¿Cuál es el
valor de Transportadora de Electricidad (TD)? Esa ha pasado a ser la gran
pregunta en relación con la
nacionalización de la empresa boliviana. En 2002, Red Eléctrica de
España (REE) pagó por TDE 88,3 millones de dólares, que suponían 91,7 millones
de euros al cambio de entonces. Sin embargo, Red Eléctrica ha ido admitiendo en
sus cuentas un fuerte deterioro del valor de su filial. A cierre de 2010,
último dato disponible, el grupo español situaba el valor recuperable de su
filial boliviana en solo 5,88 millones de euros, es decir, admitía una pérdida
de valor del 94%.
Las cifras no
figuran en la memoria de REE porque TDE es una filial indirecta. Donde aparece
toda la información sobre las relaciones entre la filial boliviana y el grupo
español es en las cuentas de Red Eléctrica Internacional (REI) depositadas en
el Registro Mercantil. En ellas se explica que “si el importe recuperable de un
activo es inferior a su importe registrado en libros, entonces se entiende que
se ha producido un deterioro del valor del activo”. REE ha ido reconociendo un
deterioro del valor de su filial de 85,8 millones, concentrado sobre todo en
2009 y 2010.
La valoración
de 5,88 millones concedida a TDE fue avalada por la auditoría de
PricewaterhouseCoopers firmada el 23 de febrero de 2011. Este diario intentó
ayer sin éxito que la empresa explicase si había contabilizado algún deterioro
más del valor de TDE a lo largo del ejercicio 2011 y que facilitase la
valoración realizada a cierre de ese año.
La parte buena
para REE es que al cifrar el valor recuperable en solo 5,88 millones, todo lo
que consiga de indemnización por encima de esa cifra (o de la actualizada a
cierre de 2011) se lo podrá apuntar como plusvalías.
Las cuentas
muestran también cómo los dividendos repatriados a España se han disparado y
las inversiones realizadas en Bolivia se han recortado desde 2005 y 2006,
coincidiendo con la llegada de Evo Morales al Gobierno. Los dividendos pagados
por TDE a REI se han multiplicado desde los dos millones de 2005 hasta los
nueve millones de 2010. Junto a los dividendos, el grupo español cobraba a su
filial boliviana por asesoría y otros servicios en torno a 1,5 millones
anuales. En total, TDE pagó a la empresa española 45,3 millones entre 2005 y
2010 en concepto de dividendos y pago de servicios.
Reducción de
inversiones
Mientras, las
inversiones de TDE se redujeron desde los 17,6 millones de dólares de 2006 a
los 2,8 millones de dólares de 2010. No obstante, la compañía explicó ayer a
través de una nota de prensa que “el descenso en el ritmo inversor de los
últimos años obedece a que desde 2008 los nuevos desarrollos de red se
adjudican por ley a la empresa pública nacional Ende, por lo que las
inversiones de Red Eléctrica se ciñen al mantenimiento y modernización de las
instalaciones ya existentes. Es decir, responden a una decisión del Gobierno de
Bolivia y no a una decisión unilateral de la compañía”.
La compañía
española confirmó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que “la
aportación de TDE a la cifra de negocio del Grupo REC se encuentra en el
entorno del 1,5%”, y aseguró que la nacionalización de la compañía “no tiene un
efecto relevante en los negocios y cuenta de resultados del grupo”. La empresa
no cuantificó el impacto sobre el beneficio, que está en el entorno del 2%.
Los distintos
informes anuales de Red Eléctrica Internacional muestran también cómo la filial
boliviana prestaba dinero a su matriz en España mediante un contrato de crédito
en cuenta corriente por un importe máximo de seis millones de dólares (4,5
millones de euros) que a cierre de 2010 había sido dispuesto plenamente. La
matriz española pagaba a su filial boliviana un interés de solo el 1,99%. En
cambio, la propia TDE pagaba intereses de hasta el 8% por endeudarse en
dólares.
Entre esa deuda
de TDE había unos 15,7 millones de euros prestados por la entidad IFC y la
Corporación Andina de Fomento (CAF) en los que Red Eléctrica Internacional es
garante y responde subsidiariemente del pago. En su garantía, REI se
comprometía a mantener una participación mínima del 51% en TDE, así como el
control efectivo de dicha sociedad. Lo lógico es que REI se niegue a pagar esa
deuda alegando causas de fuerza mayor para la pérdida del control. (El País de España(
MARGALLO VE "LEGÍTIMA" LA EXPROPIACIÓN DE REE
EN BOLIVIA Y PIDE QUE ARGENTINA SIGA ESE "CAMINO"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, ha asegurado hoy que la situación con Bolivia respecto a Red
Eléctrica de España (REE) "está encausada", y ha añadido que le
gustaría que Argentina actuara con YPF como ha anunciado que hará el Gobierno
de Evo Morales.
Que es de España
(www.que.es)
"Todavía
puede hacer una valoración por una empresa independiente y pagar el
justiprecio", ha aseverado. El ministro se ha referido así a la decisión
del Gobierno de Evo Morales de expropiar la filial en Bolivia de Red Eléctrica
de España que, ha insistido en que no puede compararse con la situación creada
con Argentina al intervenir YPF.
García-Margallo
ha hecho hincapié en que el Gobierno boliviano ha declarado que se hará una
tasación de REE por una empresa independiente, que es la fórmula adecuada para
resolver un contencioso de este tipo.
Ha asegurado
que las situaciones de UPF y REE "no tienen absolutamente nada que
ver" y, de hecho, ha recordado que el mismo día en el que se dio a conocer
la nacionalización de Red Eléctrica, el presidente boliviano, Evo Morales,
inauguraba una red gasística en su país con el presidente de Repsol, Antonio
Brufau.
Así, ha dicho
que Bolivia ha tomado "una decisión que es legítima" y que REE así lo
dijo en un comunicado, por lo que el Gobierno español, cuya misión es
"apoyar" a las empresas españolas, "no tiene nada que
decir".
"Lo que la
compañía dice y el Gobierno apoya es que tiene que ser compensado por las
inversiones que ha realizado", ha indicado el ministro de Exteriores,
quien ha añadido que "si eso se resuelve así, el Gobierno no tiene nada
que decir".
García-Margallo
ha reconocido que en América "hay distintos modelos o sistemas económicos,
cada uno con una filosofía distinta", y ha recalcado que "esto
tenemos que resolverlo como un asunto de familia".
Ha añadido que
aquellos modelos que "optan por la soberanía energética", aunque sea
una opción que no comparte, es "perfectamente legítima".
"Si deciden
expropiar lo que tienen es que pagar el justiprecio", ha subrayado el
ministro de Exteriores, antes de insistir en que se trata de un asunto
"entre países hermanos" en el que estas situaciones se resuelven por
la vía del diálogo y la negociación.
"Es el
camino que parece haber tomado Bolivia y el que a mí me gustaría que tomase
Argentina, que todavía puede hacer una valoración por una empresa independiente
y pagar el justiprecio. Uno elige las opciones económicas y políticas que
quiere, pero hay que pagar lo que es de otros", ha concluido.
Preguntado por
si teme que las decisiones de Bolivia y Argentina se extiendan a otras
inversiones españolas en Iberoamérica, García-Margallo ha respondido que él se
dedica "a resolver" los problemas que tiene encima de la mesa día a
día, y no "a hacer profecías sobre lo que puede ocurrir".
EL
GOBIERNO ESPAÑOL RESPONDE CON CALMA A LA EXPROPIACIÓN DE BOLIVIA: TRES MOTIVOS
DEL CAMBIO DE DISCURSO
El
Gobierno de Mariano Rajoy trató de dar una imagen de firmeza y de contundencia
tras la
expropación a Repsol de su filial YPF por parte del Gobierno
argentino. Dos semanas más tarde, el Ejecutivo español ha suavizado su discurso
tras la nacionalización
de una filial de REE ordenada por el presidente de Bolivia, Evo
Morales. ¿Cuál es el motivo?.
Expansión de España
(www.expansion.com)
Si hace dos
semanas, los ministros de Rajoy al unísono daban una respuesta 'en caliente'
tajante y clara ante la decisión del Ejecutivo argentino de nacionalizar la
petrolera YPF, ahora ha templado su mensaje. El titular de Exteriores y de
Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el ministro de Industria, José
Manuel Soria, calificaron entonces la decisión de Cristina Fernández de
Kirchner como "hostil" y anunciaron "medidas claras y
contundentes". Aunque, de momento, las represalias no han sido tales.
Esta vez ha
primado una estrategia diplomática de sosiego y calma. El ministro de Economía
y Competitividad, Luis de Guindos, ha declarado que España vigilará el
reembolso de la inversión realizada por la filial de REE en el país
latinoamericano. "Bolivia ha garantizado que se va a compensar a la
empresa de los costes invertidos en la red de electricidad, lo cual
evidentemente es un elemento que el Gobierno español va a vigilar",
señaló.
De Guindos ha
explicado que la decisión de Evo Morales nada tiene que ver con la de Argentina
respecto a YPF. "No creemos que exista en absoluto una situación
generalizada. Son situaciones independientes", afirmó. El giro en el
discurso es notable. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué diferencias existen entre los
intereses en Argentina y Bolivia? ¿O es por las compañías implicadas?
1. Las cifras
El golpe que
supone para Repsol el expolio de YPF no es ni mucho menos comparable en volumen
por el impacto mínimo que representa para Red Eléctrica de España (REE) la
pérdida de su actividad en Bolivia. Esta filial sólo supone el 1,5% de su
negocio y aportó unos 30 millones a un grupo que facturó 1.637 millones de
euros en 2011.
En cambio,
según la memoria anual de Repsol, de los 70.957 millones de euros en activos de
la compañía al cierre de 2011, algo más de 14.000 millones, en torno a un 20%,
se concentraban en el mercado argentino, repartidos entre YPF y sus filiales.
En paralelo, el 28% del resultado de explotación de Repsol dependió el pasado
año directamente de sus actividades en Argentina. Asimismo, cerca de la mitad
de las reservas probadas del grupo Repsol correspondían a YPF y también casi
dos terceras partes de su producción actual.
Repsol se
propone a reclamar al Gobierno de Buenos Aires en instancias internacionales
una indemnización multimillonaria, que podría rondar los 14.000 millones de
euros. Según la valoración oficial recogida en el contrato de compra de YPF, la
participación del 57% que tenía Repsol en la petrolera argentina está valorada
en unos 8.000 millones.
La compañía
presidida por Antonio Brufau, además, pretende reclamar una compensación por su
participación en el yacimiento argentino de Vaca Muerta, uno de los de mayor
potencial del mundo, que podría ascender a entorno a otros 6.000 millones de
euros más. La petrolera española podría, asimismo, exigir otra cuantía
millonaria por los daños y perjuicios adicionales sufridos por la
nacionalización de YPF.
El profesor
de la escuela de negocios IESE, José Ramón Pin, destaca que el Gobierno
boliviano, además, se ha comprometido a "compensar" a REE por la
operación. La Paz se muestra dispuesta a negociar el precio para nacionalizar
la compañía y ya ha anunciado que tomará como
base el montante ingresado por el Estado boliviano con la privatización
(Unión Fenosa compró TDE por unos 30 millones de euros en 1997) y no la
cantidad pagada por REE para su compra en 2002 (que alcanzó cerca de 70
millones de euros). Fuentes del mercado apuntan que una compensación justa
debería incluir también las inversiones realizadas por el grupo español, que la
propia REE cifra en 56 millones de inversiones ya realizadas y otros 11
millones de proyectos iniciados.
2. La poca
efectividad, de momento, en el 'caso Repsol'
Pero los
analistas creen que la causa del nuevo mensaje del Gobierno también va más allá
de las grandes cifras. "Después de la experiencia de hace dos semanas, el
Ejecutivo se ha dado cuenta de que no se gana nada con contundencia y vale más
buscar una solución concreta", advierte Juan Ignacio Sanz, profesor de la
escuela de negocios Esade.
El cambio de
discurso se debería, sobre todo, a una lección aprendida. "Con las grandes
declaraciones y la búsqueda complicidad internacional, al final no se saca
mucho en claro: el proceso laudatorio puede ser larguísimo, es difícil lograr
consenso para una actuación conjunta con más países y corres el riesgo de
perjudicar a otras compañías instaladas en las zonas de conflicto", añade
Sanz, que cree que resulta más efectivo negociar directamente el precio de la
expropiación.
