viernes, 4 de enero de 2013

ECUADOR, EN LA RUTA PARA EL PASO DE COCAÍNA HACIA EE.UU Y EUROPA



El narco vivía en una zona exclusiva en el Valle de Cumbayá (afueras de Quito) y para capturarlo actuaron 60 policías de cuerpos élite. Juan Carlos Calle Serna fue arrestado el 15 de marzo y deportado a su país al siguiente día. No es el único cabecilla de organizaciones criminales detenidos en el Ecuador. También se apresó, por ejemplo, a John Jairo Vasco, uno de los más buscados de Colombia. Pero ¿quién era Calle Serna? Pertenecía a Los Rastrojos, una mafia que en Colombia controla las dos terceras partes de la droga que se produce allí y se exporta a los mercados de consumo de EE.UU. y Europa. Informes de Inteligencia señalan que desde ese país las mafias usan al menos ocho pasos ilegales en Esmeraldas y que a través de estos trafican drogas y armas. El propio Gobierno reconoció que en la frontera entre Ecuador y Colombia operan mafias identificadas con el crimen organizado, narcotráfico, paramilitares y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC). Allí está “el más grave problema de seguridad que tiene el país; es una frontera caliente”, dijo el presidente Rafael Correa. Hasta inicios de diciembre, la Policía Antinarcóticos había capturado 42 toneladas de droga. Es decir, 16 más que en el 2011. El ministro del Interior, José Serrano, señaló que el cargamento ilegal incautado en el 2012, las capturas de supuestos narcotraficantes y las intercepciones aéreas son “ejemplos de la efectividad de la lucha contra el delito”. Pero en el caso de la aeronave que el 13 de mayo se accidentara en Pedernales (Manabí) con USD 1,3 millones en su interior, la alerta la dieron radares militares de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). En Ecuador, hasta el cierre de esta edición, los radares comprados a China aún no funcionaban. Esto ocurría pese a que el contrato para la compra, que se formalizó el 8 de junio del 2009, se hizo por emergencia. Es más, la Fiscalía sostuvo que la Fuerza Aérea no permitió ver estos aparatos, que sirven para detectar aviones ilegales como el que aterrizó en noviembre en la vía Santa Elena-Guayaquil. Ese aparato, supuestamente, llegaba para llevarse alcaloides que se encontraba por la zona. En el caso de Pedernales, la nave tenía matrícula mexicana y los tripulantes portaban documentos que indicaban ser de Sinaloa. Sin embargo, altos oficiales de la Policía señalaron que en el país no existen estructuras establecidas de ese cartel del narcotráfico. Pero un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos señala que ese grupo delictivo tiene influencia en al menos 15 países de América. Y en el mapa aparece Ecuador. A finales de diciembre, el Gobierno publicó el último estudio de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) en el que se señala que aquí existe menos del 0,04% de cultivos de coca, de 51 100 hectáreas registradas en la región. Según el oficialismo, esas cifras ubican al país en el “tercer lugar en cuanto a efectividad en la lucha contra el comercio ilegal”. El documento revela además que en el mundo existen 18 890 laboratorios de procesamiento de hoja de coca y pasta base de cocaína. De esa cifra, el 97,5% está en Latinoamérica y el 0,03% en Ecuador: 13 centros. Pero Naciones Unidas también indica que Ecuador se encuentra en medio de la ruta de la cocaína. Estados Unidos, Europa y Oceanía son los principales mercados de este narcótico, según el Informe Mundial de Drogas 2012, revelado por la ONU en junio. El mapa del desplazamiento de esta droga ilegal muestra que el mercado de Estados Unidos se provee “casi exclusivamente de cocaína producida en Colombia”, mientras que el de Europa “compensó la escasez” de la coca de Colombia con la “fabricada en Bolivia y el Perú”, dice el informe. ¿Eso libera al Ecuador del tráfico de cocaína? El Director del Centro de Estudios de América Latina de la U. de Miami, Bruce Bagley, sostiene que la ubicación geográfica involucra al país en el fenómeno. Y asegura que los carteles mexicanos compran droga directamente de los productores. “Lo que sale por Ecuador es la cocaína colombiana. Compran los cargamentos ilegales a los grupos colombianos que negocian en el país, a las Águilas Negras, a Los Rastrojos y a las FARC”. En el caso Resurgir, en donde un coronel de la Policía está sentenciado por drogas, quien estuvo como cabecilla fue un mexicano a quien lo conocían con el alias de ‘El Charro’. En Ecuador se movía con la fachada de comerciante de mariscos y usó tres nombres. En la audiencia de sustentación y formulación de dictamen de este caso, la Fiscalía lo ubicó como el “financista extranjero” de una red de narcotráfico. Dos ecuatorianos que presuntamente están vinculados a esta red están detenidos y sus casos siguen en los juzgados. FF.AA. Cambio en las tareas de los soldados Este año, los militares recibieron pedidos directos del Gobierno para que combatan el narcotráfico y el crimen organizado. Pero, por ejemplo, el ex juez español Baltasar Garzón, que en el país vigila la reforma judicial, no aconsejó esa medida. La Constitución (art. 158) señala que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Mientras que para la protección interna y el mantenimiento del orden público se determina como responsable a la Policía. A finales de año, el Gobierno presentó un informe del 2011 que fue levantado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito y señaló que en el país existe menos del 0,04% de cultivos de coca. Droga Las incautaciones aumentan en el país El Gobierno habla de efectividad de la Policía y que por eso en los últimos cinco años, los agentes se han incautado 211 toneladas de droga a escala nacional. Sin embargo, investigadores encubiertos señalan que los decomisos han aumentado porque los narcos también buscan más rutas para sacar la droga por Ecuador. El fiscal general, Galo Chiriboga, incluso dijo que varios descubrimientos (de droga) obedecen a ‘chivatazos’, a datos que vienen de grupos contrarios (a los investigados) y que no tienen necesariamente un proceso de investigación. Pero Javier Córdova, viceministro de Seguridad Interna, indicó que los logros en temas de droga se deben, “en gran medida, a políticas públicas adecuadas”.
ENTREVISTA
Carteles querían instalarse en el país
¿Cómo está el Ecuador en el tema de lavado? Ya denuncié en su momento cómo miembros de carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa, habían hecho intentos de armar una estructura que les sirva para, desde aquí, proyectar cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. Uno de los mecanismos de esos carteles es penetrar los gobiernos y las entidades policiales. Luego de que en mayo pasado se estrellara una avioneta en Pedernales (Manabí) usted habló de un incremento de la actividad del narcotráfico, ¿en qué se basó para decir eso? Lo hice por lo que mencioné antes de los carteles y la proximidad con Colombia y Perú. Pero hay otro elemento. En estos momentos América Latina ha pasado a ser la tercera zona del mundo que más consume droga. Después de la avioneta de Pedernales se presentaron otros hechos
¿Cómo interpretar aquello?
El caso de la avioneta encontrada en Santa Elena debió investigarse más a fondo, porque ese es un hangar con una infraestructura más o menos costosa que no estaba bajo la custodia ni siquiera de un guardián y que pertenece a una familia de empresarios de Guayaquil.
¿No se ha investigado?
 Debían investigarse posibles vinculaciones. Creo que si la población no es incorporada a la lucha contra la droga y lavado es muy difícil que solo con medidas policiales se pueda resolver estos problemas agudos.
¿Cómo se puede controlar y prevenir el lavado?
Se debe mantener una vigilancia más efectiva sobre las empresas que existen en el país y determinadas áreas de la economía que, de mi experiencia, resultan ser, en estos momentos, más proclives a ser utilizadas para el lavado de dinero. Allí están, por ejemplo, los sectores de la construcción y el de comercialización de vehículos.
Punto de Vista
John Marulanda Experto colombiano
Las FARC tejieron redes para traficar Ecuador, al estar flanqueado por los dos principales productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú, tiene que jugar necesariamente un papel en la dinámica delincuencial. Así el Gobierno ecuatoriano trate de minimizar este hecho, la realidad es que las diferentes agencias de Inteligencia dedicadas al monitoreo de los asuntos del narcotráfico, en los últimos tres años han venido señalando al Ecuador como un punto de encuentro y un sitio del lavado de dinero. De modo que es imposible tratar de negar lo que está sucediendo en el Ecuador con el narcotráfico. El principal factor para que se llegue a este escenario es, sin duda, la presencia de la guerrilla de las FARC en la frontera común. Aunque en los 11 años que llevo visitando la zona, es la primera vez que veo realmente una presencia militar ecuatoriana, la realidad es que el Gobierno ecuatoriano llegó tarde a la frontera. Allí, las FARC han colonizado y creado redes de apoyo, de logística, de simpatizantes, de Inteligencia, que les permiten traficar la cocaína que se produce en el Cauca, Nariño, Putumayo y Amazonas. Otro factor es que se trata de un país con una economía dolarizada, lo que facilita mucho el lavado de activos. Y esto lleva a un tercer factor: ha sido un Estado con una generosidad migratoria muy grande, que ha permitido la llegada de los colombianos y, en especial, de los carteles mexicanos, que han convertido al Ecuador en su centro de negocios. Los mexicanos, con el apoyo de las FARC, son los que controlan la actividad de la droga. Los propios altos mandos de la Fuerza Pública ecuatoriana han declarado sus temores porque el tráfico de drogas pudiera rebasarlos. Considero que esto se puede superar con la cooperación internacional. Y creo que con la decisión gubernamental de cerrar la Base de Manta se quitó un frente muy importante. (El Comercio de Ecuador)





