martes, 18 de marzo de 2014

BRASIL Y BOLIVIA COMO EJEMPLOS PARA IMPLANTAR VOTO ELECTRÓNICO



El asesor del presidente del Tribunal Supremo Electoral de Brasil, Paulo Camarao, presentó hoy una ponencia ante el Senado, donde detalló cómo el proceso electoral brasileño ha ido avanzando tecnológicamente desde 1996, cuando se celebraron las primeras elecciones con voto electrónico en este país de América del Sur.
La presentación de Camarao se da ante la posibilidad de que se implemente el voto electrónico en la isla en las elecciones generales de 2016, que tendría un costo de 27 millones de dólares y que incluiría el despliegue de cerca de seis mil máquinas.
“Desde el año 1996 estamos ejerciendo el derecho al voto electoral de manera computadorizada. Es un proceso de incuestionable transparencia para los partidos candidatos y electores. Es un proceso que se ha ido mejorando en cada elección y hasta hoy no tenemos un solo de fraude que haya sido comprobado”, dijo Camarao.
Camarao declaró en una audiencia pública conjunta de las Comisiones de Gobierno y Hacienda del Senado, que analizan la resolución 249, que ordena a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a incorporar el escrutinio electrónico en Puerto Rico para las elecciones de 2016.
“El proyecto electoral de un país no sirve para otro. Cada cual tiene que crear su sistema electrónico, por las leyes aplicables y realidad cultural de cada grupo”, indicó el brasileño.
Camarao recordó que en Brasil “tenemos 201 millones de habitantes y 140 millones de votantes, en territorio de 85 millones de kilómetros cuadrados y el sistema funciona perfectamente. Por ejemplo, el estado de Sao Paulo, con 20 millones electores, está dividido en 40 zonas, que funcionan como colegios electorales”.
Mientras, Marcello Carvahlo, exdirector de Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos y actual consultor electoral, presentó el caso de Bolivia: “Es un país tremendamente pobre que decidió aplicar la tecnología al proceso electoral y actualizaron su registro electoral en cuatro meses”.
Agregó que “allá reinscribieron a todos los electores, hasta los residentes del altiplano, a cuatro mil metros de altura. Finalmente fueron cinco millones de electores registrados con un sistema biométrico, con las diez huellas digitales, foto de la cara y coordinación con el registro civil. Eso se logró en cuatro meses con un sistema sencillo”. (www.metro.pr)





NO A LA REELECCIÓN INDEFINIDA

El Universo de Ecuador (www.eluniverso.com)
                                          
En el ejercicio de la política se utilizan muchos trucos. Uno de ellos es prometer lo imposible. Otro es sostener un día una cosa para después afirmar lo contrario. Juan Montalvo lo sabía muy bien cuando lo interpelaron por haber caído en una contradicción y muy suelto de huesos contestó algo así como “a otros hechos otras palabras”.
Descreo de las declaraciones sobre la reelección presidencial indefinida y digo por qué:
1.- El Gobierno tiene un proyecto a largo, 300 años más o menos. Recién van siete. Se sostiene que la revolución necesita consolidar sus conquistas. Los políticos se justifican con el bien común y la lucha contra la pobreza. El partido no tiene todavía sucesor.
2.- Se trata de un proyecto continental que trata de implantar esa entelequia que se llama Socialismo Siglo XXI. La revolución ciudadana ha planificado su versión en Ecuador, con matices diferentes de los aplicados en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina. La vía utilizada es el voto popular. Sus caudillos tienen el carisma que les concita el apoyo del pueblo, aunque no sepa adónde lo llevan. La gente recibe los subsidios, las sonrisas y las obras públicas. Agradece votando por los líderes.
3.- El Gobierno ecuatoriano domina todos los poderes. No los va a ceder en aras de principios que corresponden a otras épocas y que son sostenidos por la burguesía y los grupos de presión, incluyendo la prensa denominada corrupta.
4.- Todo gobernante siente la angustia del tiempo que se escapa y no le permite resolver los problemas como quisiera. Es la tentación de la permanencia en el poder y ciertos caracteres caen fácilmente en ese pecado, especialmente cuando se han convencido a sí propios que son perfectos. Si se equivocan, la culpa es de los otros.
5.- Con mayoría en el Parlamento, reformar la Constitución es fácil. Pero se pondrán en evidencia las verdaderas intenciones del gobernante. Vale la pena preguntarse: ¿estos diputados, representan ahora la voluntad popular?
Los argumentos anteriores resultan banales ante el hecho de que el pueblo, que sufre los desaciertos y abusos de los poderosos, derrotó a los candidatos promovidos por el Gobierno. Rechazó el proyecto del Socialismo Siglo XXI porque lo ha visto fracasar en Venezuela y en Argentina. Eso es lo que nos gritan los resultados del 23F. Si el Gobierno se siente tan seguro de sus aciertos, ¿por qué razón no le pregunta directamente al soberano si aprueba una reforma de la Constitución para cambiar las disposiciones sobre la reelección presidencial? No lo hará si teme un nuevo fracaso.
Nadie podrá resolver nunca todos los problemas de una sociedad, porque esta es un ser vivo que siempre crea desafíos nuevos, cualquiera que sea el tipo de organización. Esta es una poderosa razón a favor de la alternabilidad republicana: que vengan otras personas con nuevas ideas para progresar.
No podemos engañarnos otra vez. Se aprobará la reelección indefinida en el Congreso. Pero debemos luchar para que el pueblo sea consultado. La oposición debe prepararse, aunque sea con distintas voces, para explicarle por qué debe decir que no a la dictadura perpetua.





