BOLIVIA VE ARGUMENTOS FALSOS EN ALEGATOS DE CHILE

A Bolivia no le preocupa para nada los dos argumentos que Chile expondrá en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para intentar limitar la jurisdicción del tribunal. La Paz desacreditó los alegatos del vecino país y los calificó de “falsos” y “equivocados”.

Las respuestas a Santiago están concluidas -solo falta pulir algunos elementos- y serán presentadas al presidente Evo Morales el 3 de abril en Santa Cruz. En esa fecha, el mandatario presentará a la ciudadanía al equipo de abogados internacionales que diseñaron la demanda.

El procurador general del Estado, Héctor Arce, aseguró que Santiago “se equivocó” en los argumentos que intentan limitar la jurisdicción de la CIJ. El Pacto de Bogotá y el Tratado de 1904 son los pilares de las objeciones del vecino país. “Chile parte de una premisa totalmente falsa, de que nosotros queremos modificar o cambiar el régimen establecido en el Tratado de 1904 y eso es totalmente falso. Chile está desubicada en su objeción porque parte de una premisa totalmente falsa y equivocada”, respondió Arce a EL DEBER.

La base chilena

Santiago antepone lo que dice el artículo 6 del Pacto de Bogotá. “No podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.

Según la cita del pacto, no se permite usar los medios de solución de controversias establecidos (entre ellos la CIJ) cuando se trata de asuntos ya resueltos por tratados anteriores al 30 de abril de 1948. Es aquí donde ingresa el Tratado de 1904. Este documento sentenció los límites entre Bolivia y Chile después de la denominada Guerra del Pacífico.

“Lo que se ha demandado no está resuelto por ningún tratado (incluido el de 1904), no tiene nada que ver con ningún tratado y es una materia estrictamente para el conocimiento y de competencia de la CIJ, por lo tanto Chile está equivocado en su planteamiento y eso lo haremos notar con toda la solvencia del caso”, explicó el procurador.

Para el agente chileno, Felipe Bulnes, los alegatos de su país “están bien sustentados” e insistió en que La Paz intenta “alterar” fronteras con la modificación del Tratado de 1904.

El diputado chileno Jorge Tarud dijo que “tiene toda la confianza” en que la CIJ determinará paralizar la demanda al determinar su incompetencia.

Esa no es la percepción de Jorge Gonzales, presidente del Senado, quien dijo que “Bolivia tiene toda la razón y existe sustento jurídico en nuestra demanda marítima”

BOLIVIA TIENE "VETA JURÍDICA" QUE SUSTENTA DEMANDA MARÍTIMA CONTRA CHILE EN LA HAYA

El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó que Bolivia tiene una "veta jurídica" para sustentar la demanda que presentó en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya contra Chile para lograr una salida soberana al mar mediante el diálogo.

A dos semanas de conmemorar el Día del Mar, Arce dijo que Bolivia ya no se conformará simplemente con recordar la pérdida de su Litoral, sino, será una oportunidad propicia para proclamar que "por historia, por justicia y por derecho" los bolivianos un día volverán al océano Pacífico con una salida soberana.

"Los bolivianos vivimos una extraordinaria esperanza, hemos encontrado una veta jurídica absolutamente correcta (...), respaldada fuertemente en los grandes avances que ha tenido el derecho internacional hasta el momento", dijo.

"Una veta jurídica para que nosotros ejerzamos el derecho, no la aspiración, el derecho que tenemos de retornar al Pacífico a través de un acceso plenamente soberano y esto mediante el diálogo, una negociación con el Estado chileno" complementó Arce.

Bolivia presentó en abril de 2013 ante la CIJ una demanda en contra de Chile en busca de un fallo que obligue negociar la petición boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico.

Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio en 1879 después de una invasión y conflagración bélica que inició Chile.

La demanda boliviana "tiene como fundamento una serie de acuerdos logrados con el gobierno chileno, una serie de actos unilaterales del gobierno chileno que ha reconocido el derecho que tiene el Estado boliviano de obtener un acceso plenamente soberano al océano Pacífico", argumentó Arce.

El Procurador lamentó que el Gobierno de Chile intente desconocer la competencia del más grande Tribunal de Justicia que ha construido la humanidad para la solución de controversias entre Estados de forma pacífica.

"Ha objetado la jurisdicción (de la CIJ) en base a mentiras. Ha dicho que nuestra demanda se basa en el Tratado de 1904, absolutamente falso; ha dicho que nosotros queremos alterar la estabilidad de las fronteras, totalmente falso (...). Ha dicho que Bolivia pretenden desconocer los tratados y ante eso le respondemos con una veracidad absolutamente incontrastable, más bien lo que Bolivia plantea es que Chile cumpla todos sus compromisos y acuerdos que tiene con Bolivia", remarcó.