Tras la
nacionalización de YPF por parte de Argentina, España abrió una ofensiva
diplomática para recabar apoyos internacionales, que se han traducido de
momento en declaraciones de buenas intenciones por parte de EEUU o de
organismos internacionales como el Banco Mundial y el FMI. Y aparte de esas
palabras, las represalias anunciadas de momento se han quedado en un decreto
aprobado por el Gobierno que limita la compra de biodiésel argentino
y la aprobación
en la Eurocámara de un texto que insta a estudiar la eliminación de ventajas
arancelarias de las que goza país latinoamericano.
3. Intereses
diplomáticos
Pin destaca
que los movimientos de respuesta en torno al 'caso Repsol "no han sido muy
fructíferos" y señala, además, que posiblemente el Gobierno español
"no quiera tensar las cuerdas aún más" y, por eso, evite el conflicto
con más países meses antes de que se celebre en Cádiz la Cumbre Iberoamericana
(prevista para noviembre de este año), en la que ejercerá de anfitrión.
"Bolivia es un socio importante para muchas empresas españolas y eso también
habrá pesado", añade.
El profesor
del IESE subraya que "en estos momentos es cuando se ve la importancia de
realizar un análisis profundo antes de invertir en un país sobre cómo es la
seguridad jurídica, cuál es la normativa, qué estabilidad política existe y también
de contar con un departamento potente de Relaciones Públicas. Resulta
clave".
UPYD PIDE "FIRMEZA" AL GOBIERNO PARA
"PONER COTO" A LA "OLA NACIONALIZADORA"
Finanzas com de
España (www.finanzas.com/noticias)
UPyD ha
expresado hoy su "más enérgica protesta" por la decisión de Bolivia
de expropiar las acciones de Red Eléctrica Española (REE) en una empresa
transportadora de energía en Bolivia y ha pedido al Gobierno "mayor
firmeza a la hora de poner coto a esta ola nacionalizadora".
En una nota de
prensa, el responsable de política exterior de UPyD, Fernando Maura, ha
afirmado que esta nueva expropiación y la de YPF, filial argentina de Repsol,
"obedecen a una espiral contra los intereses españoles en América
Latina".
Según UPyD,
esta decisión del presidente de Bolivia, Evo Morales, muestra "una
debilidad extrema de nuestro gobierno para afrontar con seriedad y firmeza las
denuncias correspondientes ante los organismos internacionales".
"Desde
UPyD mostramos nuestra repulsa por esta acción que viola todos los tratados
internacionales y que muestra la enorme inseguridad jurídica con la que se
mueven las inversiones extranjeras en estos países", ha añadido Maura.
Además, ha
solicitado al Ejecutivo "mayor firmeza a la hora de poner coto a esta ola
nacionalizadora que afecta a nuestros intereses en el exterior".
Maura ha
demandado además a Morales que reconsidere el decreto emitido "en base a
los criterios y cláusulas del contrato establecido entre la empresa española y
el Estado boliviano".
BOLIVIA ES PAÍS ‘NON GRATO’ PARA INVERSORES GALLEGOS POR
SU INSEGURIDAD JURÍDICA
Grupos como Inveravante evitaron entrar en sus mercados
energéticos y en los argentinos
El Correo
de Gallego de España
(www.elcorreogallego.es/galicia)
La moda que
inauguró Argentina de expropiar compañías energéticas con YPF, que pertenecía
en un 51% a Repsol, se contagió el martes a Bolivia. El Ejecutivo de Evo
Morales decidió hacer lo propio con la empresa Transportadora de Electricidad,
filial en ese país de Red Eléctrica de España (REE) y propiedad en un 20% del
Estado español. Los expertos avisan: la tendencia puede proseguir en otros
sectores y países latinoamericanos deseosos de seguir este camino, como Ecuador
o Venezuela.
Si el caso
argentino sembró dudas sobre el posible impacto en empresas gallegas presentes
en este mercado, como pudo ser Inditex –que solo tiene 10 tiendas Zara en el
país y negó incidencias–, el de Bolivia no sorprende a los inversores gallegos.
De hecho, según fuentes empresariales consultadas por este periódico, este país
está casi "en cuarentena" a la hora de realizar cualquier apuesta. Es
territorio non grato, con demasiado riesgo, debido a su extrema inseguridad jurídica.
En el conocido ranquin de riesgo que publica Euromoney, referencia mundial en
el que España se sitúa en el puesto 36, Argentina se hunde al 95, Venezuela al
101, Bolivia al 110 y Ecuador al 114. Moraleja: invertir allí es como jugar a
la ruleta rusa.
Bolivia se quedará sin la transferencia de tecnología de
la compañía
MORALES CONFUNDE RECURSOS NATURALES CON INFRAESTRUCTURA
Cinco Días de
España (www.cincodias.com/articulo)
En su discurso
anunciando la expropiación de TDE, Evo Morales justificó la medida en la
necesidad de recuperar los recursos para el pueblo boliviano. Pero, así como en
otras expropiaciones ha sido así (hace varios años le tocó a los
hidrocarburos), en este caso se trata de infraestructuras (las redes de alta
tensión), que han sido construidas y nada tiene que ver con la naturaleza. De
hecho, al expropiárselas, Bolivia se quedará sin la transferencia de tecnología
de la compañía española, indican fuentes empresariales.
El Gobierno de
Morales reiteró ayer que habrá una compensación negociada y apuntó de nuevo a
las inversiones de REE no amortizadas, menos sus pasivos. En el Gobierno
español se teme que Bolivia no reconozca los cálculos de REE.
La medida fue
criticada ayer en distintos ámbitos. La Comisión Europea manifestó su "preocupación"
por la decisión del Gobierno boliviano, y confió en que las autoridades cumplan
"completamente" los acuerdos de inversión suscritos con España.
"Es una señal negativa a los inversores internacionales" indicó el
portavoz de Comercio, John Clancy.
Desde el
Partido Popular, el PSOE e IU también se alzaron voces críticas y el
vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández, dijo que la expropiación de la
filial de REE "es una tomadura de pelo" y parece que España fuese
"la mala de la película". Fernández pidió al Gobierno de Rajoy que
tome medidas drásticas.
YPF, al
congreso
La Cámara de
los Diputados argentina comenzó ayer el debate sobre el proyecto de ley de
expropiación del 51% de YPF en manos de Repsol, que ya ha aprobado el Senado.
El proceso se prevé muy rápido y, de hecho, se espera una decisión final hoy o
mañana.
LA
EXPROPIACIÓN DE REE, ¿SIN FORO PARA DIRIMIR LA POSIBLE CONTROVERSIA?
La Expansión de España
(www.expansion.com)
En el marco
de las celebraciones del Día del Trabajo en Bolivia, el presidente Evo Morales
comunicaba su decisión de nacionalizar Transportadora de Electricidad (TDE), lo
que implicó que la española REE perdiera la totalidad de las acciones que
poseía en TDE, esto es el 99,94% del capital de la boliviana. Según el
presidente Morales, la expropiación de TDE se justifica por considerar
insuficiente la inversión de REE de 81 millones de dólares en 16 años.
Las
reacciones de los distintos actores involucrados, tanto públicos como privados,
no se han hecho esperar. Los accionistas de REE han adelantado que exigirán una
compensación adecuada equivalente a un justiprecio razonable por las acciones
nacionalizadas. De hecho, el presidente Evo Morales ha declarado que su
Gobierno reconocerá la inversión realizada por REE, afirmando que “si lo que
corresponde es devolver, hay que devolver”. Sin embargo, la falta de acuerdo
entre el Gobierno boliviano y REE obligaría a la española a recurrir a otras
instancias para obtener la compensación que sus accionistas buscan, pero ¿en qué
foro?
Política
nacionalizadora
En 2007,
Bolivia fue el primer país miembro que denunció el Convenio de Washington que
estableció el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), organización internacional de resolución de disputas en
materia de inversión extranjera a través del arbitraje, que funciona bajo los
auspicios del Banco Mundial. Esta denuncia estuvo en línea con la política de
nacionalización que el presidente Morales ha seguido desde 2006, en la que ha
expropiado diversas empresas del ramo de hidrocarburos, cementos y minas, entre
otras. Desde entonces, Bolivia ha hecho público su deseo de que este tipo de
controversias se resuelvan ante sus tribunales nacionales. En la misma línea,
Bolivia denunció a principios de este año el Acuerdo para la Promoción y la
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Bolivia, que
contempla someter a arbitraje internacional todas las disputas surgidas en la
materia. Una de las justificaciones de la denuncia del APPRI, cuya vigencia
termina en julio próximo, ha sido que el arbitraje internacional es
incompatible con la nueva Constitución boliviana. Esta denuncia será eficaz a
partir del próximo mes de julio. Quizás esa denuncia diera una pista de cuáles
eran las intenciones del Gobierno boliviano para este año.
En este
contexto, alguno podría pensar que REE no podría acudir a una instancia
internacional, como el arbitraje, en caso de no llegar a un acuerdo con el
Gobierno boliviano respecto a una compensación adecuada. Sin embargo, el hecho
de que Bolivia hubiera denunciado el Convenio de Washington en el año 2007 y de
que haya denunciado también el APPRI con España no implica necesariamente que
los inversores españoles en Bolivia queden sin protección. Con todo, la estrategia
de REE deberá ser muy cuidadosa al respecto.
Por un lado,
el artículo 11 del APPRI proporciona la posibilidad de acudir a distintos foros
internacionales para resolver una disputa de inversión entre un inversor
español y el Gobierno de Bolivia, y el CIADI no es la vía exclusiva para ello.
El inversor extranjero deberá agotar un periodo de negociaciones de seis meses
(cool-off period, o periodo de enfriamiento) antes de que poder acudir a un
foro internacional. Ese foro internacional podría ser (I) un tribunal arbitral
ad hoc establecido de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Comisión de
las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional (UNCITRAL), o (II)
un tribunal arbitral establecido de conformidad con el Mecanismo Complementario
del CIADI. Este mecanismo complementario permite acudir al CIADI incluso frente
a Estados que no son parte del Convenio de Washington. Por tanto, la denuncia
de Bolivia del Convenio de Washington no afectaría la posibilidad de que un
inversor extranjero al amparo del APPRI España-Bolivia pudiera dirimir una
disputa de inversión ante un foro internacional.
‘Sunset
clause’
Por otro
lado, el hecho de que Bolivia haya denunciado el APPRI con España tiene un
análisis distinto. Esa denuncia no entrará en vigor sino hasta el próximo mes
de julio, por lo que REE debe cuidarse al respecto. Por otro lado, el APPRI
España-Bolivia contiene lo que se denomina una sunset clause, en virtud de la
cual las inversiones extranjeras seguirían estando protegidas por el APPRI por
un periodo adicional de 10 años desde la denuncia o terminación del propio
APPRI.
Tanto el
Gobierno boliviano como el español han dejado entrever que el episodio TDE/REE
podría estar marcado por una voluntad negociadora y una disposición de
reconocer la inversión de REE. Hará falta esperar acontecimientos para
comprobar si la disposición de presidente Evo Morales satisface realmente la
indemnización adecuada que cabe esperar a los inversionistas españoles. En todo
caso, el episodio podría ser uno más de una nueva moda inaugurada por
Argentina, y que camina hacia la expulsión de la inversión española en
determinados países de Iberoamérica, y que ahora reciben capital procedente de
otras regiones del mundo. De ahí la importancia de tratar la cuestión con todo
el interés que merece para España.
EL CGPJ CONFÍA EN LOS PODERES JUDICIALES IBEROAMERICANOS
Y BOLIVIANOS TRAS LA NACIONALIZACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA
La Información
de España (www.noticias.lainformacion.com/politica/nacionalizacion)
La portavoz del
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha comentado que
este órgano confía "en los poderes judiciales iberoamericanos y
bolivianos", después de que este martes el presidente de Bolivia, Evo
Morales, anunciara la nacionalización de las acciones que Red Eléctrica
Internacional, filial de Red Eléctrica Española, posee en la empresa
Transportadora de Electricidad (TDE).
Bravo ha
realizado estas declaraciones ante los medios de comunicación tras visitar los
juzgados de Torrente (Valencia) junto al vicepresidente del CGPJ, Fernando de
Rosa, y la decana Ana Dolores López Cañas. Bravo ha manifestado que
"cualquier decisión política que afecte a intereses privados
españoles, de alguna forma afecta a la economía española, y por tanto desde España se ve con preocupación".
La portavoz ha
recordado que el CGPJ ya manifestó su decisión de no asistir a la cumbre
judicial celebrada en Argentina. "Desde luego confiamos en
la garantía y en la seguridad jurídica que se puede aportar en esta materia en
defensa de los intereses que se pueden ver perjudicados", ha destacado.
