídrica en el estado de Puebla”. (www.lajornadadeoriente.com.mx)





UN INTENDENTE SALTEÑO AVALA QUE LAS FAMILIAS ARGENTINAS SE HAGAN BOLIVIANAS

Contexto de Argentina (www.contextotucuman.com)
                                         
El escándalo por la extraña modificación de límites en la frontera argentino boliviana desnuda la ligereza con que se autorizan cambios en la demarcación, desde oficinas ubicadas a miles de kilómetros de distancia y sin evaluar que se trata de cuestiones de soberanía, aunque sean superficies relativamente pequeñas. 
El intendente de Santa Victoria Oeste, Cástulo Yanque, solicitó una entrevista con El Tribuno ayer miércoles a mediodía, aunque luego declinó hacerla sin dar explicaciones. 
Sin embargo, a través de la prensa oficial, Yanque reconoció que hubo un cambio en el límite: el cambio consiste en la instalación de un mojón que no estaba, aunque sostiene que corresponde exactamente con el trazado de 1925.
Ni él ni los funcionarios involucrados exhibieron hasta ahora el instrumento jurídico que autorizó la instalación de un nuevo mojón.
No obstante, opina que lo que dicen los vecinos del lugar y que publicó El Tribuno “es una mentira”.
“Abra de Santa Cruz es un valle y la recta entre los mojones de los cerros pasa por donde ahora está el nuevo hito”, dijo. La precisión de la ubicación de ese mojón, que requiere estudios geodésicos, ¿quién la garantiza?. Yanque no lo dijo y ningún periodista de Casa de Gobierno se lo preguntó.
El otro cambio no es menor: asegura que un grupo de familias salteñas fueron “amablemente” invitadas por las autoridades bolivianas a cambiar de nacionalidad. 
Esa es la información que publicó El Tribuno, aunque los vecinos del lugar niegan que el trato haya sido amable y, además, agregan que hubo amenazas de desalojo. 
El intendente no explicó si durante su gestión el municipio de Santa Victoria controló ese área o estuvo a cargo de la correspondiente alcaldía boliviana.
Tanto el intendente Yanque, como el ministro de Gobierno Eduardo Sylvester repiten el discurso de la Cancillería argentina, que negó el conflicto “a nivel diplomático” pero que nada dijo acerca de las demandas de los vecinos.
Nadie explicó las razones del apuro de Bolivia por correr el mojón. Ni ellos ni la embajada a cargo de Ariel Basteiro, en Bolivia, que ratificó el parte de la Cancillería según el diario oficialista Página 12. Ninguno, tampoco, se trasladó al lugar, de cuya existencia, probablemente, tomaron conocimiento esta semana.
Sería interesante saber qué pensarían Basteiro, Sylvester, Yanque o el canciller Héctor Timerman si mañana les dijeran que dejaron de ser argentinos y les exigieran adoptar otra nacionalidad.
Si era seguro de que se trataba de territorio boliviano desde hace noventa años, queda por explicar las razones por las cuales los habitantes tengan hasta hoy nacionalidad argentina y queda por informar si las autoridades provinciales, hasta ahora, ejercieron o no sus potestades en esta parte del territorio.
Llama la atención la liviandad con que se abordó un problema de soberanía, que contrasta con la postura del gobierno argentino frente a otros conflictos, como Laguna del Desierto o Hielos Continentales, de mayor envergadura que este, pero esencialmente similares.
Es probable que el nuevo mojón corrija un trazado, pero este debe ser el conflicto de límites tratado con mayor frivolidad en la historia diplomática argentina.
El intendente desmintió a los vecinos y negó los hechos afirmando que no es un tema que ocurriese en este último tiempo, sino que se remonta a un tratado firmado en 1925.
El mojón, cabe aclararlo, se instaló hace pocos días.
“El límite internacional entre Argentina-Bolivia está determinado por el Tratado Definitivo de Límites del año 1925. No se ha modificado, ni existe ningún proyecto de hacerlo, el límite internacional como informan erróneamente algunos medios. Entre la República Argentina y el Estado Plurinacional de Bolivia no hay diferencias en materia de límites fronterizos”, sostuvo Cancillería.
Yanque afirmó que desde el gobierno boliviano, se mostraron preocupados por las graves acusaciones que causaron revuelo nacional, y que ‘amablemente‘ habrían ofrecido a los pobladores a adquirir la nacionalidad del país vecino, sin ejercer presiones.
Ya que es el intendente, ¿por qué no fue a preguntarles a los vecinos, como sí lo hizo El Tribuno?





FRONTERA CON BOLIVIA: EL GOBIERNO MINIMIZA LA PROBLEMÁTICA Y PREOCUPA A LOS POBLADORES
                                                                                
El escándalo por la extraña modificación de límites en la frontera argentino boliviana desnuda la ligereza con que se autorizan cambios en la demarcación, desde oficinas ubicadas a miles de kilómetros de distancia y sin evaluar que se trata de cuestiones de soberanía, aunque sean superficies relativamente pequeñas. De esta manera, la cuestión, a pesar de que el gobierno de Juan Manuel Urtubey lo relativiza y Cancillería ni siquiera se acercó a dialogar en la zona, se traduce en preocupación por parte de los lugareños que en estos momentos viven una situación de incertidumbre.

Urgente 24 de Argentina (www.urgente24.com)
                                                    
La problemática entre Argentina y Bolivia en la zona fronteriza ubicada en la provincia de Salta continúa.
A pesar de las denuncias de los lugareños que informaron que nunca fueron notificados ni por el gobierno provincial o nacional  las conjeturas y cruces de declaraciones continúan.
Este miércoles 30/01 que Alfredo Landívar, miembro de la Comisión de Limites de Bolivia, explicó que por instrucciones de las cancillerías de Bolivia y Argentina, se colocó los conflictivos puntos de referencia para demarcar el límite internacional entre ambos países.
El funcionario boliviano explicó “Para conocimiento de la ciudadanía, tanto de Bermejo como de Aguas Blancas, el río Bermejo ingresó en su totalidad a territorio boliviano. A pedido de ciudadanos de ambos países se llegó con esta comisión binacional de límites, para proceder con las instrucciones de las autoridades superiores, en relación del Tratado Binacional de Límites del año 1947 y en base a fotos aéreas de ese año”, explicó Landívar.
 Carlos Cerruti, miembro también de la Comisión Binacional de Límites de Argentina, aseguró que se procedió a la colocación de marcas limítrofes en el sector de las chalanas, para las personas conozcan dónde nace Bolivia y hasta dónde es territorio argentino.
El funcionario argentino explicó las finalidades de esta situación “Esa es nuestra única misión en este lugar, no tenemos nada que ver con la restitución de horarios de trabajo de las chalanas, esto lo decidirán las autoridades fronterizas” aseguro Cerruti.
También se pudo observar la presencia del almirante Eduardo Santa Cruz Velasco, de la Dirección General de Intereses Marítimos y Lacustres de la Armada Boliviana, quien arribó a Bermejo para cumplir con la instructiva de las cancillerías de Bolivia y Argentina.
Al respecto expresó “Existía una confusión en este sector del puerto de desembarco de las chalanas, respecto al límite fronterizo. Las autoridades de Argentina sostenían que el límite fronterizo comenzaba en el talud de las márgenes del rio Bermejo, pero con explicaciones del Tratado de 1947 y las fotos aéreas se determinó que eso no era evidente”, subrayó.
Tratados bilaterales
Se tomó como referencia el Tratado Binacional de Límites del año 1947.
En el proceso de señalamiento participaron representantes de instituciones de Bermejo.
El Intendente de Santa Victoria Oeste avaló la modificación de ciudadanía de los pobladores
El intendente de Santa Victoria Oeste, Cástulo Yanque, reconoció que hubo un cambio en el límite, el mismo consiste en la instalación de un mojón que no estaba, aunque sostiene que corresponde exactamente con el trazado de 1925.
A pesar de las afirmaciones, ni él ni los funcionarios involucrados exhibieron hasta ahora el instrumento jurídico que autorizó la instalación de un nuevo mojón.
 “Abra de Santa Cruz es un valle y la recta entre los mojones de los cerros pasa por donde ahora está el nuevo hito”, dijo.
 El otro cambio no es menor: asegura que un grupo de familias salteñas fueron “amablemente” invitadas por las autoridades bolivianas a cambiar de nacionalidad.
Esa es la información que publicó el diario local El Tribuno, aunque los vecinos del lugar niegan que el trato haya sido amable y, además, agregan que hubo amenazas de desalojo.
El intendente no explicó si durante su gestión el municipio de Santa Victoria controló ese área o estuvo a cargo de la correspondiente alcaldía boliviana.
Tanto el intendente Yanque, como el ministro de Gobierno Eduardo Sylvester repiten el discurso de la Cancillería argentina, que negó el conflicto “a nivel diplomático” pero que nada dijo acerca de las demandas de los vecinos.
Nadie explicó las razones del apuro de Bolivia por correr el mojón. Ni ellos ni la embajada a cargo de Ariel Basteiro, en Bolivia, que ratificó el parte de la Cancillería según el diario oficialista Página 12. Ninguno, tampoco, se trasladó al lugar, de cuya existencia, probablemente, tomaron conocimiento esta semana.
Yanque afirmó que desde el gobierno boliviano, se mostraron preocupados por las graves acusaciones que causaron revuelo nacional, y que ‘amablemente‘ habrían ofrecido a los pobladores a adquirir la nacionalidad del país vecino, sin ejercer presiones.
El dólar en la frontera
Comienzan a derrumbarse los precios de los productos en el lado argentino y hay un recelo por cambiar el dólar en el lado boliviano. La devaluación del peso argentino (15%) en los últimos días y el potenciamiento del mercado negro del dólar comienzan a alentar la importación y el contrabando ‘hormiga’ de productos de ese país a Bolivia. De hecho, de más de una treintena de grandes almacenes que comercializan al por mayor productos alimenticios en Salvador Mazza (Argentina), aproximadamente el 70% quedaron vacíos por la alta demanda de comerciantes bolivianos.
Lo cierto es que la mayoría de los comerciantes bolivianos y argentinos consultados pronostica que el ‘cepo cambiario’ seguirá enfrentando una mayor devaluación y que el peso argentino podría depreciarse hasta un 30% o 40% frente al dólar.
En criterio de Luis Reynaga, gerente propietario de la Casa de Cambios San Luis S.R.L, en la plaza informal o mercado negro el dólar se cambió ayer entre 12,35 y 12,40 pesos, mientras que el oficial llegó a 9,62 pesos. Lo extraño del caso es que el martes el dólar se cotizó en 10,80 pesos. Es decir, en 24 horas perdieron dinero, por lo que ahora tienen cautela en la compraventa de la moneda. Similar opinión fue vertida por otros representantes de negocios.
En San José de Pocitos existen más de media docena de casas de cambio y unos 25 cambistas apostados a lo largo de la calle que comunica el puente internacional con Argentina.





