Los vuelos
ilegales y su carga de drogas provocaron en las últimas semanas fuertes
polémicas. Funcionarios nacionales y políticos de la oposición debatieron sobre
la necesidad o no de contar con una ley de derribo. Se habló sobre el plan de radarización, de los equipos instalados y de las
unidades por construirse. Documentación oficial señala que desde mediados de
2011 fueron detectados más de 800 Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI) en el
Norte argentino.
Pero, en
rigor, hasta ahora la información aportada por esos radares no fue usada en el
decomiso de avionetas narco y los datos aportados por los radares no resultaron
de utilidad para desarticular organizaciones criminales.
Así lo
afirman agentes de seguridad que analizaron notificaciones sobre vuelos
ilegales. Esa observación encuentra ratificación en una docena de causas judiciales
en las que estuvieron involucradas avionetas narco. En ningún caso, la
investigación se inició a partir de detecciones de los radares instalados en
Posadas, Resistencia, Santiago del Estero y Las Lomitas, los dos últimos en
forma experimental.
Escuchas
telefónicas, llamadas anónimas, avisos de pobladores y observaciones directas
efectuadas por gendarmes aparecen en los expedientes como disparadores de las
pesquisas que terminaron en el secuestro de aeronaves y droga.
Dos semanas
atrás, unidades especiales de la Gendarmería dieron un espectacular golpe en
una estancia en Santo Tomé, Corrientes, y decomisaron cuatro avionetas y 330
kilogramos de cocaína. Las aeronaves despegaban desde Bolivia y atravesaban la
zona de radares. Sin embargo, la investigación comenzó por una simple captura
de un cargamento que circulaba por tierra; el operativo se concretó luego de
tres meses de escuchas telefónicas.
Gracias a la
interceptación de llamadas también fue desarticulada, en octubre pasado, una
banda que acopiaba cocaína en la localidad cordobesa de Sinsacate, luego de
introducir los embarques por vía aérea desde Bolivia. Un informante de la
policía de Córdoba había sido, un mes antes, quien aportó los datos que
permitieron la captura de una avioneta en Obispo Trejo, horas antes de que se
desatara el narcoescándalo que llevó a prisión a la cúpula policial antidrogas
de esa provincia.
Expectativa
incumplida
Desde que en
la década del 90 comenzó el debate sobre la radarización nacional se instaló la
idea de que los radares podían, por sí solos, ser elementos disuasivos del
ingreso de drogas. Pero la información de un radar nada vale sin los demás
componentes del sistema de seguridad aérea: patrullas de aviones de combate,
reglas de empeñamiento para forzar aterrizajes y coordinación con el despliegue
terrestre para los eventuales arrestos.
El radar sólo
aporta el dato de la ubicación de TAI -aviadores que se niegan a identificarse-
durante un corto período de tiempo. Al perderse el contacto, la aeronave
infractora tiene cientos de kilómetros "invisibles" para aterrizar en
improvisadas pistas y caminos. "No dieron un dato útil para la
investigación, más allá de saber que pasan vuelos", comentó a LA NACION
uno de los hombres que leyó los informes diarios.
Más allá del análisis
de ese agente de seguridad, las causas judiciales confirman esa versión. Cuando
la avioneta sale del límite de observación del radar (200 kilómetros) puede
aterrizar prácticamente en cualquier lado. Eso quedó demostrado en una causa
iniciada en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, en noviembre de 2011. Esa
investigación comenzó con una denuncia anónima que alertó a la Delegación de
Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Pergamino sobre el inminente
arribo de una avioneta con drogas al aeroclub de Colón.
La policía
bonaerense -que no tiene contacto alguno con la información de radares
militares- decomisó allí la aeronave con 378 kilos de drogas. El peritaje
reveló que esa avioneta podía volar durante seis horas y contaba con un sistema
improvisado de reabastecimiento que le entregaba otras dos horas de trayecto a
una velocidad de 250 km/h.
La zona de
radares en el Norte argentino sólo toma la posición de avionetas durante un
máximo de dos horas de vuelo, por lo que el piloto narco contaría con
posibilidad de aterrizar unos 1000 kilómetros más allá en la dirección que se
le ocurra. Por eso las pistas clandestinas se ubican cada vez más al Sur. La
Gendarmería relevó 242 lugares en los que hubo movimientos de avionetas
ilegales desde mediados de 2011.
Dentro del
área de cobertura de radar, las investigaciones tampoco se apoyan en datos del
control de vuelos. En el Juzgado Federal de Reconquista, Chaco, figura una
causa en la que se indica que "sobre la base de escuchas se tomó
conocimiento de que el 13 de julio de 2012 arribaría una avioneta a unos 12
kilómetros del cruce de la ruta nacional 34 y la ruta provincial 4", en
Santiago del Estero. En el operativo no se pudo encontrar a la avioneta -bajó
en un camino lateral-, pero sí se decomisó la droga.
También en
Las Lomitas, Formosa, una red de tráfico aéreo de cocaína cayó por
informaciones aportadas por habitantes del lugar. En su resolución de octubre
de este año, el Tribunal Oral Federal de Formosa condenó al concejal local
Héctor Palma por los 700 kilos de cocaína encontrados en su campo. En el fallo
se informa que "en los primeros días de diciembre de 2010, personal de
investigaciones del Escuadrón 18 Las Lomitas, de Gendarmería, tomó conocimiento
por comentarios efectuados por pobladores de la zona de que aeronaves de
pequeño porte sobrevolaban a baja altura y hacían aterrizajes periódicos en la
zona rural de Estanislao del Campo".
Un patrulla
de gendarmes observó el vuelo de dos avionetas y pudo determinar el lugar de
aterrizaje. Toda la investigación fue en tierra.
En los
expedientes no figura aporte alguno de los radares. Los datos de esos equipos
sólo dotaron hasta ahora de estadísticas de vuelos ilegales, sin ser útil su
uso aislado para colaborar con las investigaciones o para frenar a los
narcopilotos.