Bravo ha
indicado que la justicia española "no tiene soberanía en estas materias
para actuar". De todas formas, "sí entiende que a través de las
relaciones diplomáticas y de la justicia de este país, se intentará que la
decisión sea lo menos gravosa para los intereses de ciudadanos españoles".
Diario Vasco de España (www.diariovasco.com)
Los
empresarios españoles reclaman al Gobierno medidas «drásticas» para evitar que
se extiendan las expropiaciones a compañías españolas en Iberoamérica. El
vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, cree que es necesaria una
respuesta «más contundente y rotunda» ante la segunda nacionalización en apenas
quince días de una filial de empresa española. «Esto puede ser contagioso», señaló
ayer el vicepresidente de la patronal. «Luego podrían venir otros países, como
Ecuador o Venezuela», advirtió.
Precisamente
en el último informe sobre inversión española en Latinoamérica realizado por el
Instituto de Empresa, los empresarios destacaban como una de las principales
amenazas para sus inversiones la inseguridad jurídica en Argentina, Bolivia,
Venezuela y Ecuador.
Algo de esta
inseguridad debe tener que ver también con la debilidad internacional de
España, más volcada en la consolidación de sus cuentas públicas. «Yo no veo que
esto les suceda a los franceses o alemanes», dijo el vicepresidente de los
empresarios en declaraciones a Televisión Española. Para Fernández, con una
segunda expropiación en marcha «las medidas deben ser más drásticas», porque
«hemos invertido mucho dinero y trabajo, y hemos arreglado muchos problemas
económicos en esos países para que ahora nos traten de esta manera».
Nadie se
plantea que Bolivia dé marcha atrás a la expropiación de la filial de Red
Eléctrica (REE). La compañía «respeta» una decisión soberana «siempre que el
proceso responda a los principios internacionales de derecho». La empresa
española confía en llegar a un acuerdo para una compensación adecuada. En este
sentido, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció que
el Gobierno español «vigilará» que Bolivia pague un «justiprecio» por la
expropiación.
Al argumento
de Evo Morales de que expropiaba la filial ante la baja inversión que realizaba
Red Eléctrica en su país, la compañía española respondió ayer que ha invertido
en el país andino más de 74 millones de dólares entre 2002 y 2011, a los que
añade otros 14 millones de dólares destinados a proyectos ya iniciados, lo que
da una cifra total de 88 millones de dólares. Si esta es la cifra final que
reclamará la empresa a Bolivia, supondría más de 66 millones de euros. La
empresa que preside el exsecretario de Estado de Energía con Aznar, José
Folgado, recalca que ha invertido prácticamente la misma cantidad que pagó por
la empresa: 91 millones de dólares.
A tenor de
las declaraciones del ministro boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, sí
habrá negociación con Red Eléctrica para pagarle una compensación. Sosa le
comunicó por teléfono al ministro de Industria español, José Manuel Soria, que
hablarán con la empresa española para reconocer sus inversiones que, como dice
el decreto de expropiación, serán evaluadas por una empresa independiente.
En una
jornada negra para la Bolsa, Red Eléctrica cerró con una caída del 2,24%,
aunque llegó a bajar más de un 4%. La compañía envió una nota a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores donde recalcaba que el mercado de Bolivia «no
tiene un efecto relevante en los negocios ni en la cuenta de resultados del
grupo». De hecho, sólo representa un 1,5% de la cifra de negocios.
La Comisión
Europea se mostró «preocupada» por la nueva expropiación, porque considera que
manda una «señal negativa» a los inversores internacionales sobre el clima de
negocios en Bolivia, en palabras del portavoz de Comercio de la Comisión, John
Clancy. Sin embargo, también resaltó que este caso «no es comparable» a la
expropiación de YPF a Repsol en Argentina.
Elogios entre
Brufau y Morales
La
coincidencia quiso que la expropiación a REE se produjera horas antes de que
Evo Morales protagonizara en Bolivia un acto con el presidente de Repsol,
Antonio Brufau. Inauguraron una nueva planta de procesamiento de gas natural en
el campo Margarita del sur de Bolivia, que, nueva coincidencia, permitirá
aumentar las exportaciones de este combustible hacia Argentina. En el acto,
ambos se elogiaron mutuamente como socios estratégicos. «Yo quiero saludar al
presidente de Repsol. Su presencia, su esfuerzo, su trabajo como socios», dijo
Morales. «Reconozco el liderazgo de Repsol, una de las empresas internacionales
más grandes de todo el mundo, y su inversión siempre será respetada como socio,
señor presidente de Repsol», agregó el mandatario en medio de aplausos de los
asistentes al acto.
Brufau, a su
vez, indicó que «hoy se demuestra con hechos la consolidación de la relación de
Repsol con Bolivia», que calificó de «socio estratégico».
CALDERA (PSOE) DICE, SOBRE REE, QUE EL "CAMINO
OPORTUNO" ES EL DE LA NEGOCIACIÓN Y LA DIPLOMACIA "ACTIVA"
La Información
de España (www.noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas)
El secretario
de Ideas y Programas de la Ejecutiva Federal socialista y exministro de Trabajo
y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha considerado este miércoles que el
"camino oportuno" tras la decisión de Bolivia de nacionalizar la
filial de Red Eléctrica Española (REE) es el de "la negociación", la
"diplomacia activa" y la "presencia continua".
A preguntas de
los medios en Toledo, con motivo de un encuentro de trabajo con el secretario
regional del PSOE, Emiliano García-Page,
Caldera ha señalado que la política de entendimiento
"ayuda a impedir estas situaciones" y ha recordado que hace cinco
años en Bolivia "hubo un problema con una empresa española que se pudo
solucionar" después de que el ministro de Asuntos Exteriores
fuera allí y estuviera "ayudando y participando".
Dicho esto, ha
indicado que el PSOE ha declarado su apoyo a las empresas españolas y al
Gobierno, no solo con este caso sino también con el reciente de Repsol YPF en Argentina. No obstante, Caldera
ha reconocido que cada país "puede ejercer su derecho como considere
oportuno, por supuesto salvando la justa indemnización".
El exministro
también ha declarado que España siempre ha instado
a sus empresas a que mantengan "un exquisito respeto" a la
responsabilidad social --"y creo que lo hacen"--, y ha resaltado la
aportación de las empresas españolas a los países donde están operando tanto en
materia social como con su "extraordinaria tecnología".
MARGALLO DICE QUE CRISIS POR NACIONALIZACIÓN DE REE EN
BOLIVIA "ESTÁ ENCAUZADA" POR LA TASACIÓN INDEPENDIENTE
Telecinco de
España (www.telecinco.es/informativos)
El ministro de
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha señalado este jueves que la
crisis provocada por la nacionalización de la filial de Red Eléctrica de España
(REE) por el gobierno boliviano "está encauzada" ya que el Ejecutivo
de Evo Morales ha indicado que la tasación del valor de la energética la hará
"una empresa independiente", siguiendo así "la fórmula adecuada
para resolver un contencioso de este tipo".
En
declaraciones a los medios antes de asistir a la toma de posesión de Romay
Becaría como presidente del Consejo de Estado, Margallo ha recalcado que el
caso de REE "no tiene absolutamente nada que ver" con el contencioso
abierto con Argentina a raíz de la nacionalización de YPF.
Así, ha
indicado que "el mismo día que se producía la noticia de la
nacionalización de Red Eléctrica", Morales inaugura junto al presidente de
Repsol Antonio Brufau una red gasística de la petrolera.
De este modo,
el ministro ha recalcado que como en América "hay distintos modelos o
sistemas económicos cada uno con una filosofía distinta" los problemas que
puedan surgir en las relaciones bilaterales entre países deben resolverse
"como un asunto de familia".
Así, Margallo
ha insistido en que la opción de la soberanía energética como modelo no la
comparte, pero es "perfectamente legítima". "Si deciden
expropiar, lo que tienen que hacer es pagar el justiprecio, que es lo que se
hacen en las relaciones internacionales", apostilló.
Por último, ha
remarcado que "entre países hermanos" los problemas deben resolverse
por la vía del "diálogo y la negociación", camino que "parece
haber tomado Bolivia" y senda que le gustaría al Ejecutivo español que
tomase Argentina. Argentina "todavía puede hacer una valoración con una
empresa independiente y pagar el justiprecio", ha concluido.
La
visita estaba programada con anterioridad a la expropiación de la filial de Red
Eléctrica
ABC de España
(www.abc.com.es)
El secretario
de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia,
realizará la próxima semana una visita a Bolivia,
en la que espera mantener un contacto con el presidente del país, Evo Morales,
según se indicó a ABC en fuentes
diplomáticas. La visita había sido programa con anterioridad a la decisión del Gobierno
boliviano de expropiar la empresa Transportadora de Electricidad, filial de Red
Eléctrica Española, y el Ejecutivo español ha decidido mantenerla.
Gracia estará
el lunes y el martes en La Paz, donde se reunirá previsiblemente con el
ministro de Asuntos Exteriores, David
Choquehuanca, que visitó España recientemente, y se trabaja en
concretar una reunión con Morales. Aunque inicialmente el objetivo de la visita
era abordar la situación de las inversiones y de la cooperación española en
Bolivia, resulta obvio que la expropiación de la filial de Red Eléctrica será
uno de los temas centrales de las conversaciones.
España ya ha
había comunicado a las autoridades bolivianas que los recortes efectuados en
los fondos destinados a la cooperación española en los últimos presupuestos
Generales del estado obligarían a una reducción de las aportaciones que se
venían realizando, y que habían oscilado en los últimos tres años, entre los 70
y los 90 millones de euros anuales. Aún así, Bolivia figura entre los países
que menos sufrirían los recortes de fondos de cooperación, destinados, en su
mayor parte a proyectos de saneamiento, educación y salud.
De hecho, Su Majestad
la Reina tiene previsto realizar en el mes de octubre un viaje a
varias ciudades de Bolivia para visitar algunos de esos proyectos.
Los verdaderos riesgos a los que se enfrenta la compañía
residen en el mercado español
La Información
de España (www.lainformacion.com.es)
El Gobierno
boliviano ha nacionalizado la filial que Red Eléctrica tiene en el país. Los
títulos de la compañía esta mañana caen más de un 3%, el doble que el Ibex. Sin
duda, la decisión de Evo Morales ha hecho daño a la empresa y los inversores
han optado por vender sus acciones, aunque no mucho más que las de los bancos o
que las de Gamesa,
lo que, en principio, debe invitar a una cierta calma. También las cifras que aportan los analistas del Banco Sabadell: la filial boliviana sólo
representa un 1,8% de las ventas, un 1,6% de su beneficio bruto de explotación
y menos de un 0,7% de su deuda. "Para nada lo que ha sufrido Red
Eléctrica es comparable con lo que le ocurrió a Repsol con YPF", comenta
Isabel Mera, analista de Norbolsa. De hecho, como aventura esta experta:
"Si Repsol no hubiera perdido YPF hace dos semanas, la nacionalización de
la filial boliviana de Red Eléctrica hubiera pasado desapercibida".
En definitiva,
como explica Josep Monsó, de GVC Gaesco, el impacto económico real en Red
Eléctrica es mínimo. De hecho, los expertos de Banco
Sabadell en su informe diario de hoy apuntan que la noticia es
negativa, pero no tanto para Red Eléctrica, en la que las consecuencias son
marginales, como para el resto de las empresas españolas con presencia en
Bolivia o en el resto de América Latina. De ahí que Isabel Mera considere que
las caídas bursátiles que hoy sufre el valor sean excesivas.
¿Significa esto que los inversores deberían volver a Red Eléctrica
después de este primer golpe de ventas en el valor? ¿Implica que estos descensos pueden llegar a ser una oportunidad? El
inversor puede tener la tentación de volver a entrar en la compañía sobre todo
teniendo en cuenta que tradicionalmente ha sido un valor defensivo y, por
tanto, muy apto para inversores conservadores y para cualquier perfil en
momentos turbulentos como los actuales. Además, no hay que olvidar que Bolivia
pagará por esta expropiación: el precio se establecerá en los próximos 180
días.
Pero los
analistas no lo tienen muy claro. Porque, como apunta Mera, "la recuperación del valor no depende tanto de
la compensación que reciba del Gobierno boliviano, sino de otros factores mucho
más importantes\" y que tienen su residencia dentro de nuestras fronteras.
Quizás porque Red Eléctrica dejó de ser un valor defensivo hace bastantes
meses. Según Jesús de Blas, analista de Crédit Agricole-Mercagentes, hasta hace
un tiempo, ser una compañía regulada, como lo es Red Eléctrica, era una
garantía de beneficios recurrentes e inmunidad ante la evolución del ciclo
económico. Ahora, todo lo contrario. "En este momento su gran riesgo es español y, precisamente, el regulatorio",
afirma De Blas.
