SENADOR ALEJANDRO NAVARRO: “SI JORGE TARUD FUERA CANCILLER, YA ESTARÍAMOS EN GUERRA CON PERÚ Y BOLIVIA”

 

El legislador Alejandro Navarro lamentó el papel de Jorge Tarud (foto), "que es el conservadurismo y añejo nacionalismo de derecha refugiado en el PPD. Dudo que algún día estará a la altura de su padre y sigue siendo un frustrado canciller y un ansioso diputado en busca del Senado. Está claro que si Jorge Tarud fuera canciller de Chile, ya estaríamos en guerra con Perú y Bolivia. Y desafiando a duelo a Venezuela".

 

El senador y presidente del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, criticó duramente al presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud (PPD), quien fue a la sede de la UDI y definió como “arbitraria” la detención en Venezuela del líder de la Juventud del gremialismo, Felipe Cuevas.

El legislador oficialista lamentó el papel de Tarud, “que es el conservadurismo y añejo nacionalismo de derecha refugiado en el PPD. Dudo que algún día estará a la altura de su padre y sigue siendo un frustrado canciller y un ansioso diputado en busca del Senado. Está claro que si Jorge Tarud fuera canciller de Chile, ya estaríamos en guerra con Perú y Bolivia. Y desafiando a duelo a Venezuela”, dijo Navarro.

En ese sentido, el líder del MAS sentenció que “es inaceptable que (el diputado) aparezca en un mismo espacio político y de opinión con los dirigentes nacionales de la UDI, que se quedaron con los pasajes sacados para ir a armar quilombo a Caracas”.

Por otra parte, acusó a la Unión Demócrata Independiente de pretender “instalar un conflicto internacional ficticio entre Chile y Venezuela, para intentar ocultar los hechos cometidos por el presidente de su Juventud, Felipe Cuevas, al fotografiar, en Caracas, las instalaciones del Servicio de Inteligencia y al estar sin pasaporte”.

Tras esto, Navarro llegó a la capital del país sudamericano a reunirse con el canciller Elías Jaua para apoyar pronta liberación de Cuevas, según comentó el senador.

“Lo hice por convicción política y humana, y asumí como lo correcto, realizando todo lo necesario y posible para el regreso del ciudadano chileno detenido, más allá de su pensamiento político”, puntualizó. (www.elmostrador.cl/pais)

¿POR QUÉ BOLIVIA QUEDÓ INSATISFECHA CON EL TRATADO DE 1904?

El Ciudadano de Chile (www.elciudadano.cl)

Curiosamente, la generalidad de los chilenos desconoce completamente antecedentes fundamentales para contestar esta pregunta crucial. Lo que sí sabemos es que nunca nuestras relaciones con Bolivia han sido buenas. Recordemos la guerra contra la confederación perú-boliviana. Luego, la desafortunada búsqueda de delimitaciones territoriales que nos llevó a un tratado (1874) que configuró una suerte de soberanía económica compartida entre los paralelos 23° y 24°.

Entretanto, se generó una gigantesca expansión económica chilena en el Litoral boliviano, complementada con un virtual abandono de dicha zona por el país altiplánico, mezcla evidentemente explosiva.

Esto fue complicado aun más por la suscripción de un tratado secreto de alianza entre Bolivia y Perú en 1873. Y todo esto culminó con la Guerra del Pacífico que significó la conquista chilena de su litoral. Pero de allí en adelante nos envuelve una misteriosa penumbra. De partida, ¿qué conciencia tenemos de lo consignado por el diplomático e historiador chileno, Mario Barros van Buren?: “La guerra del Pacífico había dejado a Chile en el sitial más destacado del mundo americano. Pero no ganamos con ello simpatías de nadie. En las grandes masas de opinión de los países indoamericanos, Chile se perpetuó como un país militarista cuyos anhelos territoriales no se pararían en Tarapacá, Antofagasta, Tacna y Arica”; y “la intelectualidad del continente (…) vio en la protección brindada a Chile por el Imperio alemán (contra intentos de mediación europeos que podrían haber disminuido las pérdidas perú-bolivianas) la complicidad entre la política agresiva de Bismarck y la de esta República sudamericana, que surgía en 1883 con ínfulas de hegemonía prusiana. Repitieron estos conceptos (de que Chile era “la Prusia de Sudamérica”) los grandes intelectuales de fin de siglo como el mexicano José Vasconcelos, el cubano (Antonio) Sánchez Bustamante, los argentinos Juan Bautista Alberdi, Leopoldo Lugones, Roque Sáenz Peña y el español Miguel de Unamuno” (Historia Diplomática de Chile 1541-1938; Edit. Andrés Bello, Santiago, 1990; p. 475). 

Tampoco hay mucha conciencia de que con Bolivia solo firmamos un “Pacto de tregua” en 1884. Y lo que francamente se desconoce totalmente es que el 18 de mayo de 1895 Chile suscribió un tratado con Bolivia, por el cual “Chile se comprometía, una vez adquiridas definitivamente Tacna y Arica (fuere por plebiscito o por arreglo directo), a transferirlas, también en dominio definitivo, a Bolivia”; y que “si Chile no adquiría Tacna y Arica, se obligaba a ceder a Bolivia la caleta Vitor hasta la quebrada de Camarones, u otra análoga” (Gonzalo Vial.- Historia de Chile (1891-1973); Volumen II, Edit. Zig-Zag, Santiago, 1982; p. 188).

Además, aquel tratado fue complementado con otro de Paz y Amistad; y un tercero de Comercio. El Congreso boliviano ratificó los tres tratados, los que fueron promulgados por el presidente Mariano Baptista el 10 de diciembre de ese año. A su vez, el Senado chileno los aprobó por 12 votos a favor, 1 en contra y una abstención; y la Cámara de Diputados “sobre tabla”, esto es, por unanimidad. De este modo, ellos fueron promulgados por el presidente Jorge Montt y el ministro de Relaciones Exteriores Adolfo Guerrero en el Diario Oficial del 2 de mayo de 1896 (Ver Carlos Figueroa Serrano; en El Mercurio; 11-6-2014). “El de Transferencia de Territorios no se publicó, porque implicaba las provincias de Tacna y Arica, aún pendientes de resolución con Perú; sin embargo aparece incorporado entre los documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, ‘Tratados bilaterales Chile-Bolivia’ ” (Figueroa; ibid).

Sin embargo, diferencias posteriores de interpretación respecto del alcance del corredor (Ver Vial; p. 267) y las protestas de Perú de que Chile dispusiera de territorios todavía disputados entre ellos, ya que la alternativa de Vitor también estaba en esa zona (Ver Vial; p. 200); fueron aprovechadas por el Estado chileno para no cumplir con dichos tratados, sobre todo teniendo en cuenta que en 1898 había terminado el inminente peligro de guerra con Argentina –que se desarrolló durante la década de los 90- al definirse el límite en la Puna de Atacama y al convenir ambos países en el arbitraje de la reina de Inglaterra sobre la Patagonia.