DROGAS, UNA SEVERA AMENAZA PARA LA ECOLOGÍA

El Economista de México (www.eleconomista.com.mx/sociedad)
                                                                 
Además de los costos para la salud y saldos negativos en materia de seguridad y violencia que el mercado de las drogas causa en países de América Latina como México, la fabricación y eliminación de estupefacientes tienen importantes impactos en los ecosistemas debido a los efectos contaminantes causados por los precursores utilizados para su fabricación y por la deforestación de bosques para los cultivos ilícitos, de acuerdo con la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), brazo de las Naciones Unidas.
Funcionarios y especialistas de medio ambiente, consultados por El Economista, advierten que la producción ilícita de drogas, como la cocaína, es una amenaza latente en Centro y Latinoamérica; zona del continente americano que mayor actividad de este tipo registra.
El viceministro de Gestión Ambiental de Perú, Mariano Castro, explicó que el daño vinculado con la producción de la droga tiene tres grandes impactos ambientales: la deforestación de bosques amazónicos para habilitar tierras de cultivos ilícitos; la degradación y contaminación del suelo por el cultivo intensivo de coca en tierras forestales y de protección; y la contaminación del agua y el suelo por el vertido de los insumos químicos utilizados para la producción de los estupefacientes.
Al ser una actividad ilegal se realiza sin cumplir ningún tipo de estándar, entre los que se incluyen los medioambientales, advirtió el funcionario peruano. Tanto el proceso de plantar las hierbas de las que se obtendrá la droga, como los mecanismos por los cuales se destilarán, emplean químicos capaces de erosionar la tierra de manera casi irreversible.
La JIFE explica en su reporte mundial 2013 que el proceso mediante el que se eliminan las sustancias empleadas en la fabricación de drogas ilícitas las introduce en el medio ambiente a través de las aguas residuales, y a partir de ahí pueden llegar a los sedimentos, a las aguas superficiales, subterráneas y a los tejidos de vegetación y organismos acuáticos.
En consecuencia, la fauna, la flora silvestre y los seres humanos pueden estar expuestos de manera crónica a dosis muy bajas de la droga o de los productos químicos utilizados para su fabricación ilícita. Esto genera costos para las personas y para los gobiernos, que son responsables de garantizar la salud pública.
De acuerdo con la JIFE el cultivo ilícito del arbusto de coca y de la adormidera ha dado lugar a la tala de bosques –en el caso de la coca–, principalmente en Bolivia, Colombia y Perú. Algunos de los efectos devastadores que tiene ese cultivo para la biodiversidad son la pérdida, la degradación y la fragmentación de los bosques y la pérdida de zonas que podrían dedicarse al cultivo de alimentos.
Además de la deforestación causada por el cultivo, los productos químicos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas pueden ser perjudiciales para la biodiversidad tanto en la zona inmediata como aguas abajo, a consecuencia de la escorrentía. También pueden tener efectos negativos los productos químicos que se utilizan para la fumigación de cultivos ilícitos desde el aire.
Hacia 2010 la JIFE advertía sobre un crecimiento “preocupante” del cultivo de amapola en el país. En su informe anual de ese año reveló que la superficie total de cultivo ilícito erradicado en México aumentó de 13 mil 95 hectáreas en 2008 a 14 mil 753 en 2009.
En tanto, hacia 2012 la JIFE reportó que en México el cultivo de adormidera permanecía y observó que las incautaciones de anhídrido acético, sustancia extraída de esta flor, han estado principalmente relacionadas con la fabricación ilícita de P2-P, un precursor de la metanfetamina, y no con la fabricación ilícita de heroína, que también existe. En el país las incautaciones comunicadas de anhídrido acético aumentaron exponencialmente en el quinquenio 2007-2011, de 10 a 76,600 litros reveló el brazo de la ONU para la fiscalización de estupefacientes.
El abordaje
La responsabilidad de atender y generar medidas para enfrentar y dar solución a los impactos de los contaminantes de la agricultura y producción de la droga compete a todas las naciones que son parte de la cadena: los productores, comerciantes y los consumidores, recomendó Yolanda Díaz, directora del Observatorio Ecológico Ambiental para América Latina.
A decir de Cecilia Iglesias, de la Asociación Civil Red Ambiental, la industria de la droga, como cualquier industria contaminante, debe abordarse globalmente, porque de no homologarse las medidas el problema se traslada a países donde las reglas son menos estrictas.
Mariano Castro expuso que en la región el problema se aborda de maneras diferentes: la transición a la regularización -dentro de lo posible-; la intervención directa a extracción del cultivo ilegal a través del castigo a quienes ejercen esta actividad ilícita y la rehabilitación de las áreas afectadas; finalmente el fenómeno se ha tratado a través del reemplazo de los cultivos ilícitos hacia plantíos legales, como el cacao en el caso de Perú.
El golpe de las drogas al medio ambiente no es sólo un problema ecológico, abundó el viceministro, también es económico y social, por ende debe abordarse desde una perspectiva multisectorial y multilateral.
Ante ello, recomendó que los gobiernos de América Latina deben trabajar de manera conjunta compartiendo información respecto a lo que está en riesgo, las experiencias y la promoción de una estrategia de aprovechamiento de biodiversidad y recursos naturales. (www.eleconomista.com.mx/sociedad)





