"Chile está
recurriendo, otra vez, al ilusionismo diplomático para hacer ver un río
donde no existe”, dice el excanciller Javier Murillo de la Rocha, al comentar
la demanda interpuesta por Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)
de La Haya en torno al diferendo sobre el Silala.
Según el
diplomático y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica
Boliviana (UCB), "está claro que la urgencia con la que actuó Chile se
debe a la proximidad de la fecha en que deberá presentar su contramemoria sobre
la cuestión marítima y está consciente de que sus argumentos no podrán
convencer a los magistrados de la CIJ de que nunca asumió compromiso alguno con
Bolivia para resolver nuestro enclaustramiento”.
"La
demanda sobre el Silala busca desviar la atención de la opinión pública chilena
y amortiguar así las críticas internas, que pudieran ser despiadadas, por la
debilidad de la argumentación chilena en su contramemoria”, sostiene
Murillo de la Rocha.
Tras recordar
que Chile ha tenido problemas con todos sus vecinos, afirma que ahora pretende
aparecer como víctima, cuando "es el vecino que nadie querría tener al
lado de sus fronteras”.
¿Qué es
el Silala: un bofedal, un río o un "curso de agua” internacional?
Es un acuífero.
Son aguas subterráneas que afloran a la superficie y crean bofedales. Esos
bofedales no escurren de manera natural. Para lograr un escurrimiento hay que
hacer obras de ingeniería muy complejas, canales colectores, de tal manera que
permitan generar una corriente de agua que vaya por gravedad hacia el
territorio chileno. Eso no existía antes de 1908. Chile se equivoca en su
demanda cuando sostiene que antes de 1908 ya existía un curso de agua
internacional natural. Eso tiene que probarlo. Si no puede, entonces se va a
imponer la tesis boliviana de que no se trata de un río. Los ríos tienen una
naciente que tiene que estar identificada técnicamente. Esa naciente puede ser
de fuentes pluviales o de una mezcla de lluvia y deshielos. También puede tener
origen en afloraciones importantes de aguas subterráneas, pero se tiene que
demostrar que esas aguas fluyen naturalmente, que forman un cauce, que tienen
un lecho y riberas, que tienen desembocadura. Eso es fundamental para definir
lo que es un río.
¿A qué
atribuye la urgencia de Chile con su demanda?
Hay que
analizar la demanda sobre el acuífero del Silala desde tres enfoques: el
político, el jurídico y el técnico. Está claro que la urgencia con la que actuó
Chile se debe a la proximidad de la fecha en que deberá presentar su
contramemoria sobre la cuestión marítima, fijada para el 25 de julio
próximo, y está consciente de que sus argumentos no podrán convencer a los
magistrados de la CIJ de que nunca asumió compromiso alguno con Bolivia para
resolver nuestro enclaustramiento mediante un acceso soberano al océano
Pacífico. Aparte de las innumerables declaraciones unilaterales están las notas
de 1950 y los documentos intercambiados en agosto y diciembre de 1975, dentro
de las negociaciones iniciadas en Charaña, los mismos que cumplen con los
requisitos para que los compromisos asumidos sean jurídicamente exigibles. Es
decir, fueron formuladas por autoridades con capacidad para comprometer la fe
del Estado, se refieren a una materia específica, los destinatarios son los
representantes de la parte en la negociación y tienen carácter
público.
La
demanda sobre el Silala busca, en consecuencia, desviar la atención de la
opinión pública chilena y amortiguar así las críticas internas, que pudieran
ser despiadadas, por la debilidad de la argumentación chilena en su
contramemoria. Por otra parte, Chile quiere mostrar ante la comunidad
internacional que no es el único país que siempre es demandado, a pesar de que
todo el mundo lo sabe que –como lo dije en más de una oportunidad– es el vecino
que nadie querría tener al lado de sus fronteras. Esa es la visión política.
¿Cuál es el
enfoque jurídico?
En cuanto a lo
jurídico, apela a dos argumentos centrales: algunos mapas que muestran
flagrantes equivocaciones y a declaraciones de ciertos personeros bolivianos,
como si aquellas pudieran modificar realidades geográficas. Alguien por error,
podría decir la "laguna” Titicaca y no por importante que fuera el que
cometió ese lapsus linguae el lago se convertirá en laguna. En segundo
lugar, la demanda apela a las definiciones de la Convención sobre el Derecho de
los Usos de los Cursos de Agua con fines distintos a la Navegación, de 1997. En
tal caso, Chile tendrá que probar que se trata de un curso de agua
internacional, que "fluye de manera natural desde Bolivia hacia el
interior de Chile”, con anterioridad a 1908, cuando es de público conocimiento
que tuvieron que hacerse complejas obras de ingeniería para producir ese flujo,
lo que se refuerza con la aseveración, en el punto 18, de que el ferrocarril
Antofagasta-Bolivia solicitó "permiso para hacer obras de captación
y canalización en territorio boliviano”, con lo cual reafirma la tesis
boliviana de que sin tales obras no existiría río alguno.
Luego el texto
tiene aseveraciones que favorecerán a la argumentación de Bolivia. Por ejemplo,
en el punto 11, Chile admite que utilizó "históricamente” estas aguas, se
entiende en su exclusivo beneficio y "para distintos propósitos”, lo que
invalida el argumento que invoca Chile en sentido de que debe aplicarse
el uso razonable y equitativo, a menos que, según su tradición en estos casos,
considere razonable y equitativo apropiarse del cien por ciento de éstos
y de otros recursos, según nuestra experiencia histórica.
¿Y el técnico?
En cuanto a la
parte técnica, la demanda soslaya datos geomorfológicos, hidrológicos e
hidrogeológicos, que son fundamentales, seguramente porque no respaldarían su
petición. Si bien no es nuestra materia, hay algunos criterios que resultan
interesantes. Está establecido que las aguas subterráneas y/o acuíferos
están íntegramente en territorio boliviano. La evaporación en el área es
de 15 veces más que la precipitación. Por lo tanto, no existían aguas de
escurrimiento superficial. El afloramiento de los manantiales ha dado lugar a
bofedales, ojos de agua, que no pueden generar un cauce de manera natural. Los
expertos coinciden en que los manantiales provenientes de aguas subterráneas
solo pueden dar origen, de manera natural, a un río cuando están concentrados
en un área reducida y no dispersas, a distancias considerables. Esto es lógico
porque solo así pueden generar un volumen natural de escurrimiento, no cuando
tales manantiales están alejados unos de otros. En el caso del Silala, están
dispersos en un área de 145 mil metros cuadrados, lo que obligó a la captación
de cada uno de ellos y su consiguiente aducción mediante canales que
suman más de 3.690 metros, utilizándose, además, una tubería que cubre varios
kilómetros.
En suma, antes
de las obras de ingeniería de 1908, no existía ningún curso de agua que fluya
naturalmente hacia Chile. Se tuvieron que construir, como se sabe, extensos
canales de recolección, cubiertos con piedra y mampostería, sin los cuales,
probablemente, hubieran existido, captaciones rudimentarias, simples
acequias, como las que se hicieron clandestinamente a fines del siglo
XIX, para sacar subrepticiamente pequeños flujos de agua; obras que,
seguramente, sirvieron para que se incluyeran con diversos nombres, menciones a
supuestos ríos en los mapas a los que se refiere la memoria.
Entonces, ¿qué
pretende Chile?
Chile está
recurriendo, otra vez, al ilusionismo diplomático, para hacer ver un río donde
no existe, y, en el caso de fondo, hacer desaparecer evidencias que están
avaladas por infinidad de documentos solemnemente intercambiados. Es por eso
que el Gobierno de Santiago ha optado por una pretensión de tipo declarativa;
vale decir, como no puede pedir la reparación de ningún daño, opta por
solicitarle a la Corte que "juzgue y declare que el sistema de aguas
del Silala es de hecho y derecho un curso de agua internacional”.
Lo que causa
indignación es la desvergüenza que manifiesta en el punto 39, en el que acusa a
Bolivia como el país que niega y limita "los derechos de Chile como
país ribereño” de supuestos cursos de agua compartidos… "como lo ha hecho
con un segundo río, el río Lauca”. ¿Cómo puede tolerarse semejante
desfachatez?, cuando toda la comunidad internacional sabe que, en 1962,
vulnerando todos los principios del derecho se apropió arbitrariamente de dicho
río, causando daños más que sensibles a Bolivia; desertificó el área que era
bañada por el Lauca, expulsando a sus pobladores y ocasionando un grave
atentado a los derechos humanos.
Al ver las
obras de canalización, cualquiera diría que todo está demostrado. Si las
cosas están claras a favor de Bolivia, ¿por qué la demanda chilena?
Chile se empeña
en que los manantiales del Silala sean reconocidos como río internacional de
curso sucesivo porque todo río internacional tiene dos propietarios: uno del curso
superior y uno del curso inferior, que dan derechos equitativos. Bolivia tiene
reservorios muy grandes aguas arriba. Si reconocemos que el Silala es un río
internacional, Chile se haría inmediatamente propietario del 50% de todos los
recursos que se originan en el curso superior y el día de mañana, cuando
nosotros queramos explotar esos recursos, Chile utilizaría el precedente y para
decir: ustedes solo pueden utilizar el 50% porque, como Estados
ribereños, nosotros somos dueños del curso inferior. Ese es el afán de Chile,
crear un precedente.
¿En qué puede
impactar la nueva demanda en la decisión de la Corte sobre el tema marítimo?
No va a
perjudicar. Los magistrados de la Corte tienen muy claro cuáles son los
argumentos en el tema central. Más bien puede volverse en contra de Chile
porque los magistrados se van a dar cuenta de que hay una actitud agresiva por
parte de Chile hacia Bolivia. La verdad es que Chile quiere demostrar
hacia afuera que es un país que puede demandar y no sólo ser demandado. Como
dije, Chile es el vecino que nadie querría tener a lado de sus fronteras. Ha
tenido problemas con Argentina, con Perú y con Bolivia. Es un vecino difícil.
Entonces, es el vecino que quiere demostrar ante la comunidad internacional que
también ha sido afectado en sus intereses.
Chile trata de
confundir a la opinión internacional al presentarse como víctima. A Chile
le molesta el problema porque querría tener reconocimiento de un cierto
liderazgo a nivel sudamericano. Chile es un país que ha crecido en cuanto
a su inserción competitiva en un mundo globalizado, pero el liderazgo es
siempre el resultado del prestigio y no del poder ni de los avasallamientos.
Chile quisiera un poco de reconocimiento de un liderazgo que no puede ejercer
porque todo el mundo desconfía. Hay que recordar lo difícil que fue la elección
de José Miguel Insulza como secretario general de la Organización de Estados
Americanos. Fue un caso muy triste. Bolivia y Perú mostraron su desconfianza y
el resto de los países, con tolerancia diplomática, aceptaron que no era la
mejor elección. Eso es falta de liderazgo.
¿Bolivia fue
sorprendida con la demanda del Silala?
Yo creo que la
precipitación de Chile no le favorece a Chile ni le perjudica a Bolivia,
porque, además, Chile no se ha atrevido a exigir un pronunciamiento de la Corte
sobre una eventual reparación de daños porque no puede demostrar nada.