Es más, en muy pocos años la actitud chilena cambió en 180 grados. Así, el ministro de Chile en La Paz, Abraham König –ante el rechazo de una propuesta chilena de que Bolivia se conformara con puertos libres y compensaciones adicionales-, entregó al gobierno altiplánico, el 13 de agosto de 1900, una brutal nota “diplomática” que señalaba en su parte medular:

 “Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena (refiriéndose a su conquista luego del triunfo de Prusia contra Francia en la guerra de 1870), con el mismo título con que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado a Puerto Rico (en 1898, luego del triunfo en su guerra contra España). Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones. Que el litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale; que si nada valiera no habría interés en su conservación. Terminada la guerra, la nación vencedora impone sus condiciones y exige el pago de los gastos ocasionados. Bolivia fue vencida, no tenía con qué pagar y entregó el litoral. Esta entrega es indefinida, por tiempo indefinido, así lo dice el pacto de tregua: fue una entrega absoluta, incondicional, perpetua. En consecuencia, Chile no debe nada, no está obligado a nada, mucho menos a la cesión de una zona de terreno y de un puerto. En consecuencia, también, las bases de paz propuestas y aceptadas por mi país y que importan grandes concesiones a Bolivia, deben considerarse, no sólo como equitativas, sino como generosas” (Barros; p. 583).

“Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle el opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena

Fue tal la brutalidad del texto –incluso para los estándares de la época- que generó duras reacciones continentales. Así, “la maniobra del ultimátum hubo de ser contrarrestada por la cancillería chilena, remitiendo una circular (septiembre) a todas sus legaciones foráneas, la cual –si bien desautorizaba levemente la forma, o la falta de forma, en la nota König- respaldaba su fondo” (Vial; p. 289). Pero tan grande era la debilidad de Bolivia que ella finalmente suscribió un tratado en 1904, de acuerdo a las tesis del ultimátum. De este modo, según constata Gonzalo Vial, “Bolivia tenía dificultades limítrofes no sólo con Chile, sino con todos sus otros vecinos: Paraguay (por el Chaco), Brasil (por la región del Acre), Perú y Argentina; sus finanzas, además, se hallaban gravemente quebrantadas”; necesitaba inversiones extranjeras para explotar “diversos tipos de riqueza nacionales”, pero “la indefinición de una guerra perdida, pero no liquidada, era mortal para los capitalistas extranjeros”. Y, por último, la tregua implicaba una apertura total de la economía boliviana a los productos chilenos (y peruanos) y “simultáneamente, diversos países que gozaban ante Bolivia de la llamada ‘cláusula de la nación más favorecida’, sostenían su derecho a ser equiparados con nosotros y los peruanos”. Y el mismo Vial, concluye: “Todo lo anterior condujo a que, iniciándose la administración Riesco, renaciera en Bolivia la idea de trocar el elusivo puerto por una sustanciosa compensación pecuniaria, recuperando –al pasar- la libertad comercial, y levantando paralelamente la ‘interdicción’ del país en el exterior” (Vial; pp. 378-9).

Como es sabido, por el Tratado de 1904 Bolivia reconoció la pérdida de los territorios conquistados por Chile, a cambio de compensaciones económicas, la construcción de un ferrocarril Arica-La Paz; la concesión a Bolivia del más amplio y libre tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico; y el derecho a constituir agencias aduaneras en los puertos chilenos que designara para tal efecto.

Pero fue tan claro que dicho tratado no satisfizo realmente a Bolivia que ya en 1910 el canciller boliviano, Daniel Sánchez, en memorándum dirigido a Chile y Perú, señalaba que “Bolivia no puede vivir aislada del mar”, que necesitaba “por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico”; y que respecto de esto “no podrá resignarse jamás a la inacción” (Vial; p. 556). Y en 1913, Ismael Montes, el presidente boliviano que suscribió el tratado de 1904, en su paso por Chile a Bolivia para reasumir la presidencia, sugirió en una reunión con personalidades chilenas que se le cediera Arica a Bolivia al resolver Chile su problema con Perú (Ver Manuel Rivas Vicuña.- Historia Política y Parlamentaria de Chile, Tomo II; Edic. de la Biblioteca Nacional, Santiago, 1964; pp. 358-9).

Posteriormente, tanto Bolivia y Perú unieron sus esfuerzos para que la Conferencia de París (que dio lugar al Tratado de Versalles y a la cual asistieron ambos países como beligerantes de la primera guerra mundial; ya que se habían sumado a Estados Unidos en ella, en 1917) y luego la Sociedad de las Naciones ordenaran la revisión de los tratados de 1883 (de Ancón, con Perú) y de 1904. En ambos casos fracasaron.

Pero lo notable fue que el propio Chile entendió que debía aportar lo suyo para lograr que Bolivia tuviese salida soberana al mar. Esto, en el marco de las presiones que constituyeron a Estados Unidos en indisputada potencia hegemónica en el hemisferio y en virtual mediador de Chile y Perú respecto del conflicto todavía irresuelto sobre Tacna y Arica. Así, en 1920 el gobierno chileno le comunicó secretamente a Estados Unidos que estaba en definitiva dispuesto a entregar Tacna a Perú y que “podría traspasar a Bolivia la caleta de Sama y una faja de terreno extendida desde dicha caleta hasta el ferrocarril Arica-La Paz, solucionando así las renovadas aspiraciones portuarias del país altiplánico” (Vial; pp. 645-6).

Luego, en 1926, cuando Estados Unidos estaba mediando para la realización del plebiscito acordado en el Tratado de Ancón (¡a realizarse en 1894!), el gobierno chileno le presentó al estadounidense una propuesta sustitutiva del plebiscito que según Alessandri –quien se encontraba en Washington asesorando al embajador Miguel Cruchaga- dejaba “Tacna para el Perú, y Arica para Chile, y una faja para Bolivia que remataría en una caleta cuyo nombre no pudimos encontrar en el mapa, Cruchaga, Samuel Claro ni yo. En el telegrama de nuestro gobierno se hablaba de Caleta de Palos como salida para Bolivia” (Arturo Alessandri.- Recuerdos de gobierno, Tomo I; Edit. Nascimento, Santiago, 1967; p. 182). Incluso, esta propuesta fue mencionada como una de las razones –no la más importante, desde luego-por las que Estados Unidos, con el acuerdo de Perú, declaró impracticable la realización del tan diferido plebiscito.