Un canal para
120 toneladas
Desde
mediados de 2011 los radares militares detectaron más de 800 Tránsitos Aéreos
Irregulares (TAI) y la Gendarmería, con sus propias investigaciones, determinó
242 lugares en los que aterrizó al menos un vuelo narco. Se estima que más de
120 toneladas de droga ingresaron por aire
En noviembre
de 2011 fue atrapada una avioneta en el aeroclub de Colón, en el norte
bonaerense. El peritaje determinó que podía volar ocho horas con
reabastecimiento y dejar así sin utilidad a los radares. (www.lanacion.com.ar)
PABLO ESCOBAR, EL CAPO QUE ARRODILLÓ A UN ESTADO
RTVE de España (www.rtve.es/noticias)
Minutos antes
de su muerte, Pablo Escobar habla por
teléfono con su esposa y con su hijo. Su familia está recluida en el
Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá. Escobar les cuenta sus inquietudes,
les dice qué hacer y qué no hacer, luego de que ambos fueran prácticamente
bajados de un avión cuando intentaban abandonar Colombia rumbo a Alemania.
El mayor narcotraficante de la historia está inquieto. Lleva semanas huyendo de la policía, cambiando de escondite como si fuera
un vulgar delincuente, y no el poderosísimo jefe del Cartel de Medellín. Cuando
habla con su hijo, Escobar escucha un ruido y se despide. Le dice que pasa algo
raro, que luego lo vuelve a llamar, y cuelga, sin más. El hombre que puso de
rodillas al Estado colombiano, huele, por enésima vez, el peligro. Ese sexto
sentido para intuir que algo va mal, para sortear al enemigo, para esquivar la
ley, lo desarrolló Pablo desde joven. Lo hizo cuando empezó a robar lápidas en
los cementerios para vender el mármol y sacarse unos pesos; lo hizo cuando se
metió en el contrabando de tabaco y de alcohol; y lo hizo, por su puesto, cuando
comenzó a traer pasta de coca de Bolivia y Perú a través de Ecuador,
escondiendo la mercancía en las llantas de los camiones.
Cuando cuelga
el teléfono, Escobar sigue escuchando un ruido sospechoso. Segundos después,
los hombres del Bloque de Búsqueda de la Policía, a los que había burlado
durante años, tiran la puerta abajo. El primero en caer es el escolta del capo.
Escobar esquiva las balas y salta, por una ventana, al tejado de aquella casa
humilde del barrio Los Olivos de Medellín. El mismo tejado donde, un instante
después, una bala impacta de lleno en
la cabeza del narcotraficante más temido que ha existido en Colombia.
Escobar yace en
el suelo. Su imagen - muchos kilos de más, el pelo ensortijado, más largo de lo
normal, camiseta azul oscuro, vaqueros azul claro- se cuela más tarde en los
informativos de todo el país. Cuando la tecnología lo permite, el cuerpo
doblado de Pablo se cuela también en los hogares de medio mundo. El policía que
lo mató posa junto al narcotraficante. Se
le ve altivo, orgulloso, como un cazador junto a su presa. A esa hora,
en el hotel Tequendama, la mujer y el hijo del capo esperan la llamada que
nunca llega. Luego supieron de la muerte del cabeza de familia. Luego supieron,
también, que cuando la policía los llevó al hotel Tequendama, propiedad del
Ejército, se desalojaron todas las habitaciones. Un equipo del bloque de
búsqueda se había instalado en el hotel rastreando las llamadas de Pablo.
Y aquel 2 de
diciembre de 1993, por fin, Escobar
cometió el gran error de su vida. Justo un día después de su cumpleaños,
desesperado y acorralado, buscó consuelo en la voz de los suyos. Les llamó. Y
esa llamada duró el tiempo suficiente para que los agentes lo ubicaran en uno
de los cientos de escondites que tenía en Medellín.
Un currículum
de secuestros y muerte
La muerte de
Pablo Escobar Gaviria conmocionó a Colombia. La mayoría del país lloró de alegría, pensando que aquella imagen
del cadáver, inerte, del narcotraficante, era también la instantánea del final
de los coches bomba, de las masacres, de los secuestros, del chantaje a jueces,
políticos y periodistas.
Se calcula que
Pablo Escobar es responsable directo de
la muerte de más 5.000 personas. Su currículum es para echarse a
temblar. Escobar ordenó la explosión, en pleno vuelo, de un avión de Avianca en
1989. Y lo hizo simplemente porque pensaba que en ese vuelo viajaba César
Gaviria, en ese entonces, candidato presidencial. Ordenó matar a varios
candidatos presidenciales, a ministros de justicia, al director del periódico
que desveló, cuando era congresista, sus vínculos con el narcotráfico. Y como el
diario El espectador no se doblegó a su chantaje y siguió denunciando
sus desmanes, Escobar pensó que la muerte del director no era suficiente
escarmiento. Así que ordenó activar un coche bomba frente a la sede del diario.
Por supuesto, lo reventó.
En esa época de
terror, en plena guerra contra el Estado, Escobar puso precio a cada policía. Colombia dejaba atrás la
década del 80 y se internaba, muerta de miedo, en los 90. El jefe del Cartel de
Medellín ofreció 2 millones de pesos (más de 700 euros al cambio de hoy), por
cada policía asesinado. Sus sicarios afinaron la puntería. Hicieron el agosto.
Se calcula que solo en la capital de Antioquia, el motor económico del país,
cayeron 450 agentes. Así que si hubo un colectivo que celebró, más que ningún
otro, la caída del capo, fue la Policía Nacional de Colombia.
Sin embargo, la
muerte de Pablo también la lloró otra parte, mucho más reducida, del país.
Resulta paradójico, pero al mayor asesino que se ha visto por estos lares
también lo adoraban cientos de personas. Escobar era querido, literalmente, adorado, en muchos barrios de Medellín.
Barrios pobres donde el capo construyó más de doscientas viviendas para
ciudadanos que antes vivían en Moravia, el mayor basurero de la ciudad. En esos
barrios, el jefe del cartel construyó y entregó a la comunidad más de cincuenta
campos de fútbol, pagó la escolarización de niños, costeó de su bolsillo los
regalos de Navidad, organizó verbenas y fiestas para toda la comunidad.
En una de esas
comunas, haciendo campaña con su partido, Alternativa Liberal, un periodista le
preguntó a Escobar quiénes eran sus mejores amigos. “Mis mejores amigos -respondió Pablo- están en la comunidad de los
tugurios, en el basurero municipal”. Cientos de esos amigos de los
tugurios formaban parte de aquel río de gente que acompañó el féretro de
Escobar, años después, camino del cementerio.
Ídolo de los
desamparados
Veinte años
después de su muerte, en Medellín sigue existiendo un barrio donde lo adoran.
Es el barrio Pablo Escobar. Y allí siguen viviendo aquellas familias, ahora con
hijos y nietos, a los que Escobar sacó de aquel tugurio inhumano llamado
Moravia, donde decenas de familias construyeron infraviviendas de madera y
latón, levantadas literalmente sobre toneladas de escombro del basurero de la
ciudad.
