La
aplicación, como se denomina a la demanda que Chile presentó el 6 de junio en
la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reconoce que el Silala nace en
territorio boliviano y que la empresa FCAB solicitó permiso para el uso de las
aguas y realizar obras de canalización. Cada una de estas aseveraciones está
incluida en el documento chileno, de 54 puntos, que liberó el principal órgano
judicial de las Naciones Unidas, a través de su portal en internet (http://www.icj-cij.org/docket/files/162/19020.pdf).
El canciller
de Chile, Heraldo Muñoz, y la agente en la Corte Internacional de Justicia
(CIJ) para la demanda por el Silala, Ximena Fuentes, ingresaron en
contradicciones sobre el alcance del preacuerdo de 2009 que estableció el pago
chileno por el 50% del uso del recurso hídrico. Fuentes admitió que esas
aguas son usadas en la minería y reveló que un argumento de la demanda es que
Bolivia no las usa.
“Es una muy
mala lectura del acuerdo señalar que Chile iba a pagar, eso no está en ninguna
parte del acuerdo”, afirmó Fuentes y aseguró ayer que lo negociado fue que
“Bolivia pudiera vendar esas aguas a usuarios chilenos, si hubiera usuarios
interesados”. En consecuencia, insistió, “no tiene nada que ver con una
aceptación de Chile de pagar por el uso de las aguas”.
Muñoz, no
obstante, reconoció que en 2009 "hubo un principio de entendimiento (sobre
el pago por el uso de las aguas del Silala) en el cual, lamentablemente, como
en muchas otras ocasiones, sostuvo, Bolivia se retiró".
Chile demandó
a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que se reconozca
su derecho de uso de las aguas en disputada por considerar que son parte de un
río internacional y no de manantiales, como sostiene el demandado. El
presidente Evo Morales anunció una contrademando para precautelar la soberanía
sobre ese recurso natural.
Fuentes llegó
el miércoles a Santiago tras presentar el litigio en la Corte de La Haya. En
una entrevista con CNN Chile reveló que entre los argumentos de la demanda está
el que el recurso natural pasa a suelo chileno. “Otro argumento muy importante”
es que “Bolivia no tiene ningún uso útil, hoy día, del río Silala”, sostuvo.
El Gobierno
de Evo Morales afirma que el cauce del recurso fue desviado artificialmente por
medio de la construcción de canales en 1908, pero además denunció que el
líquido es utilizado por empresas mineras y no es destinado al consumo humano,
un criterio que confirmaron autoridades del norte chileno, entre ellos el
alcalde de Calama, Esteban Velásquez.
Fuentes
admitió este jueves que las aguas que discurren hacia Chile tienen otros usos.
“Tiene diversos usos. Uso para consumo humano, para la minería, la minería es
una de las actividades más importantes que nosotros tenemos en el norte. Ese
uso de la minera es de uso industrial pero también es un uso de consumo humano,
los campamentos mineros tiene que tomar agua… el punto es que hay usos todos
los cuales son beneficios para Chile y Chile va a defender estos recursos
naturales como parte de su patrimonio nacional”, enfatizó.
Santiago
invocó en su demanda el “derecho internacional consuetudinario” y la Convención
de Naciones Unidas sobre el derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos a la navegación, que “reconoce que el
derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el
pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. (LA RAZON)
INVESTIGADOR
MILTON LÉRIDA: BOLIVIA DEBE EJERCER SOBERANÍA EN EL SILALA
La propuesta
del experto potosino se basa en tres aspectos: uno, tomar como prioridad sentar
soberanía en la región del Silala, lo más antes posible; dos, sancionar y
promulgar una “ley de desarrollo de frontera”, propuesto al parlamento el 26 de
abril de 2016; tres, impulsar el asentamiento poblacional en la zona fronteriza
de los bofedales del Silala.
“Bolivia
tiene que utilizar las aguas de tal manera que no demos motivo, espacio, ni
lugar para que los chilenos puedan argumentar que esas aguas son un río
internacional”, declaró.
Explicó que
para poder ejercer la soberanía sobre las aguas del Silala se deben construir
de forma urgente una carretera, además una infraestructura para el asentamiento
humano y aprovechar los recursos que están en los alrededores, de modo que esta
beneficie, inclusive, a la Laguna Colorada, que actualmente está secándose.
“Hay que hacer una ingeniería, podemos hacer que otras lagunas que también
están secándose puedan ser llenadas con aquellas aguas”.
Sugirió que
en el lugar también se podría proyectar la construcción oficinas públicas de
beneficio para el país, además de hoteles o caso contrario se podría emplear
para la crianza de camélidos.
Enfatizó que
deben crearse fuentes de trabajo en cercanías a la frontera, que permitan el
aprovechamiento del territorio y de las aguas.
RESPALDO
CONSTITUCIONAL
Fundamentó
que el artículo 349 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que
“los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible
del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función
del interés colectivo”. De complemento está el artículo 374 de la CPE, que
dice: “El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la
vida”.
El artículo
262 de la CPE también señala que se “constituye zona de seguridad fronteriza
los 50 kilómetros a partir de la línea de frontera. Ninguna persona extranjera,
individualmente o en sociedad, podrá adquirir propiedad en este espacio,
directa o indirectamente, ni poseer por ningún título aguas, suelo y subsuelo”.
COMCIPO
El presidente
del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Jhonny Llally, expresó que sentar
soberanía no es ir de visitar hasta el Silala, sino asentarse, de ese modo
coincidió con Lérida, respecto a efectuar un asentamiento efectivo y operativo
en actividades en aquel sitio.
Señaló
también que, en la comisión que se conformará para la defensa de los recursos
hídricos del Silala, debe estar gente experimentada potosina, puesto que es la
que conoce el territorio.
“Vamos a
defender lo que es del Estado, su territorio vamos a defender nuestros recursos
hídricos. Nosotros estamos seguro que el 100% es de propiedad boliviana (…) El
potosino conoce todos los rincones de su territorio”, subrayó Llally.
DESDE EL
PARLAMENTO
Por su parte,
la jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), diputada por Potosí,
Rosa Álvarez, aseguró, en conferencia de prensa, que el Silala es de Bolivia,
porque se encuentra dentro del departamento potosino.
“Las aguas
del Silala nacen en el territorio de Potosí, Chile ha utilizado durante tantos
años y eso hace que nuestro presidente las defienda y nosotros estamos ahí
apoyándole, todo el departamento, todo el Estado”, declaró Álvarez.
Por otra
parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, enfatizó
sobre las declaraciones del excónsul de Chile en Bolivia, Jorge Canelas, quien
dijo que Chile debió buscar otras soluciones antes de demandar a Bolivia por
las aguas del Silala.
Montaño
aseguró que aquella aseveración es una muestra de que en el vecino país existen
discrepancias entre sus propios diplomáticos.
“El señor
dice, nos surge una duda. Bolivia toma al parecer se toma las cosas con una
mirada de mayor alcance, si ellos tomarían para elaborar dos años una demanda y
nosotros la planteamos en un par de meses ¿No es que nos estamos apresurando?