EL "CONTINENTE DE LA PAZ" TIENE VARIOS CONFLICTOS LIMÍTROFES PENDIENTES

Río Negro de la Argentina (www.rionegro.com.ar)
                                      
Aunque en la reciente cumbre de la Comunidad Latinoamericana de Naciones (Celac) se definió como "un continente de la paz", los países de la región mantienen diversos conflictos fronterizos, algunos de ellos causa de fuerte tensión diplomática.
• Chile-Bolivia: este último país mantiene su reclamo de tener acceso al océano Pacífico desde 1879, cuando perdió su salida al mar en una guerra con su vecino. Desde ese entonces hubo varias querellas entre ambos Estados y en abril del 2013 el presidente boliviano Evo Morales anunció la presentación de una demanda ante la Corte de La Haya, que solicitaba a la CIJ que declarara que Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia un acuerdo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico por territorio chileno. Chile sostiene que la frontera está definida desde la firma de un tratado de límites de 1904 y que ningún país puede ser obligado a ceder su territorio.
• Argentina-Reino Unido (Islas Malvinas ): la Argentina reclama la soberanía del archipiélago, ocupado por los británicos desde 1833. En 1982 se produjo una guerra que perdió Argentina y, desde ese momento, el país comenzó sus reclamos por la vía diplomática.
• Colombia-Venezuela: el litigio es por la delimitación marítima en las aguas del golfo de Venezuela, en el área de la Guajira. Hubo muchos roces diplomáticos y en 1987 estuvo a punto de desatarse un conflicto armado, tras el ingreso de la corbeta colombiana Caldas en el territorio en disputa. A partir de la década de los 90 acordaron congelar la discusión.
• Venezuela-Guyana: la disputa territorial entre los vecinos caribeños nació en el siglo XIX, cuando el Reino Unido estableció la frontera de su por entonces colonia Guyana Inglesa y, según Venezuela, incluyó dentro de sus límites al territorio de Esequibo. Actualmente esa porción de tierra sigue en manos guyanesas, pero Venezuela cuestiona la soberanía basándose en un acuerdo internacional de 1966.
• Colombia-Nicaragua: tal vez sea el enfrentamiento más reñido de toda la región, ya que ni siquiera fue resuelto con dos fallos de la Corte de La Haya. La zona en cuestión es el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia: en la sentencia del 2007 se determinó que las tres principales islas le pertenecían a Colombia, pero no estableció la soberanía de otros cinco islotes deshabitados ni la frontera marítima entre ambos países. Y en el 2012 se reafirmó la propiedad colombiana de los islotes, a la vez que se trazó una frontera que reconoce como nicaragüenses al menos 75.000 km² de mar que los colombianos siempre consideraron suyos.
• Nicaragua-Costa Rica: desde el 2010 se pelean por la soberanía de un islote fluvial de poco menos de 3 km² de longitud ubicado en uno de los afluentes del río San Juan, cuya margen sur sirve de frontera entre ambos países. En noviembre del 2013 la Corte de La Haya le ordenó a Nicaragua frenar todas las labores de dragado y reparar el daño causado por las mismas, pero no resolvió el fondo del asunto: la soberanía del islote.
• Honduras-El Salvador: los vecinos centroamericanos están enfrentados por la posesión de isla Conejo, de medio kilómetro de extensión en el golfo de Fonseca. Desde 1983 la zona está ocupada por soldados hondureños. En noviembre pasado comenzó una batalla diplomática ante la ONU.
• Guatemala-Belice: desde 1859 Guatemala reclama como propia una extensión de 12.700 km² dentro del país vecino, un área que representa casi la mitad del territorio beliceño. En el 2000 ambas naciones aceptaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) como mediador.
• Brasil-Uruguay: ambos vecinos mantienen una disputa por dos zonas. Una es el Rincón de Artigas o el Rincão de Artigas, un área triangular de 237 km² actualmente en manos brasileñas. Mientras que la otra es la isla Brasileña, un territorio fluvial en la desembocadura del río Uruguay que está gestionado por Brasil, pero que es reclamado por Montevideo.
• Bolivia-Brasil: aquí el conflicto es por una pequeña isla fluvial en el Amazonas. Se trata de isla Suárez, como es conocida en Bolivia, donde se la considera parte del departamento de Beni, "o ilha de Guajará-mirim", para los brasileños que la incluyen en el Estado de Rondônia. Tiene apenas 2,58 km².





REELECCIONISMO MÁGICO LATINOAMERICANO

Los presidentes de América Latina están haciendo reformas constitucionales para facilitar sus propias reelecciones

El País de España (www.internacional.elpais.com)
                                                       