Bolivia y Chile expondrán del 4 al 8 de mayo sus alegatos de forma oral sobre la objeción preliminar que presentó el Gobierno chileno a la competencia de la CIJ.

CHILE Y BOLIVIA: LA OPCIÓN DEL PRAGMATISMO CONSTRUCTIVO

El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl/opinion)

                                                                                 

La relación bilateral entre Chile y Bolivia confronta un momento muy complejo.  La voluntad política y el pragmatismo que pusieron  en juego en su momento los presidentes Lagos y Mesa, y que se plasmo en la “agenda sin exclusiones”, fue el antecedente necesario para que más tarde la presidenta Bachelet y el presidente Morales concibieran y plasmaran “La Agenda de los 13 puntos”, cuestión de la mediterraneidad boliviana incluida.

Esa agenda inclusiva constituyó el punto más alto de un ambiente de diálogo constructivo que se abrió paso en la relación bilateral. Por fin, el entendimiento entre chilenos y bolivianos parecía comenzar a ser la tónica luego de largas décadas de  frialdad y  distanciamiento.

El punto de quiebre de las confianzas mutuas lo constituyo la unilateral presentación de la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Aunque es preciso recordar,  que un conjunto de eventos previos, los cuales agredieron profunda y extensamente la relación mutua, todos acaecidos bajo la administración del presidente Sebastian Piñera, habían atizado desde antes la discordia reciproca.

Una contienda legal de la especie que hoy confrontamos chilenos y bolivianos en la CIJ   equivale a admitir la propia impotencia para examinar la cuestión de la demanda marítima boliviana como lo que efectivamente es: un asunto eminentemente político y para nada jurídico. El cual por lo mismo debiera ser abordado mediante los recursos de la política y la diplomacia, pues no será ahora ni nunca  un tribunal el que provea una solución práctica, mutuamente beneficiosa y por lo mismo recíprocamente aceptable y satisfactoria para esta controversia más que centenaria.

Autoridades bolivianas han notificado urbi et orbi, y en un tono no exento de dramatismo, que jamás abandonarán su reclamo por una salida soberana al Océano Pacifico. Y ese anuncio debe ser asimilado como lo que es: una declaración de voluntad definitiva y permanente que se coloca incluso más allá de cualquier hipótesis de lo que pueda ser el veredicto de la CIJ.

Es forzoso preguntarse entonces si acaso es lógico y conducente a alguna clase de fines, consentir que las relaciones entre Chile y Bolivia queden globalmente supeditadas a la cuestión del juicio en La Haya.

Es ilusorio y antojadizo imaginar que, demanda mediante, Chile y Bolivia se habrían quedado sin temas de diálogo y negociación constructiva. Cuestión que como resulta obvia para dos países que comparten una extensa frontera, podrá estar muy cercana y atingente a los climas de la política y la diplomacia coyuntural, pero muy alejada de la realidad sobre el terreno y de los requerimientos estratégicos mutuos.

Lo aconsejable y lo imperioso consiste en actuar con frialdad y realismo, para rescatar lo rescatable de la agenda de los 13 puntos. Y aquello incluye todos y cada uno de los asuntos allí consignados, con la obvia excepción de la cuestión de la mediterraneidad, la cual Bolivia por propia voluntad ha resuelto colocar fuera de su propio alcance y por consiguiente también del nuestro.

Encapsular la cuestión de la mediterraneidad bajo una formula mutuamente convenida, reconocer que la densa agenda bilateral posee complejidades diversas y por lo mismo velocidades y ritmos distintos en sus posibilidades de acuerdo y concreción, constituyen asuntos sobre los cuales a chilenos y bolivianos nos convendría coincidir.

Para que los diplomáticos y negociadores puedan hacer su tarea en lo que les concierne, y los juristas puedan hacer lo suyo, separadamente, es preciso trabajar en la creación de una nueva y más positiva atmósfera. Y por cierto, a este objetivo, en nada contribuyen las declaraciones destempladas en que se prodigan las autoridades bolivianas y menos las operaciones comunicacionales del tipo del inserto de prensa que conocimos el pasado domingo.

GUILLERMO HOLZMANN: “SERÍA INCOHERENTE DE PERÚ PLANTARSE EN UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON BOLIVIA”

                                                                        

El analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez desestima una suerte de confabulación contra Chile a propósito de la denuncia de espionaje y las ofensivas de La Paz.

Gestión de Perú (www.gestion.pe/politica)

                                                 

En las últimas semanas ha subido el tenor de los dos flancos de conflicto que Chile tiene con dos de sus vecinos: Perú y Bolivia. La demanda boliviana en La Haya y la acusación de espionaje por parte de Perú han mantenido en constante alerta a la Cancillería.

