viernes, 27 de agosto de 2010

GOBIERNO BOLIVIANO CONFISCA NUEVAS TIERRAS A EMPRESARIO DE LA TV



El gobierno boliviano anunció una nueva confiscación de tierras, incluso 21.000 hectáreas de un conocido hacendado y dueño de una red de televisión alineado con la oposición conservadora, informó un funcionario. El total de tierras confiscadas o revertidas alcanza a 115.000 hectáreas en el oriente boliviano de propiedad de cinco hacendados que usaron documentos fraudulentos para justificar su derecho de propiedad, informó en rueda de prensa el jueves el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas. Otra de las causales para la reversión fue que las tierras no cumplían una función económico social (FES), es decir no estaban cultivadas, acotó.


El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) procedió a revertir y anular títulos y procesos de saneamiento por una superficie de 115.818 hectáreas ubicadas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, debido al incumplimiento de la Función Económica y Social (FES) y al fraude detectado en las pericias de verificación. El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas, informó en conferencia de prensa acerca de la determinación asumida por esta entidad, luego de haberse cumplido la fase de verificación del cumplimiento de la FES en propiedades medianas y grandes, es decir, sobre las 500 hectáreas, tanto en tierras agrícolas como agropecuarias.
Señaló que a partir de ese trabajo de verificación se detectaron cinco casos que ameritan su reversión y anulación de sus trámites de saneamiento: cuatro ubicados en Santa Cruz y uno en el departamento de Beni. “Por la verificación del incumplimiento de la FES en terreno y las ilegalidades que han incurrido por parte de las personas que pretenden tener un derecho propietario, estamos revirtiendo y anulando 115 mil hectáreas”, señaló la autoridad.
Estas tierras –anticipó Rojas− serán redistribuidas entre comunidades indígenas, campesinas y originarias que las demanden, como lo establece la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Reconducción Comunitaria 3545.
CASO ARTEAGA JUSTINIANO
El primer caso corresponde a la reversión de 17.440 hectáreas de un total de 27.762 hectáreas tituladas correspondientes a los predios Los Ángeles, El Cusi, Señorita, Santa María y Navidad, ubicados en el cantón San Ignacio de la provincia Velasco.
En el trabajo de campo, el INRA evidenció que la familia Arteaga Justiniano pretendió inscribir una superficie mayor a la que contaba y que anticipadamente vendió a otras familias pedazos de tierras. La familia Arteaga no pudo demostrar la FES e intentó engañar al Estado presentando ganado que era de otras familias, por lo que se reconoció la titulación total del predio Navidad inscrito a nombre de Lorgio Francisco Arteaga Justiniano.
CASO ÁÑEZ
El segundo caso tiene que ver con la reversión de 51.282 hectáreas en el cantón San Matías y Santa Corazón de la provincia Ángel Sandoval en Santa Cruz, donde según Rojas, se identificaron “errores gruesos y torpes” en el trámite de saneamiento realizado por la empresa Límite, la cual, luego de realizar pericias de campo en 2000, siguió acreditando documentación el 2005 para subsanar errores pasados.
Dijo que la familia Áñez solicitó la titulación por 60 mil hectáreas, pero luego sólo anotó 52 mil con un criterio de utilizar sólo la tierra útil y no los bajíos que en tiempos de lluvias se inundan. “Se encontraron problemas de fondo y forma que causan su anulación”, dijo. Los predios anulados son Curichi, Unión, Yomomo, Santa Lucía, El Espinal, El Tinto y la Envidia.
CASO MONASTERIOS
El caso Monasterios tiene como antecedente la entrega de un predio dotado por la Reforma Agraria, sobre 46 mil hectáreas de tierras en el cantón San Matías en la provincia Ángel Sandóval, el cual fue comercializado a terceros.
“Pero hemos encontrado en campo que el ganado no solo corresponde a este señor, sino una sociedad llamada Ceibo y en los otros predios no hemos encontrado ganado que acredite la actividad ganadera”, explicó. Se revierten 21 mil hectáreas.
CASO TERRASUR
El caso Terrasur se encuentra en Beni, el cual se sustanció luego de la denuncia presentada por la dirigencia indígena de San Pablo en contra de Haydeé Cabrera de Vergara, quien intentó consolidar 13.383 hectáreas de tierras con ganado ajeno y datos falseados. El INRA le reconoció 50 hectáreas por algunas mejoras que realizó.
CASO Estatuti
En el caso del predio que estaba en posesión de la familia Estatuti, el INRA procedió a la anulación del saneamiento por presentar documentación fraudulenta. La superficie recuperada es de 12.750 hectáreas.
Monasterios amenaza tras su tercera reversión de tierras
Osvaldo Monasterios Áñez, ganadero y empresario propietario de la cadena televisiva Unitel, luego de que se aprobara la tercera reversión de predios en su contra por parte del Estado a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), amenazó a esta institución, que evidenció tierras ociosas, denunció ayer el director de esta entidad, Juan Carlos Rojas.
“Ya hemos recibido amenaza de los abogados del señor Monasterios por estos resultados que estamos anunciando, han estado en la oficina con estas actitudes ojalá puedan recurrir a las vías legales y no a las actitudes que que en realidad confirmarían lo que estamos haciendo”, aseveró Rojas.
La autoridad justificó la determinación de la reversión de predios por incumplimiento de la Función Económica Social (FES) y la anulación del proceso de saneamiento por fraude.
Dijo que en las pericias a los predios de Monasterios en la provincia Sandóval en diciembre de 2009, se contabilizaron 8.000 cabezas de ganado en su propiedad, señalizados con la M al medio de un círculo, marcado en el lomo de los animales, pero que en la verificación se los encontró con otro tipo de marcas recientes que hacen presumir que son de una sociedad.
Rojas: Intentaron burlarse de la fe del Estado y el INRA
El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) denunció ayer que varias familias que ostentaban títulos de propiedad de tierras o los tramitaban, intentaron burlarse de la buena fe del Estado proporcionando información falsa y presentando ganado prestado como prueba del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES).
“Para resumir, en Santa Cruz y Beni algunas personas intentaron burlar la buena fe del Estado o del INRA utilizando documentación que no corresponde, recursos mañosos, ganado que no les pertenece”, señaló.
Dijo que en aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, tampoco se puede permitir la doble dotación de tierras –que fue el caso de la familia Monasterios–, lo cual deriva en la anulación y reversión de la supercie, que es parte del trabajo que debe hacer el INRA este año.
“En el caso de los predios anulados, se debe volver a campo para verificar lo que existe allá y confirmando la decisión como establece la ley todas las tierras fiscales de tierras disponibles deben ser dotadas en favor de comunidades indígenas originarias y campesinas que no tienen tierras o la tienen de manera insuficiente”, subrayó.





EL GOBIERNO QUIERE INDUSTRIALIZAR LA PRODUCCIÓN DE GAS

BOLIVIA LANZA AMBICIOSOS PLANES PARA EL SECTOR DE LA ENERGÍA PERO HAY DUDAS SOBRE LA INVERSIÓN

Lograr que el país deje de ser un exportador neto para incorporar mayor valor agregado a la producción, como los fertilizantes, es la meta del presidente Evo Morales.