LA NARCO-DEFORESTACIÓN ARRASA CENTROAMÉRICA

El País de España (www.elpais.com)
                                                           
La narco-deforestación azota a Centroamérica. Los bosques y las montañas de un corredor biológico en el Caribe y las comunidades indígenas sufren las tropelías de los contrabandistas de droga, que se aprovechan de su trato con gobiernos débiles, regímenes de propiedad conflictivos, alto nivel de pobreza, cambio climático, tala ilegal, megaproyectos de infraestructura y expansión de negocios agropecuarios.
La advertencia está contenida en un paquete de informes divulgados este lunes en la capital costarricense y elaborados por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y el Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo y Medio Ambiente (PRISMA), en coordinación con universidades de Estados Unidos y grupos no gubernamentales de México y Centroamérica.
Pese a que la crisis ataca con dureza a la región de La Mosquitia, en Honduras y en Nicaragua, y en El Petén, en Guatemala, también zonas caribeñas más prósperas como Panamá y Costa Rica están en riesgo.
“En los paisajes rurales de Petén, objetos de disputa, se combinan sitios más nuevos de transferencia primaria de drogas con rutas secundarias establecidas de transbordo a México. En el Parque Nacional Laguna del Tigre y áreas protegidas de la municipalidad de Sayaxché, la intensificación del narcotráfico ha coincidido con tasas anuales de deforestación de 5% y 10%, respectivamente. Análisis catastrales confirman que los narcotraficantes son propietarios de grandes fincas dentro de Laguna del Tigre y otras áreas protegidas”, se lee en el informe.
“Focos de deforestación intensiva a menudo se superponen en el espacio con nodos de tráfico, en particular cerca de centros primarios de transferencia de drogas en las zonas orientales de Nicaragua y Honduras. Por ejemplo, en 2011, la Reserva de la Biosfera Río Plátano de Honduras fue calificada por UNESCO (Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) como Patrimonio de la Humanidad en Peligro debido a las alarmantes tasas de pérdida de bosques atribuidas a la presencia de narcotraficantes, según indicarían las múltiples pistas de aterrizaje clandestinas a lo lago y a lo ancho de la reserva”, puntualizó.
El área deforestada en Honduras es la suma de las nuevas talas de más de 5,2 millones de hectáreas, según el Espectroradiómetro de Imágenes de Media Resolución de la Administración Nacional del Espacio (NASA), de Estados Unidos.
La deforestación “fue aumentando al mismo ritmo que el aumento del tránsito de cocaína por el bosque de Honduras oriental. El gran tamaño de los nuevos manchones de deforestación detectados (más de 5,2 millones de hectáreas) en relación con los cuadros agrícolas indígenas (menos de dos millones de hectáreas) indicaría la presencia de agentes que cuentan con capital inusual en el terreno. De manera similar, en El Petén en Guatemala, el ingreso de una cantidad sin precedentes de cocaína en la región coincidió con un periodo de gran deforestación”, explicó.
En una minuciosa descripción del fenómeno, los estudios determinaron que los narcotraficantes recurren a “tres mecanismos interrelacionados” para que la deforestación esté atada al establecimiento de centros de tránsito de drogas.
El primero es talar bosques para abrir caminos y pistas de aterrizajes clandestinas. El segundo es intensificar las presiones “preexistentes” sobre los bosques, al introducir cantidades “sin precedentes” de dinero y armas en zonas de frontera “que de por sí tienen un gobierno débil”. “Cuando residentes productores, cultivadores de palma de aceite, especuladores inmobiliarios y traficantes de madera se involucran en el narcotráfico, se narco-capitalizan y se vuelven más audaces, por lo que expanden sus actividades, generalmente en perjuicio de los minifundistas (indígenas) que a menudo son defensores claves del bosque”, precisó.
En este escenario, añadió, indígenas y campesinos “se declaran impotentes contra los sobornos, fraudes inmobiliarios y brutalidad que los despojan de sus tierras. El gobierno del bosque a niveles más altos también está desgastado por la violencia y la corrupción: los grupos de conservación han recibido amenazas y temen ingresar a las ‘narco-zonas’ y los fiscales estatales reciben coimas a cambio de desviar la mirada”.
El tercer paso es que “las inmensas ganancias” obtenidas en el narcotráfico crean “fuertes incentivos” en las redes criminales para invertirlas en actividades agrícolas. “Convierten al bosque a la agricultura (generalmente pasturas o plantaciones de palma de aceite). Las ganancias requieren ‘lavado’. La adquisición y ‘mejoramiento’ de tierras remotas (por deforestación) permite que los dólares se conviertan en activos privados sin dejar rastro y, a la vez, legitima la presencia” de los carteles del narcotráfico bajo la cobertura de una producción agropecuaria, subrayó.
“Las grandes ‘narco-propiedades’ además sirven para monopolizar el territorio contra organizaciones de narcotraficantes rivales y maximizar la zona de actividades de los traficantes”, apuntó.
Aunque comprar bosques en áreas protegidas e indígenas es ilegal, los narcotraficantes “tienen suficiente influencia política como para asegurar su impunidad y, si hace falta, falsificar los títulos de propiedad de las tierras. Así, pueden obtener beneficios de la especulación inmobiliaria cuando las venden a organizaciones criminales (nacionales y extranjeras) que con frecuencia cada vez mayor utilizan el emprendimiento rural como rubro de diversificación”, alertó.
La situación se agrava cuando el crimen organizado logra vender esas propiedades a “intereses corporativos legítimos” que buscan invertir en negocios agropecuarios en Centroamérica. “El resultado es que los bosques se convierten en forma permanente en tierras agrícolas”, afirmó.
Según los documentos, con fronteras permeables, corrupción y debilidad institucional pública, sitios remotos de Guatemala y Honduras con “escasa población y poca presencia estatal” en áreas limítrofes boscosas “ofrecen condiciones ideales” para los traficantes, mientras Centroamérica se consolidó en los últimos años como puente del contrabando de estupefacientes de Colombia a México y Estados Unidos.
En una entrevista con EL PAÍS, la estadounidense Kendra McSweeney, investigadora del Departamento de Geografía de la Universidad del Estado de Ohio, y coautora de los estudios, explicó que el fenómeno se agravó desde que el Ejército de México lanzó, en 2006 y 2007, la guerra al narcotráfico, y los carteles mexicanos desplazaron sus operaciones a Centroamérica.
“En los últimos seis años, sobre todo, hemos visto un verdadero tsunami de cocaína que pasa por vías terrestres en Mesoamérica. Siempre había droga pasando por Centroamérica, pero nunca como en los últimos seis años”, aseguró. “Los traficantes trabajan en zonas boscosas para traficar y limpiar sus ganancias sucias e invierten sus dólares sucios en potreros, ganadería, minería, agro—negocios como la palma africana y el bosque se convierte en pastizales por el narcotráfico”, lamentó.





¿DE QUIÉN ES EL NEGOCIO DE LA COCA?