(…) Es decir, el excónsul de Chile en Bolivia reconoce que la decisión de la
demanda por parte de Chile fue una decisión probablemente apresurada”, declaró
en conferencia de prensa. (EL DIARIO)
RENÉ
MARTÍNEZ CALLAHUANCA: "LA DECISIÓN ESTRATÉGICA DE BOLIVIA ES
INVARIABLE"
El
ex senador, designado como secretario general del Consejo de Defensa del Silala
por el presidente Evo Morales, explica a Publimetro detalles sobre la reacción
en su país frente a la demanda presentada por Chile ante La Haya.
Publimetro
de Chile (www.publimetro.cl)
- ¿Cómo toman
desde el Consejo la ofensiva lanzada por Chile al demandar a Bolivia ante la
CIJ, adelantándose a lo anunciado por Evo Morales?
Este hecho
tiene dos lecturas: una política y la otra jurídica. La primera no es ninguna
sorpresa y la consideramos una reacción ante la acertada decisión del compañero
presidente Evo Morales del pasado 23 de marzo pasado (el anuncio de la demanda
boliviana). Además, entendemos que internamente, este vaciamiento de
legitimidad hace que haya primado un afán de apresuramiento por parte de Chile,
antes que evaluar y desglosar estudios de hechos que a lo largo de la historia
de nuestros países se dieron en torno al Silala, como la agenda de 13 puntos
(2006) que particularizaba la discusión sobre la naturaleza de las aguas, que
en el contexto nuestro obedece a manantiales milenarios del territorio
boliviano.
La otra
lectura es que observamos contradicciones y ambivalencias que cambian de
comportamiento, en relación a la demanda anterior. A criterio del canciller
chileno era un comportamiento inamistoso que incomodaba a dos hermanos países,
pero ahora estos criterios parecen haberse cambiado y sobre esa base
consideramos que la decisión estratégica de Bolivia es invariable.
- El
presidente Morales anunció en marzo que tomaría cerca de dos años la
preparación de la demanda boliviana. ¿La acción chilena afecta ese plazo?
No, porque ya
hay una acumulación de estudios. Probablemente necesitemos hacer
complementaciones y, calculando los tiempos de los procesos que La Haya exige
en la acreditación de la gente y en establecer la memoria y la contramemoria,
hay un tiempo útil que nos va a permitir cumplir con nuestra agenda, la que ya
estaba dispuesta por nuestro presidente.
- ¿Cuáles son
los argumentos más fuertes de Bolivia que sustentan su tesis de que el Silala
es un manantial y no un río internacional?
Nuestra tarea
es demostrar que tenemos la verdad de los hechos. Hay una estructura natural
que en el lugar de los hechos va a a mostrar ocularmente que hablamos de aguas
que emanan de un manantial que está en territorio boliviano, a diferencia de la
pretensión forzada y tergiversada que con la demanda se intenta plantear, sobre
que el Silala es un río internacional.
- ¿Qué
opinión le merecen los argumentos planteados por Chile para considerar al
Silala como un río internacional?
Son muy
débiles, ausentes de fundamentación jurídica y con muchas distorsiones. Hay una
ausencia de estudios técnicos, aunque se dice que los hay, pero no parecen
mostrar suficiencia sobre lo que se presenta. Seguramente, buscando cumplir con
el procedimiento, va a haber mayores profundizaciones. No se menciona, y se
entiende porque así les conviene, la construcción de obras civiles en la zona y
el drenaje y la canalización de estas aguas, o el empedrado y la mampostería de
obras civiles, que tienen un propósito.
Todos estos
criterios nos muestran que una valoración técnica va a pesar mucho a la hora de
las definiciones.
- ¿Cree que
con el tema del Silala se podría producir una reacción similar a lo ocurrido
con la demanda marítima ante La Haya?
Primero,
haciendo hincapié en que son dos temas diferentes, estamos seguros de que una
inspección ocular en el lugar de los hechos les puede graficar de manera
incuestionable que estamos hablando de aguas producto de manantiales
milenarios. Cualquier ciudadano del mundo que pueda visitar el lugar va a
reconocer y abrazar esta deuda histórica que se tiene con nuestro país y va a
ser solidario con nuestra legítima posición de sentar soberanía sobre esas
aguas.
- ¿Algún
mandatario de la región le ha mostrado su apoyo en las últimas semanas?
Vamos a
desarrollar varias actividades, hemos tenido una tercera inspección con
representaciones internas. Tenemos el anuncio de nuestras propias
organizaciones sociales de sectores que están con el deseo de conocer estos
lugares, y creo que ese hecho va a gravitar un sentimiento unitario con el que
nos encontramos todos los bolivianos en torno a las aguas del Silala.
OPINION:
CHILE-BOLIVIA; GOBIERNO CHILENO DEMANDA A BOLIVIA
Hispan
Tv de Irán (www.hispantv.ir)
En una
estrategia destinada a adelantarse a la pretensión boliviana de emplazar a
Chile, en la Corte Internacional de Justicia de La Haya – CIJH – por las
denominadas Aguas del Silala, el gobierno chileno, decidió ser el primero
en dar un golpe jurídico y demandó a Bolivia.
Así, el
gobierno de Michelle Bachelet, gana el quien vive al gobierno de Evo Morales,
quien ya, el pasado mes de marzo, había anunciado que volvería a llevar a
Chile a los tribunales internacionales. La mandataria chilena, en la mañana del
lunes 6 de junio, declaró que su gobierno solicitaría a la CIJH, que se defina
la naturaleza de las aguas del Silala, consideradas por Chile como un Rio de
curso Internacional y por Bolivia como un Manantial. Recordemos que ambos
países ya se enfrentan en la CIJH, tras la presentación de Bolivia el año 2013,
para exigir a Chile que se siente a negociar con buena voluntad y seriamente
una salida soberana al Pacífico para la nación boliviana, perdida en la guerra
que enfrentó a ambos pueblos entre los años 1879-1881.
TU DEMANDA Y
OTRA MÁS
La mandataria
chilena señaló que “Nuestro canciller informará al país que hemos decidido
demandar a Bolivia ya que ellos insisten que el Silala son aguas de un
manantial. Nosotros sostenemos que es un río de internacional. La demanda es
para pedir que la Corte se pronuncie sobre si es un río internacional como
decimos nosotros. Hemos decidido tomar la iniciativa ya que creemos que en este
sentido han existido muchas acusaciones”. El informe del canciller chileno,
Heraldo Muñoz vino a los pocos minutos de terminada la entrevista de la
presidenta Bachelet “Chile no puede permanecer pasivo frente a la conducta del
gobierno de Bolivia. Por instrucción de la Presidenta de la república a esta
misma hora en La Haya, la Directora de la Dirección de Fronteras y Límites de
la cancillería, Ximena Fuentes, ha hecho entrega al Secretario de la Corte la
solicitud de la demanda chilena, para que se determine si el Río Silala es un
Río Internacional” afirmó el canciller chileno.
La demanda
chilena, según expresó Heraldo Muñoz se fundamenta en cinco puntos:
“solicitamos a la CIJH que decida si el Río Silala es un curso de agua
internacional, cuyo uso se encuentra regido por el derecho internacional.
