ANTONIO REMIRO BROTÓNS: EL ABOGADO ESPAÑOL QUE ASESORA A BOLIVIA EN LA HAYA

En un principio, cuando el Presidente boliviano, Evo Morales, anunció en el Día del Mar sus intenciones de llevar la demanda marítima de su país a los tribunales internacionales, pocos lo tomaron en serio.
La primera evaluación que se hizo en los círculos diplomáticos fue, de hecho, que las declaraciones de Morales "no tenían sustento" y que a Bolivia "no le convenía abrir una causa en un tribunal internacional".
Sin embargo, a medida que han pasado los meses, los mismos que dudaban en un principio están cada vez más convencidos de que las intenciones de Bolivia son serias.
La principal muestra de esto fue en julio, cuando el gobierno boliviano envió una carta al Tribunal de La Haya en la cual se pide que la resolución que la Corte debe tomar para solucionar el diferendo marítimo entre Chile y Perú "no afecte los intereses de Bolivia de buscar una solución a su aspiración marítima".
El documento encendió las alarmas. Pero no sólo por lo que pedía. "Se notaba que Bolivia, que no tiene experiencia en esto, se había asesorado de un jurista del más alto nivel para la redacción de esa carta", dice un diplomático.
Y así fue. El elegido por Bolivia fue el abogado español Antonio Remiro Brotóns, quien tiene experiencia en juicios ante La Haya.
Asesor de Argentina y Nicaragua
Según fuentes diplomáticas, las autoridades bolivianas llegaron a Remiro Brotóns casi "de rebote". Esto, porque, originalmente, la intención era contar con los servicios de otro juez español de notoriedad internacional: Baltasar Garzón. Sin embargo, éste habría aducido tener una agenda abultada. Luego de esa negativa, el mismo Garzón habría propuesto a Remiro Brotóns como una alternativa.
Preparado en la Universidad de Murcia, Antonio Remiro Brotóns es uno de los expertos en Derecho Internacional en España, y así lo dice su currículo: es director del máster en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid y del doctorado de Derecho Internacional del Instituto Ortega y Gasset; miembro del Instituto Affari Internazionali, de Roma; de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. Asimismo, asesora al Reino de España en asuntos de Derecho Internacional.
Ha sido, además, vicepresidente de la Asociación de Estudios del Mar, una entidad con sede en España que analiza aspectos sobre los océanos, como el derecho, el clima y el transporte. Y es colaborador permanente de la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (Fride), entidad con influencia y nexos entre los gobiernos socialdemócratas del mundo. La mayoría de sus libros tratan sobre derecho internacional y su aplicación en los organismos globales.
Remiro Brotóns tiene, además, conocimiento sobre la situación de América Latina, principalmente de Centroamérica. De hecho, visita esa zona y suele opinar sobre ella. Por ejemplo, en 2009 se mostró favorable a la reposición del ex Presidente hondureño Manuel Zelaya y criticó a los países que apoyaron su salida del poder.
Sin embargo, según un ex diplomático, la razón por la que Bolivia lo contrató es por su experiencia en la misma Corte Internacional de La Haya, representando precisamente a países latinoamericanos, aunque no siempre con resultados positivos.
En 2007 fue parte del equipo que defendió a Nicaragua ante La Haya, cuando el país centroamericano reclamaba la soberanía de los archipiélagos San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que estaban bajo jurisdicción de Colombia. El tribunal no reconoció la demanda nicaragüense, al considerar que los límites ya estaban definidos por tratados establecidos hacía 50 años. En este caso, compartió tareas con Alain Pellet, quien es el líder del equipo de abogados que representan a Perú en su litigio contra Chile.
Luego, en 2010, defendió ante La Haya la posición argentina en el conflicto que mantuvo con Uruguay por la presencia de una planta de celulosa presuntamente contaminante en el río Uruguay, que recorre ambos países. La Corte le dio la razón, principalmente, a Uruguay.
Si bien en todos estos casos fue litigante ante la Corte, en principio ésa no sería la razón por la que Bolivia lo habría contactado: "La idea es que sea asesor en cuestiones jurídicas y más bien formales, dada la experiencia que ha acumulado en La Haya", dice un diplomático que lo conoce.
Remiro Brotóns ha estado varias veces en Chile, la mayoría de ellas para dictar charlas para alumnos de posgrado de la Universidad de Chile.
Pero su nexo con el país es más grande. Conoce bien a varios diplomáticos chilenos que han hecho posgrados en España, como los agentes chilenos en La Haya, María Teresa Infante y Alberto van Klaveren, así como a la académica Astrid Espaliat.
Chile también ha sido objeto de estudio para Remiro Brotóns, quien escribió, en 1999, el libro "El caso Pinochet: Los límites de la impunidad", en que hace un amplio análisis de la situación, de las complicaciones que hubo para España y Chile, y propone que casos como ése sean juzgados por tribunales internacionales.
Baltasar Garzón habría aducido tener una agenda abultada para el trabajo. Luego de esa negativa, el mismo Garzón habría propuesto a Remiro Brotóns como una alternativa. El Mercurio de Chile





Las “guardias blancas” textiles

CÓMO OPERA LA PATOTA QUE PROTEGE A LOS TALLERES CLANDESTINOS DE ROPA

Dicen defender los intereses de los costureros, pero están denunciados por protagonizar actos de violencia, impedir las inspecciones y desarticular toda organización entre los trabajadores. La desidia del gobierno de Mauricio Macri.

El Tiempo de Argentina (www.eltiempo.com.ar)