El Cronista de Argentina (www.cronista.com)

“Bolivia, el centro de distribución de energía de la región, en el corazón de Sudamérica”, dice un colorido cartel en una estación de servicio estatal en la ciudad boliviana de Santa Cruz. Los símbolos de las políticas energéticas del presidente Evo Morales parecen estar presentes en todos los aspectos de la vida cotidiana del país andino.
Las vastas reservas de gas natural descubiertas tras una oleada de inversión privada en la década de los 90, le dio a uno de los países más pobres de América del Sur la posibilidad de quedar en el centro del suministro regional de energía, y ha firmado lucrativos contratos con Brasil y Argentina.
Sin embargo, la mayoría de los bolivianos más pobres deben recurrir a las garrafas de gas licuado de petróleo para el uso doméstico y el transporte público. Y aunque sus reservas de gas natural son las segundas en Sudamérica, detrás de las venezolanas, Bolivia se ve obligada a importar regularmente derivados como la nafta y el diesel.
La nacionalización del gas y el petróleo dispuesta por el presidente Morales en mayo de 2006 planteó dudas sobre la capacidad del sector de crecer en el mediano plazo, principalmente por la falta de inversión extranjera. Además, los países vecinos parecen buscar la seguridad energética reduciendo su dependencia del suministro de gas boliviano. En ese contexto, los planes de Bolivia para los próximos cinco años son ambiciosos. Lograr que el país deje de ser un exportador neto para incorporar mayor valor agregado a la producción, empezando con derivados del gas como los fertilizantes, implica nada menos que una revolución industrial.
“Queremos industrializar Bolivia y dejar atrás el modelo de extracción pura y exportación de recursos naturales, a través del valor agregado”, le dijo al Financial Times Luis Fernando Vincenti, ministro de Energía de Bolivia, quien agregó que el país quiere hacerlo “por medio del sector de energía, con la explotación y comercialización de los recursos, y la implementación de nuevas políticas para acelerar la exploración”.
La exploración es clave, porque las reservas de gas probadas están en declinación.
“Nuestras reservas disminuyen y esto no se debe a razones geológicas, sino a que no hubo inversiones significativas en los últimos cinco años”, comentó Carlos Delius, analista de energía de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos.
Pero los funcionarios bolivianos se muestran confiados. Vincenti dijo que hay un “alud” de ofertas en espera y Morales prometió respaldo legal para que las firmas privadas cumplan con los planes de inversión.
Uno de los principales inversores en el país, la brasileña Petrobras, tiene un presupuesto total para inversiones en el extranjero de u$s 11.500 millones para los próximos cinco años, y Bolivia ha forjado nuevas alianzas con, entre otras, la rusa Gazprom y la china Sinopec, que están considerando hacer importantes inversiones.Sin embargo, como ocurrió en el pasado reciente, el problema es saber cuánto de ese dinero llega realmente a los yacimientos de gas. “Si hay condiciones de seguridad para que los inversores exploren, las reservas volverán a subir. En este momento las regalías son muy altas y el retorno sobre la inversión en los nuevos prospectos no es para nada atractivo”.





BOLIVIA: CAMPO DE FRANCESA TOTAL PRODUCIRÁ 1,5 MILLONES DE M3 DE GAS

Terra de Economía de Colombia (www.economia.terra.com.co)

El campo Itaú, gerenciado por una filial de la francesa Total, empezará a producir desde enero del próximo año 1,5 millones de metros cúbicos diarios (MMCD) de gas natural, informó este jueves la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Ypfb).
Además tiene programado producir el equivalente a 1.060 barriles por día de condensado, informó el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB Corporación, Juan Jose Sosa.
"A este campo ya se le dio la declaratoria de comercialidad, lo que quiere decir que el mismo entra en producción a partir del primero de enero del año 2011 y la producción para ese año será de aproximadamente 1,5 MMCD", señaló Sosa.
Hasta el año 2013, el megacampo Itaú aportará una producción adicional de 3,5 MMCD y en 2015 un volumen total de 5,0 MMCD, manifestó la autoridad.
El campo Itaú, está ubicado en el Bloque XX Tarija Oeste, en el sudeste del país, y es operado por las empresa Total E&P Bolivie, cuyos titulares son Total (75%) y British Gas Bolivia (25%).
Bolivia, que cuenta con 1,34 billones de metros cúbicos de gas natural, entre reservas probadas y probables, las segundas de la región después de Venezuela, exporta unos 30 MMCD de gas natural a Brasil y 7 MMCD a Argentina.





BOLIVIA, ENTRE EL PROCESO DE CAMBIO Y EL PODER DE LAS MULTINACIONALES ESPAÑOLAS

En el presente artículo analizaremos el contexto en el cual la Inversión Extranjera Directa española aterriza en el país, sus implicaciones, el papel que han desarrollado las transnacionales españolas, y en concreto, el caso del BBVA y Repsol.

Revista Pueblos de España (www.revistapueblos.org/spip.)