En la batalla por acabar con el déficit de
tarifa que acumula el sector eléctrico, el Gobierno ha apuntado que podría
atacarse mediante la reducción de los costes de transporte, es decir,
reduciendo la remuneración a las inversiones y servicios que presta Red
Eléctrica. Por eso, Jesús de Blas pone en duda el hecho de que sea una
compañía defensiva. "El inversor que decida entrar aprovechando esta
corrección debe saber que la compañía se enfrenta a estos riesgos en
España", comenta. Y esos peligros tienen mucho más alcance que los
derivados de la nacionalización de su filial en Bolivia o de otros problemas
que pueda tener en el extranjero. Porque, como añade Isabel Mera, precisamente
por la situación de ese país latinoamericano, Red Eléctrica tiene provisionada
su inversión fuera de España que, en América Latina se limita a Bolivia y a
Perú. De hecho, como señala esta analista, "nadie cuando hace previsiones
sobre el crecimiento de Red Eléctrica tiene en cuenta su exposición
internacional, que no pudo desarrollar en su momento por las fuertes
inversiones que tuvo que realizar en España y que mermaron su músculo para
crecer en el extranjero".
Con todo, los analistas de Banco Sabadell recomiendan "comprar"
Red Eléctrica. También Norbolsa mantiene esa recomendación. Pero
Isabel Mera precisa que, para entrar, habría que esperar a que se haya aclarado
el panorama regulatorio... en España.
IU
PIDE AL GOBIERNO QUE MEDIE ANTE LA INDEMNIZACIÓN DE BOLIVIA A REE
El
secretario de Economía y trabajo de IU, José Antonio García Rubio, ha pedido
hoy al Gobierno que contribuya a encontrar acuerdos sobre la indemnización que
debe pagar Bolivia a Red Eléctrica española (REE) tras expropiar ayer su
filial, "para que nadie salga perjudicado".
Terra de España
(www.noticias.terra.es/2012/economia)
En un
comunicado, García Rubio sostiene que la decisión de Bolivia se enmarca dentro
de su legitimidad de querer recuperar el control sobre el transporte de energía
eléctrica en su país.
El portavoz
económico de IU pide que los gobiernos español y boliviano mantengan
conversaciones que no impliquen un deterioro de las tradicionales relaciones
económicas entre ambos países.
A este
respecto, incide en que lo que sobran 'son los aspavientos inútiles de cara a
la galería como los producidos en el caso YPF'.
Asimismo,
confía en que las medidas liberalizadoras anunciadas por el Gobierno español no
supongan que se vuelvan a expropiar importantes intereses económicos de España
para ponerlos al servicio del negocio de particulares y de compañías privadas.
IU VE LEGÍTIMA LA DECISIÓN DE BOLIVIA Y PIDE NO SE
DETERIOREN LAS RELACIONES
Finanzas Com. de
España (www.finanzas.com/noticias/bolivia)
Izquierda Unida
considera legítima la decisión del Gobierno boliviano de expropiar la filial en
ese país de Red Eléctrica Española (REE) y ha exigido a los Ejecutivos de ambas
naciones que preserven la amistad que les une y eviten el deterioro de las
relaciones económicas.
A través de un
comunicado, y por boca de su secretario federal de Economía y Trabajo, José
Antonio García Rubio, IU ha asegurado que la nacionalización de REE se enmarca
dentro de la decisión "legítima" de un gobierno de "recuperar el
control sobre el transporte de energía eléctrica en su país".
García Rubio ha
hecho un llamamiento a ambos gobiernos para que mantengan sus buenas
relaciones, ya que, en su opinión, "sobran los aspavientos inútiles de
cara a la galería, como los producidos en el caso YPF", en alusión a la
expropiación por parte de Argentina del 51 por ciento de esta filial de la
petrolera española Repsol.
Ahora el
Ejecutivo de Mariano Rajoy debe "contribuir a un acuerdo entre ambas
partes para resolver los problemas ligados a la indemnización"
correspondiente por esta decisión para que "nadie salga perjudicado",
ha insistido el responsable de Economía de la federación de izquierdas.
IU, recuerda
este dirigente, siempre ha defendido que cada Estado debe mantener el control
sobre los sectores estratégicos de su economía, como son el transporte y la
distribución de energía eléctrica.
García Rubio ha
valorado que, en unas primeras manifestaciones, el Gobierno de Mariano Rajoy
haya descartado que el paso dado por el presidente boliviano, Evo Morales,
signifique un "ataque económico" contra España.
Una impresión
con la que Izquierda Unida está de acuerdo porque "refleja adecuadamente
la realidad y la normalidad con la que deben tomarse decisiones económicas de
esta naturaleza", ha dicho García Rubio.
Para el
dirigente de IU, los próximos pasos a dar por los responsables económicos de
ambos gobiernos deben encaminarse a que "no haya un deterioro de las
tradicionales relaciones económicas entre ambos países, además de preservar las
relaciones de amistad entre ambos pueblos".
García Rubio ha
aprovechado para recordar que la empresa matriz de la intervenida es una de las
pocas que quedan en España "bajo control público efectivo", y ha
resaltado que, aunque la participación del Estado español en su capital sea de
un 20 por ciento, "se trata de un paquete suficiente para controlar la
gestión y las decisiones estratégicas de la empresa".
PARA LOS EEUU, LAS EXPROPIACIONES EN LA REGIÓN
DESALIENTAN LA INVERSIÓN
Mark Toner, vocero del Departamento de Estado norteamericano,
confirmó que su gobierno está "preocupado" por las "acciones
contra inversores extranjeros" llevadas a cabo en Bolivia y Argentina. La administración de Barack Obama ya había señalado que se trata de un "acontecimiento negativo".
Infobae de
Argentina (www.infobae.com/notas)
El gobierno de
los Estados Unidos expresó su
"preocupación" por la decisión argentina de expropiar el 51% de las
acciones de YPF y el anuncio del
presidente boliviano de la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad (TDE),
perteneciente a la Red Eléctrica
Española (REE).
Al ser
consultado en conferencia de prensa por el anuncio de Evo Morales, el vocero del Departamento
de Estado norteamericano, Mark
Toner, señaló: "Esto, por supuesto, se suma al anuncio argentino
que, creo, fue hace un par de semanas. Y mi respuesta va a sonar similar:
estamos preocupados por la decisión del gobierno boliviano de nacionalizar la
compañía española Transportadora de
Electricidad".
"Como
dijimos anteriormente, estas acciones contra inversores extranjeros realmente
desalientan el clima de inversión en Bolivia,
en Argentina o en cualquier
lugar. Esa es nuestra preocupación", concluyó al respecto Toner, quien
días atrás había señalado que el gobierno de Barack Obama está "muy preocupado" por estos hechos.
Por su parte, REE minimizó la repercusión que la
decisión del gobierno de Evo Morales
pueda tener en sus negocios, según publica la agencia DPA. La empresa
informó a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de su país que la participación de TDE en la cifra de
negocios de la eléctrica española es solo de un 1,5 por ciento, por lo que la
expropiación no tiene un efecto relevante en los negocios y beneficios del
grupo.
DIPUTADA UDI VE "PREOCUPANTE" NACIONALIZACIÓN
DE EMPRESA EN BOLIVIA
Terra de
Colombia (www.economia.terra.com.co/noticias)
La diputada de
la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Mónica Zalaquett, calificó como "preocupante",
la nacionalización llevada adelante por el gobierno de Bolivia, en contra de la
empresa Transportadora de Electricidad, firma que cuenta con capitales
españoles.
Zalaquett
precisó que "hay que mirar con preocupación lo que está ocurriendo en
Bolivia, con la nacionalización de Transportadora de Electricidad, ya que se
suma a un fenómeno iniciado hace dos semanas con la expropiación de YPF por
parte del Gobierno Argentino".
"El hecho
de que se esté haciendo una práctica habitual en Sudamérica, de comenzar a
expropiar empresas con capitales extranjeros, está generando un clima de
inseguridad y de preocupación en el resto del mundo, porque no es bien visto
que cada vez que un presidente de alguna nación, tenga problemas internos,
trate de levantar su popularidad con este tipo de medidas", dijo la
diputada UDI.
"Se puede
comenzar a generar una imagen de que Sudamérica es una región inestable y
problemática - agregó Mónica Zalaquett - y que sus políticas internas pueden
llegar a afectar a otros países de la región, que están buscando potenciarse y
transformarse en un polo atractivo para los inversionistas".
La diputada
Zalaquett, quien participó en el Parlatino efectuado en el país altiplánico, añadió
que "conversé en dicha oportunidad con muchos actores de la sociedad civil
de Bolivia, y ellos me expresaron de que no querían que el Presidente Morales
se sumara a este interés por comenzar a nacionalizar diversas empresas, con
capitales extranjeros porque lo consideraban como una medida populista".
Mónica
Zalaquett precisó finalmente que "no me cabe la menor duda de que nuestra
Cancillería, tomará los resguardos pertinentes frente a esta nueva situación
que se está viviendo en Bolivia, ya que es deber de nuestro Estado, el otorgar
las garantías necesarias a los inversionistas extranjeros frente a la seguridad
que en existe en Chile con sus políticas macroenómicas".
NACIONALIZACIONES RINDEN BENEFICIOS A GOBIERNO DE EVO
MORALES
Terra de España
(www.noticias.terra.com/america-latina)
Todavía es un
buen negocio político la nacionalización. Morales está disfrutando la parte
dulce porque no le tocó pagar la factura que en algún momento llegará",
comentó The Associated Press el analista político y profesor universitario
Carlos Cordero sobre la nacionalización la víspera de una transportadora
mayorista de electricidad de capitales españoles.
La expropiación
del martes tuvo menos efecto popular que las anteriores. Según varias encuestas
privadas la popularidad del mandatario ronda el 41%, muy por debajo del 69% con
el que contaba al comenzar su segundo mandato en enero de 2010.
"Si bien
en el corto plazo la nacionalización puede incrementar los ingresos para el
Estado, en el largo plazo puede ser perjudicial. Sin inversión no hay
desarrollo y se necesita un marco institucional coherente, estable y de
seguridad jurídica, pero con las constantes estatizaciones Bolivia está dando
señales contrarias a la inversión", dijo la privada Fundación Milenio, que
realiza estudios sociopolíticos.
En Washington,
el portavoz del Departamento de Estado Mike Toner dijo el miércoles que el
gobierno estadounidense "está preocupado" por el anuncio boliviano de
nacionalizar la empresa Transportadora de Electricidad del grupo Red Eléctrica
de España.
"Estas
acciones contra inversionistas extranjeros realmente deterioran el clima de
inversiones en Bolivia. Esa es nuestra preocupación", indicó Toner a
periodistas.
Según diversos
informes hasta ahora Morales expropió 14 empresas las áreas de petróleo, agua y
saneamiento, telecomunicaciones, minería y del sector eléctrico, entre otras.
Con la única
empresa con la que el Estado boliviano alcanzó un acuerdo compensatorio fue con
la empresa de telecomunicaciones italiana ETI, a la que expropió una
telefónica. Bolivia se comprometió a indemnizarla con 100 millones de dólares y
asumió deudas impositivas de la empresa por más de 300 millones de dólares.
Con muchas
todavía están en curso las negociaciones y al menos siete están en litigio con
el Estado boliviano, entre ellas la británica Rurelec que anunció una demanda
de arbitraje.
La falta de
inversiones privadas es el punto más débil de la administración de Morales,
según ha reconocido el propio mandatario. Un millonario proyecto minero encomendado
a una siderúrgica india está paralizado y la falta de fondos ha puesto en
riesgo la producción de crudo para el mercado nacional.
Morales
defendió el lunes las nacionalizaciones y sostuvo que el regreso a manos del
Estado del sector hidrocarburífero sacó a Bolivia de la "mendicidad".
Recordó que de 673 millones de dólares que recibía el Estado en 2005 antes de
la medida, pasó a recibir 2.945 millones de dólares en 2011, en buena parte
gracias a los altos precios internacionales.
Una parte de
esos ingresos son destinados a subsidios para sectores pobres.
Opinión
MORALES
Y EL BURRITO DE MELGAREJO
¿Debemos
nosotros borrar del mapa a Bolivia y a su pintoresco pero no violento
presidente Evo Morales?
