Para los
abogados-abogados es difícil comprender la diplomacia. Académicamente
adiestrados para encajar las conductas del presente en las normas jurídicas del
pasado, les cuesta aceptar que, en casos de conflicto internacional, los
grandes diplomáticos las tomen con beneficio de inventario. Es decir, como
precedentes para una negociación.
Podría
analizarse el tema desde la filosofía del derecho, pero en formato periodismo
sale pedante. Baste apuntar que los juristas –que son algo más que abogados–
saben que, epistemológicamente hablando, la ciencia jurídica es “historia
congelada”. Más fácil es enterarse por los ejecutores pensantes de la
diplomacia. Estos han llegado a conclusiones separatistas desde la práctica de
los conflictos.
En rápida
sinopsis, tenemos al diplomático y miembro de la Academia Francesa, Francois de
Calliéres (1645-1717), quien advirtió que los malos consejeros del rey eran
hechura del ethos jurídico: “La formación de un abogado inculca hábitos y
disposiciones intelectuales que no son favorables en la práctica de la
diplomacia”. Añadió que “la diplomacia es una profesión que merece la misma
preparación y atención que los hombres dan a otras profesiones conocidas”.
En época más
cercana, el embajador, académico y jurista francés Jules Cambon (1845-1935)
puso en guardia contra “la ilusión de creer que no existen más derechos para
las naciones que aquellos que los tratados les confieren”. Lo explicó en un
libro de 1926, agregando que “el carácter diplomático difiere del jurídico”,
pues “la aplicación de las leyes y su interpretación llevan consigo en teoría
un cierto rigor, que se acomoda mal con el empirismo de la política”.
También hay
letrados chilenos en la misma onda. Mario Barros Van Buren, abogado,
diplomático de carrera y autor de la notable Historia diplomática de Chile
(1970), incluso lo expresa en tono áspero. Dice que nuestra diplomacia de los
dos siglos pasados transcurrió en “la esclavitud jurídica” y en un contexto de
“espantosa orfandad de imaginación”. Argentinos conspicuos nos trataban “como
tontos” y en Lima se definía a nuestra Cancillería como “la gran sorprendida”.
Añade que, en vez de aprovechar a los diplomáticos profesionales meritorios, la
autoridad prefería “encargar las misiones delicadas al exterior al brillante
areópago de abogados, profesores y eruditos que constituían el orgullo del
Chile decimonónico”.
Llevamos
siete años con nuestra política exterior secuestrada por jueces y abogados. A
mayor abundamiento, ni siquiera hemos sido capaces de sincerar los resultados.
Desde la majestad de la ley se nos dice que impusimos nuestro criterio jurídico
en el pleito con Perú y que con Bolivia vamos ganando.
Algo similar
dice el abogado y embajador Jorge Heine, para quien “reducir la acción
internacional de un país al respeto de las normas jurídicas internacionales es
equivalente a decir que el objetivo político clave de un gobierno debe ser
respetar la Constitución y las leyes”. Eduardo Ortiz, abogado ex embajador y ex
director de la Academia Diplomática de Chile, aludiendo a las limitaciones del
Derecho Internacional, escribió que la relación entre naciones e individuos “se
desarrolla a pesar de las normas o en ausencia de ellas”. El abogado y
politólogo Luciano Tomassini, en una de sus obras, hizo una síntesis muy
precisa de la relación contradictoria entre abogados y diplomáticos, agregando
el insoslayable factor de la fuerza: “La diplomacia ha oscilado siempre entre
el derecho y el uso de la fuerza, con una instancia intermedia que es la
negociación”. Concluyó que la negociación es “el método normal, más
satisfactorio y menos peligroso para conducir las relaciones entre los
Estados”.
El camino de
la realidad
Parece claro,
entonces, que hay una tensión histórica y teórica entre abogados y
diplomáticos, respecto al rol del derecho como medio de solución de los
conflictos internacionales. Pero, si uno se pregunta por su origen duro, debe
“descender” desde las teorías a la realidad. Esta dice que, siendo los conflictos
interestatales conflictos de poder, los gobiernos competentes los enfrentan con
toda la panoplia de su poder y con todos los profesionales que puedan defender
sus intereses. No se limitan, ingenuamente, a los cultores de la hermenéutica
legal.
Visto así, el
acotamiento del rol de los abogados, en las diplomacias desarrolladas, ha sido
fruto de un proceso largo, en cuyo curso a) los diplomáticos –con o sin título
de abogado– se constituyeron como un cuerpo de negociadores con habilidades
multidisciplinarias, b) decayó la fe en un “estricto derecho” con productos
“intangibles” y c) se legitimaron las soluciones transaccionales, flexibles y
creativas.
Este proceso
se llama “profesionalización” y terminó creando nuevos y más complejos
organigramas en las cancillerías modernas. Ahí la ilusión legalista, a que
alude Cambon, es una reminiscencia casi romántica, pues las piezas encajaron en
los sitios que les asignaba la realidad. Hoy los abogados aparecen como
asesores técnicos calificados y los diplomáticos como miembros del Servicio
Exterior, con funciones oficiales de representación, información y negociación.
De ese modo y
sin desconocer el rol del derecho como conquista cultural de la humanidad, esas
cancillerías han instalado una diplomacia proactiva y proteica. Tiene sistemas
de trabajo conjunto con las instituciones de la Defensa, proyecta su acción
hacia los nuevos y múltiples actores civiles de la política exterior y busca
agentes formados en la multidisciplinariedad. Estos pasaron, así, desde la simplicidad
de la solución jurídica preestablecida a la complejidad de la imaginación
prospectiva.
Henry
Kissinger, uno de los innovadores más audaces –al margen del juicio ético que
merece su trayectoria política–, cuenta que en los Estados Unidos esos cambios
no fueron sencillos. Dice en uno de sus libros que, como Secretario de Estado
en el gobierno de Richard Nixon, debió chocar con “las tradiciones legalistas”
del establishment.
Estado de
situación nacional
Dos preguntas
fluyen lógicas... e implacables: ¿seguimos los chilenos sosteniendo una visión
jurídica (y obsoleta) de la realidad internacional? ¿Estamos en la vía correcta
para tener una Cancillería moderna y una diplomacia desarrollada?
Los porfiados
datos responden que sí a la primera pregunta –al menos en el nivel oficial– y
que no a la segunda. Y es obvio: llevamos siete años con nuestra política
exterior secuestrada por jueces y abogados. A mayor abundamiento, ni siquiera
hemos sido capaces de sincerar los resultados. Desde la majestad de la ley se
nos dice que impusimos nuestro criterio jurídico en el pleito con Perú y que
con Bolivia vamos ganando.
Por lo mismo,
es mejor ceder la palabra final a uno de los más grandes cancilleres de nuestra
historia. A Gabriel Valdés Subercaseaux, quien, tras el término de su última
misión en 2008, se mostraba preocupado por la postergada condición de nuestra
Cancillería. Decía que Chile, abierto como estaba al mundo, necesitaba una
organización para el siglo XXI. Pero, como sabía que eso “no era tema” para la
clase política, hizo la siguiente declaración a una periodista:
Una reforma
de este tipo no se puede hacer desde adentro de la Cancillería; hay que hacerla
desde fuera, quizás con la asesoría de grandes países. Hay que buscar una
fórmula para que Chile, que es pequeño y no es rico, tenga un funcionamiento
externo más adherido a lo que está pasando, que utilice mejor los talentos, que
sea una carrera donde lo profesional se pueda perfeccionar con el tiempo, que
no sea un pagador de recursos para algunos políticos.
Así nos
interpeló don Gabriel. Y no basta con responder Amén. El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)
LA
GRAN DEUDA DE LA DIPLOMACIA
De
16 proyectos que se han elaborado desde los años 90 para modernizar la
Cancillería, ninguno ha llegado a puerto. Tras el último fallo de La Haya, el funcionamiento
del ministerio ha vuelto a ser cuestionado. Y tal como sus antecesores, el
canciller Muñoz ahora promete una nueva iniciativa, que ingresaría a fin de
año. ¿Cuánto falta para que Chile tenga un servicio exterior más eficiente?
Revista
Que Pasa de Chile (www.quepasa.cl)
Todas las
noches, durante los meses previos al fallo de La Haya, en el antejardín de la
embajada de Bolivia en Washington —en la transitada Avenida Massachusetts— se
prendía un gigantesco letrero de neón luminoso que decía “Mar para Bolivia”. El
mensaje no sólo era visto diariamente por miles de residentes de la capital de
Estados Unidos, sino que muchos paraban sus autos para fotografiarse con él.
Más allá está la embajada de Perú, con enormes lienzos que dan cuenta de las exposiciones de libre acceso en su sala cultural. En julio, el Museo Smithsonian en conjunto con el gobierno peruano montaron una muestra de gastronomía típica en la explanada central de la ciudad, que fue todo un éxito.
Más allá está la embajada de Perú, con enormes lienzos que dan cuenta de las exposiciones de libre acceso en su sala cultural. En julio, el Museo Smithsonian en conjunto con el gobierno peruano montaron una muestra de gastronomía típica en la explanada central de la ciudad, que fue todo un éxito.
La embajada
chilena, en cambio, también ha querido postular a una muestra con el
Smithsonian, pero no hay recursos disponibles en la caja. La delegación
diplomática ni siquiera tiene página web, porque el Ministerio de Relaciones
Exteriores resolvió manejar todo desde Santiago y cualquier norteamericano que
escribe “Chilean embassy” en Google es derivado a una página inexistente.
El revés que
sufrió Chile en la Corte Internacional de Justicia, que por 14 votos contra dos
rechazó la objeción del equipo nacional y se declaró competente para revisar la
demanda interpuesta por el gobierno boliviano para que Chile se siente a
negociar una salida al mar, generó diversas interpretaciones sobre el alcance
de la resolución y cuánto acotaba la postura de Evo Morales.
Pero también
comenzó a sacar a la luz un debate más subterráneo que desde hace años se
maneja en voz baja en el mundo político. ¿Qué tan preparados están la
Cancillería y los diplomáticos chilenos para enfrentar los desafíos de la
política internacional actual? Criticar la política exterior ha sido desde
siempre un tema tabú, donde oficialismo y oposición se cuadran para dar señales
de orden y unidad. Sin embargo, situaciones como el apoyo a la demanda marítima
boliviana del Papa Francisco —quien no sólo decidió visitar La Paz un año antes
que Santiago sino que se refirió directamente a la petición de Morales—, ha
derivado en que se hagan públicos los primeros cuestionamientos a los manejos
de la Cancillería.
Y aunque el
ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, mantiene una permanente relación
con los ex cancilleres y con los parlamentarios de las comisiones del Congreso,
para pedirles sintonía y que se mantenga una sola voz en estas materias, poco a
poco se están instalando las preguntas incómodas. Lo que nadie quiere ver: el
sistemático recorte de recursos a uno de los ministerios más pequeños, la
postergación de los proyectos para modernizar la Cancillería, el predominio de
los políticos en embajadas claves, el desincentivo de los diplomáticos de
carrera, la falta de expertos en las áreas técnicas. Y sobre todo, una
Cancillería con legislación del siglo pasado a la que parece que le cuesta
adaptarse a un nuevo escenario mundial.
Un pequeño
ministerio
Si a
comienzos de los 90, el presupuesto de la Cancillería era equivalente al 1,1%
de todo el erario nacional, hoy su relevancia asciende sólo al 0,52%. Es que
los dineros asignados a la política exterior chilena han ido debilitándose con
los años. Para 2015 los recursos otorgados bordean los US$ 312 millones. La
cifra es bastante inferior a los cerca de US$ 452 millones de la cartera de
Economía o los más de US$ 11 mil millones de Educación.
Los recursos
no alcanzan, concuerdan conocedores de la Cancillería. “Desde el período de
Eduardo Frei en adelante, el presupuesto de la Cancillería ha ido bajando. Hoy,
en un mundo interconectado, donde estamos buscando inversiones, que estamos
preocupados por China, vemos que se derrumban las bolsas en Estados Unidos y
que se pueden desviar los capitales hacia allá, necesitamos tener una presencia
internacional mucho más fuerte”, señaló hace unas semanas el ex canciller y
actual embajador de Chile en EE.UU., Juan Gabriel Valdés a Qué Pasa.
El limitado
presupuesto ha puesto en jaque justamente esa presencia. Desde hace tres años a
la fecha la dotación de varias embajadas se ha ido reduciendo: “En gran parte
de Asia —exceptuando países como Corea, China y Japón— las embajadas son
bipersonales, un embajador y un funcionario. En África está pasando lo mismo.
Estamos abriendo embajadas en Irán y Etiopía donde otros países (Portugal y
Colombia) nos arriendan sus oficinas”, explica un alto funcionario del
ministerio.
Mientras
Chile pierde relevancia, países vecinos como Perú ganan terreno. Reconocido es
el trabajo que ha realizado Torre Tagle en esta materia. “Un caso que me parece
admirable es el de Perú, que en el último tiempo ha desarrollado un despliegue
extraordinario no sólo en materia de comunicación de imagen del país, sino que
en torno a su cocina y a sus riquezas indígenas. Ha logrado posicionarse muy fuerte
en Nueva York, Washington y en capitales europeas. Nosotros vamos a tener que
hacer un esfuerzo sistemático y serio en esta materia y no seguir mirando el
asunto externo como un gasto”, subraya el embajador Valdés.
Son 16 los
proyectos que se han presentado desde los años 90 para intentar modernizar la
Cancillería.
Ninguno ha
llegado a puerto. “Yo creo que en el país hay poca comprensión de lo que
significa una democracia moderna. Lo que en Chile prima es una democracia
comercial, pero no basta con ser fenicios y buenos para vender cosas y hacer
acuerdos comerciales. En el mundo moderno los países tienen que involucrarse en
operaciones de paz, opinar sobre los grandes temas que afectan al mundo, como
la inmigración, y en estos temas tenemos una diplomacia deficitaria”, señala el
ex ministro Carlos Ominami.
Actualmente,
el Ministerio de RR.EE. se rige principalmente por la legislación de 1978, es
decir, su normativa y su dotación están fijas hace 37 años. Heraldo Muñoz ha
seguido la línea de sus antecesores, prometiendo un nuevo proyecto que se
presentaría a fines de 2015, que significaría un incremento anual de entre US$
20 a US$ 22 millones. “Hay un proyecto que ha sido elaborado desde el inicio de
este gobierno, como una de las prioridades de la Cancillería. Estamos en una
etapa avanzada”, dice el canciller Muñoz. “Lo principal es terminar la
discusión de esta iniciativa con Hacienda para que ingrese al Congreso este año
y luego sea discutido y ojalá aprobado en 2016. El financiamiento puede ser
gradual”, agrega.
Desde el
Senado presionan por el ingreso de la iniciativa. A mediados de agosto firmaron
un proyecto de acuerdo, manifestándole a la presidenta Bachelet su interés de
trabajar en la modernización y que se dote de mayores recursos a la Cancillería
para ello. Con el reciente fallo de La Haya los actores esperan que esto se
agilice, aunque temen que la austeridad del presupuesto 2016 contravenga tal
intención.
Políticos
versus diplomáticos
José Antonio
Viera-Gallo (PS) en Argentina, Jaime Gazmuri (PS)en Brasil, Ricardo Navarrete
(PR) en Colombia, Gabriel Ascencio (DC) en Ecuador, Ricardo Núñez (PS) en
México, Mario Fernández (DC), en Uruguay. La presidenta decidió repartir las
embajadas de Latinoamérica, y varias de las principales del mundo, entre las
antiguas figuras de la Concertación y aquellos políticos que habían perdido las
últimas elecciones parlamentarias.
Y aunque las
sedes diplomáticas suelen ser vistas como un “premio” —así como lo son las
agregadurías de cultura o de deportes—, la nominación de Bachelet se interpretó
como que quería mantener a distancia a antiguos próceres del oficialismo.
En cualquier
caso, hubo un retroceso respecto a las embajadas que se entregan a políticos
versus las que asumen diplomáticos de carrera. Históricamente han sido
repartidas equitativamente y en la administración de Sebastián Piñera la
relación entre embajadores de carrera y políticos llegó a un 80% y 20%,
respectivamente. Hoy el orden está en un 66% y 33%. El nombramiento de la ex
ministra de Educación Mónica Jiménez como embajadora en el Vaticano es un ejemplo
que despertó las críticas.
El presidente
de la comisión de relaciones exteriores del Senado, Francisco Chahuán (RN),
presentó un proyecto para que los embajadores que propone La Moneda y no fueran
de carrera, deban ser ratificados por 2/3 del Senado. Un modelo similar al que
tiene Estados Unidos.
El ministro
Muñoz defiende la actual distribución: “Hay embajadores políticos en
Latinoamérica que han hecho una excelente labor y, por otra parte, tenemos embajadores
de carrera en lugares claves como Naciones Unidas, Italia, Reino Unido, España,
Perú y Bolivia, por nombrar algunos. Y este gobierno ha promovido un número muy
significativo de embajadores de carrera”.
Las
dificultades para llegar a ser embajador y acceder a las mejores
representaciones, es un factor que desincentiva el ingreso a la carrera
diplomática. A la Academia Diplomática sólo postulan 150 alumnos por año, de
los cuales quedan nada más que 15, quienes aunque deben tener otra carrera cursada,
ganan un 40% menos que otros profesionales equivalentes. La planta de
diplomáticos se mantiene en 500 personas desde hace 30 años. Los bajos salarios
se cruzan con la inamovilidad existente. “Del Ministerio al Cementerio” es el
lema que tienen los empleados al interior de la Cancillería. Los ministros
consejeros pueden permanecer eternamente hasta pasados los 80 años evitando el
tiraje. “Si no te nombran embajador, tú sigues como ministro consejero y
tenemos el problema de las pensiones, por lo que la gente no se quiere
retirar”, explica Fernando Salas, presidente de la Asociación de Diplomáticos
de Carrera (Adica).
El último
proyecto de ley presentado por el gobierno anterior y que se encuentra
congelado, plantea aumentar los salarios de ingreso a la carrera, reducir los
periodos para poder ascender, dar bonos al retiro para terminar con la
inamovilidad, y aumentar los cursos de capacitación y distribuir las
destinaciones por mérito. “Quién va a querer ser militar si no puede llegar a
ser general. Si no mejoramos las condiciones, no vamos a tener la mejor gente”,
señala el ex canciller Alfredo Moreno.
Rompiendo la
jerarquía
De todos los
miembros del equipo chileno en La Haya no hay ningún diplomático de carrera.
El ex embajador Pablo Cabrera, quien fuera director de la Academia Diplomática, señala que tras la caída del Muro de Berlín las relaciones diplomáticas han cambiado, pero la Cancillería chilena no se ha adaptado a los tiempos. “Hoy el diplomático debe tener una capacidad de reacción inmediata, por eso debe estudiar, porque no va a esperar hasta que llegue el embajador para que hable. Hoy la diplomacia es muy vertical en un mundo muy horizontal. En ese sentido se les deben dar a los diplomáticos más incentivos y confianza para actuar”, dice Cabrera. Visión similar plantea Fernando Salas: “En la Cancillería el pensamiento crítico no es algo predominante. Es una cultura que viene hace mucho tiempo, donde la decisión de lo que se hace en política internacional viene de la presidenta y cae en forma vertical. La jerarquización ha atentado en una mayor modernización”.
El ex embajador Pablo Cabrera, quien fuera director de la Academia Diplomática, señala que tras la caída del Muro de Berlín las relaciones diplomáticas han cambiado, pero la Cancillería chilena no se ha adaptado a los tiempos. “Hoy el diplomático debe tener una capacidad de reacción inmediata, por eso debe estudiar, porque no va a esperar hasta que llegue el embajador para que hable. Hoy la diplomacia es muy vertical en un mundo muy horizontal. En ese sentido se les deben dar a los diplomáticos más incentivos y confianza para actuar”, dice Cabrera. Visión similar plantea Fernando Salas: “En la Cancillería el pensamiento crítico no es algo predominante. Es una cultura que viene hace mucho tiempo, donde la decisión de lo que se hace en política internacional viene de la presidenta y cae en forma vertical. La jerarquización ha atentado en una mayor modernización”.
Aunque el
subsecretario de RR.EE., Edgardo Riveros (DC),destaca que “todos los directores
y subdirectores de áreas en el ministerio hoy son de carrera”, en cancillerías
modernas la apuesta es que los jefes de departamento no necesariamente sean
diplomáticos, sino los mejores técnicos y profesionales. Hoy, los embajadores,
por cada cuatro años en el extranjero, pasan dos en Chile con un sueldo más
bajo. Y por eso, cuando llegan les asignan una jefatura de departamento, aunque
no sean los más capacitados en el área. Existen, excepciones. La Dirección de
Energía, Ciencia y Tecnología e Innovación está al mando de un experto en la
materia, el embajador e ingeniero Gabriel Rodríguez García—Huidobro. Gracias a
esto las políticas de telescopios, como el proyecto ALMA y otros, han sido uno
de los mayores logros en política internacional e imagen país de los últimos
años.
De los TLC a
La Haya
Con cerca de
20 Tratados de Libre Comercio, Chile es hoy la nación con más acuerdos de esa
índole a nivel mundial. Es que desde la recuperación de la democracia, la
vanguardia internacional del país ha estado centrada en los llamados TLC, el
problema —dicen al interior de la Cancillería— es que la ausencia de recursos
ha limitado la labor promocional de esos acuerdos. Ejemplo de ello es el
acuerdo con Tailandia. Mientras el país avanza en cerrar el TLC con esa nación,
los representantes en el país son sólo dos: un embajador y un funcionario que
hace laborales administrativas y de cónsul, explican fuentes del Ministerio.
“En esta
avidez por reinsertarse se dejó de lado otra reflexión de ir sintonizando,
adecuando toda la institucionalidad chilena a estas nuevas demandas, porque el
mundo estaba cambiando. Pasamos de ser el país del último rincón del mundo a
ser parte de un escenario dinámico como es el área del Pacífico. La
globalización abre el mundo, se empieza a comunicar de otra manera y eso debió
haber ido aparejado de una readecuación de nuestra institucionalidad”, explica
Cabrera.
Según el ex
ministro Sergio Bitar (PPD), si bien los acuerdos comerciales son una muestra
de la innovación que tuvo Chile en materia internacional, hoy la política
internacional se reduce a los problemas con Bolivia. “Producido este primer fallo
de La Haya, los chilenos estamos obligados a repensar bastante más el plano
internacional. ¿En qué sentido? Lo internacional afecta mucho a lo nacional y
por lo tanto no puede quedar como antes lo internacional sujeto a la decisión
de una sola persona con tan poco debate interno. Acá no hay monopolio en el
manejo de lo internacional y creo que le haría muy bien a Chile discutir más
internamente”.