EVO MORALES QUIERE ASOCIARSE CON JAPÓN PARA FABRICAR UN "TOYOTA A LITIO"

El presidente inauguró una planta industrial que producirá carbonato de litio.
                                                                                
El Sol de Argentina (www.elsolonline.com/noticias/view)

El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró una planta industrial que será capaz de producir 40 toneladas de carbonato de litio por mes y unas 448 de forma anual, al tiempo que reiteró la intención de su gobierno de aliarse con Japón para aprovechar el recurso natural.
Según el mandatario, esa producción será la base para proyectar la instalación de la planta industrializadora de litio donde se produzcan incluso baterías de litio. Las instalaciones están en la localidad de Lipi, ubicada cerca en el salar de Uyuni, al sudoeste del país.
"Son pasos importantes y por supuesto hay que ampliar. De laboratorio pasamos a planta piloto. Ahora nos toca la gran industria y ahí queremos contar con expertos", dijo el mandatario en un acto público realizado en la nueva planta industrial.
"Nos juntamos, Japón y Bolivia, para hacer un Toyota japonés a litio, pero hecho en Bolivia. Eso he planteado", dijo el presidente Morales durante su discurso, retransmitido por la cadena de medios oficiales.
En agosto de 2012, una misión de la compañía estatal japonesa de Petróleo, Minerales y Gas (Jogmec, por sus siglas en inglés) visitó Bolivia y halló dificultades para extraer el litio que posee el país en el salar de Uyuni.
El director del Departamento de Tecnología de Minería y Metalurgia de Jogmec, Hideya Metsugia, dijo entonces que hay "dificultad para separar el litio de los demás elementos" que existen en el reservorio de Uyuni, uno de los mayores del planeta.
De acuerdo con el experto, el litio que se extrae de las reservas que existen en el mar no tiene asociados otros minerales como ocurre con la reserva de Bolivia. "Aquí es más concentrado y hay que hacer más pruebas y más estudios para dividirlo (el litio) y separarlo de otros elementos (químicos)", dijo el pasado año.
En marzo de 2012, la multinacional japonesa Sumitomo expresó en La Paz su interés por desarrollar nuevos proyectos mineros en Bolivia, incluyendo una eventual explotación de las ricas reservas de litio que existen en la región andina.
La estatal japonesa había llegado en noviembre de 2010 a un acuerdo con el gobierno de Bolivia para el desarrollo conjunto de la extracción comercial de litio.
No obstante, el gobierno de Evo Morales, que desarrollará las primeras fases de extracción del litio, mantiene en carpeta propuestas de empresas surcoreanas, japonesas, chinas, brasileñas, iraníes y venezolanas para un programa de industrialización del litio.
El litio es un cotizado metal que se utiliza para la industria electrónica y la energía limpia. Bolivia posee un 70 por ciento de las reservas mundiales de litio con 100 millones de toneladas métricas que se encuentran en 17.000 kilómetros cuadrados de los salares de Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Chiguana, Empexa, Capina, Challviri y otros que están en los departamentos de Potosí y Oruro, en el sudoeste de Bolivia. 