Los talleres clandestinos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan un enorme negocio donde los principales beneficiarios son las grandes marcas de ropa, tanto nacionales como extranjeras. Un negocio que muchas veces incluye delitos tan aberrantes como trata de personas, reducción a la servidumbre y trabajo infantil. Este drama social tuvo uno de sus capítulos más trágicos en marzo de 2006, luego del incendio de un taller textil en la calle Luis Viale 1269, que provocó la muerte de dos adultos y cuatro chicos, todos ellos de nacionalidad boliviana.
Sin embargo, a partir de la llegada de Mauricio Macri a la jefatura de gobierno, las estrategias para desarticular este entramado de poderes fácticos fueron puestas en reposo.
Al amparo de esta inacción estatal se fueron consolidando lo que desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad denominan “guardias blancas”, en alusión a las patotas chacareras que se formaron en el campo argentino para proteger los intereses de los hacendados y amedrentan a los campesinos que reclaman por sus derechos.
En este caso, también se trata de grupos de choque, pero que actúan en defensa de los dueños de los talleres, atacando a las organizaciones que combaten la trata de personas y bloqueando los operativos de inspección. Al mismo tiempo, tendrían estrechas conexiones con algunas radios de la colectividad y con empresas de transportes clandestinas que llevan y traen gente del barrio de Liniers a la frontera con Bolivia.A partir de la ocupación del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010, y la posterior represión policial, el equipo de Investigación de Radio Nacional se dedicó a indagar quiénes estuvieron detrás de la toma y cuáles fueron sus motivaciones, más allá de las necesidades concretas de las miles de personas que sufren el déficit habitacional en la Capital Federal.
Un hecho llamó la atención desde el primer momento. A pesar de que los tres muertos en el Indoamericano eran extranjeros –un ciudadano paraguayo y dos bolivianos–, Macri responsabilizó por los desmanes a la “inmigración descontrolada”. Y no sólo eso: a los dos días de la brutal represión, el jefe de gobierno porteño brindó una conferencia de prensa junto a representantes de ambas colectividades, como una manera de legitimar sus dichos y, al mismo tiempo, ratificarlos.
Uno de los que acompañó a Macri en esa oportunidad fue Isidro Méndez Chávez, presidente de la Asociación Civil Casa Paraguaya, quien es cuestionado por su cercanía con la dictadura de Alfredo Stroessner y con el ex general golpista Lino Oviedo.
En el caso de la colectividad boliviana, al convite de Macri concurrieron dos miembros de la Federación de Asociaciones Civiles Bolivianas en Argentina (FACBOL): Edwin Álvarez y Ricardo Fernández.
Según Juan Carlos Estrada Vázquez, boliviano y ex trabajador de talleres clandestinos, FACBOL es una organización que desde hace varios años oficia de nexo informal con el macrismo. Por detrás de esta entidad se encuentra el principal referente de la colectividad del altiplano en el país, Alfredo Ayala, quien en los papeles oficia como titular de la Asociación Civil Federativa Boliviana (ACIFEBOL).
Luego de los hechos de Soldati, ambas entidades firmaron un documento conjunto a la altura de los deseos del PRO: en él manifestaron su repudio a “todo tipo de ocupación ilegal de espacios públicos y privados”, aclarando además que representaban a “gente honesta y de trabajo, no ocupas o usurpadores”.A pesar de que el titular de ACIFEBOL se muestra como un simple remisero, según miembros de la colectividad y fundaciones dedicadas a combatir la trata de personas como La Alameda, Ayala sería en realidad una suerte de “intelectual orgánico” de los talleristas.
A Ayala lo acusan de dedicarse a defender el actual sistema de producción de los talleres, que en muchos casos supone la explotación de los costureros, sean hombres, mujeres o niños, que por sus urgencias económicas, el desarraigo y situación de vulnerabilidad, terminan accediendo a trabajar en condiciones paupérrimas y por sueldos de miseria.
Se trata, sin duda, de una situación de extrema gravedad, reflejada por abundantes datos. Según el Centro Demostrativo de Indumentaria (CDI), una fábrica y laboratorio textil que funciona en el barrio de Barracas, existen más de 5000 talleres clandestinos de ropa en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.Por su parte, las organizaciones de la colectividad boliviana afirman que cerca del 80% de los inmigrantes que vive en territorio porteño se dedica a este rubro. Esto significa que, en pleno siglo XXI, hay cerca de 30 mil trabajadores que se desempeñan y viven en condiciones de precariedad extrema, rayanas con la esclavitud.El mismo Ayala, en diálogo con la Radio Pública, reconoció que “de repente, una mayoría de los talleres no están regularizados” y que existen casos de trata y de esclavitud, aunque se encargó de desmentir que esto constituya una situación generalizada.
Sin embargo, el jefe del área de Derechos Individuales, Discriminación y Violencia Institucional de la Defensoría porteña, Mario Ganora, indicó a Ayala como uno de los responsables del accionar de las “guardias blancas” textiles. Para Ganora, Ayala, a través de estos grupos, “impide los procedimientos y ataca tanto a los funcionarios que intentan realizar fiscalizaciones en los talleres como a las víctimas que intentan salir de los lugares”.
La misma Defensoría, cuya máxima autoridad es Alicia Pierini, realizó una denuncia penal contra Ayala, a quien acusa del delito de “asociación ilícita”. En respuesta, el dirigente realizó un escrache a la entidad.“Hay relaciones económicas entre lo que hace Ayala y lo que hacen las grandes marcas”, sostuvo Ganora. Para el funcionario de la Defensoría, “la producción de indumentaria está fundada en el trabajo esclavo. Hay una convergencia de intereses entre los fabricantes y estas organizaciones de talleristas que deben contar con una estructura de intimidación, una estructura de corrupción de la policía y, a veces, de los gobiernos locales”.
A mediados de 2006, luego del incendio del taller de Luis Viale, comenzaron las agresiones a la fundación La Alameda, según denunció su titular, Gustavo Vera, que además sufrió un atentado cuando desconocidos intentaron prender fuego su casa. Para muchos, el grupo de Ayala estuvo detrás de los episodios, y esa no sería la única vez.
En 2009, durante la inspección a un taller clandestino ubicado en la calle Lacarra, en el barrio de Floresta, se señaló al dirigente boliviano como quien, desde las principales radios de la colectividad, habría convocado a una movilización para frenar el operativo. Según La Alameda, una vez retirados los medios de comunicación, se inició un ataque feroz del que Vera se llevó la peor parte: 13 puntos en su cabeza. Ayala, que estuvo presente en ese momento, no desmintió la violencia, pero alegó haber tratado de defender a Vera frente a la agresión.
Por otra parte, varias de las fuentes consultadas aseguraron que Ayala obtiene beneficios de la empresa de transporte 6 de Agosto, una de las más fuertes en cuanto a la oferta de viajes entre Liniers y Bolivia.
Según relata Estrada Vázquez, esta empresa ayuda a los migrantes con los papeles e incluso presta el dinero que es necesario mostrar en la frontera para justificar la condición de turista, a cambio de que se compre allí el pasaje. Esta empresa, agrega Vázquez, no tiene un espacio físico donde funciona, por eso, para obtener los tickets hay que escuchar las radios de la colectividad, que transmiten publicidades y ofrecen números de teléfono. Por esa vía se gestionan las compras y se informa a qué hora y de dónde salen los micros que van y vienen a la frontera.
De su experiencia como costurero explotado, Estrada Vázquez también aseguró que “Ayala trabaja supuestamente como defensor de la comunidad, pero en realidad es el defensor de los talleristas. Una de las metodologías que más usa y que lo muestra como ‘víctima’ es que frente a un allanamiento se para delante de la policía y de los funcionarios para evitar los procedimientos”.
El 30 de marzo de 2007, una inspección del gobierno porteño descubrió un taller clandestino donde había funcionado el ex centro de detención y tortura conocido como Automotores Orletti, en la zona de Floresta. El por entonces subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ariel Lieutier, encabezó el procedimiento que terminó con la clausura del lugar. Fue otro de los episodios en que Alfredo Ayala estuvo involucrado. En su defensa, Ayala dijo no haberse negado a la inspección, aunque reconoció haberse llevado la maquinaria del local. Lieutier, autor del libro Esclavos, sobre el sistema de producción en los talleres porteños, no coincidió con esa versión: “Nosotros detectamos el taller y lo clausuramos obligando a que las máquinas se retiren porque ese espacio estaba destinado a ser un museo para la memoria –sostuvo el ex funcionario–. Pero al otro día a la mañana, el sector de Ayala estaba encabezando un piquete para que las máquinas no se fueran, convocando por las radios a una movilización. Para cuando llegué, me encontré un escenario en el que los tipos no querían negociar nada. No querían que el taller se desarmara.”
Las emisoras son esenciales en la estrategia de Ayala. “Desde las radios generaban un clima de zozobra. Imaginate adentro de un taller donde estás trabajando y escuchas que están allanando otro taller en el que un ‘monstruo argentino’ está viniendo a quitarte el laburo. Entonces, por eso es que aparecen estas contradicciones en las que un costurero está defendiendo a un tallerista”, explicó Estrada Vázquez.A partir de ese hecho, en La Alameda concluyeron que las radios de la colectividad del sudoeste de la Capital Federal eran manejadas por dueños de talleres. Un dato les resultó esclarecedor: los avisos clasificados de estos medios pedían casi exclusivamente empleados para los locales en cuestión.
En la Ciudad de Buenos Aires existen 33 radios destinadas a los oyentes de nacionalidad boliviana, entre las que se destacan las FM Constelación y Favorita. Funcionarios gubernamentales, miembros de distintas ONG dedicadas a la lucha contra la trata de personas e incluso organizaciones de la propia comunidad, sostienen que muchas de estas señales responden y son manejadas por Ayala. Sin embargo, el dirigente lo desmiente.Para Estrada Vázquez, “en esas radios se impulsa el nacionalismo, porque uno en el taller lo que busca es recrear las condiciones que perdió con la inmigración. Entonces pasan noticias bolivianas, música boliviana… ”. Pero, en manos de los patrones, ese mensaje adquiere otras finalidades: “Este nacionalismo busca mantener el sometimiento, porque el objetivo es mantenerte en este círculo nacionalista porque sería peligroso que hubiera una racionalidad ya más de clase.”
Sucede que otra de las tareas de las “guardias blancas” sería frenar cualquier intento de organización por parte de los trabajadores costureros. Para Gustavo Morón, abogado de la colectividad boliviana en la Argentina, “la mayoría de las organizaciones ven como peligroso que los trabajadores costureros defiendan sus intereses en términos de clase por sobre los términos nacionales. Dicen que tiende a la desunión.”Al respecto, Morón remarcó que “hay que tener en cuenta que en la colectividad hay ricos y pobres. Es un error conceptual plantear la unidad a ciegas. No es lo mismo un costurero que viene a trabajar sin documentos, que es explotado, a la par de un empresario tallerista, porque con la excusa de que somos inmigrantes explotan a los trabajadores e incluso a menores de edad.”
En ese sentido, el caso de René Vázquez es emblemático. Su intento por reunir a sus compañeros para obtener mejores condiciones laborales terminó con una golpiza por parte del grupo de Ayala. “Él quiere organizar a los trabajadores en negro, y eso no puede existir de ninguna manera. Tienen que sí o sí alinearse”, respondió Ayala. “Lo que pretendemos es que los talleres se blanqueen”, agregó, ante la pregunta de la Radio Pública.
–Pero es difícil legalizar talleres donde se trabaje con cama adentro, más de 20 horas diarias, en donde viven familias enteras. La legislación argentina no permite esto…
–Por eso, nosotros buscamos que se regularicen los talleres para que luego los trabajadores puedan vivir en otro lugar –argumentó el dirigente–.
Ayala suele hablar ante los medios, sus discursos figuran en Youtube y tiene cierta visibilidad pública. Una de sus intervenciones más recordadas ocurrió luego de que la Policía Bonaerense asesinara por gatillo fácil a un trabajador boliviano en Lomas de Zamora.
En esa oportunidad, el líder de ACIFEBOL se puso a la cabeza de la marcha que llevó el ataúd a la Plaza de Mayo, donde su grupo, junto al de Raúl Castells, protagonizó un altercado con las Madres y Hebe de Bonafini.Como se ve, son varios los hechos que vinculan a Ayala con este entramado de negocios clandestinos que suceden día a día en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno porteño brilla por su inacción, para tranquilidad y beneficio de los grandes grupos que comercian con ropa, la misma que se fabrica bajo condiciones de semiesclavitud y se vende en sofisticados centros comerciales.
*Investigación Nacional es un equipo de la Radio Pública conformado por Juan Guibelalde, Paula Niccolini, Ari Lijalad, Miriam Lewin y Diego González. En 2010, fue premiado en dos oportunidades por su documental sonoro El poder de la trata.





