martes, 4 de junio de 2013

LOS ESTADOS UNIDOS PIDEN "RESPETO MUTUO" EN LA RELACIÓN CON LA ARGENTINA



La encargada de la diplomacia entre los Estados Unidos y los países de América Latina, Roberta Jacobson, manifestó ayer la intención de la administración Obama de mejorar las relaciones incluso con las naciones con las que actualmente mantiene algunas diferencias.
Para efectivizar esta mejora, la estrategia norteamericana es coordinar durante los próximos cuatro años distintos viajes por el continente, y avanzar con agendas basadas en "asociaciones concretas y respeto mutuo".
Pero hasta el momento, este nuevo enfoque de la diplomacia de Obama, no incluiría la Argentina en el corto plazo. “Venezuela, obviamente Argentina y Bolivia”, dijo Jacobson al ser consultada sobre los países con los que tiene diferencias e intentará mejorarlas.
Sin embargo y a diferencia de sus pares de la región, Cristina Kirchner no fue invitada todavía a la Casa Blanca. Y la Argentina tampoco figura hasta el momento en el itinerario de los numerosos viajes que los funcionarios de Obama, incluyendo su vicepresidente Joe Biden, están realizando a la región.
Jacobson habló ayer junto a Jacob Sullivan, consejero para la seguridad nacional de Biden. Según indica hoy el diario Clarín, ninguno de los dos funcionarios pudo confirmar si el vicepresidente tiene pensado incluir a nuestro país en su próxima gira que arrancará en septiembre.
“Todavía no hay un anuncio oficial”, dijo Sullivan. “Las bilaterales de Kerry están todavía siendo planeadas”, argumentó Jacobson, según señala el matutino porteño.
Al mismo tiempo, tanto Jacobson como Sullivan dejaron abierta la posibilidad. "No hay una regla de oro”, admitió Sullivan, quien antes trabajó para Hillary Clinton y visitó con ella 112 países. "Eso no significa que el 113 no valía la pena visitar", enfatizó.
Sullivan explicó que los países son elegidos estratégicamente, “ya sea que vemos oportunidades para profundizar nuestros lazos o para construir nuevos caminos para progresar en la relación”. 
Por otro lado, y al ser consultada sobre la designación de los nuevos ministros de Seguridad y Defensa, Jacobson manifestó su intención de continuar el trabajo “como lo hacían antes” con sus antecesores. (INFOBAE DE ARGENTINA)





EE.UU. HABLA DE ACCIÓN "DESESTABILIZADORA" DE TEHERÁN EN LA REGIÓN

Afirma, sin embargo, que busca una "relación más positiva" con la Argentina, Cuba, Venezuela y Bolivia

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
                                       
El gobierno de Barack Obama negó que haya "algo particular" con la Argentina, a la que la Casa Blanca ignora en su agenda de viajes y de audiencias formales, al tiempo que puso al país en la misma línea que a Venezuela, Bolivia y Cuba, con los que le gustaría "tener relaciones más positivas".
"A nosotros nos gustaría tener relaciones más positivas con todos los países de la región. Eso incluye a Venezuela, ciertamente incluye a la Argentina, a Bolivia, y esperamos que en algún punto incluya a Cuba", dijo la secretaria adjunta para la región, Roberta Jacobson. Junto con el asesor de la Casa Blanca en materia internacional, Jake Sullivan, la funcionaria ratificó en rueda de prensa el "interés" y el "compromiso" del gobierno demócrata por una relación con gobiernos de la región basada "en el respeto a los valores democráticos y los derechos humanos".
En esa línea, Jacobson no reveló expectativas especiales de que el cambio de ministros ocurrido en el gabinete nacional abra "esperanzas" de un "mejor trabajo conjunto" en áreas en las que viene clamando mayor entendimiento para abordar desafíos regionales. "No se trata de que un cambio de ministros mejore o no las cosas. Siempre buscamos una mayor cooperación con el gobierno argentino más allá de un ministro u otro en particular. Esto no es cosa de individuos", dijo la funcionaria.
En un reciente informe, el Departamento de Estado reiteró que la cooperación en materia de defensa y de seguridad con la Argentina disminuyó luego del llamado "incidente del avión", ocurrido en 2011 cuando el canciller Héctor Timerman frenó, tijera en mano, la carga de un avión militar norteamericano que había sido invitado al país. "Por supuesto, esperamos poder cooperar con los nuevos funcionarios", añadió Jacobson, en tácita referencia a los nuevos responsables de Seguridad, Arturo Puricelli, y de Defensa, Agustín Rossi.
El encuentro fue ocasión para que la Casa Blanca ratificara su rechazo a todo esfuerzo que signifique avalar las "acciones desestabilizadoras" del gobierno de Irán. "Hemos sido muy claros al respecto y lo seguiremos siendo", dijo Sullivan. El funcionario tuvo esos conceptos al ser consultado sobre el informe del fiscal Alberto Nisman sobre la participación de Irán en el atentado terrorista contra la AMIA en nuestro país, como parte de una acción desestabilizadora regional. Sullivan, sin embargo, no hizo mención de ese texto. En rigor, Estados Unidos manifestó su preocupación por el informe de Nisman desde su embajada en Buenos Aires (ver aparte).
Ante una consulta de LA NACION, Jacobson se esforzó por dejar en claro que "no hay nada particular" contra la Argentina para que no figure en la agenda oficial de viajes y visitas de presidentes de la Casa Blanca. "Son un cúmulo de factores los que hacen que se decida una visita, todos ellos vinculados con el deseo de impulsar la relación en la región. No es un método científico. Muchas veces no se va a un país por cuestión de tiempo", afirmó.
La presidenta Cristina Kirchner es la única líder de un país de peso en la región que no ha visitado formalmente la Casa Blanca y la Argentina no figura en la agenda de viajes del gobierno demócrata.





Bolivia pide a Unasur convocar reunión urgente

CONTROVERSIA POR INTERÉS DE COLOMBIA EN LA OTAN
                                                                                                                                                                   
Venezuela, Bolivia y Nicaragua dicen que intención de Colombia de ingresar a esa organización es una amenaza para la región. Análisis.

El Espectador de Colombia (www.elespectador.com/noticias)
                                                                            
El anuncio del presidente Juan Manuel Santos, el sábado pasado, en el sentido de que el ministerio de Defensa suscribiría este mes un acuerdo con la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN) con miras a su ingreso a esa organización de carácter militar, provocó ayer un fuerte rechazo por parte de los presidentes de Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Sin embargo, fuentes de la OTAN indicaron ayer a la agencia EFE, desde su sede en Bruselas, que Colombia “no cumple los criterios geográficos” para ser miembro, pero que prepara un acuerdo que “permitiría el intercambio de información clasificada entre la Alianza y Colombia“, y “no hay planes inmediatos para establecer una asociación formal” entre ambas partes, dijeron.
A pesar de estas precisiones el presidente de Bolivia, Evo Morales, insistió en que la situación es una “amenaza” para la región y pidió al secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), el venezolano Alí Rodríguez, que convoque “de emergencia” una reunión del Consejo de Seguridad del bloque. 
“Cuando internamente EE.UU. ya no puede dominarnos a países, a Gobiernos, a pueblos antiimperialistas, ¿cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invada la OTAN como ha invadido en Europa y África“, insistió.
Mucho más claro fue el mandatario venezolano, Daniel Ortega: “Que un país latinoamericano se quiera incorporar a la OTAN, será instrumento de una política para debilitar y tratar de destruir el proceso de unidad que vive la región”.”
La ocasión se prestó para que el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, pronunciara una nueva andanada de críticas contra el gobierno colombiano, y calificara como “aberrante” ,“la intención de Colombia de integrarse a la OTAN, al tiempo que apoyó la solicitud de su par boliviano, Evo Morales, de reunir a los miembros de la Unasur para evaluar las amenazas.”
Las declaraciones de Maduro frenan, al menos por ahora, a su intención manifestada la noche del pasado viernes, cuando aseguró que evaluaba cómo configurar las relaciones binacionales, alteradas tras el encuentro que el líder opositor venezolano, Henrique Capriles, sostuvo el pasado miércoles en Bogotá con el presidente Manuel Santos.”
Ante la controversia regional generada por el capítulo de la OTAN, una vez más el gobierno del presidente Santos ha decidido acogerse a los canales diplomáticos, tal como lo ha hecho frente a las críticas generadas por el tema Capriles, y se ha mostrado cauto. Al cierre de esta edición, la cancillería colombiana no se había pronunciado, evitando así la llamada diplomacia de micrófono para bajarle la temperatura a esta tormenta política en la que ahora tiene como antagonistas no solo a Venezuela, sino a Bolivia y Nicaragua.
Por ahora , la expectativa se centra en el determinante rol que deberá jugar la canciller María Angela Holguín para calmar los ánimos y en si en la Unasur acogerán o no la petición del presidente de Bolivia, Evo Morales.
Cuenta de cobro a una apuesta diplomática
Los movimientos que ha venido realizando Colombia en el escenario político internacional, como la solicitud de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), le pasaron cuenta de cobro con los aliados políticos de la región, en especial con los países miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Así lo manifiesta el profesor Enrique Serrano, experto en problemas políticos y económicos internacionales, quien sostiene que pese a las explosivas reacciones de algunos mandatarios de la región, se trata de movimientos audaces de la diplomacia colombiana.
“Más allá de lo que se pueda pensar, la apuesta de Colombia es de carácter pragmático, que no tiene que ver con asuntos de seguridad y mucho menos de afectar a la región. Es claro que el ingreso a cada una de estas organizaciones generaría una serie de beneficios para el país y si bien éste en los primeros años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos apostó por el restablecimiento de las relaciones, es claro que somos una especie de bisagra materia diplomática. Históricamente hemos tenido como aliados a Estados Unidos y ahora las relaciones son sólidas con los países del hemisferio. A ninguna de las dos se puede renunciar”, explicó Serrano.
Por encima de la reacción de los mandatarios Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega, de Nicaragua, y Evo Morales, de Bolivia, Serrano sostiene que la decisión de Colombia de manejar todo a través de los canales diplomáticos es acertada y agrega que el país ha tenido una actitud pasiva en el último siglo en materia de relaciones internacionales, más allá del liderazgo de Brasil o Venezuela. El nuevo viraje es algo que puede generar escaramuzas, pero obedece a una política de Estado. Además, agregó que el fallo de la Corte Internacional de La Haya, que redefinió la frontera con Nicaragua, es un tema que obliga a dejar de lado la pasividad habitual y explorar otras alternativas.
‘A Santos lo criticarán en bloque’: Vicente León
En diálogo con El Espectador, Luis Vicente León, analista político venezolano y presidente de la firma encuestadora Datanálisis, una de las más acertadas del país vecino, dio sus impresiones sobre este nuevo episodio de tensión diplomática:
“Creo que la gente había subestimado los alcances de la discusión provocada por Henrique Capriles en Bogotá. Mientras que otros países tuvieron impasses con el gobierno de Maduro, ellos aceleraron la bajada de la tensión y omitieron los comentarios. De otra parte, Santos, realmente, fue más enfrentador cuando le habló de la posición de su gobierno a Maduro sobre su declaración. Esta es la misma estrategia de ‘carrito chocón’ que Hugo Chávez usaba: Él normalmente no era quien iniciaba las peleas, pero una vez entraba o su adversario callaba, salía del juego o contestaba y la guerra era abierta. Ahora Maduro se va a un ataque abierto contra Santos y cualquier cosa que éste haga será tomada como un ejemplo de la razón por la que Venezuela lo ve como un adversario y no como un amigo. Considero que el tema de la OTAN no es más que una excusa en ese proceso. La batalla de ellos (Maduro, Daniel Ortega y Evo Morales) ha sido la de una América Latina unida para luchar contra un mundo bipolar y las grandes potencias representan para ellos el enemigo y la OTAN es el máximo representante de eso, una organización extranjera que interviene militarmente en países. De otra parte, seguramente el Consejo de Seguridad de Unasur será convocado. No creo que vayan a expulsar a Colombia ni que se imponga algún tipo de castigo. Creo que simplemente será un llamado de estos países en contra de la posición del gobierno Santos. Será una crítica abierta y en bloque.
¿Qué es la OTAN?
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) está compuesta por las principales potencias del mundo: Estados Unidos, Francia, Canadá, Alemania y Reino Unido. Fue constituida luego de la Segunda Guerra Mundial y tenía por objetivo proteger los países miembros de la inminente amenaza de la Unión Soviética. La OTAN tiene un carácter político-militar y brinda asesoría a las partes en esta materia. A lo largo de su historia ha intervenido en conflictos como el de Irlanda del Norte, Kosovo, las Malvinas, Camboya, Corea del Norte, entre otros. Ha sido fuertemente criticada por su intervención en Libia. Según la Unesco, allí se ha violentado a periodistas y medios de comunicación. Por su parte, en su momento, el ahora presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la mediación tenía fines económicos.