Segundo, nuestro país tiene derecho a un uso equitativo y razonable de las
aguas del Río Silala conforme al derecho internacional. Tercero, bajo el
estándar de uso equitativo y razonable, Chile tiene derecho al uso que
actualmente hace de las aguas del Río Silala. Cuarto, Bolivia tiene la
obligación de tomar todas las medidas adecuadas, para prevenir y controlar la
contaminación y otras formas de daño a Chile, resultante de sus actividades en
las cercanías del Río Silala y quinto, Bolivia tiene la obligación de cooperar
con Chile y notificarle, oportunamente, de medidas que haya planificado y que
puedan tener un efecto adverso en los recursos hídricos compartidos, de
intercambiar ante decentes e información y de conducir, cuando sea apropiado un
estudio de impacto ambiental, para permitir a Chile, evaluar los posibles
efectos de estas medidas”. Como en el juego del Póquer, Chile le ha dicho a Bolivia,
tu demanda y otra más.
El pasado 26
de marzo el presidente boliviano, en una visita efectuada al Cantón Quetena, en
el marco de la inauguración de un conjunto habitacional, anunció que su
gobierno presentaría una demanda contra Chile por “el uso abusivo de las aguas
del Silala” . Como respuesta a esa declaración, el canciller Chileno, Heraldo
Muñoz, señaló que “no importa cuántas demandas interponga Bolivia en tribunales
internacionales, Chile no cederá territorio soberano. Que se entienda
bien, vamos a defender nuestros intereses nacionales con todo. Si se
materializa una demanda respecto al uso de las aguas del río Silala, en
cualquier momento Chile va a contrademandar a Bolivia”. El gobierno chileno no
esperó la acción bolivina y decidió cambiar su crónico comportamiento reactivo.
Exigido en ello por la necesidad de nuclear un apoyo político transversal
a un gobierno alicaído, golpeado por hechos de corrupción y el descrédito de la
política a los niveles más bajos de su historia.
De esta
forma, la histórica pretensión chilena, respecto a que no existen diferendos
con nuestros vecinos cae por su propio peso. Así se visualiza, que las fuertes
presiones que sufre el gobierno de Michelle Bachelet, con una administración
que transita por una de las peores crisis política e institucional desde el
retorno de la democracia en Chile el año 1990. Desde Bolivia, en una vuelta de
mano esperada, se analiza esta decisión del gobierno de la Nueva Mayoría de
acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como reflejo de la idea
de tener válvulas de escape de un mandato de gobierno que no remonta en sus
índices de apoyo.
Adelantándome
a la crítica de este argumento, por aquellos comentaristas dotados de mayores
niveles de chauvinismo surgen las interrogantes ¿No es así como suele
entender la diplomacia y los políticos chilenos los argumentos de Bolivia
referidos a nuestro país? ¿El asignar a las dificultades internas las demandas
y reivindicaciones ante organismos internacionales? Chile ha puesto en marcha
una operación diplomática destinada: primero, presentar su demanda antes que
Bolivia ante la CIJH. Segundo, poner así en el tapete de la discusión jurídica
internacional, el tema del uso y disfrute de las aguas del Silala y su
definición. Conceptualización necesaria, porque dependiendo de la manera del
cómo se le considere: un manantial, agua de bofedales o un Río de curso
internacional, se signará la valoración que se tiene de ese curso de agua, con
implicancias históricas, jurídicas, con derechos y obligaciones amparadas por
las leyes internacionales.
El gobierno
boliviano señala que el Silala, es un manantial surgido de 94 ojos de agua, que
no forma ningún flujo o curso que discurra a algún sitio determinado. Situadas
en el cantón Quetena, entre los puntos de límite del Tratado de Paz firmado
entre Bolivia y Chile a 5 kilómetros de la frontera con Chile. Consiste
en un afloramiento de aguas subterráneas, que forman vertientes con un caudal
promedio de 7 litros de agua por segundo y que tiene un sistema de canalización
construido hace más de un siglo por la compañía Inglesa The Antofagasta and
Bolivian Railway Company – hoy llamada Ferrocarril Antofagasta Chile –
propiedad de la multimillonaria Familia chilena de origen croata: Los
Luksic.
Familia que
se encuentra entra las 100 más ricas del mundo y cuyas raíces
también se hunden en Bolivia, nada menos que con Eduardo Abaroa Hidalgo,
considerado el principal héroe boliviano en la lucha para detener la invasión
chilena del litoral perdido en la Guerra que los enfrentó en la segunda mitad
del siglo XIX. Familia Luksic que además fue dueña, hasta el año 2015 de Aguas
Antofagasta, lo que implicó redes de alianza tejidas con los gobiernos
chilenos, ya sea en materias de privatización de las sanitarias y al mismo tiempo
garantizar la defensa del suministro de agua desde los manantiales del Silala,
utilizado también para sus inversiones mineras.
La mencionada
empresa The Antofagasta and Bolivian Railway Company se adjudicó el uso y
aprovechamiento de las aguas el año 1908. Principalmente para abastecimiento de
poblaciones del sector, riego, suministro de agua a las locomotoras de vapor,
como también para abastecer a las faenas mineras. Según consigna la
historiografía boliviana, la Prefectura de Potosí autorizó a la empresa anglo
chilena la construcción de canales para el suministro de las aguas de los
manantiales pero cuando la empresa cambió la maquinaria por motores diesel,
transfirió, unilateralmente el uso de las aguas a Chile. En junio del año 1997,
el gobierno boliviano, bajo Gonzalo Sánchez de Losada revocó la concesión al
considerar que las aguas del Silala no eran usadas para los fines originalmente
establecidos.
EL AGUA COMO
FUENTE DE CONFLICTO
Las aguas del
Silala, en la actualidad, son recolectadas en un estanque ubicado a 20 metros
de la frontera en territorio chileno, donde es concentrada y tratada. 8
kilómetros más abajo existe una represa donde se almacenan las aguas y llevada
mediante cañerías para surtir del preciado elemento a las ciudades y pueblos chilenos
de Calama, Chuquicamata, Antofagasta, Mejillones y Tocopilla. Para el
gobierno boliviano, el Silala nace y discurre en territorio boliviano, por
tanto se debe pagar por ese disfrute. Como parte de una política de cambiar
esa percepción y práctica de debilidad, el gobierno boliviano comenzó una lenta
campaña destinada a mejorar las condiciones de habitabilidad y uso de las aguas
del Silala. Instalando, por ejemplo, en el año 2013 una empresa de cultivos de
truchas, al mismo tiempo que un puesto militar avanzado en la zona.
Señalaba en
un trabajo anterior, a propósito de la disputa ad eternum entre
nuestros países, ya sea por el acceso soberano al Pacífico, la instalación de
bases militares o el uso de aguas como el Silala, que este tema ha estado
presente permanentemente Incluso existen documentos que avalan los compromisos
de acuerdo, como fue el caso del denominado preacuerdo de 2009, cuando el
gobierno chileno asumió el compromiso de pagar por el 50% de las aguas del
Silala y que Bolivia ha presentado como la base fundamental para sustentar la
demanda – a esta altura la defensa – ante la CIJH por lo que considera el uso
ilegal del recurso hídrico de los manantiales que fluyen en su territorio.