BOLIVIA ESTUDIA LA POSIBILIDAD DE CONSTRUIR UN GASODUCTO DESDE JUJUY

Jujuy al Día de Argentina (www.jujuyaldia.com.ar)

Bolivia, el mayor exportador de gas de Sudamérica, anunció que estudia la posibilidad de construir un gasoducto desde el noroeste de Argentina con el fin de atender, entre otros planes, la explotación de las gigantescas reservas de litio del salar altiplánico de Uyuni.
El gasoducto, de dimensiones aún no definidas, llevaría gas desde la provincia argentina de Jujuy hasta el departamento boliviano de Potosí, explicó YPFB Transporte, unidad de la corporación petrolera estatal boliviano YPFB, en una respuesta escrita a un cuestionario de Reuters la semana pasada.
“La etapa actual del proyecto se la denomina de visualización. Se está consiguiendo información sobre los potenciales requerimientos de la zona de influencia y proyecciones futuras de mercado, además de analizar todas las normativas y disposiciones vigentes”, señaló YPFB Transporte.
La estatal dijo que falta definir si Argentina vendería gas a Bolivia o sólo cobraría por el uso de su red interna, que empalmarían con la tubería que instalaría Bolivia en Potosí para abastecer a varias ciudades y a la futura industria de litio del salar de Uyuni, considerado la mayor reserva mundial de ese mineral ultra liviano.
“Todo desarrollo de mercado de hidrocarburos tiene diferentes formas de atención en función al volumen a requerirse y definitivamente se tiene que optar por la solución más efectiva. A la fecha no está descartada ninguna opción”, indicó YPFB Transporte.
“Entendemos que YPFB está evaluando alternativas de suministro considerando básicamente tiempos de respuesta, oportunidades de suministro y restricciones desde el punto de vista legal y regulatorio del lado argentino”, agregó.
El aprovechamiento del litio en el salar de Uyuni es uno de los proyectos mineros mas ambiciosos que pretende ejecutar el presidente boliviano, Evo Morales, que busca que su país desarrolle su propia industria de baterías de litio para futuras generaciones de automóviles eléctricos.
Bolivia dice tener en Uyuni, un salar superficial de 12.000 kilómetros cuadrados, una reserva de 100 millones de toneladas de litio que representarían más del 50 por ciento de las existencias mundiales conocidas de ese metal, que es clave para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía.
Negocio
Argentina es, después de Brasil, el segundo gran mercado del gas natural de Bolivia. En el primer semestre de 2011, importó un promedio de poco más de siete millones de metros cúbicos diarios de gas natural, la cuarta parte de lo que compró Brasil.
Las exportaciones bolivianas de gas a ambos mercados alcanzó un valor de 1.651 millones de dólares (1.158 millones de euros) en el primer semestre, con un crecimiento del 29 por ciento sobre el mismo período de 2010, y se prevé que el valor suba en los próximos años como resultado de un ya comprometido aumento del bombeo a Argentina.
El pasado 30 de junio, Argentina y Bolivia inauguraron un nuevo gasoducto que permitirá incrementar a mediano plazo hasta 27,7 millones de metros cúbicos diarios el volumen de gas importado.
El gas es el negocio internacional de Bolivia que genera más ingresos para el Estado boliviano, tras una nacionalización decretada por Morales en 2006, pero el valor de las exportaciones de minerales superó en el primer semestre de 2011 en casi un dos por ciento al del gas natural





ABORÍGENES DEL CHACO SALTEÑO DENUNCIAN DESASTRE ECOLÓGICO EN EL PILCOMAYO

Unas 400 personas no tienen documentos, y por ende no reciben ningún tipo de beneficio del Estado. La crisis también afecta a los indios pescadores del lote fiscal 55, como La Merced, San Luis y Las Vertientes.

El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.info/salta)

“Cuando uno baja en un helicóptero levantando tierra porque no hay pavimento o porque la tierra está seca, lo reciben con la mano tendida, con el rostro lleno de sonrisas y diciendo gracias“, dijo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando llegó a La Puntana, en Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia, para abrir el ciclo lectivo de 2009. Fue cuando inauguró la escuela del lugar, construida en el marco del Plan Nacional 700 Escuelas. “Quiero decirles en nombre de todos los argentinos: perdón por tanto tiempo de olvido, de egoísmo, de avaricia”, dijo la mandataria, sentida por la realidad del Chaco salteño.
Hoy, en La Puntana, tres de los diez caciques de esa comunidad aborigen denunciaron que su principal fuente de ingresos desapareció. “Esta fue la peor temporada de pesca que se recuerde”, coincidieron las autoridades originarias. Es que río abajo, a 60 kilómetros de la frontera con Formosa, una obra hídrica hecha por Paraguay, habría interrumpido el viaje que todos los años recorren los cardúmenes de sábalos, dorados y otras maravillas de agua dulce.
Caciques de las comunidades originarias de La Puntana, La Merced, San Luis, La Paz y Las Vertientes responsabilizaron al denominado Proyecto Pantalón por haber causado un desastre ecológico. Medios paraguayos denuncian que el problema surgió por incumplimiento del Estado argentino.
En La Puntana, a solo kilómetros del límite con Bolivia, viven cerca de 4.000 personas. Hay colegio secundario, pero sin albergue ni comedor. Hay luz y agua, pero no hay cloacas en esa población instalada a cuadras de la costa del río Pilcomayo. La mayoría de sus habitantes tiene en la pesca su única fuente de ingresos, aunque los planes sociales son los que ahora movilizan la economía de la zona. Sin embargo, según las fuentes consultadas, aproximadamente 400 personas no tienen documentos y por ende, no reciben ningún beneficio del Estado.
El polémico Proyecto Pantalón
El Proyecto Pantalón, describe la forma que toma la separación del Pilcomayo entre un canal paraguayo y otro argentino, que deberían llevar, cada uno, el 50% de las aguas del río. “Si las aguas hasta ahora ingresaban mayormente hacia el Paraguay, era porque hacia el lado argentino no se hizo el mantenimiento adecuado al canal correspondiente”, le dijo al diario paraguayo ABC Lucio Amarilla, presidente de la comisión oficial del Pilcomayo, en el vecino país.
En septiembre del año pasado, cientos de personas intentaron hacer un canal para salvar a los peces. Los trabajos fueron denunciados por Paraguay ante la Cancillería argentina, como “inconsultos y unilaterales”. El canal, de todas formas, no tuvo éxito y quedó inconcluso. En Bolivia, el impacto fue tan fuerte que el Festival Internacional de la Pesca, en mayo de este año, en Villamontes, no contó con el tradicional concurso de pesca, debido a la ausencia de peces en el río. Por eso, 42 comunidades del chaco boliviano exigieron la presencia del presidente Evo Morales y cortaron las rutas hacia Paraguay. Según el diario El País, de Tarija, la situación provocó la muerte de 50.000 peces.
Oscar Dean, coordinador general de Gestión Hidráulica de Salta explicó al medio boliviano que “esto ocurre por una discontinuidad hidráulica, que es responsabilidad de la provincia Formosa”.