El analista internacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, Guillermo Holzmann, aborda con DF este escenario, centrando el foco en la necesidad de mirar la política de relaciones exteriores con un sentido de largo plazo, consolidando una institucionalidad que no se modique por el gobierno de turno.

¿En qué se ha basado la estrategia de Bolivia, que últimamente se ha visto reforzada en lo comunicacional?
-Hay que entender que Bolivia tiene una estrategia con ejes. El primero es el jurídico que se expresa en la demanda, y esa estrategia jurídica tiene asociada una comunicacional que posiciona la demanda como un acto legítimo que descansa en la historia y en las ofertas que Chile, a través del tiempo, le ha ofrecido a Bolivia, reconociendo implícitamente la aspiración boliviana de salida al mar.

¿Y las constantes arremetidas comunicacionales de Evo Morales y el anuncio de la visita de Carlos Mesa?
-El segundo eje de Bolivia es de opinión pública netamente político y social. Este eje también tiene un componente comunicacional. Cada vez que Evo Morales habla sobre el tema, cuáles son las agencias que la reproducen, las más importantes. La gracia es que cada vez que Bolivia habla se reproduce en mil medios, cuando Chile responde, eso se reproduce en diez. Y el tercer eje es el político diplomático

¿Y cómo se posiciona Chile en ese tercer eje?

-Bolivia está invirtiendo bastante en esa área, porque es donde Chile es más exitoso. Si bien es cierto que otros presidentes pueden decir en sus discursos que apoyan la demanda, finalmente eso no se ha traducido en ninguna votación en los organismos regionales. Chile ha sido exitoso en plantear en estos organismos que es un tema bilateral. Lo que va a hacer Bolivia con la visita de Carlos Mesa es intentar neutralizar a Chile en esa área político-diplomática. Y por eso le suman al Canciller.

¿Cómo evalúa el conjunto de la estrategia chilena?

-Es correcta al plantearse desde el punto vista internacional, pero es insuficiente respecto a la dinámica de lo que son las relaciones internacionales hoy en el mundo. Si se mira la situación de Medio Oriente, Europa del Este, nos damos cuenta de que el derecho internacional es insuficiente para resolver problemas entre los países.

¿Hay una política clara de Chile en materia internacional, por ejemplo, en su intención de convergencia en la diversidad?

-Veo una claridad en sectores de la Cancillería en lo que se quiere respecto a integración, pero eso no se traduce en una estrategia con resultados concretos, porque varían en cada cambio de gobierno. No tenemos una visión estratégica. Hoy en la Presidencia de la República no hay un organismo permanente que supere los gobiernos, que trascienda para poder mantener los lineamientos sobre política internacional. No tenemos una estructura institucional.

¿Ve una acción concertada entre Perú y Bolivia, con la denuncia de espionaje y las constantes ofensivas de La Paz?

-No. Si uno mira la política exterior peruana, a Perú le pasa con Bolivia lo mismo que le pasa a Chile. Perú está en otra dinámica, sería incoherente de parte de Perú plantarse en una suerte de alianza estratégica con Bolivia. No hay elementos para una suerte de confabulación.

Esta situación de mala relación con los vecinos, ¿perjudica la imagen internacional?

-Estamos perseguidos por la imagen de Chile, es algo cultural. Desde fuera es normal que los países no estén de acuerdo en todo, es normal que tengan problemas para resolver los temas históricos. Chile lo que necesita no es cuidar la imagen, es mostrar identidad y posicionamiento en el manejo de su política exterior a largo plazo. No podemos estar mirando que la fotografía salga bien a cada rato.

¿Chile pudo evitar este escenario de conflictos?

-No sé si podría haberse evitado, pero si uno miraba, una vez que volvimos a la democracia, cuáles podían ser las implicancias que Chile podría enfrentar, sin lugar a dudas el tema boliviano aparecía. Era posible haberse planteado ese escenario. La anticipación funciona con escenarios.

ECUADOR Y BOLIVIA EN EL SIGLO XXI

La República de Perú (www.larepublica.pe)

                                        

Ecuador quiere entrar a la sociedad mundial de conocimiento y ha escogido la palabra quechua Yachay, que significa conocimiento. Con ese nombre se ha bautizado al valle tecnológico, que en un plazo de 35 años aspira ser “la ciudad del conocimiento”, como Palo Alto en California (Silicon Valley) o la Innopolis surcoreana de Daedeok.