Bolivia, Venezuela y Nicaragua repudiaron la cooperación entre Colombia y la alianza Atlántica
                                                                                  
SANTOS ACORDÓ CON LA OTAN Y ABRIÓ LA POLÉMICA

“Amenaza” y “puñalada” fueron los términos que usaron Morales y Ortega para describir negativamente el acercamiento del gobierno colombiano con la OTAN. Incluso el mandatario boliviano pidió una reunión del bloque Unasur.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar/diario)
                                    
Bolivia, Venezuela y Nicaragua repudiaron ayer los acuerdos de cooperación entre Colombia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El presidente de Bolivia, Evo Morales, calificó como una amenaza para el continente que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos vaya a iniciar un proceso de acercamiento a la OTAN. Por su parte, el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, consideró que los planes de Colombia constituyen una puñalada al proceso de integración latinoamericana. Morales pidió además al secretario general de la Unasur, el venezolano Alí Rodríguez, que convoque una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad del bloque para analizar el anuncio hecho por Santos.
“Este mes que comienza, el mes de junio, la OTAN va a suscribir un acuerdo con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Defensa, para iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización”, había informado Santos el sábado. Sin embargo, la OTAN aseguró ayer que si bien está interesada en impulsar la cooperación con Colombia, y que está trabajando para ello, el país no cumple con los criterios geográficos para ingresar en un futuro en la Alianza Atlántica. Según establece el Tratado de la OTAN, la adhesión está abierta sólo a Estados del área del Atlántico Norte. A diferencia de su antecesor, Alvaro Uribe, Santos es el primer mandatario en celebrar un acuerdo con la Alianza Atlántica. El tema es de especial sensibilidad si se tiene en cuenta que la seguridad regional está en la agenda de la Unasur.
En cambio, la OTAN explicó que está preparando un acuerdo que permitiría el intercambio de información clasificada entre la Alianza y Colombia, que sería el precursor de cualquier posible futura cooperación con el país que los aliados desarrollen a través de la OTAN. Pero a pesar de los impedimentos para convertirse en miembro pleno, Morales recalcó las consecuencias que podrían tener para la región los vínculos entre la alianza militar y Bogotá. “Quiero que sepan: es una agresión, una provocación, una conspiración a gobiernos antiimperialistas, a Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, y no lo vamos a permitir”, sostuvo. Además consideró que la OTAN es utilizada por Estados Unidos y Europa para invadir a otros países y hacerse de sus recursos naturales.
“Es una puñalada al corazón de los pueblos de nuestra América, es una decisión a la que no le encontramos ni pies, ni cabeza”, cuestionó Ortega, durante un acto celebrado en la plaza de la Revolución en Managua, con motivo de la visita del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Nicaragua. “Es inadmisible que un país como Colombia, que es una potencia militar, busque un acercamiento con la OTAN, que es conocida por bombardear, asesinar, destruir a otros pueblos, cuando la región se ha esforzado por propiciar la paz”, agregó. Destacó también que ningún país en América latina aplaudió la decisión de Santos. Nicaragua y Colombia mantienen tensas relaciones luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolviera el año pasado una disputa limítrofe entre ambos países, en la que reconoció el dominio de Bogotá sobre el archipiélago de San Andrés e islas adyacentes y adjudicó a Managua mayor soberanía en el mar Caribe.
Ortega habló sobre el tema tras suscribir varios acuerdos de cooperación con Maduro, quien por su parte exhortó durante su intervención a los países latinoamericanos y del Caribe a fortalecer la unidad y a declarar al continente libre de la intervención de ejércitos extranjeros, extrarregionales y de armas nucleares. “Hay quienes pretenden ahora traer a los ejércitos invasores del mundo para América latina; eso contradice la doctrina y la legalidad internacional sobre la cual se basa la unión en el hemisferio”, advirtió Maduro. “Los promotores de esa iniciativa pretenden enrarecer las aguas de las relaciones políticas entre los gobiernos de la región para emprender una ofensiva feroz e imponer los modelos de dominación que han sido rechazados durante siglos por nuestros pueblos”, añadió, además de manifestar que está en juego la defensa estratégica de los pueblos de América latina y el Caribe.
El ministro colombiano de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ahondó ayer en el asunto al señalar que su país se acercó a la OTAN porque tiene unas fuerzas militares respetuosas del Derecho Internacional. “Así como en otros aspectos el país está pensando en grande, en materia de seguridad también”, señaló.
“Cuando internamente Estados Unidos ya no puede dominarnos a países, a gobiernos, a pueblos antiimperialistas, ¿cómo es posible que Colombia pida ser parte de la OTAN? ¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invada la OTAN como ha invadido en Europa y Africa”, insistió Morales.
La política de Santos es percibida como un capítulo más en las provocaciones hacia la región, que incluye el encuentro con el vicepresidente estadounidense Joe Biden y la reunión que mantuvo con el líder opositor venezolano Henrique Capriles la semana pasada. Con Biden acordó el ingreso de Estados Unidos a la Alianza del Pacífico, el bloque político-comercial que busca hacer contrapeso al Mercosur, como miembro observador. La visita de Capriles, por otra parte, fue entendida como un mensaje a Maduro, en momentos en que la oposición venezolana se encuentra realizando una campaña internacional para desprestigiar al gobierno.






Correo de Caroni de Venezuela (www.correodelcaroni.com)

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó su oposición a que Colombia pertenezca a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
“Este pedido (de Colombia) de ser parte de OTAN es una amenaza a nuestro continente, una conspiración a gobiernos antiimperialistas. Es una provocación a Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia. No lo vamos a permitir”, expresó Morales en un acto público en la población minera de Llallagua, sudoeste de Bolivia.
“¿Cómo es posible que Colombia pida ser parte de OTAN? ¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someter a Latinoamérica, para que nos invadan los de la OTAN, como han invadido en África en especial”, dijo. El presidente Morales pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para analizar la posición de Colombia para formar parte de la OTAN.
La OTAN es un organismo de carácter militar creado después de la Segunda Guerra Mundial e integrado por casi 30 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Francia, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Islandia, Italia, Noruega y Portugal.
El anunciado interés de Colombia de incorporarse a la OTAN encendió las luces de alerta en Nicaragua, donde analistas consideran que con esa decisión Bogotá persigue recuperar el control sobre una vasta zona marítima del Caribe adjudicada a Managua por la Corte de La Haya.
“No podemos abrirle nuestros territorios a ejércitos de otros continentes, sería la locura, sería traicionar a Bolívar”, expresó el mandatario venezolano Nicolás Maduro en visita a Nicaragua el fin de semana; agregó que Latinoamérica “debe tener proyectos de paz, tiene que ser un territorio de unión”.