Técnicamente, lo que le exige es una interpretación, una sentencia meramente
declarativa, una especie de arbitraje, una opinión consultiva: digan ustedes si
el Silala realmente es un curso de agua internacional o no es un curso de agua
internacional, y para eso se basa en la convención de 1947 de las Naciones
Unidas, pero tendría que demostrar que es un curso de agua internacional. ¿Cómo
lo va a hacer? Ahí tienen que entrar los técnicos, la geología, la hidrología,
la geología hidráulica, y Bolivia va a apelar a todos esos estudios que ya
existen, porque se han hecho estudios muy serios. En el peor de los escenarios,
la Corte puede decir: es un río internacional de curso sucesivo, pero si es así
Chile tiene que pagar el 50% de todo lo que utilice y tendría que hacerlo con
carácter retroactivo, a partir del momento en que se extinguió el sujeto de la
concesión, más o menos en los años 60, porque Chile estuvo utilizando el 100%
de ese recurso. Entonces, incluso en el peor de los casos, no tenemos un
escenario verdaderamente negativo. (PAGINA SIETE)
GOBIERNO IMPULSA INVENTARIO DEL SILALA Y HUMEDALES DEL
PAÍS
El estudio del
Silala será parte de los documentos que alista Bolivia frente a la demanda que
planteó Chile el pasado 6 de junio ante la Corte de La Haya.
Bolivia firmará
este martes un memorando de entendimiento con la Unesco y el Gobierno de
Holanda para levantar un inventario de las aguas del Silala y otros recursos
hídricos subterráneos que existen en el país, informó ayer la ministra de
Medio Ambiente, Alexandra Moreira.
"El
presidente (Evo Morales) nos pidió que iniciemos el inventario de los recursos
hídricos subterráneos que tenemos, ya estamos trabajando. El día
martes estamos suscribiendo un importante acuerdo con un instituto que viene a
trabajar con la Unesco y el Gobierno de Holanda. (Ambos) vienen a trabajar en
esta investigación, en este inventario de los recursos hídricos subterráneos”,
explicó.
El 11 de mayo,
el Gobierno mediante decreto supremo creó el Consejo de Defensa de los
manantiales del Silala y todos los recursos hídricos en frontera con Chile para
que elabore los estudios sobre los humedales.
El estudio de
los bofedales del Silala, que nace en el cantón Quetena Chico del departamento
de Potosí, será parte de los documentos que alista Bolivia frente a la
demanda que planteó el pasado 6 de junio el Gobierno de Chile en la Corte
Internacional de Justicia de La Haya. "Nosotros tenemos que desarrollar,
tenemos un año o un poco más para generar los estudios que vayan a acompañar la
demanda respectiva (...) Necesitamos ese instrumento que nos va a ayudar tanto
en la demanda que nosotros vayamos a trabajar del Silala, como también en la
planificación y proyección, toda vez que tenemos que cuidar nuestras fuentes
subterráneas de agua”, agregó la autoridad gubernamental.
Bolivia debe
presentar su contramemoria por el litigio de las aguas del Silala ante La Haya
hasta el 3 de julio de 2018, mientras que Chile debe hacerlo un año antes, en
julio de 2017.
Chile pidió a
la corte internacional que declare que las aguas del Silala son un río de curso
internacional. El vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó el 25 de junio
que si las aguas de los manantiales del Silala fueran un río internacional,
como plantea Chile, no hubiera pedido permiso para
utilizarlas en 1908.
El investigador
boliviano Antonio Bazoberry en su libro El mito del Silala explica que
cuando se redactó el Tratado de 1904 y se trazó el mapa de los nuevos límites
entre ambos países, Chile incluyó de forma deliberada, una línea que asemejaba
a un río, el cual "nunca existió” antes de ese año.
Luego en 1908,
cuando Potosí concedió las aguas del Silala a Ferrocarriles Antofagasta Bolivia
construyó un "acueducto” para aprovechar el recurso.
Gestión de las
organizaciones del ALBA
El dirigente
campesino Rodolfo Machaca informó que las organizaciones sociales de los
países miembros del ALBA gestionan una audiencia con el presidente Evo Morales
para expresar su respaldo regional frente a la demanda que planteó Chile en
contra de Bolivia por las aguas del Silala.
El
representante informó que en la reunión pedirán a Morales que les autorice
viajar a las nacientes de las aguas del Silala. "El objetivo de la visita
a los manantiales es emitir una resolución de respaldo a Bolivia y para
informar al mundo que las aguas del Silala provienen de bofedales”. (PAGINA
SIETE)
CARLOS D. MESA: “LA PRIMERA GUERRA CON CHILE YA PREANUNCIA
LO QUE NOS VA A PASAR”
El exmandatario sostiene que aquella controversia es el
punto de partida de “esta historia dramática que hemos vivido”. El autor
presentará en los próximos días el libro La historia del mar boliviano.
El expresidente
Carlos D. Mesa sostiene que la guerra en la que se enfrentaron la Confederación
Perú-Boliviana y Chile es el "preanuncio” de la invasión
chilena de febrero de 1879 y la pérdida del Litoral, después de la Guerra
del Pacífico.
"La
primera guerra con Chile ya preanuncia lo que nos va a pasar. ¿Cuál es la
primera guerra con Chile? La que protagoniza Andrés Santa Cruz, protector de la
Confederación Perú-Boliviana, que se enfrenta a Chile y trata de resolver
pacíficamente las relaciones de esa gran Confederación con el Estado chileno”,
explica.
Mesa presentará
esta semana La historia del mar boliviano. El acto se efectuará el próximo 13
de julio, a las 19:00, en el espacio cultural de la librería Gisbert.
El libro,
explica Mesa, trata de dar una "visión integral” de la historia del tema.
Esa perspectiva abarca desde el periodo prehispánico, el periodo
colonial, la etapa republicana, los 55 años en que Bolivia tiene acceso al
mar, la Guerra del Pacífico, la posguerra y el Tratado de 1904, el año
1910 y los esfuerzos de Bolivia para recuperar un acceso soberano al mar.
"La
historia del mar boliviano toma como fuente una amplia bibliografía existente.
No es un libro de investigación de fuentes primarias, porque lo que trata de
hacer es una recopilación histórica del mar para que cualquier lector boliviano
tenga un conocimiento integral de qué representó el mar para Bolivia y cuáles
fueron los episodios más importantes de Bolivia con el mar, tanto en el momento
en que estuvimos vinculados como propietarios del mar hasta el momento en que
se nos fue arrebatado y cuáles son las perspectivas que Bolivia tiene y cómo se
desarrolló el papel desde Sánchez Bustamante hasta el presidente Morales, de la
reivindicación de un acceso soberano al mar”, asegura.
En esta
entrevista, Mesa se refiere a cuatro hechos, dos de ellos relacionados con la
historia del tema (la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana y
Chile, y el memorándum de Sánchez Bustamante de 1910); y los otros dos hechos
están ligados a la historia personal del expresidente en torno a la
causa nacional (la Cumbre de las Américas de Monterrey y la entrevista en
El Informante)
El prolegómeno
Mesa considera
que la guerra entre la Confederación Perú-Boliviana y Chile
(en la primera mitad del siglo XIX) fue el "preanuncio” de lo que le
iba a pasar a Bolivia a partir de 1879. Aquel conflicto fue protagonizado
por Andrés Santa Cruz, protector de la Confederación. Este político, sostiene
Mesa, trató de resolver de forma pacífica la controversia y, en ese sentido,
perdonó la vida al ejército enemigo en Paucarpata.
"En ese
momento, la lógica pacifista de Santa Cruz no se da cuenta de algo estratégico:
Chile necesita expandirse para sobrevivir y Chile no va nunca a hacer la paz
con la Confederación, ni con Bolivia ni con el Perú, porque requiere del
territorio que acabaría arrebatándole a Perú y a Bolivia. Por lo tanto, diría
yo, parece un episodio menos significativo, pero creo que es el punto de
partida de esta historia dramática que hemos vivido”, expresa Mesa.
Después de la
Guerra del Pacífico, el Tratado de 1904 selló la mediterraneidad de Bolivia.
Mesa considera que si se debe escoger los dos peores momentos, desde el punto
de vista de los errores bolivianos, el primero es el tratado que firma el
gobierno de Melgarejo en 1866 y el segundo, el Tratado de 1904. "Ese fue
un error histórico monumental”, afirma.
"Las
explicaciones y justificaciones de los gobiernos liberales, del gobierno de
Montes, pueden ser entendibles, pero en absoluto justificables. El pragmatismo
llevado al extremo perdió de vista algo fundamental en un estadista; y Montes
se preciaba de ser un estadista, que es la consecuencia de largo plazo para
Bolivia de una decisión de esa naturaleza. Montes y su gente, el partido
Liberal, vieron el corto plazo: vamos a resolver el tema de fronteras, vamos a
tener el libre tránsito, vamos a construir ferrocarriles... El plato de
lentejas a cambio de ceder la totalidad de la soberanía boliviana y en ese
contexto creo que se trata de un momento nefasto, un momento terrible, un
momento que estamos pagando hoy”, manifiesta.
Pasaron al
menos seis años, tras la firma de ese tratado, para que emergiera en Bolivia un
impulso decidido en busca de una salida al enclaustramiento. 1910 es un año
clave y marca el camino que desde entonces Bolivia recorre, según el
expresidente.
Mesa considera
lo siguiente al respecto: "Un elemento muy importante que se toma en
consideración poco es el periodo que viene inmediatamente después del Tratado
de 1904, cuando en 1910, el ministro de Relaciones Exteriores, Daniel Sánchez
Bustamante, del gobierno de Eliodoro Villazón, hace el primer documento, el
memorándum a Chile y Perú, en el que marca lo que sería la línea continua de la
política exterior boliviana; diría yo que encontramos la piedra angular del
camino hacia la recuperación del acceso soberano al mar boliviano, porque a
partir del memorándum presentado por Sánchez Bustamante a Chile y Perú, en
1910, es que se abre la gran línea de política exterior boliviana de
recuperación marítima”
Monterrey,
un antes y un después
Un punto de
inflexión en la vida de Mesa y el tema mar está en la intervención que tuvo en
la Cumbre de las Américas, en enero de 2004, cuando planteó el tema en el
plenario del encuentro que se efectuó en Monterrey.
La respuesta
del entonces presidente de Chile, Ricardo Lagos, se puede resumir en el
ofrecimiento que hizo, con un tono temperamental, de relaciones diplomáticas
"aquí y ahora”. Aquella acción sirvió para reposicionar el tema en la
agenda internacional, tras que se consumara Octubre Negro, que tuvo como uno de
sus detonadores la negativa a exportar gas a través de puertos chilenos sin
haber zanjado el problema histórico.
¿Cuál es la
significación personal de aquella intervención para Mesa? "Como boliviano,
desde siempre, desde joven, creí que esta era una reivindicación fundamental.
Pero, cuando tuve que encarar la responsabilidad de decir ‘ok hay que
reposicionar el tema del mar en un escenario multilateral’, hacerlo era clave,
y para mí tuvo una especie de como el toque de un rayo, en el momento en que
dices éste es un compromiso de largo aliento”, comenta el político e
historiador.
"Sin duda,
esto marcó un giro en mi posición personal, profundizando mi compromiso con el
tema de la reivindicación”, agrega Mesa, quien además sostiene que nunca
imaginó que tras la cumbre de Monterrey, diez años después, se haría cargo de
comunicar la cuestión marítima.
El Informante
Otro hecho que
dejó huella en su vida es la entrevista que brindó al programa chileno El Informante.
Tras el éxito de Bolivia en la Corte de La Haya - el rechazo a la
excepción chilena-, Mesa se anotó un triunfo el 29 de septiembre, cuando
defendió la demanda marítima en ese programa chileno.