La empresa estatal YPFB de Bolivia destinó US$ 609 millones para la construcción de la Planta Gran Chaco, en Tarija, que procesará 32 millones de metros cúbicos de gas diarios (MMmcd). La planta es la tercera más grande de América del Sur y producirá 3,140 TM diarias de etano; 2,240 TM diarias de GLP, así como isopentano y gasolina natural. Ha sido construida para maximizar el uso del gas y diversificar la oferta exportable de Bolivia. Asimismo, Gran Chaco, que comienza este mes (marzo), será el punto focal de la nueva industria petroquímica del país.

El gerente de la empresa pública Yachay dijo que hasta ahora se han gastado US$ 100 de los US$ 1,043 millones presupuestados hasta el 2017. Se han traído profesores de España, México, Guatemala, Venezuela, Colombia y Chile, todos con doctorado. Solo dos de este grupo inicial son ecuatorianos. La comisión gestora de la Universidad Yachay la integran 3 profesores del Instituto de Tecnología de California (Caltech) y 1 de la Universidad de Barcelona, que será el rector. El alquiler de vivienda en el campus cuesta únicamente US$ 36 al mes. Actualmente hay 425 estudiantes de pregrado, dice José Andrade, profesor de Ingeniería Civil de Caltech y secretario académico de Yachay Tech.

Con la materia prima de Gran Chaco, Samsung está construyendo la planta de  Amoniaco-Urea en Bulo Bulo (Cochabamba), con una inversión inédita de US$ 862,5 millones. La planta consumirá 1,4 MMmcd de gas natural y producirá 756.000 TM de fertilizantes/año (15% para el mercado interno y 85% a la exportación). Los fertilizantes proveerán nitrógeno a la soja, maíz, arroz, papa, girasol, trigo y caña de azúcar y mejorarán la calidad de los productos agrícolas. La planta entrará en producción el 2016.

La empresa de tecnología global ThoughtWorks (EEUU) anunció un desarrollo colaborativo con Yachay. Afirman que “la economía de Ecuador está en una era de transformación, en la que el gobierno y las empresas privadas han trabajado juntas para impulsar oportunidades de trabajo en redes con empresarios, profesionales de tecnologías de la información y jóvenes”. La española Indra ha firmado un acuerdo con Yachay para una fábrica de software y un centro de innovación para la transferencia de conocimiento y colaborar con el gobierno para cambiar el modelo productivo hacia un país exportador de tecnología y conocimiento.

También con la materia prima del Gran Chaco, La Paz ha decidido priorizar la construcción de una planta de propileno/polipropileno, con una inversión de US$ 1,800 millones en Tarija. Entrará en producción el 2018 y procesará 350,000 TM anuales de resinas para la industrialización de plásticos. Los estudios de la primera etapa fueron hechos por la italiana Tecnimont. En una segunda etapa se construirá un complejo de etileno/polietileno de 750,000 TM anuales de polietilenos de diferentes características y aplicaciones. Entrará en producción en el 2022.

El Presidente Correa dijo en el discurso inaugural: “Aquí estamos superando la economía extractivista”. Hizo hincapié en que la tecnología y la innovación son claves para el desarrollo y el “Buen Vivir”. La economía de Ecuador se ha basado en el petróleo, minería, pesca y agricultura, pero conociendo que sus recursos naturales son no renovables, el Gobierno intenta diversificar la economía e instaurar una cultura de investigación e innovación. Con ello, Correa espera crear un sector manufacturero avanzado que pueda producir y exportar productos de alta calidad a nivel mundial.

“Vamos a cambiar el perfil productivo del país. Con este complejo, Bolivia ingresará a la era de los plásticos”, dijo Carlos Villegas, Presidente de YPFB (lamentablemente fallecido en enero pasado). Evo Morales dijo que “sin el esfuerzo del pueblo no hubiera sido posible pasar de la nacionalización a la industrialización de los hidrocarburos, que es una nueva política estratégica”.

Con estas dos petroquímicas Bolivia, que hasta hace unos años era uno de los países más pobres de la región, generará mayor valor agregado al gas natural, diversificará su matriz productiva manufacturera, generará empleos y exportará los excedentes de polímeros a otros países de la región.

Todo lo que usted acaba de leer viene de informaciones de prensa publicadas hace poco (1). Mientras Ecuador y Bolivia tienen soberanía sobre sus recursos naturales, lo que les permite orientar sus ingresos, el Perú no posee ni una molécula de petróleo ni gas. Mientras ellos se orientan a las sociedades de información y del conocimiento (SIC), en el Perú estamos preocupados porque “salvo crecer todo es ilusión”,  con lo que la minería tiene un rol central y, para ello,   hay que eliminar la “permisología y tramitología”. ¡Qué les parece¡

Ni cuenta nos damos del salto de nuestros vecinos a la SIC y a la industrialización de los recursos naturales (¿habrá petroquímica con el Gasoducto Sur Peruano, al que se boicotea un día sí y el otro también?). Nos estamos quedando atrás y los vecinos ya encaran el Siglo XXI. Supuestamente, éramos el jaguar de  América Latina debido a los altos precios de los commodities. ¿Y ahora?