La Gaceta de España (www.intereconomia.com/noticias-gaceta/opinion)
En la larga
lista de presidentes pintorescos de Bolivia, Mariano Melgarejo, un general
violento que estuvo en el poder de 1864 a 1871, ocupa uno de los lugares
destacados. Melgarejo se instaló en el Palacio Quemado después de haberle
pegado un tiro a su predecesor Manuel I Belzú en el propio despacho
presidencial. Un sujeto, para muchos de su época, con doble personalidad, cruel
y despiadado en ocasiones, bien intencionado en otras, Melgarejo es fuente de
innumerables anécdotas. Se cuenta que en una ocasión, ebrio después de haber
ingerido grandes dosis de chicha, increpó al embajador británico, lo montó de
espaldas en un pollino y lo expulsó de la ciudad. Irritada por la afrenta, la
emperatriz británica Victoria habría ordenado que se borrara Bolivia de los
mapas ingleses. El país y su villano presidente dejarían así de existir.
¿Debemos nosotros borrar del mapa a Bolivia y a su pintoresco pero no violento
presidente Evo Morales? No creo que proceda por varias razones. La primera es que
estamos en el siglo XXI y no sacas del mapa a un país hispánico con una
población inferior quizás a la de Andalucía pero con una extensión igual a la
conjunta de Francia y España. La segunda es que es una nación con enorme
potencial económico y en la que hay crecientes inversiones españolas. Es
paradójico que el día en que Morales nacionalizaba, con el lenguaje
inevitablemente grandilocuente de los caudillos populistas, el propio don Evo
inaugurase con el presidente de Repsol, entre sonrisas y abrazos, una planta en
la que la empresa española ha invertido muchos millones de dólares.
La tercera y,
prima facie, la más importante es que lo que hizo Morales el 1 de mayo no es un
atraco patotero como el perpetrado por la ingrata doña Cristina de Kirchner
días antes. Hay varias diferencias: en Bolivia la nacionalización de las redes
eléctricas figuraba en la Constitución. Podía, por lo tanto, ocurrir. También
se aludía a ella en el programa de Gobierno de Evo Morales. Luego, el boliviano
ha dado a entender que pagará lo que corresponda y que él no fijará el precio.
En estos casos la empresa nacionalizada tiene siempre que perder pero, por
ahora, Morales y su gente no han maniobrado arteramente, con su actuación en
las semanas previas, para bajar la cotización de la compañía expropiada –lo que
creará un precio artificialmente bajo para la tasación– ni dado a entender que
pretenden quedársela por tres pesos. Ese parece ser el propósito de la
iluminada doña Cristina. Por último, el valor de lo nacionalizado en el altiplano
es infinitamente inferior al mordisco alevoso dado a Repsol en Argentina.
Nuestros intereses son mucho más reducidos.
¿Por qué,
entonces, Evo Morales da de pronto este paso que se presentía pero no a corto
plazo? El ejemplo argentino ha podido servir de imán aunque los que conocen a
Morales sostengan que no se habrá sentido cómodo tomando la decisión, que el
boliviano quiere atraer inversiones y sabe que este no es el camino. No ha
habido, además, hasta el momento demasiados cantos contra la codicia de los
españoles, nuevos y ávidos conquistadores que resucitan el pasado colonial. Es
cantinela frecuente en los populistas latinoamericanos que han sustituido a
menudo al yanqui explotador por el español avasallador. En Bolivia, en estas
fechas, se ha oído poco el eslogan. La causa del movimiento de ficha de Morales
podría ser la situación económica del país y el agobiante movimiento de
contestación que sufre su Gobierno.
La subida de
la gasolina ha creado descontento. El precio en Bolivia es tan irrisorio que
muchos de los habitantes de las zonas fronterizas se dedicaban a llenar el
depósito y algún bidón y cruzar la frontera con otros países. Bolivia, que
perdió lastimosamente su salida al mar después de la independencia, la tiene
con cinco naciones, para contrabandeando con el combustible ganarse unos buenos
pesos. El gasolinazo ha irritado a la población y a los contrabandistas. Los
indígenas de Oriente y otros, molestos por la construcción de una carretera en
la selva, están en la novena marcha hacia la capital. Médicos y universitarios
se encuentran medio sublevados.
La
nacionalización, no dirigida especialmente contra España, parece un castillo de
fuegos artificiales para distraer y calmar esa contestación. Es dudoso que
resulte. Melgarejo tenía un burrito en palacio que, cuando el general y sus
compinches se atiborraban de chicha, abrevaba en una gran tinaja con cerveza y
acababa en poco tiempo embriagado. El más austero y razonable Morales va a
encontrar que los bolivianos no se van a adormecer con una nacionalización más
o menos. El país no está en el curso económico adecuado y el 64% que consiguió
el presidente –Morales fue elegido democráticamente– sería claramente
irrepetible en estos momentos. De ahí el nerviosismo.
Editorial
LOS EXPOLIOS SORPRESA Y EL PRESTIGIO DE UN PAÍS
Cinco Días de España
(www.cincodias.com/articulo/opinion)
La expropiación
por sorpresa, este Primero de Mayo, de la filial boliviana de Red Eléctrica de
España (REE) es la fehaciente representación de una paradoja. A la vez que
anunciaba el expolio por invertir poco y enviaba al Ejército, pertrechado de
una vistosa pancarta con el lema nacionalizado, a ocupar las instalaciones de
Transportadora de Electricidad (TDE), Evo Morales preparaba el viaje para
inaugurar poco después la ampliación de una planta de gas participada y
gestionada por otro grupo español, Repsol, en la que comparte capital con
British Gas y la angloargentina Pan American Energy. Pero la paradoja va más
allá. La nueva inversión gasista en Campo Margarita permitirá ampliar las
exportaciones de gas a Argentina, país que acaba expropiarle a Repsol el 51% de
YPF por -según la Casa Rosada- no atender sus necesidades energéticas. El
círculo se cierra porque Repsol fue víctima, como otras petroleras y también un
Primero de Mayo, de la nacionalización en 2006 por Morales de los hidrocarburos
bolivianos, lo que llevó a unas duras negociaciones de nuevos contratos durante
la que se llegó a detener por contrabando de petróleo a directivos de la
empresa española -injustificadamente, como luego se demostró-. Siempre en el
filo de la seguridad jurídica, esos nuevos acuerdos han dado lugar a una buena
relación que el presidente boliviano resumió ayer así: "Reconozco el
liderazgo de Repsol y su inversión siempre será respetada como socio".
El citado
círculo de relaciones empresariales y gubernamentales es una de las muchas
pruebas de la importante apuesta que desde hace décadas vienen haciendo las
empresas españolas por Latinoamérica. Una apuesta contrastada con los hechos y
que en demasiadas ocasiones debe lidiar con dirigentes que, acuciados por
conflictos sociales internos, juegan la baza del populismo barato en contra de
las inversiones españolas. Y que además lo hacen con un rancio argumentario
antiimperialista que entra de lleno en el absurdo, cuando no en el flagrante
ridículo internacional. Es el caso de la Argentina de Cristina Fernández de
Kirchner, donde España figura como primer país inversor, y de la Bolivia de Evo
Morales, donde es el segundo tras Estados Unidos.
Por eso sería
inexplicable que otros países siguiesen esos pasos y la fiebre expoliadora se
extendiese como una mancha de aceite. Tras el caso YPF, muchos mandatarios del
área salieron a la palestra para asegurar que su país no expropia. El tiempo y
los hechos lo demostrarán. Pero serán unos inconscientes si ignoran la
necesidad que tienen sus economías del apoyo de empresas fuertes, de elevada
tecnología y con inversiones reales. Como ayer recordó el ministro de Economía,
Luis de Guindos, tales actitudes solo van a tener implicaciones negativas a
medio plazo para el desarrollo de esos países y de las futuras inversiones en
su territorio. El Gobierno español, que parece tranquilizar su conciencia al
decir que Bolivia ha garantizado una compensación a REE, se ha aplicado a
minimizar este caso y a asegurar que es "muy diferente" al de YPF. En
esa línea, la compañía afectada también intenta quitar hierro al asunto
diciendo que solo "supone alrededor de un 1,5% de la cifra de
negocio" del grupo y no tendrá "un efecto relevante en los negocios y
la cuenta de resultados". Ni lo uno ni lo otro. El caso es diferente al
argentino, cierto, pero lo es porque REE es pública en una quinta parte y,
mientras Repsol debe explicarse ante sus accionistas, REE también lo debe hacer
ante todos los ciudadanos.
Hay algo más, y
no lo menos importante. A pesar de la indeseable falta de seguridad jurídica
que las expropiaciones por sorpresa producen, España no puede seguir estos
acontecimientos con sordina, como viene haciendo. La nacionalización es un
opción legítima de cualquier Gobierno si lo hace con las debidas garantías en
tiempo y forma. Pero Madrid no se debe dejar sorprender más por hechos así.
Entre los millones de funcionarios y asalariados públicos debe haber quien se
ocupe de prever estos sustos que, obvio es recordarlo, tienen un elevado
componente político y un enorme coste en términos de prestigio internacional.
También se debe exigir un apoyo expreso y sin ambages de Bruselas. Es hora de
que nuestro país cuente con una diplomacia que lo haga ser más respetado,
especialmente en Latinoamérica, y eso empieza por que nuestras empresas también
estén más protegidas.
Opinión
BOLIVIA, EL DAÑO NO SE DEBE MINIMIZAR
Expansión de España
(www.expansion.com/2012/05/02)
La expropiación
del 51% de YPF propiedad de Repsol en Argentina y ahora de la práctica
totalidad de la filial de Red Eléctrica en Bolivia, aunque no son comparables
en tamaño e importancia estratégica para sus propietarios, sí lo son en cuanto
a patrón de peligroso intervencionismo que pone en riesgo a las inversiones
extranjeras –en este caso españolas- en dichos países.
Aunque el
Gobierno boliviano se ha apresurado a indicar que la valoración de la filial de
REE se hará con justicia por un experto independiente, ello no garantiza
necesariamente que el esfuerzo de gestión y financiero realizado por REE como
accionista sea compensado por el precio que se arbitre. El caso de YPF es aún
más vidrioso, pues a la ocupación manu militari de las oficinas de YPF ha seguido
una retórica de ninguneo del valor de YPF. En los últimos veinte años, las
empresas españolas han invertido 142.000 millones de euros en Latinoamérica,
una media anual superior a 7.000 millones. Muchas de las inversiones han
propiciado una mejora muy relevante en industrias y servicios que estaban
infrainvertidos, con la consiguiente mejora de la calidad del servicio prestado
al ciudadano. Ante decisiones unilaterales como las de Argentina y Bolivia, la
respuesta no deben ser los excesos verbales, pero sí la coordinación con la UE
para lograr tres objetivos: una justa compensación por el activo expropiado,
una protección de los intereses españoles en la zona, y una severa sanción al
país en cuestión para disuadirle de profundizar en una línea de actuación que
va contra la más elemental seguridad jurídica y buenas prácticas comerciales.
Es cierto que el peso de Bolivia en las cuentas de REE es muy reducido, pero en
modo alguno se debe minimizar lo que, bajo cualquier prisma, representa un
nuevo e inaceptable atropello al derecho internacional, en general, y a los
intereses económicos de España en el exterior, en particular.
Opinión
Público de España
(www.publico.es/otrasmiradas)
El 1 de Mayo
de 2006 el Gobierno de Evo Morales y el MAS, que había tomado posesión apenas
cuatro meses antes, decretaba el control estatal sobre los hidrocarburos
bolivianos, la principal fuente de riqueza del país. Se abría así un proceso de
renegociación de los contratos con las empresas multinacionales que desde su
privatización en la década de 1990 y hasta el momento los explotaban, por el
que el Estado boliviano consiguió invertir el reparto de beneficios recuperando
casi 8 de cada 10 dólares obtenidos con la exportación de los hidrocarburos.
Morales
cumplía así con una de las principales demandas del ciclo de movilizaciones
destituyentes que precipitó la crisis del sistema político y el modelo
neoliberal entre los años 2000 y 2005. Abría además un proceso de paulatina
recuperación de sectores estratégicos por parte del Estado boliviano, que
revertía así las privatizaciones realizadas a finales del siglo XX bajo el
auspicio de los programas de ajuste estructural –similares a los que hoy se
imponen a los pueblos del sur de Europa- de los que el país fue alumno
aventajado.
Este 1 de
mayo, como casi todos desde el 2006, el Presidente y Vicepresidente anunciaban
la nacionalización de la empresa Transportadora de Electricidad, cuya
titularidad era casi en un 100% de la empresa Red Eléctrica Española,
participada en un 20% por capital público, que PP y PSOE habían acordado
reducir antes del cambio de Gobierno.