¿Cuál es la
lectura que tiene de la repercusión que logró aquella
participación? "Conducí un programa de entrevistas durante 19 años y, por
lo tanto, en más de 550 entrevistas que he realizado durante 19 años, algunas
de ellas muy significativas, yo hubiera pensado que si algo se iba a recordar
de mi trabajo como entrevistador era alguna de las entrevistas de programa De
Cerca; lo que jamás hubiera supuesto es que la entrevista más importante de mi
vida no la iba hacer yo como entrevistador, sino como entrevistado”, asegura
Mesa.
El expresidente
recuerda que cuando terminó la entrevista nunca sospechó el impacto mediático
que iba a tener. "Esa entrevista se ha convertido en un hito de la
comunicación de la posición boliviana frente a Chile en el lugar más importante
de Chile, la capital Santiago, y en uno de los programas de televisión más
importantes de ese país”.
Agrega que
desde entonces, muchos jóvenes no se le acercan porque quieren que esté o no en
política, sino para felicitarle y agradecerle. "Es impresionante, para mí
ha sido un hito en mi vida”, expresa.
El segundo
round, La Haya
Tras el rechazo
de la Corte de La Haya a la excepción planteada por Chile se abrió una
segunda etapa en torno a la demanda marítima. Mesa sostiene que en este segundo
momento se debe "llevar adelante un trabajo consistente, en la misma
lógica que hemos llevado la primera fase”.
"Yo creo
que lo que ha hecho el Presidente debe consolidarse. ¿Qué es lo que ha hecho el
Presidente? Establecer una política del Estado. Es decir, todos,
independientemente de las diferencias políticas que podamos tener, estamos con
la causa: los expresidentes, el Consejo de Asesoramiento Marítimo, Diremar,
nuestro agente en La Haya, el equipo de abogados que está trabajando... si esto
se consolida y mantenemos una línea de unidad y recuperamos esa fuerza que le
mostramos a Bolivia y al mundo, y sobre todo a Chile, yo creo que este es un
elemento simbólico de gran fortaleza”. (PAGINA SIETE)
BOLIVIA CONSERVA MAYOR CRECIMIENTO ECONÓMICO DE
SUDAMÉRICA PESE A CAÍDA DE PRECIOS INTERNACIONALES
Estos registros y las perspectivas económicas están
contemplados en un informe el Indice Global de Actividad Económica (IGAE) del
Instituto Nacional de Estadística (INE) que además señala que Bolivia mantiene
su liderazgo en crecimiento económico en Sudamérica.
América Economía (www.americaeconomia.com)
La caída de los
precios internacionales de materias primas iniciada en 2012, y que se mantuvo
este año, no tuvo mayores efectos en el desempeño económico de Bolivia que
registra en el primer cuatrimestre un crecimiento económico 4,9 por ciento.
Estos registros
y las perspectivas económicas están contemplados en un informe el Indice Global
de Actividad Económica (IGAE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) que
además señala que Bolivia mantiene su liderazgo en crecimiento económico en
Sudamérica.
El viceministro
de pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, Mario Guillén, dijo a
Xinhua que Bolivia liderará por tercer año consecutivo el crecimiento económico
en la región gracias a las políticas económicas implementadas por el presidente
Evo Morales desde 2006.
El IGAE reseña
que durante el primer trimestre, el índice general de commodities retrocedió en
26,5 por ciento respecto a similar período de la gestión anterior.
Los principales
descensos fueron verificados en los precios del petróleo WTI (31,7 por ciento),
la harina de soya (20,9 por ciento) y el índice de minerales (20,3 por ciento).
Sin embargo, a
decir del viceministro Guillén, Bolivia ha sabido mantener y
"desmarcar" su crecimiento económico del comportamiento de los
precios internacionales de materias primas; ahora su dinamismo económico se
sustenta en el consumo doméstico y la inversión pública.
Por su parte,
el analista económico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar
Heredia, dijo a Xinhua que como el crecimiento económico de América Latina y el
Caribe está supeditado a los precios de commodities, varios organismos
internacionales prevén para 2016 una contracción en la región.
Según el Fondo
Monetario Internacional, Latinoamérica registrará este año un crecimiento
negativo de 0,5 por ciento, y la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) espera un retroceso de 0,6 por ciento; el Banco Mundial es más
pesimista al anunciar un descenso de 1,3 por ciento.
Heredia manifestó
que es un caso especial el de Bolivia que ha sabido enfrentar la contracción de
precios de las materias primas con mayor inversión pública para dinamizar su
economía interna y otras acciones.
"Estos
organismos internacionales, pese a dar proyecciones negativas, prevén que el
crecimiento de Bolivia será el mejor de la región esta gestión, por tercer año
consecutivo", aseveró.
PUERTO DE ANTOFAGASTA RECIBE 220 CONTENEDORES HERMÉTICOS
PARA CARGAS BOLIVIANAS
Depósitos mejorarán principalmente la seguridad en el
traslado de concentrados
Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
Un total de 220
"contenedores de volteo” recibió la Empresa Portuaria Antofagasta (EPA)
para realizar operaciones con concentrados mineros en el terminal local, según
informó El Mercurio de dicha ciudad.
Los
contenedores, importados desde Asia, fueron uno de los compromisos adoptados
por la empresa en el marco del Acuerdo de Producción Limpia (APL)
Logístico-Minero concordado el año pasado, donde cuya principal virtud es que
reducen el riesgo de emisiones contaminantes que puedan llegar a afectar al
medio ambiente.
Por lo tanto,
los concentrados llegarán al puerto al interior de estos depósitos herméticos,
los cuales serán abiertos y descargados dentro de la bodega de los buques.
De esta forma,
con su uso se reemplazará a los camiones encarpados y a futuro haría
prescindible disponer de bodegas de almacenaje.
Cabe recordar
que desde agosto de 2015 la concesionaria Antofagasta Terminal Internacional
(ATI), cuenta con dos "spreaders" (sistemas elevadores de
contenedores), los que complementan el mecanismo.
Bolivia
En tanto, los
principales usuarios del nuevo sistema serán las empresas que transportan
concentrados minerales bolivianos desde el Antepuerto Portezuelo al Puerto Antofagasta.
Tras esto, la
incorporación de los contenedores se da precisamente en momentos que Bolivia
debate las condiciones de operación de tres puertos: Arica, Iquique y
Antofagasta, y, además, prepara la visita de una delegación a los terminales
del norte de Chile.
A modo de
ilustración, uno de los reclamos de Bolivia es, justamente, la incorporación de
esta nueva tecnología, situación que alteraría condiciones establecidas en el
Tratado de 1904.
Desde EPA
argumentaron que la incorporación de los contenedores de volteo es parte de los
esfuerzos por mejorar los procesos de transporte, acopio, embarque y
desembarque de concentrados mineros, desde y hacia el puerto local.
"Los
nuevos contenedores fueron adquiridos mediante un riguroso proceso de
licitación internacional y cuentan con un sistema de sellado hermético para
evitar fugas durante el traslado", señalaron.
La inversión en
esta etapa alcanzó una cifra mayor a los US$2,1 millones, financiados
completamente por la empresa.
La compañía
portuaria destacó que la compra de los equipos es sólo una de varias
inversiones que se ejecutarán en el periodo 2016-2018 y que buscan mejorar la
competitividad del terminal y avanzar en sus estándares socio-ambientales.
Luego de la
descarga de los contenedores se iniciarán las pruebas operacionales.
"Se
proyecta que la puesta en marcha del sistema comience durante el presente
año", expresaron en la empresa.
Por su parte,
Bolivia moviliza por los puertos regionales minerales de plomo y zinc. Por
medio del Puerto de Antofagasta, durante 2015 se embarcaron 293.536 toneladas
de concentrado de zinc y 7.598 toneladas de plomo.
BOLIVIA TRAS EL REFERÉNDUM
Telesur (www.telesurtv.net)
A casi cinco meses de la consulta, el vendaval político que desató el
resultado, y las repercusiones del caso Zapata, todavía siguen generando debate
en el escenario nacional.
El 21 de
febrero pasado Bolivia celebró un referéndum que proponía modificar la
Constitución Política del Estado para habilitar la repostulación del binomio
Morales-Linera en las próximas elecciones presidenciales de 2019. La victoria del No (51,34%) por margen inferior al 3%
sobre el Sí (48,66%) supuso una importante derrota política para el gobierno
del MAS. Como era de esperar, la consulta generó una fuerte polarización que
permitió aunar tras el No a un voto opositor muy diverso que de otra manera
difícilmente pudiera haberse aglutinado.
Hay que recordar que en la última elección presidencial (2015) el margen
de Evo Morales sobre el segundo candidato más votado fue de 37%. Luego del
fracaso de los intentos secesionistas de 2008, el arco opositor atraviesa
importantes dificultades para constituir una alternativa al proyecto político
del oficialismo y una escasa renovación de dirigentes que dificulta aún más esa
tarea.
En este sentido, la derrota del oficialismo no puede traducirse
automáticamente en una victoria de algún sector particular de la
oposición. Ante la ausencia de liderazgos capaces de articular demandas
entre las filas de la oposición política, la campaña por el No fue liderada por
un sector de los medios de comunicación que colocaron el foco mediático en el
“culebrón del caso Zapata” buscando erosionar la legitimidad de Evo Morales con
una denuncia por tráfico de influencias que involucraba a una ex pareja
(Gabriela Zapata) quien aseguró tener un hijo no reconocido por el mandatario.
Posteriormente –semanas después del referéndum- se confirmó que el supuesto
hijo nunca había existido mientras que una comisión parlamentaria investigó y
absolvió a Morales en el caso de tráfico de influencias.
Como toda derrota, el revés electoral generó un fuerte impacto que aún
perdura. A casi cinco meses de la consulta, el vendaval político que desató el
resultado, y las repercusiones del caso Zapata, todavía siguen generando debate
en el escenario nacional. La primera reacción del oficialismo fue atribuir el
resultado a una “campaña de difamación” y una “guerra sucia” liderada por la
cadena internacional CNN y medios opositores. Al denunciar que la ciudadanía
había sido manipulada por el escándalo Zapata, el propio presidente Morales
declaró en metáfora futbolística que habría “un segundo tiempo” lo cual fue
interpretado como una posible repetición de la consulta.
El mandatario aclaró posteriormente que se refería a la próxima cita
electoral de 2019. Sin embargo la posibilidad de un nuevo referéndum fue
retomada por distintos referentes de organizaciones sociales y algunos
representantes del MAS con el argumento de que el clima de opinión generado en
los días previos podría haber influido en la decisión de los votantes.
El propio Presidente declaró a fines de junio que no va en busca de un
segundo referendo[1].
No obstante, la opción no está completamente descartada[2].
Según la legislación boliviana, existen dos vías para impulsar la celebración
de una consulta: por iniciativa ciudadana mediante la recolección de firmas
(20% del padrón electoral, equivalente aproximadamente a un millón de firmas) o
por petición de la Asamblea Nacional (como fue el caso del referéndum celebrado
el 21 de febrero).
El debate en torno a esta posibilidad es más político que jurídico. La
opción de repetir la consulta podría acarrear un coste político demasiado alto
para el oficialismo. Implicaría darle a la oposición una nueva oportunidad de
articularse tras el No y montar una campaña haciéndose con la bandera de la
“buena democracia” acusando al gobierno de no asumir el veredicto de las urnas
cuando le es adverso y de buscar perpetuarse en el poder.