Para el
Ministro de Autonomías de la nación boliviana, Hugo Siles “El
acuerdo de 2009 es un reconocimiento tácito, un reconocimiento material de
Chile a pagar una deuda por concepto de consumo de usufructo de agua. Ese
acuerdo es la base fundamental para poder demostrar que hay un tema irresuelto
y pendiente que no ha tenido solución” según señaló este alto funcionario.
Fueron los actuales gobernantes Evo Morales, de Bolivia, y Michelle Bachelet,
de Chile, quienes al término de sus primeros mandatos, en noviembre de 2009
rubricaron un acuerdo inicial mediante el cual Chile se comprometió al pago del
50% del recurso hídrico hasta la realización de un estudio por el que Bolivia
buscaba el pago del 100%. El 50%, según el Gobierno, equivalía al pago de us$
15.000 diarios. Dirigentes cívicos de Potosí rechazaron el entendimiento tras
considerarlo insuficiente y el acuerdo no se llevó a la práctica.
En una
conversación sostenida con el ex Ministro de Hidrocarburos bajo el Primer
Mandato del presidente Evo Morales, el periodista y ex diplomático Andrés Soliz
Rada un lustro atrás, este señaló en forma clarificadora, que el
tema de la disputa por las aguas del Silala iba a adquirir enorme relevancia
entre Chile y Bolivia “porque el problema es tan lesivo para Bolivia que
aún si se tratara de un Río internacional, nada explica que Chile use de manera
gratuita y excluyente el total de las aguas del Quetena. Aún en la anterior
hipótesis, Bolivia tiene el derecho de propiedad del 50 % de esas aguas. Pero,
además, esos manantiales están ubicados en una de las regiones más secas del
planeta, donde no llueve casi nunca, razón por la que la acepción de Rio no
corresponde. Se trata más bien de aguas fósiles, que afloran por cambios de
temperatura. Si fuera Río internacional, ¿por qué Chile no canaliza los
manantiales en su propio territorio? ¿Por qué realizó obras de mampostería en
suelo boliviano para poder trasladarlas y realizar, también en suelo boliviano,
permanentes tareas de mantenimiento de los canales artificiales?...La debilidad
de Bolivia, sale a relucir al comprobarse que es incapaz de instalar una
hidroélectrica, una embotelladora de agua potable o desarrollar cultivos de
quinua o cría de camélidos. Mientras Bolivia no utilice en su territorio, por
lo menos la mitad de esas aguas, no modificará su debilidad negociadora”
Chile
requerirá de más gas y de agua, dos elementos que Bolivia tiene de sobra y que
se necesita con urgencia para la sedienta industria minera del norte chileno y lógicamente
para su población. No es casual que los analistas políticos internacionales
signen el problema del agua como una de las principales fuentes de conflicto en
la actualidad, en gran parte de los continentes. Chile
necesita urgentemente mantener abastecidas de agua todas sus ciudades,
ubicadas en el desierto más árido del mundo, como es el Atacama. La geopolítica
chilena tiene focalizada, sin distinción de partidos políticos, su atención
hídrica en el uso de las aguas del Silala, por sus características
inigualables: ser potable, limpia y no necesitar tratamiento químico o
biológico importante, como también porque se inscribe en las nuevas
orientaciones que los pensamientos centrados en el geopoder suelen analizar.
Hoy, tras 135
años del término de la Guerra que enfrentó a nuestros pueblos, nada indica que
nuestros desencuentros acaben de una vez: acceso soberano al mar, temas
fronterizos, uso de aguas sean estas de curso internacional o manantiales.
Bases militares, enclaves o puestos de avanzada. Cada uno de eso puntos muestra
que nuestras relaciones siguen turbias y que se requiere un cambio efectivo,
que supere odiosidades, resquemores, palabras altisonantes, agresivas o descalificatorias.
El Occidente boliviano, el norte chileno y el sur peruano se necesitan, como el
sediento requiere el agua, sin pensar si es de un Río o de un manantial.
A ORILLAS DEL SILALA, ALCALDE DE CALAMA INVITÓ A
CANCILLER Y PARLAMENTARIOS A VISITAR EL LUGAR
Esteban Velásquez reiteró al gobierno que aclare para qué
intereses se defienden estas aguas.
El Mercurio de Antofagasta (www.mercurioantofagasta.cl)
Llegar hasta el
hito en el que las aguas del río Silala, o Siloli, ingresan a territorio
chileno justo en la frontera con Bolivia, no es fácil.
Más de tres
horas de viaje desde Calama, por un camino en su mayoría de tierra, lleno de
curvas y pendientes que sólo se compensan con el hermoso e incomparable paisaje
tan característico de la zona cordillerana de la región.
A eso hay que
sumarle las gélidas temperaturas, los vientos que sobrepasan los 100 kilómetros
por hora y los síntomas que el cuerpo experimenta al estar a 4 mil 200 metros
de altura.
Aún así el
alcalde de Calama, Esteban Velásquez junto a su comitiva decidió acudir, por
segunda vez durante este año, a este lugar donde aprovechó la instancia para
invitar al canciller Heraldo Muñoz y a los parlamentarios, que integran las
comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, a que visiten el río
Silala y conozcan en terreno cuál es la realidad.
Esta visita y
también la invitación fueron hechas por el alcalde Velásquez en el marco del
anuncio de la demanda que el gobierno de Chile realizará ante La Haya, por el
derecho de uso de las aguas de este río internacional.
"Deben ser
muy escasos los parlamentarios y los integrantes del Poder Ejecutivo que
conocen la realidad. Algunos me parece que están trabajando desde sus
escritorios y no del conocimiento cabal de lo que implica estar en esta
zona", comentó el edil loíno.
Velásquez
agregó que espera que la eventual visita de las autoridades al Silala no sea
algo protocolar sino más bien "con el ánimo de modificar marcos que hoy
día regulan de mala manera y permiten que el agua se comercialice como
cualquier mercancía, como un par de zapatos", dijo.
Uso
Las aguas que
fluyen por el Silala, en su paso por Chile, son en su mayoría utilizadas por la
Empresa de Ferrocarriles Antofagasta - Bolivia (FACB), quienes la encausan a
través de una tubería que recorre la comuna de Calama.
Desde que uno
llega al sector, ya sea desde lado chileno como boliviano, son varias las
advertencias y señales que nos aclaran que esa agua es privada y tiene dueño.
Una de ellas
son dos letreros, justo al ingreso a Chile, uno que prohíbe pasar y otro que
dice que es un recinto privado.
En ese mismo
lugar se encuentra una especie de piscina donde comienza la captación de agua
para luego derivarla a las tuberías.
Eso sí, no toda
el agua va por los ductos, pues en el recorrido también es posible apreciar el
paso del río por el cauce natural e incluso visualizar la presencia de truchas.
