DENUNCIAN AMENAZAS EN EL ABRA DE SANTA CRUZ. VECINOS DICEN QUE ES CONVENIENTE PERTENECER A BOLIVIA

Amenazaron a Evangelista Subelza, dirigente de la organización aborigen Qullamarka, en el Abra de Santa Cruz, donde 17 familias salteñas quedaron en territorio boliviano desde la instalación de un nuevo hito que alteró la demarcación tradicional del límite, en el municipio de Santa Victoria Oeste. A través de un acta de la Comunidad Colla del Abra de Santa Cruz, que tiene como máxima representante a Evangelista, los vecinos afectados dieron a conocer al país de forma unánime y voluntaria que habían quedado súbitamente viviendo en el extranjero. Un mes más tarde, en la misma reunión mensual de la comunidad, no se pudo labrar un acta porque un grupo de punteros ligados al intendente dividió la opinión de los vecinos al proponer que era conveniente para ellos pertenecer a Bolivia. “Vos no sabés lo que te va a pasar... Ahora me van a conocer los de El Tribuno”, la amenazó una puntera del intendente, según denunció Evangelista. 

“El domingo tuvimos una reunión comunitaria en la escuela argentina del Abra de Santa Cruz, por el tema de los límites. Estábamos por finalizar el encuentro donde se hicieron varias notas para autoridades y organismos nacionales. Apareció Alejandra Subelza a pedir la palabra como la vez pasada allá en el hito, diciendo que convenía ser bolivianos y después me amenazó y dijo que no sabía lo que me podía pasar”, afirmó la dirigente aborigen. 

Alejandra Subelza es mujer del actual concejal local Fernando Subelza y tiene un cargo en el Estado, como ordenanza en la escuela de la localidad de Santa María. Alejandra Subelza, junto al ex concejal argentino Ignacio Peloc, en funciones cuando se instaló el nuevo hito el 28 de noviembre de 2013, propusieron la creación de una nueva comunidad aborigen registrada en Bolivia, iniciativa que apoyan algunos de los lugareños. “Me amenazó diciendo que quién era yo para andar diciendo cosas en El Tribuno”, dijo Evangelista en diálogo telefónico desde La Quiaca. “Me voy a poner la denuncia a la Policía”, agregó. “Hicimos notas para todas las autoridades de Salta y de Buenos Aires para que se defina bien el tema de los límites. Toda la gente dice que tiene que ser Argentina, solo son cuatro los que dicen que conviene quedar en Bolivia, que son la gente del intendente. Esta vuelta vino mucha gente y no sólo de arriba, sino de Santa Cruz y Santa María y todos apoyan seguir siendo de Salta”, contó Evangelista Subelza. 

“Seguiremos llevando reclamos”

“Nosotros estamos defendiendo nuestro derecho a que eso siga perteneciendo a la Argentina. La mayoría de la gente dice que si hay posibilidad quieren seguir perteneciendo a la Argentina. Se firmaron las actas y todas las notas que voy a llevar a Salta. Llevamos todos los reclamos a la ciudad para que nos escuchen, tanto Derechos Humanos como la gente de la Justicia. Eso se habló en la reunión del domingo, pero Alejandra Subelza entró como queriendo pelearse y me amenazó. La comunidad misma firmó en el acta que se denuncie estas amenazas y por eso voy a la Policía”, explicó Evangelista Subelza.
La dirigente aborigen es miembro de Qullamarka, una organización que reclama la tenencia comunitaria de las tierra y nuclea a más de 80 comunidades originarias de Santa Victoria Oeste, Nazareno, Iruya. Qullamarka denunció en su última asamblea la intromisión del Estado, que por medio de punteros políticos promueve la creación de nuevas comunidades originarias respaldadas con personería jurídica provincial, dentro de comunidades aborígenes ya establecidas y anteriormente reconocidas con personería jurídica nacional. Eso es lo que pasó en Mecoyita, donde la creación de una nueva personería jurídica frenó la entrega de tierras, según denunciaron.

El intendente no vio el mojón.  Por Francisco Sotelo

El intendente de Santa Victoria Oeste, Cástulo Yanque, asesoró al Gabinete de Urtubey sobre el conflicto que plantean los vecinos en Abra Santa Cruz. A pesar de que un centenar de personas se enteró el 28 de noviembre de que ahora viven en Bolivia, el jefe comunal dijo al gobierno que “no existen problemas limítrofes”. Es cierto, los expertos que analizan la cuestión lo definen como un “problema de demarcación”, pero igual perdimos territorio y nadie explicó por qué. A pesar de las amenazas que denuncia Evangelista Subelza, Yanque aseguró que “Abra de Santa Cruz está tranquila”, pero de inmediato anunció que el 25 de abril irán los ministros “para transmitirles tranquilidad” (sic).

Yanque dijo - a los ministros - que “no se corrió ningún límite, los mojones siguen estando en el mismo lugar, como lo establece el tratado de 1925”. La página oficial no indica si algún ministro le explicó la diferencia entre “demarcación” y “límite”, o que los mojones originales se instalaron en 1940. El mojón plantado hace cuatro meses es el que aparece en la foto superior de esta página, pero Yanque no lo vio. Es extraño porque dijo que estuvo en paraje Abra de Santa Cruz”. 

El Tribuno no pudo preguntarle sobre estas cuestiones porque cada vez que se lo llamó, apenas respondió, se quedó sin señal. (www.eltribuno.com.ar)

LA JUSTICIA DEL MIEDO

Bolivia ocupa el segundo lugar de Latinoamérica, tras Guatemala, en ejecuciones públicas por cuenta propia

El País de España (www.internacional.elpais.com)

Cuando aterrizó en el hospital Boliviano-Holandés de El Alto, el hombre era una especie de mole putrefacta que se deshacía por dentro. Y su cuadro clínico, complejo: quemaduras de tercer grado en los brazos, en el abdomen y en las piernas. Su rostro se había salvado de las llamas de milagro. También, su cuello. Yacía en cama, vestido con un gorro quirúrgico y una bata. Tenía el cuerpo embadurnado con crema antiséptica y su único contacto con la realidad era un ventanal que lo separaba de los que le visitaban.

El hombre, un estafador de poca monta, se había hecho pasar por recaudador de impuestos en el barrio alteño de Puerto Camacho, a media hora del centro de la ciudad. Allí, algunos vecinos, tras descubrir la farsa, le colocaron su propio jersey en la cabeza y lo masacraron: puñetazos, insultos, patadas, manotazos. El maltrato se prolongó hasta el anochecer. El hombre perdió el conocimiento varias veces. Y como acto final —antes de que su mujer lo rescatara—, lo rociaron con combustible y le prendieron fuego.