Francisco
Flores e Irene Gaviria descansan en un banco de la cuesta que, veinte metros
más arriba, les lleva directamente a su casa. Es un matrimonio convencional,
humilde, de los que trabajó toda su vida y que ahora enfila, pasados ambos los
ochenta, la recta final de su vida. Francisco hace memoria cuando le
preguntamos por Pablo. “Fue una persona buena, para nosotros fue una persona
buena”- responde. “Nos dijo que nos iba a dar una casita, y véala, véala, ahí
está. Él le hizo un favor inmenso a la
pobrería, a los que no teníamos donde vivir. Y nos trajo hasta acá. Dios
lo tenga coronado”.
Ni Francisco ni
Irene, ni el resto de los vecinos del barrio, ven a Escobar como el hombre que
llevó a la tumba a miles de colombianos. Y por supuesto, cuando se les pregunta
por los negocios del capo, por el dinero del narcotráfico con el que construyó
aquellas casas, todos afirman que no sabían de sus negocios, que lo juzgan por
los hechos. Y los hechos dicen que, al menos en este barrio de Medellín, a Escobar se le venera como a un santo.
"Le
gustaba mucho la marihuanita"
Lejos del
barrio Pablo Escobar, en el Poblado, la zona noble de Medellín, vive Gustavo Salazar. Salazar es el antiguo abogado del narcotraficante.
Han pasado dos décadas desde el entierro de su cliente más famoso. Pero ni el
paso del tiempo, ni el juicio de la historia, ni la perspectiva que dan veinte
años para ver el daño que produjo al país, impiden que este polémico experto en
leyes defienda, hoy, parte de su legado. “Se demuestra que tuvo sensibilidad
social –sostiene el letrado- se preocupó por construirle cancha a los niños
pobres, por darle vivienda a las familias pobres y por llevar alegría a los
barrios populares”.
Salazar conoció
a Pablo Escobar en 1984. El capo lo contrató poco después de la muerte del
ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Escobar había ordenado la muerte de
Bonilla para lanzar un mensaje al Estado: si se aprobaba la extradición de los
narcotraficantes a Estados Unidos, se abriría una guerra total contra el
establecimiento colombiano. Eran tiempos en los que el hombre fuerte del Cartel
de Medellín repetía, casi a diario, que prefería
una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos.
Lara Bonilla
había destapado, como también lo había hecho el diario El Espectador,
las conexiones de aquel ciudadano entrado en kilos, de bigote y pelo rizado,
con el narcotráfico. Esa denuncia se hizo, además, cuando Escobar era
congresista. Tras ese episodio tuvo que renunciar a su escaño. Perdió la
inmunidad parlamentaria y ahí comenzó su otra vida, la de la huida permanente
del cerco policial. “Por supuesto que cometió errores, no era un santo
–puntualiza Gaviria-, pero para mí fue un gran hombre. Le gustaba mucho la
marihuanita, eso sí. El punto flaco de
Pablo Escobar era que le gustaba mucho la marihuana y que dormía hasta
muy tarde. Era un hombre sencillo, un hombre campesino, de pocas palabras”,
dice.
Tal vez Escobar hablara poco, pero cuando hablaba, sentenciaba. Lo sabe bien, por ejemplo, el ex
presidente Andrés Pastrana. Cuando apenas tenía 33 años y era candidato
a la alcaldía de Bogotá, Escobar ordenó su secuestro. A Pastrana lo cazaron sin
dificultad, lo subieron en un coche, lo escondieron en el maletero, y allí
dentro transitó durante una hora. Luego lo bajaron del vehículo y lo
arrastraron hasta un helicóptero. Una hora después, el aparato aterrizó en una
vereda de Medellín. Pastrana pasó allí una semana vigilado por varios sicarios
del Cartel de Medellín.
“Cada momento
pensaba que al minuto siguiente me iban a matar”- recuerda hoy el ex
mandatario. Una noche, a la una de la madrugada, uno de los guardianes dijo,
sin querer: “Como ordene, don Pablo”. Esa indiscreción convenció a Pastrana de
que el propio Escobar estaba en aquella caleta húmeda y fría de las montañas de
Antioquia. Poco después, el propio Escobar se plantó delante de Pastrana.
Conversaron durante toda la madrugada, de una a seis de la mañana.
“Fue un diálogo
cordial, hablamos de política, de sus peticiones, de la extradición de los
narcotraficantes a Estados Unidos, del tráfico de cocaína. Cuando se fue, se
despidió educadamente y en voz alta le dijo a los sicarios: si se intenta
fugar, me lo matan”. Algunos días después, Pastrana logró escapar en una
rocambolesca huida que explica al detalle en su libro de memorias, recién
publicado.
Mordaza de la
prensa libre
Fidel Cano, el
director de El Espectador, tiene varios episodios grabados en la memoria
sobre aquella época convulsa de la guerra a muerte que Pablo Escobar le declaró
al Estado. Pero hay dos hechos imposibles de olvidar, grabados a sangre y
fuego. El primero tiene que ver con la muerte de Don Guillermo Cano, su tío,
por aquel entonces, director del periódico. Escobar contrató a un par de
sicarios y aquella noche de diciembre de 1986 cumplieron bien su misión.
Ejecutaron la secuencia que tenían planeada de antemano: se acercaron al coche
de Don Guillermo, sacaron la recortada, lo ametrallaron, y enterraron, para siempre, la pluma crítica
que había desnudado los crímenes y abusos del intocable jefe del Cartel
de Medellín.
“El día del
entierro –recuerda Fidel- hubo una marea de pañuelos blancos al paso del
féretro. Poco después hubo un apagón informativo. Ningún medio publicó nada en
señal de duelo. Ese día sentimos en carne propia el poder de la mafia, porque
nunca antes se había asesinado a un periodista tan relevante como Don
Guillermo”, afirma.
El periódico,
sin embargo, sobrevivió a la muerte de su emblemático director. Y sobrevivió,
también, al coche bomba que otros
sicarios de Escobar colocaron frente a la sede del rotativo. La
explosión dejó muertos y arrasó la redacción. Pero, con las heridas todavía
abiertas, los que sobrevivieron se propusieron que aquel bombazo no sería el
epílogo triste a la historia valiente de El Espectador.
“La bomba fue
el momento más duro que yo recuerdo, porque fue como ver que habíamos perdido.