RÁPIDO CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE BOLIVIA IMPULSADO POR EL GASTO SOCIAL

Greenleft de Australia (www.greenleft.org.au)

                               

El gobierno boliviano dijo el producto interno bruto de la nación andina creció de US $ 34 millones el año pasado, estableciéndola como una de las economías de mayor crecimiento en la región. Vicepresidente Álvaro García Linera dijo que permitió Productivo Social Comunitaria modelo económico del país para que la economía crezca, a pesar de una caída en los precios de las materias primas.

"En 1996 la economía boliviana representó 5,3 mil millones dólares y para el 2005, $ 9.5 mil millones de dólares", dijo García.

Explicó que en los nueve años a partir de 1996 a 2005, la economía creció en un 77%. Pero desde 2006 hasta 2014, ya que el Movimiento al Socialismo (MAS) ha estado en el poder, el PIB creció en un 357%.

MAS también supervisó un cambio de nombre oficial del país al Estado Plurinacional de Bolivia, para complementar un cambio en la mentalidad nacional hacia el reconocimiento de las docenas de naciones indígenas en el país. García dijo que este cambio en la política de gobierno nacional y ha ayudado al crecimiento.
"Lo que ha sucedido en tiempos plurinacionales? El ingreso promedio de los bolivianos fue de 1,035 dólares a 3,186 dólares, un aumento del 307%. En tiempos neoliberales, el ingreso promedio de cada boliviano, creció sólo un 11%. Este es un modelo económico exitoso ". En 1996, el ingreso promedio del país era de sólo $ 930 y en 2005, la cifra ascendió a sólo $ 1,035 por año.

Su libertad le costó 30 mil dólares

WALTER YAIPÉN: “SUFRÍ MUCHO EN BOLIVIA, LA HIPERTENSIÓN CASI ME MATA”

El Popular de Perú (www.elpopular.pe)

                                                    

De regreso a casa. Luego de vivir cuatro días de infierno en la carceleta del Poder Judicial de Bolivia, Walter Yaipén volvió a Lima para respirar aires de libertad. Y para ser engreído por su esposa, hijos y nietos.

Aún con el rostro desencajado y un par de kilos menos, el líder de la agrupación Hermanos Yaipén contó que tuvo que pagarle 30 mil dólares a Silvia Ticona, empresaria que lo demandó por estafa en Bolivia, para recuperar su libertad.

– ¿Por un momento pensaste que ibas a ir a la carcel?

– Sí, para mí fue una tremenda pesadilla que gracias a Dios ya terminó. Sufrí mucho porque mi salud se resquebrajó, la hipertensión casi me mata. Esa señora fue mala, pero la justicia llegó para mí porque yo no he hecho daño a nadie. 

– ¿Cómo se llegó al acuerdo con la empresaria?

– Me ha costado 30 mil dólares recuperar mi libertad. Con ese dinero recién la señora accedió a retirar la denuncia, pese a que yo soy inocente.

Seguro de que hasta ahora estará disfrutando con el fiscal, porque yo sé que están coludidos. Debo agradecer a “Papita” Hinostroza que me ayudó con un dinero, me llevó frazadas y comida. También a mi esposa, mis hijos, familiares y a amigos que me apoyaron siempre.

– ¿Qué lección aprendiste?

– A ser desconfiado y a firmar mis contratos de forma  correcta y legal.

– ¿Volverás a Bolivia?

– Sí, en dos semanas regreso por un evento. No tengo impedimento de volver. Igual mis abogados están allá viendo todo para que no vuelvan a sorprenderme. 

EL PODER QUEDA EN FAMILIA

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, ha nombrado canciller a su esposa, y asesores a cuatro de sus hijos

El País de España (www.elpais.com.es)

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asistió a finales de enero a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Costa Rica, acompañado de una comitiva familiar. Para el evento el mandatario había nombrado a su mujer, Rosario Murillo, como “canciller en funciones de Nicaragua”, y a dos de sus hijas, Camila y Luciana, como asesoras presidenciales, mientras que el mayor, Rafael, asistía con rango de ministro. Con este viaje familiar el mandatario, llamado Comandante Ortega en Nicaragua, dejaba en evidencia a nivel internacional una de sus prácticas comunes desde que regresó al poder en 2007, el nepotismo como política de Estado.