Bolivia empezó a ser rentable para la Inversión Extranjera Directa cuando se pusieron a la venta las grandes empresas estatales del país. Fue entonces cuando los capitales foráneos iniciaron su control sobre prácticamente todos los ámbitos económicos. En este proceso, las multinacionales españolas han estado presentes en sectores tan estratégicos como el agua, la electricidad, la banca, los hidrocarburos, etc. A través de la actividad y los impactos pasados y actuales de dos de estas empresas, BBVA y Repsol, se puede deducir por qué la población se rebeló contra las compañías transnacionales a principios del siglo XXI.La introducción de Bolivia en el neoliberalismo estuvo marcada por la aprobación del Decreto Supremo 21060 en 1985 que suponía el fin del protagonismo del Estado en la gestión económica, establecido tras la Revolución de 1952. A partir de la década de los 80 se implementaron las recetas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a través de diversas modificaciones legislativas cuyo objetivo no era otro que la atracción de la Inversión Extranjera Directa (IED). Es entonces cuando se privatizan numerosas empresas estatales, pero no aquéllas que eran estratégicas. En la segunda mitad de la década de los noventa se llevó a cabo el llamado "proceso de capitalización" que significó la venta a las multinacionales extranjeras de estas empresas estatales claves. Entre los países emisores de IED, España cumple un papel significativo llegando a ser el tercer mayor inversor en términos de capital acumulado desde finales de los noventa.En el presente artículo analizaremos el contexto en el cual la IED española aterriza en el país, sus implicaciones, el papel que han desarrollado las transnacionales españolas, y en concreto, el caso del BBVA y Repsol.
La Ley de Capitalización y la IED española
En el inicio del primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003) ve la luz la Ley de Capitalización que da paso a la entrada de inversión extranjera en las empresas estatales más importantes como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), entre otras. Aunque se intenta diferenciar de una privatización para evitar la protesta social, éste es precisamente el objetivo. Con el agravante de la sucesión de irregularidades en la venta [1] y de los cambios fiscales a favor de las empresas transnacionales y en detrimento del Tesoro General de la Nación.
Bolivia no ha sido uno de los destinos principales de la inversión extranjera de España, pero el capital español sí ha sido importante en este país. Además, para España, las inversiones realizadas durante este período en Bolivia han resultado estratégicas. Multinacionales como Repsol, BBVA o PRISA han obtenido, gracias a las reformas neoliberales y el acompañamiento de las políticas y la diplomacia de los sucesivos gobiernos españoles, grandes beneficios que les han permitido continuar con sus actividades y expandirse por el continente. Actualmente, en términos de capital acumulado, España es el tercer país inversor por detrás de los EEUU y Brasil [2].
La gran mayoría de las multinacionales españolas que operan o han operado en Bolivia lo hacen en sectores estratégicos para la economía tales como la gestión del agua y de los hidrocarburos, la banca, los aeropuertos, los seguros y los medios de comunicación. Hablamos de Repsol YPF, Iberdrola, BBVA, Aena, Abertis, Mapfre, Prisa (Santillana) y de otras compañías que ya se han ido del país como Unión Fenosa, Abengoa y el Banco Santander. Para ver el papel que han tenido estas multinacionales en el desarrollo del país se tomarán como ejemplo dos compañías españolas: Repsol y BBVA.
Las pensiones de jubilación, el negocio para el BBVA
El desembarco de las entidades financieras españolas en suelo boliviano se enmarca en un proceso de bancarización progresiva que se vive en la región latinoamericana a partir de la década de los noventa y en el cual las entidades extranjeras verán su número en aumento. A finales de los noventa, el BBVAy el grupo Santander iniciaron su actividad en Bolivia.
El banco que hoy continúa en el país es el BBVA y centra su actividad en la Administradora de Fondo de Pensiones Previsión (AFP Previsión). En el caso de Bolivia, la AFP es algo más que la compañía que gestiona el sistema de pensiones privado. La capitalización de las empresas estatales establecía que cerca del 50% de las acciones de estas empresas debían pasar a ser propiedad de los bolivianos y bolivianas. Pero el Gobierno de Sánchez de Lozada decidió que quien debía gestionarlo eran las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP). Así, en 1997 se crearon dos AFP: Previsión que fue adjudicada al BBV y Futuro que fue adjudicada a Argentaria. En el contrato se estableció un periodo de exclusividad de 5 años en el que se prohibía la entrada de otras compañías. Pero hay más, en 1999 se fusionan ambos bancos y se crea un monopolio privado, a cargo del BBVA, que administró el 100% de las pensiones y todas las acciones de la población boliviana. Hasta el año 2001 cuando el Gobierno boliviano obligó a romper dicho monopolio.
Para el Estado la gestión privada de las pensiones no supuso ningún alivio, debido a que tenía que seguir pagando las pensiones anteriores a la reforma, pero sin los ingresos de las antiguas empresas estatales. Por otro lado, la actividad del BBVA no ha evitado la ausencia de protección social para grandes segmentos de la población, más bien al contrario, deja desprotegida a gran parte de la población activa que trabaja en el sector informal y que en 2007 llegó al 60%.
La nueva Ley de Pensiones proyectada por el Gobierno de Evo Morales prevé la creación de una entidad estatal denominada Gestora de la Seguridad Social de Largo Plazo, ofreciendo la posibilidad de optar por una entidad pública para gestionar la jubilación. Ante la posibilidad de ver mermados sus beneficios, la multinacional financiera ha anunciado que pondrá sobre la mesa el Tratado Recíproco de Inversiones entre España y Bolivia que blinda los derechos de la compañía frente a las decisiones soberanas de un Estado como el boliviano.
Repsol en el lobby petrolero contra el proceso de cambio
En 1999, Repsol inició su actividad en Bolivia de forma indirecta ya que a través de su compra de YPF se convirtió también en propietaria de Andina, una de las empresas que surgió de la privatización de la petrolera boliviana YPFB. A partir de ahí la presencia de la multinacional española ha ido creciendo y su negocio actual continúa a través de las filiales Maxus Bolivia, Andina, y Repsol YPF Gas de Bolivia que produce y comercializa el 45% del gas licuado de petróleo del país. Si tenemos en cuenta las cifras que manejaba la compañía en 2007, el total de sus activos era el equivalente a seis veces el Producto Interior Bruto (PIB) boliviano.
El daño que han hecho las multinacionales del petróleo, y entre ellas Repsol YPF, al patrimonio de la población boliviana, a su soberanía, a su derecho a la energía, a los derechos de los pueblos indígenas y al medio ambiente ha estado muy bien documentado en numerosas publicaciones [3] y ha sido denunciado en actos internacionales como el Tribunal Permanente de los Pueblos de Viena (Austria, 2006) y Lima (Perú, 2008) [4]. Es más, la Guerra del Gas de 2003 fue la respuesta de la población a esta situación y, en ella, Repsol YPF tuvo un papel protagonista porque fue una de las impulsoras del proyecto Pacific GLP, que representaba el expolio histórico al que había sido sometido Bolivia en el sector de los hidrocarburos. A la multinacional española del petróleo le han atribuido el establecimiento de sobreprecios, el pago a proveedores no identificados, a compañías del mismo grupo corporativo, etc. para sobredimensionar los gastos [5].
Es importante señalar aquí el papel de transnacionales como Repsol en el proceso de cambio de Bolivia, iniciado con el Decreto de Nacionalización de los Hidrocarburos en 2006. Desde su promulgación, la reacción de las multinacionales del petróleo ha sido el rechazo y la puesta en marcha de la maquinaría mediática, política y diplomática que tienen a su disposición. En este contexto ha sido destacable la defensa a ultranza de los intereses económicos de Repsol por el Gobierno español. Todo ello con el fin de frenar cualquier medida que disminuya sus elevados beneficios.
Después de cuatro años parecen haberse calmado las tensiones pero esto no quiere decir que las multinacionales petroleras hayan aceptado perder la capacidad de decisión en la explotación de hidrocarburos, todo lo contrario, continúan presionando al actual Gobierno para mantener su posición privilegiada. Por ejemplo, en la conferencia "Sociedades Inflamables", realizada en julio de 2009 en La Paz, el representante de un lobby petrolero afirmaba que la nacionalización estaba mal hecha y que se iba a estar privatizando en 5 años. Frente a estas afirmaciones el Gobierno de Bolivia se posiciona diciendo que el Decreto de Nacionalización establece el marco donde las compañías son socias y no patrones. En cambio, las multinacionales tienen en su mano una elevada capacidad de presión, no sólo por la diplomacia de los países de origen de estas compañías y los tratados bilaterales de inversiones que las protegen, sino porque la ausencia de su inversión ha ocasionado, y sigue haciéndolo, el desabastecimiento energético del país. Algo que no puede ser revertido por la estatal YPFB que, de momento, tiene medios limitados para realizar la exploración y explotación directamente, aunque tenga teóricamente la administración de las compañías petroleras. De este modo, el Gobierno boliviano llama a la inversión extranjera y las multinacionales ponen sobre la mesa sus condiciones. Los resultados actuales de la IED españolaEl BBVA y Repsol son sólo dos ejemplos del modo de actuar de las multinacionales españolas en Bolivia y esta forma de proceder se ha repetido con Abengoa en la privatización del agua en Cochabamba, con Iberdrola en La Paz y sus impactos laborales [6], con la ausencia de inversión de Red Eléctrica de España, el sesgo informativo de los medios de Prisa en contra del Gobierno de Evo Morales y las irregularidades cometidas por la editorial Santillana [7].
Lo que ha supuesto la entrada de IED foránea en Bolivia y en concreto los impactos de las multinacionales españolas en el país se desarrollará en un libro que publicará este año el Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad. Como adelanto, los dos ejemplos de este artículo reflejan cómo estas transnacionales no han contribuido a la mejora de la calidad de vida de la población ni a fortalecer sus decisiones soberanas, más bien han actuado en sentido contrario. Una vez que la población se ha pronunciado eligiendo un Gobierno que ha impulsado políticas de cambio, el reto sigue estando en desmantelar el poder de estas multinacionales y someter su actividad al respeto de los derechos fundamentales de la población.
Notas
[1] Gandarillas, M.; Tahbub, M. y Rodríguez, G. (2008). La nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Icaria y Paz con Dignidad. Barcelona.
[2] Datos del Banco Central de Bolivia disponibles en su web.
[3] Gavaldá, M. (2006). Viaje a Repsolandia, Tútuma Edicions, Barcelona.
[4] Los informes de los casos presentados al TPP y las sentencias de las dos sesiones están disponibles en la web www.enlazandoalternati vas.org.
[5] McGuigan C. (2007). Los beneficios de la inversión extranjera. ¿Cuáles fueron sus resultados en el sector de petróleo y gas en Bolivia?, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, La Paz.
[6] Sáez, C.; Barba, M.; Lago, J. (2009). "Análisis de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa de las multinacionales vascas: los casos de BBVA e Iberdrola". Lan Harremanak nº 19.
[7] Martínez Portugal, T. "Filias y fobias políticas de los medios de comunicación en Bolivia: el caso de PRISA". Boletín OMAL nº 38, enero de 2010.