Realmente –prosigue Cano- ver el edificio en esas condiciones, hacía pensar que
ya iba a ser imposible continuar. Pero por fortuna ese día entre todos los
periodistas, entre todos los trabajadores, limpiamos la redacción y logramos salir con una edición al día siguiente.
Ese deseo de todos fue como el impulso para salir adelante. Yo creo que si El
Espectador no sale al día siguiente con un periódico, hubiera sido casi
imposible continuar”.
El Espectador, no obstante, salió al día siguiente y sigue saliendo hasta el día de hoy.
Veinte años después de la muerte de Pablo Escobar, el diario ha sobrevivido al
jefe del Cartel de Medellín, y ha sobrevivido también a decenas de narcos que
finalmente cayeron, pero que amenazaron
sin pudor a la prensa cada vez que un medio se atrevía a tocar sus
intereses o a desvelar sus oscuros negocios.
La
estigmatización de los colombianos
La muerte de
Pablo cambió muchas cosas, y entre ellas, la manera de actuar de la policía. “A partir de ese diciembre del
93, la policía da un giro radical en la lucha contra el narcotráfico. Se
especializan en inteligencia, se dan cuenta de que la inteligencia es el punto
de inflexión para poder acabar con los carteles”. Quien habla es Jineth Bedoya, una de las periodistas
colombianas que más agallas le ha echado al asunto de investigar a los
criminales de este país, a las guerrillas, a los paramilitares, a los policías
y militares corruptos y a las decenas, por no decir centenares de
narcotraficantes que surgieron tras la caída del cártel de Medellín.
Jineth acaba de
publicar un libro junto a otros periodistas del diario El Tiempo. Blanco
neutralizado explica en 300 páginas cómo ha sido la lucha contra el
narcotráfico en las últimas décadas. De esa investigación se desprende que la lucha contra las drogas ha dejado más de
20.000 muertos, y que en las dos últimas décadas se han invertido más de
10.000 millones de dólares para enfrentar ese flagelo. Para Jineth, sin
embargo, la eterna lucha contra las drogas ha tenido un precio mucho mayor.
“Yo creo que el costo más grande que hemos pagado los
colombianos es la estigmatización. A nivel mundial no nos conocen como
los grandes investigadores, o como las personas pujantes, sino como los narcos.
Si uno llega a un aeropuerto de cualquier lugar del mundo –añade- lo primero
que piensan es que uno va cargado con droga. Y cuando le ven el pasaporte que
dice que eres de Colombia, el trato no es igual al de cualquier otro ciudadano
del mundo. Creo que esa estigmatización que nos ha dejado la mafia va a ser muy
difícil quitarla porque ya estamos marcados", explica.
La periodista
colombiana asegura también que no todo han sido malas noticias en esta lucha
contra los grandes capos del narcotráfico. Cuando cayó el Cartel de Medellín,
el bloque de búsqueda que aniquiló a Escobar puso su mira en los archienemigos
de Pablo: el Cartel de Cali, de los hermanos Rodríguez Orejuela. Tardaron en
caer, pero cayeron, como lo hicieron también en los años siguientes destacados
narcotraficantes como Don Berna, Cuchillo, Jabón o Don Mario.
La muerte de
Escobar los puso sobre aviso. Los nuevos narcos no tratan de exponerse, buscan
un bajo perfil. No ostentan, no salen en revistas de la jet set, no presumen en
público de coches deportivos italianos o de caballos de pura raza. Se alejan de
los focos y del papel cuché. Y se alejan también de la policía porque muchos de
ellos viven en zonas fronterizas e incluso fuera de Colombia.
Bedoya resume
así ese cambio de vida: “Se encuentran con que toda esa ostentación, todo eso
que rodeaba a Pablo Escobar Gaviria, en últimas fue lo que lo llevó al declive.
Y empiezan a ser unos narcotraficantes
mucho más moderados, empiezan a aliarse con estructuras que son legales
en Colombia, permean completamente a las empresas, a las entidades legales en
las cuales pueden lavar su dinero y tener toda una fachada”.
Las heridas que
siguen abiertas
Dos décadas
después de la caída del capo entre capos, las heridas siguen abiertas. Y
algunas no terminan de cicatrizar porque los medios tampoco ayudan demasiado.
Las series de narcos, la cultura del dinero fácil, de los cuerpos de mujeres
moldeados por un bisturí que pagan los dólares del narcotráfico, triunfan en
Colombia. Para las cadenas son un negocio seguro. Saben que la audiencia
consume ese tipo de historias, saben que el guión del camino corto para llegar muy arriba, de los placeres
sin medida, de la adrenalina de la persecución policial, gustan mucho en un
país que no termina de quitarse ese estigma de la cultura del narco.
Hace tan solo
unos meses terminó otro de esos culebrones. Su título: Pablo
Escobar: el patrón del mal. La telenovela en torno a la vida del hombre que exportó el 70% de la droga
que llegaba a Estados Unidos, del hombre al que Forbes colocó entre los
más ricos del mundo, fue, también, un éxito rotundo; tanto, que se ha
exportado, con el mismo éxito, a varios países latinoamericanos.
En el
cementerio municipal de Medellín, Federico Arroyave mueve la escoba mientras
admite que él, también vio esa serie. Federico es un hombre entrado en años que
conoció bien al Patrón. Lleva tiempo limpiando el suelo alrededor de su tumba.
La familia de Escobar le paga para que todo esté en orden, para que haya flores
junto a una lápida que dice: Pablo Emilio Escobar Gaviria (1.12.1949 -
2.12.1993). Es fácil echar la cuenta. Federico lleva 20 años poniendo flores al
capo. Los mismos que lleva Colombia intentando olvidar sus masacres, cerrar sus
heridas, y sacar algo alegre de aquella
lección triste que le dejó la historia. (www.rtve.es/noticias)
ANALIZA BOLIVIA SUPRIMIR FIGURA DE JUECES CIUDADANOS
Xinhua de China (www.spanish.xinhuanet.com)
El fracaso de
los jueces ciudadanos que se promovieron al amparo del Código de Procedimiento
Penal aplicado en Bolivia desde junio de 2001, ha obligado al gobierno a
plantear su eliminación para evitar la retardación de justicia, lo cual será
definido en última instancia en la Asamblea Legislativa.
La aplicación
del Código de Procedimiento Penal, desde hace más de 10 años con su principal
innovación considerada en ese entonces como revolucionaria, resultó ser un
fracaso debido a que no se adecuó al modelo de la sociedad boliviana.