Las últimas encuestas que miden la popularidad del presidente y su
gestión de gobierno también contemplan el escenario de repetición de la
consulta. La Empresa IPSOS para Radio y Televisión Popular (RTP) realizó un
sondeo en cuatro ciudades troncales de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz de la Sierra[3].
La encuesta dio como resultado una aprobación a la gestión presidencial de Evo
Morales del 52%, frente a un 41% de desaprobación. Cabe aclarar que
tradicionalmente la base principal de apoyo del dirigente se encuentra en los
sectores rurales que no fueron contemplados en la encuesta. Desagregados los
resultados por estrato social, entre los sectores menos favorecidos
económicamente la aprobación sube a 62% y entre los sectores más acomodados cae
a 39%. Según otra encuesta de Mercados y Muestras publicada en Página Siete[4],
25% de población que califica la gestión como buena, 44% como regular y 25%
como mala. En este estudio se observa una importante caída de la valoración
positiva en comparación con los datos del mes de diciembre de 2015 cuando 54%
había calificado la gestión como buena; 33% como regular y 11% como mala. A su
vez, el 65% no estaría de acuerdo en la repetición de la consulta y el 31% la
apoyaría. Ante el escenario hipotético de un nuevo referéndum 58% votaría No y
35% se inclinaría por el Sí[5].
Otros factores podrían contribuir al desgaste de la imagen positiva del
gobierno: la caída del precio de los commodities y un incremento de
la conflictividad social complejizan el escenario para el oficialismo. El
conflicto social se centra en las demandas de dos sectores: por un lado el
sector de discapacitados que exigen un Bono por Discapacidad que el gobierno
considera inviable económicamente y por otro lado las protestas de 180 ex
trabajadores de la Empresa Nacional Textil (ENATEX). Ambas demandas son
apoyadas por algunos sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y fueron
motivo de fuertes movilizaciones durante los últimos meses que dejaron como
saldo varios heridos por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Ante la demanda de los discapacitados movilizados hace más dos meses de
un bono de 500 bolivianos mensuales (aproximadamente 70 dólares) el gobierno
ratificó la decisión “de no crear nuevos bonos ni programas sociales”, debido a
la disminución de ingresos nacionales por la baja en los precios de los
hidrocarburos y calificó a la protesta de ilegítima aduciendo que se trata de
un sector minoritario no representativo de las organizaciones que nuclean a los
discapacitados en los distintos departamentos con quienes se llegó a acuerdos
parciales de apoyo en infraestructura y equipamiento[6].
Sin embargo el gobierno garantizó el pago de los bonos vigentes: Juana Azurduy,
Juancito Pinto y de Renta Dignidad[7] e
incluso aseguró que si el crecimiento económico del país supera el 4,5% se
garantiza el pago del doble aguinaldo de este año[8].
En este contexto de austeridad económica, en mayo, mediante Decreto
Supremo Nro. 2765, el gobierno decidió cambiar la naturaleza jurídica de la
Empresa Nacional Textil (ENATEX), que se transformó en una Entidad
Descentralizada con patrimonio propio, autonomía de gestión administrativa,
jurídica, financiera, legal y técnica; bajo la tuición del Ministerio de
Desarrollo Productivo y Economía Plural. Cambio su denominación de Empresa
Nacional Textil ENATEX a Servicio Nacional de Textiles SENATEX, dejando de ser
una empresa pública [9].
Este cambio implica para los trabajadores no contar con el amparo Ley General
del Trabajo, ahora se regirán por las leyes y reglamentos de la función pública[10].
Para realizar este cambio los trabajadores recibieron el finiquito de sus
beneficios sociales, desde ENATEX, para luego ser contratados por SENATEX según
las posibilidades y necesidades de producción. Este es el motivo para conflicto
con ENATEX y la COB, son 180 ex trabajadores de ENATEX, que no aceptan el cambio
de la Ley General de Trabajo por las leyes de la función pública, tampoco
aceptan el finiquito de sus beneficios sociales. Exigen se garantice su
estabilidad laboral, se derogue el Decreto Supremo Nro. 2765 y SENATEX se rija
por la Ley General del Trabajo, algunos sectores de la COB en solidaridad con
estas 180 personas apoyan sus exigencias en las movilizaciones[11].
Al igual que con el sector de Discapacitados las negociaciones aún continúan.
Restricción económica, incremento del conflicto social y nuevo panorama
político tras el referéndum conforman un escenario de complejidad creciente
para el gobierno del MAS. La derrota de febrero, como toda derrota, supondrá un
reacomodamiento de fichas al interior del oficialismo. Aunque todavía no esté
en el centro de la escena, dadas las características del liderazgo de Evo
Morales, el problema de la sucesión será el principal desafío político para el
MAS en los próximos tres años. A ello se suma el escenario conflictivo generado
por la decisión del ejecutivo de no crear nuevos bonos ni programas sociales
debido a la disminución de ingresos nacionales por la baja en el precio de los
hidrocarburos, lo cual podría afectar la popularidad del gobierno de Evo
Morales.
[1] Periódico
El Correo del Sur. 2016. “Evo dice que no piensa en otro referéndum”. URL:
http://correodelsur.com/politica/20160701_evo-dice-que-no-piensa-en-otro-referendum.html
[2] Periódico
La Razón. 2016. “Evo defiende la legalidad de un nuevo referéndum para su
repostulación”. URL:
http://www.la-razon.com/nacional/Evo-defiende-legalidad-referendum-repostulacion_0_2502349749.html
[3] Periódico
El Deber. 2016. “Aprobación de Evo en el eje central es del 52%”. URL:
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/aprobacion-evo-eje-central-del.html
[4] Periódico
digital Pagina Siete. 2016. “El NO Ganaría en un nuevo referéndum por cambiar
la CPE”. URL:
http://www.paginasiete.bo/especial01/2016/6/26/ganaria-nuevo-referendo-cambiar-100770.html
[5] Periódico
El Deber. 2016. “Un 65% de los bolivianos rechaza nuevo referendo para
reelección de Evo”. URL:
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/65-bolivianos-rechaza-nuevo-referendo.html
[6] Prensa
Latina, 2016. “El gobierno considera ilegítima movilización de discapacitados”
URL:
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=5012521&Itemid=1
[7] Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas. 2015. Los bonos sociales creados por el
Gobierno Nacional benefician a más de cuatro millones de bolivianos. URL:
http://www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id=3414&categoria=5&seccion=306
[8] América
Economía. 2016. “Evo Morales garantiza el pago de bonos sociales y doble
aguinaldo en Bolivia”. URL: http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/finanzas/evo-morales-garantiza-el-pago-de-bonos-sociales-y-doble-aguinaldo-en-boli
Revista Datos Política. 2016. Evo niega la crisis y
asegura pago de bonos en Bolivia. URL:
http://www.datos-bo.com/Politica/Gobierno/Evo-niega-crisis-y-asegura-pago-de-bonos-en-Bolivia
[9] Presidente
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. 2016. Decreto Supremo Nro.
2765. URL:
http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/app/webroot/index.php/normas/buscar
[10] Ibídem
[11] Canal
de Televisión ATB. 2016. Ampliado de la COB entra en cuarto intermedio. URL:
http://www.atb.com.bo/seccion/pol%C3%ADtica/cob-pide-estabilidad-laboral-para-trabajadores-de-enatex
CARGA BOLIVIANA GENERA US$30 MILLONES DE INGRESOS AL
PUERTO DE ARICA
Bolivia moviliza 6.000 camiones al mes rumbo al puerto
del que acapara el 85% de la carga
Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
De acuerdo al
cónsul de Bolivia en Arica, Elmer Catarina, cada mes al menos 6.000 camiones
provenientes del mencionado país utilizan la Terminal Puerto Arica (TPA) y
dejan ingresos anuales por US$30 millones, con lo que además se generan 300
empleos directos y muchos indirectos, informó la Razón de Bolivia.
De acuerdo al cónsul “al mes, son 6.000 camiones que llegan al puerto y
eso genera US$30 millones al año de ganancia a la Terminal Puerto Arica (TPA) y
300 empleos directos y muchos otros más indirectos”.
Los costos de operación en los puertos chilenos como Arica fueron
incrementados en 10,72%. Además, las autoridades municipales de dicha cerraron
los garajes en los que los transportistas bolivianos dejaban sus trasportes,
debido a la prohibición del estacionamiento en las calles.
Catarina informó que el 85% de la carga que moviliza el puerto Arica es
boliviana e incluso supera la capacidad del TPA.
“Es este crecimiento que se ha ido dando de manera continua lo que ha
significado para nosotros un problema, una gran preocupación; como Estado
estamos solicitando al Gobierno chileno que invierta más y si es que no existe
esa capacidad de inversión, los bolivianos tienen la plena disposición de
administrar el puerto de Arica”, sostuvo.
INVITARÁN A AUTORIDADES BOLIVIANAS A JULI, PARA QUE
EXPLIQUEN COSTO DE LA IMPORTACIÓN DEL GAS
Radio Onda Azul de Perú (www.radioondaazul.com)
Patricio
Illacutipa Illacutipa, presidente del Frente de Defensa de los Recursos
Naturales de la Zona Sur de Puno, afirmó que en una reunión macro regional,
diferentes organizaciones de la sociedad civil del departamento de Puno
acordaron reunirse el 23 de julio en Juli, para recibir la propuesta de Bolivia,
sobre el precio del gas.
“Hemos
ingresado 4 documentos, invitando a las autoridades bolivianas que expliquen el
precio del gas” dijo, al tiempo de reconocer que la importación del gas podría
tener un costo similar al balón de gas distribuido en territorio peruano.
Para esta
reunión, Patricio Illacutipa, afirma que invitó al ministro de Hidrocarburos y
Energía de Bolivia y autoridades del estado plurinacional para que puedan
explicar aspectos técnicos de costo beneficio. Mientras que en el territorio
peruano invitaron al gobernador regional, y congresistas electos.
En base a los
32 acuerdos firmados en la Isla Esteves entre Perú y Bolivia, señala que poco
se ha avanzado en la importación del gas del país plurinacional, y la cobertura
del servicio de energía eléctrica, considerados en puntos 21 y 22 del acuerdo.
BOLIVIA: CONOZCA LOS 'CHOLETS', LOS MAJESTUSOS EDIFICIOS
DE LOS COMERCIANTES DE EL ALTO
Los 'cholets' son los coloridos edificios que los
exitosos negociantes aimaras construyen en El Alto (Bolivia). Pintorescos y
coloridos, sus diseños se inspiran en la arquitectura andina.
La República de Perú (www.larepublica.pe)
El Alto está al
norte de La Paz (Bolivia). En cierta forma es como Lima Norte. Hace muchos años
fue uno de los suburbios de la capital. Hoy es una gran ciudad comercial en
pleno crecimiento, con edificios de
cuatro a cinco pisos en construcción llamados 'cholets'. Es un estilo arquitectónico de colores fuertes
inspirados en los tejidos andinos, figuras geométricas, amplios
ventanales y decoración recargada en todos los espacios.
Freddy Mamani,
su creador, se inspiró en la arquitectura andina, después de una visita a Tiwanaku. El primer 'cholet' lo construyó en 2005
y ahora se pueden encontrar en todo El Alto. Cada edificio puede costar entre
250 000 a 600 000 dólares. Definitivamente son para familias pudientes.