Opinión

EVO EN COREA

El presidente de Bolivia, Evo Morales, y su homólogo surcoreano, Lee Myung Bak, analizaron en Seúl temas de la cooperación económica bilateral, incluidos proyectos vinculados a la explotación de litio en el país suramericano.

AIM Digital de Argentina (www.aimdigital.com.ar)

Ambos mandatarios sostuvieron profundas conversaciones sobre cómo ampliar la colaboración entre los dos países en varios sectores, incluidos el comercio, inversiones, recursos y desarrollo, de acuerdo con un comunicado divulgado por la parte anfitriona.
Morales y Lee coincidieron en que el Memorando de Entendimiento sobre la Investigación e Industrialización de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni, de Potosí, firmado en esta ocasión, sentó bases para la colaboración en el desarrollo de las minas de litio en el sur de Bolivia, con reservas reconocidas como las mayores del mundo.
También abordaron temas globales como el cambio climático. Según la fuente, el visitante expresó la intención de reabrir la embajada de su país en esta capital a la mayor brevedad posible con vista a promover los vínculos. Esa misión cerró en 2000 por razones económicas y desde entonces los asuntos bilaterales son atendidos por la representación diplomática de Bolivia en Tokio.
El encuentro entre ambos mandatarios formó parte del programa de la primera visita de un jefe de estado de ese país suramericano a Seúl desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1965. Esta estancia de tres días comenzó la víspera.
La agenda incluye reuniones con ejecutivos empresariales y un recorrido por la fábrica de baterías de litio LG Chemical, el puerto y la terminal aérea de Incheon, al oeste de esta capital.
EL presidente Evo será recibido además en la Universidad Hansei, en la provincia de Gyeonggi, donde se le otorgará el título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a sus logros sociales y labor por la dignidad indígena.





BOLIVIA: CONFISCAN NUEVAS TIERRAS A EMPRESARIO DE LA TV

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)

El gobierno boliviano anunció una nueva confiscación de tierras, incluso 21.000 hectáreas de un conocido hacendado y dueño de una red de televisión alineado con la oposición conservadora, informó un funcionario.
El total de tierras confiscadas o revertidas alcanza a 115.000 hectáreas en el oriente boliviano de propiedad de cinco hacendados que usaron documentos fraudulentos para justificar su derecho de propiedad, informó en rueda de prensa el jueves el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Juan Carlos Rojas.
Otra de las causales para la reversión fue que las tierras no cumplían una función económico social (FES), es decir no estaban cultivadas, acotó.
Es la tercera vez que el gobierno del presidente Evo Morales toma esta medida que afecta a la empresa ganadera de Osvaldo Monasterio Añez, dueño de la red de televisión Unitel.
Anteriormente se aplicó a una hacienda de 13.184 hectáreas y otra por 2.914.
La ley faculta al gobierno a confiscar tierras que antes eran del Estado si los adjudicatarios acuden al fraude para optar a la titulación. Morales agregó otra causal, el que las tierras no estén cultivadas.
En todos los casos las tierras revertidas son distribuidas a indígenas y campesinos que no tienen tierras, aunque los actuales propietarios tienen la opción de apelar la decisión del Ejecutivo ante el Tribunal Agrario Nacional.
En todos los casos el Estado no reconoció indemnización.
En febrero del año pasado, el INRA revirtió cinco haciendas por 36.000 hectáreas en la región del Chaco boliviano a cinco hacendados, entre ellos a un estadounidense, al haber encontrado peones y sus familias en condiciones de servidumbre, es decir no asalariada, otra causa para la expropiación.
El mes pasado, el tribunal agrario ratificó la reversión a un ganadero boliviano y a la familia del hacendado estadounidense Ronald Larsen en el sudeste del país. La hacienda confiscada a Larsen tenía 15.000 hectáreas y fue distribuida a indígenas guaraníes.
Morales impulsa una reforma agraria destinada a consolidar las tierras de los indígenas, pero los hacendados afectados declararon antes que las confiscaciones tienen propósitos políticos.