El nuevo
código, que está en consideración del Poder Legislativo, propone un proceso
acusatorio "absolutamente oral y simplificado en sus procedimientos"
y con plazos más estrictos en su cumplimiento, para ello se plantea la
supresión de los jueces ciudadanos, para evitar la retardación.
La ministra
boliviana de Justicia, Cecilia Ayllón, el presidente de la Comisión de
Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, y el asesor del Ministerio
de Justicia, David Tezanos Pinto, expresaron, por separado, su posición para
prescindir de los jueces ciudadanos.
Según Tezanos,
la justicia no puede seguir siendo uno de las principales falencias de la
sociedad boliviana, al señalar que el pueblo está cada vez más incrédulo pese a
la elección de autoridades judiciales por voto directo, una experiencia única
en la región sudamericana.
"En
síntesis, el modelo de jueces ciudadanos no se acomoda a Bolivia y por tanto ha
sido un chasco", agregó.
Por su parte la
ministra Ayllón justificó la propuesta de eliminar a los jueces ciudadanos, al
considerar que esa experiencia en Bolivia resultó negativa al provocar la
lentitud de los procesos.
A decir de la
ministra de Justicia, el juez ciudadano, que en su momento fue una propuesta
revolucionaria y debía convertirse en una especie de control social, pero
lamentablemente no fue efectivo.
"Las
estadísticas señalan que existió influencia del juez técnico sobre el
ciudadano", agregó.
Por su parte el
asambleísta Arce afirmó que el cambio se debe al fracaso del Código de
Procedimiento Penal porque se tiene un 87 por ciento de las personas que están
recluidas en las cárceles del país no cuentan con sentencia ejecutoriada, es
decir, son constitucionalmente inocentes.
La ex
presidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, dijo sin embargo que
"volver al sistema inquisidor sería un error donde el poder nuevamente se
concentrará en una sola persona, que es el juez"
En su opinión
la propuesta para cambiar el Código de Procedimiento Penal está mal
fundamentada, "porque el fracaso no ha sido por los jueces ciudadanos, que
han permitido el acercamiento de la justicia al pueblo, sino por una deficiente
capacitación a los jueces, abogados y fiscales".
JUECES TECNICOS
El artículo 52
del Código de Procedimiento Penal establece que los Tribunales de Sentencia
"estarán integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos
competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los
delitos de acción pública".
Requiere que
este magistrado civil sea mayor de 25 años, estar en pleno ejercicio de sus derechos
y tener domicilio, profesión, ocupación, oficio, arte o industria conocidos.
Los tribunales
de sentencia funcionan en la actualidad con dos jueces técnicos y tres
ciudadanos que son sorteados con base en el Padrón Electoral.
La Comisión
Codificadora se conformó en 2011 y está compuesta por abogados, magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, vocales y jueces de los Tribunales
Departamentales de Justicia, además de técnicos del Ministerio de Justicia y
docentes universitarios.
RETARDACION
El asesor del
Ministerio de Justicia, David Tezanos, explicó que uno de los factores
principales para la retardación de la justicia en general es la falta de
participación de los jueces ciudadanos, quienes forman parte del proceso de
esclarecimiento de las denuncias.
"Actualmente
la sociedad está acostumbrada a señalar a los jueces y fiscales como los
principales actores para el retraso de la justicia en Bolivia, sin considerar
que los encargados de hacer cumplir las leyes en el país también son los
ciudadanos que son llamados a conformar la comisión de jueces ciudadanos, pero
no los cumplen", afirmó.
En varios casos
se espera que los jueces ciudadanos estén presentes para constituir el
tribunal, pero se ausentan.
Además se
evaluó que, ante la falta de participación de los jueces ciudadanos en las
audiencias, los encargados de impartir la justicia tienen claro que llevar a su
fin, un caso determinado, le tomará de uno a tres años, en el mejor de los
casos.
La población no
está comprometida con su aporte ciudadano, cuando se les llama para conformar
los tribunales, dicen que deben atender sus negocios, a sus hijos o que sus
maridos no las dejan, además de que existe temor de enfrentar a delincuentes y
falta de preparación, lo cual genera retardación de justicia, afirmó el asesor
jurídico.
Tezanos precisó
que la ausencia, como principal problema de jueces ciudadanos, genera casos
"peregrinos" en los juzgados, pues al no conformarse el tribunal
ocasionan que se trasladen a otros tribunales.
BOLIVIA-TRANSPORTE
El
Nuevo Herald de EEUU (www.elnuevoherald.com)
Bajar a La
Paz desde la vecina ciudad de El Alto es una ardua misión que cientos de miles
de bolivianos emprenden diariamente, un viaje peligroso y caótico que muchos
sueñan reemplazar por la tranquilidad de un moderno teleférico que se
inaugurará el año próximo.
Unas 200.000
personas -en su mayoría empleados públicos y comerciantes- se desplazan
diariamente en minibuses y otros vehículos entre El Alto, ubicada a más de
4.000 metros sobre el nivel del mar, y La Paz, a unos 3.650 metros, según la
alcaldía paceña, un recorrido que dura una hora, pero que con el nuevo
transporte se acortará a 15 minutos.
Alberto
Gómez, un limpiabotas alteño de 35 años, va todos los días a trabajar a La Paz.
“Muchas veces voy con miedo porque los choferes son unos irresponsables. Van a
velocidad, no hacen mantenimiento de sus vehículos, y algunos hasta manejan
borrachos”, dijo a la AFP.
El gobierno
del presidente Evo Morales espera tener lista en marzo la primera fase de esta
megaobra, que comprende un total 9,9 kilómetros en varios recorridos. El fin de
la construcción está previsto para agosto, poco antes de las elecciones
generales de noviembre en el que el mandatario busca renovar su mandato.
Dos líneas
descenderán desde El Alto, una de las ciudades instaladas a mayor altura en el
mundo, hasta el centro de La Paz y su próspera zona sur, con siete estaciones a
lo largo de 7,5 kilómetros.
Una tercera
línea, de 2,4 kilómetros de extensión, se dirigirá en tanto hasta la zona
norte.
El teleférico
podrá trasladar 18.000 personas por hora durante 17 horas al día, según el
plan.
Daniel
Torres, diseñador gráfico en una oficina pública, consideró “trágico” el
transporte en La Paz, pero espera que con el teleférico puede cumplir con su
rutina cotidiana “con mayor comodidad y seguridad”.
La Paz y El
Alto, con una población en conjunto de 1,8 millones de personas, están unidas
por una ladera en la que hoy se trabaja a toda marcha.