Cuando volvió en sí, el hombre se veía como un trozo de cartón recién prensado. Y prefirió mantener el anonimato. A través de un intercomunicador, declaró que la turba le cayó encima de repente, que no pudo hacer nada para escapar del linchamiento. Por aquel entonces, el hombre dormía la mayor parte del tiempo; se agitaba fácilmente en cuanto los calmantes del gotero perdían efecto; parecía tener miedo hasta de su reflejo.

Historias como la suya se repiten como un eco en la prensa local, casi todos los meses. El 28 de junio de 2006, en la zona Mercedes B de el Alto, Julio Mamani, de 55 años, fue colgado de un madero tras ser sorprendido robando algunas herramientas. La policía se enfrentó a los atacantes, pero Mamani ya no respiraba cuando lograron acercarse. El 12 de marzo de 2007, también en El Alto, una atracadora fue torturada durante 14 horas por una jauría de personas que la desnudó completamente antes de liberarla. En Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más grande del Oriente boliviano, hace unas semanas, un tipo fue golpeado hasta la muerte después de que lo pillaran abusando sexualmente de una mujer en un barrio alejado. Y el año pasado, en un pequeño pueblo de Potosí, en el suroeste del mapa, tuvo lugar uno de los acontecimientos más macabros de los últimas décadas. Allá, una muchedumbre de campesinos sepultó vivo a un adolescente de 17 años acusado de violar y asesinar a Leandra Arias, de 35. Primero, lo obligaron a ser parte del velorio de su supuesta víctima. Luego, lo tiraron sobre el féretro con las manos amarradas y le echaron tierra encima hasta provocar su asfixia. El patrón es casi siempre el mismo —un extraño que delinque, hombres y mujeres que actúan como manada, palizas, gritos, amedentramientos—. Y el resultado, una tragedia.

Según un estudio del sociólogo Juan Yhonny Mollericona, entre el año 2001 y el primer semestre de 2008, solo en la ciudad de El Alto, se produjeron 88 intentos de linchamiento y 15 decesos. Entre 2008 y 2013, el periódico Los Tiempos informó de 21 episodios similares en el departamento de Cochabamba. La Defensoría del Pueblo asegura que entre 2005 y 2012 hubo por lo menos 180 fallecidos por culpa de las ejecuciones sumarias; esta misma institución dio cuenta de otros diez ajusticiados en la primera mitad de 2013. Y el Grupo de Apoyo Mutuo, otra organización humanitaria, sitúa a Bolivia en el segundo lugar —después de Guatemala— con el mayor número de casos comprobados en los que la arbitrariedad es la pauta. La mayoría de las estadísticas proviene de una minuciosa revisión hemerográfica. En las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, estos delitos se suelen registrar como homicidio o como tentativa de homicidio y no se maneja por el momento ninguna cifra oficial al respecto.

Mientras tanto, los distritos ubicados en el extrarradio de las ciudades más pobladas del país lucen plagados de muñecos de trapo que cuelgan como espantapájaros de los postes de luz, junto a pintadas que suelen ser un anticipo de la violencia. “Ladrón será linchado”, dicen algunas. “Ladrón pillado será amputado”, amenazan otras. “Auto sospechoso será quemado”, se lee en las paredes de ladrillo de uno y otro lado. Y uno de los sitios donde más se reproducen —como parte del mobiliario urbano— es El Alto.

En uno de sus barrios, la urbanización 30 de septiembre, Esteban Ticona, un tipo chato, vecino del sector y, además, oficial de policía, dice que hace unos años lincharon a una ladrona. La ladrona era una mujer que buscaba con qué mantener a sus siete hijos y que fue sorprendida en plena calle con una televisión que no era suya. Era una mujer que fue molida a palos por una turba enardecida de hombres y mujeres con los ojos fuera de sus órbitas. Era una mujer que murió atada con sus propias trenzas al alambrado de un pequeño campo de fútbol, sin que nadie moviera un dedo para soltarla.

“A mí me avisaron por teléfono y cuando me entré a la cancha, la señora estaba ya en las últimas. No había ni cómo inmiscuirse, era demasiado tarde”, recuerda Ticona.

Para Norma Barrancos, trabajadora de la radio San Gabriel, el problema es que se ha perdido poco a poco la confianza en los organismos estatales. “La policía carece de infraestructuras, de personal, de equipos, de tecnología. Y eso obliga a las juntas de vecinos a actuar de otras maneras para protegerse —explica—. Por eso, han aumentado los linchamientos. En El Alto, por ejemplo, hay mucha inseguridad, mucho asesinato. Cuando ocurre algo, las autoridades, a menudo, ni siquiera atienden la emergencia. Y a los delincuentes que acaban en la cárcel no siempre logran rehabilitarles”. “¿Cuál es la solución entonces?”, se pregunta. “La justicia por mano propia”, ella mismo se responde. Algunos, por lo menos, piensan eso: que a los maleantes hay que liquidarles”.

Según su lógica, el ataque es el mejor mecanismo de defensa. Como si el único método para evitar que un criminal se acerque —y delinca— fuera alimentar su miedo.

En el barrio Franz Tamayo de El Alto, cuando son testigos de algún movimiento extraño, los vecinos dan la voz de alarma con la ayuda de petardos, silbatos y mensajes de texto. Y en Villa Egüez, otra barriada de la periferia, se han organizado para hacer rondas nocturnas de vez en cuando. Allá, don Ismael, un tipo orondo que usa lentes y un sombrero de ala ancha, comenta que a los que vienen con malas intenciones o hacen algo malo hay que castigarles. “Pero nunca hasta la muerte. La vida hay que respetarla”.

Las sentencias que condenan a los autores son una rareza digna de museo. Apenas se ha concretado un puñado en los últimos diez años. Y lo habitual es que las investigaciones se eternicen o que no terminen en nada. Sobre todo, porque las instancias encargadas de la administración de justicia están saturadas. En 2012, de las 405 denuncias registradas en la división de Homicidios de El Alto —varias de ellas por linchamiento— apenas se esclarecieron 26. Y los dos fiscales que están a cargo de los crímenes de sangre en esta ciudad, la más grande del Altiplano boliviano, manejan alrededor de 1.500 causas que esconden misterios que aún no han podido ser resueltos.

Esteban Ticona, un policía que reside en la Urbanización 30 de Septiembre, tiene una frase que intenta dar sentido a esta situación que trae de cabeza a los familiares de los linchados: “Cuando el tiempo pasa, la verdad huye”.