EVO MORALES SE SUMA A POSICIÓN DE ORTEGA Y DE MADURO

El Nuevo Diario de Nicaragua (www.elnuevodiario.com.ni/politica)
                                       
Mientras la OTAN rechazó ayer la solicitud de Colombia de ingresar en esa alianza militar, el presidente de Bolivia, Evo Morales, se sumó ayer a las posiciones de los mandatarios Daniel Ortega y Nicolás Maduro, de Nicaragua y de Venezuela, respectivamente, de considerar como una “agresión” dicha pretensión.
La OTAN declaró que está interesada en impulsar la cooperación con Colombia y que está trabajando para ello, pero aclaró que el país latinoamericano no cumple con los criterios geográficos para ingresar en un futuro en la Alianza Atlántica.
Fuentes de la organización confirmaron a Efe que la OTAN está preparando actualmente un acuerdo con el país latinoamericano, que “permitiría el intercambio de información clasificada entre la Alianza y Colombia”.
Ese acuerdo, explicaron, sería el “precursor de cualquier posible futura cooperación con Colombia que los aliados desarrollen a través de la OTAN”.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, adelantó el sábado la intención de sellar ese convenio a lo largo de este mes, y de que este sirva para iniciar un proceso de acercamiento con miras a ingresar en la organización.
Más reacciones
El presidente de Bolivia, Evo Morales, en declaraciones que brindó este lunes, dio por sentado que Colombia ha pedido “ser parte de la OTAN”, algo que Santos no dijo en su sorpresivo anuncio de este sábado, y clamó contra lo que calificó como una “amenaza”, una “provocación” y “una conspiración a gobiernos antiimperialistas” del continente.
Morales mencionó expresamente como los amenazados por la decisión colombiana a Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, país este último con el que el Gobierno de Colombia acaba de tener un roce importante, debido a que Santos recibió al líder opositor Henrique Capriles, quien no reconoce a Nicolás Maduro como presidente por considerar que hubo fraude en las pasadas elecciones.
Antes que Morales, este domingo, los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Nicolás Maduro, también habían reaccionado al anuncio de Santos.
“No podemos ligarnos a proyectos de guerra del mundo, a armas nucleares, tiene que ser un territorio libre de armas nucleares y de paz”, dijo Maduro en una aparente referencia al anuncio de Santos.
Mientras tanto, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, evitó valorar el anuncio del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, de un “acercamiento” a la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), con miras a un posible ingreso en ese organismo, pero afirmó que su país está preocupado.
“Nosotros estamos preocupados por esas declaraciones, pero las declaraciones finales de nuestro país y de nuestros países serán dadas en los próximos días”, indicó Patiño en rueda de prensa junto al ministro de Comercio venezolano, Alejandro Fleming, tras una reunión bilateral en Caracas transmitida por el canal estatal VTV.
Desde Washington, Estados Unidos expresó hoy su apoyo al anuncio del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y lo consideró un reflejo de la “capacidad” de las Fuerzas Armadas colombianas.
“Nuestro objetivo es, ciertamente, apoyar a Colombia como miembro capaz y fuerte de muchas organizaciones multilaterales, y eso puede incluir a la OTAN”, dijo la secretaria de Estado adjunta de EE.UU. para Latinoamérica, Roberta Jacobson, en conferencia de prensa.





PRESOS POLÍTICOS DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI

La Prensa de Nicaragua (www.laprensa.com.ni)

La comparecencia del actor Sean Penn ante el Subcomité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos pidiendo que su gobierno intervenga ante el de Bolivia para la liberación del ciudadano estadounidense Jacob Ostreicher, proponiendo incluso que el rail Dakar no pase por Bolivia, evidencia la existencia de presos políticos por decisiones judiciales en los países del socialismo del siglo XXI.
Sean Penn actor en la película Dead Man Walking, que ganó un Oscar, es un activista notorio en América Latina por su amistad con los dictadores Castro y con el fallecido Hugo Chávez, a través del que hizo amistad con Evo Morales. Evo declaró a Penn “embajador de buena voluntad de la causa marítima boliviana y por la despenalización de la coca”.
Penn fue a Bolivia tres veces el año 2012 para pedir a Evo Morales la liberación de Ostreicher, encarcelado 18 meses. Las gestiones permitieron que el juez cambiara la detención por arresto domiciliario y dieron lugar a un escándalo público derivado en una investigación que evidenció la red oficial de extorsión que involucra a altos funcionarios del Gobierno, fiscales y policías, algunos de ellos detenidos mientras el Gobierno enfría el caso para evitar que llegue al propio Morales.
Constatada que la detención de Jacobo Ostreicher es una decisión política de Evo y muerto Hugo Chávez, al parecer Penn no tuvo más opción que reclamar y pedir ayuda a su propio Congreso, lo que provocó la furia de su amigo el líder cocalero boliviano, enojo justificado porque expone a los ojos del mundo el caso del preso político estadounidense en Bolivia.
El tema es que en los países del socialismo del siglo XXI, Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, (Argentina ha emprendido el mismo camino), la justicia como instrumento de represión y persecución política, manipulada desde el gobierno tiene muchas más víctimas. La lista de presos políticos en Cuba seguramente ocuparía todas las páginas del diario, siendo notable la del estadounidense Alan Gross ya sentenciado.
En Venezuela presos políticos como el general Raúl Baduel, el mayor Milton Revilla, los policías Ivan Simonovis y Lázaro Forero, la juez Afiuni, el empresario Víctor García, decenas de estudiantes universitarios, el documentalista estadounidense Timothy Tracy, entre muchos otros.
En Bolivia son presos políticos a demanda de Evo Morales, los generales Roberto Claros, Juan Veliz, Luis Aranda, Gonzalo Rocabado y otros que en 2003 cumplieron sus obligaciones constitucionales, el gobernador de Pando, Leopoldo Fernández, las víctimas de la masacre de La Calancha, los cívicos acusados en el caso de terrorismo cuyo montaje gubernamental está demostrado, Juan C. Velarde, Hugo Paz, general Gary Prado y decenas más, el exministro y senador Guillermo Fortún que murió preso, los funcionarios de la empresa aérea liquidada por el Gobierno y muchos más acusados de delitos fraguados por el Gobierno para anularlos como líderes y/o apropiarse de su patrimonio.
En Ecuador los jueces, a demanda de Rafael Correa, han condenado a 18 meses de prisión al asambleísta Clever Jiménez, a Carlos Figueroa y al periodista Fernando Villavicencio por difamación, acusada de terrorismo la dirigente Mery Zamora ha sido condenada a 12 años de prisión, por haber organizado una marcha de dirigentes y estudiantes.
Estos casos deben llamar la atención de las democracias del mundo para recordarles que hay presos políticos en los países del socialismo del siglo XXI y que, además de abogar por su liberación, no le sigan llamando a eso democracia. El autor es abogado y politólogo. Fue ministro y parlamentario en Bolivia.





CHILE PROPONE A BOLIVIA AVANZAR RELACIONES BILATERALES PESE A DEMANDA

Spanish People de China (www.spanish.people.com.cn)
                                                 
Chile propondrá a Bolivia establecer una relación de "cuerdas separadas", lo cual significa avanzar en todos los campos posibles de las relaciones bilaterales en lo que dura el proceso tras la demanda que presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Se trata del tipo de relaciones que ha practicado con Perú desde 2008, cuando esa nación presentó su reclamo marítimo en la CIJ, anunció hoy el ministro chileno de Defensa, Rodrigo Hinzpeter.
Desde Washington, donde acompaña al presidente chileno Sebastián Piñera en su visita oficial a Estados Unidos, Hinzpeter dijo que Chile quiere seguir avanzando, no obstante la demanda de Bolivia de sentarse a negociar una salida soberana al mar.
Bolivia perdió parte de su territorio y una salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879-1883), donde Chile venció a la alianza peruano-boliviana.
El ministro chileno señaló que la idea es proponer a Bolivia mantener la relación bilateral por "cuerdas separadas", dejar el litigio en la CIJ por otro lado, con el fin de fortalecer el desarrollo conjunto de ambos países. "Queremos con Bolivia seguir avanzando, no obstante esta demanda. Esta demanda no tiene fundamento y no fue el camino más correcto, pero ellos están en su derecho de plantearla. Ojalá los pueblos y los gobiernos puedan seguir integrándose paralelamente pese a que exista este conflicto", precisó. Respecto a la decisión de La Paz de intensificar su ofensiva contra Santiago en todos los foros internacionales con duros mensajes contra Piñera, Hinzpeter destacó la importancia de aplicar el principio de que aquellos aspectos relacionados con los conflictos con otro país no deben utilizarse para la política nacional.





INCAUTAN MILLONARIO CONTRABANDO DE REPUESTOS DE VEHÍCULO DESDE UN CAMIÓN BOLIVIANO EN ARICA

Aproximadamente 1 millón de pesos en válvulas y pistones tenían como destino la ciudad de Santa Cruz. La mercancía que fue remitida al Servicio de Aduanas de Arica.

El Morrocotudo de Chile (www.elmorrocotudo.cl)

Un camión de transporte internacional de la empresa de carga “Challapa” conducido por un ciudadano boliviano, fue descubierto por Carabineros de la Tenencia Chungará, con un contrabando de repuestos para vehículos, especies que traía ocultas en los compartimentos de la rampla de la máquina, donde tras una exhaustiva revisión, personal policial descubrió 4 cajas de cartón color café donde venían ocultas las piezas.
La mercancía avaluada en aproximadamente un millón de pesos, habían sido adquiridas en la ciudad de Iquique y tenían como destino la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, sin poseer el conductor, facturas que le permitieran internarlas al vecino país, razón por la cual, se  procedió a su inmediata detención.
En el lugar, Carabineros incautó un total de 40 cajas de juegos de válvulas para vehículos con 04 pistones en su interior y 24 cajas con juegos de anillos,  marca Izumi, mercancía que fue remitida al Servicio de Aduanas de Arica.





PETRÓLEO COMO EN EL ORIENTE

ABC de España (www.abc.com.py/edicion-impresa)
                                                        
El presidente Federico Franco manifestó ayer a la mañana que en la zona del Chaco paraguayo, específicamente en San Alfredo (frontera con Bolivia), hay tanta cantidad de petróleo similar a lo que existe en Medio Oriente. “Yo ya no quiero decir porque me toman del pelo”, expresó durante su visita a radio Chaco Boreal 1330 AM.
En Paraguay “siempre hubo petróleo, pero en épocas anteriores” no se pudo explotar porque la gente “quería tocar (coima)”. Indicó que desde que asumió el cargo el 22 de junio de 2012 la situación es diferente y se brindan las facilidades legales y técnicas para la explotación.
Agregó que con la cantidad de petróleo que se encontrará desde el 1 de marzo de 2014, EE.UU. ya no necesitará de Medio Oriente o de Venezuela porque –según dijo– la cantidad que se hallará será importante. Dijo que el Chaco necesita una mejor inversión en vías de comunicación.