La empresa
austríaca Doppelmyr, que cobra a Bolivia 234,6 millones de dólares por la obra,
moviliza personal, tractores, camiones y excavadoras en la zona.
Entre calles,
avenidas, casas y parques, y a lo largo de los cerros, comienzan a levantarse
las torres de cemento que servirán de soporte a los cables del teleférico.
La compañía
proyecta utilizar helicópteros para enganchar los cables entre las torres, una
idea que no parece fácil por el declive de la ladera y los edificios ya
construidos.
Además se
construyen 11 estaciones para embarcar y desembarcar de las cabinas.
Florencia
Huanca, que vende café y pan en un puesto callejero cercano a la estación
“Mirador”, que será un punto de partida en El Alto, está contenta con el nuevo
sistema de transporte, pero teme que cuando el teleférico comience a operar
tenga que dejar su sitio de trabajo.
“No sé qué va
a pasar con nosotros, nos pueden reubicar, porque dicen que va a haber centros
comerciales en las estaciones”, señaló.
La obra va a
beneficiar a los más pobres, según el director del proyecto estatal, César
Dockweiler.
“Los costos
por transporte van a bajar. Y también se beneficiará la gente porque tardará
menos en trasladarse de una ciudad a otra”, explicó a la AFP, y destacó la
seguridad de este sistema. “prácticamente no hay accidentes”, dijo.
En paralelo,
las alcaldías de La Paz y El Alto evalúan junto al gobierno diseñar un nuevo
esquema de transporte público interconectado con los teleféricos.
El nuevo
sistema despierta sin embargo el recelo de los choferes privados
sindicalizados, que advierten presentarán una férrea oposición ante nuevos
servicios que les resten espacio.
BOLIVIA LOGRA SUPERÁVIT COMERCIAL DE US$2.606M EN DIEZ
MESES
El ministro de Economía, Luis Arce, dijo que el aparato
productivo de Bolivia se ha reactivado y que eso permite mejorar los ingresos.
"Cada año estamos superando los record de exportaciones y este año no va a
ser la excepción", agregó.
Revista
América Economía (www.americaeconomia.com)
Impulsado por
las exportaciones de volúmenes de gas natural a Brasil y Argentina, además pese
al incremento de las importaciones, Bolivia logró entre enero y octubre de este
2013 un superávit comercial de US$2.606M, de acuerdo a informes proporcionados
por el estatal INE y el privado IBCE.
En diez meses,
el país exportó por un valor de US$10.077M y compró productos extranjeros por
US$7.471M.
El gas natural
continúa como el mayor producto vendido, los minerales siguen cayendo y los
alimentos se recuperan, la venta de azúcar duplicó su valor.
Este panorama
de exportaciones e importaciones, según analistas económicos y el propio
gobierno, perfilan un nuevo récord histórico comercial al cierre de esta
gestión.
El analista
económico Mario Botelo considera que Bolivia continúa en un buen momento
comercial, pese a que el sector de los minerales, por la baja de precios
internacionales, ha mermado sus ingresos. "Perfilamos que vamos a marcar
un nuevo récord de ventas internacionales que estará por los US$12.000M",
agregó.
El ministro de
Economía, Luis Arce, dijo que el aparato productivo de Bolivia se ha reactivado
y que eso permite mejorar los ingresos. "Cada año estamos superando los
record de exportaciones y este año no va a ser la excepción", agregó.
Las
exportaciones al 31 de octubre aumentaron en seis por ciento, en tanto que las
importaciones crecieron en doce por ciento, de acuerdo con los reportes del
Instituto Nacional de Estadística, comparando los diez meses del 2012 y 2013.
"Un nuevo
récord exportador por más de US$12.000M se avizora para la presente gestión,
pese a la caída de rubros como minerales,maderas y textiles", dijo por su
parte la jefa de la Unidad de Estadísticas del IBCE, Jimena León.
El
comportamiento de las exportaciones e importaciones llama la atención porque
las compras suben en mayor proporción que las ventas.
Las
exportaciones de hidrocarburos aportan el 54% con US$5.512M, la industria
manufacturera el 23%, incluyendo los metálicos con un total de 2.334 millones,
en tanto que las ventas de minerales el 16% con 1.632 millones, lo que
significa una caída de cinco por ciento en comparación con el 2012.
Importaciones y
Mercados
En cuanto a las
importaciones, el informe del IBCE señala que el 30% de suministros
industriales con US$2.234M, luego bienes de capital con US$1.747M, equipo de
transporte US$1.148M,en cuarto lugar combustibles con US$999M, artículos de
consumo US$795M y alimentos por un valor de US$534M.
Más de la
mitad, "53%, del valor total de la importación corresponde a la
adquisición de bienes de capital e insumos para la industria", señala la
Jefa de la Unidad de Estadísticas del IBCE
León explicó
que estas compras son "para una mayor producción de bienes y servicios en
función del mercado interno y externo".
Brasil continúa
siendo el primer socio comercial de Bolivia, seguido por Argentina, EEUU,
Colombia y Perú. Sin embargo, excluyendo el gas natural, EEUU destacaría como
el primer mercado para las ventas externas bolivianas.
La gerente
técnico del IBCE, María Esther Peña, dijo que Perú se perfila como el socio
latinoamericano más importante de Bolivia, con un comercio global de US$850M
entre exportaciones e importaciones.
Manufacturas y
minerales
La jefa de la
Unidad de Estadísticas del IBCE precisó que si bien las exportaciones en
general crecieron, pero también se observan caídas en el caso de la industria
manufacturera y minerales, lo que no ocurre en el rubro de los hidrocarburos y
alimentos.
León argumentó
que en el caso de los minerales la caída en sus exportaciones se debe a la baja
cotización de éstos.
"Si antes
nos benefició el efecto precio positivo en el caso de los minerales, esto
ocasiona que exportando el mismo volumen o un mayor volumen estemos recibiendo
menos dólares, eso es lo que está afectando", indicó la ejecutiva.
En las
exportaciones de alimentos se agrupa a los productos de agricultura,ganadería
caza, silvicultura y pesca.
Entre éstos
están las nueces, café sin tostar, semillas y habas de soya, frijoles, quinua,
frutas, semillas de sésamo y de girasol, maníes, maíz, y otros productos del
agro.
"Bolivia
tiene soberanía alimentaria, excepto en trigo y harina de trigo", acotó la
experta.