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)

Por fin escuché lo que quería, algo que me tenía loco desde que coqueo. Y mire lo que son las cosas, tenía razón en mis pensamientos. Y me los aclaró nada más y nada menos que Sergio Berni, secretario de Seguridad, en el reportaje que le hizo nuestro compañero Hugo Krasnobroda.
Del ministro teníamos una versión que había dicho que había que prohibir el ingreso de coca al país y se armó el quilombo. La voz popular gritaba: “¡Está loco, si coqueamos toda la vida los salteños!”. Ya nos veíamos armando acullicos de ligustrines.
Pero, en el reportaje de Krasnobroda, sobre la prohibición del coqueo, el ministro dijo: “No, absolutamente.
Es una cultura milenaria, lo que yo dije fue sacado de contexto. Yo lo que digo es que en un país donde la ley permite el coqueo también debe permitir la comercialización de la hoja de coca y no estar penada.
Hoy se genera un actividad ilícita como sucede con la hoja de coca. Si nosotros en una ley permitimos que se puede coquear, los legisladores deben legislar para permitir que esa hoja de coca se comercialice regulada”.
Ahí apuntaba yo. Por un lado prohíben el ingreso de coca y por otra nos dicen que es legal coquear. ¿De quién es el negocio de la coca que compramos todos los días?
Y si por esas casualidades andamos por el otro lado de la frontera, por Bolivia, y se nos ocurre traer algo de cocarda, la Aduana nos pone un tope que es mínimo, pero acá en Salta podemos comprar la cantidad que queramos en los lugares permitidos.
Ojo, no les quiero arruinar el negocio a nadie, simplemente considero que hay que hacerle caso al ministro, repito: “Si nosotros en una ley permitimos que se puede coquear, los legisladores deben legislar para permitir que esa hoja de coca se comercialice regulada”.
Cambiando de ángulo, el miércoles pasado se festejó el Día Internacional del Acullico en Bolivia, me lo contó el Coco Salas. El objetivo, según las autoridades, fue demostrar que la hoja es, en su estado natural, es remedio para la diabetes y un energizante que ayuda en labores de gran esfuerzo físico. ¿Qué tal, Tartagal?





SE PODRÁ LLEGAR A LA PAZ A TRAVÉS DE 2 TRAMOS

Diario Correo de Perú (www.diariocorreo.pe)
                                                              
La reclasificación de ruta regional a nacional de la carretera Tacna - Collpa por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones permite que se pueda llegar a la ciudad de La Paz (Bolivia) por dos frentes una vez se culmine los trabajos de la carretera de 164 kilómetros.
TRAMOS.
En la reclasificación el MTC realizo el cambio a la ruta PE-40 cuya trayectoria es: Tacna- Pachía- Palca - Alto Perú –Rosaspata – Ancomarca – Tripartito (frontera con Bolivia y Chile) y también PE-40 A de trayecto: Rosaspata – Pocuyo – Collpa (frontera con Bolivia).
Una salida por la zona del Tripartito era un sueño de los pobladores y autoridades de Palca que ahora el gobierno central lo cristaliza con la construcción de un ramal a Bolivia.
"Nos hemos comprometido asumir la competencia de esta vía y hoy estamos cumpliendo para poder pavimentarla y que nos conecte con Bolivia. Ahora se trata de agilizar los estudios que faltan para empezar lo más rápido posible y convocar la ejecución de esta carretera de suma importancia para Tacna", anoto el ministro Carlos Paredes Rodríguez en una nota de prensa.
TRABAJOS.
La elaboración del expediente técnico y la ejecución demandará S/. 512 millones al estado, la vía se hará en asfalto en caliente, de 6.6 m de ancho, bermas y veredas.
Proyecto. El expediente técnico debe culminar en febrero del 2015 e iniciar su licitación en julio y la construcción de la vía comenzar en setiembre.






Global Voice de España (www.es.globalvoicesonline.org)