COLÓN EN SU LUGAR Y AZURDUY EN PALERMO

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar/diario)
                                                  
Conocida este fin de semana la declaración del Dr. Oscar Parrilli acerca del traslado del monumento a Cristóbal Colón a Mar del Plata, hay que celebrar que quienes nos oponíamos ahora contamos con información oficial.
Esto permite mejorar el nivel del debate acerca de esta decisión que, con oportunismo total, el macrismo porteño se apresuró a condenar después de que hicieron silencio durante meses. Es evidente que sólo vieron en el monumento a Colón una nueva oportunidad de hacer antikirchnerismo barato. Claro que a eso contribuyó el propio gobierno nacional –todo hay que decirlo–, al regalarles al alegre equipo municipal y a los medios hegemónicos un traje a medida.
Como sea, la reiterada decisión de trasladar el monumento sigue siendo, en mi opinión, un error. Las razones ahora expuestas son débiles e inconsistentes para insistir en semejante movimiento y gasto.
En primer lugar, porque la cuestión de la competencia en “el cuidado, mantenimiento y custodia de toda la Plaza Colón” no es lo que está en juego. Lo que se reclama es que no se traslade el monumento a Mar del Plata, ni a ningún otro lado. Eso, y no otra cosa, es lo que hay que debatir. Y si no es demasiado pedir, con grandeza.
Es intrascendente que el monumento a Colón haya sido, o no, declarado Monumento Histórico Nacional. Como también lo es la sanción de una ley declarándolo “bien integrante del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, hace apenas unos días... Tampoco hacen al caso las “dos violentas agresiones sufridas por el monumento a Colón a lo largo de su historia”, como destaca la nota del Dr. Parrilli. Ni tampoco si la gestión macrista aceptó ceder en 2007 “el cuidado, mantenimiento y custodia de toda la Plaza Colón, incluido su monumento, por razones relativas a la seguridad de la Casa Rosada”.
Nada de eso hace a la esencia de la cuestión. Lo que se pide es que se deje el monumento en su lugar, y se lo repare si está dañado. Eso, y no una disputa político-jurídica más. Quienes reivindicamos la permanencia del monumento en su sitio original no nos interesamos por la disputa judicial entre dos administraciones, ni por un nuevo carnaval de cautelares. Noso-tros simplemente queremos que por respeto a la Historia, la estética y el cuidado de los monumentos públicos en los sitios donde originalmente se los instaló, el de Colón continúe donde fue colocado hace un siglo. Y si en efecto está dañado, queremos que se lo repare.
Y el mismo reclamo vale para todas las estatuas, esculturas, conjuntos artísticos arquitectónicos y demás ornamentos urbanos. En todo el territorio nacional.
Por eso sí importa la información respecto del “grave nivel de deterioro que registraba el monumento a Colón” ya en 2008, así como “el riesgo estructural” y “la necesidad de su desmontaje a los efectos de su preservación patrimonial”. Lo cual no aconseja traslado alguno sino que habla de la urgencia de una refacción integral para la mejor conservación del monumento. Lo que puede y debería hacerse en el sitio en que está emplazado.
También hay que subrayar la debilidad argumental del “pedido de la comunidad italiana de Mar del Plata”, que se contrapone a decenas de pronunciamientos de asociaciones italianas, y de la prensa de toda Italia (que se recomienda leer a los responsables de la idea del traslado).
Y finalmente, respecto de la donación por el Estado Plurinacional de Bolivia de una escultura de la Generala del Ejército Argentino Doña Juana Azurduy, reitero lo escrito en este diario el pasado 20 de abril, y que acaso la Sra. Presidenta y el Dr. Parrilli han leído: el mejor honor a Azurduy sería erigir ese monumento en el Campo de Polo de Palermo, que es propiedad del Estado argentino y funciona bajo control del Ejército.
La Historia de una Nación no es propiedad de un único conglomerado humano, y sobre todo no se cambia de un día para otro, ni es bueno que lo haga un solo gobierno, por más legitimidad que tenga. El debate histórico siempre es necesario y lleva mucho tiempo, y es bueno que así sea. Es un don magnífico de la democracia.
Por eso es absurdo convertir este debate, necesario y republicanamente saludable, en una cuestión “K o anti K”. Como sería absurdo, en mi opinión, el empecinamiento en no dar marcha atrás cuando se ha tomado una decisión errada. Si una virtud tuvo Colón en vida fue ser un tano tozudo. Sólo así pudo emprender su alucinada travesía. Pero no por eso la tozudez es un valor político. Todo lo contrario.
Aunque el traslado parece ya irreversible, quiero creer que en el gobierno nacional alguien entenderá, todavía, que es más conveniente, sensato, razonable y respetuoso de la Historia y de la cultura inmigratoria de nuestro país, dejar al gran navegante genovés en su emplazamiento original, restaurado y embellecido. Y colocar a la Generala Azurduy en el sitial de honor de un hermoso predio del Ejército Argentino. Ojalá en los oídos del poder no impere la sordera.





LAS PARTICULARIDADES DE LA LUCHA DE CLASES EN LA BOLIVIA REAL

Rebelión de España (www.rebelion.org/noticia)