El falso mito de la justicia comunitaria

En Bolivia, muchos todavía piensan que los linchamientos forman parte de lo que se ha denominado “justicia comunitaria”. Los medios más amarillistas aún venden los apaleamientos bajo esta etiqueta a sus audiencias y los que azuzan a la turba la utilizan a menudo tras masacrar a un supuesto delincuente o tras colgarlo de un mástil de madera.

El concepto se ha distorsionado con el paso de los años. Según el investigador estadounidense Daniel Goldstein, alguna gente —tanto de las áreas más pobladas del país como del campo— se ha apropiado del término y lo entiende como un “acto político de imaginación creativa” que pretende “interpretar” la confusión que los rodea.

La justicia comunitaria está reconocida por la Constitución vigente, tiene su anclaje en las poblaciones rurales de los valles, el oriente y el Altiplano bolivianos e incluye penas diversas: latigazos, sanciones económicas, pago con ganado, trabajo comunal, destierro. Se trata de castigos consensuados por los miembros de un grupo indígena cuando alguno de sus integrantes incurre en algún tipo de falta, de un modelo que —en teoría— intenta acomodarse a las costumbres originarias, costumbres que se caracterizan por el respeto al individuo y que están en contra de la pena de muerte. Su objetivo no es el ojo por ojo, sino la reparación del daño y la restitución del equilibrio.

Los linchamientos son un delito descrito en el Código Penal como homicidio (Art. 251), asesinato (Art. 252), homicidio por emoción violenta (Art. 254) u homicidio en riña a consecuencia de una agesión (Art. 259). Y en ningún caso, según la Defensoría del Pueblo, deberían considerarse de otra manera. “Vulneran el principio elemental del derecho a la vida, a un juicio previo y a la integridad”, señala uno de sus documentos.

¿POR QUÉ SE LINCHA? LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

MDZOL de Argentina (www.mdzol.com/nota)

Guatemala y Bolivia son los países en donde más gente muere como producto de linchamientos. En este último país, la prensa dio cuenta de que mueren “entre diez y veinte personas al año quemados, ahorcados o enterrados vivos”.

El tema, sin embargo, es recurrente en la agenda latinoamericana: si no es en esos dos países, algo sucederá acaso en Perú o en algún otro lugar de Centroamérica y, ocasionalmente, en Brasil y tal vez, en Argentina.

Será por ello que el conocido sociólogo peruano Carlos Basombrío, autor de una decena de libros sobre seguridad, derechos humanos y democracia, y ex viceministro del Interior de su país, haya respondido con asombro a la consulta de MDZ sobre linchamientos en nuestro país. “¡Linchamientos en la Argentina!”, exclamó. Y sólo atinó a completar su sorpresa, que, en definitiva, representa una opinión: “Vaya deterioro. No lo imaginé posible. Siempre lo asocié a países y lugares sin Estado fuerte y con altísima impunidad”.

El factor "miedo"

Desde Montevideo, Luis Pedernera, secretario ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño de Uruguay y miembro de Ielsur, el Instituto de Estudios Legales y Sociales de su país, se mostró preocupado por lo que sucede en la Argentina.

“Uno asiste preocupado a estos procesos de profundización de la fragmentación social que en el linchamiento tiene su peor expresión.

Son cuestiones complejas que no pueden abordarse desde una única perspectiva, pero tienen un denominador común: son el producto de décadas de apostar al endurecimiento punitivo para vender la ilusión de que los problemas de inseguridad se resuelven solamente creando nuevos delitos, agravando penas en definitiva apostando al sistema penal”.

Así, Pedernera se introdujo de lleno en un tema complejo, admitiéndolo como tal y subrayando su opinión en torno a las causas.

“No debemos olvidar -completó en su diálogo con MDZ desde el otro lado del ´charco´- que los sistemas penales destruyen vínculos comunitarios, y contribuyen a la fragmentación”.

Fábrica de linchamientos

Para el educador oriental, “hay responsabilidad de los medios que amplifican la crónica roja, generándonos un estado de cosas en donde la inseguridad se acrecienta porque parecería que la impunidad campea”.

Sin embargo, Pedernera indicó que “también hay que reflexionar sobre las policías de la región y las responsabilidades políticas que nunca aparecen”. En este punto, sostuvo que “los países que avanzaron en procesos que abordan este tipo de conflictos desde otras perspectivas enseñan que el endurecimiento punitivo, lo que trae aparejado es que en definitiva los problemas terminan no resolviéndose: se los congela y se los devuelve a la sociedad agravados”.

Qué hacer

El uruguayo sostuvo que hay que “apostar a quebrar un discurso monocorde, que pone como vedette a la cárcel y al sistema penal, debería ser el norte para empezar de pensar en el abordaje de esta situaciones desde miradas mas comprensivas de estos procesos sociales para que no se termine en una venganza generalizada”.

“Eso -reconoció Pedernera- es complejo en tiempos donde los sectores conservadores apuestan a la criminalizaciòn como forma de acumular electoralmente, tener atención mediática y lograr rápidos consensos a partir de la imagen de que el delincuente es un enemigo, porque es barato y satisface en términos simbólicos. Pero es caro si uno lo mira a largo plazo”.

En cuanto a la discusión sobre la seguridad, consideró que “se juega mucho en el debate sobre el tema en este terreno, y especialmente en torno a algunas preguntas: ¿qué sociedades estamos dejando a las generaciones más jóvenes?”.

Para el experto en jóvenes y violencia uruguayo, “si la seguridad solamente pasa por el tamiz punitivo, construiremos hostilidad y distancia con los sectores más desventajados, que son la clientela habitual del sistema penal. Si queremos sociedades integradas con otras formas de enfrentar los conflictos, lo penal no debe ser la estrella: debemos pensar y construir desde una cabeza donde lo penal realmente sea una excepción”.

Finalmente, señaló que “recobrar la idea del ´otro´ como semejante constituye uno de los desafíos cruciales para el desarrollo de la política píblica en términos de lo que enseñaba Sennet, de luchar contra la ´fatiga de compasiòn´ que es el acostumbramiento a realidades persistentemente dolorosas”.

Bolivia: el problema y la respuesta

En Bolivia el linchamiento es considerado por algunos como “una tradición”. Por eso, en medio de una ola de asesinatos ocurrido el año pasado, el defensor del Pueblo, Rolando Villegas, llamó a aplicar “políticas públicas enérgicas” para evitarlo. Costumbres ancestrales llevan a que todavía hoy se practique esa forma de resolver un conflicto, por lo que pidió, también, que se produzca “un paso entre esa tradición y una cultura democrática que es lento, y todavía se cree que está bien que si alguien comete un delito, debe ser la comunidad quien le dé una ´sanción ejemplarizadora´”.