Otro hito muy importante para las relaciones chileno-bolivianas lo constituyó el Tratado de Lima que en 1929 resolvió el conflicto con Perú; devolviéndole a éste la provincia de Tacna y conservando Chile la de Arica. El punto es que en dicho tratado se incluyó un Protocolo adicional secreto con una cláusula que impide cualquier acceso soberano al mar de Bolivia por las provincias previamente disputadas si no se cuenta con la aquiescencia de ambos países. Y lo más grave del caso es que de acuerdo al principal negociador chileno, el canciller Conrado Ríos Gallardo, y a la documentación estadounidense (hay que tener presente que el gobierno peruano condicionó la suscripción del tratado a que apareciese formalmente como una propuesta de Estados Unidos) ¡fue Chile quien le propuso a Perú tal cláusula! (Ver Vial; Historia de Chile (1891-1973) La dictadura de Ibáñez (1925-1931) Volumen IV; Fundación, 1996; p. 359). Es obvio -¡aunque nunca es reconocido formalmente así por la política exterior chilena!- que, para todos los efectos prácticos, aquella disposición ha convertido el tema de una salida al mar de Bolivia en un asunto trilateral.

De todas formas -y como es sabido- Chile ha continuado aportando lo suyo, en varias oportunidades, para que Bolivia pueda obtener un acceso soberano al Oceáno Pacífico a través de su propio territorio. Han sido los casos de las negociaciones abiertas con el país altiplánico en 1950, bajo el gobierno de González Videla; y en 1975 y 1987, bajo Pinochet.

Incluso, en 1976 se logró un acuerdo entre Chile y Bolivia de que esta última tendría un acceso soberano al mar a través de una franja territorial en el extremo norte de Chile; a cambio de un territorio boliviano equivalente que obtendría nuestro país. Respecto de ella, Perú hizo una contrapropuesta de un triángulo de soberanía compartida por los tres países en la zona de Arica que Chile y Bolivia rechazaron, volviendo todo a fojas cero.

De todos estos antecedentes aparece plenamente comprensible la insatisfacción boliviana con el Tratado de 1904; y que, por el interés y el logro de buenas relaciones entre los tres países, surge la necesidad de lograr un acuerdo trilateral satisfactorio. Acuerdo por medio del cual Bolivia no solo obtenga una salida soberana al mar, sino que se superen todos los traumas y odiosidades que nos han convertido en naciones antagónicas. Además, ¡cómo no se da cuenta Chile que el antagonismo con Bolivia y Perú lo deja siempre en desventaja con Argentina, aunque ésta no lo quiera!

Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios muy relevantes de la historia de nuestro país que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro de su autor: Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

EL JAQUE DE BOLIVIA

La Tercera de Chile (www.latercera.com.cl)

                                                                                   

Bolivia tiene un objetivo claro e irrenunciable: salir al mar. El que lo impide es Chile. Este es el hecho que singulariza las relaciones entre ambos. ¿Por qué ha resultado estéril la política de Bolivia para cumplir su objetivo? 

Durante mucho tiempo siguió una estrategia equivocada, porque ignoró que más allá de la igualdad formal entre estados soberanos, la desigualdad de su organización social e institucional, así como su menguado poder militar y económico, la condenaban a la impotencia. Un modo de ver que cambió en los últimos años y hoy tiene en jaque a nuestro país.

Al arrastrar a Chile a la Corte Internacional de las Naciones Unidas puso en movimiento un mecanismo llamado estrategia indirecta. Esta evita el choque de las fuerzas mientras  teje paciente y sutilmente una malla destinada a envolver al contrincante para restarle libertad de acción. Con todo, el núcleo de esta estrategia  no radica en paralizar al adversario, sino en confiar la decisión del conflicto a la maniobra exterior. Evita el enfrentamiento en la zona en disputa, respetando ahí el orden vigente mientras busca alcanzar la superioridad moral en lugares distantes, procurando que la propia causa se identifique con las tendencias emocionales dominantes entre quienes crean opinión en el mundo. La apelación a la equidad como condición de paz entre los pueblos, la desvalorización del derecho, el revisionismo histórico y la victimización son herramientas poderosas para obtener éxito en ese terreno. Por eso Bolivia escogió como campo de batalla la Corte de Justicia de La Haya; soslayando el Tratado de Límites de 1904 ha metido a Chile en un túnel cuya única luz pareciera ser acceder a su pretensión.  

La Moneda rechazó la competencia del mencionado tribunal. Una elemental medida procesal, pero que ha dejado intacto el propósito de la controversia y la estrategia que la sirve. A fin de cuentas, habrá una sentencia y respecto a su contenido es evidente que Chile no tiene nada que ganar y mucho que perder. Existen, por cierto, contramedidas para enervar la maniobra exterior que nos amenaza, pero es necesario aceptar que estamos envueltos en un conflicto político y no jurídico, y cuyas reglas de combate son las propias de la estrategia indirecta. Si no lo entendemos y seguimos como vamos, el jaque mate será inevitable.

TPA VIAJÓ A BOLIVIA PARA RECOGER PERCEPCIÓN DE TRANSPORTISTAS, GREMIOS Y EMPRESAS

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomartimo.com.cl)

Con el objetivo de conocer de primera fuente cuáles son las preocupaciones de distintos actores del comercio exterior boliviano, Terminal Puerto Arica (TPA) realizó un viaje al vecino país para reunirse con transportistas, gremios, navieras y empresas exportadoras e importadoras, en la que pudo recoger valiosa información para atender las necesidades de sus clientes.

Más del 80% de la carga que se transfiere por TPA proviene de Bolivia, economía que ha creciendo a un ritmo muy dinámico en los últimos años. La empresa, ha superado ya las 3 millones de toneladas de carga anual y entre sus objetivo está el mantener un alto estándar de servicio con un alto volumen de operaciones.

La delegación estuvo encabezada por Diego Bulnes, gerente general de TPA; Francisco Godoy, gerente de personas de la empresa; Daniel Trigo, presidente del Sindicato nº 1 TPA; Alexis Callejas, tesorero Sindicato nº 1  TPA; Evaristo Benaverre, presidente del Sindicato TPA, Franklin De Arkas, secretario del sindicato TPA y Sebastián Pinto, tesorero Sindicato TPA. Además, estuvo en el viaje el secretario del Sindicato nº 1 TPA, Víctor Ramírez, quien además es el primer director ejecutivo de la Confederación de Trabajadores portuarios de Chile, Cotraporchi.

“Creemos que es muy importante mantener un contacto fluido y permanente con quienes operan con el puerto. También consideramos una gran oportunidad poder ir junto con nuestros dirigentes sindicales, quienes representan a nuestros colaboradores y son un aliado imprescindible en la entrega de un servicio de alta calidad a nuestros clientes”, comentó el gerente general de TPA, Diego Bulnes.

El viaje comenzó en la ciudad de La Paz y continuó en Santa Cruz de la Sierra. En terreno, los representantes de TPA recogieron información valiosa para su trabajo en Puerto, así como las necesidades que expresan tanto choferes, como dueños de empresas de transporte, exportadores e importadores, que ven a Puerto Arica como uno de sus aliados naturales.