Sobre el nuevo Estado boliviano que no tiene nada de plurinacional, muy poco de nacional y mucho de transnacional, el Gobierno ha logrado escindir aun mas al país, no solo al dividir a los sectores populares sino al confrontarlos en aras del nuevo proceso electoral y defender a las grandes empresas. Ante el crecimiento del movimiento por mejores pensiones en un exabrupto de Evo y algunos funcionarios convocaron a debelar el “intento golpista” desatando la polarización y antagonización entre sectores populares. El día 20 de mayo el Vicepresidente, en manifestación de apoyo de campesinos y cocaleros cochabambinos, acuso a la dirigencia de la COB de trotskistas, egoístas, antidemocráticos y golpistas, por lo que había que derrocarlos y refundar la COB. Algo que no se hizo ni siquiera en los tiempos del cerco a Santa Cruz frente a la derecha que en ese entonces controlaba gran parte del país. En ese entonces, mas bien llamaba a la conciliación. Sin embargo, no debe sorprendernos, no es la primera vez, ya lo hizo antes, el discurso de “golpe de Estado y la conspiración contra el Gobierno” ya fue utilizada –no tantas como el complot de USAID- por ejemplo, en la violenta represión policial en Caranavi en mayo del año 2010, donde dos pobladores murieron por impactos de bala, en la octava y novena marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que derivó en represiones policiales a los indígenas en Chaparina. Y por último, en el motín policial de junio de 2012, el cual “concluyó con castigos para quienes condujeron la revuelta policial”. La política gubernamental ha dejado a un lado los puntales básicos de lo que pudo ser un proceso de cambio para priorizar la cultura del enfrentamiento, de la violencia y la división.
Se asemeja cada vez mas al MNR tradicional, caudillista, prebendalista, patrimonialista (cuya característica esencial es que terminan transformando a los Estados en propiedad privada de quienes poseen los recursos de dominación política), bonapartista [1] y represivo, que con ese llamado a sus bases de apoyo del escuálido e insepulto CONALCAM a enfrentar a los huelguistas frente a la justa lucha de los trabajadores por mejores salarios y pensiones, una rebelión mas contra las políticas neoliberales. El Ministro de la Presidencia, y después Evo Morales –que ya no podía alejarse del conflicto- lo atribuyen a un presunto intento de la COB de derrocar al presidente Morales, que como en todo conflicto se encontraba en las islas Fiji, esperando el acuerdo congresal de su segunda reelección.
La reforma de pensiones que propone el Gobierno, tercera en los últimos 20 años, no satisface a los trabajadores, como lo están demostrando en la ocupación y bloqueo de calles y carreteras del país, en una convulsión que no se veía en años, desde el levantamiento cívico del 2008 y ha tomado por sorpresa a todos. El país estaba entrando un conflicto cuya dinámica fue creciendo día a día. Comenzaron los trabajadores de la COB y luego se unieron los maestros, trabajadores de salud, universidades. Esta lucha es una de las mas intensas y prolongadas de los últimos años y lo están haciendo por que e n el proyecto del Gobierno el subsidio al capital reemplaza el subsidio al trabajo. El Gobierno retrocede en la protección del derecho a la pensión. Presionado por el chantaje de los banqueros y empresarios nacionales y extranjeros, enarbola la equidad y la justicia para seguir desmontando lo poco que queda del Estado social de derechos. Nunca fue un país de leyes y sigue igual.
El Gobierno convocó a los “beneficiarios” populares del proceso: campesinos y bartolinas, a pobladores de municipios rurales, a cocaleros y sectores de gremiales y transportistas, cooperativistas y segmentos de bonistas, a enfrentar a los trabajadores y a pobladores que los apoyan: obreros fabriles, mineros, maestros y estudiantes, trabajadores de la salud, hasta los policías de a pie. En Potosí los campesinos enfrentaron a los maestros dejando un muerto y heridos.
En medio de estas luchas los estrategas gubernamentales decidieron imponer una ilegal reelección y se pretendió dejar en la penumbra el tema de las extorsiones que lo viene deslegitimando aceleradamente. Basados en la experiencia y en la desconfianza frente al Gobierno, algunos analistas consideran que este no resuelve las demandas para conseguir otros objetivos mas importantes. En este caso lograr la reelección y frenar la deslegitimación. En el razonamiento electoralista gubernamental hay un desprecio por las minorías que se van convirtiendo en mayorías, pues los trabajadores asalariados no son mas del 20%. Según el Gobierno, hay 1.514.523 millones de asegurados a las dos AFP (Futuro de Bolivia y Previsión, que dicho sea de paso siguen administrando el fondo con utilidades de 169 millones de dólares el 2012). L a misma lógica con la que actuaron frente a los indígenas del TIPNIS, que se calcula en un máximo de 15% pero que agrupa a mas de 30 diversas comunidades étnicas que supuestamente son parte del Estado Plurinacional. Matemáticamente, algunos calculan que menos del 40% aprueban las políticas del Gobierno de Evo Morales.
Es una guerra contra la naturalización del neoliberalismo y del colonialismo laboral. La lucha por las pensiones se da en un contexto donde el 40% de los hogares hay un solo ingreso y que el salario mínimo en 2012 significaba, según el CEDLA, el 52% del costo de una canasta básica alimentaria, entonces hay situaciones de pobreza extrema, porque “con este ingreso ni siquiera podrían comprar los alimentos que demanda su reproducción”. La mitad de todos los trabajadores está recibiendo el 18% de toda la masa de los ingresos, es decir, que por lo menos la mitad de los trabajadores, asalariados o no asalariados, está en condiciones de ingresos tan bajos que ni siquiera puede responder a las exigencias de alimentación que demanda la reproducción fisiológica de ellos y sus familias”.
Y es que, la sociedad boliviana actual se agrupa en torno a intereses privados empresariales y grupales, y la defensa del derecho público y de los intereses populares se califica como un acto golpista auspiciado por la derecha. En realidad son los empresarios, quienes están con este gobierno, que les asegura bajos salarios, precariedad, no aportar a las pensiones mas del 3% y además los subsidia y garantiza financiamiento. También están los militares que son el único sector que percibe una pensión del 100% y que han declarado que debelaran cualquier intento golpista. Para ellos, como siempre, toda movilización colectiva, tiene un tufo de perturbación del orden público, vandalismo, complot o desencadenamiento de resentimientos.
Pero, ¿por que la lucha? Los trabajadores luchan por acabar con la gran brecha entre sus salarios actuales y las bajas rentas de vejez que percibirán cuando se jubilen. Los mas radicales pretenden imponer al gobierno y la patronal una ley de seguridad social y universal para todos los bolivianos que sea financiada por los empleadores, los empresarios y el Estado. En el caso de los maestros, evocan el sistema de reparto que les permitía alcanzar el 100% de su total ganado con 25 años de aporte y cuando sólo necesitaban 15 años para obtener el 70%. Los mineros exigen al menos el 70% de sus totales ganados en los últimos 24 meses. La demanda laboral se centra en que el Fondo Solidario (FS) beneficie a más sectores, lo cual implica incluir a quienes ganan más de 4.500 bolivianos, si no son mineros, y 5.700, en el caso de los mineros. Sin embargo, el FS, que tiene una estructura rígida, está diseñado para durar entre 35 a 40 años, pero se estima que la inclusión de más beneficiarios podría acortar su vida a la mitad o menos.
Los trabajadores no aceptan una ley de pensiones donde el financiamiento de la pensión solidaria recae en la masa laboral. El aporte patronal forma parte del salario diferido de los obreros y el Estado no pone nada. E l trabajador financia el 97% de su futura renta con un salario miserable, mientras que la patronal aporta solo 3% y el Estado no aporta. La actual ley de pensiones 065, tan neoliberal como la anterior, fue una imposición del gobierno a la clase obrera boliviana gracias a la colaboración que prestó la burocracia de la COB al aceptar el juego desmovilizador que propuso el gobierno a través de las mesas de diálogo y conciliación. De hecho, la aprobación de la ley fue con la anuencia de esta dirigencia que es parte de una clase obrera dividida. Esta claro que ni esta clase social ni la COB son las de antes, cuando todos los trabajadores estaban homogenizados por la miseria y la crisis de los precios de los minerales determinaban el cierre de minas y relocalizaciones. Hoy, es cierto que ha aparecido coyunturalmente una capa de “privilegiados” petroleros y mineros (sectores estratégicos) que se han escindido del resto. Los fabriles continúan aterrorizados por la vigorosa flexibilidad laboral y los trabajadores estatales por un Estado cada vez mas represivo. Los trabajadores informales son la mayoría, donde los de la construcción viven un periodo de auge ocupacional. El Gobierno, ni la mayoría de los trabajadores, esperaban una convocatoria a esta lucha que fue creciendo y su dinámica adquirió su propio ritmo.
Los funcionarios y analistas del Gobierno como el propio García Linera y otros como Canelas o Tejada ocultan que la división de los mineros y la aparición de “privilegiados” fue obra del Gobierno. Este maquiavélicamente entrego minas a los cooperativistas ( cuyos socios pueden acceder -en calidad de trabajadores- a pensiones solidarias con recursos del FS al que no contribuyen como accionistas de empresas tan rentables como Huanuni) y Huanuni a los trabajadores con quienes concordó una escala salarial que hoy por los altos precios de los metales benefició a un sector por su productividad y ahora los acusan de ganar mucho y constituir una “aristocracia”. Que los trabajadores mineros gocen hoy de salarios altos se debe a la forma en que se fija su salario y que fue alentada por los diferentes gobiernos capitalistas, incluido el actual: el pago a destajo. Forma de pago hace depender la magnitud del salario del precio y el volumen del producto, quedando al arbitrio del mercado. [2] Entonces, el que su salario se haya incrementado extraordinariamente en los últimos años no es fruto de manipulación, sino de las circunstancias ajena a su voluntad. Como vemos, la solución de los conflictos mineros se hizo favoreciendo a unos y desfavoreciendo a otros, los cooperativistas por ahora están con el Gobierno y también en esta coyuntura los asalariados están en contra. Y eso es lo que molesta a los estrategas gubernamentales, que algunos de los beneficiados encabecen las luchas.
Pero hay mas, si COMIBOL es una empresa estatal, ¿por que el Gobierno no cumplía con la obligación legal de aprobar la escala salarial o remuneración contractual en una empresa pública, en la que supuestamente no podían rebasar el salario presidencial de 2 mil dólares?. Alejandro Almaraz encuentra la respuesta en algo que nunca se dijo: Huanuni tiene un régimen cooperativo lo que jurídicamente es grave. “En efecto, si el Gobierno habría nacionalizado Huanuni con tanto alarde, para entregarla “en los hechos” a la discrecionalidad privada con la que se dispone del patrimonio cooperativo, habría violado la montaña de disposiciones constitucionales y legales relativas a la pertenencia patrimonial de la mina a Comibol y a las múltiples y detalladas responsabilidades del Órgano Ejecutivo central en la buena administración del patrimonio público expresado en ambas empresas” [3] .
La pregunta obligada que se hacen los analistas críticos es, si la minería y los hidrocarburos son tan rentables ¿por qué no se nacionalizan las empresas transnacionales que controlan los sectores estratégicos del país, por ejemplo, Petrobras y la japonesa Minera San Cristóbal (MSC)? MSC, la mayor beneficiaria de la minería del país, exportó entre 2010 y 2012 US$ 541 millones como utilidades netas a su casa matriz Sumitomo. O, ¿por qué no se controla el gran negocio legal e ilegal del oro en la Amazonía del país, parte del cual está en manos de las cooperativas mineras aliadas del Gobierno?
La sumisión de la COB al MAS, en un sexenio, le hizo perder la independencia y rumbo que la llevó a convertirse en un simple apéndice sindical del Gobierno que, con un discurso indianista y plurinacional, se encargó, en la práctica, de reproducir las viejas formas de hacer política y de engrosar, remozar y reproducir a la clase dominante. Cientos de mineros de Huanuni protestaron en La Paz, para exigir al Gobierno la reforma del sistema de pensiones. La decisión de los 4.700 trabajadores de esa mina de sumarse a la huelga convocada por la COB, convirtió al paro general en una verdadera amenaza para el Gobierno. A partir de ese momento, desde el presidente Evo Morales hasta el ministro de Minería, Mario Virreira, pasando por diputados y senadores del MAS, lanzaron críticas a los huelguistas de Huanuni. Denunciaron los altos salarios que perciben los trabajadores de Huanuni, olvidando adrede que se trata de esquemas y niveles salariales que el propio Gobierno puso en práctica desde 2006, después de la masacre que acabó con la vida de 18 trabajadores. Morales llegó a decir que esta protesta lo desalienta para seguir haciendo nacionalizaciones de empresas privadas, porque él esperaba que los trabajadores se propusieran “mantener alta la tasa de productividad de la mina”. También hay que recordar a los “analistas” que la nacionalización del centro minero de Huanuni se hizo en 1952 y que la expulsión de la trasnacional Allied Deals o RBG fue producto de las luchas antineoliberales de los trabajadores y el pueblo de Oruro el 2002 para pasar a la administración de COMIBOL, recuperando además la capacidad de hacer minería en toda la cadena. Este Gobierno no hizo ninguna nacionalización en minería, ni en ningún sector. En Colquiri fue una negociación con las trasnacionales para que los cooperativistas trabajando a destajo les entreguen sus cargas de mineral. Lo único que hizo el ejecutivo el 31 de octubre de 2006 fue integrar a 4000 cooperativistas como trabajadores, una medida forzada por las circunstancias y no una decisión planificada por el Gobierno y que este jamás le prestó el mínimo apoyo económico a operar en toda la cadena su propia empresa. Para ir los efectos de esa crisis política, el Gobierno elevó la planilla de trabajadores de Huanuni de 700 a 4.700. De esa manera complació a los 4.000 cooperativistas que se habían propuesto apoderarse de la mina, provocando el sangriento enfrentamiento. Oficialmente, aun no se ha identificado a los responsables de las muertes. Elevar la planilla de trabajadores en siete veces de la noche a la mañana fue una decisión para reducir los salarios y sin embargo, con estos esquemas salariales aparentemente irracionales aun hay quienes ganan mucho y así y todo aportan al Estado. [4] En realidad, aunque el salario básico es 450 dólares, entre enero y marzo de 2013 solo el 0.13% gano mas de 4 mil dólares y el 6% mas de 3 mil. El 69% percibió entre 750 dólares y 1,500. Acaso no se merece esto y mas una población que trabaja en condiciones infrahumanas con 20% de enfermos de silicosis, 1868 accidentes laborales entre 2009 y 2012, que en marzo de 2013 tuvieron 255 accidentes de trabajo y que desde el 2088 ya tuvieron 48 muertos con un promedio de 49 años por silicosis y enfermedades respiratorias. Solo los funcionarios de trasnacionales socias como Petrobras, pueden ganar entre 10 y 25 mil dólares pagados por el Estado boliviano. Para pagar estos salarios obviamente es una empresa con excedentes tan buenos que aparte de los impuestos, otro monto millonario es apropiado por el Estado. En este cuadro cerca de 600 trabajadores son mayores de 60 años y no tiene clara su jubilación. El Gobierno con total deshonestidad miente cuando dice que el presupuesto y los impuestos los pone el Estado, pues en verdad lo hace con los recursos de Huanuni y le aun le adeuda millones de dólares. [5]
Pero volvamos a las pensiones. La historia de las pensiones aclara el fondo de la cuestión. Primero fue de reparto simple, luego de capitalización o cuenta individual y finalmente de carácter mixto o híbrido. La actual ley 065 sigue bajo la modalidad que impuso el neoliberalismo es la de capitalización individual, un sistema de ahorro de cada trabajador que debe sacrificar un mínimo 30 años para auto-financiar una renta miserable (el 70 % de su salario en el mejor de los casos). Pero lo más grave es para la generación intermedia, que en su momento aportó para el sistema anterior de reparto y que ahora tributa para el nuevo sistema, porque el cálculo matemático que ahora se realiza es sobre la base de 25 años, lo cual hace que muchos trabajadores que terminan con un salario promedio de 3.000 bs obtengan una renta de 1.000 o incluso menos. Según Bruno Rojas Callejas, investigador del Cedla, el financiamiento de la pensión solidaria recae exclusivamente en los trabajadores: 20% de primas de riesgo común, y riesgo profesional con carácter mensual, son recursos de los trabajadores; 0,5% de aporte mensual obligatorio de todos los trabajadores dependientes asegurados al sistema; 3% de aporte patronal sobre el total ganado de sus trabajadores. Los mineros lograron un aporte de 3% adicional por parte de los empleadores. Otros aportes son 1, 5 y 10% de la diferencia de ingresos de trabajadores y personas naturales que ganen más de 20 salarios mínimos y otras fuentes establecidas sin comprometer recursos del Tesoro. Uno de los problemas principales que observa el experto es la baja rentabilidad que impacta en un mayor tiempo de aporte. Históricamente los recursos del Fondo Individual manejados por las AFP tenían una rentabilidad que llego al 15%, hasta que el actual Gobierno les ordenó que debían invertir esos recursos en bonos del Estado o en empresas estatales, casi todas ellas mal manejadas. El rendimiento e n los últimos dos años disminuyó a 7,32% y según un último reporte bajó a un 5,23%. Pero además, l os trabajadores consideran injusto que el Gobierno conceda jubilaciones con el 100% del salario a los militares y quiera que los demás sectores se resignen a recibir un 30%. En el caso de los militares, los aportes que ellos hicieron cuando percibían sus salarios equivalen a un 67% de la jubilación que van a recibir: el resto lo pone el TGN.
El Gobierno argumenta que es siendo el principal empleador ya esta aportando y que los bonos son una forma de redistribución. En el frente de las pensiones, el Gobierno también incumplió sus promesas e hizo malos pronósticos. El presidente Morales en este aspecto también propició las demandas que parecen excesivas, prometió en su campaña para su primera reelección que iba a bajar la edad de jubilación a 54 años. Y también erró en los pronósticos, cuando esperaba una alta rentabilidad, esta por el contrario bajó. Las novedades de la actual ley de pensiones pasan por la administración estatal de las AFP, ahora Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo, que hasta hoy no ha ocurrido, y la incorporación de la renta solidaria para que los trabajadores que no llegan a cubrir el monto del mínimo nacional, se beneficien con un pequeño aumento que es proporcional a los años trabajados. ¿Pero de dónde sale este monto solidario? Sale del bolsillo del trabajador que gana un poco más. La clase trabajadora financia íntegramente su jubilación. Pretende resolver el histórico hueco fiscal de las pensiones con una formula neoliberal que confronta trabajadores formales con trabajadores informales. Para vender su reforma invoca la igualdad, la justicia y la equidad. Acusa a los propios asalariados con buenos salarios de ir contra la democracia. Como si hubiese democracia y el fenómeno de los bajos salarios, el trabajo precario y el informal fuera consecuencia de los privilegios de pequeño sector de la clase social asalariada. La reforma pensional neoliberal se construye sobre una falacia: que el trabajador es responsable de su propio desamparo y del trabajador informal. Lo justo para el Gobierno es que unos y otros reciban un ingreso y además que le sirva electoralmente. La solución para ampliar la cobertura a una mayor población, sería igualar a la baja el subsidio pensional. La falacia del Gobierno es múltiple y los pretextos un despropósito. ¿No es acaso causante de los bajos salarios, del escaso trabajo formal una economía achacosa dedicada al latifundio, a la especulación financiera, al contrabando y narcotráfico, a la explotación de materias primas, a la construcción y servicios y otras labores poco intensivas en mano de obra calificada? El proyecto pensional es descontextualizar el origen y el fundamento del sistema de la solidaridad. Con la reforma pensional se completa el desmonte del Estado social ya iniciado con las reformas de flexibilización laboral, sostenibilidad fiscal y financiera, y exenciones a los dividendos accionarios.