Precisamente un experto en temas judiciales de Bolivia, Enrique MacLean Soruco, fue quien ya hace algún tiempo, en diálogo con MDZ, despejó las dudas existentes en torno a la legislación de su país. Se decía que admitía los linchamientos como una forma de “justicia popular”. Al abordar el tema, MacLean dijo que “no es raro ver en la prensa analogías sensacionalistas entre los linchamientos urbanos y la justicia comunitaria, que tiende a ser mediadora, resarcitoria y excepcionalmente punitiva”.

Defendió esta última instancia, instituída para acercar mecanismos de resolución de disputas a las comunidades, en un país plurinacional, como el suyo.

En su charla con MDZ en La Paz, dijo por entonces que “en áreas rurales existen diversos mecanismos de solución de conflictos sin intervención de autoridades judiciales. Muchos de estos mecanismos tienen origen en las costumbres sociales y religiosas del grupo social que instituye el mecanismos de justicia comunitaria”. Abundó al respecto: “En área rural la conflictividad por lo general se presenta en temas de tierras, tenencia de animales, deudas y conflictos de relacionamiento. En el área andina, por ejemplo, conozco de sistemas de justicia comunitaria que, en poblaciones chicas, operan convocando a toda la comunidad a crear un gran tribunal comunitario, presidido por un líder (mallku) para decidir sobre límites de parcelas, sanciones a personas que perturben la paz y la armonía, y formas de resarcimiento de daños previos causados”.

“Este, sin embargo -sostuvo el jurista boliviano- es un ejemplo aislado de muchas otras formas de justicia comunitaria de mediación y resarcimiento que deberían explorarse con más seriedad ahora que existe regulación constitucional formal para la aplicabilidad obligatoria de los fallos de tribunales comunitarios. De cualquier manera, creo que es sumamente irresponsable confundir la justicia comunitaria como fenómeno social-rural con los linchamientos de crónica roja”.

Su colega y connacional Juan José Lima, que trabajó en la presentación de reformas ante la Asamblea Constituyente de Bolivia, también fue concluyente en separar los puntos entre justicia comunitaria y linchamientos.

Dijo Lima que “la justicia comunitaria no sólo no admite los linchamientos sino que los evita. En Bolivia el Estado apenas puede cubrir (y mal) las necesidades urbanas, por ello la justicia comunitaria es una realidad que durante siglos ha sido empleada en la resolución de conflictos”.

Al comentar los avances de la normativa en su país, dijo -en un diálogo sostenido antes de que se conocieran estos casos en la Argentina- que “lo que hace la Constitución es sólo reconocer la realidad preexistente, todo este tiempo se ha exigido a la justicia comunitaria que reconozca a la justicia occidental, pues ahora es un instituto occidental (la Constitución) la que reconoce a la justicia comunitaria, que no necesita de este reconocimiento para existir, algunas voces se levantan pidiendo el respeto de los derechos humanos y de unidad legislativa, y estas voces sólo pretenden asegurar ese respeto para aquellos que nunca (o en hipótesis extrañas) se verán sometidos a la justicia comunitaria”. Para Lima, “la Justicia Comunitaria es la forma legítima de resolución de conflictos de inmensas mayorías que se reconoce ahora a nivel constitucional”.

¿Por qué se lincha?

A la hora de los análisis de la situación extrema que representa que una horda castigue al presunto autor de un delito, cometiendo otro, hay que diferenciar la disputa política, mediática y social del momento de la evaluación que los expertos o académicos ajenos a esta realidad pueden hacer.

Por ello, mientras en la Argentina hasta puede verse ya posturas “oficialistas” y “opositoras” en un torno a un tema tan serio que no merecería ese tipo de tratamiento, en el exterior sopesan la casuistica internacional para darle sustancia al análisis.

Antonio Rangel Bandeira es un sociólogo brasileño de prestigio internacional. Fue político, docente en su país y en Canadá, asesor en Chile, viceministro de Desarrollo Social a nivel nacional y líder de la ONG “Viva Río”, que trabaja en la pacificación de las favelas. Es escritor y un conocido conferencista que vincula las experiencias de respuestas sociales a problemas de inseguridad.

Habló con MDZ a raíz del caso que estalla en la Argentina y que ha generado que, con un “cuentaganado”, las redacciones periodísticas numeres y ponderes presuntos casos de linchamiento, con gran ansiedad.

"El linchamiento -nos indicó Rangel Bandeira. Es un término que viene del juez norteamericano Lynch y que generó el término en inglés ´lynching´´. Es un fenómeno que se nutre básicamente de la falta de confianza en que el Estado, ya sea a través de la policía o de los tribunales, cumpla con su obligación de punir al criminal, protegiendo a la comunidad”.

El experimentado académico brasileño consideró que “si no se confía en que el delincuente va a ser castigado por el Estado, pagando por su delito e impedido de volver a amenazar la seguridad de los ciudadanos, la tendencia será a hacer justicia por las propias manos”.

Subrayó Rangel en este punto que “cuanto menos es la confianza en la policía o en la justicia, más crece la tendencia a resolver las cosas por sí solos”.

Sobre la “utilidad” de la venganza

El experto brasileño, sostuvo que “otros componentes que motivan el linchamiento son la intolerancia y el miedo. la intolerancia frente al ´otro´, al diferente”.

“Fundado -agregó- en el dogmatismo de que somos dueños de la verdad, o que somos superiores, racial o económicamente, nos dejamos llevar hacia el desprecio del otro, tratado como ´cosa´ o ´animal´, sin derechos y además, amenazantes”.

Para Rangel hay un elemento principal que debe considerarse: “Es el miedo, a la violencia, por ejemplo, que lleva las personas reclamar un ´gobierno fuerte´, que pase por encima de las leyes y ´extermine´ a ´los malos´. Hay gente que quiere que el gobernante asuma el poder de ´eliminar el mal´”, analizó el experto carioca en diálogo con MDZ.

Relató una anécdota de su ciudad. Contó que “en Rio de Janeiro, hace dos meses, frente a la incompetencia y corrupción de la policía, incapaz de contener el aumento de los atracos y asaltos en las calles, en el barrio de Flamengo, los jóvenes de clase media se organizaron para ´cazar´ en las calles a los ladrones, jóvenes pobres de las favelas, dedicados a robar; cuando los agarraban, los golpeaban, cortaban sus orejas, ´para que eso sirviera de ejemplo´ a los demás delincuentes. Un joven ladrón negro, después de ser golpeado, fue desnudado y atado a un poste de luz con la cadena y el candado de una moto; los jóvenes atacantes se manifestaron inmediatamente ´orgullosos´ de proteger a la comunidad y de enviar, con sus acciones, un mensaje a los demás delincuentes. Una semana después, el mismo ladrón fue arrestado, practicando otro atraco en Copacabana. Ni siquiera sirve la venganza”.

NUEVOS LINCHAMIENTOS, MÁS CRÍTICAS Y DESCONCIERTO OFICIAL

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)

                                             

Inseguridad, justicia por mano propia, críticas y desconcierto oficial. Los nueve casos en los que la gente golpeó a supuestos ladrones -en uno murió el joven atacado-, encendieron un alarma en todo el país. El linchamiento popular, acuerdan el Gobierno, opositores, juristas, sociólogos, artistas, etc., conlleva un grave quiebre del contrato social que sustenta la existencia de leyes que rigen la convivencia de los argentinos.

Ayer, por segunda vez en menos de 24 horas, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a referirse a los episodios de violencia social al sostener que la “inclusión” es la mejor herramienta para “evitar el enfrentamiento entre los argentinos”.

“Cuanto mayor es el grado de exclusión, mayor violencia genera y enfrentamiento entre los argentinos, que es lo que queremos evitar”, manifestó la jefa de Estado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Tal como hizo por cadena nacional el lunes, la Presidenta insistió en la necesidad de trabajar por una “sociedad inclusiva”, y que “el que se siente en la periferia, siente que la sociedad le ha soltado la mano”.
Desde la oposición, varios dirigentes instaron ayer al Gobierno nacional a que convoque a gobernadores y a los representantes de los tres poderes del Estado para definir políticas que frenen la ola de violencia.
El presidente del bloque de diputados radicales, Mario Negri, sostuvo que “lo primero que tiene que hacer el Gobierno es reconocer el fracaso absoluto de la política de seguridad”. Y la macrista Laura Alonso hizo un llamado para que la Presidenta “convoque a los gobernadores, pida por la paz social y abra un diálogo social sincero”.

Los ataques

Ayer se conocieron nuevos casos de linchamientos y ya suman nueve en las últimas dos semanas.
En Córdoba, en el barrio Irupé, pobladores golpearon a un hombre de 34 años que se movilizaba en moto y que habría intentado despojar de su mochila a una niña de 11.

En la ciudad de Rosario (Santa Fe), un joven de 17 años fue golpeado por un grupo de personas cuando, aparentemente, intentaba robar a un peatón. El hecho ocurrió a las 22 del lunes. Varios conductores vieron cuando el chico trató de apoderarse de un bolso. Detuvieron sus vehículos, se bajaron y le propinaron una paliza. Poco después llegó la Policía, alertada por un llamado telefónico.

Estos se suman a un caso ocurrido en La Rioja, otro en el barrio porteño de Palermo, uno en Río Negro, otros tres en Rosario (en el primero murió el chico atacado) y uno en Santa Fe. 

Ayer, en Rosario, el Ministerio Público recibió una filmación tomada con un teléfono celular que permitiría identificar a las personas que hace diez días golpearon hasta matar a David Moreira, el joven que fue linchado por intentar robar.

El fiscal regional Jorge Baclini señaló que la posible imputación a los atacantes “sería homicidio simple y hay que ver si no hay algún agravante”.

Las opiniones

Sergio Berni

El secretario de Seguridad de la Nación responsabilizó a la Justicia por la inseguridad al afirmar que ese poder “no brinda ningún tipo de respuesta” a los ciudadanos ante los robos callejeros. Se refirió al caso de David Moreira, el joven que murió tras ser golpeado en Rosario, y señaló que eso “fue un homicidio”. Ante esos casos, “la Justicia tiene que actuar para que esto no vuelva a suceder”.

Antonio Bonfatti

El gobernador de Santa Fe alertó que con los episodios de justicia por mano propia “volvemos a la época de las cavernas” y señaló a esos hechos como producto de una “sociedad violenta, donde cada uno tiene responsabilidades. Es gravísimo porque es perder todas las reglas de convivencia en una sociedad. Es la violencia del conjunto donde después le echamos la culpa al otro”.

José Manuel De la Sota

El gobernador de Córdoba aseguró que “nadie puede hacerse el justiciero” y destacó los controles implementados por la Policía cordobesa para impedir que los ciudadanos actúen “por mano propia” contra quienes pudieran ser atrapados mientras cometen delitos. “Tenemos que invertir en seguridad, para que la gente no tenga que hacer lo que le corresponde a la Policía”, dijo.

Juan Carlos Molina

El titular de la Sedronar se refirió a los casos de linchamientos de asaltantes y pidió “frenar la cultura del miedo y la violencia”, porque consideró que convierte a los ciudadanos en “asesinos o
vengadores. Nos convertimos en una sociedad condenatoria en un montón de situaciones. Pasó de ser un delincuente drogado a ser un delincuente drogado, negro, feo, chorro, pobre y matable”.

Ernesto Sanz

El titular de la UCR sostuvo que “el ojo por ojo o la justicia por mano propia son categorías del medioevo” y “cuando una sociedad empieza a discutir en estos términos es un enorme retroceso. Podría estar de acuerdo en que el Estado está ausente del espacio público de los barrios carenciados y de las fronteras, pero nada de esas cosas justifican la justicia por mano propia”.

DURAS ACUSACIONES ENTRE OFICIALISTAS Y OPOSITORES POR LOS LINCHAMIENTOS

La Nación de Argentina (www.lanacion.com.ar)

                                                 

El debate por los linchamientos de presuntos delincuentes que se produjeron en los últimos días en distintos puntos del país se potenció ayer al quedar en medio de una discusión política marcada por críticas y acusaciones cruzadas entre los principales actores.

Tal como había ocurrido el mes pasado con el anteproyecto de reforma del Código Penal y durante la última campaña electoral con la edad de imputabilidad de los menores, un tema sensible y directamente vinculado con la seguridad ciudadana, como el de los linchamientos, copó la discusión política.

Y la línea divisoria de las posturas quedó clara: de un lado, el Ejecutivo con la apoyatura intelectual del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni en abierto cuestionamiento a los protagonistas de los linchamientos, y del otro, los referentes opositores, que responsabilizaron al Gobierno por la falta de acción.

La polémica tiñó la agenda, sobre todo, después de que la presidenta Cristina Kirchner advirtiera sobre "voces que traen deseos de venganza y odio" y de que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, vinculara los ataques de vecinos a supuestos ladrones con la "ausencia del Estado".

Ayer la mandataria volvió sobre el tema en Twitter: "Cuanto mayor es el grado de exclusión, mayor violencia genera y enfrentamiento entre los argentinos, que es lo que queremos evitar", señaló.

El debate lo había retomado el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que en su conferencia de prensa matinal arremetió contra el ex intendente de Tigre. "La afirmación de que hay un Estado ausente y por eso se producen linchamientos es un simplismo de carácter absurdo", sentenció.

El propio Massa volvió a pedir ayer "capacidad de respuesta desde el Estado" para combatir la inseguridad. "Para enfrentar a quienes viven al margen de la ley y violan o rompen el pacto de convivencia el desafío es construir un Estado que, a través de la Justicia y de sus fuerzas de seguridad, dé respuesta al deseo de los habitantes de vivir en tranquilidad", planteó.

Massa insistió en que la cuestión "no pasa porque la ciudadanía haga justicia por mano propia". "Existen fuerzas de seguridad, un sistema judicial y un Código Penal que establece sanciones para aquellos que rompen las reglas elementales de convivencia dentro de la sociedad", destacó.

Mauricio Macri casi calcó el razonamiento del tigrense. "Esto que ocurrió en Palermo y en Rosario [donde ocurrieron los episodios más violentos] se da por la ausencia del Estado que renuncia a defendernos y a cuidarnos", opinó desde Mendoza. El jefe de Pro reclamó que las fuerzas de seguridad "recuperen terreno" para evitar "una transformación salvaje" de la sociedad, y completó: "El tema me preocupa. Por eso digo «paremos la mano», pero el Estado tiene que estar presente".

El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, por su parte, advirtió que los linchamientos que salieron a la luz la última semana "no son ajusticiamientos, sino homicidios doblemente calificados por alevosía y ensañamiento".

Además, en declaraciones a Radio Nacional, acusó a los medios de comunicación de "crear chivos expiatorios". En esa línea, habló de los ataques de grupos de vecinos a supuestos ladrones como "el resultado natural de una campaña de medios que estigmatizan terriblemente a los adolescentes de barrios precarios".

El juez se sumó al coro de voces oficialistas que se levantaron contra Massa. "Es un personaje políticamente lamentable, un señor que se va a pasar el 24 de marzo a Estados Unidos, va a hablar con gente del Tea Party, se saca fotos con el chanta de [Rudolph] Giuliani y todavía se llama peronista", le dedicó.

También reaccionó el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, aunque fue más escueto. "La de Massa fue una respuesta irresponsable", opinó.

Más allá de Massa, otros referentes de la oposición vincularon los ataques de vecinos a delincuentes, uno de los cuales terminó con un joven muerto en Rosario (ver página 23) con deficiencias en el funcionamiento del Estado.

Tras considerar que "hacer justicia por mano propia está hablando de una sociedad que necesita encarrilarse por el buen camino", el diputado y presidente del partido socialista, Hermes Binner, afirmó: "Esto se soluciona si empezamos a ver quiénes son los auténticos responsables de todo esto".

Enseguida, sin nombrarlo, aludió al vicepresidente Amado Boudou y a las investigaciones judiciales en su contra. "Cubriendo la mano de un vicepresidente no vamos a mejorar la sociedad, sino que vamos a convalidar la impunidad", lanzó.

También el presidente de la UCR, Ernesto Sanz trazó un vínculo entre los linchamientos y la conducta de los funcionarios.

"El valor vida, que tiene que ver con el valor de conservar la libertad y la dignidad, tiene que ser preservado por un Estado que se dé cuenta de que la falta de ejemplo de los gobernantes y la ausencia de una política de seguridad generan violencia social", arremetió.

Apuntó también a jueces y fiscales. "Tienen que tomar nota porque solamente el 3 por ciento de los delitos llega a condena", dijo. No obstante, amplió el abanico. "Todos tenemos una cuota de responsabilidad en esto", concluyó.

TARUD RECHAZA DESIGNACIÓN DE OMINAMI: APOYA MAR PARA BOLIVIA

El diputado jorge Tarud se mostró preocupado por el nombramiento de Ominami en el consejo asesor por la demanda de Bolivia en La Haya, debido a que el ex senador se ha mostrado a favor de una salida soberana al mar. "¿Qué confidencialidad va a haber?", preguntó el legislador PPD.

Terra de Chile (www.noticias.terra.cl/nacional)

                                                 

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, diputado Jorge Tarud (PPD), junto al miembro de esta instancia, diputado Iván Flores (DC),  manifestaron su sorpresa y preocupación por la designación del ex senador Carlos Ominami en el equipo asesor de los agentes  que representarán a Chile en La Haya ante la demanda marítima de Bolivia.

 “Fuimos sorprendidos por la designación del señor Carlos Ominami dentro de este consejo, porque vimos claramente durante los alegatos de Chile con Perú como él fehacientemente apoyó la postura peruana en contra de nuestro país”, afirmó el diputado Tarud.

Asimismo, el parlamentario agregó “vimos también cómo él siempre en forma ferviente ha apoyado una salida al mar con soberanía de parte de Bolivia cediendo territorio chileno. En consecuencia, nos extraña profundamente esta designación”.

Por esta razón, Tarud expresó “queremos hacerle un llamado al gobierno para que reflexione sobre esta designación”, argumentando que es una decisión que va en contra de nuestros intereses, “¿qué confidencialidad va haber dentro de este consejo, cuando claramente el señor Ominami siempre ha favorecido las posturas de Perú y de Bolivia? En consecuencia eso nos preocupa, no digo que estoy hablando por la unanimidad de los miembros de la comisión, pero somos varios los miembros que quedamos muy sorprendidos por esta decisión y esperamos que sea revertida”.

Por su parte, el diputado democratacristiano, Iván Flores dijo “en la comisión hemos conversado el tema y estamos preocupados. El gobierno tiene que ser más certero en las decisiones que toma, porque aquí, pese a que no hay en estricto rigor un derecho en esta reclamación que es tan rara, el gobierno no puede ningunear los planteamientos bolivianos”.

Y agregó “tenemos que ser certeros, tenemos que ser claros y hoy día a lo menos se evidencian dos problemas en nuestro equipo: necesitamos un agente a tiempo completo y no part-time y tampoco miembros del consejo asesor que hayan planteado titubeos o estén en posiciones distintas en lo que hoy día estamos cerrando como país, en cómo el país entero se manifiesta claramente respecto a la reclamación de Bolivia”.

“Le pedimos al gobierno y, en esto estamos todos con el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que cambie al ex senador Ominami dado las declaraciones que han sido públicas y no han sido ambiguas, han sido bastante claras respecto del derecho que tendría Bolivia en el mar. Aquí no hay tiempo ni espacio para titubeos, aquí hay que ser sumamente claros y cerrar filas en una posición que nos corresponde asumir a todos los chilenos responsables”, puntualizó el DC.

TELECOMUNICACIONES MÁS BARATAS EN BOLIVIA POR SATÉLITE

El Nuevo Siglo de Colombia (www.elnuevosiglo.com.co)

                                                 

El primer satélite de comunicaciones de Bolivia, construido por China y lanzado al espacio en diciembre pasado, comenzó a operar comercialmente y pronto permitirá reducir los costos de telefonía e internet en uno de los países más pobres de Sudamérica.

El viceministro boliviano de Telecomunicaciones, Roy Méndez, informó desde una estación de control cercana a La Paz la transferencia del monitoreo del satélite de técnicos chinos a bolivianos, en un acto transmitido por el canal estatal.

"A partir de este momento el satélite Tupac Katari, un satélite boliviano a 36.000 kilómetros sobre la Tierra en su órbita, se encontrará totalmente controlado, monitoreado y operado por técnicos e ingenieros bolivianos para beneficio de todos los bolivianos", aseveró Méndez.

Tras el acto realizado en la estación de Amachuma, en la ciudad andina de El Alto, vecina de La Paz, el presidente Evo Morales confirmó el inicio de las operaciones comerciales del satélite Tupac Katari.

Por ahora, la estatal de telecomunicaciones Entel es la firma que más utilizará los servicios del satélite, lo que se traducirá en la reducción de costos de telefonía celular e internet e inaugurará el de televisión satelital para áreas rurales.

Morales explicó que el satélite 'Tupac Katari' permitirá bajar el costo de telefonía celular de 1,50 bolivianos por minuto (0,21 centavos de dólar) a 1,20 bolivianos (0,17 centavos) y de internet de 230 bolivianos (33 dólares) por 1 Mbps (mega-bytes por segundo) a 195 bolivianos (28 dólares).

El 'Tupac Katari' -que debe su nombre a un guerrero aymara del siglo XVIII que combatió la dominación española- es un satélite de 5,3 toneladas de peso, de 2,36 m de largo y 2,1 m de ancho.

Fue lanzado por un cohete chino el 20 de diciembre último y su vida útil será de 15 años. Su costo fue de 300 millones de dólares, 256 millones financiados por China y 44 millones por Bolivia.

China se ha convertido en una de las principales plataformas de desarrollo satelital para América Latina. El gigante asiático puso en órbita tres satélites de observación terrestre para Brasil, dos para Venezuela, uno para Argentina, uno para Ecuador y construye uno más para Nicaragua.

Pekín busca dominar el 15% del mercado de lanzamiento de satélites comerciales y militares a nivel mundial para 2020.

La puesta en órbita del satélite boliviano provocó las críticas de la oposición, que consideró que el país, con un PIB per cápita de unos 2.800 dólares, necesita destinar sus inversiones a obras prioritarias.

Pese a los cuestionamientos, el gobierno boliviano planea adquirir un segundo satélite de prospección de recursos naturales que colocaría en órbita en 2017, a un costo de 80 millones de dólares, según la Agencia Boliviana estatal.

EVO MORALES CEDE Y SUSPENDE LEY MINERA PARA EVITAR MÁS PROTESTAS

Las cooperativas de mineros, aliadas del gobierno, se están movilizando en su contra. Las manifestaciones han dejado dos mineros muertos. Morales enfrenta un difícil panorama.

La Tercera de Chile (www.latercera.com/noticia)

                                                                   

Fueron una fuerza clave en el derrocamiento de Gonzalo Sánchez de Lozada, en octubre de 2003. También colaboraron en el ascenso al poder de Evo Morales, en 2005. Sin embargo, ahora se han movilizado contra el propio gobierno. Se trata de los cooperativistas mineros bolivianos que en los últimos días han encabezado violentas protestas en rechazo a una nueva ley que regula el sector. 

Se sienten traicionados y por ello no dudaron en salir a las calles y cortar carreteras en cuatro de los nueve departamentos de Bolivia, con dinamitas y piedras. Los enfrentamientos con la policía provocaron decenas de heridos y la muerte de dos mineros, por lo que al presidente no le quedó más remedio que ceder, con lo cual suspendió ayer el tratamiento de la nueva ley minera en el Congreso para buscar “consensos”. 

El conflicto tiene el siguiente origen: hace dos semanas, Evo Morales prometió aprobar, “sin cambiar una coma”, un proyecto de ley que les permitiría a los mineros informales (unos 150 mil en todo el país) asociarse con empresas privadas y transnacionales, si caen los precios de los minerales.

 Pero en la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, se cambió ese artículo por inconstitucional. El gobierno pretendía ratificar la potestad exclusiva y constitucional del Estado en la firma de los contratos mineros con privados. Según el oficialismo, lo que exigían los cooperativistas podía generar que los privados se aprovecharan de las condiciones tributarias preferentes otorgadas a estos mineros y se apropiaran de los yacimientos de minerales como plata, zinc y estaño.

Según dijo a La Tercera el analista boliviano Sergio Molina, “los mineros son duros, y tienen secuestrados policías, es una situación complicada para el presidente. Será una batalla que Evo dará de cara a las elecciones (de fin de año)”.

Para el cientista político paceño, Carlos Cordero, “esta es una señal del mal momento que atraviesa el MAS. La paralización de la ley minera es el reconocimiento de errores gubernamentales cometidos en su elaboración y del presidente que recomendó su aprobación. Esta ley está manchada de sangre de mineros y ninguna indemnización o enmienda legal va a limpiarla, sólo el voto castigo”.

LE ROBAN A EVO MORALES ESPADA DE BOLÍVAR

Se la había obsequiado Hugo Chávez

El Tiempo Latino de EEUU (www.eltiempolatino.com/news)

                                                       

El presidente boliviano, Evo Morales, señaló que le robaron la réplica de la espada del Libertador Simón Bolívar que le obsequió el líder venezolano Hugo Chávez, que en vida fue uno de sus aliados y amigos más cercanos, según el libro de sus memorias que salió a la venta hoy en La Paz.

"Era linda la espada, estaba en mi cuarto, después de unos tres años reviso y el estuche estaba vacío. Me robaron. Después Hugo (Chávez) me regaló otra", contó Morales en el libro autobiográfico "Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado", presentado la noche del viernes.

Según el mandatario, tras esa experiencia la segunda réplica de la espada del Libertador está protegida con medidas de seguridad.

Además de la espada, a Morales también le robaron el Cóndor de los Andes, la medalla que es la más alta distinción de Bolivia y que le fue entregada poco después de jurar a la Presidencia en 2006.

"Yo no le di mucha importancia, los estuches con las medallas (los) dejé en manos de los edecanes que se presentaron. Cuando pasaron unos años revisé las cajas y las medallas no estaban", relata el mandatario en su libro.

Morales cree que es víctima de los robos de parte de algunos de sus colaboradoras porque no tiene esposa, ni familiares que le acompañen.

"A qué conclusión llego: Que algunos cooperadores, equipos cercanos se aprovechan de que no tengo familia que me acompañe y se aprovechan de eso para robarme. No estoy dolido, ni resentido, ni rencoroso, así es la vida, para mí lo más importante es trabajar por el país", sostiene el jefe de Estado boliviano.

El gobernante sigue soltero pero tiene dos hijos jóvenes, Álvaro y Eva Liz, de diferentes mujeres.

En el libro, Morales relata su vida desde que nació en la remota comunidad andina de Isallavi el 26 de octubre de 1959 hasta su llegada a la Presidencia, el 22 de enero de 2006.

El texto, de 369 páginas, está redactado en primera persona con los testimonios que Morales dio a su exvocero y exministro de Comunicación, Iván Canelas, que ayudó a editar la obra.

En la presentación del libro el viernes, Morales dijo que se animó a decir su verdad porque hay muchos libros buenos y malos sobre su vida y alguno que, según afirmó, fue escrito con tergiversaciones y mentiras por un supuesto agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU., al que no identificó.

ATENCIÓN CONSULAR EN EL CONSULADO DE BOLIVIA EN MADRID

Para Inmigrantes de España (www.parainmigrantes.info)

                                             

El primer domingo de cada mes tiene lugar la atención consular en el Consulado General de Bolivia en Madrid

El Consulado General de Bolivia en Madrid a través de página web, ha comunicado que ofrece un servicio de atención consular a todos los ciudadanos bolivianos que bien por motivos laborales, familiares, etc, no pueden desplazarse en  horario de oficina al propio consulado para ser atendidos.

Por ello y siendo consciente el Consulado de la importancia de un asesoramiento integral así como de la necesidad de facilitar a todos sus connacionales bolivianos el acceso a los diferentes trámites que ofrece esta misión consular, ha habilitado este servicio.

Concretamente tendrán lugar, el primer domingo de cada mes donde los ciudadanos bolivianos podrán desplazarse y hacer todas las gestiones necesarias fuera del horario habitual.  Por tanto este mes de abril, tiene lugar la atención consular el próximo 6 de abril. El horario será de 08:30 a 12:00 horas.

Dirección

Calle Aviador Lindbergh, número 3.

Instalaciones del Consulado General de Bolivia en Madrid.

Los trámites que ofrece el Consulado General de Bolivia en España son los siguientes:

- Visas

- Menaje doméstico “retorno voluntario”

- Renovación de pasaporte, licencias de conducir y salvoconducto

-Registro Civil: Publicación de Edictos, reconocimiento de hijos, inscripción de defunción, nueva libreta de familia, inscripción de niños nacidos en España, inclusión de niños en la libreta de familia, celebración de matrimonio en el consulado, registro de matrimonio celebrado en un Registro Civil

-Certificados legalizados: certificado para el INEM, certificado de concordancia, certificado de nacimiento legalizado, certificado de matrimonio legalizado, certificado de defunción legalizado, certificado de antecedentes penales legalizado, certificado de estado civil legalizado, certificado de inscripción consular.

-Poderes, visas, legalizaciones y autorizaciones: Poderes, declaración jurada, vivencia, carta poder, legalización de documentos emitidos en Bolivia, legalización de poder notarial, legalización de documentos emitidos en España, autorización de viaje a menores (solo de ida a Bolivia)

Certificados legalizados a 6 e marzo de 2014

Los certificados realizados a fecha 6 de marzo de 2014 ya se encuentran en la Misión Consular para entregar. La entrega de los documentos ser realizará portando el reguardo y pasaporte vigente.

EL PAPA SE MOSTRÓ PREOCUPADO POR EL NARCOTRÁFICO Y LA CORRUPCIÓN

Se lo dijo a una jueza federal del Chaco, a quien recibió en el Vaticano. Exhortó también a luchar contra la trata.

El Clarín de Argentina (www.clarin.com/politica)

                                                               

El papa Francisco manifestó preocupación por la corrupción, la trata de personas y el avance de las mafias del narcotráfico en el norte argentino, sobre todo en el Chaco y Formosa, reveló ayer la jueza federal chaqueña Zunilda Niremperger.

La magistrada fue recibida ayer en audiencia privada en el Vaticano por el pontífice argentino, con quien dialogó sobre las desigualdades sociales, la problemática de la droga y la explotación de mujeres por redes de explotación sexual.

“Francisco se mostró preocupado por el crecimiento del narcotráfico en Chaco y Formosa”, sostuvo Niremperger en declaraciones al diario Norte de Chaco.

La jueza chaqueña destacó que “es muy fuerte” la toma de posición del Papa respecto de la “comercialización de narcóticos en la Argentina” y dijo que el Pontífice citó el documento en el que los obispos argentinos advertían sobre el “alarmante” crecimiento del narconegocio en el país.

Luego de ese documento del Episcopado, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, reclamó al Gobierno más recursos, como el nombramiento de jueces y nuevas cárceles, para los juzgados federales del NOA, que es por donde entra la mayoría de la cocaína contrabandeada desde Bolivia. Lorenzetti se reunió luego con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, para tratar de coordinar la lucha contra el narcotráfico pero, hasta ahora, no hubo grandes avances. Niremperger dijo que el Papa reiteró su rechazo a toda forma de explotación humana y la exhortó a luchar contra la trata de personas.

La magistrada indicó que Francisco también se mostró preocupado por la corrupción y las desigualdades sociales.

“No se puede tolerar más que se tire comida cuando hay gente que pasa hambre. Eso es inequidad”, dijo el Pontífice.

“Todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil”, agregó la jueza que le dijo el Papa.

De acuerdo a las declaraciones de la magistrada, el Papa también alertó sobre las consecuencias del ensanchamiento de la brecha social. “Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero, sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión”, expresó. “Me impactó escucharlo decir que se reclama en todas partes por mayor seguridad, pero fue contundente cuando dijo que, hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia”, añadió la magistrada.

El Papa profundizó en estos conceptos en la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, la primera de su pontificado, un texto que obsequió a la presidenta Cristina Kirchner y al mandatario estadounidense Barack Obama.