“Nosotros como colaboradores de TPA estamos empeñados en trabajar codo a codo por entregar un buen servicio a nuestros clientes bolivianos. Tenemos un compromiso con nuestros clientes que el Puerto de Arica garantiza continuidad operativa y sabemos que para ellos, nosotros somos muy importantes”, comentó Víctor Ramírez, Primer Director Ejecutivo de Cotraporchi

La delegación terminó muy satisfecha el viaje, porque pudo reconocer de primera fuente la importancia que los clientes bolivianos le entregan al puerto de Arica: “trabajaremos arduamente por mantener la buena imagen que tenemos en Bolivia”, comentó Diego Bulnes, “y responder así a la confianza de los clientes”, sostuvo.

DESDE HACE TRES AÑOS ESTÁ INACTIVA LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE LA HIDROVÍA

La Comisión del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná, que se conformó con la intención de desarrollar un transporte fluvial más efectivo para los países miembros, dejó de reunirse desde hace aproximadamente tres años. La inactividad de este grupo coincide con el periodo en que Argentina empezó a endurecer sus trabas comerciales contra las embarcaciones con bandera nacional.

ABC de Paraguay (www.abc.com.py)

                                                

La última reunión de esta Comisión –integrada por representantes de nuestro país, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia– se desarrolló en Asunción en julio de 2011. Desde ese entonces, los gremios empresariales ligados al comercio fluvial paraguayo venían protestando por el aumento de las trabas burocráticas y técnicas, creadas por el Gobierno argentino, que dificultan la navegación de las embarcaciones de bandera nacional.

Antes de julio de 2011, la Comisión se reunía casi cada año, siguiendo los puntos establecidos y tratando temas enfocados en el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH), una organización formada en 1989 y que se reglamentó en 1992, de la que participan también los cinco países mencionados.

Para el sector de los empresarios fluviales paraguayos, la situación de la hidrovía amerita una reunión de este grupo, debido a que la coyuntura actual de nuestro comercio, que exhibe una tendencia alcista tanto en exportación como en importación; pero que no tiene en la hidrovía la libre navegabilidad requerida, libertad que se proclama e incluso se consagra en tratados internacionales vigentes.

Esta situación es una consecuencia directa de las trabas comerciales sembradas por el Gobierno argentino desde 2011, específicamente a la flota de bandera nacional que utiliza la hidrovía Paraguay-Paraná para transportar mercaderías, un boicot que se fortaleció desde el segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández.

Directivos del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (CAFyM) expresaron que buscar la reactivación de estas reuniones es responsabilidad de la administración de Cartes, para defender los intereses nacionales.

Es lo que reclama el sector privado al Gobierno: un mayor interés en lo que significa el tránsito fluvial para el Paraguay la hidrovía, considerando el impacto económico que representa.

La posibilidad uruguaya

Mientras Argentina siembra la hidrovía, desde el propio gobierno, de impedimentos al comercio exterior paraguayos a través de sus puertos, Uruguay ofrece ventajas y facilidades gubernamentales, eliminando todo lo posible burocracias aduaneras y portuarias. Sin embargo, el grave problema que se presenta con los puertos del Uruguay son los altos costos de sus puertos privados, que trabajan tanto en Montevideo como en Nueva Palmira.

Así, a pesar de estos altos costos, varios importadores paraguayos ya trabajan directamente con los puertos de Montevideo.

Según cifras oficiales de la Dirección Nacional de Puertos (DNP) del Uruguay, el ingreso de contenedores al puerto de Montevideo con destino al Paraguay aumentó un 30% en el 2013 con relación al año anterior, mientras que en lo que va de este año el crecimiento ya llega al 40% con respecto al mismo periodo del año pasado.

Sobre la hidrovía

La hidrovía Paraguay-Paraná es el sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná, desde el puerto de Cáceres (Km. 3442), en Brasil, hasta el puerto de Nueva Palmira (Km. 140), en Uruguay.

Su recorrido es de unos 3.400 km y atraviesa territorios de los países del Mercosur y de Bolivia. La superficie del área de influencia de la hidrovía es de unos 1,75 millones de km2.

Reclamos sin respuestas

Debido a las imparables trabas que pone la Argentina para el comercio exterior paraguayo en la hidrovía Paraguay-Paraná, nueve gremios nacionales enviaron una atenta nota al presidente de la República, Horacio Cartes, en la cual le reclaman una solución al tema o, al menos, que su gobierno inicie conversaciones para terminar con estos boicots a las embarcaciones paraguayas. Hasta la fecha, desde el Poder Ejecutivo no envían todavía respuesta alguna a este pedido.

Lo que hizo el Gobierno, a instancias del canciller nacional Eladio Loizaga, fue convocar a una reunión de la Comisión Nacional de la Hidrovía, que se realizó en marzo último.

PROMOVER EL TRABAJO INFANTIL ES HIPOTECAR EL FUTURO

Infobae de Argentina (www.opinion.infobae.com)

Hace unos días, la hermana República Plurinacional de Bolivia promulgó una ley que autoriza el trabajo infantil a partir de los diez años de edad, una tendencia que contradice la posición del resto de América Latina y del mundo. Se trata de una nueva norma, la Ley 548, incluida en el Código Niño, Niña, Adolescente que promulgó el Vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, y que conlleva el riesgo grave de explotación infantil.

La actitud de Bolivia está lejos de las políticas del resto del mundo, que se esfuerza por eliminar el trabajo infantil y garantizar el bienestar de los menores, e incluso de sus propios actos ya que en el año 2003 había ratificado el Convenio de la OIT Nº182 sobre las peores formas de trabajo infantil.

Los niños y niñas tienen el derecho a no trabajar, a estudiar, a jugar y divertirse, a tener una infancia digna y plena donde puedan desarrollar sus potencialidades. Tienen “el derecho a ser niños”, como afirmaba la Madre Teresa de Calcuta.

El trabajo infantil es un flagelo que atenta contra cada uno de estos derechos y pone en peligro la salud, la seguridad y la educación de los más chicos, sumándoles preocupaciones de adultos que a su edad no deberían cargar.

Según Unicef, en Bolivia trabajan 850.000 niños, que es un 28% de la población de 5 a 17 años, y la pobreza extrema alcanza a un 20% de los más de 10 millones de habitantes que tiene el país. La mayoría de los niños se desempeña en trabajos rurales.  En paralelo, un elevado porcentaje de niños trabaja por cuenta propia como vendedores ambulantes o en los mercados

Que un niño trabaje en su infancia implica limitaciones para su desarrollo. Si bien en Bolivia el trabajo infantil es visto como una alternativa para erradicar la pobreza extrema y mejorar la situación económica en el corto plazo, en el largo plazo lo que hace es profundizarla y comprometer el sano crecimiento de las futuras generaciones.

Esta nueva ley de Bolivia es una clara señal de que el gobierno no impulsa políticas serias para la eliminación de la pobreza y la erradicación del flagelo del trabajo infantil. Esto compromete las posibilidades de los niños de estudiar y mejorar sus vidas, dejándolos expuestos a la explotación  y a trabajos peligrosos a temprana edad.