El analista
venezolano Moisés Naim agrega que, al revés, la injerencia de lo nacional en lo
internacional también es una realidad. “En general en América Latina hay
respeto por los diplomáticos profesionales de Chile. Ahora, el Ministerio de
Relaciones Exteriores no es inmune a la situación política del país y a la
situación del gobierno. Es muy difícil tener una diplomacia fuerte si tienes un
gobierno débil”. Dice que, por ejemplo, en Brasil, Itamaraty, una de las
cancillerías más profesionales de América Latina, era mucho más poderosa cuando
Lula estaba en las encuestas a los más altos niveles y donde Brasil estaba
creciendo.
La diplomacia
en tribunales
La Corte de
La Haya es sólo uno de los organismos internacionales donde ha tenido que
intervenir Chile en el último tiempo. A mediados del año pasado, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sancionó al país por violación a los
derechos humanos de mapuches. En 2012, la misma entidad condenó al Estado
chileno por trato discriminatorio contra la jueza Karen Atala. El caso Clarín
también ha sido ejemplo de nuestra presencia en cortes del exterior. Y el del
río Silala amenaza con ser el próximo.
La judicialización de las relaciones internacionales se ha transformado en una realidad nacional.
El ex canciller Moreno recuerda una charla del presidente del Consejo Europeo de Eslovenia para resumir la problemática: “Se atrasó la charla y el conferencista dijo ‘no se preocupen, esto lo voy a explicar en sólo dos minutos con reloj’ y agregó: ‘Nuestra generación y la de nuestros padres vivíamos en la lógica de los estados nación y esa era la diplomacia. Pero hoy la era de los estados nación está limitada por la legislación internacional de los derechos humanos’”.
La judicialización de las relaciones internacionales se ha transformado en una realidad nacional.
El ex canciller Moreno recuerda una charla del presidente del Consejo Europeo de Eslovenia para resumir la problemática: “Se atrasó la charla y el conferencista dijo ‘no se preocupen, esto lo voy a explicar en sólo dos minutos con reloj’ y agregó: ‘Nuestra generación y la de nuestros padres vivíamos en la lógica de los estados nación y esa era la diplomacia. Pero hoy la era de los estados nación está limitada por la legislación internacional de los derechos humanos’”.
Según
plantea: “Como país pequeño, suscribimos a todos los tratados internacionales,
pero eso hay que aterrizarlo en Chile y nuestra legislación”. Y eso requiere de
los mejores profesionales. Incluso ya existe una propuesta del Consejo de
Relaciones Internacionales y del ex canciller Hernán Felipe Errázuriz para
crear una suerte de Consejo de Defensa del Estado, sólo para los litigios
internacionales.
Sin embargo, por
el momento la única propuesta que se está trabajando es un futuro proyecto de
ley. Este incluye —entre otros aspectos— la creación de una Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales, con dos servicios dependientes —la
Dirección General de Promoción de Exportaciones y la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales—. Además, amplía la planta de la Agencia
Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo y faculta el
nombramiento de hasta cuatro agregados de cooperación.
La
iniciativa, además, considera, tanto para la planta de Servicio Exterior como
para administrativos, el retiro obligatorio a los 67 años y una compensación
equivalente a 24 sueldos brutos. A ello se suma la disminución a la mitad (de 4
a dos años) del tiempo mínimo requerido en el grado para poder ascender, junto
al aumento en los grados iniciales. La gran pregunta es si seguirá archivada
como las 16 anteriores.
¿MEDIACIÓN
PAPAL ENTRE CHILE Y BOLIVIA?
Expreso
de Perú (www.expreso.com.pe)
En los últimos
meses de una u otra forma ha trascendido a la prensa la posibilidad de que el
Papa Francisco medie en la reivindicación boliviana para lograr una salida
soberana territorial al mar por las costas chilenas. De hecho cuando
informalmente se tanteó esa alternativa fue tajantemente rechazada por Chile.
Ahora que la Corte de La Haya desestimó la excepción procesal chilena y
reafirmó su competencia para conocer la demanda de Bolivia, esa posibilidad
podría resurgir y el Presidente Evo Morales sutilmente la insinúa cuando habló
de un acompañamiento mientras se desarrolla el proceso ante la Corte. ¿Me
pregunto si eso es posible jurídica y políticamente en el caso judicial a ser
resuelto en La Haya?
Desde un
punto de vista estrictamente jurídico podría ser, dado que la mediación es una
forma de resolver los conflictos jurídicos internacionales expresamente
reconocida por la Carta de las Naciones Unidas, así como en la Carta de la OEA.
Existen también algunos precedentes notables particularmente la mediación papal
en tiempos del pontificado de Juan Pablo II a fines de los setentas y comienzos
de los ochentas, que evitó una suicida guerra entre Argentina y Chile a causa
del conflicto en torno al Canal de Beagle y zonas aledañas.
En ese caso ya felizmente superado, el Cardenal Samoré bajo instrucciones directas de Juan Pablo II, realizó un trabajo notable evitando un enfrentamiento armado entre Argentina y Chile, que literalmente estuvo a punto de estallar. La mediación requiere de la acción de un organismo internacional, de una tercera potencia o de una personalidad excepcional que se ponga entre las partes en conflicto, con el objeto de buscar una solución pacífica y evitar un desenlace violento. No es una solución jurisdiccional ni está sujeta a procedimientos predeterminados, debiendo el mediador realizar una intensa actividad para encontrar una fórmula aceptable a las partes.
En ese caso ya felizmente superado, el Cardenal Samoré bajo instrucciones directas de Juan Pablo II, realizó un trabajo notable evitando un enfrentamiento armado entre Argentina y Chile, que literalmente estuvo a punto de estallar. La mediación requiere de la acción de un organismo internacional, de una tercera potencia o de una personalidad excepcional que se ponga entre las partes en conflicto, con el objeto de buscar una solución pacífica y evitar un desenlace violento. No es una solución jurisdiccional ni está sujeta a procedimientos predeterminados, debiendo el mediador realizar una intensa actividad para encontrar una fórmula aceptable a las partes.
En el plano
político la mediación no es viable si las partes no están previamente de
acuerdo para llevarla adelante. La mediación no se impone a los países y
requiere de su aceptación, lo cual también constituye un presupuesto jurídico
indispensable para realizarla. En el caso de la reivindicación boliviana
dirigida a una salida soberana y territorial al mar, que necesariamente tendría
que atravesar territorio chileno, ninguna mediación prosperará sin la anuencia
del gobierno de Chile. Todo parece indicar por las últimas declaraciones de la
Presidente Bachelet, dadas en compañía de sus predecesores, que Chile expondrá
sus argumentos jurídicos y pruebas de ser el caso ante la Corte de La Haya,
hasta que se dicte la sentencia. Emitida la sentencia en la hipótesis favorable
a Bolivia para iniciar una negociación, ¿qué sentido tendría entonces la
mediación?
EVO MORALES, BOLIVIA Y LA GEOPOLÍTICA DEL MAR
Cuba Debate (www.cubadebate.cu/opinion)
La decisión del
la Corte Internacional de Justicia de La
Haya de declararse competente para conocer la demanda boliviana
interpuesta en abril de 2013, que es lo mismo que decir de rechazar la objeción
preliminar presentada por Chile, explica la justeza de la causa boliviana, pero también
de cierta relativa modificación del tablero geopolítico en la región -como
parte de los cambios en curso en la geopolítica del poder global-, y el papel
que Bolivia
está empezando a jugar en el plano internacional.
Esta primera
apreciación, formulada a manera de hipótesis, no pretende pecar de surrealista
al expresar un peligroso exitismo ni un adelantado triunfalismo por la
“victoria inicial”, pero si busca explicar que si Bolivia no fuera otra
respecto de la que heredó Evo Morales en enero de 2006, difícilmente los
sólidos argumentos presentados ante La Haya hubieran tenido el peso que
evidentemente tuvieron al momento de la reflexión técnico-jurídica de los
miembros la Corte. Es decir, que así como el Che sostuviera en Punta del Este
que la economía no estaba separada de la política, tampoco –el añadido es mío-
lo jurídico no está separado de lo político.
El alcance
geopolítico de la posición boliviana se sintetiza en dos declaraciones del
presidente Evo Morales en momentos distintos. La primera el 15 de abril de
2013, cuando afirmaba minutos después de entregar la Memoria Histórica que
respalda la demanda marítima boliviana para ejercer su derecho soberano sobre
el Pacífico: “resolver este tema es parte de la integración y parte de la
justicia en América Latina y el Caribe”.
Luego, este 24
de septiembre en la Plaza Murillo, pocas horas después de conocerse el
favorable fallo de La Haya, al sostener que la causa boliviana es parte de la
agenda pendiente de América Latina y al inmediatamente hacer referencia a la
necesidad de levantar el bloqueo contra Cuba, de devolverle a la Argentina
soberanía sobre Las Malvinas y felicitar el paso decisivo que se dio para
solucionar el conflicto armado en Colombia tras la firma de un acuerdo sobre
justicia transicional entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las
FARC, Timoleón Jimenez.
Una segunda
aproximación es que además de la voluntad y la la capacidad de ejercer
hegemonía en la región o el mundo son factores para definir a un Estado como
“jugador estratégico” o por su situación geográfica como “pivote” en el tablero
geopolítico, según se desprende de los aportes de Zbigniew Brzezinski –asesor de
Carter y Obama en asuntos internacionales-, también juega un papel importante
la capacidad de dirección y liderazgo de los presidentes, como es el caso de
Bolivia, un país que se encuentra en la vitrina mundial desde que Evo Morales
es su presidente.
Las dos
declaraciones dan cuenta, a manera de síntesis, de la profundidad de los
movimientos geopolíticos que concibe y despliega el jefe del Estado
Plurinacional, quien nunca termina de sorprender por las grandes iniciativas
que toma desde una perspectiva de los intereses de Bolivia y de América Latina.
Desde la
perspectiva de Bolivia, hay al menos tres razones geopolíticas muy grandes que
fundamentan los pasos dados por el Estado Plurinacional:
La primera
razón es que rebate la teoría de que la guerra da derechos, más aún cuando en
realidad se ha tratado de una ocupación militar de una parte de nuestro
territorio en medio de un estado débil (aparente) y una clase dominantes
bastante débil e incapaz de sentar y defender la soberanía. Por el contrario,
pone sobre la mesa el derecho de Bolivia –reconocido por distintos gobiernos
chilenos a través de una serie de compromisos antes y después del Tratado de
1904- a tener una salida soberana al mar.
La segunda
razón es que apunta a desmontar los dispositivos coloniales instalados en la
narrativa de la historia del vencedor y en la propia conciencia del país y sus
pueblos colonizados. Resignifica, como sucede en todo lo que está haciendo la
revolución boliviana, la auto estima individual y colectiva de los hombres y mujeres
que aceptaban pasivamente, a pesar de las nostalgias de cada 23 de marzo, ese
pasaje de nuestra historia –la pérdida de la cualidad marítima- como un
producto del “orden natural” de esta parte del mundo. Cuestiona esa narrativa y
construye otra cargada de episodios de resistencia histórica y simbólica que
nunca dejaron de desarrollarse.
Evo Morales
cuestiona esa historia oficial. Como lo está haciendo en todos los niveles de
la realidad, el jefe del Estado Plurinacional y del proceso de cambio lo que
hace es negar esa vieja historiografía que legitimaba el poder del colonizador
interno y externo, y parafraseando a Marx pone de pie a lo que se suponía
echado e inmóvil.
La tercera
razón es que ejerciendo su derecho soberano sobre el Pacífico, Bolivia experimentará
un mejor crecimiento de su economía –más de lo que ha logrado desde 2006- y una
mayor sostenibilidad en el tiempo. No cabe duda que los resultados del exitoso
modelo económico social comunitario que se desarrolla desde hace diez años –con
reservas internacionales que han pasado de 1.700 millones de dólares a más de
15.000 millones, un nivel de ahorros en cantidad similar a las reservas y el
PIB triplicado-, en el escenario más pesimista se duplicarían. Con eso, ese
modelo que genera excedentes y los redistribuye a través de distintos
mecanismos y políticas sociales a favor del pueblo, se consolidará.
“En los últimos
10 años la economía boliviana ha crecido en promedio un 5 %, aun en tiempos de
caída de los precios de materias primas a nivel mundial. La economía boliviana
en 2015 incluso mantiene un ritmo de crecimiento del 5 %, eso significa que en
8 años hemos triplicado el producto interno bruto”, expresó el vicepresidente
Álvaro García Linera el 2 de julio pasado en la facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Chile.
Pero el segundo
hombre de Bolivia no se queda ahí. “En 2005 la economía chilena era catorce
veces más grande que la boliviana; ahora mide ocho. Y el 2020 debe ser sólo
cuatro veces más grande. Y el 2025 deberíamos estar iguales o máximo uno a
dos”, sostuvo en octubre del pasado año en una entrevista publicada por el
diario chileno La Tercera.
Las razones de
la aseveración política no son infundadas. En 2005, el PIB de Bolivia no
superaba los 9.000 millones de dólares y el de Chile llegaba a los 123 mil
millones. Diez años después, el PIB de Bolivia se ha más que triplicado (33.000
millones dólares y el chileno apenas se ha duplicado.
La cuarta razón
es que Bolivia estará en condiciones de mostrar al mundo no solo que es necesario
construir un orden social distinto al capitalista si se quiere salvar a la
humanidad y el planeta, sino que es posible. Los resultados de su proyecto
emprendido en 2006 nuevamente juegan a favor. En Chile el modelo neoliberal que
empezó a aplicarse desde la dictadura de Augusto Pinochet registra un mayor
crecimiento de la desigualdad social y una privatización de los servicios
básicos, además de la salud y la educación, mientras en Bolivia hay una
tendencia a la caída de la desigualdad social y un reconocimiento de que los
servicios básicos como el agua son derecho humano.
Desde Nuestra
América
Desde una
perspectiva más latinoamericanista, el fallo favorable en el fondo a la demanda
boliviana registraría efectos altamente positivos y que a vuelo de pájaro
hacemos alguna referencia bastante resumida:
En primer lugar
restablecería y resignificaría, en condiciones favorables y distintas al siglo
XX, la teoría geográfica de la integración. Bolivia está ubicada en el corazón
de Sudamérica y esa su condición le asigna un papel estratégico al momento de
unir al Pacífico y el Atlántico, pero además, como sostuvieran varios
estudiosos militares en la década de los 30 del siglo pasado, de ser un puente
entre Los Andes y la Amazonía. La recuperación de su cualidad marítima no solo
le es favorable a Bolivia sino que aporta a una reconfiguración del escenario
sudamericano en términos de mayor equilibrio entre todos los estados y pueblos.
Así MERCOSUR y la CAN no necesitan antagonizarse sino más complementarse y la
UNASUR no tendría otro destino que la consolidación.
Atrás quedaría,
con mayor facilidad, el proyecto de Estados Unidos de gravitar en el Pacífico
desde los intereses de las grandes transnacionales, como ocurre ahora con su
proyecto Alianza Pacífico (AP) y la Transpacífico (TPP).
Lo que se está
diciendo es que este país pequeño, enclavado en el corazón de Sudamérica, es un
actor fundamental para la integración de la subregión en términos distintos a
los dictados por el capital transnacional y los Estados Unidos. Es un papel del
que se habla poco, pero que muchos no ignoran.
En segundo
lugar, destrabaría uno de los obstáculos más grandes a los procesos de
integración basados en los intereses de los Estados y los pueblos, y no en la
exclusiva lógica del capital. El enclaustramiento marítimo boliviano, entorpece
una relación de plena igualdad política entre los estados y los pueblos, y
favorece al dominio imperial. No puede hablarse de integración plena con un
país condenado al encierro por decisión del capital a través de una forma
militar-estatal. Eso ya no es posible.
En tercer
lugar, la resolución favorable de la demanda boliviana no solo reparará las
injusticias cometidas contra Bolivia durante más de un siglo, sino que abriría
las compuertas para que América Latina avance con fuerza y decisión hacia el
cumplimiento de la agenda de los siglos XIX y XX que nos interesa a todos:
Malvinas para Argentina, la superación de la condición colonial de Puerto Rico,
la devolución de la base militar de Guantánamo a Cuba y el cese inmediato del
bloqueo. No es que la madeja corra por efecto automático, pero sin duda
aportará a ampliar una subjetividad favorable –más de lo que ya existe- para
que América Latina sea ejemplo de integración, soberanía y cooperación.
El cumplimiento
de la “agenda del siglo XIX y XX” que arrastra América Latina no casi una
condición para avanzar hacia la implementación de la “Agenda de la Patria
Grande del siglo XXI”.
En síntesis,
Bolivia es vital en este tercer momento emancipador de América Latina. La
recuperación de su cualidad marítima aumentará su gravitación con propósitos
latinoamericanistas. Por eso, no solo son las transnacionales las que estarán
atentas para impedir que el fallo de La haya salga favorable, sino el
imperialismo.
EL FALLO CATEGÓRICO DE LA PRENSA INTERNACIONAL
El estudio de los principales periódicos de Estados
Unidos, Europa y América Latina demuestra que Bolivia nos ha derrotado
diplomática y comunicacionalmente, lo que parece confirmar que Chile ha perdido
“poder blando” y es más débil en consecuencia.
El Libero de Chile (www.ellibero.cl/opinion)
Aunque la
Presidenta Michelle Bachelet asegura que “Bolivia no ha ganado nada” tras el
dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para los periódicos
más importantes del mundo en general y de América Latina en particular, Bolivia
sí derrotó a Chile. Para algunos de ellos, la resolución fue categórica.
Para diarios
tan influyentes como The New York Times, The Washington Post y The Daily
Telegraph, la postura chilena fue claramente derrotada en La Haya. Hubo incluso
medios de comunicación, como The Wall Street Journal, que responsabilizaron
directamente al gobierno de Bachelet de la derrota. Según este periódico
financiero, que cuenta con más de tres millones de suscriptores en todo el
planeta, especialmente altos ejecutivos, inversores y hombres de negocios, “la
decisión de la Corte contra Chile es el último traspié de la Presidenta
Michelle Bachelet, quien está enfrentando una creciente oposición interna por
el manejo gubernamental de la economía”.
Los principales
diarios liberales de Estados Unidos, The Washington Post y The New York Times,
también dieron por perdedor a Chile. The Washington Post se refirió al dictamen
con una nota que tenía un titular claro y preciso: “Los jueces de la Corte
rechazaron el reclamo chileno por 14 votos contra 2”.
Los principales
diarios argentinos, Clarín y La Nación, fueron especialmente contundentes en
reconocer el triunfo boliviano. Tras el fallo, Clarín publicó una nota titulada
“La Haya respalda a Bolivia en un litigio con Chile por la salida al mar”, muy
parecida a la titulada así por La Nación: “La Corte de La Haya respaldó a
Bolivia y se declaró competente para tratar la disputa con Chile por la salida
al mar”. Según este medio, la resolución fue “tan categórica”, que sorprendió a
nuestro país y lo dejó en silencio.
El diario
español El Mundo también publicó un reportaje tras el fallo, titulado “La Haya
falla a favor de investigar el litigio marítimo entre Chile y Bolivia”, y desde
el primer párrafo deja en claro que la decisión judicial supone un claro revés
para Chile: “La Corte Internacional de Justicia da la razón a Bolivia y se
declara competente para dirimir su reclamación de una salida al Pacífico”.
Otros diarios españoles, como La Razón y ABC, también se inclinaron por dar
como ganadores a los bolivianos. El País y La Vanguardia, en cambio,
mantuvieron un tono ecuánime, y no dieron por ganador a ninguno de los dos
países en disputa.
En Gran
Bretaña, el diario conservador Daily Telegraph informó que el fallo fue
recibido “con rabia” por nuestro país. La BBC y The Guardian, en cambio, dieron
un tratamiento más ecuánime a la información y no presentaron a ninguno de los
dos países como victorioso.
De los 24
medios internacionales que analicé para estudiar las repercusiones del fallo en
la prensa extranjera de referencia (ver la tabla adjunta), en 17 los bolivianos
fueron presentados como claros ganadores, y en siete se informó con
ecuanimidad, sin dar por vencedores ni a unos ni a otros. En ningún medio de
comunicación extranjero se dice que Chile ganó.
Hay que
reconocer que Bolivia nos ha vencido en el ámbito diplomático y también en el
comunicacional, generando más simpatía y adhesión a su causa que nosotros a la
nuestra. Si hasta el Papa Francisco ha emitido declaraciones que han
fortalecido la histórica demanda boliviana.
Chile debe
hacer muchos más esfuerzos por generar influencia a escala internacional y
convencer al resto del mundo de que su postura es la correcta. En concreto,
debe incrementar su soft power. Según Joseph Nye, el profesor de Harvard
que acuñó ese concepto, en la era de información los países ya no se hacen más
poderosos solamente incrementando su poderío militar, sino que lo logran
aumentando su poder blando no coercitivo, influyendo diplomática,
cultural y comunicacionalmente sobre otras naciones. Esto es precisamente lo
que prometió Michelle Bachelet con su programa de gobierno: “Nuestro país debe
recuperar su papel de promotor activo de la convergencia regional, confirmando
su compromiso con una política de integración regional activa y vinculante”.
Después de
analizar la cobertura de la prensa extranjera de referencia tras el fallo de La
Haya, resulta evidente que el gobierno
de Bachelet tiene una ardua tarea por delante, pues siguiendo la lógica de Nye,
está claro que estos últimos días hemos perdido poder blando y en definitiva hoy somos más débiles que
hace una semana.
¿CÓMO SE SIGUE DESPUÉS DE LA HAYA?
Estrategia de Chile (www.estrategia.cl)
Javier
Fuenzalida A., Profesor, Universidad Finis Terrae.- La cancillería chilena
nunca ha gozado de mucho prestigio. No es buena y cada nuevo ministro anuncia
reformarla sin lograrlo. Al parecer sus funcionarios compiten con la fuerza
sindical que tienen los trabajadores de Codelco o del BancoEstado. Los
ministros no mandan y los presidentes han preferido ignorar a los diplomáticos
designando a amigos y acreedores políticos. Hace poco un dirigente sindical
ascendido a diplomático debió renunciar como también un ex futbolista por
hablar más de la cuenta y cuyo CV anota la pifia de un penal en un mundial.
Otro, con aficiones etílicas, fue designado “rostro” del pabellón chileno en
Milán y Muñoz guardó un vergonzoso silencio.
Perdimos en la
Laguna del Desierto en 1994, gendarmes argentinos asesinaron al teniente Merino
y perdimos territorio, pero dejó inconmovible al ex presidente Aylwin quien
dijo “qué importan pedacitos más o pedacitos menos”. En el caso con Perú
prestigiosos e ilustrados abogados advirtieron los riesgos de enfrentar la
Corte Internacional de Justicia (CIJ), que puede pasar por encima del derecho y
fallar según consideraciones políticas. En la demanda peruana la corte fabricó
una inexistente tesis biogeográfica, sosteniendo que, mas allá de las 80 millas
de la costa, el Pacífico no tiene valor económico para Chile por ausencia de
una biomasa importante (N° 108 y 117 del fallo), entregándosela a Perú como si
para éste tuviere algún valor, creando para ello derechos expectaticios,
categoría jurídica inexistente.
Después de todo
la ONU es un organismo político, dueña de la CIJ, la que ha asumido el
“activismo judicial”. El N° 2 del artículo 38 de sus estatutos señala: “La
presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio
ex aequo et bono, si las partes así lo convinieren”, consulta que la Corte no
realizó. Por desgracia no hay instancia superior para recurrir ante tamaña
arbitrariedad. Nuestra cancillería o no lo lee o no entiende lo que lee, dando
por sentado que el fallo sería estrictamente en derecho, afirmaciones que
Bachelet y Muñoz repitieron reiteradamente a pesar de las advertencia de
algunos ex cancilleres y especialistas. Ahora tratan de convencernos que
Bolivia perdió. El viernes Evo dio la esperada conferencia de prensa en la sede
misma de la ONU. Bachelet cero. En el plenario del Domingo Bachelet guardó
silencio porque dijo que no era para referirse a asuntos bilateral mientras
otros representantes como Evo nos dio como caja en su discurso, al igual que Castro,
Obama y Putin. Menos mal que estuvieron presente apenas 39 de las 197 países
miembros que escuchan aburridamente y sin mayor interés.
Cada día son
más los juristas que aconsejan retirarnos del Pacto de Bogotá (5 países no lo
suscribieron, 2 se retiraron y 9 ni siquiera han considerado suscribirlo).
También existe la opción de abandonar la demanda o declarar nulo su fallo por
falta de garantías de imparcialidad (el fallo del jueves pasado así lo
atestigua), Colombia así lo ha hecho. ¿Los riesgos? Nadie los ha explicado como
tampoco qué sucederá si la obligación de negociar fuera sin resultados aún de
buena fe porque Evo sabe desde ya que Chile no aceptará sesión de soberanía.
CHILE Y BOLIVIA Y LA OBLIGACIÓN DE NEGOCIAR
Revista Capital de Chile (www.capital.cl/poder)
Por: Juan Emilio Cheyre.- El reciente
fallo de La Haya coloca a Chile y Bolivia en un nuevo escenario. Las próximas
acciones se desarrollarán ante la Corte. Sin embargo, habrá episodios en ambos
países, la región y el mundo, ya que el tema se ha internacionalizado. Ello
exige comprender que nuestro actuar debe incorporar la dimensión política y
comunicacional que apoye una sólida fundamentación jurídica.
La Corte
precisó que su tarea será fallar en relación a la obligación de negociar de
buena fe y no se pronunciaría con respecto al resultado de una posible
negociación, como tampoco en relación a la aspiración de Bolivia de tener
derecho soberano al acceso al mar.
Es vital para
Chile el diseño de una estrategia de largo plazo. Hay nuevos antecedentes, un
escenario acotado y distinto al anterior. Resulta exigible definir un actuar
para esos desafíos. Debemos buscar un vínculo con Bolivia que termine con más
de cien años de relaciones conflictivas. En La Haya el tema se restringirá a la
definición de la obligación de negociar, sin embargo, son Chile y Bolivia, más
allá del tribunal, quienes deberían ir tejiendo el entramado de un nuevo tipo
de relación.
El lineamiento
de nuestro quehacer futuro debería basarse en una estrategia de largo plazo y
amplio contenido que aborde el diferendo en La Haya, pero que incorpore otros
elementos. Si seguimos circunscritos sólo a la litis, desconocemos que la
amplitud del tema supera lo meramente jurídico. Es vital darle contenido
político a nuestro actuar. Para comunicar al mundo y obtener visibilidad
que genere apoyo, Chile requiere demostrar con hechos que nuestro país no ha
sido obstáculo para el desarrollo pleno de la nación altiplánica.
Una nueva
estrategia para el nuevo momento exige basarla en tres pilares básicos. El
primero, la unidad nacional, que no puede quebrarse en ningún momento.
El segundo,
fortalecer el respeto a la principal variable de nuestra tradición cual es el
apego al derecho. En tal sentido, no es el momento de objetar el Pacto de Bogotá.
Hacerlo constituiría un error jurídico y político y, adicionalmente, abriría
espacios que nos llevarían a perder parte de nuestro principal activo radicado
en la credibilidad que el país tiene, por la seriedad de su compromiso en el
ámbito de lo multilateral. Desechar ahora el Pacto cuestionaría nuestro apego
al cumplimento de acuerdos y tratados, cuando nos resulta vital afirmar la
plena vigencia y obligación de cumplimento del Tratado de 1904.
Finalmente, se
requiere incorporar a la estrategia nuevos elementos. Resulta necesario el
fortalecimiento y amplia difusión de las formas vigentes de apoyo que se
otorgan a Bolivia. Es conveniente retomar un diálogo que se ha perdido. La
mantención de posiciones absolutamente confrontacionales lleva a un juego de
suma cero que a nadie beneficia.
Más allá de lo
que pueda establecer la Corte en varios años más, es tiempo para que Bolivia y
Chile transiten hacia un vínculo entre dos países que no necesitan ser forzados
a negociar para, por sí solos, encontrar nuevas formas de relación que
resuelvan problemas que a ambos urge enfrentar.
“EN BOLIVIA EL DIVORCIO ENTRE MOVIMIENTOS SOCIALES Y
GOBIERNO ES NOTORIO”
Entrevista a Marco Gandarillas, director del Centro de
Documentación e Información de Bolivia (CEDIB)
La Marea de España (www.lamarea.com)
En estos
últimos meses, la tensión entre el gobierno de Bolivia y algunas organizaciones
sociales ha ido a más. En agosto pasado, Álvaro García Linera acusó a cuatro de
ellas de estar
mintiendo para favorecer a intereses y empresas extranjeras; según
el vicepresidente, reciben dinero del exterior para que “nos convirtamos en
guardabosques”. Entre esas organizaciones estaba el Centro de Documentación e Información de Bolivia
(CEDIB), un centro de estudios que alberga el mayor fondo
hemerográfico del país y tiene una amplia trayectoria en la difusión de
pensamiento crítico, que respondió diciendo que “se intenta acallar nuestros
estudios, que muestran la inviabilidad del extractivismo”. Aprovechando su paso
por Madrid esta semana, entrevistamos a Marco Gandarillas, director ejecutivo
del CEDIB, para conocer sus impresiones sobre esta y otras cuestiones
relacionadas con el momento actual que vive Bolivia.
El gobierno
boliviano ha sostenido que la fase extractivista es indispensable en el corto y
medio plazo para alcanzar el “buen vivir”. ¿Es posible partir del extractivismo
para llegar a ese “buen vivir”?
La primera
cuestión es que había la creencia de que no se podía, ni se debía inicialmente,
hacer un desacople de la globalización, es decir, del papel histórico de
Bolivia de ser un proveedor de materias primas y recursos naturales. De lo que
se trataba, en opinión de los gobernantes, era de sacar un mayor provecho de
esta relación, casi necesaria, a través de impuestos. Creo que este es el
inicio del círculo vicioso que ha llevado a una profundización del
extractivismo.
En el momento
en que entra Evo Morales al gobierno se da un cambio en la economía mundial:
suben los precios de casi todas las materias primas, como el petróleo, los
minerales y la soja. Esto repercute en mayores ingresos para el Estado
boliviano y, en consecuencia, en una profundización de la dependencia de las
exportaciones, en vez de en un desacople de la globalización. Se da, además, un
cambio fundamental en la manera de concebir el Estado en la economía: este pasa
a ser un gestor de las exportaciones, su papel fundamental es garantizar que
haya un flujo constante de materias primas al exterior, que no se interrumpa de
ninguna manera. Así que se orienta la mayor parte del presupuesto público a
mantener este flujo. Y esta es la curiosa particularidad de la nacionalización
del gas: no se nacionalizan los campos, lo que más se nacionalizan son las
infraestructuras de transporte. Con lo que este deja de ser un costo para las
empresas privadas, que son las principales extractoras.
¿YPFB no tiene
un fuerte papel en la exploración y explotación de petróleo?
En la
exploración sí, porque es una inversión sin retorno. Es como en los años
previos a la privatización, cuando el Estado hizo una inversión enorme en
exploración para determinar los lugares donde había yacimientos. Pero luego se
dio a las empresas la exploración específica orientada a la explotación. Es
decir, el mayor riesgo que hay en el sector se asume por el Estado y se aminora
para las compañías.
El Estado dijo
“queremos ser socios de las empresas, no que sean patrones”. Esa sociedad
consiste en que las compañías exportan y Bolivia les da todo tipo de
facilidades a nivel comercial, de infraestructuras, de régimen impositivo,
laboral y ambiental, para tener las rentas. Cuanto más exporten, más gana el
Estado. Y ahora, con la caída de los precios, para compensar la pérdida de
ingresos se tiene que exportar más y las inversiones del Estado se destinan a
este fin. Este es el círculo vicioso.
Entonces,
¿hacia dónde se dirigen principalmente los ingresos públicos?
La enorme
cantidad de recursos que recibe el país por este boom le ha generado un
problema: tiene más recursos que nunca en la historia, sin tener claro cuáles
deben ser las prioridades en la inversión pública. De forma muy pragmática, se
decide que las inversiones prioritarias se destinen a favorecer las
exportaciones y entonces el 80% se destina a todo lo que las facilite y las
amplíe. Entonces, esto repercute en el país en la proliferación de
infraestructuras; como deben hacerse con mucha rapidez, eso conlleva incumplir
acuerdos sociales y legales que involucran los derechos de aquellos que van a
ser afectados, sobre todo de los pueblos indígenas.
Según el
gobierno, son decisiones a las que nadie tiene derecho a oponerse, quien lo
haga está atentando contra los intereses y la seguridad del Estado. De esa
manera, transforma toda esta energía social, que va cuestionando el ritmo de la
política económica, en enemigos internos a los que hay que reprimir. En muy
poco tiempo, entre 2010 y 2011, se dan las primeras y a la vez más fuertes
acciones represivas del Estado hacia las personas que cuestionan esta manera de
conducir el proceso. La marcha contra la construcción de una carretera a través
del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) se hace
emblemática por eso, porque supone una represión nunca antes vista hacia el
sector más vulnerable, los indígenas amazónicos, y contra una parte de la
sociedad urbana que les apoya. ONG ambientales, defensoras de pueblos indígenas
y organizaciones de derechos humanos, entre otras, son duramente atacadas,
catalogadas como “enemigas del desarrollo”. Y se les trata de vincular, sin
ningún tipo de prueba, con movimientos separatistas o con fuerzas de la derecha
internacional.
¿Por qué se
utiliza una estrategia de represión y no de diálogo?
Creo que por la
naturaleza de la política. El gobierno se halla ante el hecho de mantener el
flujo de las exportaciones y esto supone hacer las cosas muy rápidamente. Por
ejemplo, hay que hacer una carretera en seis meses, lo que significa construir
sin el concurso y el convencimiento de la sociedad, más bien contra la
sociedad. La rapidez está marcada por la demanda del mercado; es decir, si se
necesita aumentar la producción de soja para compensar la caída de precios,
esto se debe realizar rápidamente. Y si se hace un proceso de consulta a los
indígenas, puede que tarde dos años. Si estamos hablando de hacer las cosas
bien, respetando a la sociedad y el medio ambiente, supone entrar en otra
dinámica en tiempos. El gobierno va entendiendo, entonces, que su proyecto
económico, extractivista a ultranza, supone desconocer derechos.
Por el lado
social lo que se produce es una enorme desilusión y, en algunos sectores,
desmoralización. Porque es un proceso en el que apostaron todo y, de pronto, no
es más suyo sino que responde a intereses empresariales, de grandes
transnacionales. Más bien se les considera hostiles y enemigos por reclamar sus
derechos o por exigir participación. Y este divorcio entre movimientos sociales
y gobierno es cada vez más notorio. Para mí representa el surgimiento de un
nuevo proceso social, nuevo porque ha habido un punto de ruptura con nuestra
tradición política previa. Hay muy poco que recuperar de las organizaciones
históricas, porque casi no existen. El sector que ha quedado desprovisto de sus
organizaciones tradicionales se organiza de otra manera, de formas novedosas,
fuera de estructuras tradicionales. Es un movimiento social más heterogéneo,
pero que tiene más posibilidades de evitar la cooptación estatal. Y que es
duramente perseguido.
Más allá de los
sectores más afectados, ¿cuál es la respuesta de la población?
Inicialmente se
dio un debate que también fue inédito; un debate entre desarrollo y
conservación que partía, desde el lado gubernamental, de la idea de que hay un
costo que hay que asumir: hay quienes se van a perjudicar pero Bolivia tiene
que desarrollarse, a pesar de unas minorías. Pero ahí la sociedad empezó a ver
con cierta claridad que no se trataba de unos pocos frente a una mayoría, sino
de algo que beneficiaba en el fondo a la globalización. Es decir, que la
construcción de una carretera, como la que pretendía atravesar el TIPNIS, iba a
beneficiar a los empresarios de la soja porque su objetivo principal era facilitar
la exportación de este producto.
Fue el momento
inicial del divorcio entre una parte que apoyó decididamente el proceso de
cambio. Los pueblos indígenas amazónicos fueron un pilar fundamental, y las
organizaciones de derechos humanos y ambientalistas fueron parte del
movimiento; su alejamiento hizo que el gobierno interpretara que la oposición
no era tanto la derecha política, sino que iba a ser la sociedad organizada
independiente del Estado. Y entonces diseña una estrategia, que ahora está
probada, de ilegalización de estos movimientos sociales independientes.
Ante esta
situación, ¿cuáles son los escenarios de futuro?
Hay que tener
en cuenta el derrumbe de los precios de las materias primas. El gobierno,
entonces, tiene que replantearse varios de sus proyectos porque son
económicamente inviables; va a tener que gestionar una crisis económica. Por
otra parte, está gestionando una crisis política, y lo digo porque este
divorcio con la sociedad se ha vuelto problemático. Por ejemplo, en Potosí, que
votó masivamente a favor de Evo Morales, ha estado paralizada la ciudad con una
movilización de casi dos meses.
Desde el lado
de la sociedad, el dilema actual es si se va a seguir apostando por encaminar
las energías hacia lo electoral o si, por el contrario, se va a apostar por
recuperar y fortalecer el tejido social. Es posible que la crisis económica
haga que el gobierno tome cualquier medida que tenga un impacto negativo en la
calidad de vida de la sociedad y sin el respaldo social que tuvo, lo que puede dar
lugar a una conflictividad inmanejable. Lo que se perfila es un escenario donde
va a ganar protagonismo la movilización social.
Hoy Nicaragua cerrará la segunda ronda de alegatos en la
CIJ
“LOS TRIUNFALISMOS PROCESALES DEJAN RESULTADOS AGRIOS”
PARA COLOMBIA
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
Esta semana
Colombia regresó a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por
cuenta de dos demandas que Nicaragua interpuso en 2013. El 26 de noviembre el
gobierno nicaragüense demandó a Colombia por considerar que Bogotá no respeta
sus derechos soberanos y su jurisdicción sobre las zonas marítimas
nicaragüenses delimitadas por el alto tribunal en 2012, cuando le otorgó a
Nicaragua 75.000 kilómetros de territorio antes bajo soberanía colombiana.
Esa demanda se
suma a otra del 16 de septiembre de 2013 en la cual Nicaragua le pidió a la CIJ
que declare el “rumbo exacto” de la frontera marítima entre ambos países en el
Caribe, más allá de las 200 millas náuticas. Hoy terminan los alegatos de la
primera demanda con la segunda presentación nicaragüense. El lunes comienzan
los alegatos de la segunda demanda. Juan Daniel Jaramillo, abogado
internacionalista y exasesor de varios gobiernos colombianos en procesos
internacionales en la corte de La Haya, quien hoy hace parte del equipo de
apoyo de Bolivia en la demanda contra Chile en el mismo tribunal, explica las
posibilidades nacionales en esta nueva disputa.
Colombia
argumentó que la CIJ no es competente para resolver la disputa limítrofe. ¿La
Corte puede desestimar la demanda como pide Colombia?
Eso sólo se
sabrá cuando la CIJ falle. Sin embargo, no podemos incurrir en el triunfalismo
de quienes presentaron las excepciones preliminares hace casi diez años, cuando
se informó que las excepciones que presentó Colombia serían aceptadas; algo que
no ocurrió. La Corte puede aceptar las excepciones preliminares de Colombia y
entrar a conocer la sustancia de los casos. La tendencia, por otra parte, es
que la Corte afirma su competencia. Durante la última década se muestra la
expansión de jurisdicción y de competencia, no su contracción. Basta mirar lo
ocurrido en el proceso Bolivia-Chile: se rechazaron tajantemente las
excepciones.
¿Estamos
repitiendo los errores del pasado?
Formé parte del
primer grupo colombiano que asesoró a un mandatario en la eventual
confrontación jurídica con Nicaragua —entre 1995 y 1997, en asocio del
expresidente Alfonso López Michelsen, el doctor Germán Cavelier y el coronel
Julio Londoño Paredes—. Los cuatro abogados externos recomendaron no intentar
una neutralización de la competencia de la Corte. Los títulos de Colombia sobre
áreas marinas y submarinas son suficientemente contundentes para acogerse a
recursos dilatorios que hoy tienden a ser desestimados.
Según el agente
colombiano ante la CIJ, existe un vacío legal ante la demanda de Nicaragua.
¿Cuáles vacíos serían esos?
No conozco el
texto de las respuestas (contramemorias) presentadas por Colombia. El agente
Carlos Gustavo Arrieta las guarda celosamente para que no haya ningún tipo de
debate académico, como es lo propio en otros países. Tengo algunos
señalamientos, sin embargo: ante los procedimientos instaurados por Nicaragua,
habría invocado una interpretación contrario sensu del artículo pertinente del
Pacto de Bogotá que regula el retiro (hecho por Bogotá a fines de 2012). Así,
no se habría aceptado ninguna de las dos demandas. No se habría concurrido a la
Corte. Ya hay un precedente reciente en el caso Federación Rusa versus Georgia.
El retiro de una convención multilateral se surtió en forma inmediata.
¿Qué pasará si
la Corte se declara competente, a qué escenario nos enfrentamos?
Es preciso
proyectar esta posibilidad con el mayor espíritu de Patria y rigor legal. Ya
experimentamos —lo saben los presidentes Pastrana, Uribe y Santos— que los
triunfalismos procesales dejan resultados agrios. Decir que vamos a ganar o
ganar es una imposibilidad procesal. Espero que triunfe la estrategia del
agente Arrieta, pero si no lo hace, vamos a enfrentar de un lado sanciones a
Colombia, y de otro la determinación de plataforma continental.
Este tema es
excepcionalmente complejo en derecho del mar, en el cual Colombia se verá
obligada a probar que su plataforma se superpone a la de Nicaragua. Por el
hecho de que los exámenes geomorfológicos y geodésicos no aportan un resultado
absoluto en ningún caso, podríamos toparnos con que la Corte omita advertir
como obstáculo la discontinuidad de la plataforma más allá de las 200 millas
náuticas y, como en el caso Bangladesh-Myanmar, del Tribunal Internacional del
Mar de la ONU, falle en equidad compartiendo la plataforma de la placa
tectónica Caribe con Colombia. En Bangladesh-Myanmar se estableció que la
prolongación natural se refiere a la extensión del margen exclusivamente, no a
la integridad. Esto sería muy grave, pero es prudente estar preparados.
Colombia basa
su defensa en el artículo 56 del Pacto de Bogotá, mediante el cual denunció el
tratado el 27 de noviembre de 2012 ante la OEA, y argumenta que por eso la
Corte no tiene jurisdicción.
Si esto sostuvo
con coherencia el equipo liderado por el señor Arrieta, me pregunto por qué
razón concurrió a la Corte y se vinculó al proceso. Bastaba una nota sucinta
radicada ante el secretario del organismo, el señor Couvrier, en la cual se
expresaba que, por no ser competente, hasta allí llegaban uno y otro proceso.
En derecho internacional, si se tiene una convicción, es necesario aplicarla
con firmeza y patriotismo. También habría sido factible solicitar una revisión
del fallo, como lo sugerimos junto con la doctora Noemí Sanín y el doctor
Miguel Ceballos. Se dijo entonces que la construcción de un canal a través de
Nicaragua era una fantasía. Los trabajos ya se iniciaron.
Nicaragua
demandó el 26 de noviembre de 2013, un día antes de que expirara el plazo.
Así es. Pero lo
más grave es que concomitantemente se demandó el Pacto de Bogotá de 1948 en
nuestra Corte Constitucional para esgrimir después que, por ser
inconstitucional, el Pacto no operaba, entregando así a Nicaragua en otra
bandeja de plata el argumento de una invocación de derecho interno para
desatender un tratado internacional, prohibido por la Convención de Viena de
Derecho de los Tratados de 1969.
¿Viola Colombia
el derecho internacional al afirmar que la Corte no es competente?
No lo viola. Está
dentro de las opciones procesales que tiene un Estado al ser notificado de un
procedimiento en su contra. Si estas excepciones no son acogidas, el proceso
seguirá.
Colombia
retomará los mismos argumentos el lunes entrante: “que la CIJ no tiene competencia”.
En los dos
procesos se esgrime la incompetencia. En el relativo a plataforma continental
más allá de las 200 millas náuticas se argumenta además que la Comisión de
Límites de Plataforma Continental de la ONU ya se declaró no competente, por
cuanto Colombia no ha suscrito la Convención del Mar de 1982, y la Corte se
abstuvo de fallar acerca del asunto en noviembre de 2012. Lo inquietante, a mi
modesto juicio, es que en el caso Bangladesh-Myanmar se alegó el mismo hecho y
la Corte dijo que, por vía de derecho consuetudinario, se arrogaría el derecho
de fijar límites a la plataforma conformada por las placas tectónicas hindú y
birmana, como se denominan. Bangladesh, demandante, terminó generosamente
provista por vía del principio de equidad.
¿Qué podemos esperar
de estos nuevos procesos?
Como colombiano
espero que se preserve la integridad de nuestro territorio y el Estado no se
vea afectado por sanciones.
LA BATALLA POR EL SALAR DE UYUNI
Esta hermosa llanura de sal puede ser la clave para mantener nuestra electrónica cargada hacia arriba.
MNN de Canadá (www.mnn.com/earth-matters)
El cielo y la
tierra, las nubes y la sal de todos se funden juntos en el Salar de Uyuni.
Cuando las condiciones son adecuadas - durante la temporada de lluvias, cuando
una fina capa de capas de agua de la tierra y el azul brillante del cielo
boliviano es punteada con algunas nubes blancas - la gran salar, la más grande
del planeta, parece convertido en el cielo.
Salar de Uyuni
es un lugar de una belleza poco común, sin cambios durante miles y miles de
años, en un país que es reconocido como el más pobre de América Latina.
Es también un
lugar que contiene uno de los más buscados después de los metales en el mundo,
lo que hace la sal antigua pisos un tipo de de hoy en día de batalla.
Un océano
blanco
El salar es
notable por su absoluta inmensidad - que se extiende por más de 4.000 millas
cuadradas - su brillante blancura y su planitud de otro mundo. En gran parte
debido a las lluvias estacionales que se forman charcas que se disuelven los
montículos y protuberancias en la superficie salada, el salar (español para
"salar") cambia a menos de un metro de altura de un lado al otro. Es
tan uniforme que se usa para calibrar la altitud de los satélites.
"Es como
si estás en un océano blanco sin olas," Adrian Borsa, geofísico, dijo a la
Naturaleza en 2007. "Usted ve el horizonte, la curvatura de la Tierra. Es
absolutamente sin rasgos."
El salar se
formó en el altiplano, a más de dos millas sobre el nivel del mar, cuando las
montañas de los Andes se formaron hace millones de años. Las lluvias llenaron
manchas planas con lagos. Los lagos, finalmente, se secaron, y nacieron
salares.
La blancura de
la planta salada, a pocos pies de espesor en algunos lugares, no es
completamente intacta. Hay algunas islas, la mayor llamada Isla Incahuasi
("Casa del Inca"), una vez que la parte superior de un antiguo
volcán. Es ahora una parada rocosa resto cactus sembrado para los turistas en
el centro del salar.
Aparte de los cactus, el salar cuenta poco en cuanto a plantas y la vegetación se va. Los principales animales de la zona son algunos zorros andinos, roedores, conejos conocidas como vizcachas y unas pocas especies de flamencos rosados, que se reproducen en el Salar de Uyuni cada noviembre.
Aparte de los cactus, el salar cuenta poco en cuanto a plantas y la vegetación se va. Los principales animales de la zona son algunos zorros andinos, roedores, conejos conocidas como vizcachas y unas pocas especies de flamencos rosados, que se reproducen en el Salar de Uyuni cada noviembre.
Otra
característica notable del paisaje: los conos de sal que salpican la superficie
del salar. La sal se exporta y se usa para, entre otras cosas, hacer ladrillos.
Aunque se informó Salar de Uyuni a tener 10 mil millones de toneladas de sal,
se toman solamente 25.000 toneladas cada año.
La
característica más valiosa es bajo la superficie.
Un tesoro
debajo
En la salmuera
bajo la costra de sal en Salar de Uyuni se encuentra la mayor reserva mundial
de litio. El metal blando es un componente clave en las baterías de litio, que
se utilizan para crear desde su teléfono celular a los nuevos coches
eléctricos. Según algunas estimaciones, el mercado de las baterías de litio -
provocada por un impulso mundial hacia los vehículos eléctricos - tendrá un
valor de más de $ 22 mil millones en 2016.
Según una
estimación Geológico de Estados Unidos, Bolivia cuenta con más de 9 millones de
toneladas de litio, la mayor parte en el Salar de Uyuni. Eso puede ser más del
50 por ciento de reserva del mundo. Esos números están en disputa, pero al ni
la mitad de eso, Bolivia podría construir - si decide hacerlo - la operación de
minería de litio más grandes del mundo, más grande que la de su vecino Chile.
Ello permitiría al país para asumir el manto de "La Arabia Saudita del
litio".
El ingreso per
cápita de Bolivia es menos de $ 3,000 al año, por lo que el presidente Evo
Morales en Bolivia ha hecho la construcción de una industria de litio de alta
en su lista de prioridades. El país abrió su primera operación de litio, a
escala menor en 2013. En abril, Morales se comprometió a invertir $ 617 millones
hacia un mayor desarrollo.
Morales y su
gobierno han trabajado con otros países - muchos en Europa, algunos en Japón y
China y en otros lugares - en busca de aquellos que quieren en el golpe de
suerte del país. Es una propuesta arriesgada, sin embargo, plagado de peligros
políticos, económicos y ambientales. Morales se niega a ceder a los inversores
extranjeros a menos que acepten construir plantas productoras de baterías en
Bolivia y, a menos que cortan el país en el 60 por ciento de los ingresos.
Una decisión de
Bolivia
Un hombre mira
al cielo mientras está de pie en el Salar de Uyuni, mientras el cielo se
refleja en el suelo No hay presión sobre Bolivia dentro y por fuera, de los que
quieren en sobre un posible golpe de suerte económica, de los que no están de
acuerdo como debe ser manejado, incluso de aquellos que se resisten a ella, que
lo ven como otra promesa vacía.
"Hay lagos
de sal en Chile y Argentina, y un depósito de litio prometedora en el Tíbet,
pero el premio es claramente en Bolivia", dijo un ejecutivo de Mitsubishi
el New York Times. "Si queremos ser una fuerza en la próxima ola de
automóviles y las baterías que ellos poder, entonces tenemos que estar
aquí."
Para muchos
bolivianos - quizás lo más para los que viven alrededor de la fría, dura y
hermosa Salar de Uyuni - la idea de cambio en un lugar que no ha cambiado en siglos
es difícil de comprender.
"Muchos
bolivianos están dispuestos a no seguir adelante," Larry Birns, director
del Consejo de Asuntos Hemisféricos, dijo a un grupo en el año 2013 cuando se
abrió la primera planta de litio. "Se sienten, 'No estamos realmente va a
beneficiar de esto de todos modos. Nunca tenemos'". MNN de Canadá (www.mnn.com/earth-matters)
WIKILEAKS: LA ESTRATEGIA DE EE.UU. PARA SUDAMÉRICA
CONTEMPLA "GOLPES DE ESTADO O MAGNICIDIOS"
Actualidad RT de Rusia (www.actualidad.rt.com)
La estrategia
de la política exterior de EE.UU. incluye un plan detallado para derrocar los
Gobiernos electos de los países latinoamericanos que se oponen al
establecimiento de regímenes neoliberales en Sudamérica. Lo revelan los
documentos de WikiLeaks estudiados por Alexander Main y Dan Beeton, del Centro
para la Investigación Económica y Política, con sede en Washington.
El verano
pasado el mundo vio como Grecia trataba de oponerse al dictado de las
instituciones internacionales que obligaban al país a aceptar un paquete
de nuevas medidas de austeridad. El endeudado Estado griego no pudo
negarse a cumplir las órdenes de la Troika de acreedores. Después del referéndum convocado por el Gobierno de Alexis
Tsipras, el Banco Central Europeo privó a la economía
griega de liquidez, lo que intensificó la recesión y convirtió en una farsa el
resultado del voto popular, según la página oficial del centro.
Una batalla similar
por la independencia de las naciones se ha estado llevando a cabo en
Sudamérica durante los últimos 15 años. A pesar de que Washington ha
estado tratando de destruir la 'disidencia estatal' en varios países utilizando
las mismas técnicas empleadas contra Atenas, la fortaleza de Latinoamérica
soportó la presión. Esta batalla épica llevada a cabo principalmente a
escondidas de los ojos de los ciudadanos fue reconstruida a través del archivo
de documentos del Departamento de Estado de EE.UU. filtrado por WikiLeaks.
Alexander Main y Dan Beeton ofrecen una interesante reconstrucción de estos
acontecimientos en su libro: 'WikiLeaks:
el mundo según el Imperio estadounidense'.
Los autores
argumentan que el neoliberalismo se impuso en América Latina antes
de que Berlín y Bruselas humillaran a la democracia en Grecia. A través de la
coacción ejercida por los 'Chicago Boys' [jóvenes economistas
latinoamericanos que regresan a sus países después de estudiar en EE.UU.],
Washington logró difundir en Sudamérica la austeridad fiscal, la
desregulación, el "libre comercio", la privatización y la destrucción
del sector público desde mediados de 1980. El resultado fue similar a lo
que se vio en Grecia: el estancamiento del crecimiento, el aumento de la
pobreza, el deterioro de las condiciones de vida de millones de personas y una
serie de nuevas oportunidades para los inversores internacionales y
corporaciones multinacionales. Pero entonces los candidatos contra el
régimen neocolonial comenzaron a ganar las elecciones y a ofrecer
resistencia a la política exterior de EE.UU., poniendo en práctica sus promesas
electorales de redistribución social y reducción de la pobreza.
De 1999 a 2008,
estos candidatos ganaron las elecciones en Venezuela, Brasil, Argentina,
Uruguay, Bolivia, Honduras, Ecuador, Nicaragua y Paraguay. Gran parte de los
esfuerzos del Gobierno norteamericano para subvertir el orden democrático de estos países y volver a
imponer el régimen neoliberal son ahora de dominio público gracias a las filtraciones de WikiLeaks que
revelaron la verdad sobre la presidencia de George W. Bush y del comienzo de la
presidencia de Obama. Washington prestó apoyo estratégico y material a los
grupos de la oposición, algunos de los cuales eran antidemocráticos y
violentos. Los cables también revelan la naturaleza de los emisarios
ideológicos estadounidenses de la Guerra Fría que actualmente elaboran
estrategias neocoloniales para Sudamérica. Los autores del libro afirman
también que los medios de comunicación corporativos son parte de la estrategia
expansionista.
El caso
emblemático de Evo Morales en Bolivia
A finales de
2005, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales con la
promesa de reformar la Constitución, garantizar los derechos de los
indígenas y luchar contra la pobreza y el neoliberalismo. El 3 de enero de
2006, dos días después de su juramento, el nuevo presidente recibió al
embajador estadounidense, David N.
Greenlee, que le explicó la visión que la Casa Blanca tenía del
futuro de Bolivia. La asistencia multilateral a Bolivia, según el embajador,
dependía del "buen comportamiento" del Gobierno de
Morales. "[El embajador] ha subrayado la importancia crucial de las
contribuciones de EE.UU. a las instituciones financieras internacional claves
como el Banco de Desarrollo Internacional (BID), el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional (FMI)", de los que dependía la supervivencia de
Bolivia. "Cuando piense en el BID debería pensar en EE.UU.", dijo el
embajador. "Esto no es un chantaje, es la simple realidad",
recalcó.
Sin embargo, Morales, según los cables, mantuvo sus promesas electorales en
materia de regulación de los mercados laborales, la nacionalización de los
hidrocarburos y la cooperación con Hugo Chávez. En respuesta a estas acciones
de Morales, Greenlee sugirió un "menú de
opciones" para tratar de obligar a Bolivia a doblegarse a la
voluntad del Gobierno de EE.UU. Algunas de estas medidas eran:
vetar todos los préstamos multilaterales en dólares, posponer el plan de alivio
de la deuda multilateral, desalentar la financiación de la Corporación del
Desafío del Milenio (que pretende acabar con la pobreza
extrema) y cortar el "apoyo material" a las fuerzas de
seguridad bolivianas.
Pocas semanas
después de asumir el cargo, Morales anunció la revocación del contrato de
préstamo con el FMI. Años más tarde, Morales aconsejó a Grecia y otros países
europeos endeudados a seguir el ejemplo de Bolivia y "liberarse
económicamente del dictado del Fondo Monetario Internacional". El Departamento
de Estado norteamericano reaccionó financiando a la oposición boliviana. Las
fuerzas políticas opositoras de la región de la Media Luna comenzaron a recibir
más ayuda. Según un correo datado
en abril de 2007, la Cancillería de EE.UU. consideraba que la Agencia de
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) "debe fortalecer a
los Gobiernos regionales como contrapeso al Gobierno central".
El informe de
2007 de la USAID menciona unas 101 subvenciones por un total de 4.066.131
dólares "para ayudar a los Gobiernos departamentales a
operar más estratégicamente. El dinero de la Casa Blanca también fue destinado
a los grupos indígenas locales que estaban "en contra de la visión de Evo
Morales de las comunidades indígenas". Un año más tarde, los
departamentos de la Media Luna estaban en abierta rebelión contra el Gobierno
de Morales y llamaban a un referéndum sobre la autonomía en el trasfondo de las
protestas violentas que acabaron con la vida de al menos veinte partidarios del
Gobierno.
Este intento de
golpe de Estado fracasó bajo la presión del conjunto de presidentes de América
del Sur, que emitieron una declaración conjunta de apoyo al Gobierno
constitucional de Bolivia. Pero EE.UU. no se dio por vencido y
siguió manteniendo comunicación
constante con los líderes del movimiento separatista de la
oposición. Según Alexander Main y Dan Beeton, contrariamente a su postura
oficial durante los acontecimientos de agosto y septiembre de 2008, el
Departamento de Estado de EE.UU. tomó en serio la posibilidad de un
golpe de Estado en Bolivia o del asesinato del presidente Evo Morales.
"[El Comité de Acción de Emergencia] junto [al Comando Sur de EE.UU.]
desarrolla un plan de respuesta inmediata en caso de una emergencia repentina,
como un intento de golpe de Estado o la muerte del presidente Morales",
dice el correo de la Embajada de EE.UU. en La Paz.
'Promoción de
la democracia'.
Algunos de los
métodos de injerencia implementados en Bolivia se aplicaron también
posteriormente en otros países con Gobiernos o fuertes movimientos de
izquierda. Por ejemplo, después de la vuelta al poder de los sandinistas en
Nicaragua en 2007, la Embajada de EE.UU. en Managua lanzó un programa de apoyo
intensivo al partido derechista de la oposición, Alianza Liberal Nicaragüense
(ALN).
'Amenaza
bolivariana'
Durante la
Guerra Fría, la supuesta amenaza de la Unión Soviética y la expansión del
comunismo cubano sirvieron para justificar un sinnúmero de intervenciones políticas
de EE.UU. con el objetivo de eliminar Gobiernos de izquierda e implantar
regímenes militares de derechas. Del mismo modo, las filtraciones de WikiLeaks muestran cómo en la década de 2000 el fantasma
del "bolivarianismo" venezolano fue utilizado para justificar la
injerencia en asuntos de Gobiernos encabezados por líderes antineoliberales. De
esa manera, Washington se dedicó a librar una lucha escondida con el Gobierno
boliviano, "que había caído abiertamente en brazos de Venezuela" y el
Gobierno de Ecuador, que realizaba la función de "portavoz de
Chávez".
VENEZUELA Y EL SILENCIO DE SUS VECINOS
Se cree que los presidentes más cercanos al chavismo
toleran los desafueros del Ejecutivo venezolano por razones ideológicas y
económicas; pero expertos apuntan a otros motivos que no son privativos de la
izquierda.
DW de Alemania (www.dw.com/es)
Considerando el
desencanto que la clase política ha dejado en buena parte de los países de
América Latina y el Caribe, no es de extrañar que muchos partidos
–independientemente de sus colores– sean objeto de desdén hasta entre quienes
votan por ellos, a falta de opciones más convincentes. Las formaciones izquierdistas,
que cerraron en Quito el II Encuentro Latinoamericano Progresista (ELAP) este
miércoles (30.9.2015), no son la excepción.
De hecho,
algunos observadores sostienen que los abusos de poder cometidos por quienes se
describen como artífices del “socialismo del siglo XXI” en Venezuela y la
tolerancia de esos desafueros por parte de líderes cercanos al establishment
chavista ponen en entredicho la credibilidad de la izquierda regional. Los
críticos de la izquierda latinoamericana la acusan de desviar la mirada para no
ver los actos antidemocráticos del gobernante Partido Socialista Unido de
Venezuela (PSUV).
¿Cabe atribuir
las omisiones de los izquierdistas del continente a una ceguera ideológica?
Algunos creen que sí. Otros argumentan que los presidentes –presentes y
pasados– de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y
Uruguay sólo han actuado en función de los intereses económicos que comparten
con Venezuela. Sin embargo, no todos los conocedores del acontecer
latinoamericano secundan estos diagnósticos del silencio de la izquierda
regional.
Solidaridad
automática entre Gobiernos
“El factor
económico no es lo determinante. Si así fuera, Washington no tendría una
relación tan tensa con Caracas. El convenio de no intervenir en los asuntos
internos de los vecinos –muchas veces malinterpretado– tiene más peso”, señala
Fernando Mires, profesor emérito de la Universidad de Oldenburg. “Tampoco creo
que la desatención de los valores democráticos y republicanos sea una tendencia
exclusiva de los partidos izquierdistas”, agrega el experto. “Callar frente a
las arbitrariedades de Gobiernos vecinos es un gesto que no conoce barreras
ideológicas en Latinoamérica”, coincide Claudia Zilla, de la Fundación Ciencia
y Política (SWP).
Apartando al
conservador-liberal Ricardo Martinelli, presidente de Panamá de 2009 a 2014,
quien se inmiscuyó en la crisis política venezolana con palabras a favor de la
oposición y puso en juego sus vínculos diplomáticos con Caracas, cuesta
recordar a un Gobierno de centro-derecha que haya alzado la voz o propuesto
iniciativas con miras a “disciplinar” al Ejecutivo de Hugo Chávez (1999-2013) o
al de su sucesor, Nicolás Maduro. “Ninguno de ellos se ha apresurado a formar
una ‘alianza latinoamericana por la democracia’ para persuadir al Gobierno
venezolano de respetar las máximas del Estado de derecho”, apunta Zilla.
Impulso de
autopreservación
Consultado
sobre el aislamiento al que fueron sometidos los Gobiernos de facto de
Honduras y Paraguay tras los golpes perpetrados contra sus presidentes Manuel
Zelaya (28.6.2009) y Fernando Lugo (22.6.2012), respectivamente, Mires subraya
que los mandatarios latinoamericanos “de izquierda y de derecha” acordaron
castigar esos actos de ruptura del hilo constitucional, no en nombre de la democracia,
sino por temor a que lo mismo pudiera ocurrirles a ellos. Zilla comparte esa
perspectiva: “los Gobiernos de la región tienen un interés especial en que el
Ejecutivo sea intocable, sin importar su signo político”, comenta la politóloga
de Berlín.
Desde ese punto
de vista, es de esperar que los presidentes latinoamericanos se solidaricen
automáticamente con un homólogo en riesgo de ser removido inconstitucionalmente
de su cargo, pero no que se pronuncien cuando un Gobierno rompe las reglas del
juego democrático, como lo ha hecho Maduro en Venezuela, según varias
instancias locales y extranjeras. Suena banal, pero es lógico, parece decir
Mires. “¿Para qué buscarse problemas si ellos pueden evitarlo? A eso se debe
también que sean expresidentes y no mandatarios en ejercicio quienes se atreven
a criticar duramente y a título personal al Gobierno de Maduro”, acota el
especialista de Oldenburg.
“Para mí, la
solidaridad internacional es un mito. La condena al golpe de Estado de 1973 en
Chile no respondió sino al temor de los Gobiernos vecinos a ser blanco de un
ataque similar”, concede Mires. “En general, el compromiso de los Gobiernos
latinoamericanos con los principios democráticos y republicanos es muy débil.
Los mandatarios de la región se abstienen de defender esos valores cuando el
costo político o económico de hacerlo es alto. Su poca disposición a blindar
esos principios cuando éstos se ven vulnerados en un Estado determinado queda
en evidencia cuando se limitan a clamar por que en ese país haya elecciones”,
lamenta Zilla.
EL DRAMA DEL PILCOMAYO
Montañas y montañas de arena: así define una pobladora de
la colonia Margariño, Boquerón, la actual situación por la que atraviesa el
canal paraguayo del río Pilcomayo. Los lugareños están desesperados porque el
río es su única fuente de trabajo.
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Desde Pozo
Hondo hasta General Díaz, el canal del río Pilcomayo -frontera natural con
Argentina- está completamente taponado de arena. Esto
se debe, según explican, a la falta de trabajos apropiados por parte de la
Comisión Nacional Río Pilcomayo, que existe con el único fin de mantener limpio
el cauce del río que se encuentra en una zona problemática en la que cuando no
hay sequía hay inundaciones.
Por este
motivo, los pequeños productores de la zona, en su mayoría ganaderos, insisten
en que los trabajos deben ser preventivos. "Lo que necesitamos es que se
hagan trabajos preventivos, porque cuando viene la inundación no se puede
trabajar. Hay que hacer antes, con tiempo", dijo Feliciano Lovera a
un equipo de ABC Color que visitó la colonia Margariño, ubicada en zona
ribereña del departamento de Boquerón, una de las más golpeadas por la sequía.
Agregó que lo
ideal sería que los trabajos encarados por el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones (MOPC) se inicien en mayo para que en épocas de inundaciones,
que generalmente comienzan en octubre, el canal esté limpio y el agua pueda correr
sin inundar las poblaciones aledañas.
Por su parte, Nirma
Servín, otra pequeña productora de la zona, acusó directamente a Daniel
Garay, director de la Comisión Pilcomayo, de ser el responsable de la falta
de trabajos. Desmintió al titular de dicha dependencia del MOPC, quien había
asegurado que el agua ya va ingresando al lado paraguayo. Aseguró que
actualmente ninguna máquina funciona.
Al ser
consultado al respecto, Garay admitió la avería de las máquinas que suelen
trabajar en la zona. Justificó que una de ellas se encuentre en una estancia
denominada "Las Mellizas", cuya propietaria tendría un vínculo
directo con el ministro Ramón Jiménez Gaona, según los lugareños. A este
respecto, el director sostuvo que los trabajos deben realizarse en el lugar, ya
que las aguas del río atraviesan dicha estancia.
Esta vez, sin
embargo, reconoció que actualmente -y desde hace aproximadamente 15 días- los
trabajos quedaron varados y deslindó responsabilidades al decir que el problema
de las aguas del río Pilcomayo es una situación que se repite todos los años y
que se agravó, dado que el agua proveniente de Bolivia escasea.
Indicó que
trabajan en un proyecto por el que buscarán almacenar el agua, para que a
través de compuertas se pueda mantener un flujo mínimo de agua. Habló además de
una licitación que se encuentra en proceso para que empresas tercerizadas
trabajen este año antes de las inundaciones previstas para diciembre y enero.
Preocupante
impacto social
La realidad
actual es que grandes tramos del río están secos y tanto la fauna ictícola como
los trabajadores de la zona se ven seriamente afectados debido a esta
situación.
No sólo el
ganado, sino también la agricultura no pueden desarrollarse correctamente, afectando a los más vulnerables: los
pobladores que, en su mayoría son de escasos recursos, además de grupos de
indígenas que generalmente son contratados para la siembra y cosecha de
cebolla, chía, sorgo, algodón, avena, maíz y sésamo. Sólo el año pasado fueron
contratados 300 nativos para los trabajos, además de los pobladores de
Margariño. Pero este año, hubo un importante recorte en el número del personal
contratado.
Se trata simplemente
de mantener limpio el canal para que las aguas puedan volver a su curso natural
y que no solo beneficien al lado argentino, cuyas autoridades realizan en
tiempo y forma los trabajos requeridos y no necesitan esgrimir argumentos
engañosos a la hora de justificar la evidente sequía que experimenta el recurso
natural en esta zona.
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