BRUSELAS ESPERA DE BOLIVIA UNA COMPENSACIÓN «IMPARCIAL Y JUSTA» A IBERDROLA «LO ANTES POSIBLE»
                                                                                                                           
Advierte de que nacionalizaciones "frecuentes" de inversiones europeas en el país andino "podrían dañar seriamente la percepción de las compañías de la UE de Bolivia como destino de inversión".
                                     
La Razón de España (www.larazon.com.es)

"El Gobierno boliviano tiene el derecho a proceder a nacionalizaciones si lo desea. Pero recordamos la necesidad de que Bolivia ofrezca una compensación imparcial y justa lo antes posible en virtud del tratado de inversión bilateral firmado entre España y Bolivia", ha explicado el portavoz de Comercio del Ejecutivo comunitario, John Clancy.
"Esperamos que haya una solución acordada", ha insistido el portavoz comunitario, que ha admitido que desde el punto de vista legal la disputa "es una cuestión entre una compañía privada y el Gobierno boliviano".
El portavoz comunitario ha recordado que "la UE está a favor de aumentar el comercio y la inversión con Bolivia" pero ha dejado claro que "las frecuentes nacionalizaciones o expropiaciones de compañías europeas envía una señal muy negativa a la comunidad empresarial internacional, que busca estabilidad y predictibilidad para sus inversiones en tiempos de incertidumbre económica".
"La última decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar inversiones europeas sigue a un número de otras nacionalizaciones de compañías europeas en Bolivia en años recientes", ha recordado Clancy.
El Ejecutivo comunitario ha advertido por ello al Gobierno de La Paz de que estas nacionalizaciones "podrían dañar seriamente la percepción de las compañías de la UE de Bolivia como destino de inversión y lugar donde hacer negocios", ha explicado el portavoz.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó el pasado 29 de diciembre un decreto supremo por el que nacionaliza las cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia "para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en los departamentos de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y en el área urbana".
El propio decreto supremo que supone la nacionalización contempla que un organismo independiente contará con 180 días para realizar una tasación del valor de la participación de Iberdrola en las cuatro empresas nacionalizadas y determinar así la cantidad que deberá abonar el Estado a Iberdrola a través de Ende.
El presidente de Bolivia ya nacionalizó el pasado 1 de mayo las acciones que Red Eléctrica Internacional, filial de Red Eléctrica Española, poseía en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de compensación económica entre el Gobierno boliviano y la empresa española.
El Gobierno español lamentó la nacionalización de las cuatro filiales bolivianas de Iberdrola en un comunicado del Ministerio de Exteriores el pasado 29 de diciembre y reclamó una "justa" indemnización para los accionistas de las compañías nacionalizadas.
La eléctrica española también espera obtener "el valor real" de sus filiales en Bolivia, según explicaron fuentes de Iberdrola a Europa Press cuando se anunció la nacionalización.





UE RESPETA NACIONALIZACIONES EN BOLIVIA Y PIDE INDEMNIZACIÓN "JUSTA"
                                                                             
Spanish People de China (www.spanish.people.com.cn)

El embajador de la Unión Europea (UE) en Bolivia expresó hoy su respeto por las nacionalizaciones que ejecuta el gobierno del presidente Evo Morales, pero consideró que lo más importante es una "justa" compensación para las empresas inversoras.
El embajador de la UE en Bolivia, Timothy Torlot, manifestó en declaraciones a la radio católica Erbol que la nacionalización de las empresas de electricidad, Elfeo y Electropaz, de capitales de la española Iberdrola, forman parte de la política del gobierno boliviano.
Sin embargo, consideró importante negociar con los inversionistas afectados.
"Sobre todas las consideraciones es dar a las empresas españolas sus derecho de acuerdo a ley y tomando en cuenta el ambiente económico del país, sabemos que esto forma parte de la política del gobierno, pero insisto que lo importante es que la empresa reciba su indemnización", señaló Torlot.
De acuerdo a datos preliminares publicados en medios españoles, a Bolivia le costará cerca de 100 millones de dólares la nacionalización de ambas empresa distribuidoras de electricidad, donde Iberdrola tiene 89,5 por ciento del paquete accionario de Electropaz y 92,8 por ciento de Elfeo de Oruro.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó el 29 de diciembre la nacionalización de dos empresas de energía eléctrica que eran administradas por IberBolivia, filial de la española Iberdrola SA; Electropaz SA, de la ciudad de La Paz y Elfeo SA de la ciudad de Oruro.
Además decretó la nacionalización de la Compañía Administradora de Empresas Bolivia (CADEB) y la empresa de servicios eléctricos denominada EDESER.
Según Morales, la nueva disposición instruye a ENDE pagar el "monto correspondiente" a la empresa IberBolivia de Inversiones por el paquete accionario que tiene en Electropaz, ELFEO S.A., CADEB y EDESER.
El valor de las acciones a pagar como forma de indemnización a IberBolivia de Inversiones será establecido en un plazo de 180 días hábiles, a partir de la emisión del decreto, en el que participará una empresa independiente que será contratada por ENDE.
De acuerdo con el decreto de nacionalización, el pago será efectuado en territorio del Estado boliviano en moneda nacional, al tipo de cambio oficial. El mandatario en mayo de 2012 expropió las acciones de la Red Eléctrica Española (REE) y de la Transportadora de Electricidad (TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo sobre su compensación económica.
La estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asumió el control de las cuatro empresas nacionalizadas en representación del Estado boliviano.