Sin embargo,
destacó que si bien las exportaciones van aumentando, ese ritmo es muy lento y
sólo llega al 6%, a diferencia de las importaciones que crecieron en 12% con
relación a 2012.
Aunque ratificó
que el objetivo no es depender exclusivamente de las exportaciones de gas a
Brasil y Argentina, sino que se debe diversificar las ventas.
AYMARAS DE PERÚ Y BOLIVIA ANALIZAN APLICACIÓN DE CONSULTA
PREVIA
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
Cerca de 5 mil
aymaras se reunieron ayer en el distrito de Kelluyo (Chucuito) en el “I
Encuentro Binacional de Aymaras del Perú y Bolivia”, organizado por el Frente
de Defensa de Recursos Naturales de Zona Sur de Puno, Multicomunal Kollas de
Kelluyo, tenientes gobernadores y alcaldes de centros poblados.
Entre los
connotados participantes se tuvo al viceministro de Descolonización de Bolivia,
Félix Cárdenas Aguilar, quien lideró la delegación de autoridades del Estado
Plurinacional de Bolivia; y por el Perú, sólo se tuvo la participación de la
congresista Claudia Coari Mamani, quien intercambió opiniones con autoridades
bolivianas sobre la situación de los aymaras.
El encuentro
inició en la Plaza de Armas del distrito de Kelluyo, con una ceremonia y
desfile de autoridades y delegaciones de ambos países, posteriormente todos se
trasladaron al Estadio Municipal para llevar el encuentro binacional de
aymaras; donde abordaron diversos temas a través de rol de oradores.
“Agenda
Binacional de Pueblos Originarios sobre tierra”, “Saberes comunitarios
aymaras”, “Aplicación del Convenio 169 de la OIT y la consulta previa”,
“Identificación y análisis de los programas de inclusión social promovidos por
el gobierno del Perú - Bolivia” y “Políticas de descolonización implantadas por
el gobierno de Bolivia”, fueron los temas que abordaron.
El encuentro
fue liderado por Hermes Cauna presidente del Frente de Defensa de los Recursos
Naturales de Zona Sur de Puno, también participó el ex dirigente Walter
Aduviri; y llamó la atención la presencia del presidente del Frente de Defensa
de los Recursos Naturales de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, quien destacó la
unión de los aymaras peruanos y bolivianos.
Como se
recuerda, el año 2011, un gran número de ciudadanos aymaras de los distritos de
Kelluyo, Pizacoma, Huacullani, Zepita y Desaguadero, liderados por Walter
Aduviri, protagonizaron una férrea oposición contra la minera Santa Ana, que
tenía previsto explotar plata; las protestas cesaron cuando el gobierno de Alan
García suspendiera la concesión. Justamente esos dirigentes también ayer
estuvieron en el encuentro.
Finalmente, los
pobladores aymaras protestaron por la ausencia del ejecutivo nacional y
regional y acordaron realizar otra reunión para el 12 de enero de 2014 en el
distrito de Zepita; asimismo, aseguraron que invitarán a los ministros de
Estado y al mismo presidente Ollanta Humala, por quinta vez.
ABOGADA INDÍGENA PRESIDE CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE
BOLIVIA
El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)
La discriminación a las mujeres, sobre todo indígenas, persiste en
Bolivia y eso lo sabe bien la magistrada Cristina Mamani, una aimara que se
abrió camino a pulso para hacer carrera en el órgano judicial y ha llegado a la
presidencia del Consejo de la Magistratura, el órgano administrativo y
disciplinario del Poder Judicial de esa nación andina.
“Nuestro país se caracteriza porque sigue vigente el sistema machista y
patriarcal (…) A los varones no les gusta que una mujer esté a la cabeza”, dice
Mamani en una entrevista concedida a Efe esta semana durante el XIV Encuentro
de Magistradas de Iberoamérica “Por una justicia de género”, realizado en
Cochabamba.
La jurista nació en la provincia Ingavi del departamento de La Paz en el
seno de una humilde familia y ha tenido que luchar toda su vida contra la doble
discriminación por ser mujer e indígena.
Mamani, la única mujer entre seis hermanos, lleva el cabello recogido en
dos trenzas y viste el bombín, la pollera, la blusa y la manta características
de la vestimenta de las “cholitas”, como se llama a las aimaras en Bolivia.
Durante varias décadas, las mujeres de pollera fueron excluidas y
relegadas a oficios de niñeras, cocineras o comerciantes de mercado, pero eso
no impidió a Mamani apuntar más alto, pues ella tenía claro que quería ser abogada
desde que cursaba la secundaria.
“Yo decía que iba a estudiar derecho. Mis compañeros de curso un poco se
hacían la burla, me decían (que iría) derecho al altar o derecho al
matrimonio”, recuerda.
Al concluir el colegio, la jurista hizo primero unos cursos de
secretariado y después se preparó para ingresar a la facultad de Derecho de la
estatal Universidad Mayor de San Andrés de La Paz.
Cuando estaba a media carrera, su padre, un humilde trabajador
ferroviario falleció, pero ella hizo un esfuerzo por continuar sus estudios y
trabajó en la misma universidad y también fue mensajera y oficial de
diligencias en los juzgados.
Tras obtener su título de abogada, trabajó en diversas provincias
paceñas y también abrió una oficina en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
“Es difícil empezar, me tocó una etapa difícil”, asegura.
En el 2003, Mamani ingresó a trabajar al Centro de Desarrollo Integral
de la Mujer Aymara Amuyt’a (Cedima), institución con la que está muy agradecida
porque, según dice, le dio la oportunidad de trabajar de cerca con mujeres
aimaras durante seis años.
Cuando en el 2011 salió la convocatoria para postular a altos cargos en
el órgano judicial boliviano, la abogada confiesa que no estaba muy animada de
presentarse a esos comicios.
“Yo había perdido confianza en el poder judicial porque allí sacaban las
convocatorias, pero ya tenían los nombres” para ocupar los cargos, señala.
Fue precisamente la entonces directora del Cedima, Alicia Canaviri,
quien le convenció de postular argumentando que en esta ocasión “el pueblo iba
a elegir” a los magistrados.
Y así Mamani se presentó a las primeras elecciones por voto popular para
el órgano judicial, que se realizaron en octubre del 2011 en medio de polémicas
alentadas por opositores que acusaban al gobierno de intentar copar ese poder
con candidatos preseleccionados en el Parlamento, de mayoría oficialista,
afines al Ejecutivo.