Otra de las
señales está a casi un kilómetro de distancia de la frontera, al transitar por
el lado chileno. Allí una barrera de acero que está bloqueada con un candado,
cierra el paso de los vehículos que quieran llegar hasta el hito fronterizo.
Solo hay dos
copias de la llave que abre el candado, una en manos de Victorino, el único
residente del lugar que trabaja para el FCAB como cuidador y la otra a cargo de
carabineros de la Prefectura El Loa.
"Queremos
sensibilizar la demanda misma del gobierno, ir más allá", explicó el
alcalde quien además comentó que tanto el Gobierno como la Cancillería debieran
cambiar el enfoque.
Al respecto
complementó que, junto con respaldar plenamente la decisión de la Presidenta
Michelle Bachelet, con su demanda para definir que el Silala es un río
internacional "insistimos que estos intereses se defiendan para todos los
ciudadanos del norte de Chile donde clamamos por cada gota de agua que hay en
el desierto, pero que hoy está siendo entregada a las empresas mineras".
Velásquez
también hizo una invitación a la Mandataria para que esta demanda sea una
oportunidad para que "tenga una mirada superior" y que lidere cambios
sustanciales al interior del país "eso tiene que ver con que se regule
para que se recupere el agua se reformule el código de agua y por qué no,
renacionalizar el recurso hídrico que estamos defendiendo con bastante
fuerza".
CASA BOLÍVAR Y FORO DE SÃO PAULO: NEXOS ENTRE BOLIVIA Y
LOS CHILENOS QUE APOYAN ACCESO SOBERANO AL MAR
El Demócrata de Chile (www.eldemocrata.cl)
Al 1 de abril,
la encuesta Plaza Pública de Cadem refleja que sólo el 5% de
los chilenos daría mar con soberanía a Bolivia. Si bien son minoría
en Chile, quienes optan por apoyar la demanda marítima se han transformado en
acérrimos activistas, formando organizaciones como Casa Bolívar y entregando material
didáctico en eventos masivos con tal de enfrentar posturas con la causa que se
tramita en La Haya. Todo gracias al apoyo partidario otorgado por
el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Revolución Democrática,
Izquierda Ciudadana, Partido Comunista, Partido Socialista y Partido
Humanista. ¿Qué tienen en común? Todos
ellos forman parte del Foro de São Paulo, organismo que articula a la izquierda
en Latinoamérica, y que en su última declaración, en agosto de
2015, decidió abogar por “una solución a la justa demanda boliviana de acceso
soberano al mar”.
Aprovechando su visita al cambio de mando en el que asumió por segunda
vez Michelle Bachelet, el Presidente boliviano, Evo Morales, asistió al I
Encuentro por la Unidad de los Pueblos. “‘¡Mar
para Bolivia!, ¡Mar para Bolivia!”, coreaban las cerca de 7 mil personas que
llenaron el Teatro Caupolicán en marzo de 2014. Se trató del primer
acercamiento entre Bolivia y los chilenos que apoyan la demanda marítima del
país altiplánico, en un evento organizado por el Centro Cultural Casa Bolívar, Unión Nacional Estudiantil (UNE), Red
Libertaria, movimiento de Pobladores Ukamau, entre otros.
El Centro Cultural Casa Bolívar es una organización que
desde 2011 ha fortalecido lazos con Bolivia a través de la
Articulación Continental de Movimientos hacia el ALBA, que
pretende “construir plataformas nacionales y coordinar un proyecto
político emancipador”, según consigna en su sitio oficial. La organización es
liderada por Roberto Muñoz,
miembro del Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPMR) y director del
Centro de Estudios Francisco Bilbao. Desde esta plataforma,
intentan reivindicar la lucha del pueblo boliviano entre los chilenos.
Chilenos con
Evo Morales
El 3 de octubre
de 2014, Casa Bolívar, Unión Clasista
de Trabajadores, Movimiento de Pobladores Ukamau, Izquierda Popular Estudiantil
y el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez se reunieron con Evo Morales en el
Palacio Quemado. En el encuentro, las organizaciones llevaron
al líder boliviano una copia de la carta que habían entregado a Michelle
Bachelet, en la que solicitaban una salida soberana al mar para el país vecino.
Doris González, presidente de Ukamau
y candidata a alcaldesa en la comuna de Estación Central, asistió a la cita en
la que según declaró “le expresamos
nuestra intención de que se fortalezca el diálogo entre ambos países y que
nosotros creemos que una salida soberana al mar para el pueblo boliviana es legítima”.
Gonzalez dijo
además que que Ukamau y los demás movimientos que participaron del evento
mantienen fuertes relaciones con
organizaciones de Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba y
Ecuador.
A ellos se
suman el Movimiento de Izquierda Revolucionaria
(MIR), Revolución Democrática, Izquierda Ciudadana, Partido Comunista, Partido
Socialista y Partido Humanista. ¿Qué tienen en común? Todos ellos forman
parte del Foro
de São Paulo, organismo que articula a la izquierda en
Latinoamérica, y que en su última declaración, en agosto de 2015, decidió
abogar por “una solución a la justa
demanda boliviana de acceso soberano al mar”.
De igual forma
destaca el caso del alcalde de
Iquique, Jorge Soria, que en 2015 pertenecía al Movimiento Amplio Social
(MAS) —ahora independiente—, dijo en
ese entonces que “es posible una franja con soberanía a Bolivia”.
El polémico
“Libro del Mar”
En la Feria del
Libro 2016 de La Serena, realizada entre el 29 de enero y el 14 de
febrero, los miembros de Casa Bolívar
aprovecharon la oportunidad para repartir el Libro del Mar, elaborado por el Gobierno de
Bolivia para mostrar su postura con respecto a la demanda en La Haya.
Aunque el municipio se los prohibió, desde la organización cuentan que lograron
entregar 200 ejemplares en la Plaza Gabriel González Videla.
Pero el aporte
literario va más allá. Desde el 26 de abril, en las estanterías del Centro
Cultural Casa Bolívar se promociona el
libro “Antología: Hacia el gran Ayllu universal” de Álvaro García Linera,
actual vicepresidente de Bolivia, que ha acompañado a Evo Morales
en el Palacio Quemado desde 2006.
BOLIVIA
ANTE EL RETO DE ACABAR CON LA IMPUNIDAD EN LA JUSTICIA
El
Gobierno de Evo Morales celebra una cumbre para reformar el sistema. Entre 2015
y 2016 han sido destituidos más de 80 fiscales implicados en hechos de
corrupción e incumplimiento de deberes.
La
Marea de España (www.lamarea.com)
Por Víctor Burguete.- La justicia ha sido uno
de los mayores dolores de cabeza durante los diez años de gestión del
presidente Evo Morales en Bolivia. La impunidad, la ocultación y pérdida de
pruebas en procesos de investigación, la desaparición de expedientes, los
sobornos y la corrupción se han convertido en la tónica general de los procesos
judiciales en el país suramericano.
Para tratar
de remediarlo, el país andino celebra este fin de semana una cumbre en un
momento en el que el sistema judicial está más cuestionado que nunca. La ONU lleva años alertando sobre los problemas
estructurales de la administración de justicia en Bolivia, una situación
que, según el organismo internacional, se ha agravado en el último año.