La primera
planta de los edificios es para negocios y galerías de alquiler. El segundo
piso es para lujosos salones de eventos. En el tercer nivel hay departamentos
para alquilar o para los hijos. Finalmente, la casa del dueño corona el edificio.
Para ver los
'cholets' fuimos a El Alto en el teleférico
de La Paz. Primero llegamos a la estación Parque Mirador y
preguntando nos dirigimos a la calle tercera. Es la zona comercial, donde los
ambulantes han tomado el espacio. Es caótico y sucio. En medio de una especie de Gamarra gigantesco resaltan
estos edificios, cuyo lujo y armonía conviven con el desorden del comercio. ¿La dualidad andina presente en todo momento?
Preguntamos
dónde podíamos ver más salones de eventos y nos dijeron que en la avenida
Chacaltaya. Es una zona diferente, más residencial y en sus calles
transversales encontramos un salón de
eventos cada dos calles. ¿Tantas fiestas se realizan en El Alto? ¿Hay
tanta demanda para la gran cantidad de oferta de salones?
Solo pudimos
ver los 'cholets' por fuera, pues todos estaban cerrados. En uno preguntamos si
podíamos pasar para conocerlo y nos dijeron que no. Recién se está
desarrollando una 'ruta de los cholets' y espero volver para recorrerla. Como
dice Mamani “estamos difundiendo
nuestra cultura a través de la arquitectura”.
BOLIVIA: EXPORTADORES ORGANIZAN LA MISIÓN TÉCNICA
FORMATIVA MIAMI 2016
El encuentro se realizará entre los días 18 y 20 de julio
en la ciudad estadounidense
Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)
Con la
finalidad de dar a conocer de forma práctica los procesos logísticos de
exportación e importación con los EE.UU., a través de la ciudad de Miami, la
Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz
(Cadex), en alianza con la Cámara Americana de Comercio de Bolivia (AmCham
Bolivia), y el apoyo de la Bolivian American Chamber of Commerce (BACC),
mediante sus actividades de incentivo comercial, se organizó la Misión Técnica
Formativa Miami 2016.
La visita se
realizará entre los días 18 y 20 de julio, donde los empresarios bolivianos de
compañías importadoras y exportadoras, operadores logísticos, despachantes de
aduanas, empresas de transporte y profesionales vinculados al comercio
exterior, participarán de un programa completo de actividades con
capacitaciones y visitas técnicas.
Martín Salces,
subgerente de la Cadex, valoró la importancia de la misión orientada al sector
de servicios, con el objetivo de que operadores logísticos y agentes de las
aduanas conozcan en profundidad los procesos correspondientes a los trámites
que se desarrollan en los puertos de origen, para que esta manera prevenir las
pérdidas de cargas o productos por procedimientos incorrectos.
“Miami es uno
de los puertos de origen y destino más importante para la carga boliviana, como
Cadex es significativo promover el conocimiento, para que los exportadores e
importadores tengan operadores logísticos efectivos y competentes”, precisó
Salces.
Además, agregó
que es “clave” el trabajo que realizan los operadores logísticos y despachantes
de aduanas en el proceso de envío de las exportaciones para que no se vean
frustradas y se minimicen los riesgos.
Cabe mencionar
que EE.UU., es el principal mercado comercial de los productos no tradicionales
de Bolivia, país que durante el periodo 2006-2015, logró exportar un valor de
US$9.324 millones.
EL DÍA DESPUÉS DE ENATEX
Rebelión de España (www.rebelion.org)
Por Alfredo Rada
Vélez.- El levantamiento de la subvención a los carburantes de
diciembre de 2010, bautizado por el pueblo como “gasolinazo”, fue un error
estratégico que distanció a la Central Obrera Boliviana del proceso de cambio.
Sobrevino después un período (2011 – 2013) en el que la ultraizquierda en el
seno de los sindicatos desató una lógica de confrontación contra el gobierno,
cuyo máximo momento de tensión se alcanzó en mayo de 2013, cuando la dirigencia
cobista convocó a una huelga general indefinida que fracasó rotundamente.
Entonces la matriz sindical estaba dirigida por el joven minero Juan Carlos
Trujillo.
Tomó más de dos
años labrar el reencuentro de la COB con el gobierno de Evo Morales. Se logró
gracias a decisiones gubernamentales revolucionarias como la nacionalización
del yacimiento de plata de Mallku Khota (julio de 2012), la nacionalización de
los servicios aeroportuarios (febrero de 2013), la nacionalización de la mina
Colquiri (junio de 2013) y la aprobación del doble aguinaldo para los
trabajadores (noviembre de 2013). Esto impulsó un debate ideológico al interior
de los movimientos sindicales organizados en la COB, que en un ampliado
nacional realizado en la ciudad de Santa Cruz a fines de 2013 aprobaron el
pacto de unidad con el gobierno para la profundización del proceso de cambio.
El reencuentro
fortaleció tanto a la COB como a la Coordinadora Nacional por el Cambio, una
plataforma de movimientos sociales indígenas, obreros y populares, convertida
en una de las expresiones orgánicas del Bloque Social Revolucionario que es
base de sustentación del proceso político en Bolivia. Conalcam congrega a más
de treinta organizaciones nacionales de distintos sectores que van desde
mineros asalariados y cooperativistas, trabajadores petroleros y fabriles,
obreros de la construcción, campesinos y juntas vecinales, maestros y
salubristas, transportistas y gremiales, hasta microempresarios y juntas de
padres de familia de las escuelas.
Definida por el
mismo Evo como un gabinete de los movimientos sociales, la Conalcam logró, en
una de sus más recientes actuaciones, defender el voto popular para la elección
de las máximas autoridades judiciales, durante la “Cumbre de la Justicia”
efectuada hace poco en Sucre.
Toda esta
interesante acumulación política fue cruzada por la decisión gubernamental de
reconvertir la Empresa Nacional Textil (Enatex) en otra unidad productiva
menor, lo que significó el despido de 900 trabajadores con el consiguiente pago
de sus beneficios sociales. Enatex había sido creada el año 2012 para preservar
la última gran industria textil boliviana y mantener todas las fuentes de
empleo, pero sin cargar al Estado la millonaria y fraudulenta deuda del
empresario Markos Iberkleid. Desde entonces se invirtieron en Enatex recursos
económicos que permitieron primero alquilar y luego comprar maquinarias e
infraestructura productiva, que constituyen hoy activos de mayor valor a sus
pasivos. Pero la contracción de mercados para los textiles bolivianos afectó
gravemente a Enatex, al punto de ya no ser sostenible económicamente en la
escala y con los costos que tenía. Por esta razón la decisión tomada por el gobierno
era duramente inevitable, más allá del juicio de valor que tengamos al
respecto. Un gobierno popular puede fracasar en alguno de sus emprendimientos
productivos, pero hay que decir al pueblo por qué fallamos pues no nos asiste
el derecho de llamar al fracaso un avance revolucionario.
Fue inevitable
también la reacción de los trabajadores y de sus direcciones sindicales, con lo
que entramos a un conflicto que abrió fisuras en el bloque histórico
transformador. No se llegó al punto de fractura porque, conforme pasaban los
días y se acentuaba el desgaste, se neutralizaban las tendencias rupturistas de
uno y otro lado. En el caso de la COB tuvo efecto político atemperador el
posicionamiento ideológico definido en su XVI congreso nacional de principios de
año. En la ciudad de Tupiza, sede de ese evento sindical, las organizaciones
sociales en ejercicio de su autonomía aprobaron la tesis política de la unidad
de la COB con el Gobierno para la profundización en un sentido socialista del
proceso de cambio. Ni el máximo ejecutivo cobista, el minero Guido Mitma, puede
torcer a capricho la voluntad soberana de un congreso; menos lo podrá hacer un
puñado de sindicalistas de ultraizquierda que, al caracterizar de “burgués
neoliberal” al gobierno de Evo Morales lo convierten en el enemigo principal,
con lo que el ultrismo termina coincidiendo con la derecha.
Es que
tratándose de procesos políticos que ocurren dentro del campo democrático, no
hay posibilidades de forjar alternativas revolucionarias de poder en lucha
contra aquéllos gobiernos que con respaldo indígena y popular emprenden
reformas políticas, económicas y sociales.
La COB y las
Confederaciones y Federaciones que la conforman deben aplicar la tesis política
del XVI Congreso, buscando el empoderamiento de los obreros dentro del proceso
de cambio, no en ruptura con él. Se ha dicho ya que el enfrentamiento entre
fuerzas del campo popular, del que son parte el gobierno de Evo pero también la
COB, fortalece a la derecha restauradora del neoliberalismo . La ultraizquierda
no ve este peligro y por ello es que termina alfombrando el retorno de los
derechistas, mismos que claman ahora por la “independencia sindical”. Pero el
riesgo sí lo ven los obreros de base, eso explica que en todos los distritos
mineros, en el propio sector fabril a nivel nacional, a los obreros de la
construcción, a los petroleros, metalurgistas y obreros del sector eléctrico,
ni por asomo se les ocurrió acatar las huelgas convocadas por la dirección
cobista.
Que hay logros
y avances para los trabajadores en el proceso de cambio es innegable, por ello
caen por absurdas las afirmaciones de dirigentes radicalizados que dicen “nada
ha cambiado, todo es lo mismo”. Pero también es cierto que aún perviven cosas
del neoliberalismo, como las formas de flexibilización laboral vigentes aún en
el cooperativismo minero o en la construcción, por lo que es muy importante
aprobar rápidamente una nueva Ley General del Trabajo acorde a la nueva
Constitución Política del Estado, así como abrogar el Estatuto del Funcionario
Público sustituyéndolo por una Ley del Servidor Público.
Por el lado del
gobierno hay que ser autocríticos para no cometer en el futuro los mismos
errores que llevaron a esta situación. Se debe continuar fortaleciendo a la
Coordinadora Nacional por el Cambio, de la que es parte sustancial la COB.
Conalcam debe tener la jerarquía de un gabinete de los movimientos sociales,
que esté informado de los temas de gobierno y que pueda incidir en las
decisiones estratégicas en materia de inversión y generación de empleo. Será la
mejor respuesta a los privatizadores que hoy afirman que el Estado es mal
administrador, soslayando que la estabilidad económica del país es posible por
los procesos de nacionalización.
INFORME ADVIERTE SOBRE LOS VUELOS NARCOS EN SANTIAGO
El Liberal Digital de Argentina (www.elliberal.com.ar)
El ministerio
de Seguridad de la Nación tomó la decisión de crear la División Antidrogas de
la Policía Federal en Tucumán, luego de que se realizara un lapidario informe
sobre el estado de situación que se vive en esa provincia. Es que el documento
refleja que en suelo tucumano se está produciendo cocaína.
“Desde Bolivia
está llegando pasta base, resultando Tucumán una de las localidades elegidas
para el refinamiento hasta convertirla en cocaína. Este accionar resulta más
redituable para las organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de
estupefacientes”, se puede leer en el escrito que fue analizado por la ministra
Bullrich.
Tareas de
inteligencia
Según las
tareas de investigación e inteligencia criminal que desarrolló la fuerza, las
bandas sacan ventajas con el valor de los precursores químicos que se utilizan
para la producción y estiramiento de la droga. “El precio de esos productos
aumenta cuanto más al norte del país se lo transporta, así como también a que
los controles de ruta efectuados por las fuerzas de seguridad poseen una
intensidad menor en cuanto su transporte en sentido sur-norte”.