La magistrada asegura que se presentó “sola” a los comicios, pues su
postulación no tenía aval ni de las organizaciones sociales leales al
presidente Evo Morales, menos del Ejecutivo.
Grande fue su sorpresa al resultar elegida con casi medio millón de
votos, la mayor votación obtenida por un candidato en esos comicios.
“Yo me debo a mi pueblo”, sostiene Mamani, al asegurar que trabaja para
responder a esa confianza y responsabilidad que le confirieron quienes la
eligieron.
Como en todo, en su trabajo hay luces y sombras, porque si bien señala
que la Justicia boliviana se está transformando para dar una atención adecuada
a la población, también reconoce que persisten problemas desde hace décadas,
como las demoras en los procesos y en algunos casos la corrupción.
Otra de las dificultades con las cuales se ha topado Mamani es la
discriminación dentro del órgano judicial.
“Como indígena sobre todo y como mujer que ha surgido desde abajo, hay
aún discriminación. No te dicen de frente, pero (se nota en) las acciones que
cometen los colegas, las instituciones, las mismas autoridades, hay todavía,
sigue vigente”, sostiene.
“Va a tener que transcurrir mucho tiempo para que podamos construir una
sociedad justa, una sociedad sin víctimas ni los poderosos que tengan la
hegemonía, el dominio”, agregó.
Con todo, Mamani desafió los esquemas machistas que predominan en su
país y por ello se encuentra entre las mujeres de pollera cuya lucha por la
igualdad es un ejemplo para las aimaras.
Infobae
de Argentina (www.infobae.com)
"En la
mayor parte de América Latina, hay razones no sólo para ser optimistas, sino
para comprometerse", manifestó Vargas Llosa en una rueda de prensa durante
la Feria del Libro de Guadalajara (FIL),
la mayor en habla hispana y que se celebra hasta el próximo domingo en el oeste
de México.
Conocido por su
postura crítica con los gobiernos del llamado eje bolivariano que encabeza
Caracas, el autor aseguró que son minoría "las dictaduras, las
semidictaduras o las semidemocracias" latinoamericanas, que representan un
"anacronismo con el resto del continente".
"Venezuela
(...) se acerca cada vez más a una dictadura", advirtió el escritor, al
asegurar que el presidente Nicolás Maduro
está haciendo "retroceder a esa sociedad".
También
consideró como "democracias muy imperfectas" las que existen en
Nicaragua o Bolivia, junto con las "imperfecciones" consustanciales
al resto de países del continente.
"Aunque no
lo veamos con toda claridad, América Latina está saliendo poco a poco del pozo
en el que ha estado prácticamente a lo largo de toda su historia
republicana", sentenció.
Y citó como
ejemplos a Chile, Uruguay, Brasil y a su Perú natal, del que dijo que por
primera vez en su vida le da la "impresión de ser un país estable que
progresa" y que tiene instituciones democráticas que "empiezan a
funcionar".
También
mencionó a Colombia y al proceso de negociación de paz entre el gobierno y la
guerrilla de las FARC
y, dijo, que la "insensatez de la filosofía maoísta" ya no tiene
cabida en ese país porque "el aire que respira América Latina ya no es un
aire propicio para esas iniciativas".
"No
conviene ser pesimistas, hay que tratar de empujar a América
Latina", pidió el autor de "La ciudad y los perros" y
de "La fiesta del chivo" recordando que el "talón de
Aquiles" de la región es todavía denostar la política y hacer que "la
mejor gente" no quiera participar en ella.
CAE UNA ORGANIZACIÓN QUE INTRODUCÍA COCAÍNA EN ESPAÑA
DESDE SUDAMÉRICA
Terra de España (www.noticias.terra.com)
La Guardia
Civil española desarticuló una red dedicada a introducir cocaína en España y
otros países de Europa desde Sudamérica, en una operación en la que fueron
detenidas 43 personas e incautados más de 62 kilos de esta droga y más de 1,2
millones de dólares americanos falsos.
Según informó
hoy la Dirección General de la Guardia Civil, la cocaína entraba en España
mediante diversos métodos: utilizando a personas como "mulas", en
contenedores marítimos, oculta en aviones o mediante envíos postales.
Entre los 43
detenidos y 124 imputados hay 36 españoles, 88 colombianos, 9 dominicanos y 20
ecuatorianos, además de dos nacionales de Argentina y Perú y uno de México,
Venezuela, Bolivia y Brasil, entre otros países.
En el caso de
la llegada de la droga por vía aérea, la organización contaba con la
colaboración de empleados del Aeropuerto Madrid-Barajas que recibían el
estupefaciente antes de que llegase a los filtros policiales.
Éstos la hacían
llegar a algún miembro de la organización, lo que permitía la entrada de la
misma en España eludiendo los controles policiales.
Fue hace más de
un año, en octubre de 2012, cuando los agentes iniciaron las investigaciones al
detectar la presencia en España de colombianos, residentes en Alicante,
Guadalajara y Madrid, y que presuntamente se dedicaban a la introducción de
cocaína en grandes cantidades, procedente de Sudamérica.
Aunque la
puerta de acceso principal del estupefaciente era España, el grupo operaba en
otros países europeos, lo que obligó a los agentes a intercambiar informaciones
con sus respectivas policías.
Durante más de
un año de intensas investigaciones la Guardia Civil ha logrado frustrar otras
operaciones de transporte de droga que el grupo pretendía llevar a cabo.
El grupo de los
dirigentes, que residían en Colombia, Venezuela, República Dominicana Ecuador y
Perú, se encargaba de conseguir la droga, organizar los envíos y posteriormente
hacerla llegar a nuestro país.
Las
"mulas", previo pago de una cantidad de dinero, viajaban desde España
a Sudamérica a fin de traer consigo la droga en su viaje de vuelta, bien en
bolsas y maletas o impregnada en sus vestimentas.
Los beneficios
obtenidos de las actividades ilícitas eran remitidos a Colombia a través de
empresas de envío de dinero, utilizando para ello identidades de personas de
nacionalidad colombiana.
También
empleaban "oficinas" asentadas en Madrid, a las que les entregaban la
cantidad de dinero en metálico, más una comisión para disponer inmediatamente
del dinero en Colombia, método por el cual podrían haber evadido alrededor de
800.000 euros.
Uno de los
principales dirigentes de la organización, ahora detenido, fue anteriormente
relacionado con el asesinato y descuartizamiento de dos personas de
nacionalidad colombiana en el año 2008, hecho ocurrido en Argentina y con una
presunta conexión con el narcotráfico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario