Dirigentes de los campesinos, colonizadores e indígenas del occidente demandaron al presidente Evo Morales ajustes en el gabinete económico, porque lo identifican como responsable del “gasolinazo”, que luego fue anulado. También exigen identificar a “infiltrados” de la derecha en el Gobierno.
Expertos en ciencias políticas y economistas recomendaron ayer al presidente Evo Morales aplicar una profunda “cirugía política” y “un golpe de timón al gabinete” para recuperar credibilidad ante el país y ofrecer un nuevo programa económico que dé confianza a los bolivianos para evitar fracasos como el “gasolinazo”. Los comentarios fueron formulados a propósito de la decisión asumida por el Primer Mandatario de derogar el Decreto 748, promulgado el 26 de diciembre por su vicepresidente Álvaro García Linera, levantando la subvención estatal a los hidrocarburos líquidos lo cual elevó hasta un 93 por ciento el precio de los carburantes.
LAZARTE: GABINETE DEBILITADOPara el analista Jorge Lazarte, existió demasiada improvisación hasta en la derogación porque a la fecha no está publicado en la gaceta oficial, ni siquiera el periódico del Gobierno informó al día siguiente y menos fue mostrado el Decreto el día en que Morales, el 31 de diciembre, le dijo al país que se anularon todas las medidas económicas.
“El Ejecutivo tomó en dos días dos medidas inesperadas, el “gasolinazo” y la derogatoria entre navidad y Año Nuevo, con explicaciones totalmente vacías. Aquí los estrategas de Palacio se equivocaron profundamente porque no calcularon las consecuencias”, declaró.
Lazarte dijo que “tiene que haber una profunda cirugía política para que su propia gente diga que los culpables eran los otros. Son costos políticos tan altos porque es la primera vez que se produce un retroceso. El Ejecutivo salió muy debilitado porque es difícil confiar en un Gobierno que toma una decisión que no es ni revolucionaria, ni es popular ni es anti neoliberal. Alguien hizo mal las cosas y debe pedirle al país disculpas”.
CHÁVEZ: “GOLPE DE TIMÓN”
Para el analista económico, Gonzalo Chávez, la dinámica política buscará a los responsables porque definitivamente hubo “un gran pecado político y creo deben haber varios pecadores políticos porque las idas y venidas en materia económica han afectado de manera significativa la reputación y la credibilidad de la política económica”.
“¿Cómo creerles a las personas que nos dijeron una cosa hace 5 días, que el Decreto era lo mejor que podía pasar, que el ‘gasolinazo’ era absolutamente necesario y que esto y lo otro, y que 5 días después están diciendo exactamente lo contrario? En economía si uno no tiene credibilidad la gente no le cree. Por eso los actores económicos, las empresas, los consumidores están asustados”, manifestó.
Chávez dijo han fracasado varias políticas que son el corazón del modelo económico del Gobierno en el sector hidrocarburos. “Es momento de dar un golpe de timón para conseguir una nueva geografía de ideas y de propuestas para realmente hacer una revolución productiva, revolución del empleo, en el mejor momento internacional que tiene Bolivia en los últimos 100 años. Sorprende que hagan razonamientos cuando la leche está derramada, la herida es más grande porque ellos inclusive la han abierto por mandar unas propuestas que no eran las más adecuadas”.
SILVA: “HAY FALENCIAS”
El analista Marcelo Silva, sostuvo que la medida del ‘gasolinazo’ “fue una chambonada” porque no se calculó el efecto político y económico del “súper gasolinazo”, porque de continuar el Decreto la situación hubiera sido una insostenible porque la medida tocó el bolsillo de la gente, además que las disposiciones complementarias para mitigar el efecto eran insuficientes.
En su opinión, las decisiones de retroceso si bien suenan positivas, lo cierto es que se demuestra que hay falencias en la coordinación dentro del gabinete, hay falencias en la toma de decisiones políticas, pero lo que más preocupa es que no hay un norte muy claro en el manejo de la economía y más aún en el manejo de la política de hidrocarburos en el país.
Silva dijo que el costo político lo asumirá una vez más el entorno presidencial y no el presidente Morales, pero “el tema de fondo no se ha resuelto y la política de hidrocarburos sigue siendo una bomba de tiempo, por lo cual sugirió reencaminar el proceso de nacionalización”.