El 13 de febrero, el tribunal supremo de Bolivia dictó una esperada resolución sobre ciertas cláusulas del código penal, que penaliza el aborto excepto en caso de violación, incesto o peligro para la vida o la salud de la madre.
En un caso muy mediático que se ha eternizado durante dos años, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) rechazó una enmienda a una ley de 1972, basada en la nueva constitución boliviana, que garantiza los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y prohíbe la discriminación basada en el sexo. Pero también anuló una regla que exige el consentimiento de un juez para llevar a cabo un aborto legal, exigencia que ha sido un importante obstáculo para realizar abortos sin riesgo en los casos permitidos por la ley.
Tanto los partidarios como los detractores del aborto encuentran razones para celebrar la salomónica decisión. El Catholic Family and Human Rights Institute, C-FAM [en] (Instituto de la Familia Católica y los Derechos Humanos), citando el explícito rechazo del TCP al aborto como derecho reproductivo constitucional, tilda la sentencia de «hiriente derrota» de los que proponen la despenalización. El TCP también afirmó que el respeto por la vida es un pilar fundamental del estado boliviano.
Pero para IPAS [en], una ONG internacional que apoya a grupos bolivianos defensores de los derechos reproductivos, el hecho de que el TCP haya eliminado el consentimiento judicial es un «paso positivo e importante para los derechos femeninos en la región». Un estudio de IPAS [en] de 2012 descubrió que se niega la autorización judicial para los abortos terapéuticos de forma rutinaria, dejando incluso a las víctimas de violación y mujeres cuya salud peligra a merced de prácticas clandestinas. Según consta, en más de 40 años desde que se aprobó el nuevo código penal, solo se han aprobado seis abortos.
La eliminación del consentimiento judicial era una de las principales exigencias de dos comités de las Naciones Unidas que el año pasado apremiaron a Bolivia para que se adecuase al creciente cuerpo de jurisprudencia nacional e internacional, ratificando el derecho de la mujer al aborto. Entre otros aspectos positivos de la resolución, IPAS cita la llamada del TCP al Congreso y al ejecutivo bolivianos para que aseguren el acceso universal al aborto terapéutico seguro, y para que desarrollen programas educativos y sanitarios que protejan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
También es interesante el novedoso marco legal que utiliza el TCP para racionalizar su decisión, en un aparente esfuerzo por reconciliar los principios constitucionales bolivianos con los tratados internacionales y las creencias indígenas tradicionales. En defensa del limitado derecho al aborto de Bolivia, la resolución adopta una visión andina de la vida humana como parte de un ciclo cósmico, sin principio ni final, que está protegido por la constitución. Al mismo tiempo, reconoce la responsabilidad de Bolivia, como estado miembro de tratados internacionales, de garantizar el aborto seguro para los casos protegidos por la ley.
Por el momento, al menos, el dictamen ha servido para apaciguar el debate, de gran carga emocional, que suscita el caso en este país de ingente mayoría católica e indígena. Los que se oponen a la despenalización utilizan argumentos en gran medida de índole moral y religiosa. 
En palabras de la diputada indígena Emiliana Ayza, dirigente del grupo parlamentario del partido gobernante MAS (Movimiento Al Socialismo) en la Cámara de los Diputados, el aborto «es un asesinato y ganamos un pecado delante de Dios». De acuerdo con un sondeo de 2010 [en], cerca de un 80% de las mujeres bolivianas comparten esta opinión. Aún así, el 34% de los encuestados pensaban que ante un embarazo no deseado, una mujer debe considerar el aborto.