En la Ciudad de Buenos Aires, nuestro compromiso y esfuerzo diario es lograr que ningún niño o niña menor de 16 años se vea obligado a trabajar.

BOLIVIA: ANIVERSARIO SIN REPÚBLICA, INDEPENDENCIA NI DEMOCRACIA

La República de Ecuador (www.larepublica.ec)

                                                  

Este 6 de Agosto, Bolivia ha conmemorado los 189 años de su declaración de independencia y nacimiento como república. Como paradoja, esto sucede en un momento de la historia en que por la naturaleza del régimen que la ha sometido, no es ni república ni es independiente.

Una república es la forma de gobierno electiva y popular caracterizada por la duración determinada de la representación o mandato, atribuciones limitadas y responsabilidades de todos sus órganos. Es la forma de “organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por el pueblo por un tiempo determinado”. Una república es un estado organizado para no tener monarca o un individuo con poder absoluto, es lo opuesto a la monarquía, porque en la república el soberano es el pueblo.

La destrucción de la República en Bolivia comenzó con la liquidación de su institucionalidad constitucional, con la denominada “agenda de octubre” formalizada entre Evo Morales y Carlos Mesa al día siguiente del derrocamiento del presidente Sánchez de Lozada, el año 2003. Buscaban una “constituyente” y para eso usaron el sofisma de una reforma constitucional promulgada por Carlos Mesa el 20 de febrero de 2004. No se trataba de una reforma sino del mecanismo forzado para violar el Art. 230 de la Constitución, que sólo permitía la reforma parcial de la Carta Fundamental. Falsearon la Constitución y sin competencia alguna introdujeron la “reforma total” por medio de la figura de “asamblea constituyente”.

El líder de las federaciones de productores de coca Evo Morales asumió la presidencia de la República de Bolivia el 22 de enero de 2006, con mandato fijo e improrrogable de cinco años, sin posibilidad de reelección inmediata. El 2 de julio de 2006 realizaron elecciones de 255 miembros de la Asamblea Constituyente, en base a la alteración constitucional que el mismo Evo Morales había producido en su alianza con Mesa en la falsificación constitucional del 2004.

La Asamblea Constituyente se instaló el 6 de agosto de 2006, con competencia limitada a un año, con la obligación de sesionar en Sucre (la Capital de la República) y aprobar un nuevo texto constitucional por dos tercios de votos de los miembros presentes (que Morales no había logrado obtener en la elección de constituyentes). La Asamblea desenvolvió sus actividades bajo permanente presión de grupos violentos movilizados y sostenidos por el Gobierno de Morales. El 3 de agosto de 2007 el Congreso con mayoría de Evo Morales en la Cámara de Diputados, y en acuerdo con Jorge Quiroga que controlaba el Senado, prologó las sesiones de la constituyente hasta el 14 de diciembre de 2007. Luego Morales produjo la “masacre de la Kalancha” contra el pueblo chuquisaqueño que protestaba contra la constituyente y trasladaron la asamblea a la ciudad de Oruro, desde donde remitieron un texto de proyecto constitucional.

En Congreso de 2007, Morales tenía mayoría y controlaba la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Senadores (de 27 miembros), 13 respondían a Jorge Quiroga y uno a Samuel Doria Medina; la oposición con 14 votos controlaba el Senado y podía impedir la suplantación Constitucional. Sin embargo negociaron la Ley 3941 promulgada por Morales el 21 de Octubre de 2008, e “interpretaron” el Art. 232 de la Constitución ya adulterada el 2004, estableciendo que: “CONCLUIDO EL PROCESO CONSTITUYENTE Y RECIBIDA LA PROPUESTA CONSTITUCIONAL, PARA SER SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DEL PUEBLO SOBERANO, EL H. CONGRESO NACIONAL PODRÁ REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS SOBRE LA BASE DE LA VOLUNTAD POPULAR Y DEL INTERÉS NACIONAL, POR LEY ESPECIAL DE CONGRESO aprobada por dos tercios de votos de sus miembros presentes”!!!!

De esta manera, no fue ni siquiera la ilegal Constituyente, sino una “comisión secreta” (confesada luego por sus componentes) y el Congreso Ordinario quienes asumieron el contenido de la constitución que liquida la República de Bolivia y que crea el Estado Plurinacional. Texto de igual contenido político a las constituciones de Chávez en Venezuela, de Correa en Ecuador, y la reforma de Ortega en Nicaragua, redactada por los mismos “académicos” de Valencia (Viciano y otros), contratados por Chávez y Castro.

Así suplantaron la Constitución de la República de Bolivia y crearon su pseudolegalidad -que no es lícita ni legítima- para consolidar la dictadura de Evo Morales en Bolivia, subordinada al proyecto transnacional del Socialismo del siglo XXI. Seis años después, Morales tiene montado el fraude para ser re-reelecto por tercera vez y en el 189 aniversario de Bolivia no hay República, ni independencia, ni democracia.

BOLIVIA PROYECTA AMPLIAR FRONTERA AGRÍCOLA A 10 MILLONES DE HECTÁREAS

Xinhua de China (www.spanish.xinhuanet.com)

                                                                      

El gobierno de Bolivia anunció hoy la meta de ampliar la superficie de cultivos de alimentos a 10 millones de hectáreas en el área productiva en 2025, con el fin de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional.

La ministra boliviana de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, recordó que la frontera agrícola en 2005 alcanzó 2,5 millones de hectáreas, sin embargo las políticas productivas que aplica el gobierno del presidente Evo Morales desde 2006 permitieron aumentar esa superficie a unas 3,5 millones de hectáreas.

"Bolivia no puede ser un país consumista, tiene que ser un país productivo, por eso en la Agenda Patriótica queremos incorporar como siete millones de hectáreas de producción de alimentos y de esta manera garantizar alimento para el pueblo, como también para el mercado externo", señaló Achacollo.

El objetivo, dijo, es convertir a Bolivia en el centro productor de alimentos de Sudamérica, al tomar en cuenta el enorme potencial agropecuario nacional.

A esto se suma el hecho de que el Estado boliviano también apunta a convertirse en el centro productor de energía, tanto en electricidad como en gas natural, agregó.

El presidente de Bolivia anunció el pasado 6 de agosto que se incorporarán y se ampliarán las exportaciones bolivianas de alimentos ecológicos como la chía, la planta stevia, la producción de peces industrializados y la miel de abeja.

Achacollo informó que se aplicarán políticas de apoyo para la exportación de peces industrializados, con valor agregado en su proceso de transformación para su venta en el mercado.

De acuerdo con datos oficiales, para esta gestión se prevé alcanzar una producción de 15 millones de toneladas y triplicar este monto para los siguientes años.

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras destacó los programas e inversiones que realiza el gobierno para impulsar y consolidar la seguridad alimentaria en Bolivia.

"Seguridad alimentaria con soberanía es uno de los lemas que tenemos como país (...) con diferentes proyectos y programas como el de riego", afirmó la ministra de Desarrollo Rural.