Desde que asumió la presidencia, tras casi dos décadas en la oposición, Ortega nombró a su esposa como vocera del Gobierno, a cargo del pomposo Consejo de Comunicación y Ciudadanía, cuyas funciones van desde el manejo de la publicidad estatal, el control de la información pública y los medios de comunicación, la administración del día a día del Estado (Murillo pone y quita ministros), el manejo de las campañas electorales del Frente Sandinista (el partido gobernante, dominado por la familia Ortega), la organización de los eventos públicos del Presidente, el recibimiento de visitas oficiales extranjeras..., hasta el manejo de emergencias nacionales, como sucedió en el abril pasado, cuando una serie de fuertes sismos sacudieron el país. Con su nuevo nombramiento, la primera dama parece dispuesta a dictar hasta la política exterior de Nicaragua, en detrimento del canciller oficial, el sandinista Samuel Santos.

El mandatario nicaragüense cuenta con una lista de 24 asesores presidenciales, entre los que destaca —además de Luciana, Camila y Rafael— su hijo Laureano Ortega Murillo, asesor para inversiones y quien estuvo a cargo de contactar al empresario chino Wang Jing para negociar la concesión para la construcción de un Canal Interoceánico en Nicaragua. Ha sido Laureano Ortega quien ha encabezado las delegaciones presidenciales a China y Rusia, dos de las potencias emergentes con las que Daniel Ortega coquetea. Rusia ha prometido a Nicaragua apoyo militar para combatir el narcotráfico, además de ayuda alimentaria y cooperación técnica.

Para los analistas, la decisión de Ortega de nombrar a esposa e hijos para cargos públicos, violando la Constitución y las leyes de probidad del país, se enmarca en una larga tradición de nepotismo que nació con la conquista española, y que alcanzó su máxima expresión durante la dinastía somocista, cuando el poder se pasó, durante más de 40 años, de padre a hijo y se repartió entre hermanos.

“Es una práctica que se hereda desde la época colonial. Pedro Arias de Ávila, primer gobernador de Nicaragua, se las ingenió para que lo sucediera su yerno, Rodrigo de Contreras. El nepotismo era parte del sistema colonial”, explica el analista político Carlos Tünnermann. “El vicio del nepotismo forma pate de la cultura política nicaragüense, una cultura atrasada. Los mandatarios ven al poder como cosa patrimonialista, y no ven mal que se aprovechen de eso sus mismos parientes”, añade.

Con el nombramiento de sus hijos como asesores y de su esposa como vocera del Gobierno y como canciller, el presidente Ortega viola la Constitución de Nicaragua, recientemente reformada por él para permanecer en el poder indefinidamente. Azahalea Solís, experta en temas constitucionales, afirma que Ortega ha violado el artículo 130 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos, incluido el Presidente, no pueden nombrar en cargos del Estado a sus familiares. Solís explica que Ortega, además, violó el artículo constitucional 138, que determina que el nombramiento de un ministro debe ser ratificado por la Asamblea Nacional, lo que en el caso de Murillo no ocurrió. “La de Ortega es como una monarquía feudal, absolutista”, dice Solís.

El diputado Eliseo Núñez, del opositor Partido Liberal Independiente, asegura que al nombrar a sus familiares Ortega también viola la Ley de Probidad de Funcionarios Públicos de Nicaragua, “que establece una prohibición expresa de que familiares de funcionarios tienen vedado ocupar cargos públicos”. “Parece que en Nicaragua estamos volviendo a parir una nueva dinastía. Ortega nos dice ‘Mi familia es la familia del poder’, por lo que se ve que aquí la sucesión familiar ya está muy encaminada. Esta es una reedición del somocismo”, critica el diputado.

Ortega controla la mayoría parlamentaria, por lo que es difícil que la oposición en la Asamblea Nacional pueda exigir una explicación por una política que deja el poder en familia. Lo que más preocupa a los analistas es la imagen internacional negativa que Ortega deja de Nicaragua. En la pasada cumbre de la CELAC el presidente nombró al independentista puertorriqueño Rubén Berríos como su representante en una reunión privada que mantendrían los presidentes, lo que hizo que el mandatario costarricense, Luis Guillermo Solís, diera por terminada la cumbre. A Berríos se le entregó un pasaporte nicaragüense y Ortega lo nombró como su asesor en “políticas internacionales en materia de descolonización”, violando las leyes de nacionalización nicaragüenses. “Quedó en evidencia frente a los presidentes de América Latina el nepotismo de Ortega y el hecho de que no respeta ninguna ley”, lamenta Tünnermann.

AMÉRICA LATINA: LA CORRUPCIÓN DE NORTE A SUR

Infolatam de Argentina (www.infolatam.com)

La mayoría de los países de América latina sufren en este comienzo de 2015 importantes casos de corrupción que están poniendo en serios aprietos a diferentes gobiernos, partidos e instituciones de la región.