Opinión

BOLIVIA VA POR SU DÉCADA GANADA
                                           
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar/diario/elmundo)

El mandato constitucional del “Vivir Bien en Bolivia” tiene prisa. El gobierno de Evo Morales no ha esperado al Primero de Mayo como viene siendo habitual en los últimos años para comunicar una nueva nacionalización. La electricidad es un bien básico en el vivir bien del pueblo, y como tal es tratada por la revolución democrática y cultural que experimenta el país. Esta disposición no es ni mucho menos un acto aislado, sino que conforma una estrategia estructural de responsabilidad a favor del pueblo boliviano y de apropiación de los recursos propios. Hace unos meses fue el turno de la Red Eléctrica Internacional SAU, subsidiaria de la Red Eléctrica Española, en la Empresa Transportadora de Electricidad. Y esta vez le tocó a cuatro filiales de Iberdrola: dos distribuidoras, una de servicios y un fondo de inversión. De esta manera, Bolivia sigue en su política de apropiarse de aquello que el pueblo necesita y que le fue expropiado en las décadas sufridas neoliberales. En los años ’90, como fruto del Disenso de Washington, en pleno apogeo de política monopolizada bajo el objetivo del pago de la deuda ilegítima financiera a costa de mayor deuda social, los programas de desajuste y los planes de desestabilización se dedicaron a “capitalizar” empresas públicas en un modo bien perverso: las empresas públicas eran pseudo privatizadas a favor de intereses particulares que sólo tenían que firmar una promesa de un futuro aporte (50 por ciento) en una ampliación de capital. Así, en la cresta de esas décadas perdidas, la transnacional española (completa contradicción) compró la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica, controlando los mercados y su distribución en muchas ciudades importantes del país.
Esta política económica suena a música lejana en tierras españolas porque su gobierno no concibe ninguna decisión que repercuta a favor de las grandes mayorías. Mientras el eje de la política implementada en la periferia europea es seguir pagando la deuda con la imposición de un déficit mínimo en detrimento de la sanidad, la educación y de cualquier servicio básico, el gobierno boliviano no se aleja de los problemas de su pueblo y se ha dedicado a reducir pobreza y desigualdad, a controlar los sectores estratégicos, a redistribuir el incrementado excedente económico y a tener una política de precios justos con todos aquellos bienes que son consumidos predominantemente por la mayoría de la población. Un ejemplo categórico es el caso de la leche que, gracias a una política productiva creativa y justa, ha conseguido aumentar el pago a los pequeños productores reduciendo el margen de ganancia del monopsonio de la translatina peruana Pil y manteniendo un precio estable fijo por litro de leche para el consumidor final. Esto es una clara muestra del “sí se puede” siempre y cuando se desee políticamente garantizar que el pueblo viva bien, buscando así los instrumentos técnicos más factibles para ello. En el caso de la electricidad, el motivo de la nacionalización era obvio: las empresas privadas poco se han preocupado de las zonas rurales con población dispersa porque esto iría en contra de su única obsesión, la obtención de una alta tasa de beneficio. Evo Morales no hace Patria defendiendo los intereses de diez familias, sino que no le tiembla el pulso si ha de acometer una nacionalización de esta envergadura a pesar de pagar el alto peaje de tener en contra el eco mediático internacional. Los tiempos son otros; Bolivia continúa el camino de su década ganada en un marco regional favorable no sintiéndose solitaria frente a los poderes económicos internacionales puesto que posee buenos y sólidos aliados en el progresista continente sudamericano.
Por todo ello, no resulta anómalo que en Bolivia, presidente y vicepresidente sigan teniendo una aprobación por encima del 50 por ciento, mientras que en España, el último dato de Metroscopia presenta un máximo de desaprobación para el gobierno y su casta política. Menospreciar, desatender, no representar y divorciarse de su pueblo es lo que tiene.





BOLIVIA BUSCA EQUILIBRAR VENTAJAS Y BENEFICIOS CON LEY DE BANCOS
                                                                    
Radio Internacional de China (www.espanol.cri.cn)

El gobierno de Bolivia espera equilibrar los beneficios y las ventajas para bancos y clientes con la iniciativa de la Ley de Bancos, denominada Ley de Servicios Financieros, enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate el año próximo.
El ministro boliviano de Economía, Luis Arce, dijo que debe acabarse el "sometimiento" de bancos y entidades financieras contra los ciudadanos, quienes al necesitar los servicios financieros se ven forzados a aceptar las condiciones que imponen los prestadores de estos servicios.
"Lo que se busca con esta nueva Ley de Bancos es equilibrar el favoritismo en la vieja ley neoliberal que favorece al oferente de servicios financieros en detrimento del que utiliza esos servicios", agregó.
Recordó que la vigente Ley de Bancos, todavía "neoliberal", tiene un sesgo hacia el cliente que tenía que someterse prácticamente hacia la "dictadura" de quienes ofrecen los servicios financieros.
Según el titular de Economía, la medida legal busca otorgar todos los derechos del consumidor contemplados de servicios financieros y ponerlos en la nueva ley.
"Esta nueva Ley de Bancos tiene dos características fundamentales, una preservar la estabilidad macrofinanciera, macroeconómica que tenemos y, en segundo lugar, mejorar los derechos de quienes utilizan los servicios financieros en todas las instancias en nuestro país", puntualizó Arce.
Dentro los principales pilares de esta nueva medida legal que se encuentra en consideración de los banqueros y empresarios, está el otorgarle al Estado la decisión de fijar tasas de interés para créditos y depósitos.
Con esto se pretende obligar a los banqueros a ofrecer un premio a los clientes que cumplen puntualmente sus obligaciones de pagos de créditos.
También se establece que los Fondos Financieros Privados (FFP) deberán convertirse en bancos múltiples, cuya constitución jurídica será la de una sociedad anónima.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) reglamentará el proceso y plazo de adecuación a la que deberán acogerse estas entidades.
Las entidades financieras deberán destinar una parte de sus ganancias que obtengan cada año para tareas sociales, principalmente para el desarrollo productivo en el área rural.
El gobierno emitirá un decreto para que esta actividad sea cumplida por el sistema financiero.
Para que la gente tenga acceso a un crédito en mejores condiciones de las entidades financieras, la Asfi establecerá formatos y modelos de contratos para todas las operaciones que se realicen.
REACCIONES
Analistas económicos están de acuerdo en que se transparenten los contratos de crédito, con la finalidad de evitar abusos por parte de las entidades financieras, ya que muchos ciudadanos desconocen los alcances de las cláusulas en la "letra chica" de los contratos al adquirir un crédito.
Pero también ven con cierta cautela y susceptibilidad el hecho de que el Estado, a través de la Asfi, fije las tasas de interés de créditos y depósitos, porque afecta a la competitividad.
Sobre estos temas, el presidente de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Kurt Koenigsfest, aclaró que no conoce de forma oficial la norma y por ello no emitirá ningún criterio.
Señalo sin embargo que su sector confía en el compromiso del Ejecutivo de que una vez que "exista un proyecto perfilado y oficial, el mismo será de conocimiento del sector para realizar un análisis".
El analista Armando Méndez manifestó que los modelos y formatos de contratos que fije la Asfi en las entidades financieras son una "buena idea".
Por su parte el economista Luis Ballivián manifestó que los modelos de contratos que se vayan a aplicar protegerán a los usuarios y planteó trabajar en la difusión de información sobre sus derechos para los clientes.
AHORRISTAS
El proyecto de Ley de Servicios Financieros establece la creación del Fondo de Protección al Ahorrista con el objetivo de proteger a los clientes de las entidades de intermediación financiera (bancos, financieras, cooperativas y mutuales) ante eventuales quiebras.
Según la media legal, la entidad estará financiada con recursos acumulados en el Fondo de Reestructuración Financiera; los aportes de bancos, fondos financieros, cooperativas y mutuales; el rendimiento neto de las inversiones del Fondo de Protección al Ahorrista; y otros recursos provenientes de donaciones o transferencias definitivas realizadas por organismos e instituciones privadas o públicas, nacionales o extranjeras.





EX ALCALDE DE HUANCANÉ, ULISES BIZARRO ESTÁ SE ENCUENTRA EN BOLIVIA
                                                                                   
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe/Politica)

“El ex alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancané, se encuentra en Bolivia, por invitación del Presidente Evo Morales,” manifestaron los abogados defensores Edwin Quispe Vargas y Ronald Lanza Valdivia; ambos, ex magistrados chiriwanos.
La versión de los colegiados defensores del cuestionado ex alcalde, Ulises Bizarro Chipana, sustentaron que la invitación del mandatario boliviano fue aprobada en Concejo Municipal y desde el pasado 25 de julio, seguiría residiendo en el país altiplánico.
La coartada era motivo para solicitar el cambio de Cesación de Prisión Preventiva y desestimar la orden de detención y encarcelamiento que tiene a la fecha el entonces alcalde huancaneño, dictaminada por las autoridades judiciales.
Como se sabe, el 25 de julio del año 2012, el Poder Judicial dictó prisión preventiva de 9 meses en contra del alcalde por supuestamente haberse apropiado bienes donados por ADUANAS; desde aquella fecha el alcalde se encuentra no habido.
Ayer, la Audiencia de Cesación Preventiva, realizada en la Sala de Investigación Preparatoria de Huancané, se realizó con más de 20 efectivos policiales. Allí, participaron los fiscales Reynaldo Pandia Mendoza y Wilson Quispe Calla; el juez Nemecio Valdivia Valdivia y la Procuradora Anticorrupción Marcia Candida Carreño. También estuvieron los familiares de Bizarro Chipana.
No bastó el sustento de la defensa, pues los magistrados, determinaron declarar infundada la petición de cambio a precautelatoria por prevención preventiva y de esa manera, Bizarro Chipana, deberá ponerse a derecho.





BOLIVIA, ÚLTIMA CITA DE IBIZA AL DESARROLLO

Los integrantes de esta entidad viajan a Atocha y a la Paz durante las fiestas de Navidad

Ultima Hora de España (www.ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias)
                                       
Varios socios de la entidad Ibiza al Desarrollo viajaron durante estas fiestas de Navidad a la localidad boliviana de Atocha ubicada en la región occidental del departamento de Potosí. Después de recorrer 2.000 kilómetros, los integrantes de Ibiza al Desarrollo llegaron a la localidad donde celebraron la fiesta de Navidad con los hijos de los mineros de esta población, en la que conviven unas 5.000 personas.
En este encuentro, la organización Ibiza al Desarrollo repartió regalos a los más pequeños, quienes mostraron su infinito agradecimiento, según apuntaron desde la entidad.
Tras visitar Atocha, se dirigieron a la Paz, localidad situada a 4.000 metros de altura, donde se reunieron con varios integrantes de la Fundación Ichuri, organización con la que están colaborando en varios proyectos y para tratar futuras ayudas.
Nuevos proyectos
Desde Ibiza al Desarrollo explicaron que la Fundación Ichuri cuenta ahora con un restaurante cuyo personal estaba en riesgo de exclusión social por motivos de drogadicción o abandono. Con el fin de ayudar a niños, Ibiza al Desarrollo se trasladó a un barrio muy conflictivo donde los más pequeños reciben maltrato, abusos y son obligados a trabajar a una edad muy temprana. Por ello, en su visita, los integrantes de Ibiza al Desarrollo organizaron una nueva fiesta donde repartieron más regalos y fueron compensados con bailes típicos de la zona así como la interpretación de numerosos villancicos.
Desde Ibiza al Desarrollo quisieron mostrar su agradecimiento a todas las personas que colaboran en la causa «y que están trabajando por hacer un mundo más justo» y destacaron de su viaje el haber sido recibidos con «tanta alegría y entusiasmo».
«A pesar de la crisis seguimos con más fuerza si cabe para ayudar a los más necesitados», sentenciaron desde Ibiza al Desarrollo.