La Iglesia Católica, de fuerte presencia en Bolivia a lo largo de toda su historia (aunque la religión católica perdió en 2009 su estatus de religión oficial del estado), ha desempeñado un papel primordial en la oposición al aborto tanto en el ámbito político como en el religioso. Según el Arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, el aborto forma parte de la estrategia imperialista para el control de la población, promovido por ONG internacionales y gobiernos extranjeros que pretenden minar la soberanía boliviana. Este argumento evoca la controversia que se produjo en la década de los 60 sobre las supuestas actividades del U.S. Peace Corp para esterilizar mujeres indígenas, que acabó con la expulsión de Bolivia de dicho cuerpo.
Los defensores de la despenalización se centran en la crisis sanitaria [en] que rodea el aborto ilegal, cuyas principales víctimas son las mujeres pobres e indígenas. A pesar de las actuales restricciones, se estima que en Bolivia se practican anualmente entre 60 000 y 80 000 abortos, a menudo por métodos poco seguros, y con frecuencia en las periferias urbanas empobrecidas, donde se concentran las poblaciones indígenas. En casi la mitad de los casos es necesario administrar cuidados hospitalarios de urgencia después del aborto. 
Los estudios muestran que los abortos sin garantías son los responsables de casi un tercio de las muertes maternas de Bolivia, que tiene una de las mayores tasas de mortalidad materna de América Latina. El gran número de embarazos no deseados también está estrechamente vinculado a la violencia sexual, que sufren siete de cada diez mujeres bolivianas (la segunda tasa más alta de Latinoamérica, después de Haití).
Los estudios también citan un «número alarmante» [en] de investigaciones (775 casos solo en los distritos de La Paz y Santa Cruz entre 2008 y 2012) contra mujeres sospechosas de haberse sometido a un aborto ilegal, en su inmensa mayoría pobres e indígenas. Instigadas por sanitarios, familiares y fiscales, estas querellas suelen languidecer durante años en el sistema judicial, aunque un número relativamente bajo ha terminado en sentencias de prisión (bajo la ley, el acto de someterse, practicar o asistir en un aborto ilegal está castigado con penas de uno a seis años).
Los activistas a favor de los derechos reproductivos dicen que estas querellas se utilizan con frecuencia para acosar e intimidar a las mujeres. En un caso muy sonado, una mujer guaraní víctima de una violación pasó ocho meses en arresto preventivo antes de conseguir su liberación por lo que quedaba de su sentencia de dos años.
La dirección del partido gobernante MAS, que suele cerrar filas en público, está abiertamente dividida en este tema. Mientras que el presidente Evo Morales ha manifestado su creencia personal en que el aborto es un crimen, cinco ministros de su gabinete (entre ellos, tres mujeres) han mostrado su apoyo a la despenalización. El caso original que cuestionaba la constitucionalidad de la restrictiva ley del aborto fue iniciado por la diputada indígena Patricia Mancilla.
La resolución del TCP es la última de una tendencia creciente [en] de acciones judiciales y legislativas que reducen las barreras del aborto legal en Latinoamérica, una región con algunas de las leyes de derechos reproductivos más restrictivas del mundo. A finales de 2013, Uruguay aprobó el aborto sin restricciones en las primeras fases del embarazo, sumándose a otros tres estados (Cuba, Puerto Rico y Guyana), México D.F. y el departamento francés de ultramar de la Guayana Francesa, donde el aborto está prácticamente despenalizado. Seis países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Venezuela y Ecuador) permiten abortos terapéuticos en circunstancias similares a las de Bolivia. En siete países (Chile, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam y República Dominicana) el aborto sigue totalmente prohibido.
Aunque las nuevas disposiciones no acabarán con los abortos de riesgo, los defensores bolivianos de los derechos reproductivos son optimistas, ya que hará los abortos legales más fáciles, rápidos y asequibles a un mayor sector de la población. «Para las mujeres ha sido un avance» dice Patricia Mancilla, pero «la lucha recién empieza».