RUBÉN DARÍO CUELLAR: “ES UN CAPITALISMO DE ESTADO PURO Y DURO”

El exconstituyente boliviano, invitado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), visitó El Salvador. Identifica, en gobiernos de izquierda latinoamericanos, una herencia dictatorial de regímenes militares, llama a la derecha a democratizar sus partidos y advierte que la democracia directa podría destruir la misma democracia.

El Mundo de San Salvador (www.elmundo.com.sv/politica)

Fue diputado constituyente de Bolivia y ahora es director ejecutivo de la Fundación Nueva Democracia. Fue gobernador de Santa Cruz, Bolivia, y la semana pasada, invitado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), lanzó críticas hacia los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que propugnan el llamado “Socialismo del siglo XXI”, que para él no es más que un eufemismo.

Cree que los salvadoreños deben defender la libertad, aumentando los espacios de democracia en los propios partidos políticos, cree que los gobiernos de izquierda son proyectos de perpetuación en el poder, y que su única práctica es un capitalismo de Estado, y no una redistribución de la riqueza.
¿Qué ingredientes ve del socialismo del siglo XXI?
Para mí, el socialismo del siglo XXI no es, si no, un envoltorio, un ropaje, que se ha inventado para esconder una forma de gobierno que no es otra que la de la dictadura totalitaria. Parecería un contrasentido hablar de una dictadura totalitaria en países donde periódicamente se ejerce la participación ciudadana a través del sufragio. Pero justamente este modelo de gobierno busca la validación permanente de su presencia en el poder a través de un ejercicio periódico de convocatoria ciudadano, procesos de referendos, que no son otra cosa que plebiscitos para legitimar la permanencia del poder. Al ser un ropaje a medida, no es ortodoxo en cuanto a sus bases ideológicas. En Bolivia, hablamos de la democracia directa comunitaria, con la que sustituye el concepto tradicional la democracia representativa. En la democracia directa comunitaria, no existe el voto secreto, el derecho a disentir. Varían conceptos como el de la independencia de poderes. En Bolivia, adoptamos en que el poder es único y se ejerce a través de órganos, pero el Presidente dice el poder es uno solo y que todos los órganos tienen que servir de igual forma a ese poder. ¿Qué quiere decir con eso? Que la teoría de separación de poderes se rompe. Entonces, hablar de la sobrevivencia de la democracia en Bolivia, Ecuador y Venezuela es un eufemismo.
¿Cómo se va mostrando el inicio de ese sistema?, ¿cuáles son los primeros síntomas, siempre son evidentes o se pueden pasar inadvertidos?
La aparición de los llamados gobiernos del socialismo del siglo XXI han seguido como un itinerario; con muy muy muy someros matices, superficiales, las fórmulas son las mismas. Lo primero que se hace en estos países es levantar la idea de que el sistema democrático como forma de gobierno, la democracia liberal, representativa, no ha sido suficiente para dar respuesta a las múltiples y complejas necesidades de la sociedad, por lo tanto, necesitamos superarla. Obviamente nadie se para a analizar que un sistema de gobierno per sé como la democracia no es bueno ni malo, sino son el grado de aceptación y de cumplimiento al que se someten los gobernantes que dicen gobernar para eso. No se olvide que en América Latina todos los países nuestros provienen de una tradición largamente autoritaria. Esta tradición inocentemente creímos que el año 82, cuando se normaliza la forma de gobierno, había sido erradicada, pero no es así. Por una larga tradición, siempre queda enquistada. Entonces los gobiernos democráticos que aparecen a partir de 1982 mantienen ese signo de ejercicio autoritario.
¿Pero los sectores izquierdistas son detractores de estos regímenes autoritarios?
Si analizamos los regímenes de izquierda en sus expresiones recientes o actuales, sabemos que son regímenes muy poco permeables a la crítica social. Hoy en Bolivia disentir del gobierno es exponerse a que se le abra un proceso por alta traición, es más, la Constitución aprobada por Evo Morales en 2009 establece como el más alto delito la propuesta de separar escindir Bolivia. Particularmente, siempre he creído que Bolivia es y será una república unitaria, un solo Estado, pero hoy el solo hecho que usted plantee algo por el estilo, lo hace acreedor a 30 años de cárcel sin derecho a indulto. La autonomía puede ser considerada por los juzgadores como una etapa previa a la escisión del Estado y por lo tanto usted ya comete el delito. Estos gobiernos de izquierda son absolutamente intolerantes porque han tomado el denominativo de izquierda, “socialistas”, simplemente para diferenciarse. ¿Por qué? Nacen de la polarización, ellos necesitan confrontar. En ese ejercicio confrontacional, no admiten réplica porque esa polarización los lleva a decir: usted está conmigo y, si no está conmigo, usted es mi enemiga. Segundo, como son regímenes con el único propósito de perpetuarse en el poder, son proyectos de poder, no son proyectos políticos propiamente tales, no admiten ningún tipo de oposición. El discurso puede ser: somos socialistas, queremos redistribuir riqueza, pero eso no se ve reflejado para nada en su accionar.
¿Y ese método para perpetuarse en poder justifica sus fines?
En Bolivia la Constitución política del Estado habla de una economía plural en la que conviven cuatro sistemas económicos diferentes, la economía comunitaria, economía social cooperativa, la economía de mercado y el capitalismo de Estado. No es otra cosa que intentar un diseño teórico para hacer la discrecionalidad. Quien determina qué es bueno y qué es malo es quien está en el poder.
¿Pero sí mantienen vetas capitalistas en el sistema?
Lo que se llama la política de nacionalización, que Venezuela lleva adelante y Bolivia lleva a pasos agigantados, no es otra cosa que la restatización de la economía ¿con fines redistributivos?, no, únicamente con fines de control de los flujos financieros, porque, si controlo los flujos positivos, capturan ese excedente, lo manejan discrecionalmente. Ojo que solo se nacionalizan las empresas que van bien. Por otra parte, evitan que ese excedente pudiera financiar hipotéticamente a sus opositores. Una de las primeras normas es cancelar el financiamiento público a los partidos políticos y capturar todos los excedentes lo que hace es estrangular económicamente no solo al empresariado sino, sobre todo, a sus potenciales adversarios políticos. A todos. Entonces, al meterse en la producción como Estado, no está yendo a una colectivización de la economía, está yendo a competir con otros actores. No estamos haciendo un ejercicio nacionalista, estamos haciendo un ejercicio mercantilista, puro y simple. No lo van a aceptar nunca y van a decir que eso es una economía social, comunitaria, pero es un capitalismo de Estado puro y duro.
El socialismo es una aspiración del FMLN. ¿Qué mensaje le daría a El Salvador?
Yo le podría decir que no cometan ustedes los salvadoreños el error que cometimos en Bolivia de creer que la solución a los problemas de la ciudadanía pasan por el establecimiento de fórmulas como este socialismo del siglo XXI. En Bolivia, después de seis años de ejercicio supuestamente de socialismo, nada nos muestra que la realidad haya cambiado. Evo Morales ha declarado enemigos a los indígenas, que ya no están de acuerdo con las políticas totalitarias. En Bolivia, se dijo que se quería reformar la Constitución para un pacto social, nada más falso porque las constituciones no reflejan per sé pacto social. No conozco a profundidad la Constitución salvadoreña, la he leído someramente, no es mala, puede ser perfeccionada, pero no por cambiar el texto constitucional se va a cambiar la realidad. Lo que aquí sucede es que estamos creyendo que el problema es de las normas, no de los hombres que dicen cumplir esas normas, yo creo que el problema está en la institucionalidad democrática que desarrolla cada país para exigir el cumplimiento de esa norma.
Segundo, hay muchos anuncios de que el ciudadano no necesita de la intermediación para hacerse escuchar, que la democracia participativa o directa sería un estatuto para modernizarnos. No es muy buen camino, porque la democracia necesita ser representativa para evitar que cada uno de nosotros intentemos por nuestra cuenta hacer cumplir nuestros anhelos y demandas.
Es necesario que las demandas se agreguen para que funcionen las políticas públicas, porque si usted demanda seguridad social, yo demando mayor presupuesto para la Policía, el vecino demanda cámaras en las calles, hay un problema de seguridad ciudadana y podemos agregar esas cosas. La democracia directa o participativa ha sido cooptada para imponer un ejercicio plebiscitario. Si hago un referendo en Italia y le pregunto a la ciudadanía si quieren menos impuestos, todos me contestarán que sí. O si les pregunto que si ustedes quieren que yo me quede en el gobierno para que el país siga existiendo, estoy enmascarando mi verdadero propósito, perpetuarme en el poder. El problema es que la institucionalidad democrática en nuestra realidad latinoamericana es tan frágil que parecieran de avanzada acaban por destruir la democracia.
¿Los anuncios de referéndos son una amenaza?
Los referéndum, tal como se han llevado a cabo, en Bolivia, Ecuador y Venezuela, son plebiscitos para reafirmar la legitimidad del Presidente en el poder. Nosotros en Bolivia, el año pasado, votamos en las elecciones departamentales y el presidente dijo que ese referéndum lo hacía ganar a él. La característica de este tipo de gobiernos es que se perpetúan en el poder a través de este ejercicio periódico de llamar al ciudadano supuestamente a votar. El 16 de octubre, los bolivianos tenemos que acudir a las urnas para elegir a la totalidad de las cabezas de los miembros del poder judicial, por primera vez Bolivia va a elegir a los miembros del tribunal supremo de justicia, a los miembros del tribunal agrario ambiental, a los miembros del tribunal constitucional y a los del Consejo de la Judicatura. Más allá que en una democracia la administración de justicia no es un ejercicio político, sino técnico. Cuando se presentan los candidatos, mucha gente se opone, todos los que no son afines son descartados y, cuando la prensa cuestiona sale el presidente de la Cámara de Diputados y dice: ‘Esta elección no va a tomar la meritocracia, porque la meritocracia deviene de una práctica burguesa discriminatoria en este país y acá lo que hay que ver es el compromiso con la revolución’. Además, la convocatoria prohíbe que usted como periodista le haga una entrevista a uno de esos candidatos.
“Claro que (la derecha) tiene culpa”
¿Qué pasó con la derecha?, ¿tiene complicidad, qué parte de culpa tiene la derecha?
Claro que tienen culpa, claro que tienen culpa. Nosotros regresamos a la vida democrática en el 82. ¿Por qué los militares vuelven al poder? Porque el Estado estaba quebrado, tenía una deuda social amplísima, no había tenido capacidad de tener presencia, entonces, se le entrega eso a los gobiernos democráticos. Lo entregan porque no hay más que quitarle al Estado. Los gobernantes democráticos empiezan una serie de reformas para tratar de aminorar el impacto que cava esa debacle. La mayoría de países latinoamericanos adscribe a la fórmula… Ese proceso se denominó la capitalización de las empresas públicas, en Ecuador fue privatización. La apuesta que hicieron los gobiernos que hoy se denominan neoliberales fue que este ejercicio iba a derramar la suficiente riqueza para que la gente viviera mejor, pero en este proceso no miramos que lo que hacía era falta era una reforma profunda de la estructura del Estado. Nos fijamos en el gigantismo que los aparatos estatales habían tenido en el gobierno dictatorial. Redujimos la presencia del Estado sin mucha difusión pero mantuvimos el aparato estatal grande. El ciudadano no supo cuándo cambió del Estado de Benefactor Social por este Estado Regulador… Esto sumado a la crisis, presencia de partidos que había convivido con regímenes autoritarios, que reproducían el autoritarismo al interior de sus propias estructuras, la ciudadanía estaba cansada de que fuera el dedo mágico del jefe del partido el que hiciera fortunas o hiciera desgracias. Entonces, los partidos no supieron mirar ese proceso y democratizarse. Sin embargo, todos los beneficios que goza Evo Morales son productos de ese periodo… El socialismo no ha sido otra cosa que una forma de perpetuación de un grupo dominante en el poder, que nada tiene que ver con la alternancia que exige la democracia, la teoría de los pesos o contrapesos.





BOLIVIA: CRECE APOYO A MARCHA INDÍGENA

EL Universal de México (www.eluniversal.com.mx)

El gobierno boliviano del presidente Evo Morales aseguró ayer que mantiene abierta la posibilidad de dialogar con los indígenas que marchan hacia La Paz para rechazar la construcción de una carretera a través de una reserva ecológica ubicada en el centro del país.
La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, dijo ayer que se harán los esfuerzos para dialogar con los manifestantes, e incluso señaló que se puede discutir “cambiar el trazo” de la carretera. Mientras, la marcha sumó el apoyo de etnias de La Paz y Santa Cruz (este), mientras grupos de colonos y productores de hoja de coca afines al gobierno preparan protestas para frenar la caminata.
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob), Ernesto Sánchez, dijo ayer a la agencia EFE que las etnias de guaraníes y ayoreos de Santa Cruz iniciarán hoy bloqueos en las principales rutas de esa región para apoyar la marcha.
Agregó que unos 2 mil indígenas del norte y altiplano de La Paz prevén unirse a la caminata cuando llegue a territorio paceño. “Continúa la marcha, ya no nos para nadie, no hay voluntad del gobierno para dialogar, entonces nosotros seguiremos caminando hasta que se le pase la soberbia a este gobierno”, sostuvo Sánchez.
En 14 días, los indígenas recorrieron 150 kilómetros de los más de 500 que pretenden cubrir desde la Amazonía hasta La Paz en contra del proyecto vial que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure para unir los departamentos de Cochabamba y Beni.
El gobierno envió la semana pasada a dos ministros para que dialoguen con las etnias en la Amazonía, pero los indígenas insistieron en que sólo se reunirán con el mandatario. La obra, adjudicada por 415 millones de dólares a la constructora brasileña OAS, será financiada por Brasil.





SEGUIDORES DE MORALES PREPARAN BLOQUEOS PARA FRENAR LA MARCHA INDÍGENA EN BOLIVIA

Hace 14 días comenzaron una caminata de 600 kilómetros para protestar contra una carretera. Federaciones cocaleras que se beneficiarán con la ruta buscan impedir su arribo a La Paz.

Infobae de Argentina (www.america.infobae.com/notas)

El líder de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob), Ernesto Sánchez, informó este domingo que las etnias de guaraníes y ayoreos de Santa Cruz iniciarán el lunes bloqueos en las principales rutas de esa región para apoyar la marcha. Además, unos 2.000 indígenas del norte y altiplano de La Paz prevén unirse a la caminata cuando llegue a territorio paceño.
Pero así como la marcha suma apoyos, otros están a favor del proyecto vial que atravesará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure para unir los departamentos de Cochabamba y Beni. Los beneficiaros son en abrumadora mayoría campesinos y colonos dedicados al cultivo de hoja de coca en el Chapare, el feudo político y sindical que aún controla el presidente Evo Morales.
De hecho, la Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi, otra zona productora de coca en los Yungas de La Paz, decidieron que impedirán el paso de la marcha por su territorio. A su vez, las federaciones de cocaleros del Chapare realizarán un mitin en Cochabamba el próximo 3 de septiembre para apoyar el proyecto, que será financiado por Brasil con el argumento de lograr la "integración vial".
En el medio, los llamados al diálogo del Gobierno no llegaron a buen puerto. El presidente Evo Morales envió la semana pasada a dos ministros para que negociaran con las etnias en la Amazonía, pero los indígenas insistieron en que sólo se reunirán con el mandatario. La secuencia se repitió este domingo.
"Les estamos invitando no sólo a ponernos juntos para decidir cuál va a ser el trazado (de la carretera), sino además para que hagan sugerencias de tipo de reparación y mitigación ambiental", sostuvo la ministra de Desarrollo Productivo. E insistió: "Aún no hay ningún trazado previsto" para la ruta.
En este contexto, cada parte se encerró en su postura y el diálogo no parece estar cerca. Por eso, el gobierno de Morales volvió a apelar a un argumento que suele utilizar para atacar a sus opositores: acusarlos de estar financiado por los Estados Unidos, a través de la USAID, la agencia estadounidense de cooperación, y de algunas ONGs.
"Al otorgar migajas y prevendas económicas a los dirigentes de los marchistas, la USAID va chantajeando inclusive en algunas comunidades (donde) hermanos quieren levantarse contra el Gobierno", afirmó este domingo Morales. Y agregó: "En 2008 se financiaba a los partidos de la derecha para conspirar al gobierno y al proceso y ahora usan a algunos indígenas con fines netamente políticos".
Concretamente, Morales reveló una serie de llamados entre los indígenas y la USAID y afirmó que agencia financió la marcha opositora. La organización no negó los dichos del mandatario, pero aclaró que también financia proyectos de los cocaleros del Chapare, con lo cual, colabora con las dos partes del conflicto. Los indígenas, en tanto, directamente rechazaron los dichos del mandatario.
Aunque Morales no aludió a la posibilidad, el director de la estatal Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Fronteras (ADEMAF), Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia, planteó el miércoles "la expulsión de Usaid, no solamente (como) un acto de soberanía sino de defensa intransigente de este proceso de cambio".
"Continúa la marcha, ya no nos para nadie. Nno hay voluntad del Gobierno para dialogar. Entonces nosotros seguiremos caminando hasta que se le pase la soberbia a este Gobierno", replicó Sánchez, sintetizando la postura indígena. Con respecto a aos "contramarchas", indicó: "están en su justo derecho de marchar y protestar. Todo lo que suceda en ese bloqueo o en la contramarcha será culpa del Gobierno".
La manifestación indígena partió el 15 de agosto de Trinidad, en el noreste de Bolivia, con la intención de recorrer 601 kilómetros para llegar en unos 35 días a La Paz y exigir respeto al territorio que consideran amenazado por la carretera de 306 kilómetros.
La movilización se encontraba este domingo en las proximidades de la Estación Biológica del Beni, ubicada a más de 400 kilómetros de La Paz, en una zona donde la actividad de la ganadería es intensiva.





MOVIMIENTO EN PUERTO ARICA AUMENTÓ UN 33% AL MES DE JULIO

Movilizando un millón 539 mil toneladas durante los primeros 7 meses del 2011

Mundo Marítimo de Chile (www.mundomaritimo.cl)

Los nuevos índices de transferencia de carga, las importantes inversiones realizadas y la optimización de los servicios que actualmente ofrece Puerto Arica, son antecedentes que avalan la consolidación del terminal portuario como un recinto en crecimiento, confiable y seguro para el desarrollo de las actividades marítimo portuarias.
De acuerdo a lo señalado por el Gerente de Explotación y Desarrollo de la Empresa Portuaria Arica, Mario Moya Montenegro, todas las cifras durante los primeros 7 meses del 2011 presentan importantes incrementos producto del posicionamiento que ha logrado el terminal.
Sostuvo el ejecutivo que las cifras constituyen un reflejo de la actividad que viene desarrollando Puerto Arica desde hace algunos años, lo que se ratifica con el incremento del 33% en relación al mismo periodo del año anterior, llegando a movilizar durante este tiempo Un millón 539 mil Toneladas.
Bolivia sigue siendo el principal mercado de Puerto Arica, registrando un aumento del 22 %, destacando que las cargas de importación tuvieron un crecimiento de 31%, mientras que las de exportación alcanzaron un 11 %, alcanzando un movimiento total superior al Millón de Toneladas.
Uno de los sectores que presentó un explosivo crecimiento, de acuerdo a lo señalado por Mario Moya, son las cargas regionales, incrementándose en un 66 %.
Del total de la carga movilizada por Puerto Arica entre enero y julio de este año el 67 % son contenedores, en tanto que la carga a granel representó el 27 % y la carga general el 6%. Al hacer un desglose por mercado, las cifras también son auspiciosas. El 65 % de la carga son mercancías bolivianas en tránsito hacia y desde Bolivia, en tanto que el 23 % corresponde a carga regional, un 2 % a Perú y el restante otros destinos.
A juicio del ejecutivo los positivos números alcanzados por Puerto Arica en los primeros meses del 2011 son el resultado del permanente trabajo que se desarrolla en conjunto con el concesionario TPA para atraer nuevos clientes, otorgar mayor eficiencia en las operaciones y garantizar seguridad.
A ello, indicó Moya, se suma el mejoramiento de la infraestructura en el terminal ariqueño como el desarrollo de los trabajos de dragado en el sitio asísmico, lo que permitirá incrementar la profundidad a 13,5 metros, antes de fin de año.
La inversión superior a los 7 millones de dólares realizada por TPA en el dragado otorgará al puerto ariqueño mayor competitividad, permitiendo atender naves de mayor calado con más eficiencia, rapidez y seguridad.
El ejecutivo también destacó la importancia del trabajo que desarrollan las distintas empresas que conforman la Comunidad Portuaria, a lo que se suma la permanente difusión que realizan TPA y EPA en conjunto, sobre la difusión de los principales servicios que ofrece Puerto Arica, lo que ha permitido atraer nuevos clientes al terminal ariqueño.





EL NEGOCIO DE LOS AUTOS ROBADOS EN CHILE: EN PROMEDIO "SE PIERDEN" 91 VEHÍCULOS AL DÍA

Radio Santiago de Chile (www.radiosantiago.cl)

Bastó una hora para que a Macarena le robaran su Subarú Impreza de la puerta de la casa de una amiga en calle Ibiza en Vitacura.
Como le pasó a ella "el 80% de los autos se roban mientras están estacionados, rompiéndoles el vidrio o forzando el cilindro para abrir la puerta y haciéndolos andar con distintas técnicas. El 20% se le quita al conductor intimidándolo. La hora preferida: entre las 20:00 y las 00:00 de la noche".
Así explica el capitán del Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (Sebv) de Carabineros, Francisco Cabezas, lo que está ocurriendo en nuestro país, donde se roban diariamente 91 autos. Las sustracciones aumentaron el primer semestre un 14% respecto del mismo período del año pasado. Entre los asegurados la cifra es mayor, a julio subió de 3.245 a 4.205, un 39%, explican en Mapfre.
El 62% de los autos se roban en Santiago y el 38% en regiones, principalmente, Biobío, Antofagasta y Valparaíso, agrega el subsecretario de prevención del delito, Cristóbal Lira.
Las cifras oficiales muestran que el 77% de los vehículos robados aparecen. Pero a nivel de asegurados la cifra es inferior, dice el gerente general de Prose, compañía formada por las aseguradoras para combatir este delito, Hernán Carvallo. Sólo se recupera el 51% y las pérdidas de la industria llegan a US$ 50 millones anuales."Un 30% del parque automotor está asegurado, pero la penetración del seguro es mayor en vehículos nuevos. En consecuencia, parece ser que el porcentaje de recupero es menor en el caso de vehículos más nuevos", explica el gerente de Chilena Consolidada y presidente del comité de vehículos de la Asociación de Aseguradores, Rodney Hennigs.
Para qué los roban
Lo que Carabineros tiene claro es que cuando se habla de autos no se trata de robos aislados, sino que hay organizaciones criminales que cuentan con ladrones que abastecen de los vehículos, gente que los transporta y otros los comercializan.
"Me robaron la camioneta BMW en calle San Ignacio en Colina cerca del mall Buenaventura. Me bajé a saludar a mi hija y un tipo se subió, yo salté a la pisadera y trataba de quitarle el auto, forcejeaba pero no pude", cuenta Francisco, a quien su compañía de seguros le pagó el auto. Su camioneta apareció a los tres meses con una patente distinta en Independencia.
Los delincuentes no roban cualquier auto al azar, sino sabiendo para qué lo quieren. El principal destino es para venderlo completo o en partes.
Para comercializar el auto completo usan tres modalidades: el gemeleo, que es lo que le sucedió a Francisco, que consiste en robarse una patente de un auto cualquiera y ponérsela a un auto idéntico robado. También existe la clonación, cuando se le pone al robado la patente de un auto rematado por pérdida total y la reinscripción fraudulenta.
"También se roban autos por encargo para conseguir repuestos caros, como el computador de un vehículo que vale más de $1 millón", cuenta Hernán Carvallo.
Estos autos se venden con avisos en los diarios, portales de internet y ferias automotrices.
También se sacan a Bolivia. Hoy se sabe que hay 1.464 autos que tienen encargo por robo en Chile y que se intenta legalizar.
El segundo objetivo más habitual que tienen los autos robados es para cometer delitos, principalmente alunizaje, robo de cajeros automáticos, ilícitos para los que se eligen vehículos de gran motor y capacidad, como vehículos 4x4 y camionetas.
"Para asaltar al comercio o casas se prefieren los Suzuki Swift y Toyota Yaris, autos que están más disponibles en circulación y que tienen velocidad de arranque", explica el capitán Cabezas.
Por último, están los autos que se hurtan para salir a carretear.
Lo que se está haciendo para evitarlo
Guía de prevención con medidas de seguridad.
Obligación de venta de vehículos nuevos con medidas de seguridad, como inmovilizador y el marcaje de piezas.Venta con factura electrónica, para dificultar la transferencia de autos robados.
Mayor fiscalización a la transferencia y entrega de nuevas placas patentes.
Darán de baja las patentes de vehículos con pérdida total.
Nueva placa patente con una tipografía inviolable.
Chequeo en plantas de revisión técnica, para ver coincidencia de las características del auto.
Autopistas informan a Carabineros el paso de autos encargados por robo.
Carabineros cuenta con PSS, que al digitar una patente, identifican vehículos robados.
Cámaras que leen patentes masivamente en lugares de alto tráfico estarán en dos meses más en las carreteras.Aduanas tienen la información de vehículos encargados por robo en Carabineros.
Fiscalización de ventas de autos y partes y piezas de vehículos.
Vehículos señuelos con cámaras y GPS.
Proyecto de ley que aumenta las penas por robo y receptación de vehículos.
Se intenta repatriar los 1.464 vehículos chilenos con encargo por robo que se encontraron en Bolivia.
Las compañías de seguro están instalando gratis cortacorrientes a sus afiliados. Además, regalaron cien cortacorrientes a universitarios y mil marcajes de vidrios y espejos.
Las compañías de seguro y las casas de remate están prohibiendo a quienes compran autos Toyota Yaris, Suzuki Swift, Toyota Rav-4 y Nissan D-22 que lo transfieran a terceros hasta que lo reparen para evitar la clonación.Se licitó un corral municipal para veinte comunas en conjunto, que tendrá un sistema en línea para cruzar los vehículos que entran con los robados.





BOLIVIA SIENTA EN EL BANQUILLO A 592 JUECES Y FISCALES

Analistas aseguran que la justicia está "podrida" y manchada por la corrupción, pues jueces y fiscales fueron detenidos por incurrir en prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias la Constitución.

Spanish China (spanish.china.org.cn/international)

La lucha anticorrupción que libra la Fiscalía General de Bolivia permitirá sentar en el banquillo de los acusados a la friolera de 207 fiscales y 385 jueces por diferentes irregularidades y delitos, anunció el fiscal general de ese país, Mario Uribe.
En estos momentos “se están tramitando 207 procesos penales contra fiscales, que están en diferentes fases, en diferentes etapas, 50 de los cuales están para ingresar a juicio oral”, precisó Uribe y añadió que del total de 592 expedientes abiertos 71 fueron contra administraciones de justicia que ya enfrentan un proceso oral en el Ministerio Público y sus resultados serán dados a conocer en las próximas semanas.
Dentro del poder judicial tenemos 385 procesos contra jueces, de los cuales en este momento se están tratando en la fase de juicio oral 21, añadió.
La Fiscalía General instauró en 2008 una unidad de lucha contra la corrupción interna en el Ministerio Público, con el objetivo de llevar a cabo investigaciones penales contra fiscales y funcionarios de esta entidad, y hace dos meses se creó otra unidad de lucha anticorrupción de jueces y funcionarios judiciales, recordó Xinhua.
Ambos mecanismos dieron resultados alentadores en procura de transparentar la administración de justicia, señaló Uribe, quien mencionó entre los delitos más comunes por los que se procesa a cientos de fiscales y jueces la retardación de la justicia, el incumplimiento de los deberes y de los plazos procesales y el cohecho pasivo y activo.
Ante estos acontecimientos, en los que se vieron involucradas autoridades judiciales del país en actos de corrupción, analistas aseguran que la justicia está “podrida” y manchada por la corrupción, pues jueces y fiscales fueron detenidos por incurrir en prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias la Constitución.
El analista político Carlos Cordero consideró que estos hechos demuestran la “punta del ovillo” de la corrupción en que están involucrados muchos jueces y fiscales. Según él, las denuncias sobre estos hechos se multiplicaron en los últimos meses por “estas malas prácticas”, habituales ya en el país, opinó.
Esto, dijo, perjudica a muchas personas por fallos en su contra, donde el litigante que no tiene dinero tiende a perder en definitiva el proceso, en tanto que aquellos con recursos económicos reciben determinaciones favorables, emanadas por esas autoridades, aun cuando en muchos casos ha habido fuertes indicios de culpabilidad.
Por su parte, la diputada del partido opositor Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, manifestó que existe desconfianza en la labor de fiscales y jueces que están a cargo de la justicia en nuestro país.
Piérola aclaró que no todos, pero una gran mayoría de autoridades de justicia están comprometidas con actos de corrupción, por lo que considera saludable que se comience a investigar a estos malos administradores de la justicia.
Para el analista Hugo Gutiérrez, la justicia desde hace tiempo esta “maleada”, por lo que es imperiosa la necesidad de renovar estas autoridades en las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo. “Es lamentable que jueces y fiscales formen parte de la corrupción, la gente está desprotegida”, reflexionó.
Por su parte, la diputada oficialista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marianela Paco, señaló que las instituciones judiciales en el país tienen que ver con la retardación de justicia sumando a ello los altos índices de corrupción.
“Con este proceso de elección de autoridades judiciales, al fin la justicia podrá dignificar y la población exigir mayor seriedad y responsabilidad e idoneidad en la administración de la justicia que hasta ahora no la tuvimos", manifestó.
El Gobierno confía en que después de las elecciones judiciales del 16 de octubre próximo, el órgano judicial ingrese en un proceso de transparencia y reestructuración para que se imparta una verdadera justicia en todo el país.





EMBARCACIÓN DESAPARECIDA EN EL LAGO TITICACA ES LOCALIZADA EN BOLIVIA

Efectivos policiales intensifican la búsqueda de los cuatro ocupantes desaparecidos el último jueves, tras el naufragio de su bote en Yunguyo

El Comercio de Perú (www.elcomercio.pe/peru)

La embarcación que habría naufragado debido al fuerte oleaje cuando surcaba el lago menor del Titicaca, en la provincia puneña de Yunguyo, fue localizada ayer al mediodía en la localidad en Taraco, Bolivia, a 25 kilómetros del lugar del naufragio. La autoridades continúan con la búsqueda intensiva de sus ocupantes.
“El bote aún tenía parte de los alimentos que recibió del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) para los alumnos de la institución educativa Nº 70234, único plantel educativo del distrito de Anapia”, detalló Francisco Limache Escobar, alcalde de la provincia puneña de Yunguyo, a la agencia Andina.
Por su parte, Paúl Tito Peñaloza, director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Yunguyo, contó que el bote naufragó el último jueves entre las islas Iscaya y Canas.
Los desaparecidos son el director del colegio de Anapia, Raúl Mamani; el presidente de la Asociación de Padres de Familia (Apafa), Pacífico Chalco; el propietario de la embarcación, Ángel Limache; y el trabajador de la escuela Daniel Arocutipa.
Al final, precisó que los desaparecidos llegaron hasta la provincia de Yunguyo, Puno, con la finalidad de recoger alimentos del Pronaa para los estudiantes del plantel educativo de Anapia.
Radicalizarán búsqueda de náufragos en Wiñaymarca
Pondrán a disposición 100 botes de búsqueda para dar con los cuatro tripulantes de la embarcación que naufragó, el jueves último, en las aguas del lago menor del lago Titicaca, también denominado Wiñaymarca. Así lo dieron a conocer en una asamblea entre los tenientes gobernadores y alcaldes de esta parte de la región, en la víspera.
Según informaron, la búsqueda se hará efectiva el miércoles de esta semana, desde tempranas horas de la mañana, en las zonas cercanas donde fueron encontrados los restos de la lancha en la que la comitiva se trasladaba hasta la isla de Anapia. Esto es, como se sabe, en localidad de Taraco - Bolivia, a 25 kilómetros del lugar donde naufragó el pasado 25 de agosto.
Como se sabe, los desaparecidos son el director de la Institución Educativa Primaria 70234 de Anapia, Raúl Mamani; el presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), Pacífico Chalco; el propietario de la embarcación, Ángel Limache y un trabajador de la Institución Educativa, Daniel Arocutipa.
Según mencionó uno de los testigos, mediante una entrevista en una radio local, el bote aún tenía parte de los alimentos que recibió del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) para los alumnos de la Institución Educativa Nº 70234, cuando fue hallado, pero no había ningún rastro de los tripulantes.





Reitera a indígenas su propuesta de diálogo para la vía que unirá Beni y Cochabamba

EL TRAZADO CARRETERO ESTÁ ABIERTO AL MANDATO DE LA SOCIEDAD: GOBIERNO DE BOLIVIA

La Jornada de México (www.jornada.unam.mx)

El gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, ratificó hoy su vocación indígena y compromiso de preservación del ambiente en equilibrio con el desarrollo del país, y reiteró que el trazado de la carretera que unirá los departamentos de Beni y Cochabamba, al que se oponen los indígenas de la Amazonia, está abierto al mandato de la sociedad.
Teresa Morales, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, dijo en entrevista con medios estatales que el gobierno está dispuesto a dialogar sobre el pliego de demandas y solucionar ese conflicto, tras señalar que hasta ahora los indígenas han dejado plantada a la comisión del gobierno, aun cuando habían aceptado todas sus condiciones.
Morales deploró la decisión unilateral de los líderes de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob) y la Asamblea del Pueblo Guaraní de romper el primer acercamiento en firme con el gobierno a finales de la semana pasada para entablar el diálogo.
En esos días el gobierno anunció la apertura de una negociación con los manifestantes sobre la base de un pliego de 16 puntos, pero los indígenas –que habían hecho un receso– reanudaron la marcha hacia La Paz y anticiparon más movilizaciones en otras regiones del país, incluidos bloqueos si el diálogo no prospera.
Celso Padilla, uno de los dirigentes de la marcha –que se encuentra a unos 500 kilómetros de La Paz–, afirmó que la caminata iniciada el 15 de agosto se remprendió por el retraso del gobierno en confirmar la presencia de diez ministros en las negociaciones, como era el pedido indígena.
Los tramos 1 y 3 de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos ya tienen licencia ambiental y están en ejecución, pero algunas comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure se oponen a la construcción del tramo 2, de 177 kilómetros, bajo el argumento de daños a su hábitat y un eventual saqueo de recursos naturales, principalmente maderables.
No hay un diseño para el tramo 2. Estamos a la espera del diálogo, apuntó la ministra, quien aseguró que el presidente está dispuesto a participar en las conversaciones una vez que se agoten los temas técnicos con los ministros.





CHILE EN EL PUNTO DE MIRA BOLIVARIANO

Revista Atenea de España (www.ateneadigital.es/RevistaAtenea)

Un muchacho de 16 años muertos de un disparo en el pecho, más de 1.300 detenidos por desórdenes y robos, una cincuentena de manifestantes y más de centenar y medio de policías heridos es el balance del desafío de la central sindical única del país y de las organizaciones sociales de base al primer gobierno conservador que tiene Chile en más de 40 años luego de que el frentepopulismo de Salvador Allende, apoyado por la dictadura cubana quebrara el estado de derecho mediante prácticas de cambio revolucionario del marco legal legítimo, empeño que terminó como es de todos sabido, y después de que la dictadura devolviera el poder a los partidos y se restableciera formalmente la normalidad, situación esta última en que se alternaron en el poder los gobiernos de izquierda y de centro-izquierda. A ninguno de éstos le fueron planteadas las demandas y exigencias sociales en los términos en que lo han sido ahora al gabinete conservador de Sebastián Piñera en el desafío de jueves y miércoles pasados.
Por ello es ciertamente sorprendente el estallido de una huelga general en Chile los días 25 y 26 de este agosto, la primera desde que Pinochet puso fin a su dictadura, por motivaciones por entero ajenas a la inmediata y próspera realidad económica del país, que en el primer semestre de este año tuvo u n crecimiento del 6 por ciento, mientras la tasa de paro sigue descendiendo luego de haberse situado en el 7 por ciento.
Cuando este hecho tan escandalosamente anómalo ha venido precedido, además, de dos brotaciones de protesta tan dispares como la ocupación de vías principales de Santiago por una manifestación de ecologistas contra el proyecto de construcción de cinco embalses hidroeléctricos en el sur del país, capaces de aportar la energía eléctrica que necesita la segunda ola de industrialización de Chile - que por altísima sismicidad tiene desaconsejada, especialmente luego de Fukushima, la alternativa nuclear -, y también cuando los estudiantes de la enseñanza media y la universitaria, asimismo, habían sido previamente movilizados ., mientras esto pasa, la extrañeza de la opinión internacional sube de punto. Y, de seguido, se establece la sospecha vehemente de que la huelga general, sentida más por los desórdenes y graves violencias de comandos en régimen de guerrilla urbana- levantando barricadas e incendiando autobuses, que por el paro en los diversos sectores productivos y entre los funcionarios del estado, ha sido un asalto en toda regla al orden cívico del país, con pretensiones de rubricar una acción revolucionaria contra el Gobierno de Sebastián Piñera.
A estas alturas de lo sucedido es necesario, más que sólo conveniente, exponer algunas reflexiones. Una, sobre la falta de relación entre la realidad cursante en la nación chilena y el activado aparato de agitación de la central obrera convocante de la huelga general. Otra, sobre la advertida concatenación de la protesta ecologista y la huelga estudiantil por la gratuidad inmediata y plena de la enseñanza - cosa que no se había planteado hasta ahora que un presidente conservador está en La Moneda -; la protesta ecologista contra la independencia energética del país luego de que Evo Morales, presidente de Bolivia tras derrocar a su antecesor Lozada a golpes de movilizaciones de los mismos indígenas, aimaras como él mismo y quechuas, que ahora están que trinan por las promesas incumplidas y el añadido empobrecimiento en que les ha venido a sumir, reclamara el pasado marzo a Chile la abrogación del Tratado de 1904 por el que Chile perdiera su salida al mar luego de haber perdido la guerra, junto con Perú, contra Chile.
La ocurrencia de Morales no parece imputable ni a lo limitado de sus luces ni tampoco a su impreparación jurídica y política, pues sólo es egresado de los talleres revolucionarios de La Habana. Esa reclamación olió a salva dialéctica y calentamiento de motores para tensar las relaciones diplomáticas con Chile. Pero en todo caso ese asunto de la salida de Bolivia al mar ante lo que hay disposición chilena para un arreglo - al margen, claro está de las pretensiones soberanistas de Morales - ya está cumpliendo una utilidad bolivariana de pretexto contra el gobierno conservador de Piñera. Cabría definir esto como enlace orgánico del populismo chavista contra el paradigma "neoliberal" que dicen los neoleninistas del castrismo cubano, quizá nostálgico de aquel principio de los años 70 en los que la revolución allendista estuvo a punto de llegar a puerto pero se lo impidió el golpe del general Pinochet.
La huelga general chilena habría que considerarla, quizá, como el primer acto formal del acoso populista contra la relevante excepción conservadora en el hemisferio hispánico. Vendrán otros episodios.