                                                                                                          
ABC de España (www.abc.es/local-comunidad-valenciana)

El Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC) presenta el próximo lunes el largometraje documental "Tierra sin mal-Ivi Imarae" en el que la doctora valenciana Pilar Mateo aborda el "Mal de Chagas", una enfermedad endémica que afecta a más de diez millones de personas.
El documental sigue las investigaciones de Mateo en el Chaco boliviano con su tecnología de micro encapsulación bio polimérica en forma de pintura capaz de erradicar la Vinchuca, una chinche que transmite la enfermedad, conocida como "Mal de Chagas".
Se trata de una enfermedad que diezma cada año a la población indígena guaraní, en un entorno amenazado por el desarrollo de la industria energética.
La producción ha sido dirigida por Ricardo Macián y producida por General Video Productions, TV ON PRODUCCIONES y Tarannà Films y su preestreno tendrá lugar en la sala García Berlanga del Rialto a las 20:00 horas el próximo día 7 de enero.
El "Mal de Chagas", cuyo nombre proviene del médico brasileño que la descubrió, Carlos Chagas, es una enfermedad parasitaria, causada por la chinche llamada Vinchuca (Triatoma infestans), que afecta a más de diez millones de personas, especialmente en las zonas pobres de Bolivia, Argentina y Paraguay, pero que también se ha extendido por diversos países desarrollados, incluido España.





LA INCÓGNITA DEL 10 DE ENERO
                                                                                            
La ausencia de Chávez en la toma de posesión dispara las dudas sobre si se celebrarán o no nuevas elecciones. Los jueces serán los encargados de decidir el régimen de sustitución ante la falta temporal del presidente electo
                                              
La Razón de España (www.larazon.com.es)

Mientras el presidente Hugo Chávez lucha por su vida, muchos ya empiezan a mirar al 10 de enero. Si el mandatario no toma posesión en esa fecha, la fijada oficialmente, el paso normal sería que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, asumiera la presidencia de la República y convocara enseguida elecciones. Pero si -como ya ha sugerido el mismo Cabello- se aplazara la posesión del presidente en contra de la Constitución, según la interpretación de muchos analistas, se ahondaría en una situación de incertidumbre jurídica que podría dar pie a escenarios poco tranquilizadores para Venezuela y, como consecuencia, para la estabilidad de Iberoamérica. A partir del análisis que la ausencia del presidente Hugo Chávez por razones de salud plantea, el abogado venezolano Manuel Rachadell explica a LA RAZÓN que hay dos posible situaciones. La primera es la falta absoluta del presidente. En este caso, la Constitución establece una nueva elección universal a los 30 días siguientes y la asunción del presidente de la Asamblea Nacional mientras se realiza la elección. La segunda opción es que el presidente electo se encuentre imposibilitado de ser juramentado para el nuevo periodo, sin que se haya producido o declarado la falta absoluta. En este supuesto «hay un vacío normativo en la Constitución, en la cual no se prevé la situación de falta temporal del presidente electo». El abogado explica que «como el Derecho no admite vacíos, la Sala Constitucional del TSJ debe interpretar el régimen de la sustitución en este supuesto y tendría dos vías de interpretación. Sería este Tribunal el que declare si asume el vicepresidente Nicolás Maduro o Cabello». Con la previsión de que esto ocurriría, el chavismo ya allanó el camino para esta toma de decisión, purgando del tribunal a los jueces que les pudieran resultar incómodos.
Con estas perspectivas, la gran pregunta es: ¿hasta cuándo podría durar el retraso en la toma de posesión del cargo? La respuesta jurídica es que la espera será «hasta que se produzca la muerte, renuncia, destitución decretada por sentencia del TSJ o incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ». En otras palabras, el poder quedaría en manos de estos jueces chavistas, que pueden decretar que Maduro o Cabello gobiernen de forma indefinida, hasta que oficialmente se inhabilite a Chávez.
A este respecto, la tensión crece según se acerca el 10-E. Enfática fue la posición que asumió la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El secretario Ejecutivo de La Mesa, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que «la Constitución establece un periodo constitucional de seis años con posibilidad de reelección y no una presidencia por tiempo indefinido. En caso de que el presidente electo no pueda acudir para la juramentación por razones relacionadas con su enfermedad, se debe asumir lo establecido en la Carta Magna con respecto a las faltas temporales». «Hacer creer al país que el presidente está gobernando es una falta de seriedad que alcanza niveles de irresponsabilidad, de abuso de su persona, de su nombre, así como de todos los venezolanos (...) Los venezolanos necesitan tener la certeza de que el Estado no está paralizado», sostuvo.
En el otro bando se encuentra uno de los aspirantes a la sucesión, Diosdado Cabello, que afirmaba ayer, a través de su cuenta de Twitter, que la oposición no puede hacer exigencias al pueblo chavista. «@dcabellor Parte de los dragones de komodo creen que pueden hacerle exigencias al pueblo chavista, ojalá no se equivoquen. Tristeza no es debilidad», sentenció. Además, el presidente de la Asamblea Nacional aseveró que el chavismo «tiene muy claro qué hacer», e instó a la oposición a centrarse en sus propios planes. Los mensajes a través de las redes sociales están siendo una de las claves para conocer cómo se posicionan los chavistas y su postura respecto a la crítica situación que atraviesa Venezuela. Así, @dcabellor asegura: «Información para los jefes de la oposición venezolana, los chavistas tenemos muy claro lo que haremos, ocúpense de lo que harían ustedes», expresó en otro mensaje difundido en la red social. La hoja de ruta ya está escrita y para muchos podría ser interpretada como un golpe de Estado encubierto.
En este caso, existe el riesgo de que la oposición salga a las calles, los chavistas también y el ejército quede como mediador. El temor a los días de inestabilidad que se avecinan ha llevado a la oposición venezolana a salir del segundo plano en el que se mantenía desde que se conociera la operación de Chávez y ayer mismo el secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón Guillermo Aveledo, tachó de «irresponsabilidad descomunal» los intentos del Gobierno por defender que Chávez sigue en pleno ejercicio de sus funciones y ha exigido al Ejecutivo que esté «a la altura» y «diga la verdad» sobre la salud del mandatario.
La preocupación por la verdadera situación excede las fronteras de Venezuela y llega hasta EE UU. En la primera rueda de prensa del año, la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo que «si se da la circunstancia en la que él (Chávez) no puede ejercer como presidente, queremos ver un proceso de transición acorde con la Constitución de Venezuela».
VERSIONES CONTRADICTORIAS
Maduro asegura que ha visto a Chávez con «la misma fortaleza de siempre»...
Las voces más autorizadas del chavismo se empeñan en transmitir normalidad y tranquilidad sobre el estado de salud de Chávez. En este sentido, El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó ayer en una entrevista concedida a la cadena de televisión panamericana TeleSur que ha visto en el mandatario «una fuerza gigantesca», al tiempo que ha resaltado que ha afrontado su enfermedad «con la fortaleza de siempre». Tras su visita a La Habana, aseguró que «he podido verlo en dos oportunidades, conversar con él, y es consciente absolutamente del complejo proceso posoperatorio. Además, nos pidió que mantuviéramos al pueblo informado siempre con la verdad, por dura que fuera en determinadas circunstancias».
...mientras Evo Morales reconoce que su estado es «muy preocupante»
Tal y como ha ocurrido desde que se conociera que Chávez debía ser intervenido de nuevo del cáncer que padece, los mensajes de apoyo del resto de mandatarios de Iberoamérica han sido constante en los últimos días. El de ayer del presidente de Bolivia, Evo Morales, resultó, en cambio, más preocupante que tranquilizador ya que aseguró que la salud de su homólogo venezolano, Chávez, «es muy preocupante». El presidente boliviano explicó en una rueda de prensa que ha hablado por teléfono con la familia de Chávez, aunque matizó que por el momento no ha mantenido ninguna conversación con Maduro. Además, fue más allá al añadir que «ojalá nuestras oraciones, nuestros ritos puedan ser efectivos para salvar la vida del hermano Chávez».