“Estas
deficiencias, que aún no se han corregido, continúan siendo un reto para
Bolivia a pesar de que la reforma de la Justicia empezó hace más de cinco
años”, señaló Denis Raicot,
representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos en la presentación del último informe sobre los derechos
humanos en el país.
En esta
cumbre, que se celebra en la ciudad de Sucre, no participan jueces, fiscales ni
magistrados sino todo tipo de organizaciones sociales y víctimas de los
supuestos abusos del sistema. La oposición ha criticado esta reunión porque
considera que está manipulado por los partidarios de Morales.
En el año
2011, el Gobierno de Morales llevó a cabo una reforma judicial en la que los ciudadanos eligieron por voto directo
a los magistrados del Poder Judicial. Sin embargo, esta medida no fue
suficiente para acabar con la enfermedad crónica que arrastra la justicia en el
país. El propio Morales ha reconocido en numerosas ocasiones las falencias
del sistema judicial y lo ha calificado como “lo peor” dentro de las
estructuras del Estado boliviano.
Consciente de
esto, el Gobierno convocó a una Cumbre Judicial que se debía celebrar el 16 y
17 de abril en Sucre, la capital constitucional del país y sede del Órgano de
Justicia. Esa fecha fue pospuesta para el 1 de junio bajo el pretexto de tener
una mayor participación; sin embargo, la semana pasada el transporte bloqueó las principales carreteras del país para
pedir una reducción de impuestos por lo que la cumbre tuvo que ser aplazada
nuevamente para el 10 y 11 de junio.
Desaparición de pruebas
Uno de los
casos más emblemáticos ha sido el de la desaparición del periodista Cristian
Osvaldo Mariscal, el 19 de enero de 2013 en la ciudad de Tarija, al
sur del país. La última vez que se le vio con vida fue en la casa de su
expareja, lugar en donde la propia exnovia, y principal sospechosa, declaró que
habían mantenido una discusión esa misma madrugada.
En casa de la
joven encontraron muestras de sangre pero esas muestras se perdieron, al igual
que las pericias informáticas de los mensajes de texto entre la acusada y su
entonces pareja, en el transcurso de la investigación.
El abogado de
la familia asegura que estas irregularidades no son fruto de la casualidad sino
que forman parte de la corrupción y
sobornos generalizados a policías, investigadores y fiscales que han
originado la prolongación del proceso durante casi dos años.
“Hemos
hablado con otros abogados para ver qué se puede hacer, sin tener mucho la
esperanza de que cambien las cosas en este país. Estamos siguiendo la línea de
fundamentar las causas en torno a la vulneración de los derechos de muchas
personas para acudir a las instancias internacionales”, indica Tamer Medina,
abogado de la familia del caso Mariscal.
Otro de los
casos más mediáticos en el país ha sido la muerte de la joven Andrea
Aramayo, hija de una reconocida periodista boliviana, que fue atropellada por su exnovio a la salida de
una discoteca en la ciudad de La Paz.
El caso, que
todavía no ha sido resuelto, ha encendido las alarmas puesto que, según el
informe del Instituto de Investigaciones Forenses boliviano, fue la joven la
que se abalanzó sobre el vehículo y no su expareja quien la atropelló.
Mercantilización del acceso a la justicia
Para la
activista y expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia Yolanda Herrera, la impunidad en Bolivia radica en un problema
estructural de todo el sistema judicial. “El sistema de administración de justicia en nuestro país está enfermo.
Toda la estructura que tiene desde el momento que se presenta un memorial es
como un encadenado y en algunos de estos puntos hay vacíos. Son puntos negros
de corrupción que se nutren de influencias para cambiar la imputación, para
demorar el juicio o incluso para suspender la audiencia. No ha habido la
capacidad del Estado boliviano para hacer una justicia con profesionales que no
solo tengan capacidad legal sino que además tengan una conciencia ética”,
lamenta.
Esta
situación, subraya la activista, se ha agudizado en los últimos años y ha
convertido el acceso a la justicia en
“una actividad mercantilista”.
Fiscalía
Las sospechas
de corrupción apuntan a todo un entramado policial pero ponen el foco en las
fiscalías regionales y en el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero. De
hecho, su hermano fue acusado de haber abusado sexualmente de 12 menores
aprovechando su puesto de trabajo como profesor, sin embargo, la causa en su
contra fue archivada ante la indignación de la Defensoría del Pueblo y de las
distintas asociaciones defensoras de los derechos humanos.
Esta
impunidad ha beneficiado a varias autoridades acusadas de abusos sexuales en
otros puntos del país y que o no han sido castigadas, o sus procesos
continúan estancados a la espera de que las irregularidades tapen su
culpabilidad. No en vano, Bolivia es, según la ONU, el país latinoamericano con
mayor índice de violencia machista y el segundo en violencia sexual por detrás
de Haití.
“Bolivia está
sufriendo todos los avatares de una mala administración de justicia.
Hacinamientos en las cárceles, detenciones preventivas superiores al 80 por
ciento, personas desaparecidas sin una efectiva investigación…Todo esto hace
que la trata y tráfico de personas en Bolivia esté teniendo una mayor actuación
en los últimos años”, puntualiza la ex presidenta de la Asamblea Permanente de
Derechos Humanos.
Los actos
irregulares en las distintas fiscalías de Bolivia han provocado que solo entre 2015 y 2016 hayan sido destituidos más
de 80 fiscales implicados en hechos de corrupción e incumplimiento de deberes.
Sin ir más lejos, la segunda semana de abril fueron destituidos siete fiscales
de distintas regiones del país.
El caso Zapata
El caso
Zapata se ha convertido en la mayor novela mediática del país altiplánico de
los últimos tiempos. Gabriela Zapata saltó a los medios de comunicación por
favorecerse supuestamente de sus vínculos con el presidente boliviano, con
quien supuestamente tuvo un hijo que nunca salió a la luz, para tejer contratos entre el Estado y una
empresa china por valor de 500 millones de dólares. El revuelo
causado le costó a Morales la derrota en el referéndum de febrero con
el que pretendía habilitarse para las elecciones de 2019.
Actualmente,
la expareja de Morales se encuentra en prisión acusada de los delitos de
asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, uso indebido de
influencias, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, falsedad
material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado y ventajas
ilegítimas.
El caso ha
salpicado también a los abogados de Zapata, quienes se encuentran detenidos. A
uno de ellos, Eduardo León, se le ha retirado incluso el título de abogado.
Presidente
de YPFB llegó de incógnito a nuestro país
BOLIVIA
PRETENDE ROMPER CONTRATO DE PROVISIÓN DE GAS Y ALZAR PRECIO 51%
El
presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),
Guillermo Achá Morales, llegó de incógnito al país para imponer un nuevo precio
del gas licuado de petróleo (GLP), con suba del 51% con relación a la tarifa
pactada, y que ahora pretende modificar unilateralmente. Esto implicaría un
ajuste para las amas de casa de G. 800 por kilo (G. 8.000 por garrafa de 10
kilos). Y este gobierno pretende atarnos a ellos durante 20 años.