De México y Panamá a Chile y Argentina; de Brasil y Colombia a Perú y Bolivia la casualidad ha querido juntar en este inicio de año el afloramiento de numerosos casos de corrupción que golpean a gobiernos tanto de izquierdas (como los de Dilma Rousseff, Cristina Kirchner y Michelle Bachelet), como de centroderecha (Enrique Peña Nieto u Ollanta Humala).

Asimismo, a finales de 2014, Venezuela y Paraguay aparecían como los países percibidos como más corruptos de América Latina, según un ránking global de la ONG Transparencia Internacional (TI).

Lo primero que cabe concluir es que la corrupción es un problema a escala universal. No es genéticamente latinoamericano porque se da en otros contextos como el europeo (España es un buen ejemplo en los últimos años), el asiático (China) o en África.

Es, por lo tanto, un problema universal que responde a la propia naturaleza del ser humano.

El profesor de la Universidad de Chile,  José Zalaquett, explicaba en una entrevista para la revista chilena Qué Pasa que esos casos “no tienen que ver con la economía de mercado, sino con la naturaleza humana. En la medida que usted tenga incentivos que lo muevan en el sentido de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas, y tenga desincentivos para portarse mal, eso influye mucho en el comportamiento. Porque las personas generalmente hacen un cálculo costo-beneficio”.

La presencia de la corrupción a escala regional

Los escándalos de corrupción que han ido apareciendo han sido verdaderos misiles en la línea de flotación de los gobiernos de la región. La aprobación de Michelle Bachelet ha caído hasta el 39% tras conocerse los detalles del llamado “nueragate”.

“Ha sido muy dramático y va a ser siendo muy dramático, porque lastimó de una vez y para siempre el discurso de inclusión, de igualdad, de equidad que distinguía a la Presidenta Bachelet, del cual ella tiene un testimonio de vida. Desgraciadamente el Caso Caval la complica y compromete para siempre. Veo que el Caso Caval es medio irreversible”, afirma el analista chileno Héctor Soto.

Mientras, en Brasil, el caso Petrobras ha dañado la relación entre el PT y el PMDB, coalición que sustentaba al gobierno de Dilma Rousseff que atraviesa un momento muy delicado, donde incluso se especula con que podría padecer un impeachment.

“No creo en el impeachment de Dilma. Esa idea es un poco fantasiosa e ingenua -dijo al diario argentino Perfil, el analista político Bolívar Lamounier-  pero, sin duda, Brasil ya enfrenta una crisis de gobernabilidad. El gobierno de Dilma es débil, y eso significa que la crisis seguirá por largo plazo”.

Cristina Kirchner, acosada por el escándalo Hotesur, busca cómo eludir a la justicia una vez que deje la presidencia en diciembre. Además, su vicepresidente, Amado Boudou, está doblemente procesado por sendos casos de corrupción.

“Acostumbrada a ser el centro de todas las cosas, cuando entregue la banda presidencial, Cristina Fernández de Kirchner va a tener que poner una buena parte de su energía en contratar a los mejores abogados de la Argentina para no terminar como el ex presidente Carlos Menem, negociando leyes por fueros y convicciones, por libertad ambulatoria”, asegura en La Nación el analista Luis Majul.

Bolivia atraviesa días de gran convulsión debido al escándalo del Fondo Indígena.

El Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inició un “procedimiento de acción inmediata” con el que intervino el Fondo Indígena para indagar sobre los supuestos malos manejos de recursos económicos destinados a proyectos rurales patrocinados por esta entidad.

El presidente Evo Morales  anunció, de hecho, la intervención del Fondo Indígena, hecho que se consumó ayer. “Duele mucho, pero vamos a intervenir caiga quien caiga”.

En Perú el tramo final del gobierno Ollanta Humala se ha visto salpicado por las consecuencias del “caso Belsunde” y sobre todo por el que afecta a la Primera Dama, Nadine Heredia, quien está siendo investigada de forma preliminar por el Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos.

Colombia, que vivió un 2014 marcado por la utilización de fondos públicos para “comprar apoyos políticos” y electorales (el conocido como reparto de “mermelada”), afronta ahora un escándalo que hiere la confianza ciudadana en una institución clave, la Corte Constitucional.

Su presidente, Jorge Pretelt, acaba de apartarse temporalmente de su cargo con el fin de dedicarse a demostrar su inocencia en un escándalo de presunta corrupción que lo involucra. La denuncia en contra de Pretelt tiene que ver con la versión de un abogado según el cual, el presidente de la Corte le pidió unos 200 mil dólares para que el tribunal fallara en favor de una empresa fiduciaria que él representaba.