BOLIVIA: LA DEFORESTACIÓN SE CONCENTRA EN SANTA CRUZ

El Mercurio de España (www.elmercuriodigital.es)

El departamento de Santa Cruz enfrenta creciente incremento de deforestación: San Julián, El Puente, Santa Rosa del Sara, San Pedro, Ascensión de Guarayos, Yapacaní; son los seis municipios que presentan el 65% de los desmontes del departamento de Santa Cruz, expresó Rosario Pedraza Mérida, Coordinadora Departamental de Lidema en Santa Cruz.
Según un artículo de Pedraza en la Revista especializada Hábitat de Lidema, las provincias que presentan mayor superficie deforestada y que tienen uso agropecuario son: Ñuflo de Chávez, Chiquitos, Guarayos, Velasco y Germán Busch.
“Desde 1990 la superficie deforestada en el departamento de Santa Cruz subió de 1.668.919 hectáreas deforestadas hasta 3.930.781 hectáreas deforestadas el 2008”, aseguró Pedraza.
“Alrededor de 300 hectáreas de bosque son deforestadas por día en el departamento de Santa Cruz y 300 mil hectáreas a nivel nacional desaparecen cada año, provocando la perdida de muchas especies animales y vegetales”, señala un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).
Del mismo modo la zona de expansión agrícola, según datos de la Revista Hábitat, alcanzó al 89% de las 434.000 hectáreas cultivadas de soya en la última gestión. También, señalar que un 25% del territorio del departamento se usaba en la actividad ganadera que ocupaba al año 2005 un total de 9.3 millones de hectáreas, de las cuales un 80.6% estaban bajo el sistema de ganadería de ramoneo en los bosques de la Chiquitanía, Chaco y los valles cruceños, un 12% en las sabanas naturales de Ángel Sandoval y Velasco; en tanto que tan sólo en un 7% del área de uso ganadero se contaba con pasturas.
Los datos son alarmantes y constituyen algunos de los desafíos en gestión ambiental que deben enfrentar y resolver el actual gobernador de Santa Cruz y alcaldes de todos los municipios del departamento.
La deforestación en Santa Cruz y en toda Bolivia es una amenaza al estado del medio ambiente por las consecuencias que trae la tala indiscriminada del bosque amazónico y la destrucción del hábitat natural de aves y animales.



AUMENTAN ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN BOLIVIA POR INCENDIOS PROVOCADOS

AVN de Venezuela (www.avn.info.ve)

Los incendios provocados por campesinos para ampliar las zonas de cultivo en Bolivia pusieron en alerta sanitaria al país, debido al aumento de las infecciones respiratorias y conjuntivitis por el humo, además del riesgo de brotes de fiebre hemorrágica y peste bubónica, informaron este jueves fuentes oficiales de esa nación andina.
Desde junio pasado, los incendios, llamados chaqueos en Bolivia, han devastado dos millones de hectáreas de bosques, reservas y parques principalmente de la Amazonía sin que las autoridades gubernamentales hayan controlado la expansión del fuego.
El humo ha comenzado a afectar, según una nota divulgada por la página en Internet del multinacional canal Telesur, a los habitantes de las zonas del norte y el oriente del país, aunque también está presente en casi todas las principales ciudades de Bolivia.





LA FAMILIA DEL FALLECIDO EN GÜÍMAR BUSCA AYUDA PARA ENTERRARLO EN BOLIVIA

La comunidad de bolivianos de Tenerife se ha unido para ayudar a la hermana del hombre fallecido en Güímar para que éste pueda ser trasladado a su país y ser enterrado allí. La mujer, que no tiene recursos económicos suficientes, no ha recibido aún el pésame del empresario para el que trabajaba el finado.

El Día de España (www.eldia.es)

La hermana del hombre de 46 años que falleció el pasado lunes aplastado por un camión en Güímar busca ayuda para poder trasladar el cuerpo de su familiar a Bolivia, para que pueda ser enterrado en su país natal. La comunidad de bolivianos residentes en Tenerife se ha unido para colaborar con la mujer, que cuenta con recursos económicos muy limitados.
El pasado lunes, un hombre falleció aplastado por un camión en una empresa de Güímar, lugar al que había acudido por un encargo del taller en el que trabajaba en Arafo.
El varón, casado y con hijos, sólo tenía un familiar directo en la Isla, su hermana, cuya situación económica le impide trasladar el cuerpo de su ser querido a su país natal.
"No tengo dinero suficiente para poder enterrar a mi hermano en nuestra casa, y, aunque ya he consultado en la Policía y en el seguro, nadie me da ninguna solución, sólo me dicen que esté tranquila, que se podrá solucionar", explica Rosi.
Por otra parte, ha intentado contactar con el empresario para el cual trabaja-ba su hermano sin éxito, pues "ni si quiera me ha llamado para darme el pésame".
Respecto al seguro que debe cubrir este accidente, ocurrido mientras la víctima desarrollaba sus funciones laborales, el asunto no mejora y la desesperación aumenta, pues el fallecido no tenía contrato en vigencia cuando murió.
"A mi hermano le hacían contratos de tres meses y luego lo cambiaban de empresa, aunque fuera el mismo dueño, para no dejarlo fijo, y en el momento del trágico accidente llevaba más de una semana trabajando sin contrato a la espera de firmar el nuevo convenio que le habían prometido", destaca Rosi.
Pese a ello, los esfuerzos de esta mujer no cesan, y han visto su recompensa al ver que la comunidad de bolivianos residentes en Tenerife se ha unido con el fin de ayudar con el dinero que pueden aportar para pagar trasladar el cuerpo de su hermano a su país natal.
"Se ha corrido la voz de lo que me ocurre y me están llamando y dándome lo poco que pueden para ayudarme. El pasado miércoles nos reunimos en el parque Don Quijote de Santa Cruz para rendir un pequeño homenaje a mi hermano, cuyo cuerpo sigue en al morgue del Hospital Universitario a la espera de que la Policía me lo entregue y yo encuentre una solución para poder enterrarlo en casa", señala la mujer, quien, pese a lo profundamente agradecida que está a sus compatriotas, destaca que "ésta ayuda no es suficiente".
Pese a todo, Rosi continúa con su lucha y ya se ha puesto en contacto con una funeraria para el traslado, aunque ya encontrará la manera de costearlo, y espera que este fin de semana ya pueda velar a su hermano con el cuerpo presente.





UN PASO MÁS CERCA...

La formación militar de algunos grupos sociales preocupa seriamente a parte de la población boliviana

La Vanguardia de España (www.lavanguardia.es)

Esta tarde vi por el noticiero en La Paz, a una mujer que decía: "La instrucción militar a miembros de movimientos sociales es perfectamente normal y patriótica". Inmediatamente me puse en guardia y mentalmente asumí que tendría que vender mi vida cara o barata, porque no es una instrucción de grupos de salvamento, sino una instrucción de paramilitares. Esos "paras" reciben instrucciones de combate con las que van a matar a sus enemigos y no hay que ser un genio para saber quienes son sus enemigos: todos los que no piensan como ellos. Yo no pienso como ellos, así que soy un enemigo.
El alzamiento armado por parte de civiles, auspiciado por el Gobierno nos situa un paso más cerca de una guerra civil y eso no hace más que desbordar la olla que ya estaba llena con conflicto de clases, fanatismo en las creencias, pretensiones elitistas y el exagerado ejercicio de la autoridad.
Normalmente la asamblea plurinacional debía servir de válvula de escape, pero no la veo con capacidad de negociación, se ha cerrado a toda propuesta de convivencia. La inmadurez reina campante y este hecho será un severo maestro.
Escuchar a un gobernante que hace apología de la violencia, me recuerda a Cuba. ¿Es que vamos a seguir esa receta de exito? Sepan todos que no nos hacemos ilusiones, vemos el peligro cara a cara y sentimos miedo pero estamos serenos, nadie tiene la vida comprada. A diario vemos las víctimas de la violencia instigada y fomentada por el gobierno, así que nos toca andar desesperadamente con el testamento bajo el brazo. Gracias a la inmadurez de quienes nos gobiernan.