Vuelos en
Santiago
Los federales
sospechan que algo similar ocurre con el tráfico de la marihuana. “Se presume
que gran cantidad de esa sustancia ingresa al país a través de vuelos
clandestinos que tienen como punto de partida Paraguay y como punto de
aterrizaje zonas de Santiago del Estero. También las aeronaves realizan vuelos
rasantes arrojando la sustancia en territorio santiagueño y hasta incluso
tucumano”, indica el informe.
Los
investigadores sostuvieron que la vía aérea “es una de las principales formas
de acceso de marihuana y de cocaína al país desde Bolivia, Paraguay, Colombia y
Perú. De ahí que no es casualidad que la zona más afectada por los vuelos
clandestinos es la región de la frontera norte”.
En el informe
también se explica cuál es el modus operandi de los narcos. “Los cargamentos
son rápidamente trasladados a través de diversos vehículos hacia distintos
campos donde la mercadería se carga en camiones listos para recorrer las rutas
argentinas hasta llegar al final de sus recorridos”, se lee.
¿JUSTICIA O HIPOCRESÍA LEGAL?: SENTENCIA EN IDIOMA
NATIVO, SIGNO DE INTERCULTURALIDAD
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
“Wila buscó la
defensa del rábula conocido en el pueblo i el más famoso por su mala fe i por
su astucia para torcer la ley. Bajo el título académico de este rábula
escondíase una serpiente peligrosa, cuyo veneno era mortal para los contrarios
de su defensa. Su mordedura era mortífera. A este abogado, verdadera inminencia
del tinterillaje doctorado, acudió Wila con su bolsa abierta, su miedo a la
cárcel i su hipócrita apariencia de honradez i de inocencia, como pantalla o
maniquí, pusieron en la defensa a un abogadillo nuevo i mediocre, de ciento en
chipa por cinco centavos que se prestó a firmar los recursos. Fue, pues, un
mero testaferro. Un firmante asalariado”. Lizandro Luna, Aya Ruphay, 1998.
Edit. UNAP.
Desde los
apologistas de la cultura innata y sus reales dimensiones que trastocan la
historia con preceptos de culturalidad andina, aferrándonos a las máximas del
imperio Inca (ama sua, llulla, quella,…) hasta la invasión del romanismo
jurídico, que tiene conceptos y preceptos ontológicos totalmente
contradictorios (en el Ande los humanos son una unidad con la naturaleza y
medio ambiente que nos rodea, mientras que los conceptos romanos son sosos y su
naturaleza parte de la filosofía positivista. Entonces existe un choque frontal
de concepciones que al parecer nunca podremos conjuncionar) a los intereses de
los ciudadanos andinos, quienes en los últimos años están organizándose en
rondas campesinas para imponer el estado de derecho, aunque para el positivismo
ortodoxo sea atentar contra el estado de derecho, pero como defensa de los
naturales andinos está el control de convencionalidad, porque el campo jurídico
nacional se enmarca dentro de convenios internacionales y uno de esos
convenios, de los más reclamados, para su reconocimiento tácito, es el Convenio
159 OIT.
Sin lugar a
dudas, el combate de la criminalidad en el ande desde la formación de las
diferentes culturas hasta la confirmación de un estado bajo el mandato del Hijo
del Sol (Inca) es un misterio debido a que no existe un tipo de lectura
heredada para su entendimiento, existe solamente bastante información suelta
escrita por los cronistas y curas, donde se denota una gradualidad en el mando
y diferentes formas de castigo a los infractores de la legalidad, siendo el
imperio Inca tan vasto y extenso, la verdad es que para la ciencia moderna es
una incógnita la aplicación del derecho, salvo excepciones descritas. Por ello,
con la irrupción de los hispanos conquistadores, ningún nativo supo qué acatar,
a quién obedecer; esa confrontación de conocimientos condujo al dominio del
delincuente sobre el súbdito imperial Inca. Ello es elocuente en el
requerimiento.
El
Requerimiento era leído a voz en cuello, en latín a los nativos andinos: “(…) Y
si así no lo hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os
certifico que con la ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra
vosotros, y os haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y
os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de Sus Majestades, y
tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos
esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como Sus
Majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos los
males y daños que pudiéramos, como a vasallos que no obedecen ni quieren
recibir a su señor y le resisten y contradicen; y protestamos que las muertes y
daños que de ello se siguiesen sea a vuestra culpa y no de Sus Majestades, ni
nuestra, ni de estos caballeros que con nosotros vienen (…)”. En su oportunidad
se pronunció el fraile Bartolomé de las Casas: "Es una burla de la verdad
y de la justicia y un gran insulto a nuestra fe cristiana y a la piedad y
caridad de Jesucristo, y no tiene ninguna legalidad". Pero los españoles
conquistadores nunca entendieron que los nativos nunca entenderían lo que
disponía tal Requerimiento.
Pero, ¿por qué
esta introducción tediosa? Hace poco el presidente del Consejo Nacional de la
Magistratura, Guido Águila Grados, desde Puno puso en operatividad el
instrumento que nombra a jueces y fiscales, una innovación en que los
postulantes a estos cargos deben saber en las jurisdicciones correspondientes
la lengua nativa. Según el letrado, esta decisión se tomó porque los pobladores
cuya lengua materna es ajena al castellano, no entienden el idioma castellano y
sienten que sus derechos no son adecuadamente expuestos por sus abogados o son
mal interpretados por los jueces y fiscales. Claro que esa postura es
interesante, innovadora y sobre todo equivale a un reconocimiento cultural
étnico, rompiendo fronteras y disciplinas académicas conforme a la libertad y
competencia específica. Pero en cuanto a epistemología, aún existe un vacío
legal, porque el derecho como equilibrio de poder es un abuso para el congénere
andino, una explicación heterogénea podría darse desde el error cultural, pero
tampoco se enmarca en ese atajo legal.
Si antes el
lenguaje utilizado por los voceadores pertenecía claramente a una élite y los
nativos conquistados no entendían de qué se trataba ese discurso conquistador,
hoy, con la presencia de los letrados y la solemnidad de los procesos en los
tribunales, nuestros congéneres andinos se ven contrariados por el lenguaje que
utilizan los abogados, cada quien trata de sobresalir y el garantista del
proceso no equilibra el entendimiento porque se siente sin autoridad, los
encausados lo que propugnan con toda claridad es “justicia” porque existen
fronteras lingüísticas que son difíciles de comprender, se sienten nimios y
desean salir raudamente de los tribunales; entonces la palabra bendita
“justicia” no llega, pese a que pagó al letrado y que este trató de teorizar su
caso de acuerdo a la realidad, pero como los testigos y el propio imputado no
supieron explicar en castellano, lamentablemente tienen todas las de perder.
Esta actitud de los tribunos, abogados, testigos e intérpretes son ajenos y
lamentablemente el cosmopolitismo reinante triunfará, aunque los nativos tengan
la razón.
Ahora bien, la
cosmovisión andina requiere un estudio minucioso por los especialistas en
Epistemología del Derecho, comprender a la naturaleza en su real dimensión
debería ser resguardado celosamente por los juristas interculturales, existe un
sisma entre la teoría y la práctica del derecho. No creemos y nos ponemos
reacios a entender que con solamente escribir en aymara o quechua una sentencia
o todo el proceso se pueda arrasar los malos entendidos, esta forma de dictar
sentencia más parece un populismo mediático, un negocio para el pseudo respeto
social, primeramente porque existe la razón del saber leer y escribir, si
nuestro hermano andino no saber leer ni escribir, entonces se considera
analfabeto y si sabe leer un poco porque con el paso del tiempo no practicó la
lecto escritura, entonces es un analfabeto funcional. Estos compatriotas no
podrán entender la sentencia dictada por el juez, la respuesta es simple: son
analfabetos, necesitan a un tercero interpretador para poder entender algún
extremo de la sentencia.
Los herederos
de las culturas precolombinas que hoy se diferencian por la lengua materna
aymara y quechua, son aborígenes, originarios y según los preceptos de Terra
nullius, reclaman su territorio, porque en el desmadre colonial hispano fueron
arrebatados hasta la miseria humana, pero nunca estos invasores hispanos
lograron arrebatar el alma andina, en el derecho internacional se protegen los
derechos y las formas de vida de los pueblos nativos u originarios, pero desde
la implantación de la justicia, existe un trecho que se debería consolidar para
la subsistencia armoniosa entre las sociedades de las otras culturas con las
que por milenios se asentaron en el altiplano. Bolivia es un hito a superar,
porque la constitución pluricultural que los gobierna otorga ciudadanía al
nativo (no solamente ciudadanía se obtiene con el DNI o la mayoría de edad, es
un complejo sistema de derechos y deberes para con los herederos nativos) y hoy
estas comunidades tienen características especiales de tratamiento.
Según los
reportes de la Organización Internacional del Trabajo, existen condiciones de
vida diferenciados entre nativos y colonizadores, durante la era colonial todas
las fuentes de riqueza fueron arrebatados de los nativos y hoy pese a que viven
en democracia, nunca pudieron recuperar el status social que tuvieron, por eso
es los altos índices de pobreza y menesterosidad en las zonas colonizadas, la
discriminación se nota claramente en la discriminación al acceso a la educación
acorde al nuevo milenio y los niveles de economía de éstos ciudadanos nunca
lograron acomodarse con las tendencias internacionales, por este aspecto, está
boyante la protección de los derechos humanos de los pueblos originarios y
nativos y dentro de este marco, lo importante en el sistema judicial no es
lirismo en una sentencia en aymara o quechua, es dirimir con equidad y
justicia, en las subculturas andinas no existen culturas puras, todas fueron
parte del sistema de aculturamiento. Por ende, lo que al parecer se pretende es
reconocer la lengua nativa como patrón de una cultura y desarrollar el proceso
en ese idioma, el problema está en la equidad de la sentencia.
Si el
requerimiento fue una sentencia para arrasar poblaciones durante la conquista
española de tierras ubérrimas, hoy la sentencia es ese mismo instrumento pero
con diferente nombre, si la sentencia se hace de manera sumaria, clara,
precisa, breve y acorde a la ley, entonces no necesitaríamos tanta parafernalia
de que esta sentencia sea redactada en lengua nativa que ni el propio
sentenciado pueda leer ni escribir. No es solo responsabilidad del Poder
Judicial ni del Ministerio Público, es responsabilidad del abogado de la
defensa; este profesional tiene que también ser ético y probo (no cambiar de
escenas, comprar testigos, falsificar pruebas, y aceitar) para de ahí buscar
justicia, “(…) el plan defensivo de los abogados de Wila se sobró, uniforme,
precisa, contundente, la prueba testimonial del asesino lo presentó como
víctima. (…) era tan completa e inobjetable, tan bien hecha, que Wila en lugar
de verdugo, resultaba víctima. El muerto era agresor, el salteador, el ladrón i
cualquier tribunal, estudiando el proceso, debería condenarlo. El avezado
Kamaque se había sobrepasado en mostrarse como inocente cordero, según se
desprendía de la unánime declaración de sus testigos”. Porque el sistema
judicial está repleto de estos crápulas que hoy dicen ser los amos del derecho,
utilizando la ilegalidad para el logro de sus objetivos.