Rafael Puente, ideólogo de este proceso de cambio y cada vez mas critico del mismo, y muchas personas se hace muchas preguntas válidas sobre las pensiones, que no se hacen los defensores del proceso: ¿en la elaboración de la ley 735 se ha cumplido el Artículo 242 de la Constitución que establece la participación ciudadana en las políticas de estado así como el manejo transparente y permanente de la información?¿Por qué no se nos ha explicado el robo de 500 mil dólares que se produjo —con documentos fraguados— para pagar jubilación a gente que nunca había aportado?¿Por qué no se nos explica qué pasa con el otro robo de 20 millones de dólares —si es que no eran 200 millones— de la Renta Dignidad? ¿Es coherente que este gobierno de cambio se dedique a prestarse dinero del Fondo de Pensiones —se habla de 4.200 millones de dólares— como ocurría en los gobiernos anteriores? ¿Cuándo se nos va a informar lo que hicieron las AFPs en los largos años de beneficio gratuito que les regaló la anterior ley de Pensiones? Y la última: ¿No se podría pensar en que el Fondo de Pensiones fuera administrado por los propios trabajadores, tanto activos como pasivos? [6] ,
Y la pregunta crucial: ¿Por qué entró en crisis el sistema de reparto? Por la ausencia de un desarrollo vigoroso de la economía nacional que hubiera permitido el necesario crecimiento del empleo formal. Además, el sistema de reparto sufrió las consecuencias de la hiperinflación de la década de los años 80 y de la bolivianización de depósitos que la acompañó. Ambos factores hicieron desaparecer el dinero que los 37 fondos complementarios –del régimen complementario con aportes sólo del trabajador- tenían en los bancos como depósitos a plazo fijo (DPF) por 500 millones de dólares, que representaban el 50% de las captaciones bancarias. Esos recursos quedaron reducidos a una décima parte (unos 50 millones de dólares). También se presentó el problema de la corrupción en la administración del sistema de pensiones. Es conocido el caso de la gestión del ex director del fondo de los trabajadores de la administración pública (FOCSSAP), Dante Escóbar, hoy en la cárcel, y de otro que incluso “invirtió” los recursos de los afiliados en una casa de lenocinio. A esto se sumó el problema de la subcotización, que consistía en aportar mensualmente sobre un salario bajo, que en los dos últimos años previos a la jubilación llegaba no sólo a la cifra real del sueldo, sino que hasta lo sobrepasaba o inflaba, para obtener así una abultada pensión. Todos estos factores pusieron al sistema de reparto al borde del colapso y de la quiebra, por lo cual en 1997 fue sustituido por el sistema de capitalización o cuenta individual.
La pensión solidaria no es un invento del Gobierno, de hecho ya en 1996, cerca de 900 mil activos financiaban a más de 300 mil pasivos. Se dice que el gran cambio de la Ley 065 fue la creación del Fondo Solidario (FS), que tiene el propósito de solucionar el problema de las bajas pensiones del sistema de capitalización o cuenta individual o de elevar esas pensiones de vejez. Pero hay una limitante: el FS otorga recursos, aumenta o complementa las pensiones de vejez de sólo dos grupos de beneficiarios; es decir, de aquéllos que no son mineros y que perciben salarios por debajo de 4.000 bolivianos y de aquellos mineros que ganan sueldos inferiores a 5.300 bolivianos. Hay un tercer grupo que gana sueldos altos, pero que obtendrá una pensión de vejez sólo con su esfuerzo de ahorro individual o fracción de la AFP y la CC, es “generación sándwich”.
A mediano plazo, la jubilación debe ser financiada por los empresarios y el Estado, así lo plantea la Central Obrera Boliviana (COB), algunos expertos en pensiones y una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Para garantizar una ley de jubilación digna es fundamental a través de lograr el aporte tripartito Estado-empresarios y trabajadores y un fuerte sistema de impuestos que apunte a los ingresos de toda la clase capitalista, es decir, impuestos a las ganancias y otro a la riqueza. Al sistema financiero privado que cada año aumenta sus ganancias de manera exponencial y no aporta nada a la seguridad social. Los trabajadores piden que el Estado aporte más al sistema y que el monto de las jubilaciones suba a un mínimo de 8.000 bolivianos para los mineros (con 30 años de aportes) y 5.000 bolivianos para los otros asalariados; el mínimo para no asalariados sería de 1.200 bolivianos. Los maestros han calculado que es posible exigir una renta igual al 100% del promedio de los últimos 24 sueldos para todos los sectores, tanto para aquellos mayoritarios, con sueldos y salarios miserables como para otros minoritarios que coyunturalmente tienen sueldos altos. Esto supone exigir que los aportes patronales suban del 3% a por lo menos 6% y que el Estado como tal contribuya al menos un 2% adicional. La COB demanda que el Gobierno ponga su cuota parte de aportes y además exige que tres de los cinco miembros del directorio de la Gestora Pública de la Seguridad Social, que remplazará a las privadas AFP, representen al ente matriz de los trabajadores, pues se trata del dinero de los obreros. Con medidas así podemos hablar de un sistema de pensiones favorable al trabajador con una cobertura del 100% de su salario y un sistema universal para todos aquellos que si bien no aportaron al “sistema social”, aportaron a Bolivia en el campo, en los talleres o en los mercados.
En las dos semanas de huelga, como en otras ocasiones, ésta no ha sido totalmente acatada, excepto en sectores como los maestros, los mineros y fabriles; lo que sí ha generado gran tensión son las protestas, manifestaciones, bloqueos de carreteras y de calles que han organizado la COB y sus afiliados. De manera paralela, otros sectores se han sumado a las medidas, pero con demandas distintas. La asociación de policías de base, por ejemplo, exige que sus miembros obtengan una jubilación equivalente al 100% de su salario, como ocurre con los militares. Los gremialistas, por su parte, exigen que el sistema impositivo no los afecte y que se mantenga bajo el denominado “régimen simplificado”. En todo el país se llegaron a registrar 35 puntos de bloqueo de caminos. Trabajadores fabriles, salubristas, universitarios, la Central Obrera Departamental de Oruro, universitarios y maestros, liderados todos por la COB, protagonizaron movilizaciones y amagues de enfrentamiento con la Policía a su paso por alrededores de plaza Murillo.
Los trabajadores mineros cedieron y el secretario ejecutivo de la FSTMB, Miguel Pérez, precisó que los mineros piden una renta máxima de 4.900 bolivianos y están de acuerdo con la renta mínima de 1.200 bolivianos, tal como propone el Gobierno. La diferencia entre la tercera oferta del Gobierno y el pedido de los mineros ahora es de 900 bolivianos, aspecto que deberá ser resuelto en el futuro encuentro de ministros y sindicalistas.
El programa real: copar el poder territorial, mantenerlo y extenderlo para las trasnacionales y nuevos ricos
En la lógica del poder amigo-enemigo, [7] hoy Bolivia se divide entre quienes se oponen o defienden la vigencia del parágrafo II de la disposición transitoria primera de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que los mandatos anteriores a la CPE “son tomados en cuenta a efectos de cómputo de los nuevos períodos en funciones”. Los oficialistas acríticos y sumisos, encabezados esta vez por el el presidente de Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, Héctor Arce, preconizan la pérdida de vigencia de ese parágrafo por tratarse justamente de una disposición transitoria, además de referirse a cargos de funcionarios que no renunciaron antes de entrar en vigencia la nueva CPE. Los opositores y disidentes pensantes internos al oficialismo, como la diputada Rebeca Delgado y el ex constituyente Raúl Prada, sostienen que esto supone violar la misma Constitución generada por el MAS. Lo cierto es que el diseño constitucional ha sido violado prácticamente desde que era un feto y ya nacida viva, desde el primer día, por un gobierno que ha aplicado el texto de la CPE selectivamente, de forma instrumental, como mero mecanismo de concentración del poder. Gran parte de las “leyes orgánicas” aprobadas para poner en marcha la Carta Magna contuvieran artículos inconstitucionales. Ni hay estado plurinacional, ni las autonomías indígenas, como trágicamente quedó demostrado en el TIPNIS. La Constitución tiene dos contenidos: los centrales, pensados para facilitarle al partido de gobierno el monopolio institucional, y los accesorios o propagandísticos, para convocar a los distintos movimientos sociales y marketing internacional. El Movimiento Al Socialismo se ha encargado de ir destruyendo su Constitución, algo no tan difícil de hacer, dado su corrompido origen, producto de irregularidad procedimental y conciliación política, nunca se intento constituirla en un nuevo Pacto Social que uniera a los bolivianos. Nació efímera y violando la voluntad constituyente, ahora ya no extraña que se utilicen subterfugios del poder oficial y el TCP para una ilegal derogación de disposiciones transitorias.
De la rebelión popular y la agenda de octubre el Gobierno del MAS se ha ido transformando en conservador. De la aceptación de las presiones de la derecha y la modificación de la Constitución y el proyecto político llegó al extremo de adoptar el proyecto económico, social y cultural de la derecha y de los empresarios con arreglos que tienen que ver con el monopolio del poder político, el control coercitivo y la inclusión de algunos sectores. La abierta oposición a la agenda de octubre, lo llevó también a la exclusión de quienes continuaban defendiéndola.
Copar el poder, mantenerlo y extenderlo territorial y espacialmente lo llevó a buscar la estabilidad económica con políticas neoliberales y sacrificar a los trabajadores en la búsqueda de crecimiento y equilibrio macroeconómico. De esta manera adoptó el extractivismo como eje de su proyecto, asociado a trasnacionales, a la oligarquía oriental y a la burguesía plebeya y sus sectores emergentes (cocaleros, grandes gremiales y transportistas, constructores, lava dólares, narcotraficantes y contrabandistas, etc.) integrándose ellos mismos a esas actividades; que además le ofrecía garantía de la política clientelar territorial y de los bonos electorales, lo mismo que garantizar la demanda alimenticia. Así fue dejando a un lado la Constitución con la llamada plurinacionalidad y a sus protagonistas: los pueblos indígenas, el buen vivir, la defensa de la pachamama y toda la ideología indianista. Pero también a colocar en la mira la reelección.
Destruir a la oposición política y copar la institucionalidad lo llevo a tratar de sacar el máximo provecho de la intentona separatista formando equipos jurídicos para judicializar la política, lo que trajo como secuela la extorsión convertida en política de Estado, que se extendió luego a empresarios extranjeros y a empresarios en proceso de legalizarse o ilegales (menonitas, Ostreicher, casas de juego, narcotraficantes, etc.). Esta política se diseñó al mas alto nivel de Gobierno y se defendió a los ejecutores a expensas de la legitimidad gubernamental.
También los llevó a copar el ejecutivo central y departamental, los municipios, el Congreso, las fuerzas armadas y policiales, el poder judicial, el electoral y los medios de comunicación (creando, comprando –literalmente o con negociaciones de publicidad- o asociándose con la oligarquía). Lo que los llevó a cultivar la uniformidad y a la destrucción de la conciencia del presente y de la memoria histórica.
Esta lógica cada vez mas compleja del control de los poderes llevó en su momento a la dirigencia del instrumento a formar un sindicato (Rebeca Delgado) bajo conducción de Álvaro García, convirtiéndose en la garantía de la estabilidad y gobernabilidad. Este es hoy el verdadero instrumento que fue cooptando a “estrategas”, voceros y mantener a los levantamanos útiles (muchos ex dirigentes convertidos en empresarios) a esta reconducción del proceso. Las ONG, que fueron las principales proveedoras de funcionarios, que mantienen la crítica son objeto de destrucción. De este modo fueron reemplazando a los políticos e intelectuales honestos por inescrupulosos y pragmáticos políticos.
El miedo a ser desenmascarados los llevó a comprar encuestadoras de opinión, a manejar la opinión publica con cortinas de humo (conflicto con Chile, con el Gobierno norteamericano- USAID, con los terroristas I-II, etc.) y a silenciar a la oposición acabando con los “librepensadores” (críticos) y con quien se atreva a cuestionar su nuevo proyecto o denunciar la inconstitucionalidad de sus actos (Tipnis, reelección, juicios, etc.)
Así como la búsqueda de estabilidad económica y los altos precios de los comodities llevo al crecimiento y mayores reservas, una consecuencia de la política de obras y dadivas, el clientelismo territorial y grupal, fue la reducción de la pobreza. A la inversa, del mismo modo el extractivismo rentista llevó a la política antindigena; y la destrucción del movimiento social llevó al caudillismo patriarcal protegido por el “sindicato”. Del mismo modo, todas estas políticas anti indígenas y anti obreras están llevando a la protesta y rebelión de los siempre excluidos lo que nos lleva a la política de control, vigilancia, represión, cooptación y/o división de los movimientos, amenazas, miedo, extorsión, violencia.
Desde abajo comienzan a revertirse las tendencias y la COB, indígenas organizados CIDOB, CONAMAQ, fabriles, maestros, algunos comités cívicos y juntas vecinales hoy se oponen al Gobierno. El gobierno se atrinchera en los cocaleros, pueblos rurales, burguesía indígena y plebeya, bonistas, poderes locales, trabajadores beneficiados por el proceso como muchos informales, comerciantes y constructores. ¿Qué ocurrirá cuando pierda este apoyo y se desmoronen las instituciones bajo su control?
No han descuidado la guerra anti indígena. Ganarse el apoyo de los cocaleros ha llevado al Gobierno, una vez más, y dando continuidad a la sistemática ofensiva desencadenada con el propósito de despojar al Parque Nacional Tunari (PNT) de su condición de área protegida, una alianza de “movimientos sociales”, agrupaciones de loteadores, abogados legalizadores de lo ilegal y autoridades condescendientes han intensificado su presión para lograr la regularización de propiedades ubicadas por encima de la cota 2.750 en el límite del PNT. Por ahora, y pese a los esfuerzos de autoridades de la Gobernación y de los municipios involucrados para dar curso a tal despropósito, quienes se niegan a dar paso a la liquidación del área protegida han logrado imponerse. Frente a esta resistencia, Álvaro García Linera convoca cínicamente a las trasnacionales y empresarios a explorar los parques nacionales y áreas protegidas. Cree que las manifestaciones campesinas de apoyo al Gobierno le dan carta libre a olvidarse incluso de la consulta y llamar al despojo abierto de los pueblos indígenas.
Si bien en el criterio amigo-enemigo, la construcción del enemigo es fundamental para la reproducción histórica, cultural y moral del amigo, esta concepción tiene límites que irán aumentando como lo demostró la Alemania de Carl Schmitt con su sentido peculiar del mundo, del centro de la política, del monopolio del conocimiento y del poder absoluto. La modernidad masista tiene su precio.
Tras casi dos semanas de medición de fuerzas los protagonistas quedaron en una tregua con aroma a derrota del campo laboral; no obstante, la resistencia intentó llenar el espacio de la izquierda y examinar sus contradicciones, fue un conato de independización política por una demanda justa que presionaba desde abajo. Sin embargo, si la dirigencia buscaba legitimidad y mantener su hegemonía conciliadora en torno a la pretensión de crear un partido del trabajo, la práctica futura lo dirá y si solamente buscaba reconducir las políticas del gobierno, no solo no logró nada sino que mas bien reforzó la continuidad de orientación neoliberal y de alianza con la burguesía, la violación constitucional, la judicialización de la política, la visión amigo-enemigo con la izquierda y la crítica, las tendencias represivas, divisionistas, la opción por un país sin leyes. Pero, también logró que mas sectores populares conozcan mejor a los nuevos amos y piensen en mejores formas de lucha por el poder popular revolucionario.
Y por ultimo, la cereza del pastel. Evo decreta que los mineros sirven al imperio y la verdadera COB son los campesinos. Tema estratégico por cierto. Si el Che Guevara viviera tendría mucho que decir del PC, de los campesinos, de los militares y de muchos otros. Señala muy bien Lupe Cajías que el Gobierno “revolucionario” ratifica la resolución de un exdictador para dar una jubilación de lujo a militares asesinos como Luis García Meza o Luis Arce Gómez que cobran sus buenas pensiones. Se pregunta ¿Por qué no se iguala la escala de jubilación de los uniformados con los mineros? Unos generan riqueza y gracias a ellos es la bonanza económica de antes y ahora; otros la gastan en salarios y armas. Además son los que históricamente reprimen a los mineros, sea en Huanuni, Milluni, Caracoles o en la Chojlla. Los ingresos no corresponden a su sacrificio. “Es usual que un minero trabaje un turno, la redobla, la re-redobla, para aumentar su paga. Donan mitas solidarias, como el 67 para los guerrilleros, y no se limitan a gritar “patria o muerte, venceremos”. Los mineros bolivianos son la nación, la patria, ningún estudiante debe olvidar eso”. [8] Y tampoco los periodistas y analistas institucionales convertidos en antiobreros, antindigenas y anticriticos, defensores de la democracia, del Estado plurinacional-comunitario.
Otro aspecto también estratégico si miramos hacia arriba, es la presencia de ocultos defensores del sub imperialismo brasilero y del propio imperialismo, de los terratenientes, campesinos ricos y burguesía indígena, son quienes defienden el extractivismo, los que representan a las trasnacionales del Brasil, los que definieron los límites a la propiedad terrateniente, los que han convencido a los campesinos de respetar la propiedad agraria, los que quieren imponer la carretera por el Tipnis, quienes se opusieron a la devolución de las refinerías en manos de Petrobras y fueron lobbystas en los petrocontratos, los que promueven el Complejo rio Madera y la IIRSA, los que invitan a ocupar territorios indígenas, los que “nacionalizaron” los hidrocarburos dejando el 80% de la producción y reservas a las trasnacionales, (de estas Brasil con el 60%), que se incentive a estas grandes empresas con mejores precios (ya tienen el 40% de los ingresos y no el 82% como se dice) y estímulos, quienes impulsan los medios para que Brasil controle la política energética, hidroeléctrica, de transportes, agraria, etc. Pero que además se benefician del narcotráfico y del contrabando.
Llegara el momento en que sepamos todos quienes son estos, por que tienen nombres y apellidos, y se hará justicia popular.