ABC
de Paraguay (www.abc.com.py)
El ejecutivo
boliviano se molestó por nuestra presencia en sede de la reunión, que creíamos
en principio era por otros motivos.
Se negó
rotundamente a responder preguntas y hasta se enfadó por las fotos, que es
habitual en este tipo de encuentros, y definitivamente no quiso que trascendiera
el motivo de su presencia en Paraguay.
Guillermo L.
Achá Morales, presidente ejecutivo de YPFB, y tal vez uno de los hombres más
influyentes del gabinete de Evo Morales, vino al país para intentar modificar
unilateralmente un pacto al que arribó con los importadores locales del gas,
cuya vigencia va de marzo a agosto venidero.
Bolivia
plantea un incremento en el precio a las mayoristas paraguayas, lo que
representa 51% de variación, por el ajuste de US$ 130 por tonelada métrica que
quieren alzar. Esto se traduciría en un aumento para el público de G. 800 por
kilo (G. 8.000 por garrafa de 10 kilos), lo que es significativo, por tratarse
de un combustible muy sensible. El motivo esgrimido para la suba es la
exigencia de una mejora en los precios por parte “del ente regulador”.
Paraguay
depende exclusivamente en este momento del gas boliviano, que es nuestro único
proveedor, ya que Argentina no tiene excedentes en esta época invernal, por lo
que Bolivia hace lo que quiere con los contratos que firma.
También
podría tratarse esto de una maniobra para que Petropar ingrese al sector “para
salvar la situación”, ya que esto es un interés manifiesto de este gobierno,
operar en el rubro con Bolivia y para ello rubricó el acuerdo marco energético
con Bolivia, para que Petropar importe exclusivamente GLP del vecino país
durante 20 años. Este proyecto está a punto de convertirse en ley en el
Congreso Nacional.
Leite mintió
Días atrás,
el ministro de Industria, Gustavo Leite, dijo que el acuerdo con Bolivia era
“ampliamente beneficioso para Paraguay” y anunció incluso que Petropar venderá
garrafas “a tan solo G. 50.000”, y citó que el sector privado vende “entre G.
60.000 y G. 90.000”. Ayer, le consultamos al titular de YPFB si hablaron del
tema precio con Petropar para la provisión del gas, y lo único que nos
respondió fue que “no se habló de precio con Paraguay”. De este modo, queda
claro que Leite mintió a la población en su intento por convencer sobre las
bondades del acuerdo.
BOLIVIA, LA CUARTA PROVINCIA VASCA
Los ciudadanos bolivianos residentes en Euskadi son los
que más acceden a la nacionalización por residencia: uno de cada cuatro
extranjeros que la obtuvieron en 2015 procedían del país andino.
El Diario de España (www.eldiario.es)
Un total de
3.845 extranjeros residentes en Euskadi obtuvieron la nacionalidad española por
residencia el año pasado. De estos, casi 1.000 eran ciudadanos de Bolivia. O
mejor, dicho ciudadanas. Porque, en realidad, son ya más mujeres que hombres
extranjeros los que acceden a la nacionalidad española: 1.536 hombres por 2-309
mujeres. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde
2002 a 2013, unos 35.000 extranjeros se han nacionalizado por residencia en el
País Vasco. Y todos ellos con derecho a voto en cualquier consulta electoral.
El principal
nicho de empleo para las mujeres extranjeras es el servicio doméstico, aunque, muchas veces, no en las mejores condiciones. En la
actualidad, la mitad de las empleadas domésticas son inmigrantes. Y de estas,
un 50% (por horas o internas) tienen bajos salarios y perciben la mitad de
sueldo de lo que cobran otras mujeres empleadas en servicios sociales formales,
según recoge un informe de Emakunde que saca los colores sobre las condiciones
laborales de un sector conformado en Euskadi por 30.000 personas.
Por lugar de
procedencia, de las 3.845 nacionalizaciones por residencia 2.674 correspondían
a personas procedentes de Centroamérica y Sudamérica. Otras 86 eran de la Unión
Europea y 909 procedían de África.
Una de las
formas de obtención de la nacionalidad es por residencia, la cual exige
la residencia de la persona en España durante 10 años de forma legal,
continuada e inmediatamente anterior a la petición. Existen casos en los que el
período de residencia exigido se reduce. Por ejemplo, se piden cinco años para
la concesión de la nacionalidad española a aquellas personas que hayan obtenido
la condición de refugiado; dos años para los nacionales de países
iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de
origen sefardí y un año para los que hayan nacido en territorio español (entre
otros requisitos).
PRODUCCIÓN, PALABRA DE ORDEN DE MINERA ESTATAL BOLIVIANA
COLQUIRI
Prensa Latina de Cuba (www.prensa-latina.cu)
Por Joel Michel
Varona.- Los trabajadores de la Empresa Minera Colquiri (EMC), ubicada a 70
kilómetros del departamento de Oruro, tienen como prioridad elevar la
producción para mantener los niveles satisfactorios alcanzados en diferentes
ámbitos.
En ese sentido,
el gerente general de la EMC, David Alejandro Moreira, explicó que el sector
minero recibió el impacto de la caída de los precios en el mercado
internacional, pero no obstante la palabra de orden es producir.
Es cierto que
la cotización de zinc y estaño tocó fondo, pero nosotros contamos con un
estudio de contingencia y estamos listo para seguir adelante con nuestras
proyecciones, aseguró Moreira a la prensa que visitó la mina.
Nuestro
objetivo es tener una producción sostenible, reducir costos y como bien se dice
en el argot minero, no afectar el bolsillo de los trabajadores, señaló el
ingeniero.
En casi cuatro
años -precisó Moreira- alcanzamos la cifra de 53 millones de dólares en
utilidades y hemos reinvertido 43 millones de dólares.
De irnos bien
este año pensamos obtener ganancias por un valor de 12 millones de dólares y en
un futuro podemos ganar mucho más y con tranquilidad, estaremos en condiciones
de costear una nueva planta de 75 millones de dólares, manifestó Moreira.
Lo que produce
nuestra empresa es estaño y zinc en concentrado, el primero en su totalidad lo
vendemos a la fundición Tinto y el zinc lo exportamos a China, dijo Moreira.
Las inversiones
actualmente están dirigidas a proyectos de exploración, obras civiles y la
compra de equipos y maquinaria, mencionó el especialista.
Detalló, por
ejemplo, que en 2013 se invirtió 12 millones de dólares, en 2014, 15 millones y
se estima que, en 2016 sean 13 millones, es decir que desde la nacionalización
de EMC por este concepto se movieron más de 40 millones de dólares.
El directivo
explicó que las nuevas exploraciones que se realizan dan cuenta de grandes
cantidades de zinc, las cuales serán destinadas al nuevo horno fundidor de
Vinto, en Oruro.
La EMC inicio
las operaciones mineras el 22 de junio de 2012 tras la recuperación de los
recursos naturales en beneficio del Estado boliviano mediante el decreto 1264.