Paraguay se opone a presidencia de Maduro
LOIZAGA: “MERCOSUR NO ES UN GRUPO DE PAÍSES QUE SE UNEN
PARA LUCHAR CONTRA EL IMPERIO”
La presidencia del Mercosur no puede estar en manos de un
gobierno que viola los derechos humanos, mantiene presos políticos y restringe
la libertad de sus ciudadanos, expresa el canciller Eladio Loizaga. En esta entrevista,
reitera el absoluto rechazo de Paraguay a la presencia de Nicolás Maduro a la
cabeza del bloque. Este lunes hablarán del tema los cancilleres en Montevideo.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
–El lunes se
convocó finalmente la reunión de cancilleres por el caso Venezuela en
Montevideo. ¿Qué plantea específicamente Paraguay?
–Sí, el
canciller (uruguayo) Nin Novoa convocó la reunión con base al pedido que
Paraguay hiciera y reiterara la semana pasada. La posición paraguaya es clara.
Hemos señalado que la Presidencia pro tempore del Mercosur tiene una
institucionalidad jurídica internacional. Tenemos varios desafíos a encarar
este semestre con la Unión Europea y otros bloques, incluso la Alianza del
Pacífico. Necesitamos al frente del Mercosur un país que cumple con sus
obligaciones democráticas. Nosotros hemos manifestado que nos preocupa
Venezuela. Nos preocupan las restricciones que viven sus ciudadanos a su
libertad de expresión y de prensa, las violaciones a los derechos humanos, sus
presos políticos.
–¿Por qué
Paraguay pone más énfasis que los otros miembros del Mercosur?
–El presidente
(Horacio) Cartes, en su mensaje del 15 de agosto del 2013, expresó el
compromiso de su Gobierno de apegarse estrictamente a la institucionalidad
democrática, a la defensa de los derechos humanos y que los gobiernos del
Mercosur asumieran las obligaciones que en el tratado están consagradas. En el
Mercosur nos hemos acostumbrado a hacer reclamaciones pero a la hora de la
verdad no hemos estado ejerciendo esa responsabilidad.
–En general se
aplicó siempre la política del avestruz. ¿Qué motivó al Paraguay a liderar
prácticamente una campaña contra las violaciones de los derechos en Venezuela?
–Hay principios
que no pueden estar supeditados a cuestiones políticas o económicas. Hemos
tomado conocimiento por actores de primer nivel como la señora Lilian Tintori,
esposa del dirigente preso Leopoldo López, del excandidato a Presidente
Henrique Capriles que también nos visitó, entre otros, sobre el drama que
atraviesan los venezolanos como resultado de la intolerancia del Gobierno. La
situación se torna más grave todavía con las afirmaciones del Jefe de Estado
(Nicolás Maduro) que habla de suprimir la Asamblea Nacional (el Congreso de
mayoría opositora).
–¿Cuál es la
motivación de Uruguay para apoyar a Maduro? Su canciller dice que Venezuela
solo tiene “democracia autoritaria”.
–El canciller
(Novoa) hizo un anuncio inconsulto, de entregar la presidencia pro tempore del
Mercosur (a Maduro) sin convocar a una Cumbre de Presidentes. Por eso nosotros
hemos reaccionado con firmeza. Si bien la canciller de Argentina estuvo con el
canciller de Uruguay en el anuncio de traspasar la presidencia a Venezuela, el
presidente Mauricio Macri, en declaraciones realizadas durante su gira por Europa,
coincide con nosotros en que Venezuela tiene un Gobierno que viola los derechos
humanos y que sus ciudadanos necesitan un referéndum e ir a las elecciones lo
más rápidamente posible”. En esto quiero señalar que el presidente Cartes ha
tenido un liderazgo importante al fijar claramente la posición paraguaya.
–Y ¿qué pasa si
de todos modos le dan la presidencia a Venezuela?
–En los 25 años
de existencia del Mercosur jamás se ha pasado la presidencia en un acto que no
fuera la reunión del consejo de ministros con la presencia de los presidentes.
Quien ejerza la presidencia este semestre tiene que tener una paz interna, una
estabilidad política y debe estar convencido de lo que quiere el Mercosur en su
trato con los demás bloques. El Mercosur no es un grupo de países que se une
“para luchar contra el imperio” o contra la Alianza del Pacífico como cree la
canciller de Venezuela (Delcy Rodríguez). La presidencia pro tempore no puede
estar en manos de un país que rechaza a otro grupo regional con el que estamos
en pleno proceso de buscar una convergencia como es la Alianza del Pacífico. El
presidente Cartes fue muy enfático desde el primer día al declarar que Mercosur
debía regresar a sus orígenes: ser un espacio de libre circulación de bienes y
servicios y dejar definitivamente a un lado lo ideológico que no lleva a ningún
lado.
–Esa picardía
de Uruguay de traspasar “por correo electrónico” la presidencia a Maduro ¿es
solidaridad de camaradas?
–No hay que
olvidar que en Uruguay hay un partido, el Frente Amplio, que está en ejercicio
del gobierno en este momento y lógicamente debe haber una cercanía importante
con Venezuela. Lastimosamente la identificación ideológica retrasa al Mercosur.
–Ahora se
involucró Evo Morales. Pidió que se entregue a Venezuela.
–Lo que
nosotros sostenemos es que la presidencia pro tempore tiene que ser entregada
en la Cumbre de Jefes de Estado y de Cancilleres, así como se ha venido
haciendo los últimos 25 años. Es la primera vez que uno de los países miembros
(Uruguay) plantea una entrega automática de la presidencia. Lo fundamental aquí
es ajustarse a los mandatos de la Constitución y no a la militancia ideológica.
–En caso de que
Maduro consiga la presidencia, ¿Paraguay puede volver a salir del bloque, esta
vez por propia voluntad?
–No creo que
eso suceda. No está en nuestra visión. Paraguay no reconoció esa arbitrariedad
del 2012 (impuesta por los presidentes Cristina Kirchner, Dilma Rousseff y José
Mujica). Después de esa suspensión que nosotros no reconocimos se han tenido
que firmar de vuelta los protocolos de adhesión de Surinam, Guyana, Venezuela
para que tengan validez. Se revisaron 180 resoluciones firmadas en nuestra
ausencia.
–¿Fue una
condición?
–Fue nuestra
exigencia, porque nunca nos consideramos excluidos. En Brasilia, en la Cumbre
de 2015 se volvió a suscribir el acuerdo para el ingreso de Bolivia.
–¿Cuál es la
posición de Brasil?
–Brasil propuso
no definir nada hasta el mes de agosto. Me llamó su canciller y me transmitió
la posición de ellos, de llevar esto hasta el mes de agosto. Eso no significa
que no se tenga en cuenta nuestra posición en cuanto a la transferencia.
–Si Paraguay no
sale de Mercosur, ¿es posible un Mercosur ampliado con la Alianza Pacífico?
–Todo camina
hacia la convergencia. Hemos tenido tres reuniones de cancilleres del
Mercosur-Alianza. En esas reuniones nos hemos manifestado a favor de una
América del Sur unida y no dividida por el Tratado de Tordesillas o por
ideologías que proclaman que nosotros somos “instrumentos del imperio”. Tiene
que haber coherencia. Se es o no se es.
–Usted conoce
el mundo “de punta a pértigo”: ¿Qué necesita Paraguay para que sea más
conocido?
–Hoy Paraguay
está en el mapa. Estamos haciendo presentaciones en el exterior. El ministro
(Gustavo) Leite va a estar esta semana en Rusia. Yo iré en setiembre a Londres.
Cuesta dinero movilizarse, pero nos movemos. Hay una nueva generación de
embajadores jóvenes que están haciendo un buen trabajo. Ellos han trabajado
para mejorar nuestros cupos de exportación de carne, por ejemplo. El Presidente
estuvo en Europa varias veces. De todos modos, necesitamos un presupuesto
fuerte para tener una presencia activa. Necesitamos abrir otras embajadas como
en Arabia Saudita o Angola. Estamos conversando con los uruguayos para
compartir edificios sin entrar en una competencia. Hay que invertir para que
reditúe beneficios. Tenemos cosas que ofrecer: una mano de obra calificada y
noble, energía eléctrica limpia y renovable... Tenemos que potenciar eso.
–¿Cuánto tiempo
lleva en la diplomacia?
–Yo comencé en
1967 cuando estaba en primer año en la Facultad de Derecho. Renuncié en 1987
luego de 19 años.
–¿Por qué
renunció?
–Ya estábamos
enfrentados el “tradicionalismo” y la “militancia” (dentro del Partido
Colorado). Me acuerdo que (el ministro de Justicia y Trabajo J. Eugenio)
Jacquet me decía: “Te van a echar”. Yo le decía: “A mí nadie me va a echar de
acá. Yo voy a salir...” y renuncié. Volví al sector público con el general
(Andrés) Rodríguez en el 89.
–¿Con qué
cargo?
–Estuve como su
jefe de Gabinete. Era diputado electo en el 89 con permiso. Me acuerdo que
anduve bastante para convencerle al Presidente de que convocara a la
Constituyente del 92. Yo fui uno de los pocos civiles que supo del golpe,
aparte de Argaña, Seifart, (Juan Ramón) Chávez, Carlín Romero Pereira, Papuchín
Frutos. En casa tuvimos algunas reuniones. Analizábamos cómo tomaríamos las
seccionales (coloradas). Después del golpe me acuerdo que le dijimos al
director de ABC: “¡Pueden salir a la calle con el diario tranquilos!” (La
clausura arbitraria de ABC por el dictador Stroessner en 1984 duró cinco años).
A Humberto (Rubín) también le dijimos que podía salir (al aire) cuando quisiera
(la radio Ñandutí estaba clausurada desde el año 1987).
CULTIVOS ILÍCITOS: ¡UN AÑO DE ANUNCIOS Y POCOS HECHOS!
Un informe del sistema de monitoreo de cultivos de uso
ilícito ha sido la oportunidad para quienes promueven mano dura de pedir que se
haga más fumigación, erradicación forzada, criminalización de productores,
además de atacar al proceso de paz.
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
Algunos
análisis oficiales acusan a las FARC de haber empujado la mayor siembra creando
un efecto expectativa en torno a los acuerdos del Punto 4 de la Agenda. Otros
se enfocan en lo económico a partir de las consecuencias de la caída del precio
del oro. Por su parte los prohibicionistas añoran la fumigación aérea. Sin
embargo, los factores determinantes del incremento de los cultivos son más que
esto por lo que los técnicos de la UNODC sumaron esta vez más elementos.
Ha sido el
Ministro de Defensa el que ha presentado las cifras, lo que denota el enfoque
de seguridad –cuestionado en todo el mundo- que prevalece en Colombia y el
incremento aceptado es menor a lo que se esperaba. El OCDI GLOBAL hizo seguimiento
previo y encontró que al menos para Nariño, Caquetá, Catatumbo y Putumayo se
esperaban cifras mayores, según reportes de autoridades. Sin embargo, la tregua
de FARC habría servido para corroborar en tierra las imágenes satelitales y
esta sería la primera vez que la medición sería confiable.
Entre los
factores mencionados se encuentra una disminución de la erradicación. Se
suspendió en efecto la cuestionada aspersión aérea, la aspersión terrestre no
arrancó, cayeron las metas de erradicación manual forzada, y la erradicación
manual fue casi nula en 2015. Los cultivos se ubicaron en áreas protegidas,
territorios colectivos y los procesos administrativos se hicieron lentos. Ya se
ha dicho que los costos de la erradicación forzada son muy altos y su efectividad
muy baja por lo que se tendría que desestimar el retorno a estas estrategias
fracasadas.