Expansión de España (www.expansion.com.es)

Latinoamérica está emergiendo fortalecida de la crisis gracias a que el desempleo ha podido mantenerse estable a nivel regional y ha disminuido en varios países, así como por la consolidación de su clase media, según ha asegurado hoy la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"En Latinoamérica ha engordado el tamaño de la clase media y eso ofrece posibilidades de un desarrollo mucho más autónomo, que no dependa tanto del comercio internacional, sino de los recursos internos y del propio crecimiento económico", dijo a Efe el director del Instituto de Estudios Sociales de la OIT, Raymond Torres. El experto presentó hoy, en compañía de otros analistas de esa organización, el Informe Mundial sobre el Trabajo 2013, según el cual la tasa de empleo en la región es del 57,1%, un punto porcentual por encima de los niveles previos a la crisis. Según Torres, uno de los avances más significativos que han dado los países latinoamericanos es "haber conseguido aplicar una estrategia (económica) adaptada a su propia realidad" y "haber roto con la tendencia a importar modelos del exterior". Esto explica que el informe destaque que esta región es una de las tres (entre ocho) donde se ha constatado una disminución del riesgo de tensión social. La tasa de desempleo regional se sitúa en torno al 7%, aunque en el caso de los jóvenes prácticamente se duplica. A este respecto, el analista consideró que "el desempleo juvenil es uno de los mayores retos que tiene hoy América latina, pues cada vez hay más jóvenes que acceden a la educación superior y muchos de ellos no consiguen empleos adaptados a su situación". Por otra parte, Torres destacó que Latinoamérica ha realizado esfuerzos serios en favor de un "crecimiento inclusivo", lo que reconoció que es particularmente difícil en países donde la expansión de la economía se basa en la extracción de recursos naturales. Este tipo de crecimiento económico genera ingresos que son difíciles de redistribuir en la sociedad, explicó el experto, quien dijo que Brasil es un caso de estos. El informe de la OIT enfatiza también que en América Latina se observa una alentadora disminución de las desigualdades de ingresos, con un aumento de los salarios que alcanzó el 4% el año pasado en Brasil y Paraguay, y el 1 por ciento de México y Colombia. Torres mencionó los casos de Argentina, Uruguay y Perú como los más simbólicos en el esfuerzo por reducir la brecha de ingresos. En cambio, en El Salvador, Costa Rica, Chile y Honduras se ha observa "un ligero aumento" de esas desigualdades. Brasil Sobre Brasil, comentó que "hay una pequeña, pero alentadora, disminución de las desigualdades de ingresos", un objetivo que es "extremadamente difícil de alcanzar". Un factor esencial para ello ha sido la extensión de la protección social en ciertos países, a través de programas de subsidios a la población como Bolsa Familia en Brasil o Jefes de Hogar en Argentina. "Hemos visto una proliferación de iniciativas en el ámbito de las políticas sociales en la región, algo por lo que nadie habría apostado hace diez años", dijo Torres. Sin embargo, la amplitud del trabajo informal es una cuestión "sobre la que hay mucho por hacer", reconoció el representante de la OIT. Según el informe, la incidencia del empleo informal no agrícola es de cerca del 50% en Latinoamérica, con tasas todavía más elevadas en países como Bolivia, Honduras y Perú.