Luego de organizar treinta y dos levantamientos armados contra el gobierno, el coronel Aureliano Buendía regresó a Macondo desencantado de la política: Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros días de la paz, iba a venderlos a las poblaciones de la ciénaga, y regresaba cargado de monedas y de noticias. Que el gobierno conservador, decía, con el apoyo de los liberales, estaba reformando el calendario para que cada presidente estuviera cien años en el poder. Que por fin se había firmado el concordato con la Santa Sede, y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los ministros liberales se habían hecho retratar de rodillas en el acto de besarle el anillo. Que la corista principal de una compañía española, de paso por la capital, había sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados, y el domingo siguiente había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la república. «No me hables de política —le decía el coronel—. Nuestro asunto es vender pescaditos.
La desvergüenza que desencantó al coronel Buendía sigue estando tan vigente hoy en América Latina como cuando Gabriel García Márquez publicó la novela genial que le ganaría el Premio Nobel de Literatura. Entre antojadizos fraudes electorales, pelotones de fusilamiento, alzamientos armados, golpes de Estado y masacres genocidas, “Cien Años de Soledad” relata la historia universal y fabulosa que experimenta una familia prolífica y longeva en un pueblito de la selva colombiana. La historia está contada de manera tan fantástica que, en vez de indignación e impotencia, los abusos del gobierno provocan en el peor de los casos resignación, en el mejor esperanza, y con seguridad diversión.
Las reformas constitucionales promovidas por los presidentes latinoamericanos de turno para facilitar sus propias reelecciones son la clase de triquiñuelas que conviene ver con ojos de realismo mágico para evitar caer en la desesperanza. En un artículo previo sobre la nutrida historia de reeleccionismo en el continente americano, ya explicamos en términos jurídicos por qué este tipo de reformas violan el derecho internacional y por qué deberían provocar el rechazo de la Organización de Estados Americanos.
Recientemente, el Frente Sandinista del presidente Daniel Ortega aprovechó su mayoría parlamentaria para reformar la constitución de Nicaragua de manera que el excomandante guerrillero pueda ser reelegido indefinidamente. En realidad, el artículo derogado (147) ya había sido declarado “inaplicable” por el Tribunal Supremo nicaragüense en el 2009, por lo que la reforma fue simplemente para ponerle un sello más grande y solemne a un atropello constitucional previo. (Algo así como cuando luego de la apelación definitiva a cargo de los abogados de la compañía bananera “se estableció por fallo de tribunal y se proclamó en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores”.)
En 2010, los magistrados del bloque sandinista convocaron a una reunión secreta (sin los magistrados afines al partido opositor) y ratificaron una sentencia de 2009 que establece que, dado que los legisladores sí pueden ser reelectos según la constitución, la prohibición de la reelección presidencial era “discriminatoria” contra Ortega y violatoria del principio de “igualdad incondicional de todo ciudadano nicaragüense”.
Bajo ese argumento desvergonzado, cualquier legislador nicaragüense (o cualquier ciudadano) podría arrogarse la potestad de emitir decretos, de comandar la policía y las fuerzas armadas, o de manejar las relaciones exteriores del país —todas éstas atribuciones que la constitución otorga exclusivamente al presidente— porque prohibírselo sería discriminatorio, anticonstitucional e “inaplicable”.
En un ejercicio similar de alquimia constitucional, el tribunal constitucional de Bolivia autorizó en abril de 2013 la segunda reelección consecutiva del presidente Evo Morales contradiciendo el texto expreso de la constitución que la prohibía (disposición transitoria segunda). Según el razonamiento de este tribunal, el primer mandato del presidente (2006-2010) no contó porque en esos momentos Morales era el presidente de la República de Bolivia, mientras que en 2010 habría sido electo —por primera vez— como presidente del “refundado” Estado Plurinacional de Bolivia.
Como en Nicaragua, los nuevos jurisconsultos de Bolivia no son ni juristas, ni probos, ni independientes, ni cayeron del cielo. Al llegar al poder, Morales redujo el salario de los antiguos magistrados; les mandó una turba de mineros que dinamitaron el tribunal; y luego, con su constitución de 2010, creó el nuevo “Tribunal Constitucional Plurinacional” e hizo elegir catorce nuevos jueces por voto popular, en un proceso que el Colegio de Abogados de Bolivia calificó de “nulo” (en vano por supuesto).
Uno de los flamantes magistrados electos se llama Gualberto Cusi Mamani, quien se hizo famoso en 2012 cuando realizó una demostración televisada de cómo él leía las hojas de coca para decidir sus fallos (no todos sus fallos, sólo los “complejos”, valga la aclaración). El escándalo fue tal que sus colegas magistrados rechazaron sus declaraciones y aclararon que el método jurisdiccional de Cusi Mamani “de ninguna manera representaba” la práctica del resto del tribunal. Hasta una comisión de la Asamblea Plurinacional oficialista le convocó para que se explique. Cusi Mamani afirmó a los legisladores que “no cualquier gil lee la coca”, sino solamente los “seres sagrados”, los “impactados por un rayo” o los “gemelos”.
Tan realista y mágica es la situación actual de Bolivia que luego de este episodio Cusi Mamani se ha convertido en la única esperanza de disidencia en la justicia constitucional boliviana. Molesto por la ridiculización a la que fue sometido por sus colegas, Cusi Mamani se animó a denunciar presiones directas del ejecutivo en el tribunal constitucional y, argumentando “problemas de salud”, fue el único magistrado que se excusó de conocer el asunto de la reelección de Morales. Meses después del fallo reeleccionista y ante una gran expectativa, el magistrado dijo a la prensa que había leído en las hojas de coca que Morales sería reelecto en 2014, pero que no terminaría su mandato. Digamos que la opinión cósmica del magistrado Cusi Mamani no es una de esas opiniones disidentes que terminarán sentando las bases de sólidas líneas jurisprudenciales futuras (como las de Oliver Wendell Holmes Jr. en la Corte Suprema de EEUU a inicios del siglo XX), pero convengamos también que su temeridad y su lastimado orgullo lo convierten hoy por hoy en el juez más honrado de esa corte de justicia.
La manera escandalosamente tramposa en que Ortega y Morales han pisoteado las constituciones de sus países para lograr su propia re-reelección bien pudiera ser el producto de la fantasía de algún escritor (una especie de “reeleccionismo mágico”) pero es tan real como que Ménem (1994), Cardozo (1997), Fujimori (1993) Chávez (1999-2009), Uribe (2004) y Correa (2008) hicieron lo mismo en sus respectivos países, con sellos congresales y fallos de cortes supremas de por medio. Lastimosamente, la historia del desprecio por el orden constitucional en América Latina es tan real como que Pinochet bombardeó el palacio presidencial chileno con aviones de la fuerza aérea y con el presidente dentro, como que Videla arrojó miles de prisioneros drogados y desnudos al Atlántico y explicó luego por televisión a sus familias que el “desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita […] no tiene entidad, no está” y que por eso en el gobierno nacional “no podemos hacer nada”, y como que la dictadura comunista cubana cumplió este mes cincuenta y cinco años en el poder rebalsada del cariño y la admiración (y acaso una gota de sana envidia) de todos los presidentes latinoamericanos que le están visitando en La Habana.
En Cien Años de Soledad, el coronel Aureliano Buendía se volvió liberal tras presenciar incrédulo cómo don Apolinar Moscote, suegro suyo y corregidor de Macondo por el partido conservador, había abierto con toda soltura las ánforas de las elecciones generales y sacado una por una las papeletas rojas con los votos liberales, antes de sellar las cajas nuevamente y enviarlas a la capital llenas de papeletas azules. “Si hay que ser algo sería liberal —dijo poco tiempo después el coronel—, porque los conservadores son unos tramposos”. Pero después de liderar treinta y dos levantamientos armados contra el gobierno conservador, por la época en que se dedicaba ya solamente a sus pecaditos de oro, se le oyó decir resignado: “La única diferencia actual entre liberales y conservadores, es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho”.






MORALES CULPA AL CAPITALISMO DE LOS DESASTRES NATURALES

"El único culpable es la exagerada industrialización de algunas potencias" asegura el mandatario

El País de España (www.internacional.elpais.com)
                                                    