DEFENSORES DE JUJUY Y BOLIVIA ACORDARON COOPERACIÓN BINACIONAL

El Libertario de Argentina (www.ellibertario.com)
                                                 
Los defensores del Pueblo de Jujuy, Víctor Galarza, y del Estado Plurinacional de Bolivia, Rolando Villega Villena, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de “promover la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos bolivianos en territorio argentino, como así también los de los jujeños en el vecino país”.
Por el acuerdo, los defensores se comprometieron a impulsar acciones de amparo, defensa y promoción de los derechos humanos en el territorio de sus competencias.
Las instituciones, en el marco del entendimiento, brindarán “cooperación y apoyo necesario en el límite de sus competencias a los ciudadanos de ambas naciones al momento de recibir denuncias y que se brindará información mutua inmediata en casos de vulneraciones de los derechos humanos de bolivianos en nuestra provincia, como así también de ciudadanos jujeños que se encuentren en territorio boliviano”, se indico oficialmente.
El intercambio pone énfasis además, en desarrollar estrategias de prevención relacionadas con la trata y tráfico de niños en las zonas de frontera y el intercambio de información institucional sobre temáticas de derechos humanos, en especial cuando estén vinculados a los migrantes. De la misma manera se prevé el diseño e implementación de programas de visitas, pasantías y otras actividades de capacitación técnico-profesional, promoviendo la cooperación institucional en foros nacionales e internacionales.
Asimismo, los defensores acordaron instrumentar proyectos, intercambios técnicos, operaciones y actividades como campañas de promoción y protección de los derechos humanos.
Para concretar lo planteado en el convenio, se elaborarán planes de trabajo previamente concertados por los defensores y se establecerá un programa conjunto para desarrollar estrategias, se anunció.
Del acto de firma del acuerdo tomaron parte los defensores adjuntos Hugo Eleit y Julio Costas; la responsable de Tarija de la Defensoría boliviana, Gladys Sandoval y la responsable del Departamento de Potosí, Jackeline Alarcón. También asistieron la cónsul de Bolivia en Jujuy, Evelín Agreda Rodríguez y Juan José Arévalos en representación del intendente de La Quiaca.