                                                                                
La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, los inscribió en un acercamiento muto, impulsado por ambas partes, con el fin de recuperar la normalidad diplomática entre los dos países
                                   
ABC de España (www.abc.com.es)
                                   
Estados Unidos confirmó este jueves los contactos mantenidos por altos funcionarios de la Administración Obama con el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro. La portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, los inscribió en un acercamiento muto, impulsado por ambas partes, con el fin de recuperar la normalidad diplomática entre los dos países.
Nuland descartó que haya un interés estadounidense en un particular traspaso de poder en el caso de incapacidad o muerte de Hugo Chávez, pero advirtió que toda transición debería ser constitucional. «No creemos que hay una solución made in USA para la transición de Venezuela. Solo los venezolanos pueden tomar ese tipo de decisiones», declaró. «Seguimos dispuestos a dialogar sobre varios temas de interés mutuo, pero cualquier transición o sucesión deben ser constitucional y decidida por los venezolanos».
ABC desveló que el embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roy Chaderton, enviado por Maduro, llegó a visitar la Casa Blanca en diciembre para reunirse con Ricardo Zúñiga, responsable para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad. Por su parte, el propio Maduro conversó por teléfono en noviembre con la subsecretaria para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, como ella misma después ha confirmado. En esos contactos, en los que también ha participado Kevin Whitaker, «número dos» de Jacobson, se ha tratado entre otros asuntos del regreso a Venezuela de la DEA, agencia estadounidense de lucha contra la droga. Ambos países confían con llegar al intercambio de embajadores.
Nuland no quiso entrar en detalles. «Obviamente conversamos con venezolanos a lo largo del espectro político, como lo hacemos en todos los países del mundo», indicó. Con ello intentaba quedar al margen de cualquier lucha interna en el seno del chavismo, las gestiones hechas ante Washington tanto por Maduro como, de modo indirecto, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional.
La posición oficial estadounidense, en cualquier caso, es de favorecer que la Constitución venezolana sea respetada, ante posibles intentos del oficialismo chavista de utilizar la Corte Suprema para aplazar la fecha en la que Chávez debería tomar posesión, ya que el texto constitucional menciona expresemante el 10 de enero.
Se trataba de la segunda jornada consecutiva que en la diaria rueda de prensa del Departamento de Estado las autoridades estadounidenses se referían a las relaciones con Venezuela y abordaban un próximo futuro sin Hugo Chávez al frente de ese país.





LOS RIESGOS DE "DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA"

Aunque la consigna fue lanzada de manera confusa e imprecisa, las reformas sobre el sistema judicial que alienta el Gobierno amenazan con someter a los jueces al poder político
                                        
La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)
                                    