Añadió que el gobierno impulsa varios programas de transferencia de recursos a las organizaciones económicas productivas, créditos para la mecanización del agro y apoyo directo a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

COLOMBIA TIENE LA SEXTA ENERGÍA MÁS CARA

La República de Colombia (www.larepublica.co)

                                                                                        

A pesar de haber obtenido hace un tiempo el quinto puesto del mundo dentro de las energías más competitivas según el estudio Global Energy Competitiveness Index, varios sectores del país, especialmente la industria, se quejan de que la tarifa que se cobra por usar un kilovatio (KWh) de energía en una planta industrial es de US$0,135.

Esto hace que Colombia sea el sexto país de la Región con la tarifa de energía eléctrica más cara para los industriales, después de México (US$0,21), El Salvador (US$0,18), Guatemala (US$0,17), Panamá (US$0,15) y Uruguay (US$0,14), según cifras de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú. 

La tarifa por kilovatio nacional es muy superior a la de otros países latinoamericanos que no son tan competitivos en los mercados regional y global. Por ejemplo, los precios de  la energía eléctrica para el sector industria para economías como las de Venezuela, Argentina, Paraguay y Perú son de US$ 0,005, US$0,02, US$0,41 y US$0,74 por kilovatio (KWh), respectivamente. 

Las otras naciones latinoamericanas que cuentan con una tarifa de energía eléctrica para la industria menor a la colombiana son Bolivia (US$0,106), Chile (US$0,104), Costa Rica (US$0,09), Brasil (US$0,08) y Ecuador (US$0,07).

Ya que Colombia divide su generación de energía en cuatro partes, la explicación que tiene el sector de producción del recurso frente a este tema es que hay un costo porcentual que se va sumando al precio final en cada una de las etapas. 

Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la ventaja de países como Perú es el gran porcentaje de energía eléctrica que se produce en hidroeléctricas (42,9%) lo que genera tarifas competitivas. 

Pero si observamos cuidadosamente, Colombia tiene un porcentaje superior de energía producida a través de fuentes hídricas. Según el Ministerio de Minas y Energía, 64,1% de la electricidad en el país es producto de recursos hidráulicos, 30,8% de térmicos, y otros sectores como el eólico hasta ahora están siendo explorados. 

Según Arturo Pardo, Gerente técnico de Ingesertec SA (compañía que presta servicios a centrales de generación hidráulica y térmica), el problema de los altos precios en el mercado local puede hallarse en los altos costos que se establecen dentro de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg) para cada una de las etapas de producción de la energía: generación,  transmisión, distribución y comercialización.

“Los encargados de regular  las tarifas y los márgenes de ganancia dentro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas son ocho expertos escogidos por el Presidente de la República y tres delegados del Ministerio de Minas y Energía, del Ministerio de Hacienda y del Departamento Planeación Nacional”, señaló Germán Corredor, director del Observatorio de Energía de la Universidad Nacional.  

Pardo explicó que “para los generadores, el precio está alrededor de 120KWh, y cuando se ve en el recibo se observa una tarifa final de 405KWh”, lo que significa un valor casi cuatro veces mayor al inicial.

Los grandes consumidores, como las industrias, al final pueden negociar unas tarifas específicas con cada comercializador, quienes tienen un margen para escoger el precio. Para el comercializador hay una tarifa regulada destinada a los hogares y otra no regulada para la industria. 

De la misma manera, lo puede hacer el sector de la generación, ya que dentro de la fórmula se contemplan fenómenos que puedan generar cambios en el proceso, como el conocido Fenómeno de El Niño, que produce un periodo de sequía. 

Por último,  hay compañías que controlan toda la cadena de producción energética, como Empresas Públicas de Medellín (EPM), por lo cual cuentan con mucha más flexibilidad para establecer los precios finales no regulados tanto para el sector industrial, como para el residencial.

¿Por qué Perú tiene una de las tarifas más económicas?

De acuerdo con el Diario Gestión, la economía peruana cuenta con una matriz eléctrica que ofrece a los usuarios una energía limpia y a tarifas competitivas, lo que se ha logrado porque se ha privilegiado el potencial que posee el país, el costo de las diferentes tecnologías de generación y sus respectivos niveles de eficiencia.

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú señaló que el país cuenta con amplios recursos hidroeléctricos por aprovechar, pues a la fecha solo se ha utilizado 5% del potencial técnicamente aprovechable (69,445 megavatios).

“Esto nos permite, a diferencia de otros países, poder optar por alternativas de generación eléctrica que, además de limpias, tengan el costo más eficiente posible”, indicó la entidad.

EL NIÑO DE LOS 37 AÑOS Y UN DÍA

Un discapacitado mental español pide el indulto a Bolivia tras un año encerrado allí. En el penal de Palmasola ha sufrido palizas, descargas eléctricas, hambre y extorsiones.

El Mundo den España (www.elmundo.es)

                                                               

Esa mirada perdida de la foto significa entender el mundo a medias, al 66% para ser exactos. El otro 33% es deficiencia mental, un tercio de la realidad a oscuras, la extrañeza de estar despierto. «Estoy bien, estoy bien... una cosa, mándame cinco euros para cenar esta noche», dice a cámara el preso de la camiseta azul, con su desconcierto de hambre, con su mirar ido. «Mi hermano ve la vida como si fuera un niño». Igual por eso le llaman Pepito.

Hace un año que Bolivia le tiene encerrado en la cárcel de Palmasola, donde la policía no se atreve a entrar; hay palizas, extorsiones, virus, droga y hambre; y bandas de presos con palos controlan la vida de 5.000 personas, al español José García Fernández como si no fuera Pepito.

Ni una sola línea sobre su discapacidad intelectual hay escrita en los folios de la sentencia que el pasado 27 de junio -un año esperando el juicio-, condenó a Pepito a ocho años de cárcel por haber intentado sacar del país 16 bolsas de cocaína líquida en el contenedor nervioso de sus tripas. Como dice la jueza Livia Alarcón, el «autor y culpable» José García Fernández deberá vivir recluido en la cárcel de Palmasola hasta «el 27 de junio de 2021».

«No llegará vivo a entonces. Si sigue allí no lo contará. En un año ha sufrido golpes, robos, chantajes, descargas eléctricas y palizas por la droga. Ahora está en un pabellón menos conflictivo, donde no se mete nada por la nariz y sólo mastica coca. Pero ahí no va a estar siete años más, lo acabarán volviendo a meter en el primer pabellón». Habla Manuel García Fernández, el hermano de José que lleva un año cuidando a Pepito.