Sin duda la
incapacidad del Ejecutivo español para ir más allá de los insultos y la
retórica chovinista inflamada contra Cristina Fernández al recuperar YPF el
gobierno Argentino no ha pasado desapercibida en Bolivia. La debilidad del
Estado español, que pretende marcar un músculo soberano hacia América Latina
imposible de encontrar en su relación con la Troika europea, ha podido
precipitar la medida de este 1 de Mayo en La Paz. Ernesto Laclau nos permite
entender el nacionalismo como un “significante vacío”: un continente al que le
caben los más diversos contenidos. En Bolivia, hegemonizado por los sectores
subalternos, sirve a la recuperación de la soberanía y la retención del
excedente para su redistribución. En España sirve a la identificación del
interés general con el de las élites económicas subordinadas a Europa, la lumpenoligarquía,
que no comparte sus ganancias pero llama a los nacionales a defender sus
pérdidas.
El programa
de reforma estatal conducido por el MAS, en todo caso, no es ningún secreto, y
es resultado de la nueva correlación de fuerzas en el país. Morales llegó al
Gobierno cristalizando electoralmente una incipiente hegemonía plebeya, por la
cual las capas subalternas, indígenas y empobrecidas, hacían de núcleo
articulador de un boque nacional-popular tan amplio como heterogéneo. Esta
nueva mayoría, que lideró el proceso constituyente y no ha dejado de
reafirmarse en cada cita electoral, ha fijado además un horizonte de época y un
lenguaje dentro del cual hoy se mueven incluso los adversarios al Gobierno:
descentralización institucional, inclusión ciudadana, descolonización del
Estado y centralidad simbólico-cultural de lo indígena, y promoción del poder
público como estimulador y articulador del aparato económico nacional, velando
por la redistribución de los excedentes recuperados y por la diversificación en
pos de procesos de mayor valor añadido que permitan romper el patrón
primario-exportador propio del subdesarrollo.
Los datos no
dejan lugar a dudas sobre los frutos de este proyecto. La multiplicación por 9
de los ingresos del Estado por los hidrocarburos (de 1.661 millones de dólares
de media entre 2000 y 2005 hasta 9.478 millones de dólares promedio entre 2005
y 2010 según YPFB en 2011) ha permitido destinar el excedente a una política
sostenida de gasto social y redistribución de la renta que han reducido la
pobreza desde 2005 a 2010 de un 60,6% a un 49,6%, y han dividido por 2,5 la
brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre (Informe de Desarrollo Humano
en Bolivia-PNUD, 2010). Todo ello en un contexto de aumento de los salarios
reales y la protección social a madres embarazadas, a la infancia y a los
pensionistas, compatible con las sorprendentes felicitaciones del Fondo
Monetario Internacional al Gobierno Boliviano en 2011 por los datos de su
crecimiento económico y de reservas internacionales, que el Gobierno decidió
recientemente asignar con prioridad a las inversiones productivas. Para esto
sirve la política de nacionalizaciones.
La decisión
gubernamental llega en un momento político paradójico en Bolivia: la
neutralización y desarticulación de la oposición conservadora regionalista que
alcanzó prácticamente una situación de doble poder en la mitad del país entre
2007 y 2008 ha dejado al Gobierno sin rivales externos, sin un “afuera
constitutivo” que fue muy útil para cohesionar las heterogéneas demanda del
campo oficialista. Los conflictos que hoy se suceden son, por así decirlo,
relativamente internos a la hegemonía del MAS, puesto que se dan en sus
términos y lenguaje. Son además una característica tradicional de Bolivia:
múltiples sectores de una sociedad civil muy densa que le plantean
reivindicaciones corporativas a un Estado históricamente anómico. Aunque sin
duda la acumulación de protestas puede estar produciendo un cierto desgaste al
“evismo”, éste sigue siendo el principal actor político y compitiendo
principalmente consigo mismo. Su considerable suelo electoral y de apoyo
popular, particularmente en el campo, la prevalencia de sus marcos de sentido y
la ausencia de rivales destacados, obligan a mayor prudencia en el análisis político
del que exhiben las crónicas de las grandes empresas de la comunicación y su
indisimulada hostilidad hacia el Gobierno democrático. Esta medida, además de
en su sentido económico, debe ser leída políticamente como precisamente una
maniobra del Gobierno, exitosa por ahora, para volver a ordenar el campo
político y a colocar en primer plano el impulso transformador, últimamente en
cierto impasse, por delante de las reivindicaciones particulares.
El rumbo del
Gobierno boliviano, como el del argentino se inscribe en una agenda regional,
que se desarrolla con diferentes ritmos e intensidades en América latina y por
supuesto con excepciones. No se trata tanto de intentar divisiones artificiales
entre procesos “moderados” y “radicales”, como de señalar una tendencia
general. De recuperación de la participación pública en al economía, extensión
o creación de derechos sociales, y ampliación del alcance de la soberanía
popular a ámbitos centrales de la vida en sociedad que hasta ahora estaban bajo
control de poderes privados oligopólicos: los medios de comunicación, la
energía, los recursos naturales y bienes comunes, los derechos al agua, la
vivienda, la salud o la educación.
Exactamente
en sentido contrario de una Europa atemorizada. Si en América Latina se recupera
la política como arte de decisión sobre los asuntos colectivos, en Europa se
rinde a los pies de los “poderes privados” salvajes. En el Norte la democracia
se retira a una actividad elitista de administración de prioridades decididas
lejos de la voluntad popular, y con costes dramáticos para la ciudadanía. En el
Sur desborda los parlamentos y va inundando también la vida cotidiana de las
mayorías sociales. Allí crecer y redistribuir son dos partes inseparables de un
mismo patrón de acumulación. Aquí la ofensiva de las clases dominantes se
desenvuelve en una espiral de recesión y recortes, ineficaz e injusta para
enfrentar la crisis. Ojalá para aprender del presente boliviano y
latinoamericano no tengamos que pagar el precio de su pasado reciente.
Y
AHORA, BOLIVIA
Granada Digital de
España (www.granadadigital.com)
En una
reacción eminentemente populista de Evo Morales, presidente de Bolivia, el
primero de mayo quedó expropiada la TDE, la empresa española que se ocupa (se
ocupaba) del sistema de transporte eléctrico interconectado de Bolivia.
Pelillos a la mar. Desde el primero momento el Gobierno español le quitó
importancia y puso un especial interés en desautorizar cualquier tentación de
relacionar este episodio con la reciente expropiación de la sección argentina
de Repsol. En cambio el embajador de España en La Paz, Ramón Santos, habló del
malestar del Gobierno español por una decisión que “manda una señal negativa
desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional como extranjera”.
Recordar que
este tipo de medidas generan desconfianza entre los inversores, ante los
principios de seguridad jurídica y respeto al libre comercio, fue atenerse a la
doctrina aplicada por el Gobierno Rajoy a la expropiación de Repsol-YPF. Y eso
es exactamente lo que hizo el embajador Santos, unas horas antes de que Moncloa
filtrase una información que invitaba a quitarle importancia a la decisión de
Evo Morales y, por otra parte, a desvincular el caso boliviano con el caso
argentino.
Eso no logró
evitar que se avivase el fuego de nuestro debate político de cercanías, donde
las vísceras se suelen sobreponer a la razón. Ha bastado echar un vistazo a
ciertos comentarios en los medios y en las redes sociales. Se reabre el absurdo
intercambio de pedradas respecto a la ubicación de España en el ranking de las
relaciones internacionales. Unos detectan una cura de humildad de quienes no
hace mucho tiempo se ponían estupendos denunciando que con Zapatero éramos el
hazmerreír del mundo. Los contumaces lo ven justo al revés, pues valoran la
hostilidad de Evo Morales como una consecuencia lógica de la Alianza de
Civilizaciones y el buenismo de Zapatero.
La razón nos
lleva a considerar, como al embajador español en La Paz, que el Gobierno y la
opinión pública españoles no pueden aplaudir decisiones inesperadas y
contrarias a la cobertura de las inversiones y los derechos de propiedad, aun
reconociendo que se trata de una decisión soberana. Y en esas coordenadas, a lo
más que puede aspirarse es a que la expropiación culmine una vez satisfecho el
precio justo por una propiedad española. Ahí sí se aprecia una diferencia con
el caso Repsol. Mientras que las autoridades argentinas dicen que la
expropiación está bien pagada, por los muchos años de beneficios acumulados, en
el caso de Bolivia se ha comunicado al Gobierno español que una compañía
independiente fijará un justiprecio por las acciones de TDE (adquirida con
capital español por REI, que es el brazo internacional de REE) en el plazo de
180 días.
Por lo demás,
estamos ante la inesperada medida de una nacionalización pura y dura. ¿Con qué
consecuencias? Muy limitadas desde el punto de vista económico, pues el negocio
boliviano no llega ni al 1,5% del total de esta empresa española.
Opinión
NEGOCIOS DE RIESGO EN ULTRAMAR
Faro de Vigo de
España (www.farodevigo.es/opinion)
Temen los
aprensivos que España esté siendo despojada de sus empresas de Ultramar en una
especie de reedición del Desastre del 98; pero ese es un punto de vista
equivocado. Si el Gobierno de Argentina, el de Bolivia y los que puedan venir
tras ellos les mandan los guardias a Repsol o a Red Eléctrica, ello se debe a
la fácil razón de que España lidera a menudo la inversión en ese subcontinente
que hasta no hace mucho era coto de Estados Unidos.
Los americanos
relajaron hace ya tiempo la presencia en el que otrora consideraban su backyard
o patio de atrás, usando una expresión tan injustamente despectiva como la de
"Banana Republic" también ideada por ellos. Se conoce que ha variado
la geografía de sus intereses o que, simplemente, consideran aventurado
invertir en lugares donde la volubilidad de los gobiernos es una constante
promesa de sobresaltos. Ese hueco abierto por el capital yanqui comenzaron a
llenarlo desde hace un par de décadas las compañías españolas que ahora sufren
las consecuencias del riesgo asumido en su día.
Visto el asunto
desde una más favorable perspectiva, los quejicosos deberían felicitarse por el
hecho de que España tenga una tan ancha y variada presencia en Latinoamérica,
con los lógicos riesgos que esa posición comporta. Sería difícil, en cambio,
que un gobierno europeo nacionalizase alguna multinacional de Bolivia, Ecuador
o Perú: y no solo porque se lo impidiese el respeto a las reglas del libre
comercio. Es que, por desgracia para esos y otros países de la zona, su flaca
economía no les permite disponer de empresas con capacidad de proyección hacia
el exterior.
Tal ha de ser
también la razón por la que allá siguen en vigor verbos tan anacrónicos como
expropiar, confiscar o nacionalizar. Son conceptos de otro siglo con olor a
naftalina en la era de Internet y la mundialización de los mercados, aunque
ahora vuelvan a caballo de los nacionalismos tardíos.
Los mercados ya
no se conquistan por las armas ni enviando tropas de atrezzo a ocupar una
central eléctrica. Hasta los americanos han abandonado ya la diplomacia de la
cañonera ideada por Roosevelt bajo el principio: "Habla bajito y lleva un
buen garrote en la mano". América hablaba entonces por la boca de sus
cañones, de tal modo que le bastaba pasear un par de barcos bien artillados por
las costas de su patio de atrás para cargar sus argumentos de eficacia.
Los chinos, que
son gente moderna, no confiscan nada y tampoco acuden a la flota para amparar
sus razones comerciales. Bien al contrario, acogen en el amoroso regazo de su
régimen socialcapitalista a cuantas empresas deseen instalarse y hacer negocios
en el nuevo imperio de los bazares. Son precisamente ellos los que ahora les
compran las materias primas a las repúblicas del que un día fue Imperio español
y aún hoy sigue siendo destino multitudinario de su inversión empresarial.
Podría
esperarse que los gobiernos de Latinoamérica tomasen ejemplo de China para abrirse
a los mercados; pero nada sugiere que los tiros –y las expropiaciones– vayan
por ahí. Como no hay mal que por bien no venga, tal vez este acoso haga
considerar a las multinacionales españolas la posibilidad de aumentar su cuota
de inversión en la propia España, tan necesitada de cuartos. Al menos aquí no
es probable que el Gobierno les decomise el negocio por la brava.
Opinión
BOLIVIA, UNA NUEVA TRAMPA PARA ESPAÑA
La Vanguardia de
España (www.lavanguardia.com/opinion)
Dos semanas
después de la expropiación de YPF en Argentina, con la nacionalización de la
filial de Red Eléctrica en Bolivia vuelven los ataques contra la presencia de
las empresas españolas en América Latina. En un momento de crisis como el que
atraviesa España y dado el vacío legal que hay para resolver estos conflictos,
cabe decir que no sólo los mercados toman nota de lo acontecido, sino que la
propia idea de madre patria -aquí viven muchos bolivianos- está en juego.