Los esfuerzos
en materia de sustitución cayeron también. El número de vinculados a proyectos
gubernamentales siguió siendo marginal frente al total de familias envueltas en
esta actividad; los proyectos productivos están ligados a subsidios directos
tipo familias guardabosques y generalmente caen a pique cuando, solos, tienen
que competir en el mercado; las inversiones en esta materia solo cubren, según
ONUDC el 32% del territorio “afectado”, pero beneficiaron a familias que no
tenían o contaban con poca coca, a la vez que llegaron a veredas circunvecinas
a los cascos urbanos y no a las que tenían la mayoría de cultivos de uso
ilícito.
La caída de la
actividad minera y no solo la de oro habría empujado el aumento de cultivos de
coca en regiones en las que dicha actividad era fuerte. Hay que señalar que lo
que se registra es una crisis de la locomotora minero energética generado por
los bajos precios y la caída de la demanda internacional, a lo que se agrega
que la persecución a los pequeños mineros considerados “ilegales” ha motivado
la migración a coca por ejemplo en el nordeste antioqueño. A esto se añade que
la economía de regiones que vivieron del petróleo durante los últimos años, ha
sufrido caída de precios y de la actividad exploratoria y de explotación. En
casos como Puerto Gaitán Meta, municipios de Casanare, Putumayo o Arauca se han
perdido miles de empleos que eran ocupados por mano de obra no calificada, casi
todos personas provenientes del mundo rural.
Aparejada con
esta situación se advierte de los efectos de la devaluación del peso como
factor que influencia los cultivos. Con el dólar a más de $3.000 pesos, existe
un buen incentivo para la economía de la pasta base y la cocaína, un producto
de economía campesina que depende de precios internacionales. Esto muestra un
escenario propicio para las exportaciones (dólar caro), que ha servido a los
exportadores ilegales; al haber más pesos por cada dólar hay mas moneda
circulando en las zonas rurales. Esto puede haber incrementado los precios de
pasta base en algunas zonas mientras que en otras la pasta base sigue todavía
como moneda de trueque. De hecho la UNODC acepta que el precio del kilo de hoja
pasó subió de poco más de $2.000 a $3.000 pesos.
Por primera vez
se ha aceptado que factores climáticos como el fenómeno del niño quebraron a
agricultores que encontraron como opción de emergencia la siembra de coca. El
Ministerio de Defensa y la ONUDC aceptan este factor para el Sur de Bolivar y
Antioquia, pero los efectos climáticos estuvieron presentes en más zonas del
país.
De otra parte,
en puntas de colonización con influencia de FARC los cultivos aumentaron en
2015. El OCDI pudo constatar en varias de esas zonas que muchas personas
retornaron a coca o se enrolaron por primera vez en ellos. En los últimos meses
de ese año el anuncio de no fumigación llevó a muchos a recuperar cultivos
viejos que estaban enrastrojados. Sin embargo, en las zonas del suroriente del
país el precio de pasta base se mantiene igual desde hace unos 15 años. Las
cosas se complicaron en cuanto otros actores ilegales vienen aprovechando los
vacíos dejados por la tregua o a la expectativa de entrar a disputar
territorios donde existen los cultivos, como se registró incluso en el norte
amazónico.
En Norte de
Santander, el Darién, la región Caribe se observan varios actores armados
interesados en pasta base, transformación, comercio, bien por la vía de
impuestos o mediante el control de toda la cadena. Un hecho indicativo es que
la mayoría de las capturas de embarques este año han ocurrido en puertos del
Caribe, como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, el golfo de Urabá y San
Andrés. Así lo aceptó el General Adolfo Martínez de la Fuerza de Tarea Neptuno
con sede en Urabá quien advirtió de la capacidad inventiva de los
narcotraficantes para hacer sus envíos de cocaína al extranjero.
El
comportamiento del mercado global de drogas es otro factor que no puede
eludirse. Este se relaciona con el llamado fracaso de la guerra mundial que
quiso librar al planeta de sustancias que crean dependencia. En este caso, se
supo que Bolivia estabilizó su producción nacional de coca, mientras que el
mercado de cocaína en Estados Unidos se mantuvo estable. Pero el mercado está
en expansión incluso dentro de Colombia. A su vez, el consumo en Suramérica,
México, Centroamérica, el Caribe, Africa e incluso Asia está aumentando. Países
que fueron de tránsito ahora también son consumidores. Colombia está inserta en
esa dinámica y la prohibición aumenta las rentas de quienes se lucran de este
negocio.
A punta de
anuncios
El Presidente
Santos fue protagonista en los años anteriores en el debate mundial sobre
reformas drogas e incluso aceptó que hay que cambiar el paradigma. En este
sentido dentro del país hizo varios anuncios los cuales no se han puesto en
marcha. Nuevos programas y nuevos enfoques se han lanzado pero más allá de unos
cuantos proyectos no hay una institucionalidad clara con la competencia sobre
el tema de los cultivos y del desarrollo rural integral en los territorios. De
las recomendaciones de la Comisión Asesora de políticas de drogas y de los
nuevos conceptos llevados a UNGASS (Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea
General de las Naciones Unidas), poco se ha materializado en las regiones.
La Unidad de
Consolidación pasó a ser parte de Prosperidad Social, el Ministerio de Justicia
está cediendo su liderazgo al Ministerio de Defensa el cual este año ha dicho
ya en tres ocasiones que cuenta con una nueva estrategia. Al Ministerio de
Agricultura se le olvidó que tiene un segundo apellido que es Desarrollo Rural
y al parecer toca esperar la creación del PNIS acordado con las FARC para tener
un claro interlocutor gubernamental. Pareciera que respecto de anuncios por
ahora lo único claro es el plan piloto para Briceño Antioquia, el cual se lanza
este domingo.
Por su parte
las entidades territoriales están ausentes de este tema. Más allá del interés
de la conferencia de Gobernadores, expresado recientemente, la mayoría de los
mandatarios en 2015 hicieron pocos esfuerzos en esta materia. De los recursos
OCAD de regalías a los sistemas productivos de ha dedicado una mínima atención.
El año anterior programas regionales como el “si se puede” de Nariño no se
implementaron y esta situación se está viviendo también este año. Por su lado
las alcaldías de municipios impactados por los cultivos son pequeñas, con baja
capacidad técnica o económica y en algunos casos con geografías extensas.
Otro asunto que inquieta es que en Putumayo (anunciado en las mesas de negociación con el gobierno como piloto), se está apenas en la etapa de formulación del Plan de Desarrollo amazónico. La Mesa de Catatumbo no ha avanzado como lo piden las comunidades. Las otras mesas regionales tampoco; y la Mesa de la Cumbre Agraria está paralizada casi en todos los temas, como lo reclamó recientemente la Minga Nacional que bloqueó la carretera panamericana. Las MIAs han hecho en el último año mas de 10 foros con comunidades que se manifiestan interesadas en acuerdos con gobierno, pero los funcionarios solo han llegado allí a escucharlos.
Otro asunto que inquieta es que en Putumayo (anunciado en las mesas de negociación con el gobierno como piloto), se está apenas en la etapa de formulación del Plan de Desarrollo amazónico. La Mesa de Catatumbo no ha avanzado como lo piden las comunidades. Las otras mesas regionales tampoco; y la Mesa de la Cumbre Agraria está paralizada casi en todos los temas, como lo reclamó recientemente la Minga Nacional que bloqueó la carretera panamericana. Las MIAs han hecho en el último año mas de 10 foros con comunidades que se manifiestan interesadas en acuerdos con gobierno, pero los funcionarios solo han llegado allí a escucharlos.
En cuanto a las
resistencias comunitarias a la erradicación forzada, el Ministerio de Defensa
ha hablado de que existe una orquestación para ello, pero da a entender que se
trata de un propósito criminal. Esta estigmatización esconde el hecho político
de que los cultivadores, a través de sus asociaciones, juntas comunales y
mingas veredales, han tomado la decisión de defender sus cultivos y bloquear a
los arrancachines, hasta tanto haya ofertas estatales que ellos estimen
viables. Los bloqueos aumentan cada día según la propia Policía Nacional, pero
esto es una determinación tomada en función de la sobrevivencia en zonas
apartadas. Lo interesante es que ahora los labriegos ya no huyen de la
autoridad sino que la enfrentan con sus propios medios, a veces durante
semanas.
Cultivos y
liberalización de la economía
De otra parte
poco se ha asociado la creciente cantidad de coca sembrada con los impactos que
están teniendo en la agricultura tradicional y la economía rural los Tratados
de Libre Comercio. En varias zonas donde había agricultura legal, la coca ha
sido una respuesta a las afectaciones causadas por la liberalización del
intercambio comercial sobre el mercado interno de alimentos. Los impactos
negativos del TLC con Estados Unidos han sido documentados por OXFAM, ILSA y
las dignidades agropecuarias entre otras organizaciones, hecho que se advertía
por Recalca desde 2007. El libre comercio afecta a tal punto la agricultura
legal, incluyendo a grandes agroindustrias nacionales que la opción para
aquellos trabajadores que pierden sus empleos allí, es migrar a coca. Una
situación similar se presentó entre 1992 y 1994 cuando la apertura económica
conllevó también un incremento de la producción nacional de coca para cocaína.
De hecho la
coca no es el único cultivo en aumento. La marihuana se expandió por varios
departamentos. El Ministerio de Justicia ha reconocido que hay cultivos de
marihuana, como parte de economías campesinas, en Antioquia, Caquetá, Meta,
Santander, Guajira, Magdalena y Cauca por supuesto. Sobre amapola hay muy poca
información pero los reportes de consumo en el eje cafetero son un indicio que
debería preocupar sobre un posible aumento de este cultivo.
Todo lo
anterior conlleva la necesidad de salir de los anuncios, entender que si bien
el Punto 4 de la Agenda de La Habana contiene interesantes aproximaciones a las
comunidades, no se puede pretender que el solo acuerdo con las FARC es el fin
de los cultivos; que son las organizaciones y familias rurales involucradas las
que están defendiendo los plantíos (por ser su comida y su trabajo); que solo
una adecuada articulación interinstitucional con altos niveles de inclusión
social mejoraría la aproximación a los territorios; y que la erradicación
forzada no contiene para nada las dinámicas del mercado de drogas.
Finalmente, se
reitera que la coca es un producto agrícola, generado en economías campesinas
donde el Estado ha tenido poca presencia, donde hay pocas infraestructuras que
faciliten el despegue de otras economías, con bajo nivel de dotaciones de
servicios. La coca es un producto que se vende, tiene mercado, quien lo compre
en finca o en pueblitos cercanos, hay crédito, acceso a semillas, asistencia
técnica y se le puede agregar valor in situ. Estas condiciones no las cumplen
fácilmente otros productos. Las comunidades quieren sustituir y tienen
ilusiones en ganadería, leche, cacao, caucho, maderables, café, entre otros,
pero su reconversión no se logra de un día para otro, sino que es el resultado
de un proceso de desarrollo del territorio.
Las FARC pueden
ayudar en este proceso, especialmente donde han sido actor protagónico con
autoridad y solo han estado en confrontación ellas y el Estado. Pero sigue
rondando la pregunta sobre el peso que tendrán y su capacidad a partir del día
en que se concentren y aun mas cuando dejen sus armas. Ese será un momento
decisivo que debería abrirle espacio a la propuesta de control social de los
cultivos con el apoyo de las organizaciones comunitarias para que en un periodo
de transición se conviva con dichos cultivos hasta que las alternativas brinden
ingresos a las familias. Lo otros es seguir pensando con el deseo y gastando
dinero inútilmente.
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