IMPUTADOS LOS PADRES DE LA MENOR DE L'HOSPITALET SECUESTRADA EN BOLIVIA

El Periódico de España (www.elperiodico.com/es)

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de L'Hospitalet, que instruye el caso de la menor marroquí residente en l'Hospitalet que estuvo secuestrada en Bolivia, ha citado como imputados a los padres de la pequeña, que este lunes por la mañana ha llegado al aeropuerto de El Prat. El juez les atribuye un delito de abandono de familia.
La niña, de 10 años, fue liberada hace dos semanas en Bolivia tras permanecer secuestrada siete meses. En el aeropuerto del Prat le esperaban sus padres, acompañados de varios mossos d’Esquadra de la unidad central de secuestros. La pequeña aterrizó de madrugada en Barajas, tras un largo viaje con los dos oficiales de la Guardia Civil que se trasladaron hace un mes a Bolivia a seguir de cerca las investigaciones sobre su localización y rescate.
El regreso de la niña se ha retrasado debido a su situación en España, donde como el resto de familiares carece de papeles. Para agilizar su vuelta, finalmente se le tramitó un salvoconducto de urgencia que le ha permitido entrar finalmente en España.
El juez ha pedido a la Generalitat informes sobre la conveniencia de que la pequeña vuelva o no con su familia. La menor ha podido reunirse con su familia en el aeropuerto, ante los que se ha mostrado contenta. A continuación, la pequeña ha sido trasladada al hospital de Sant Joan de Deu, donde está siendo examinada por los médicos. La pequeña presentaba buena cara.
El juez ha ordenado que, con carácter provisional, la niña quede ingresada en un centro de la Direcció General de Protecció a la Infància (DGAIA) hasta que reciba los informes y pueda tomar una decisión. Mientras tanto, podrá ver a su familia pero en un entorno "controlado".
Madre del secuestrador a prisión
La menor fue puesta en libertad el pasado día 8, tras permanecer casi siete meses en poder de un ciudadano boliviano de 35 años que se la llevo a Bolivia con el permiso de sus padres. El hombre está ingresado en la prisión de El Abra, en Cochabamba, y la Fiscalía de Bolivia le ha imputado los delitos de trata de personas, asociación delictiva y abuso sexual. También está en prisión la madre del secuestrador que ayudó a su hijo a esconder a la niña las primeras semanas y que no quiso colaborar con las autoridades bolivianas cuando el hombre se adentró con la menor en la selva.
Operación en Bolivia
En la operación de rescate, de gran complejidad al tratarse de una zona de difícil acceso, participaron de forma coordinada las fuerzas especiales contra el crimen organizado de Bolivia y dos guardias civiles que se trasladaron al país andino, con la participación de los Mossos d’Esquadra, y con el respaldo de la Embajada de España en La Paz.
El presunto captor era vecino de rellano de los padres de la niña, que dieron su permiso para que la menor le acompañara a unas vacaciones al país andino. La pequeña llegó a Bolivia en agosto del año pasado y dos semanas después la familia había perdido el contacto con ella. Entonces denunció su desaparición ante los Mossos de'Esquadra.





DETIENEN A CUATRO CAMIONEROS EBRIOS EN LA FRONTERA CON BOLIVIA

Cuatro camioneros bolivianos fueron demorados preventivamente ayer al ser descubiertos conduciendo en estado de ebriedad rumbo a la frontera norte del país

El Intransigente de Argentina (www.elintransigente.com/notas)
                                                                  
Cuatro camioneros bolivianos fueron demorados preventivamente ayer al ser descubiertos conduciendo en estado de ebriedad rumbo a la frontera norte del país. Los procedimientos se concretaron ayer en la Sección Seguridad Vial de Río Las Pavas, próximo al límite entre nuestra provincia y Jujuy, sobre la Ruta Nacional 34 cerca de las 16.
El primero de los conductores controlados evidenció 0.08 gramos/litro de alcohol en sangre; mientras que el segundo caso fue a las 16.16 ocasión en que el chofer marco 0,52 de alcohol en sangre.
Diez minutos más tarde un tercer camionero fue demorado al constatarse que presentaba estado alcohólico en un grado de 0,45 mientras que el último presento etilismo en 0,39 gramos en litro de sangre.
Estas personas, domiciliados en La Paz, Yacuiba y Tarija, fueron demoradas en el marco de actuaciones por infracción al artículo 48 inciso A de la ley 24.449. Se hace notar que los vehículos, cuatro camiones Volvo, circulaban procedentes de la República de Chile con destino a Bolivia, siendo los mismos transportes de cargas peligrosas como alcohol.

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