Fuera de Sudamérica, en Panamá el expresidente Ricardo Martinelli afronta una complicada situación por supuesta corrupción al expresidente del país.

Enrique Peña Nieto y su esposa, Angélica Rivera.

La Corte Suprema panameña quiere investigar al exjefe del Estado por el caso de la compra con supuestos sobrecostos de comida deshidratada a través del gubernamental Programa Nacional de Ayuda (PAN).

El exgobernante panameño fue señalado por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli como supuesto responsable de la firma de un contrato de 45 millones de dólares para la compra de esa comida, cuyo destino eran los comedores de las escuelas públicas del país.

El exgobernante sostiene que es víctima de una “persecución política” dirigida por su antiguo aliado electoral y vicepresidente, Juan Carlos Varela, actual jefe del Estado panameño, quien ha negado esa acusación.

Y en México el presidente Enrique Peña Nieto ha visto como se esfumaba el “Mexican moment” no solo por los problemas económicos y la crisis de seguridad (matanzas de Tlataya e Iguala) sino por dos escándalos de posible corrupción: el que afecta a su esposa, Ángelica Rivera, y el que golpeaba a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Soluciones integrales: castigos más duros y que se cumplan

Combatir la corrupción no es un atarea fácil. Las leyes son necesarias pero no suficientes en caso de que no existan sólidas instituciones autónomas y capaces de investigar y castigar a aquellos que comentan actos de corrupción.

El escándalo Petrobras hiere al gobierno de Dilma Rousseff

Zalaquett, en entrevista con la revista chilena “Que Pasa”, señala que deben existir  incentivos para “portarse bien” ya que “en la medida que las sanciones sean más altas, duelan más y exista una mayor posibilidad de que se apliquen, por supuesto que los desincentivos contra la corrupción son mayores”.

Aboga por sanciones ejemplificadoras porque “hoy cometer un delito económico no parece tener un gran castigo. Tampoco violar la ley electoral. Aumentar el costo es muy importante”.Zalaquett en la revista Que Pasa explica que “en el caso de los delitos económicos, a diferencia de los pasionales, el delincuente o potencial delincuente saca un cálculo costo-beneficio. Piensa así: “La posibilidad de que me pillen es el 50%; la posibilidad de que salga bajo fianza otro 50% y, al final, la posibilidad de que me condenen a pagar una cifra mayor de la que me embolsé es 0%”. Esto, porque en definitiva lo condenan muchas veces a pagar una suma menor. Entonces hay un desincentivo. En cambio, con el delincuente pasional no hay problema de incentivo o desincentivo, sino de impulsos”.

Cambio de mentalidad

Los casos de corrupción en los diferentes países latinoamericanos tienen varios puntos en común. Por ejemplo afectan a la financiación de los partidos (caso Penta en Chile) y de las campañas de diputados y senadores (caso Petrobras).

Han sacaso a la luz la escasez de controles institucionales (casos de México) y la enorme concentración en manos de los presidentes (Argentina).

Además, se dan tras tres lustros en los que ha cambiado profundamente la sociedad. Se trata de sociedades más urbanas y más de clases medias que tienen su propia agenda.

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Más activas y empoderadas, las clases medias exigen mejores servicios públicos, seguridad y transparencia.

Zalaquett añade que “estamos viviendo no una época de cambio, sino un cambio de época. Hoy la ciudadanía está mucho más preocupada de cuestiones morales o éticas que afectan a la cosa pública… con las protestas ciudadanas del 2011 comenzó un nuevo tema: la igualdad de oportunidades. Sin embargo, el mundo político no se ha adaptado”.

Sin embargo, algunos autores creen que la lucha contra la corrupción va incluso más allá de las instituciones. El chileno José Antonio Viera-Gallo, quien fuera exSecretario general de la Presidencia con Bachelet, considera que el lema laguista de que “las instituciones funcionen” no es suficiente.

Su ong Chile Transparente defiende la idea de un Compromiso Nacional por la Probidad y la Transparencia surgido desde la sociedad civil y que debiera ser asumido por los actores públicos y privados mostrando a la población su voluntad de crear nuevas reglas que sean más estrictas en la relación entre política y dinero.

Viera-Gallo señala en el Líbero que “la idea global es que, con ser muy importantes, las leyes para asegurar la probidad no bastan ya que el desafío de fondo es un cambio cultural de pautas de conducta que debe partir desde la escuela. Tanto el sector público como el privado deben premiar las buenas prácticas, la entrega de información y la rendición de cuentas, y por el contrario condenar las colusiones, el cohecho, el soborno, el uso de información privilegiada, el tráfico de influencia y el lavado de activos”.