Teniendo como
principio la innovación tecnológica, el cumplimiento de las metas y garantizar
estabilidad laboral. Otros pilares de la entidad -líder de la minería estatal-
son la producción, la responsabilidad social y la seguridad industrial
respetando las normas medioambientales.
La EMC
constituye una empresa pionera y es referencia a nivel nacional demostrando
resultados óptimos con una administración eficiente, eficaz y transparente
logrando ubicarse en el sitial de empresa exitosa.
EL FUTURO SEGÚN EDMUNDO PAZ SOLDÁN
El escritor boliviano regresa al mundo de fantasía de
'Iris' con los relatos reunidos en 'Las visiones', influidos por Ballard y
William Gibson.
El Mundo de España (www.elmundo.com.es)
El permiso de
un soldado de abandonar el frente tiene por objeto una visita al hospicio donde
se apaga su hermano. Se apaga entre la descomposición mutante de sus huéspedes,
pero también la de un mundo extraño que parece acercarse lentamente -y entre
recuerdos de una infancia malograda a las puertas de un presidio en tierra
ocupada- a un crepúsculo final. Y en ese melancólico ocaso nada tiene sentido,
ni siquiera el desfogue de una guerra absurda, como todas.
De eso trata
Luk, uno de los 14 relatos que componen Las visiones (Páginas de
Espuma), el mismo que dio origen al libro. Lo escribió Edmundo Paz Soldán
(Cochabamba, Bolivia, 1967) casi sin darse cuenta, mientras trabajaba en Iris
(2014), pensando que formaba parte de su última novela. Al caer en la cuenta de
la autonomía de esa historia la dejó aparcada, y tras la publicación de la
novela llegaron las demás: la de un científico que experimenta armas
químicas con su propia gente, la de otro soldado con un ataque psicótico,
la de una niña capaz de predecir el futuro...
Para los
lectores de la última novela del boliviano, el mundo futurista y fantástico
en el que se ambientan estos cuentos resultará familiar, porque habitan el
mismo planeta de Iris. Pero más que una continuación o una segunda parte en
relatos, se trata de un cambio de enfoque. «Más que una secuela es una
consecuencia natural», dice Paz Soldán. «Los cuentos me permitieron entrar a
temas más sutiles de la vida cotidiana de esa gente que vive en una zona de
ocupación y guerra», añade, «porque había varias cosas de este mundo que
necesitaba seguir explorando».
Mucho más amigo
de los libros de relatos entrelazados con eje temático e hilo conductor, que de
simples compilaciones de cuentos, el autor de Amores imperfectos (1998)
cayó en la cuenta de que tenía entre manos una de esas obras que prefería con
el relato homónimo Las visiones. «Con la primera frase de este cuento
sentí que tenía la puerta de entrada no sólo al mismo relato, sino a todo el
libro», recuerda.
Y de allí, de
algún modo, el narrador boliviano cobró conciencia de ese centro oscuro en
torno al cual giraban todas las breves piezas narrativas. Un eje temático que
tiene muy poco de motivo futurista o de argumento de la ciencia ficción, más
bien pasa por un síntoma de nuestras sociedades actuales. Se trata de la
«disgregación social de una comunidad rota», explica, «y el sueño o el proyecto
de retorno hacia una comunidad unida como tal». Un anhelo con el que se
enfrentan todos los personajes contra dos fuerzas contrapuestas: por un lado,
«las fuerzas de la corporación y el imperio de ocupación», y por el
otro, «un mundo hostil y la consciencia de la finitud».
Lo cierto es
que Edmundo Paz Soldán se sirve de la ciencia ficción y el fantástico para
trabajar paradójicamente sobre cuestiones de nuestro tiempo y de una manera
completamente realista o simbólica si se quiere.
«Cuando me
imaginaba el futuro de Iris tenía en mente lo que dice William Gibson sobre
el futuro: que ya ha llegado, pero no está distribuido de un modo homogéneo»,
explica. «No se trata tanto del avance del desarrollo tecnológico, como de la
exacerbación de nuestros mismos problemas: una sociedad con bolsones de
modernidad y tecnología a diez minutos de coche de precariedades de todo tipo».
No sorprende
entonces que lo que le atrape del género es «la extrapolación de cosas que
suceden dentro de medio siglo para hablar de lo que ocurre hoy», dice el
narrador que revindica «más la mirada exacerbada, que el género».
Una mirada que,
puntualiza, «en los escritores de género que me interesan como Ballard o Dick,
tiene un contenido político muy alto», concluye el escrituro que ahora trabaja
una novela realista ambientada en una particular prisión boliviana, «como
antídoto» después de cuatro años de habitar el futurista mundo de Iris.
BOLIVIA REGULARÁ SERVICIOS DE CHAMANES Y BRUJAS
La iniciativa surge tras una denuncia de un hechizo
amoroso que costó mucho dinero y no tuvo efecto
http://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/06/09/bolivia-regula-servicios-chamanes-y-brujas/
El viceministro
boliviano de Defensa del Usuario y Consumidor anunció que elaborará un
reglamento para regular los servicios que prestan chamanes, curacas y brujas en
ese país.
El viceministro
Guillermo Mendoza señaló este miércoles que personas que ofrecen esos servicios
esotéricos, en muchas ocasiones, presentan publicidad engañosa, sobretodo en la
prensa escrita.
Informó que la
iniciativa surgió luego de una denuncia inusual contra un curaca que cobró
17.000 bolivianos (US$ 2.469) por unos servicios que no dieron
resultado.
“En los
próximos días estamos sacando una reglamentación con la finalidad de darles un
plazo de horas para que cambien los artes que lanzan por los medios de
comunicación o por las redes sociales, porque de lo contrario están
infringiendo la ley. Por lo tanto, el Viceministerio va caer con todo su rigor
contra ellos (…). Consideramos que es necesario tener reglas del juego, aunque
la fe y las creencias son muy difíciles de medir”, explicó.
El curaca que
fue denunciado prometió realizar un supuesto “amarre poderoso” para que
retornara la pareja del cliente que pagó tal suma de dinero. Sin embargo, los
esfuerzos y brujerías no lograron el objetivo.
A consecuencia
de ese caso, Mendoza dijo que se realizó un debate interno en el viceministerio
a su cargo para ver las formas de regular esos servicios, tomando en cuenta que
algunos chamanes, curacas o brujas, engañan y estafan a las personas que
contratan sus servicios.
Agregó que el
reglamento se podría denominar protección del usuario de la creencia y de la
fe.
“¿Cómo
podríamos establecer las notas sobre lo que uno cree? Es bastante imposible por
la subjetividad del tema. (…) Consideramos que los usuarios de la fe y de la
creencia también necesitan ciertas seguridades”, subrayó.
No obstante,
dijo que el Viceministerio de Defensa del Consumidor puede solicitar a curacas,
chamanes y brujas, que retiren de los medios de comunicación y las redes
sociales la publicidad engañosa, en la que inducen a la población a solicitar
sus servicios, prometiendo ciertos efectos que no cumplen.
“Tenemos un
rango de sanciones claramente establecido en la ley y en relación a la
publicidad engañosa son claras nuestras multas: pueden ir en las escalas grave,
muy grave y flagrante”, señaló.
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