España ha sido solidaria con estos países en periodos de dificultades. No es
eso lo que ahora se aprecia desde la otra orilla. De momento, la respuesta del
Gobierno español no está bien definida.
La decisión
nacionalizadora del Gobierno boliviano cabe decir que no se justifica por falta
de inversiones. En La Paz, los expertos lo tienen muy claro. El Gobierno de
Morales tiene un problema que debe afrontar, a saber, el déficit de la
generación de energía a la vista del alto índice de apagones y cortes de
suministro de electricidad que se producen en el país. La empresa nacionalizada
es una mera distribuidora, por lo que no tiene que ver con la generación de
electricidad. Su incidencia en la crisis energética que sufre el país es
irrelevante. El drama está en un modelo económico volcado en una economía
extractivista y exportadora de materias primas sin apenas valor añadido.
Si no es la
razón económica la que ha movido a Evo Morales, cabe preguntarse, por tanto, a
qué se debe una decisión de este género. "Es simbólico", se dice.
Seguramente, y además se trata de una vía de escape en un país donde se
registran 123 conflictos al mes. La tentación del populismo es su consecuencia
natural: "Para aclaración ante la opinión pública nacional e
internacional, esta empresa antes era nuestra y lo que era nuestro ahora
estamos nacionalizando", explicó Morales. Antaño, EE.UU. arreglaba
situaciones de este tipo mandando a sus marines, que iban directos al banco
central nacional y se llevaban todo el dinero, como hizo en su día en
Venezuela. Ahora es difícil recurrir a procedimientos tan expeditivos, máxime
cuando no es un problema entre naciones (aunque la imagen de España vuelva a
sufrir), sino meros abusos de gobiernos contra empresas extranjeras. La
división regional se está profundizando en América del Sur.
El problema es
que legalmente tampoco hay una solución eficaz. Aunque las inversiones de
estados miembros han pasado a ser competencia de la Unión Europea desde que
entró en vigor el tratado de Lisboa en el 2009, el bloque europeo todavía está
desarrollando la base legal para defender las inversiones comunitarias en el
extranjero. A su vez, la embajada española en Bolivia ha dicho que allí no hay
leyes que den seguridad jurídica a la inversión internacional. Todo se basaría,
por tanto, en la confianza, en la historia de la madre patria, que en algunos
casos empieza a periclitar.
La reacción de
Red Eléctrica es moderada, ya que su filial en Bolivia sólo es un 1,5% de su
negocio. El Gobierno español, a su vez, ha matizado diciendo que el caso
boliviano no es como el argentino, ya que el Ejecutivo está dispuesto a pagar
un precio por ella. El Gabinete de Rajoy tiene razón en ser cauteloso ante los
problemas por los que atraviesa el Cono Sur, donde hay mucha inversión
española. Pero, cuidado, el criterio de precio no resuelve las lagunas: en
cuanto sea beneficioso para la otra parte, la tentación expropiadora puede ser
fatal.
Opinión
IRRELEVANCIA
Hay que suavizar el caso Red Eléctrica porque el Gobierno
no puede soportar dos ridículos seguidos
Cuando no hay otra divisa que la dramatización de la
crisis es muy difícil ser alguien en el mundo
El País de
España (www.politica.elpais.com/politica)
Después de
Argentina, Bolivia, ¿cuál será el próximo país que nacionalizará una empresa
española? España está dando tantas muestras de debilidad que todo el mundo se
atreve. El Gobierno pretende desdramatizar la situación: el caso Red Eléctrica
no es comparable con el caso YPF. La política cada día se juega más en el
terreno de la comunicación. Como dice Jean Louis Missaka: “Los medios son hoy más
débiles y menos prescriptivos”. Y los Gobiernos se aprovechan de ello para
imponer su agenda.
Para los
Gobiernos la comunicación no es información, es propaganda. No se trata de
explicar lo que ocurre o lo que se hace, se trata de hacer creer a la gente lo
que conviene al que manda. Durante las últimas semanas, el Gobierno ha dado a
todos sus portavoces la consigna de dramatizar la situación económica, para
atemorizar a la ciudadanía y tenerla así mejor dispuesta para las medidas de
choque que se van a seguir tomando. La consigna del miedo va acompañada de
otra: el recurso permanente al eufemismo. No hablar de recortes si no de
reformas, no hablar de subidas de impuestos sino de ponderación fiscal, no
hablar de privatizaciones sino de reorganización funcional de los servicios
públicos, no hablar de abaratamiento del despido sino de reforma laboral para
crear empleo. La función del Gobierno debería ser dar sentido a las políticas
que se hacen y no sembrar el pánico. El problema es que probablemente el sentido
es inconfesable. En cambio, hay que desdramatizar el caso Red Eléctrica, porque
el Gobierno no puede soportar dos ridículos internacionales en tan pocos días.
La propaganda, la incapacidad de explicar un proyecto y la irrelevancia
internacional son factores de un mismo problema.
España se ha
disuelto en el espacio global, porque una buena parte de sus élites ha
renunciado a aportar significación propia a la esfera mundial. España llegó con
mucho retraso al final del siglo XX por los años de la dictadura. La transición
la colocó en el mundo. Un país del que se temía lo peor, porque la imagen de la
Guerra Civil seguía muy viva, supo salir de la dictadura y crear una democracia
homologable con pocos sobresaltos y de manera relativamente incruenta. La Transición
se vendió bien como modelo, aunque fuera inevitablemente idealizada.
España ha
tenido dos presidentes de consumo interno, Adolfo Suárez y José Luis Rodríguez
Zapatero, y dos presidentes de consumo internacional, Felipe González y José
María Aznar, además del breve, e injustamente olvidado, Leopoldo Calvo Sotelo.
Felipe González modernizó España en los ochenta y se arremangó en Europa.
Convirtió al país en un actor importante de la política europea. A pesar de no
tener prejuicios antiatlantistas, siempre se manejó sobre dos ideas: Europa no
puede ser segundona de nadie, por tanto tiene sus intereses específicos y debe
defenderlos; y Europa es el horizonte de España y hacerla progresar
políticamente es indispensable. Dicho de otro modo, Europa tiene y debe seguir
un modelo propio: evolucionarlo y defenderlo es su modo de estar en el mundo.
Pero después llegó a Aznar, ya en plena hegemonía conservadora, y entendió que
Europa estaba gastada y que lo conveniente era sumirse de lleno en el modelo
económico, cultural y moral americano. Este papel le dio un protagonismo que
culminó cuando, al servicio del presidente Bush, trabajó con entusiasmo para
dividir Europa, ante la resistencia de algunos países a la segunda guerra de
Irak. La foto de las Azores consagró la notoriedad del empleado. Pero sin voz
propia, poco a poco, uno se va haciendo irrelevante.
Y llegó
Zapatero, que, con el ataque de pánico que le produjo su osadía inicial de
desafiar al Imperio retirando las tropas de Irak, desapareció de la escena
internacional para siempre. Siete años de escasa presencia en el mundo. Ni
siquiera el fogonazo renovador que fue para la izquierda europea la aparición
de un líder joven y distinto llegó muy lejos, los progresos en materia de
derechos civiles y costumbres no compensaron sus ausencias. Rajoy alcanza el
poder en un momento en que ya no es solo España, sino Europa entera la que está
perdiendo perfil, incapaz de defender su propio modelo en el nuevo espacio
global. De modo que la irrelevancia va camino de ser europea. Con lo cual la
debilidad de España es todavía más grande. Cuando se recorta en innovación y
educación, cuando se defiende con la boca pequeña el modelo de bienestar
europeo, cuando no hay otra divisa que la dramatización de la crisis, es muy
difícil ser alguien en el mundo.
Opinión
EL DESASTRE DEL 98
El Gobierno español se ha limitado a señalar que esta expropiación por parte de Bolivia no es un ataque a España sino una adaptación al ordenamiento constitucional boliviano.
Diario Siglo XXI
de España (www.diariosigloxxi.com/texto-diario)
En 1898 España
perdía las cuatro últimas colonias que poseía en ultramar, Guam y Filipinas en
el Pacífico y Cuba y Puerto Rico en el Caribe, todo ello como consecuencia,
según algunos historiadores, de la impotencia política y de la falta de apoyo
de las grandes potencias. Hoy, 114 años después, España a través de los
intereses de las empresas españolas, pierde sus propiedades en ultramar,
primero fue la expropiación por parte del Gobierno argentino de las acciones de
la petrolera Repsol YPF y ahora la expropiación, cuasi “manu militari”, de las
acciones de la filial de Red Eléctrica Española en Bolivia. La historia se
repite, actualmente España tiene un Gobierno débil y por tanto impotente y el
apoyo de sus aliados más poderosos, entiéndase la Unión Europea, es
inexistente, circunstancias estas que han sido aprovechadas primero por
Argentina y después, casi acto seguido, por Bolivia para saquear los intereses
económicos españoles. Ninguno de estos dos países tuvo el detalle de informar
al débil Gobierno de Rajoy de lo que iban a hacer, se podría decir que se ha
enterado por la prensa. Como se suele decir, le han ninguneado.
El Gobierno español se ha limitado a señalar que esta expropiación por parte de Bolivia no es un ataque a España sino una adaptación al ordenamiento constitucional boliviano. Sea un mandato constitucional o como se le quiera llamar lo cierto y verdad es que los bolivianos podrán decir que lo hecho ha sido respetando la legalidad, “su” legalidad, pero la realidad es que se trata de un acto de piratería tal y como fue lo de Repsol YPF. Las mismas fuentes gubernamentales españolas manifiestan que la prueba de que este hecho no tiene nada que ver con el caso de la petrolera, es que el presidente de Repsol se encuentra en Bolivia para inaugurar junto con el presidente boliviano, Evo Morales, aquel al que tanto criticó el PP y a través de él aprovechó para meterle caña a Zapatero, y ahora, lo que son las cosas, intentan disculpar, el encuentro es para inaugurar una planta gasística.
El Gobierno español se ha limitado a señalar que esta expropiación por parte de Bolivia no es un ataque a España sino una adaptación al ordenamiento constitucional boliviano. Sea un mandato constitucional o como se le quiera llamar lo cierto y verdad es que los bolivianos podrán decir que lo hecho ha sido respetando la legalidad, “su” legalidad, pero la realidad es que se trata de un acto de piratería tal y como fue lo de Repsol YPF. Las mismas fuentes gubernamentales españolas manifiestan que la prueba de que este hecho no tiene nada que ver con el caso de la petrolera, es que el presidente de Repsol se encuentra en Bolivia para inaugurar junto con el presidente boliviano, Evo Morales, aquel al que tanto criticó el PP y a través de él aprovechó para meterle caña a Zapatero, y ahora, lo que son las cosas, intentan disculpar, el encuentro es para inaugurar una planta gasística.
Esto no quiere
decir absolutamente nada hoy se dan la mano y mañana se dan de bofetadas, no
olvidemos que la presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner y su
difunto esposo y expresidente Néstor Kirchner, bendijeron en su día la
adjudicación a Repsol de la petrolera argentina YPF y ya hemos podido ver lo
que ha acontecido después. Las personas cambian de opinión, de criterio y de
actitud y en política mucho más. Ejemplos de ello los tenemos a diario,
no hay más que fijarse en la máxima de Rajoy: “Donde dije digo, digo Diego”.
Está claro que
la cosa no va a acabar en Argentina y Bolivia, con un Gobierno débil, el de
España, que se somete a los dictados de un dirigente de otro país. No hay más
que recordar el reciente visto bueno que Alemania ha dado a los Presupuestos
Generales del Estado español y de la detallada y exhaustiva explicación que de
los recortes, ajustes o reformas como se le llama últimamente a todo lo que el
Gobierno está haciendo, se le ha dado a Alemania ¿qué se puede esperar de un
Gobierno sin criterios que da cuenta a una nación extranjera de lo que está
haciendo y piensa hacer para que esta le dé su bendición? ¿Qué se puede esperar
de un Gobierno que fundamenta su gestión en la mentira? ¿Qué capacidad ética y
moral se le puede atribuir? ¿Qué credibilidad tiene? Y no digamos de su
presidente, Mariano Rajoy, que anda huyendo de los periodistas y da cuenta de
los ahora llamadas “reformas”, antes “recortes” y después “ajustes”, cuando se
encuentra a miles de kilómetros de España. Está claro que así no vamos ni a la
puerta de calle, a lo mejor porque ya estamos en medio de ella.