Cuando Manuel teclea correos y whatsApp a periodistas, envía dinero a la cárcel, inicia campañas en change.org o manda escritos al Consulado español, al Defensor del Pueblo, al Ministerio de Exteriores, a los partidos políticos o a los colectivos humanitarios, no llora. Pero cuando habla, sí. Al final de la charla, llora. «Algún día le devolverán al Pabellón 4. Y me lo acabarán matando. Le han pegado hasta por un plato de sopa. Él genera deudas por su adicción a la coca y no las puede pagar. La droga allí vale menos que la comida, dos dosis de coca cuestan 10 céntimos. Allí todo se compra, todos te engañan y te pegan. Y a él se le manipula fácilmente. Tiene 37 años, pero es como un niño, es como un niño...». Y entonces Manuel deja de hablar.

Por él habla su lucha. La batalla legal que inició desde que supo que al otro lado del mar vivía encarcelado su hermano Pepito, el que había pasado la vida con mamá, el que se había sacado un titulo de ayudante de albañil, el que tenía un informe del Institut Català de la Salut como «discapacitado psíquico definitivo con condición legal de disminuido», el que un día se casó por conveniencia y se fue a Bolivia a saber con quién...

Pepito debía ser un endeudado como tantos y un discapacitado como tan pocos cuando el 25 de junio de 2013 aceptó volver a España con 482 gramos de cocaína en 16 envoltorios de látex metidos en su estómago a cambio de 10.000 euros.

Hacia las 14.00 horas, los policías del Aeropuerto de Viru Viru que hacían el control rutinario de viajeros advirtieron en José «bastante nerviosismo y actitudes extrañas», según la sentencia. Pepito se contradecía en sus respuestas y presentaba «caracteríticas psicosomáticas de personas que ingieren cápsulas con cocaína». El hombre fue trasladado a otras dependencias y a las 19.30 horas logró expulsar las bolsas, algo que quizá le salvó la vida pero seguro que le complicó el futuro. Pepito fue encarcelado de inmediato y Manuel estrenó una vida que ni imaginaba.

Lanzó primero un combate de gestiones y contactos para que no trataran mal a Pepito. Después para que lo sacaran de la prisión de Chanchocorito, «donde le daban tales palizas que vomitaba sangre y no se levantaba del suelo». Más tarde para que alguien lo protegiera de las agresiones y las deudas en la de Palmasola, «desde donde me llamaban hasta 50 veces al día pidiéndome dinero», un tiempo en el que Manuel se sintió «abandonado» por las autoridades españolas. Luego para que Pepito tuviera un juicio y una sentencia, algo que llegó a España en una pregunta parlamentaria del PSOE el 28 de mayo y una respuesta del Gobierno el 2 de julio asegurando que el Consulado español ha hecho «numerosas gestiones» para que se acelere el juicio y se pueda pedir el traslado del preso a España.

Y ahora, con la condena en firme por fin, el último arreón de Manuel para ayudar a su hermano, una petición urgente y con la lengua fuera: indulto.

Porque el 14 de septiembre expira un decreto de perdón a presos que ha redactado el Gobierno de Evo Morales, una gracia que no afecta a condenas mayores de ocho años, ni a las que se dictan por delitos de sangre. O sea, la ocasión de Pepito.

Para la solicitud de indulto, Bolivia exige dos informes clave: el IANUS, sobre el proceso judicial del preso, y el certificado de antecedentes penales. Uno de los auxilios buscado por Manuel en los últimos meses ha sido la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, una ONG que ha logrado agilizar el proceso de José y hace unos días obtuvo el primero de los documentos. Ahora falta el segundo, el que acredita que Pepito jamás tuvo un problema legal antes de su error boliviano.

El pasado jueves 7 de agosto, el Consulado español en Santa Cruz de la Sierra habló con los abogados del Régimen Penitenciario. «Ya están preparando la carpeta del indulto. Sólo esperan el certificado de antecedentes penales que ya ha solicitado», dice el Consulado.

El cónsul, Joan Borrell, hijo del ex ministro socialista Josep Borrell, asegura que irá en persona a Palmasola y hablará con el abogado de oficio de Pepito para acelerar la tramitación.

Cuando la cárcel tenga el certificado de penales, enviará la carpeta al juzgado para que éste emita la resolución de indulto. Después, el Gobierno de Evo Morales decidirá.

Mientras, Pepito espera comiendo yogures de coco y espantando su adicción al polvo de la cocaína con el consuelo masticado de la hoja de la coca. Pero, a veces, se sienta en un banco, mira a la cámara como si no la viera y dice cosas desde su 66% de lucidez: «Quiero llegar a España vivo para que me vea mi mamá».

SI BIEN CHILE TIENE MAYOR AVANCE REQUIERE INDUSTRIALIZAR EL LITIO

Estrategia de Chile (www.estrategia.com.cl)

El economista boliviano, experto en el mercado de este mineral, y miembro de la Comisión Nacional que impulsa el Gobierno, advirtió que uno de los frentes sería ingresar a la cadena de valor de las baterías.

Que Chile tiene mayor avance en la minería del litio es un tema sin mayor discusión para el economista boliviano Juan Carlos Zuleta, quien es miembro de la Comisión Nacional del Litio que el Gobierno impulsa, sin embargo advirtió que debe avanzar en su industrialización.

“Es indudable que Chile tiene un mayor avance, según lo conozco, porque lleva muchos años en la explotación, pero, tal como sucede con Bolivia y Argentina, se requiere un avance en la generación de valor y algún proceso de industrialización”, señaló el experto.

A su juicio es una tarea pendiente, que aseguró ser tratada en la Comisión que integra, pues las distintas mesas de trabajo apuntan a ello. Claro que señaló que es un tema que llevaría de manera gradual. “Uno de los frentes es ver, de alguna manera, cómo Chile se incorpora en la cadena de valor de las baterías de litio”, dijo.

Respecto a la visitas que está realizando dicha Comisión al norte del país, donde ya existen mineras que trabajan con litio, Zuleta indicó que son “acercamientos importantes, porque significa que la labor de la comisión no reduce a un trabajo de cuatro paredes al permitir la participación de las comunidades que son directamente afectadas por las operaciones”.

EL ROL DE LAS ONG EN LOS PLANES DE EE.UU.

Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)

La revelación del plan de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) de impulsar el activismo antigubernamental entre los cubanos, a través de un programa de prevención del VIH, donde varios de los participantes estadounidenses recibieron un curso de entrenamiento rápido para acciones de inteligencia y que pretendía además crear una red de medios sociales al estilo Twitter (proyecto Zunzuneo) en la isla para reforzar dicha campaña, ha puesto a esta ong en el centro de la escena política latinoamericana.

Lejos de nuestro continente, se supo de la utilización de programas globales de salud para acciones encubiertas en distintas regiones de Pakistán y Afganistán, y que se prohibieron las vacunas contra la poliomelitis después de que se hicieran públicos informes de que a través de una falsa campaña de vacunación contra la hepatitis B se recogía información de inteligencia.

Los cables de Wikileaks han revelado la injerencia de la Usaid y su Oficina de Iniciativas de Transición (OTI) en Venezuela, de manera directa o bajo el uso de contratistas (Desarrollos Alternativos, Inc.). En uno de ellos queda claro que todos los organizadores de las protestas contra Chávez en 2009 eran becarios de DAI.