LA ÉLITE POLÍTICA DE PERÚ HACE FRENTE COMÚN POR LA DISPUTA MARÍTIMA CON CHILE

El País de España (www.elpais.com.es)
                                                                          
Desde febrero, los políticos de los cuatro partidos más visibles en el Congreso: el oficialismo de Gana Perú, el fujimorismo, el APRA y Perú Posible -del expresidente Alejandro Toledo- no cesan de atacarse entre sí por motivos diferentes. Pese al fuerte deterioro del clima político, el presidente Ollanta Humala, dos exjefes de Estado, el líder histórico de la democracia cristiana, las cabezas de tres organizaciones políticas y otros once altos dirigentes se reunieron una hora en Palacio de Gobierno para renovar una actitud común anticipándose al fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la frontera marítima entre Perú y Chile, que debe conocerse en la primera quincena de julio.
La única política de Estado que ha atravesado tres gobiernos diferentes desde el 2004 en Perú es precisar ese límite con Chile en una zona importante de pesca. Luego de haber promulgado en 2005 una ley denominada líneas de base del dominio marítimo, el país andino determinó su límite marítimo. “Se aprecia la existencia de una superposición de las zonas marítimas proyectadas desde las costas de Perú y Chile, debido a la orientación de las costas de ambos países. Dicho espacio constituye el área en controversia”, indica un documento de la cancillería peruana sobre esta disputa.
En diciembre de 2012, Perú y Chile argumentaron sus posiciones en la fase oral de la controversia en La Haya, en ese momento hubo satisfacción por parte de los políticos peruanos acerca del desempeño del Estado peruano en la CIJ. Según el agente del estado peruano ante La Haya, el embajador Allan Wagner, la reunión multipartidaria del lunes en Palacio de Gobierno, convocada por el presidente Ollanta Humala, fue útil para “renovar esa actitud”.
Esta nueva reunión, al más alto nivel, con dos expresidentes y con líderes de los partidos políticos, ha valido para reiterar la unidad de Perú y de las fuerzas políticas en torno al tema de La Haya. Todos los presentes expresaron ese sentido de unidad, el respaldo al presidente "para cuando el fallo se emita y para la ejecución”, declaró a EL PAÍS el embajador Wagner minutos después de la cita.
Los expresidentes Alan García y Alejandro Toledo llegaron de Estados Unidos a esta reunión convocada el último jueves, con poca antelación. La excandidata presidencial y líder del Partido Popular Cristiano (PPC), Lourdes Flores, y la excandidata presidencial e hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, fueron las ausencias más notorias.
Asistieron, además, Luis Bedoya Reyes, fundador del PPC; el presidente del Congreso, el oficialista Víctor Isla; el secretario general de Acción Popular, Mesías Guevara; el presidente del PPC, Raúl Castro; el congresista fujimorista Alejandro Aguinaga –médico personal del expresidente–; el exalcalde de Lima, Luis Castañeda, y el líder de la Alianza por el Gran Cambio, César Acuña, un líder regional acusado por uso de fondos públicos para campaña. Otro líder de la derecha, exministro de Economía y excandidato presidencial, Pedro Pablo Kuczynski, también participó.
Esta cita de unidad ocurre en medio de un clima enrarecido por las acusaciones del APRA y Perú Posible contra el Gobierno de Humala por persecución política. Actualmente, el expresidente García es investigado por una comisión parlamentaria por supuesta corrupción en su gestión entre 2006-2011, en tanto que el expresidente Toledo es investigado por la Fiscalía, desde la semana pasada, debido a compras inmobiliarias millonarias a nombre de su suegra. Por otro lado, Perú Posible ha acusado también al APRA de divulgar la información sobre esas compras de la suegra, en tanto que el fujimorismo exige del oficialismo una definición y se declara víctima de la indecisión del presidente acerca del indulto solicitado para Alberto Fujimori.
El denominado proceso post-Haya requiere del gobierno peruano prever el escenario de un fallo no favorable -o el no acatamiento del fallo por parte de Chile-. Ello llevaría a Perú a plantear el asunto ante la Organización de Estados Americanos.
Pese a la controversia en La Haya, y a una antigua historia de enemistad bilateral, es novedoso que Chile y Perú hayan vuelto a sostener, en mayo, reuniones entre ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores, que dejaron de realizarse desde 2006, cuando Perú presentó la demanda por la frontera marítima. Además, por primera vez los ministros de ambos países en las áreas de salud, educación, trabajo y de poblaciones vulnerables se han reunido la semana pasada en Santiago, en el denominado Consejo de Integración Social.
Al final de la reunión en el Palacio de Gobierno, la canciller peruana Eda Rivas ha calificado la relación con Chile de “inmejorable”; además, destacó que ambos países son parte de la Alianza del Pacífico, junto con Colombia y México, y que ello los impulsa a desarrollar no solo asuntos de comercio, sino también de personas.
Los presidentes Humala y Sebastián Piñera han buscado varias oportunidades para declarar en conjunto y por separado que “respetarán el fallo”. Perú espera que su vecino del sur no solo lo respete, sino que lo acate. Ambos países tendrán que conformar grupos técnicos de trabajo, en particular para modificaciones a leyes de pesca, dependiendo de lo que decidan con independencia los 15 magistrados en el norte de Europa.

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