La negligencia del capitalismo que no ha evitado el calentamiento global es la principal causa de los desastres naturales que afecta a Bolivia y a muchas otras naciones del mundo, ha asegurado el presidente Evo Morales tras sobrevolar los anegados valles de Cochabamba, en el centro del país.
Vastas zonas del centro y del noreste amazónico boliviano se encuentran bajo el agua de ríos que se salieron del cauce debido a las persistentes lluvias que caen sobre territorio boliviano y que ya ha obligado a declarar “estado de emergencia nacional” a fin de disponer medidas de socorro a favor de las víctimas.
En La Paz, zonas residenciales han sufrido el desmadre de los ríos, la destrucción de puentes, con un saldo de dos personas heridas, varios coches dañados y casas inundadas, al cabo de una torrencial lluvia de casi una hora de duración.
Según informes de Defensa Civil el número de familias damnificadas en el país supera las 24.000, casi un millar de viviendas se han derrumbado y se han perdido unas 4.500 hectáreas de cultivos de productos alimenticios. La cifra de muertos no está consolidada, pero se menciona un mínimo de 24 y un máximo de 46, diez de ellos perdieron la vida cuando quedaron bajo tierra tras el derrumbe de una colina en Rurrenabaque.
Morales ha asegurado que es una obligación del Gobierno la de atender a las víctimas con ayuda humanitaria inmediata como alimentos y medicamentos. Ha comprometido la reconstrucción de viviendas a fin de que “en pocos meses podamos entregarles casas”, y ha anunciado que se pagará el seguro agrario por cada hectárea de cultivos que se perdieron a causa de las inundaciones, los granizos y las lluvias.
El gobernante boliviano reiteró en la localidad de Cliza, famosa por sus cultivos de maíz y la elaboración de “chicha” (licor de maíz) y entre las más castigadas por las inundaciones, lo que horas antes dijo ante el cuerpo diplomático que acudió a la tradicional ceremonia de salutación en el nuevo año en la Casa de Gobierno en La Paz.
“Seguramente algunas potencias tienen responsabilidad no solo con Bolivia sino con la comunidad internacional…porque son responsables de los desastres naturales que está viviendo el mundo entero”, aseveró el presidente Morales.
“El único culpable es la exagerada industrialización de algunas potencias; siguen fabricando armas para matar y no salvar vidas y eso está contaminando todo el mundo y está haciendo cambiar el medio ambiente”, ha explicado Morales a las víctimas en Cliza mientras se cumplía con la distribución de toneladas de alimentos y ropa.
El presidente ha advertido que si continúa la indolencia de las potencias y no toman acción para frenar la contaminación del planeta, todo va a empeorar.
“Lo que estamos viviendo acá es poco”, ha dicho Morales y ha expresado que en otros países “es impresionante lo que afecta el calentamiento global por culpa de las potencias, que no quieren asumir responsabilidad ni para expresar solidaridad”.
La temporada de lluvias en Bolivia, desde fines de noviembre hasta mediados de marzo, ha ocasionado en este tiempo el aumento en, al menos, un 20% en el caudal de los ríos, comparativamente a 2013, según el Servicio Nacional de Hidrografía Naval.
Las lluvias caídas tanto en el altiplano como en los valles, cabecera de la región amazónica, confluyen en los caudalosos ríos que surcan las llanuras de Pando y Beni y que están afectando no solo a las poblaciones ribereñas, sino las parcelas de cultivos y el ganado bovino, del que Beni es el mayor productor en el país.
La Federación de Ganaderos de Beni y Pando ha informado que sus afiliados han perdido ya 9.000 reses, con un costo aproximado de cinco millones de dólares, mientras que el resto del ganado bovino tiene que ser trasladado a alturas, con la limitación de pasturas y la pérdida de peso de los animales





BOLIVIA: UNA DÉCADA GANADA

Realidad Económica de Argentina (www.iade.org.ar/modules)
                                                          
¡Ahora es cuándo, carajo! Este fue un grito-latido muy escuchado en Bolivia cuando el pueblo impugnaba las décadas pérdidas ocasionadas por las políticas neoliberales derivadas del mayor de los Disensos, el de Washington. No sólo significó rechazo sino también la elección del momento preciso de la verdad, de mirar hacia delante, de transitar de una táctica de resistencia hacia una victoria electoral, y seguidamente, una estrategia de construcción propositiva para refundar un nuevo Estado Plurinacional.
Las mayorías exigieron que la democracia aparente se convirtiera en una democracia real e integral, en la que se respeta la soberanía del voto popular, a la par que se democratizan las condiciones sociales y el poder económico. Evo Morales, con un instrumento electoral y político, desde el año 1997, primero en calidad de diputado, luego en el año 2002 –llegando a ser segundo en la carrera presidencial–, y definitivamente a fines del año 2005, es elegido presidente con una mayoría absoluta. Desde ese entonces, son nueve años de gobierno de Revolución Democrática y Cultural, de cambio de época, que ya constituyen una década recuperada, una década ganada.
No hubo tiempo que perder porque las urgencias no tienen la paciencia que cierta intelectualidad presupone para discusiones eternas o para transformaciones de largo plazo. Lo primero fue salvar el corto plazo para evitar la defunción del largo plazo. Y para empezar, había que evitar que la institucionalidad heredada, injusta e importada, fuera fagocitando cualquier intento de cambio, para ello, lo fundamental era una convocatoria para una Asamblea Constituyente. Casi un mes después, el 1º mayo de 2006, se decretó la nacionalización de los hidrocarburos que ha permitido que la producción del gas natural se duplique y que los ingresos públicos se multipliquen por diez (pasaron de 673 millones de dólares a 5599 millones de dólares).
En estos años comenzó una acelerada y vigorosa política de reapropiación de los sectores estratégicos (transporte eléctrico, telecomunicaciones y transportes) y de redistribución de la riqueza mediante un híbrido virtuoso: a) acciones a favor de la inclusión, tales como: Renta Dignidad a favor de las personas mayores, Bono Juancito Pinto a favor de la escolarización de los niños y Renta Juana Azurduy de Padilla para las mujeres embarazadas, y b) políticas estructurales de inversión sociales y en infraestructuras. Además, no se pueden olvidar aquellos programas más pequeños que han consentido democratizar el paulatino cambio de la matriz productiva: programa Proleche a favor de los productores pequeños de leche para defenderlos del monopolio y con fijación de precios de consumo, la creación de Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, la Empresa Azucarera San Buenaventura, la Empresa Pública Nacional Estratégica Cementos de Bolivia, etc.
En el plano internacional, Bolivia se alejó de las reglas dominantes internacionales del boboaperturismo; abandonó el Ciadi (juez y parte del Banco Mundial), los préstamos del FMI, no firmó acuerdo comercial con la UE, no aceptó chantaje vía Atdepa con los Estados Unidos ni la contra ayuda de Usaid en cooperación para el subdesarrollo. Frente a ello, apostó por una inserción soberana en el mundo, mediante la regionalización de las relaciones económicas (ALBA, Mercosur, Unasur), con una diversificación comercial en el nuevo mundo multipolar.
Frente al decálogo neoliberal del pasado, Evo Morales optó por su “mandar obedeciendo” en la búsqueda del Vivir Bien de las mayorías en sustitución del Vivir Mejor de unos pocos, resumido en estos diez mandamientos: 1) reducción de la pobreza extrema y desigualdad según PNUD, 2) mejoras en alimentación según FAO, 3) se triplicó el PIB, 4) tasa de desempleo es del 5,5 por ciento, 4) salario mínimo casi triplica la inflación acumulada, 5) la inflación pasó del 400 por ciento en 1985-2005 al 6,7 por ciento en 2005-2013, 6) mejor distribución de las tierras, 7) la inversión pública se multiplicó por diez, 8) se mejora y democratiza la educación y la salud, 9) se mejora el acceso a energía y 10) recuperación del Estado gramsciano, más democratizado, participativo y protagónico. Todos son resultados que ratifican aquello que dice el presidente Evo Morales: “en Bolivia se ha pasado de los Chicago Boys a los Boliviano Boys. En definitiva, Bolivia, en el auge neoliberal, en el año 2001, fue el alumno aventajado del FMI y BM, aplaudido por estos organismos por su mejor nota en el denominado Indice de Avances de Reformas Estructurales. Hoy, nueve años después, tras su década ganada, en cambio, es felicitado por su pueblo. Así que, salvada esta década, lo próximo será disputar la próxima, nuevamente una década decisiva.





HRW PIDE A BOLIVIA QUE NO REDUZCA LA EDAD MÍNIMA LABORAL A MENOS DE 14 AÑOS

ICN Diario de Argentina (www.icndiario.com)
                                                                 
El gobierno boliviano debería rechazar propuestas que pretenden reducir la edad mínima laboral a menos de 14 años, señaló la organización internacional Human Rights Watch. El presidente Evo Morales expresó recientemente su apoyo a las propuestas de un sindicato de trabajadores infantiles y adolescentes que aspiran a abolir la edad mínima para el “trabajo independiente” y fijarla en 12 años para todos los demás trabajos.
El parlamento debate actualmente un nuevo proyecto de ley sobre derechos infantiles, que ratifica la edad mínima actual de 14. Tras las manifestaciones organizadas por Unatsbo, la Unión de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores de Bolivia, la presidenta del Senado, Gabriela Montano, aceptó evaluar la posibilidad de incorporar cambios al proyecto.
“El trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza”, observó Jo Becker, directora de defensa de los derechos del niño de Human Rights Watch. “Reducir la edad mínima laboral es una medida contraproducente y que se aparta de la tendencia en el resto del mundo”.
El 24 de enero, Human Rights Watch se sumó a Global March against Child Labor (Marcha Global contra el Trabajo Infantil) y Anti-Slavery International organizaciones internacionales que enviaron una carta al presidente Morales, en la cual expresaron su repudio a la posibilidad de que se rebaje la edad mínima laboral. La carta indicaba que tal decisión sería contraria a los compromisos internacionales asumidos por Bolivia y resultaría perjudicial para la economía del país.
La Organización Internacional del Trabajo informó en octubre de 2013 que los índices globales de trabajo infantil se habían retraído un 30 por ciento desde 2000. En América Latina, la cantidad de niños que trabajan se redujo de 14,1 millones a 12,5 millones entre 2008 y 2012. Según se ha informado, en Bolivia existen 850.000 menores que trabajan.
La reducción del trabajo infantil se atribuye a diversos factores, indicó Human Rights Watch, incluido un mayor acceso a educación, el fortalecimiento de los esquemas de protección social, como el programa boliviano de transferencias monetarias Juancito Pinto, y una legislación y supervisión rigurosas.
Bolivia es uno de los 166 países que han ratificado el Convenio Internacional del Trabajo N.° 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. El convenio estipula una edad mínima de 15 años. Los países cuya economía y medios de educación no hayan alcanzado un desarrollo suficiente podrán, si se cumplen ciertas condiciones, establecer inicialmente una edad mínima de 14 años.
“Es común que familias de bajos recursos envíen a sus hijos a trabajar por necesidad, pero estos niños no reciben educación formal y tienen mayores probabilidades de desempeñar trabajos mal remunerados durante toda su vida adulta”, indicó Becker. “El gobierno boliviano debería apostar por políticas y programas que permitan erradicar el trabajo infantil, en vez de perpetuarlo”.





BOLIVIA PUEDE RETOMAR AGENDA DE COLABORACIÓN CON CHILE, AFIRMA ASESOR

Spanish China (www.spanish.china.org.cn/international)
                                                                                   
El asesor del gobierno de Bolivia, Andrés Guzmán, dijo hoy que con la toma de posesión en marzo próximo de la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, se abre la posibilidad de retomar la agenda de cooperación con ese país, la cual incluye el tema del mar.
"Si Chile cumple lo que ha prometido", Bolivia retirará su demanda ante la Corte de La Haya, aseguró Guzmán a la prensa chilena, al destacar que con Bachelet se abre la nueva posibilidad de retomar la agenda de los 13 puntos que ambos países acordaron en el primer gobierno de la mandataria chilena (2006-2010).
Guzmán fungió como jefe de la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) de Bolivia, organismo encargado de presentar la demanda marítima ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, del cual ahora es asesor externo.
La Diremar es también la encargada de conformar la comisión que desarrolla la memoria del caso, la cual deberá presentar ante la CIJ el 17 de abril de este año para ratificar su demanda.
Los contactos oficiales entre ambos gobiernos se interrumpieron en la administración del presidente chileno Sebastián Piñera, de derecha, después de que el presidente boliviano Evo Morales, ante la falta de una propuesta concreta para una salida al mar para Bolivia, anunció que acudiría a los tribunales internacionales de justicia.
Hace dos días en La Habana, Cuba, donde participaba en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Morales dijo que esperaba que el futuro gobierno de Bachelet (socialista) hiciera una propuesta para posibilitar una salida al mar a Bolivia.
Guzmán señaló que los argumentos bolivianos sobre el corredor de ocho kilómetros que definieron los generales Hugo Bánzer, de Bolivia, y el chileno Augusto Pinochet en sus negociaciones de 1975, se basan en que "Chile dijo que estar dispuesto a ceder territorio sin consideraciones".
Tras el fallo entregado esta semana por la CIJ ante la demanda peruana contra Chile presentada en 2008, favorable a Perú, ha vuelto a relucir la acción judicial por un acceso al mar presentada por Bolivia.
La Paz solicita que la CIJ obligue a Chile a negociar de buena fe un acuerdo pronto y efectivo para que Bolivia tenga una salida plenamente soberana al océano Pacífico.
Guzmán dijo que con Michelle Bachelet se abre una nueva posibilidad para retomar la agenda de 13 puntos que se estaba conversando hasta el 2010, lo cual puede lograr que Bolivia deseche la demanda que mantiene contra Chile.
Esto ocurriría "si Bachelet acepta el punto seis (sobre la salida soberana al mar para Bolivia), que Sebastián Piñera rechazó" y generó la demanda judicial, agregó Guzmán.
El punto seis trata sobre la entrega por parte de Chile de un corredor soberano para el tránsito comercial boliviano y la salida al océano Pacífico, pero el asesor de la Diremar ve un futuro más complicado que en 2010 luego de la designación de los secretarios de Estado.
"La primera señal que ha dado Bachelet con el nombramiento del canciller Heraldo Muñoz no da buenas luces", comentó el asesor respecto a sus planteamientos sobre la demanda de Bolivia.
Explicó que la CIJ tiene que decidir si Chile debe mantener negociaciones territoriales con Bolivia por los compromisos que se han asumido en diversos gobiernos durante la historia de sus relaciones internacionales.
De establecerse este punto, según Guzmán, deberá fallar respecto a las concesiones de superficie por parte de Bolivia y la cantidad de territorio que debe pasar a soberanía boliviana.
La Diremar se basa en varios compromisos que ha asumido el gobierno de Chile para resolver el conflicto, como en 1950 o con "El abrazo de Charaña", de los dos generales en 1975, además de la nota del canciller Patricio Carvajal, que habla de las negociaciones entre los ex presidentes Hugo Bánzer (Bolivia) y Augusto Pinochet (Chile).
Guzmán plantea que en esos documentos Chile expresa su voluntad de darle un territorio soberano a Bolivia en el norte de Arica.




AVANCES PARA EXPORTAR MINERAL BOLIVIANO DESDE IBICUY, EN ENTRE RÍOS

La Gaceta de Argentina (www.lagaceta.com.ar)

El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, se reunió con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y ambos avanzaron en el desarrollo del puerto de la localidad entrerriana de Ibicuy como salida al mar de las exportaciones del país vecino, informaron voceros del gobierno provincial.
El encuentro se concretó en el marco de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (Celac) que se desarrolló en La Habana, Cuba.
“El rumbo estratégico de la integración para la Patria Grande que nos planteó la Presidenta, y el Estado Plurinacional de Bolivia y la idea de comunidad pluriétnica, cultural y política en la que se basa, encierran el modelo de integración desde dónde es necesario recrear la Patria Grande”, dijo el gobernador.
“Por eso, desde Entre Ríos nos ponemos al frente de este modelo de integración, y avanzamos con los hermanos bolivianos en una salida al mar para sus exportaciones de mineral de hierro desde nuestro puerto Ibicuy”, afirmó Urribarri. El yacimiento de hierro del Mutún, en Bolivia, es el más grande del mundo y tiene alrededor de 75 kilómetros cuadrados, con reservas valuadas en al menos 40.000 millones de toneladas de hierro y 10.000 millones de toneladas de manganeso.
En tanto, el Puerto Ibicuy es la estación fluvial más profunda de Entre Ríos, con un calado natural de 32 pies, lo que permitirá el traspaso de 500.000 toneladas al año de mineral de hierro, entre otras mercancías, con destino fundamental a China, resaltaron las fuentes.
Por otra parte, el gobernador dijo que se firmó una carta de entendimiento con una sociedad inglesa y una española para el transporte y extracción del mineral, respectivamente, para empezar a negociar el contrato para el uso del puerto Ibicuy, que tiene “una enorme perspectiva de crecimiento y se transformará en una estación fluvial de referencia de la Hidrovía Paraná-Paraguay”.





Washington destinaba unos 40 mdd a programas de desarrollo, salud y ambiente

EU SUSPENDE AYUDA ECONÓMICA A BOLIVIA POR EXPULSIÓN DE LA USAID
                                                                                                                                                                             
Nuevo punto de quiebre en la relación de ambos países que se deteriora desde hace 8 años
El presidente Evo Morales acusó a la agencia estadunidense de financiar acciones en su contra

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)
                                           
Estados Unidos anunció hoy la suspensión de toda cooperación económica con Bolivia –alrededor de 40 millones de dólares para programas de salud, ambiente y desarrollo económico–, como consecuencia de la expulsión del país sudamericano de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID, por sus siglas en inglés), el primero de mayo pasado.
La suspensión del flujo de financiamiento a Bolivia representa un nuevo punto de quiebre en la relación bilateral, que desde hace ocho años se ha deteriorado progresivamente por las denuncias de intervención estadunidense en asuntos internos del país andino, así como por el acercamiento del presidente Evo Morales a Venezuela y Cuba.
Nuestro apoyo económico siempre se ha entregado por medio de la USAID y a pedido del gobierno boliviano esa agencia ya no funciona aquí, así que el apoyo económico ya no es tema entre los dos países, afirmó Larry Memmott, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos.
La salida de la USAID se concretó el 30 de septiembre de 2013, casi cinco meses después de que Morales acusó a esa entidad de haber financiado a organizaciones no gubernamentales y protestas contra proyectos oficiales, como la realizada en 2011 para rechazar la construcción de un tramo de una nueva carretera que conectaría poblaciones aisladas en la región amazónica.
La Paz siempre ha pedido respeto en la relación bilateral
El 18 de marzo de 2012 Morales advirtió que cerraría la embajada de Estados Unidos en esta ciudad si persistía en acciones que molestaran a su administración, que en 2006 significó un cambio de dirección en las relaciones con Washington, supeditadas al gobierno estadunidense durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en la década de los 90.
La USAID se estableció en 1964 en Bolivia y la mayoría de sus programas de cooperación desde que Morales asumió la presidencia estuvieron vinculados a zonas rurales, especialmente en las zonas de producción cocalera en Los Yungas de La Paz y Chapare en Cochabamba. El monto total del financiamiento provisto por Washington en casi 50 años fue de dos mil millones de dólares.
Antes de la expulsión de la agencia, Morales ordenó –el 10 de septiembre de 2008– la expulsión del embajador Philip Goldberg, acusado de haber financiado y conspirado un movimiento político opositor con base en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente del territorio. El Departamento de Estado negó los señalamientos, pero respondió igualmente con la expulsión del representante boliviano en Estados Unidos.
En noviembre de ese mismo año, Morales también denunció la intromisión de la estadunidense Agencia Antidrogas (DEA), en respuesta a la decisión de Washington de descertificar la labor y la cooperación de Bolivia en acciones contra la producción y el tráfico de drogas. Estamos mejor sin la DEA, dijo el mandatario en julio pasado en una ceremonia con la fuerza especial antidrogas de su país.
Morales y otros funcionarios bolivianos han manifestado su interés por rehacer la relación oficial con Estados Unidos sobre la base del respeto a la soberanía de Bolivia y la comunicación entre pares y sin la tutela de uno sobre otro.




CHILENOS Y PERUANOS SE ALEJAN DE CONFLICTOS DE ESTADO

Chile se enfrentó a Bolivia y Perú en la sangrienta Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Lima perdió las provincias de Arica e Iquique, y Bolivia perdió Antofagasta.

Diario Digital de República Dominicana (www.diariodigital.com.do)
                                                                 
Juan González y Luis Monsalve tienen orígenes distintos, pero mucho en común. González, un inmigrante peruano de 40 años, que desde hace ocho vive en Santiago, y Monsalve, un chileno de 63, coinciden en que los conflictos limítrofes nunca benefician a los pueblos.
Ambos vivieron la expectación generada por el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que el lunes 27 acogió parcialmente en su sede de La Haya los argumentos de Chile y Perú, pero que entregó miles de kilómetros cuadrados a Lima, que hasta ahora estaban bajo control de Santiago.
En la Plaza de Armas de Santiago, donde los dos hombres trabajan, unidades móviles de televisión, periodistas y fotógrafos se instalaron ese día para observar las reacciones de chilenos y peruanos al fallo, que dirimió uno de los diferendos limítrofes pendientes en América Latina.
"Se consiguió un pedazo de mar que es más importante para los dirigentes grandes (autoridades) porque a nosotros, a los chilenos y a los peruanos, no nos regalan ni un pescado”, afirmó González, vendedor de comida peruana a un costado de la Plaza, cuando dialogó con a IPS el miércoles 29.
Para Monsalve, que regenta un pequeño quiosco en la plaza, el diferendo “es un tema lejano” porque “nuestros reales problemas se centran en cómo darle de comer a nuestras familias”.
La Plaza es el kilómetro cero de Chile y el lugar donde habitualmente se pasean gran parte de los 103.624 peruanos residentes, que componen la principal comunidad de inmigrantes en este país.
La Corte fijó nuevos límites marítimos bilaterales y otorgó a Perú unos 22.000 kilómetros cuadrados de la que fue zona económica exclusiva de Chile por más de 60 años.
El dictamen, calificado de salomónico en las dos capitales, si bien respetó el llamado Hito 1 como el nacimiento del paralelo demarcador de la frontera, que postulaba Santiago, cortó la línea en la milla 80 y no en las 200 millas como aspiraba su gobierno.
La zona hasta ahora en litigio es frecuentada por unos 1.300 pescadores artesanales de anchoveta, utilizada principalmente para hacer harina de pescado, pero está controlada por un gran consorcio del Grupo Angelini, el tercero más poderoso de Chile.
“La Corte de La Haya resguardó la pesca de los pescadores artesanales pero igualmente la de la gran industria, que también explota el recurso hasta más o menos la milla 60”, explicó a IPS el economista Claudio Lara.
“Por lo tanto, los intereses de la pesca chilena, principalmente la empresarial, fueron resguardados por el fallo”, opinó el director de la maestría de economía de la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado de la Universidad Arcis.
Perú se declaró ganador del proceso que inició en 2008 con su recurso a La Haya, mientras Chile minimizó la pérdida al señalar que la Corte reconoció su posición de que los límites marítimos estaban trazados.
Mientras el presidente del tribunal internacional, Peter Tomka, leía el fallo inapelable en la ciudad holandesa, en la Plaza de Armas decenas de inmigrantes peruanos y ciudadanos chilenos dialogaban sobre sus alcances.
Chile se enfrentó a Bolivia y Perú en la sangrienta Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Lima perdió las provincias de Arica e Iquique, y Bolivia perdió Antofagasta.
A Perú, la guerra lo dejó sin la extensión marítima que reclamó ante La Haya, mientras que a Bolivia la dejó sin salida al océano Pacífico, en un diferendo aún sin dirimir.
Durante el conflicto, los soldados chilenos saquearon distintas zonas peruanas, incluyendo Lima, robaron valiosas obras de arte y libros, violaron mujeres y quemaron viviendas.
Sin embargo, 130 años después, Chile y Perú comparten much son miembros de la Alianza del Pacífico (con Colombia y México) y conviven en numerosos mecanismos regionales e internacionales.
Además, las inversiones chilenas en Perú sumaron 13.600 millones de dólares entre 1990 y 2013 y las peruanas en Chile 8.000 millones de dólares, según la oficina de ProChile en Lima.
En la zona fronteriza, cientos de miles de personas de los dos países viajan libremente entre la chilena Arica y la peruana Tacna.
Los chilenos acuden a hospitales y clínicas de Tacna, donde el acceso a la salud es más barato y la atención más cordial, dicen. Según el alcalde de Arica, Salvador Urrutia, unas 5.000 personas cruzan la frontera a diario, cifra que se triplica los fines de semana.
La cientista política Francisca Quiroga, profesora de la gubernamental Academia Diplomática de Chile, cree que, más allá de la postura de los Estados, “hoy se moviliza la ciudadanía, se genera una mayor movilidad social y, por lo tanto, se establece una mirada desde otros puntos de vista, ya no solo del estado-nación”.
El discurso del enemigo externo se ve enfrentado hoy a una ciudadanía que plantea nuevas formas de resolución de conflictos.
Para el peruano González el fallo estuvo bien. “Fue mejor así, para no estar peleando”, dijo.
“Si le hubieran dado un pedazo más a Perú, para los chilenos habría sido peor y la cosa podría haberse puesto más seria”, añadió.
“Fue todo normal, tranquilo”, asintió el chileno Monsalve.  “Había distintas opiniones, las de los peruanos y las nuestras, pero nunca hubo un clima de odiosidad”, valoró.
Los dos coinciden en que la relación entre chilenos y peruanos es cordial. Conviven en la Plaza de Armas, donde se han apostado locales con frutos y comidas de Perú.
Quiroga afirmó que la ciudadanía ha ido avanzando hacia otras formas de relacionarse, pese a que los Estados de la región se mantienen en una postura sobre la soberanía bastante rígida.
Como ejemplo, citó a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que “en su tratado constitutivo mantiene el principio de soberanía muy restrictivo, sostiene el principio de no intervención y de defensa al interior de cada nación”.
Chile y Perú, con su política de estrategias paralelas, establecieron una mirada política-jurídica del fallo, sin tocar la económica, añadió.
Lara aseguró que, desde que se inició el diferendo en 2008, los chilenos han invertido en Perú más de 8.000 millones de dólares.
El miércoles 29, en una reunión bilateral en el marco de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada en La Habana, los presidentes Sebastián Piñera, de Chile, y Ollanta Humala, de Perú, acordaron implementar gradualmente el fallo, en un clima de cordial vecindad.
Mientras en Santiago, González y Monsalve dialogaban por primera vez, pese a trabajar a media cuadra de distancia. En los próximos días, Luis irá a comer al local de Juan, quien dijo que lo esperará gustoso.




EE UU CREE QUE LA CELAC HA TRAICIONADO LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS DE LA REGIÓN

El Departamento de Estado reprocha que los líderes reunidos en Cuba no hayan condenado la represión del Gobierno a los manifestantes

El País de España (www.elpais.com.es)
                                                                                                  
Estados Unidos ha sido categórico a la hora de censurar el resultado de la II cumbre de la CELAC (Comunidad de Estados Latinos y Caribeños), que concluyó en La Habana este miércoles. En un comunicado, el Departamento de Estado ha acusado a los asistentes de haber abrazado el castrismo, reprochándoles la ausencia de críticas hacia el régimen autoritario que gobierna en la isla y la falta de apoyo a la libertad de expresión y de manifestación que el Gobierno cubano ha violado, sostiene, con su represión de las protestas durante el encuentro. La dura posición de la Administración estadounidense demuestra que Cuba continúa siendo el principal polo de fricción política en el hemisferio.
“Estamos decepcionados porque la CELAC, con su declaración final, haya traicionado la dedicación de la región a los principios democráticos al aceptar el sistema unipartidista de Cuba”, señala el Departamento de Estado. “Encontramos esta circunstancia inexplicable para una organización que se supone que apoya la democracia y los derechos humanos tal y como constató en la declaración de Santiago redactada en la primera cumbre de la CELAC”.
EE UU, que junto con Canadá son los dos únicos países del continente americano excluidos de la CELAC y que tampoco han sido invitados a la cumbre de La Habana, reprocha especialmente que los líderes que han acudido a la isla no hayan hecho ningún esfuerzo por reunirse con miembros de la disidencia y de la sociedad civil, como solicitó a través de uno de sus portavoces el Departamento de Estado al comienzo de esta semana, y que no hayan condenado la represión a los ciudadanos cubanos que decidieron aprovechar la cumbre para manifestarse. “Encontramos especialmente descorazonador e inconsistente que la CELAC no haya siquiera cuestionado las acciones de su anfitrión para cohibir a los ciudadanos en su deseo de expresar de manera pacífica sus aspiraciones democráticas”.
Los principales líderes del hemisferio -los presidentes de Argentina, Brasil, México, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Nicaragua- han aprovechado la cumbre para entrevistarse con Fidel Castro. El portavoz del Departamento de Estado instó esta semana a los jefes de Estado y a los representantes de otras organizaciones internacionales que procuraran reunirse con miembros de la disidencia para mostrarles su apoyo hacia la defensa de la libertad de expresión y manifestación,
Todos, sin embargo, se han ceñido a la agenda de la CELAC y no han previsto reuniones con miembros de la disidencia, con la excepción de una delegación de Costa Rica, encabezada por su embajador en la isla, que visitó a Elizardo Sánchez.
El texto del documento final de la cumbre aboga por "respetar plenamente el derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia pacífica entre las naciones". En la declaración de la CELAC tampoco se hace mención a los derechos humanos, salvo para saludar el lanzamiento, el año pasado, de un satélite en Bolivia, en colaboración con el Gobierno de China, que facilitará “el acceso a la educación e información y garantizará el ejercicio de los derechos humanos y facilitará el intercambio de conocimientos científicos entre los diferentes pueblos de América Latina y el Caribe”. Sin embargo, como viene siendo habitual en las resoluciones de la CELAC, los países miembros sí condenan el embargo a Cuba de EE UU y su mantenimiento en la lista de países promotores del terrorismo del Departamento de Estado.
Para EE UU el foro adecuado para resolver los asuntos hemisféricos es la Cumbre de las Américas, una reunión auspiciada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la que Cuba ha sido excluida de todas sus citas, hasta la fecha. La cumbre de la CELAC, con casi pleno de asistencia de los jefes de Estado de América Latina, ha permitido demostrar al Gobierno de la isla que sigue manteniendo un importante poder de convocatoria y un espaldarazo a sus políticas. El hecho de que ninguno de los líderes políticos haya cuestionado la situación de derechos humanos en la isla también puede considerarse un éxito del régimen castrista.
Entre la pluralidad de entidades regionales y subregionales del hemisferio, la CELAC se ha consolidado como el foro de convergencia política para la mayoría de los dirigentes de sus estados miembros, por encima de la propia OEA, el único organismo que reúne a todos los países del continente Americano -a Cuba se le levantó la suspensión en 2009, aunque, desde entonces, no ha solicitado su readmisión- pero cuyo prestigio está muy devaluado. EE UU lo considera un escenario incómodo, al que aporta la mayoría del presupuesto a cambio de sufrir las críticas de imperialismo de otros países, en especial los del bloque del ALBA, cada vez más molestos con las denuncias que reciben por parte de sus órganos de control de derechos humanos.




Gregorio Santos Guerrero. Presidente regional de Cajamarca y líder del Movimiento de Afirmación Social (MAS).

“MI CANDIDATURA DEPENDE AHORA DE LOS JUECES Y FISCALES”

La República de Perú (www.larepublica.pe)

¿Va a seguir manteniendo su posición dura contra el gobierno que le ha costado caro a Cajamarca, como lo admitió anteriormente?
Para muchos les parece intransigente mantener una posición sobre una realidad concreta. En un primer momento, cuando sustentamos el nuevo modelo de desarrollo para Cajamarca, que no era la minería que no había apuntado al desarrollo, y soportar las campañas mediáticas que recibimos millones y que no sabemos gastar, hace que uno piense que en mi país no se mira el futuro de las nuevas generaciones. El nuevo modelo de desarrollo debe ser asumido por la población que pueda asegurar la convivencia con el resto del país, hemos mantenido una posición firme, más aún que ahora el censo agropecuario señala que somos la región más agraria del país, hay una gran parcelación de la tierra, hay grandes brechas en general, porque no se reorientan esos presupuestos. El gobierno mantiene una posición de disociación, de dispersión, de desarticulación en el enfoque de acción concreta para salir adelante. Mi posición se va a mantener, Cajamarca no es la única región que tiene recursos naturales, el Perú es más grande que Conga, que la propia actividad extractiva, Ollanta tiene que ver que el desarrollo es complementario y subsidiario. 
Reniega con frecuencia de Conga, pero para su reelección ¿Conga será un aliado o debe salir del debate electoral?
Por donde se lo mire, de acuerdo al modelo de desarrollo, va a estar presente este tema de Conga y el rol que ha jugado Yanacocha como dueño de estos proyectos, si ellos fueron ineptos de mirar el desarrollo integral de la región donde decían que conviven, lanzando campañas publicitarias millonarias para decir que los cajamarquinos somos ignorantes, estos conceptos lo redujeron tanto que terminaron por aniquilarse, no es la única empresa que puede traer capitales de los Estados Unidos, hay otros que pueden financiar y que probablemente tengan otra visión y puedan compatibilizar con el desarrollo sostenible y estratégico de un país.
¿China?
No necesariamente, están Brasil, con la comunidad europea, la UNASUR, la experiencia vivida por Chile, Bolivia, que está saliendo del hoyo, Argentina, podría pensarse en una creación heroica del desarrollo latinoamericano.
Presidente, en otro punto, no lo siento muy entusiasmado con la construcción del Frente Amplio ¿el MAS lo respaldará?
Estamos dispuestos a construir un frente grande de unidad, no sé cuál será el nombre, el Frente Patriótico, Por la unidad de la Patria, de Salvación Nacional, los nombres al final son secundarios, lo esencial es el gran programa para transformar el Perú, el mismo que debe pensar en el proyecto de nueva Constitución para refundar la república, porque ésta ha fracasado, las normas de convivencia entre peruanos ya no funcionan, la derecha ha concentrado y monopolizado todo, esa Constitución no da para más y va incubando grandes conflictos sociales, ese Frente se va a construir a partir de las regiones y que va a requerir de liderazgos que vayan más allá de cuatro personas, de reuniones de café, de colectivos que creen tener la verdad absoluta.
¿En esas reuniones de café está Marco Arana?
Mira, yo creo que cada movimiento tiene su repercusión, seguramente habrán muchos provincianos que cuando se van a Lima ya no quieren regresar a su tierra, habrán muchos provincianos que fueron nombrados autoridades en tiempo del virreinato y se han quedado con un pensamiento virreinal que hay que ubicarse en el centro de donde está el poder nacional y desde ahí poder concentrar el poder político, la izquierda que proponemos es de Mariátegui, donde el mesías, el gran líder está siendo esperado por el pueblo y ojalá renazca.
¿Usted es ese Mesías?
No, no creo que sea yo… 
¿Y Arana? 
Los nombres pesan menos frente a esto porque el liderazgo no se gana con etiquetas, ni autoproclamaciones y autoalabándose, el liderazgo se conquista, producto de un enorme sacrificio, de desprendimiento, de demostrarle a la ciudadanía que por encima de todo prima el interés de la nación de los 30 millones de peruanos.
Arana ha sido crítico con usted al insinuar que el Frente Amplio no gira alrededor de caudillos y que en el MAS no respetan elecciones internas y no son muy democráticos.
Mi característica me ha marcado con serenidad para manejar este tipo de opiniones que son normales en un proceso de unidad, se construye respetando cada opinión que hay que confrontarla con la realidad, Santos no es caudillo, las decisiones no giran a mi alrededor, ilusionarse con que ya tenemos una etiqueta y que eso ya representa la unidad del país, la unidad del progresismo de la izquierda peruana, realmente es estar soñando frente a una derecha tan poderosa que tiene su mejor arma, ahora en el control casi absoluto de los medios de comunicación que repiten mensajes para unificar el pensamiento de la nación para lanzarlo contra nosotros.
¿El MAS ha relegado a Patria Roja?, ¿Qué papel juega Alberto Moreno?
Sigue jugando un papel protagónico, somos un partido que tiene una estructura ideológica y mística de entrega absoluta a la causa revolucionaria de solidaridad humana, sigo respetando los cuadros históricos del partido porque se han mantenido incólumes. En política es relativa la propuesta, la propia candidatura de Santos es relativa, está sujeta a cuestiones externas, depende de varias condiciones adicionales, de jueces, de fiscales, de la presión mediática, estas elecciones son muy particulares. 
En ese ánimo de renunciamiento a favor de la unidad ¿cedería su candidatura a favor de Arana a la presidencia regional?
Mira, nada está descartado, si hay necesidad histórica de hacerlo, le cedería la posta, aún a costa de lo personal que pasa a segundo plano, pero eso requiere llevar adelante la gran causa, estoy ubicándome en la tribuna, somos dirigentes porque nos falta mucho para tener la caracterización de líderes, el camino tiene que estar bastante claro y ahí estamos dispuestos a todas las renuncias.





¡Y AHORA LE TOCA AL VECINO!

Revista Piensa de Chile (www.piensachile.com)
                                                                       
Quienes dirigen nuestra política exterior ignoran o no quieren rememorar la larga historia con nuestros vecinos del norte, lo cual los lleva a seguir cometiendo errores en los tribunales internacionales de justicia. Si hacemos un recorrido histórico por el siglo XIX comprobaremos que tuvimos dos guerras, en las cuales Chile resultó vencedor: la primera, contra la Confederación Perú-Boliviana, en los años 30, y, la segunda, la Guerra del Nitrato, en los años 70. Si nos remontamos más atrás, a la época de la Conquista, los almagristas – seguidores del español Diego de Almagro, llamados “los rotos” – al regreso al Perú, desde Chile, provocaron una guerra civil contra los hermanos Pizarro, incluso, la Armada, creada por O´Higgins, llegó al puerto del Callao anticipando, así, el derrumbe del virreinato. Quizás, el único momento latinoamericanista por parte de Chile respecto al Perú fue la guerra contra España, en que Chile tuvo que sufrir el bombardeo de Valparaíso por parte de la Marina española. Si leemos con atención a Francisco Antonio Encina cuando describe este episodio en su Historia de Chile, comprobaremos el desprecio con que este historiador analiza el latino americanismo, que él considera “quijotesco” por la acogida que los liberales dieron al Perú al ser invadido por los españoles en las Islas Chinchas.
Si ignoramos que la ocupación de Lima por parte de los chilenos, a finales de la guerra del nitrato, fue equivalente, en el tiempo y no menos genocida a la ocupación de los nazis en París  en la Segunda Guerra Mundial, y si agregamos, además que Chile se quedó con las provincias de Tarapacá y Antofagasta – la primera de Perú y, la segunda, de Bolivia, en ese entonces y hasta ahora las zonas que más han aportado riquezas al Chile, antes con el salitre y, ahora, con el cobre – se comprende que estos dos vecinos países del norte quieran recuperar parte del territorio perdido, así sea en una mínima proporción – sería bueno recordar siempre que en el centenario de la Guerra del Nitrato, (1979), estuvimos a punto de un conflicto bélico con el Perú -.
Es posible que Bolivia haya salido desfavorecida con el reciente fallo de la Corte Internacional de La Haya respecto al diferendo marítimo entre Chile y Perú, pero sería, una vez más, una insensatez mirar con desprecio y arrogancia la tesis boliviana respecto de los derechos expectaticios. Si alguna enseñanza podemos deducir del este fallo es que los jueces no se limitan a considerar elementos jurídicos, sino que analizan el conjunto de las relaciones entre los países litigantes, razón por la cual, aun cuando nos parecen inexplicables las razones que los magistrados de La Haya tuvieron para cortar  en la milla 80 aplicando, posteriormente, la bisectriz que favoreció a Perú, que si bien no corresponde a la letra del Tratado Perú-Chile, sí responde a razones de equidad y de reivindicaciones de un país que perdió parte de su territorio en la guerra.
En el escenario post-fallo de La Haya no parece tan estrafalario la consideración de los derechos expectaticios, que fundamenta la demanda actual de Bolivia ante el Tribunal Internacional de La Haya. Debemos considerar que los distintos gobiernos chilenos han tenido la voluntad de solucionar el tema de la mediterraneidad de Bolivia: en primer lugar, previo al plebiscito que debía resolver la pertenencia de las provincias de Tacna y Arica, Chile ofreció a Bolivia la de Arica, con la condición de que el gobierno del altiplano apoyara la pretensión de nuestro país, en el sentido de triunfar en ese plebiscito, que nunca se llevó a cabo, pues se decidió, de común acuerdo, repartir Arica para Chile y Tacna para Perú, en el Tratado de Lima. En este caso, para entregar cualquiera de los territorios antiguamente peruanos a Bolivia, se hacía necesario el visto bueno de ambos países; en segundo lugar, Chile también ofrecía la Caleta Víctor, al sur de Arica, en subsidio de fracasar la entrega de la provincia de Arica; en tercer lugar, durante el gobierno de Gabriel González Videla, su ministro de Relaciones Exteriores, Horacio Walker, ofreció una salida del mar a Bolivia, compensada con una serie de aportes bolivianos respecto a la energía hidroeléctrica; en cuarto lugar, durante los gobiernos de los dictadores  Augusto Pinochet y Hugo Bánzer, Chile ofreció una franja de tierra, al norte de Arica, hasta la Línea de la Concordia, que no fue aceptada por Perú, en razón del Tratado de Lima y que planteaba, alternativamente, la internacionalización de Arica, lo que tampoco era aceptable para Chile; en quinto lugar, los gobiernos de Bachelet y Morales estudiaron los famosos “trece puntos”, que no excluían ningún tema bilateral, es decir, incluido la salida del mar a Bolivia.
Bolivia también puede argumentar que el Tratado de 1906, por el cual cedía el territorio de Antofagasta a cambio de compensaciones económicas y de infraestructura – como el ferrocarril Arica-La Paz – no ha sido cumplido, en su integridad por parte de Chile. Se puede agregar, además, que al rechazar la calidad de árbitro por parte de Kaiser Guillermo de Alemania, el arbitraje correspondería a la Corte Internacional de La  Haya.
Considerando los antecedentes descritos anteriormente, pienso que sería un grave error mirar despectivamente y aduciendo tener la razón y la intangibilidad de los Tratados.

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