ACUSAN A EX VICEMINISTRO BOLIVIANO DE INTENTO DE EXTORSIÓN CONTRA MENONITAS MEXICANOS

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

La jueza de lo Penal, Julia Parra, ordenó la detención domiciliaria y la imposición de una fianza de 20 mil bolivianos (unos dos mil 829 dólares) al ex viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico, muy allegado al presidente boliviano Evo Morales, por su presunta responsabilidad en la extorsión a miembros de la comunidad menonita boliviana que pretendían regularizar su situación migratoria en el país.
Sobre este caso, la víspera se le planteó al vicepresidente Alvaro García Linera, en conferencia de prensa, que detrás de ese escándalo hay una resolución del Ministerio de Gobierno que le quita la residencia definitiva a los menonitas y se las cambia por una radicatoria de dos años.
El funcionario respondió que dicha resolución busca regularizar la situación migratoria de los menonitas porque había “un caos migratorio”.
La resolución del Ministerio de Gobierno es violatoria de derechos adquiridos y pretende aplicar en forma retroactiva una norma que perjudica a cerca de 30 mil ciudadanos, algunos con doble nacionalidad, por lo que ya intervinieron las embajadas de México, Canadá, Paraguay y el Defensor del Pueblo de Bolivia.
Se le mencionó que muchos de los menonitas ya son bolivianos y se le preguntó si se va a revisar dicha resolución. García Linera contestó: “no, el objetivo es regularizar (la residencia de los menonitas), en el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales”.
La citada resolución 093/2010, emitida por el Ministerio de Gobierno el pasado 15 de junio, señala que la residencia definitiva de los menonitas, que de acuerdo con un decreto de 1996 “podrá ser ampliada al cónyuge e hijos del beneficiario”, se les adjudicó en los pasaportes; en 1998 se traspasó a los hijos en una Tarjeta de Regulación Migratoria y ahora, para la obtención o renovación de la documentación migratoria, requieren pasaporte vigente, que muchos no tienen.
Resuelve, por lo tanto, traspasar la residencia contenida en la Tarjeta de Regulación Migratoria a un documento de permanencia temporal por dos años, para la obtención o renovación de la autorización migratoria de colonos menonitas. Este trámite tendrá un costo de 2 mil bolivianos, es decir, unos 283 dólares por persona. Previamente deben obtener su pasaporte del país del que sean originarios.
El 16 de julio pasado, el viceministro Torrico fue destituido y posteriormente acusado de pretender extorsionar a los menonitas, la mayoría radicada en el departamento de Santa Cruz.
Otros cargos en su contra y de sus presuntos cómplices, Luis Fernando Prado, el ayudante del ex viceministro Christian Sánchez y el alemán Dirk Schmith. Este último había sido detenido semanas antes en Santa Cruz en posesión de un arsenal y acusado de levantamiento armado.
Sobre Schmith, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, declaró después de su detención que es “altamente peligroso” y requerido por estafa en Alemania.
Torrico salió en defensa de Schmith, señalando que éste era informante del ministerio desde la gestión anterior, con el ministro Alfredo Rada, y que le había apoyado a él en desmontar conflictos sociales en Santa Cruz.
A principios de agosto, el ministro de la Presidencia, Oscar Coca, informó que Schmith comandaba un grupo de personas que se hacían pasar por funcionarios del gobierno y tenía la intención de extorsionar a menonitas con el ofrecimiento de obtener la residencia definitiva en el país.
Torrico ha insistido en que las acusaciones son invención de Llorenti y afirmó que si le presentaban un solo menonita que dijera que él trató de extorsionarlo, se iría caminando hacia el penal de Chonchocoro.
La jueza Parra ordenó que Schmidt continúe detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, donde está radicado el caso de la acusación de alzamiento armado, en tanto que el teniente Sánchez deberá presentarse a firmar cada 15 días ante el Ministerio Público.
Por su parte, Peter Klassen Friesen, representante de la colonia menonita Riva Palacios, de Santa Cruz, citado por el diario El Deber, aseguró que se reunió el 6 de julio con Torrico y Schmidth en La Paz, donde le dieron orientación para la regularización de sus documentos, pero “nadie les pidió dinero a cambio”.
Agregó que hay preocupación en sus compatriotas porque no están de acuerdo en que les quiten la permanencia definitiva para renovarla cada dos años y se quejó porque ahora se les exige que todos tengan pasaportes pese a tener carnet y tarjeta de regulación.
La embajada mexicana ha llevado “consulados móviles” de emergencia para dotar de pasaporte, en Santa Cruz, a cientos de menonitas mexicanos.
Consultada al respecto, la embajada canadienseinformó que “está al tanto de la resolución ministerial 093/2010 que afecta el estatus migratorio de la comunidad menonita. Seguimos de cerca la situación y estamos preparados para brindar asistencia consular, en caso de ser requerida”.





BOLIVIA: LAS FARC ADOCTRINAN A MIEMBROS DE SENDERO

La Razón de Perú (www.larazon.com.pe)

Las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen una relación cercana con Sendero, a cuyos integrantes estarían adoctrinando, reveló el diario boliviano Jornada, citando fuentes de los organismos de inteligencia de Colombia.
A través de su editorial, refieren que “un informe señala que las FARC adoctrinan a terroristas peruanos. Al igual que lo hacían con el MRTA, las FARC han mantenido una relación muy cercana con Sendero, el sanguinario grupo terrorista a cuyos integrantes estarían adoctrinando, según información que maneja la Inteligencia colombiana”.
Agregan que “fueron varios los correos electrónicos sobre el tema, encontrados en la memoria de la computadora de Raúl Reyes, líder de las FARC que murió tras un ataque organizado por el gobierno de Álvaro Uribe en marzo de 2008. La información contenida en este archivo electrónico da cuenta de una colaboración estratégica entre ambas bandas criminales, a través de adoctrinamiento militar a cambio de dinero proveniente del narcotráfico, vínculos que –según los informes de las autoridades colombianas– se mantendrían hasta nuestros días”.





PESTE BUBÓNICA AMENAZA CON INGRESAR A LA REGIÓN

El país de Bolivia lanzó una alerta sanitaria en la zona fronteriza con el Perú, debido a que un menor falleció en La Paz con la peste. - Autoridades de salud en Puno recomendaron tomar medidas a los pobladores e iniciarán campaña contra los roedores.

Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)

La Dirección Regional de Salud de Puno (DIRESA) decretó desde ayer alerta epidemiológica en las once Redess de salud de la región, ante la previsión del ingreso de la temible y mortal peste bubónica por la frontera boliviana, que ya cobró su primera víctima en la capital boliviana.
El hecho se suscitó el pasado 24 de agosto, cuando un adolescente de 14 años falleció en la zona de Apolo, al norte de La Paz en el país altiplánico. Las autoridades bolivianas de salud han decretado una alerta sanitaria en la frontera con el Perú, ante el temor del rebrote de esta epidemia transmitida por los roedores y su ingreso a nuestro país.
Igualmente, han informado que otras tres personas se encuentran bajo sospecha de haber contraído la enfermedad, caracterizada por la inflamación de los ganglios ubicados en el cuello, axilas e ingle, así como fiebre superior a los 39 grados y malestar general en todo el cuerpo.
Si bien las autoridades de salud en Bolivia han descartado una cuarentena, han iniciado una exhaustiva campaña para que la población evite el contacto con roedores, que alcanza también a ratas, ratones, liebres e incluso gatos domésticos.
La peste bubónica, llamada también peste negra, asoló el continente europeo durante el siglo catorce, debido al hacinamiento, al desorden y la proliferación de roedores que contagiaron y diezmaron a gran cantidad de la población en el viejo mundo.
El agente transmisor es la pulga que habita en los roedores, la cual salta literalmente hasta el ser humano causando la enfermedad. Por su cercanía a los roedores, los gatos domésticos, conejos y liebres, también son propensos a “cargar” con ellos la temible pulga transmisora del mal.
EN PUNO
El titular de la DIRESA, Alfredo Torres Basurco, señaló que la Dirección de Epidemiología en Puno viene monitoreando a las 11 Redess de salud, a fin de que informen inmediatamente en caso se presente un caso similar al presentado en Bolivia.
Las zonas de frontera con el país altiplánico han sido reforzadas para evitar el ingreso del mal a nuestro país. Torres Basurco recordó, que el pasado mes de julio se registró la muerte de un menor en la zona norte del país, por la misma enfermedad.
De otro lado, indicó que han iniciado coordinaciones con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) en la región de Puno, para iniciar cuanto antes una intensa campaña de ‘desratización’ de viviendas y zonas donde puedan habitar roedores.




Opinión

LA CONCERTACIÓN DE LOS CÉSARES

El Nuevo Herald de EEUU (www.elnuevoherald.com)

Es evidente que fuerzas políticas, algunas de ellas presentes en diferentes gobiernos, tienen una inclinación al control absoluto del poder. Trabajan para alcanzarlo. Lo hacen con denuedo, mucha voluntad, y lamentablemente a veces tienen éxito.
A la voluntad totalitaria se suma el oportunismo y simpleza de pensamiento y acción de muchos de los que se les oponen. La oposición al totalitarismo a veces queda por debajo de sus posibilidades. Afectan infinidad de factores: ambiciones personales, intereses políticos, espíritu sectario, aliados inseguros y la miopía estratégica de la que adolecen algunos dirigentes democráticos.
Ejemplos sobran, el régimen cubano tiene un control total de la sociedad nacional. Su capacidad de intimidación trasciende las fronteras. También su capacidad de premiar, con privilegios o prisiones, es un factor que logra controlar un número importante de aquellos que no están de acuerdo con sus propuestas y acciones.
Hugo Chávez Frías intentó dar un golpe de Estado contra una de las democracias más antiguas del continente. El golpe fracasó, pero como la clase gobernante aparentemente no tenía una clara conciencia del peligro, siguió jugando con fuego, nunca le sancionaron, lo que le permitió al comandante participar en actividades políticas y llegar a presidente.
Chávez asumió como propio el proyecto totalitario. Algunos dicen que era un durmiente. Un compañero de viajes que estaba esperando la oportunidad de salir del clóset y participar en la gesta revolucionaria. Su aproximación a Castro es calificada por entendidos en esas disciplinas de la mente como dependencia sicológica, pero para otros su manifiesta admiración por el dictador insular es una manera de autodeclararse heredero del Proyecto de una América cesariana en la que no existan legisladores sino pretores, centuriones que cumplan la voluntad del Caudillo.
Las fórmulas desestabilizadoras no son nuevas. En alguna medida reproducen las que habían aplicado los viejos partidos comunistas: manifestaciones populares, huelgas, desacreditar las fuerzas políticas y la identificación de un enemigo nacional. Por otra parte, el recurrido discurso de la lucha de clases fue sustituido por uno antiglobalizador y otro de la reivindicación indígena.
Un ejemplo del éxito es Evo Morales, quien gracias a la Concertación Castro-Chávez, dejó de ser un líder local para alcanzar el estrellato en su natal Bolivia. Morales desestabilizó el país y fue el motor de la caída de más de un gobierno.
Evo Morales, tal vez el más modesto de los tres en eso de ambicionar el mundo, expresó en una ocasión: ``Los movimientos indígenas latinoamericanos estamos avanzando, no sólo para liberarnos, sino para caminar junto a los otros pueblos y liberarlos. No somos excluyentes ni vengativos, por eso hemos llegado a la presidencia de Bolivia, para resolver los problemas de todos''. Discursos que con textos diferentes y lugares distintos han pronunciado tanto Chávez como Castro.
Morales sigue los pasos de sus mentores. Esta tratando de ``refundar'' el país con una nueva Carta Magna, incentiva las diferencias sociales y raciales y se opone a los gobiernos regionales que no están bajo su control. Morales es también el promotor de una especie de internacionalismo indígena. Ha procurado integrar a los movimientos indígenas de varios países y sobreponer esta integración a la nación misma, es el viejo cuento de que los obreros no tienen patria y deben formar una fuerza internacional que defienda sus intereses.
Otro dirigente providencial es Daniel Ortega, que se prepara para perpetuarse en el poder. La Nicaragua de Ortega es un foco de desestabilización en Centroamérica, una región donde todavía persisten focos con vasta experiencia en la guerra irregular.
Esta concertación es una realidad peligrosa porque como decían los castristas de los 60, las condiciones subjetivas están dadas: pobreza, inseguridad social, etc., y las objetivas están constantes y sonantes en las arcas del presidente Hugo Chávez.
El expansionismo castro-chavista es multicolor. Se sostiene en cualquier punto de vista que enfrente la globalización o cualquier proyecto que promueva Estados Unidos. También trasciende las fronteras del hemisferio, no para servir de trampolín a las pretenciones de otra gran potencia como hiciera Castro en las guerras africanas, sino para generar numerosos puntos de fricción en los que Estados Unidos y sus aliados se vean envueltos. En alguna medida están reeditando el ``uno, dos, tres Viet Nam'' de Ernesto Guevara.