La Agencia AP cataloga a la OTI como una división creada después de la caída de la Unión Soviética para “...promover los intereses de los Estados Unidos en entornos políticos en rápido cambio...”.

Otro capítulo lo constituyó la actitud de Evo Morales, quien expulsó a la Usaid luego de comprobarse su apoyo a organizaciones indígenas y campesinas en conflictos regionales, que demostraban una clara ingerencia en los asuntos internos del Estado Plurinacional.

A fines de 2013 el presidente ecuatoriano Rafael Correa dio por finalizada la relación con la Usaid, luego de que viniera advirtiendo sobre las actividades de la misma, financia}ndo programas de “Fortalecimiento de la Democracia”, que en los hechos eran subvencionar a las fuerzas políticas opositoras a su gobierno.

Las informaciones, cables y declaraciones de los propios funcionarios del gobierno estadounidense dejan en claro la relación de la Usaid y otras agencias de cooperación, con las propias políticas del Departamento de Estado en nuestra región y otros lugares del planeta.

El elemento clave lo constituye el apoyo a nuevos sujetos sociales, emergentes o que expresaron históricamente determinados intereses: campesinos (Bolivia), estudiantes (Venezuela), pueblos originarios (Bolivia), policías (Ecuador), “sectores ligados al campo” (Argentina), mujeres de sectores vulnerables (Venezuela), entre otros, son claros ejemplos de esto. La formación de activistas y cuadros políticos es otra línea que estas ongs priorizan en todos los países.

Estas acciones quedan circunscriptas a la estrategia de los golpes suaves y persiguen el claro intento de desestabilización. En 2012, Mark Feierstein, administrador adjunto para América latina y el Caribe de la Usaid, aseguró que Washington prioriza el apoyo a fuerzas opositoras que “están luchando por los derechos humanos y la democracia” en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y que entrega fondos a sectores antigubernamentales radicados en dichos países.

La planificación y desarrollo de esta forma de intervención no sería posible sin el apoyo de los grandes medios de comunicación y de un trabajo silencioso, pero de altísima precisión, en las redes sociales, donde vía las nuevas tecnologías se recolecta información sobre conflictos, temas polémicos, y sujetos sociales que luego aparecen expresados en reclamos o revueltas antigubernamentales.

La noticia de que el fondo buitre NML Capital de Paul Singer financia a la filial argentina de Vital Voices fundada por la diputada nacional del PRO Laura Alonso revela otra fase del entramado social y político que se dibuja detrás de la cooperación internacional, las ongs y los intentos de erosionar a los gobiernos que no son funcionales a la política imperial.

Cabe preguntarse, entonces, cuál es el mapa completo en Argentina de estas organizaciones, sobre qué ejes trabajan, a qué sectores apoyan, qué otros dirigentes políticos las expresan. Diagnóstico necesario en cada nación, para entender las causas de muchos de los conflictos que los pueblos y gobiernos enfrentan periódicamente.

PERÚ: ENTRE CUSCO Y MACHU PICCHU

El Periódico de Guatemala (www.elperiodico.com.gt)

                                          

Partimos poco antes de las 8:00 de la mañana del hotel en Copacabana, Bolivia. A escasos ocho kilómetros encontramos la frontera, con la sorpresa de que no abrían la aduana boliviana sino a las 8:30. Afortunadamente un funcionario de la aduana, extremadamente amable, luego de aclarar que éramos guatemaltecos y no chilenos, nos atendió minutos antes de la apertura formal. Entramos a Perú sin mayores contratiempos.
Nos decepcionó el paisaje que vino a continuación: Las vistas del Titicaca de Bolivia no volvieron a repetirse del lado peruano. Puno, ciudad de cerca de un millón de habitantes enclavado en la montaña frente al lago, pudo haber sido una linda ciudad, pero una urbanización desordenada, caracterizada por multitud de edificaciones de ladrillo rojo –a menudo sin terminar– combinado con la presencia de basura que no nos dio una buena impresión.

Poco a poco, notamos algunos cambios favorables: encontramos más gasolineras, la desconfianza o rechazo ante nuestra placa chilena, en Perú se convirtió en una apreciación más pragmática del turista que viene a gastar –no importa de donde viene– y que por lo tanto es bienvenido. Ya no fue importante aclarar que éramos guatemaltecos y no chilenos. La pérdida del acceso al mar duele mucho más en Bolivia que la tierra perdida por el Perú en la guerra del Pacífico.

Llegamos a Cusco a eso de las cuatro y media de la tarde. La entrada es similar a la de cualquier gran ciudad latinoamericana: grandes avenidas, mucho tráfico, edificaciones de diversos estilos, aunque con predominio de cierta modernidad, y todo ello combinado con gran actividad comercial, formal e informal. Sin embargo, repentinamente entramos a un casco urbano de arquitectura colonial, uniforme y bien mantenido, que cambia totalmente el carácter de la ciudad. Iglesias barrocas, edificaciones blancas de estilo colonial, arcos de todo tipo, calles angostas empedradas, portales, pequeñas plazas con fuentes: el centro de Cusco nos encantó.

Al día siguiente, después de un viaje de aproximadamente hora y media desde Cusco a Ollantaytambo, tomamos un tren (alrededor de US$140 por persona), previamente reservado –desde Santiago, por Internet ya que puede llenarse– que nos llevó hasta Aguas Calientes, en otro viaje de hora y media. Allí compramos un pasaje para el bus que nos llevaría a Machu Picchu (casi US$20 por persona) así como la entrada al mismo lugar (US$40 cada uno), además de contratar a una guía (US$8 por persona, en grupo).

Los paisajes que rodean a Machu Picchu son simplemente maravillosos. El bus sube a través de un zigzag al lado de un desfiladero dentro de gigantescas montañas de pura roca que hacen que cualquiera se sienta insignificante a su lado. La Pachamama, diosa que representa la tierra y la naturaleza, se impone. 

Una muy buena guía, Graciela, con una licenciatura en turismo de la Universidad de Cusco, nos llevó a un grupo de ocho personas durante algo más de dos horas por entre las ruinas. A mil metros menos de altura que en Cusco, nos sentíamos casi como atletas: caminamos y escalamos gradas sin parar.

Descubrimos que Machu Picchu fue una ciudad que nunca terminó de completarse ya que la conquista española interrumpió su construcción. Afortunadamente los españoles no la descubrieron antes, de lo contrario habrían construido una gran catedral encima de las piedras originalmente utilizadas para construir esta bella ciudad. Machu Picchu, redescubierta en 1911, tiene un carácter sagrado, y al parecer alojaba a personas de la nobleza incaica como también a personas dedicadas a la experimentación e investigación agrícola.

Volvimos a Cusco de la misma manera que llegamos. La excursión que empezó a las seis de la mañana terminó a las 11 de la noche cuando volvimos. Estábamos cansados, pero muy contentos.