Opinión
MADRE PATRIA CON MORETONES
La República de Perú
(www.larepublica.pe/columnistas)
Las
expropiaciones de sendas empresas españolas en Argentina y Bolivia nos
devuelven al tiempo en que la propiedad nacional de los recursos naturales era
muy apreciada. Luego pasaron a interesar, más que el origen, el volumen y el
impacto modernizador de las inversiones. ¿Qué explica esas dos vueltas a los
anteriores tiempos?
Los discursos
radicales difundidos a partir del chavismo han reciclado versiones limitadas de
los nacionalismos y estatismos de los años 70. Tiene que ver, en pocas
palabras, con que algunos gobiernos prefieren, o necesitan urgentemente como
Argentina, hacer caja antes que incrementar el crecimiento de la economía.
Las decisiones
de Cristina Fernández y Evo Morales tienen un sabor a castigo político. Lo de
Argentina sobre todo, pues se da en el contexto del conflicto con el Reino
Unido. Además el doble golpe le cae a España en un momento económico
particularmente duro, cuando muchas de sus miradas se dirigen hacia América
Latina en pos de alivio económico.
La expropiación
de Repsol no es realmente una novedad. Es más bien parte de una racha de
manotazos fiscales peronistas que buscan aliviar lo que parece la marcha hacia
uno de esos abismos financieros que los argentinos ya conocen bien. Muchos
consideran que la escalada frente a Las Malvinas/Falkland es parte de ese proceso.
En el caso de
Morales tampoco hay novedad, pues él viene nacionalizando casi desde el inicio
de su mandato, por consideraciones fiscales y políticas, según viniera la mano.
Esto no ha producido un boom, pero tampoco la tragedia económica que algunos vaticinaban.
Además era lo que se esperaba de un presidente tan radical.
En principio la
región está afianzando dos juegos de reglas diferenciados. Los gobiernos con
economías más sólidas siguen considerándose espacios que logran beneficios de
las inversiones extranjeras, y sus tasas de crecimiento se lo confirman. Esto
no impide los ocasionales conflictos con los huéspedes, pero la norma general
es clara.
Los gobiernos
con problemas económicos, o necesidades económicas nacidas de proyectos
políticos ambiciosos, están inclinándose cada vez más hacia una sustitución de
la presencia extranjera. Las mismas mayorías que aplaudían las privatizaciones
en los años 90 ahora se muestran a favor del nacionalismo económico, si esa es
la expresión.
Algunos han
visto en las expropiaciones sombras del 1898 en que acabó el imperio español y
de los versos de Francisco de Quevedo: “Y es más fácil, oh España, en muchos
modos,/ Que lo que a todos les quitaste sola,¨/ Te puedan a ti sola quitar
todos”. Comparaciones exageradas. Ni España tiene hoy un imperio, ni debe ser
castigada por sus inversiones.
Opinión
REE, REPSOL Y AHORA, ¿ENDESA?
Diario Digital
de España (www.dirigentesdigital.com/articulo)
La amenaza de
la expropiación planea constantemente sobre las empresas españolas tanto en
Argentina como en Bolivia, después de la nacionalización de la filial de Red
Eléctrica presente en el país de Evo Morales.
No es nada
nuevo que los dirigentes latinoamericanos se han mostrado en numerosas
ocasiones favorables a la nacionalización de empresas extranjeras asegurando
que se trata de algo natural porque tienen que dar lo que constantemente están
recibiendo de esos países. Hugo Chávez,
presidente de Venezuela o Evo Morales,
de Bolivia son sólo algunos ejemplos de ello, aunque casi nunca se había
llevado a cabo hasta ahora.
La expropiación
de YPF a Repsol en Argentina parece que ha levantado la veda. El pasado 1
de mayo se producía una situación muy similar en Bolivia cuando Evo Morales
decidió "regalar" a sus paisanos la nacionalización de la filial
local de Red Eléctrica, aunque
no se ha levantado tanta polvareda como con Repsol. De hecho, la empresa ya ha
anunciado en un comunicado que acepta la nacionalización pero a cambio
pide cobrar un precio justo por ello y advierte que Bolivia se tendrá que
atener a las consecuencias de derecho internacional; mientras que el Gobierno
español no ha reaccionado del mismo modo que con YPF y ha decidido mantener una
actitud no hostil.
La operación
podría costarle al Estado boliviano un total de 90 millones de dólares porque a los 74 millones de dólares
invertidos desde 2002, REE ha añadido otros 14 millones en proyectos iniciados
y todo parece indicar que tendrán que solicitar un arbitraje objetivo para que
se llegue a buen puerto y ambas partes queden más o menos satisfechas.
Todo esto no
hace más que incrementar la incertidumbre de otras compañías españolas que
tienen inversiones en filiales de esos países, sobre todo en el sector
energético, que de momento ha sido el único afectado. Además, los mercados no
paran de especular con que estas nacionalizaciones continuarán, al menos en
Argentina, y algunos expertos apuntan a que se trata de una maniobra de Cristina Fernández de Kirchner para
lograr nuevos votos de cara a las elecciones que se celebrarán el año que
viene. De ese modo, podría cambiar la Constitución para poder gobernar un
tercer mandato.
"Hay que
buscar e insistir en nuevas formas de participación y de intervención del
Estado", ha dicho ya Fernández de Kirchner, de modo que parece muy
probable que la situación se repita. De entre todas las empresas, hay una que
tiene más papeletas que las demás para ser la siguiente. Se trata del paquete
accionarial del 45,8% que tiene en propiedad la energética española Endesa en la distribuidora de
electricidad también, Edesur.
De hecho, no
sería la primera vez que esta filial y por ende, Endesa tiene problemas con el
Gobierno argentino, quién ya le impuso una multa de más de 9 millones de euros
por cortes de suministro.
Opinión
EXPROPIACIONES: DESCALIFICACIÓN Y SOBERANÍA
La Jornada de
México (www.jornada.unam.mx/2012/05/03/edito)
En medio de la
campaña de linchamiento mediático en contra del gobierno de Bolivia por la
expropiación de la compañía Transportadora de Electricidad, propiedad de Red
Eléctrica Española (REE), el presidente de ese país, Evo Morales, sostuvo ayer
que las inversiones de la petrolera española Repsol en la nación andina no
corren riesgo y que la compañía será respetada como socio. Estos señalamientos
tienen como inevitable telón de fondo la reciente nacionalización la filial de
Repsol en Argentina, YPF, hecho que desató una oleada de descalificaciones y
amenazas en contra del gobierno que encabeza Cristina Fernández.
El ministro
boliviano de Hidrocarburos, Juan José Sosa, manifestó ayer mismo la voluntad
del gobierno de La Paz por compensar económicamente a REE por las inversiones
realizadas en el país. Dijo: vamos a contratar una empresa que haga la
valoración de todos los activos que tiene la empresa y afirmó haber tratado el
asunto en términos bastante amistosos con el ministro español de Industria,
José Manuel Soria.
Las
aseveraciones del mandatario boliviano y, en general, la postura serena y
conciliadora que ha asumido su gobierno en torno a la nacionalización de la
compañía eléctrica referida desvirtúan las descalificaciones formuladas por
medios de comunicación españoles, en el sentido de presentar la decisión como
un expolio, un atentado a la libertad de empresa y un acto de abuso de poder
contra España, y de colocarla, en conjunto con la medida adoptada semanas atrás
por el régimen de Buenos Aires, como parte de una tendencia por afianzar en
América Latina regímenes carismáticos a costa de expoliar propiedades privadas
o de otros países. Semejantes afirmaciones resultan palmariamente falsas a la
luz de las diversas alianzas existentes entre empresas extranjeras y gobiernos
progresistas de la región, como el del propio Morales en Bolivia; el de Hugo
Chávez en Venezuela –país en el que la propia Repsol cuenta con importantes
inversiones– o los de Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil.
Por lo demás,
los ataques mediáticos enderezados en días recientes contra los gobiernos de La
Paz y de Buenos Aires tienen origen en el deconocimiento o en la omisión de una
de las facultades básicas e irrenunciables de los estados: intevenir los
intereses de entidades privadas cuando representen un obstáculo para el
desarrollo y la soberanía nacionales. No es gratuito que medidas similares a
las asumidas recientemente por los gobiernos de Morales y de Fernández hayan
sido adoptadas en su momento por regímenes nacionales de distinto signo
político y en circunstancias históricas diversas: baste citar, como botones de
muestra, la política de intervencionismo estatal emprendida por el gobierno de
Franklin D. Roosevelt en el contexto del programa de reactivación económica
conocido como New Deal, tras el crac de 1929; la nacionalización de gran parte
de la industria en Francia bajo la presidencia de Charles de Gaulle (1959-1969)
y la política de expropiaciones llevada a cabo por los gobiernos laboristas
ingleses a finales de la década de los 40.
En suma, las
expropiaciones de empresas estratégicas del sector energético en Argentina y
Bolivia no están motivadas por animadversiones o fobias personales hacia
consorcios, ni mucho menos hacia países en particular, sino por la
identificación de necesidades específicas para el desarrollo nacional de esas
naciones sudamericanas. Y constituyen, en ese sentido, ejemplos de aplicación
legal y legítima del principio de soberanía y decisiones responsables, en la
medida en que anteponen el bien común a los intereses privados.
EX CANDIDATO PRESIDENCIAL SIGUIÓ SEPELIO DE MADRE POR
SKYPE
Las exequias de la madre del ex candidato presidencial se
realizaron el martes en la ciudad de Cochabamba, centro de Bolivia.
La Página de San
Salvador (www.lapagina.com.sv/internacionales)
Manfred Reyes
Villa, ex candidato presidencial y acérrimo opositor político de Evo Morales
que huyó de Bolivia hace dos años, siguió vía Skype el sepelio de su madre,
informaron hoy sus familiares.
"Manfred
tiene orden de detención, por lo que no pudo llegar para el velorio y sepelio
de su madre, Rosario Bacigalupi (83 años) que murió el pasado lunes en la
ciudad de Cochabamba”, informó un familiar.
Reyes Villa
reside en Estados Unidos porque huyó de Bolivia por un proceso judicial en su
contra por presuntos delitos económicos cuando ejercía el cargo de prefecto del
departamento de Cochabamba.
"Manfred
siguió el velorio y sepelio a través de Skype o video conferencia porque había
una orden judicial para que sea detenido apenas pise Bolivia”, agregó el
informante.
Erick Reyes
Villa, hermano de Manfred, también fue procesado el año pasado por la muerte de
62 personas en la llamada "Guerra del Gas” que ocurrió en octubre de 2003
y que provocó la caída y huída del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien
reside en Estados Unidos junto a varios de sus ex ministros.
BASAGOITI: 'LOS DE CASA TAMBIÉN SON LOS BOLIVIANOS QUE
VIENEN A TRABAJAR'
El Mundo de
España (www.elmundo.com.es.)
El presidente
del PP vasco, Antonio Basagoiti, ha afirmado este miércoles que cuando defiende
una sanidad "primero para los de casa" también incluye a "los colombianos, bolivianos o marroquíes
que han venido aquí a trabajar y aportar".
El pasado lunes
Basagoiti defendió en un artículo en su blog los recortes en sanidad dictados
por el Gobierno, que incluyen restricciones en el acceso a la tarjeta sanitaria
a los inmigrantes irregulares, al tiempo que abogó por una sanidad "para
todos, pero primero para los de casa".
"Los de
casa también son los colombianos, bolivianos o marroquíes que han venido aquí a
trabajar y aportar y a pagar las pensiones y a pagar impuestos", ha
expuesto en rueda de prensa el dirigente del PP y ha explicado que en su
"reflexión" se refería a
"aquellos que han venido de manera ilegal y nunca han aportado al
sistema".
Basagoiti ha
emplazado a iniciar "un debate racional sobre derechos y obligaciones en
un momento en que el dinero no da para todo" y ha lamentado que "PNV
y PSE
-que criticaron sus palabras- están demostrando que no están dispuestos a
abordar esta cuestión".
Además, ha
aseverado que no acepta los "insultos" recibidos porque su postura
"nada tiene que ver con el racismo o la xenofobia", ya que no hace
mención "al lugar del que vienen (los inmigrantes), a su lengua, a su
religión o color de piel", sino que se refiere a "regulares o
irregulares, a personas que cotizan o
no, que ayudan a mantener el sistema o no".
El presidente
del PP del País Vasco ha apuntado que en países como Alemania, Reino Unido y
Suiza "no hay tarjetas sanitarias para los inmigrantes irregulares" y
que el candidato socialista a la presidencia de Francia, François Hollande, "está defendiendo lo mismo
que yo".
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