Accidente minero en Chile

MINEROS ATRAPADOS POR LAS LEYES

Los sindicatos chilenos movilizan a las familias de los 33 trabajadores de la mina San José para que busquen responsables antes que indemnizaciones

El País de España (www.elpais.com)

Cae la noche en el lugar donde murió hace seis años Pedro González, cerca de donde cayó Fernando Contreras dos años después, en el mismo sitio donde falleció Manuel Villagrán en 2007, en la misma zona en que un derrumbe se llevó el pasado 3 de julio la pierna de Gino Cortés y donde ahora permanecen enterrados en vida 33 hombres a 700 metros de profundidad: la mina San José. Las familias se han reunido en asamblea, como todas las noches. Margarita Lagos, la madre de Claudio Yáñez, de 34 años y dos hijos, no acude a la reunión. Está sentada en su chamizo, al resguardo de una candela junto a Javier Castillo, secretario del único sindicato de Minera San Esteban, propietaria de la mina. La compañía la integran unos 150 trabajadores, de los cuales 75 son miembros del sindicato. Hay familias que han interpuesto una querella criminal contra los dueños de la mina. Pero Castillo aconseja a Margarita esperar a que el sindicato haga una "sólida presentación jurídica" que apunte a "dar castigo a los responsables" antes que a buscar compensación económica. "La querella en Chile está abocada al fracaso mientras los mineros permanezcan con vida", señala Castillo.
"Nosotros ya conseguimos cerrar esta mina después de la muerte de Villagrán en 2007", le explica Castillo a Margarita Lagos. "Pero al final, se reabrió. Dentro de unos meses puede que los que estén ahí abajo cobren sus indemnizaciones y a cambio no quieran denunciar ni a la empresa ni al Gobierno. Pero así seguirán muriendo otros mineros. Al minero boliviano que está ahí enterrado, tal vez el presidente Evo Morales le ofrezca una pensión de por vida y él se vaya a Bolivia y no quiera complicarse la vida con denuncias. Y yo no se lo puedo llevar a mal, nunca me voy a poner en contra de ellos. Pero nuestra obligación es luchar para que los propietarios inviertan en la seguridad".
El problema es que si se cierra una mina, el minero puede ir al paro. "Y en España, el Gobierno te da dinero por estar cesante, pero aquí no. Aquí, te quedas sin nada", comenta otro sindicalista. "Los mineros cargados de hijos se niegan al cierre, pero yo les digo: si no se cierra, tu mujer lo único que va a recibir de ti va a ser un cajón. Cuando cerramos esta, los compañeros encontraron trabajo en otras. Pero entonces no había aquí periodistas. Los mismos empresarios volvieron a abrirla tras unos meses y tuvieron que ser otros mineros quienes vinieran a comprobar empíricamente, por ellos mismos, que no se podía trabajar ahí".
El reclamo que usó la compañía para encontrar trabajadores fue muy sencillo: aumentar los sueldos un 20% respecto a otros yacimientos. Los empleados de San José ganan de media 857 euros (550.000 pesos) al mes, mientras que el salario medio en otras empresas de tamaño semejante es de 700 euros. Con las horas extras un obrero puede cobrar el equivalente a unos 1.000 euros.
Alejandro Bohn, uno de los dueños de San José, declaró recientemente: "No es momento de asumir culpas ni de pedir perdón". Castillo cree, sin embargo, que Bohn tendría que ir a la cárcel. Y que el Gobierno también debería "responder legalmente por haber autorizado su apertura". Margarita Lagos aconseja a Castillo que trate de convencer al resto de familias para que no se pongan en manos de los abogados del Estado. "Porque ellos son juez y parte. Van a muñequear [enredar] y, al final, todo se quedará en nada".
Mientras conversan la familia de Lagos y el sindicalista llega a la fogata Cristina, la esposa de Claudio, con una carta que acaban de entregarle enviada por el minero Jhony Barrios, de 50 años. Barrios es el único de los 33 con conocimientos de enfermería. En este momento resulta de gran utilidad para los equipos de rescate. Su vecino Tomás Sepúlveda, padre político de Claudio Yáñez, cuenta que Jhony se separó hace unos meses, después de 25 años casado, y ahora hay ciertas disputas entre "la Marta Salinas y la amante" por ver quién lo representa. En el papel, Jhony Barrios delega en su novia. Si se está hablando de indemnizaciones, y muchas familias hablan de ellas, el dato es importante.
Castillo prefiere centrarse en las responsabilidades antes que en el dinero. "Ahora, la ley viene a decir: si las condiciones de la mina son malas, tienes la libertad de irte. Pero no existe el derecho a trabajar en condiciones seguras. Si se tienen que cerrar minas, que se cierren, aunque nos quedemos sin trabajo. Nuestros tiempos son más largos que el de los periodistas. Cuando ustedes se vayan, aquí seguirán muriendo mineros".





EL MINERO QUE LOGRO SALVARSE

“ERAMOS NUEVOS”

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

Diez minutos antes de que se derrumbara la mina San José, Johnny Quispe Condori salió con su camión del pozo. Debajo está su yerno, oriundo de Oruro, Bolivia, como él. Sentado en el comedor comunitario del Campamento Esperanza, el hombre cuenta que hace dos meses dejó la recolección de uvas, tomates y aceitunas por la dura tarea de la mina, cuando escuchó la oferta por una radio de Copiapó. “Yo ganaba 600 dólares como temporero en el campo aquí y en las minas ganaba mil, convenía pero no sabía que era tan peligroso”, reconoce con su nieta sentada sobre sus piernas mientras devora un riquísimo guiso de lentejas.
Abajo, su trabajo era manejar un camión aljibe que recogía el montón de agua que dejan las perforadoras llamadas “Jumbo” y que sirve para enfriarlas. “Ahora me doy cuenta de que como era insegura, muchos no aceptaban y se iban. La mayoría éramos nuevos, me tomaron sin que yo tuviera experiencia”, dice. Desde el colapso recibe atención médica, tiene la presión alta y vive culposo, comenta, porque fue él quien contactó a Carlos Mamani, su yerno de 24 años, para este trabajo. Su hija, sentada al lado, mira al costado cuando él habla del tema.
“Yo volví un par de horas después con el capataz, cuando todavía no había colapsado del todo la mina, para ver si podíamos sacarlos, pero no. Fue una impotencia enorme. Después la empresa desapareció, estamos viviendo de la ayuda de la Intendencia. La verdad es que todos lo que trabajamos quedamos desprotegidos”, comenta. Muy cerca de él, sin que lo sepa, dos hombres y una mujer, todos con cascos blancos, recorren y fotografían el comedor. Son directivos de la empresa minera San Esteban, que por nada del mundo hablan con la prensa.
“La solidaridad del pueblo chileno es enorme”, asegura este hombre, ex autoridad de los pueblos originarios de Bolivia, a todos los periodistas con los que habla. Fue él, dice orgulloso, el que plantó la bandera boliviana a la entrada del Campamento Esperanza, junto a las 32 banderas chilenas. Hace unos días que no duerme en el campamento por consejo médico, aunque viene todos los días desde Copiapó en el micro gratuito que ofrece el gobierno chileno. “Recién me calmé el domingo cuando supe que estaban todos vivos, el dolor me estaba volviendo loco”, confiesa Quispe Condori.

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