Al arrojar al ruedo políticola idea de "democratización de la Justicia", el Gobierno volvió a jugar a su juego favorito: apropiarse de un ideal atractivo (como lo fuera, en su momento, el de "democratizar la palabra"), para luego acometer una reforma que amenaza al mismo ideal invocado.
En el caso de la democracia judicial, dados todos los gestos que siguieron a aquella invocación, el riesgo parece obvio: impulsar reformas destinadas a someter a la Justicia al poder político. De todos modos, en este caso más que en otros, la postura del Gobierno aparece especialmente confusa y poco articulada. Por la tanto, tiene especial sentido examinar críticamente algunos de los caminos y riesgos que el Gobierno tiene abiertos frente a sí en la materia, ya sea que "democratizar la Justicia" signifique impulsar la elección popular de los jueces, asegurar la diversidad judicial, organizar el juicio por jurados o fomentar el populismo penal.
Impulsar la elección popular de los jueces. Tal como se la ha presentado, esta idea (duramente criticada por el juez Zaffaroni) resulta dependiente de la misma y conservadora concepción de la democracia defendida por el Gobierno en otros frentes. Según esta concepción, la legitimidad democrática depende exclusivamente de la victoria electoral. Por eso, en la esfera política, exige a los que tienen quejas que esperen su turno hasta las próximas elecciones; o que organicen su propio partido político, si es que no lo tienen, para ganarlas entonces. La democracia, según el relato oficial, es un hecho episódico, que depende de elecciones que se celebran cada cuatro años. Esta pobre idea de la democracia es la misma que ha utilizado el Gobierno para sugerir una primera aproximación a la idea de "democratizar la Justicia". Se debe lograr, entonces, "que los jueces también se sometan a elecciones". Otra vez, para el oficialismo, democracia es igual a elecciones. Para quienes partimos de una visión diferente de la democracia -por caso, una visión más dialógica- la postura oficial sobre el tema nos deja apenas en la puerta de entrada del problema. Y es que, si existe una desvinculación entre ciudadanos y jueces, la elección inicial de los jueces poco se ocupa del problema real. Lo que importa, en verdad, es qué hacer el día después -y todos los días que siguen al día después- de que los jueces son (por quien sea) elegidos. ¿Cómo hace el ciudadano para dialogar con sus jueces? ¿Cómo se les hace saber el peso de ciertos reclamos? ¿Cómo les reprocha su conducta y se les sugiere caminos de decisión alternativos? ¿Cómo establece puentes de comunicación con ellos?
La elección de los jueces no sólo agrava ciertos problemas (la protección de las minorías impopulares), sino que no resuelve los más importantes (suturar la distancia que suele existir entre jueces y ciudadanía desde el momento en que los jueces son designados), a la vez que genera riesgos inaceptables: piénsese en lo que ocurrió en Bolivia luego de que la nueva Constitución de 2009 estableciera la elección de los jueces por el pueblo; hoy, los bolivianos pueden elegir. sólo entre los candidatos a jueces que el partido dominante les ofrece. La minoría no puede ofrecer como candidato ni siquiera a uno.
Asegurar la diversidad judicial. Una mirada más interesante sobre la democratización judicial es la que exige que se incluyan en la Justicia la misma diversidad de voces, miradas y concepciones ideológicas que distinguen a la sociedad toda. Quienes defendemos esta postura celebramos en su momento el famoso decreto 222 (destinado a promover la diversidad dentro del Poder Judicial), como repudiamos luego que el Gobierno lo dejara de lado para tomar como regla la defensa de jueces de vergüenza (¿hace falta dar nombres?), el ansioso intento de imponer a candidatos impensables (como el firme candidato oficial para el cargo de procurador) o la descarada impugnación de cualquier juez que no apareciera como defensor del oficialismo en sus fallos.
Es demasiado largo el camino que se recorrió desde entonces: de la promesa de diversidad inicial a la acusación de "golpismo" o de "alzamiento", lanzada frente a cualquier tribunal capaz de opinar de modo distinto del Gobierno. Quienes, críticos del oficialismo, estamos preocupados por la exclusión en todos los niveles (también en el nivel judicial) y valoramos la protesta en las calles, se trate de los marginados o de los caceroleros más acomodados (del mismo modo en que no pensaríamos nunca a los "saqueadores" como "delincuentes que roban plasmas"), la pregunta que nos hacemos es otra, vinculada con las razones de la exclusión social, o lo que es lo mismo, las razones por las cuales el poder sigue concentrado en una minoría.
Organizar el juicio por jurados. Otra visión de la democracia judicial es la que impulsa el juicios por jurados. Se trata, en este caso, de un mandato constitucional incumplido desde hace más de 200 años, que sólo por esa razón merece ser honrado. De todos modos, sobre la materia convendría evitar indebidos entusiasmos: tal como la concibe el poder, esta reforma resulta algo insulsa. Se trata de autorizar a la ciudadanía a decir "sí" o "no" frente a las pruebas reunidas contra algún acusado, pero nunca de permitirle al pueblo que reflexione en torno al derecho de fondo. La mayoría de los que proponen esta reforma asumen que la ciudadanía no está capacitada para pensar sobre el derecho sustantivo, que sugieren dejar exclusivamente en manos de lejanos "especialistas".
Fomentar el populismo penal. Para muchos oficialistas, democratizar la Justicia significa convertirla al populismo penal, populismo con el cual el kirchnerismo ha coqueteado en un primer momento. El populismo penal es la concepción que propone subir las penas "porque lo pide la gente"; el que mantiene a los procesados presos "porque es el reclamo de la gente"; el que se queja -como lo hiciera la Presidenta, justo el día de los derechos humanos y a propósito del fallo del caso Marita Verón- porque "jueces sin responsabilidad dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir". Este populismo penal es repudiable, entre otras cosas (otra vez) por la conservadora visión de la democracia de la que parte. Es curioso, porque apela todo el tiempo a "lo que quiere la gente", pero nunca le pregunta nada a "la gente" a la que invoca, ni acepta ser interpelado, ni admite ser cuestionado por "la gente" en nombre de la que habla. Quienes vemos a la democracia como diálogo, jamás aceptaríamos posturas semejantes, sobre todo porque no llamaríamos "democrático" a lo que claman las víctimas luego de un crimen; o a lo que prefieren muchas personas indignadas, según los resultados de alguna encuesta.
La democracia es otra cosa: la democracia no debe confundirse con el mercado, ni las cuestiones de justicia con los resultados de una encuesta, como si se pudiera hablar de justicia como hablamos de marcas de jabones. Tomar la democracia en serio requiere dejar de lado el marketing, la propaganda y las encuestas de mercado, para optar, de una vez, por la inclusión de los oprimidos y el diálogo (también judicial) con los que piensan diferente.

No hay comentarios:

Publicar un comentario