CORDERO: FALTA UN BUEN GABINETE
El analista Carlos Cordero dijo que el Primer Mandatario admitió que hay una molestia en los sectores sociales y además explicó que cualquier ministro puede ser removido del cargo, por tanto, la posibilidad de cambios es bastante previsible.
“Ojalá que en esta crisis de gabinete se muestre una especie de apertura al área técnica, pero también hacia otros sectores de la ciudadanía como empresarios y profesionales de distintas áreas que vayan a enriquecer el gabinete presidencial, para tener un gobierno de horizonte mayor que permita un diálogo con distintos sectores de la sociedad, Iglesia, medios de comunicación, empresarios, porque en la medida que tengamos un buen gabinete, la ciudadanía retomará confianza”, declaró.
ABROGACIÓN DE DECRETO DE GASOLINAS REAFIRMA QUE EVO MORALES GOBIERNA OBEDECIENDO AL PUEBLO Y NO SIGNIFICA UNA DERROTA: ALVARO GARCÍA LINERAEl vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, destacó el lunes en una entrevista a la cadena estadounidense de televisión, CNN, que la decisión de anular el decreto que a fines de diciembre dispuso el alza de los precios de las gasolinas de importación no representa una derrota política y sí, por el contrario, la reafirmación de la esencia de la administración de Evo Morales de "gobernar obedeciendo al pueblo".La decisión de Morales, el viernes último, de abrogar el decreto, "no es una derrota" política, destacó el mandatario boliviano durante una entrevista de 15 minutos difundida al vivo por CNN, en la que planteó que se trata, en cambio, de "una nueva reafirmación de un gobierno que toma decisiones visitando sindicatos, visitando barrios, visitando asambleas".
Relievó que Morales, "como ningún otro Presidente lo hizo en la historia de Bolivia", abrogó el decreto de mención "obedeciendo al pueblo", ante una consulta de la periodista Patricia Jianot.
García Linera se dijo orgulloso de la medida adoptada después que Morales efectuará durante tres días, entre miércoles y viernes, una serie de consultas con diversos sectores de la sociedad civil boliviana.
"Nos sentimos muy orgullosos de que esas asambleas nos enseñen, nos orienten, nos conduzcan. Hemos aprendido siempre a mandar obedeciendo lo que nos dice el pueblo boliviano", recalcó.
Luego de una serie de protestas contra la principal consecuencia de su medida, el alza exacerbada de los precios de la canasta básica, Morales retiró el viernes por la noche decreto 748 que ordenó, 5 días antes, una suba de entre 70 y 83% al precio de la gasolina y el diesel de importación, con el objetivo de equipararlo con el vigente en el mercado regional y levantar, asimismo, una subvención estatal de 380 millones de dólares a los combustibles.
García Linera definió la política de Morales, tanto la de levantar la subvención a los carburantes de importación, como su revocatoria, como "una decisión patriótica".
"Nosotros siempre hemos tomado decisiones en consulta con los trabajadores. Somos un gobierno de movimientos sociales, siempre estamos precautelando el interés general de todos los trabajadores de Bolivia. Esta vez se vuelve a confirmar que somos un gobierno que toma decisiones obedeciendo. Lo hicimos a principios de gestión, lo hemos hecho ahora, lo haremos siempre", subrayó.
Análisis
UNA MEDIDA NECESARIA
Los Andes de Perú (www.losandes.com.pe)
Hace unos quince años atrás, cuando Bolivia, era gobernada por una mega coalición de partidos políticos a la cabeza del extinto presidente Hugo Banzer Suarez, el contrabando de gasolina, petróleo y gas hacia los países vecinos de Chile, Brasil, Perú, Paraguay y Argentina, ya estaba “institucionalizado”, y este mal ha continuado hasta la fecha sin que ninguna medida ponga freno.
Desde el inicio de la gestión de Evo Morales, se han implementado una serie de mecanismos de control, inclusive con la participación de la fuerzas armadas, sin embargo estas medidas no surtieron sus efectos, porque el contrabando aliado con la corrupción, fuertemente enraizados en la Aduana Nacional, Policía Nacional y hasta en el Ejército, coludidos con los tradicionales políticos corruptos, bloquearon y bloquean cualquier intento de control.
La subvención de los precios del diesel y gasolina viene desde muchos años atrás, como consecuencia de favores políticos que los gobiernos de Hugo Banzer, Jorge Tuto Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada, concedieron a sus aliados, es decir a las grandes haciendas ganaderas y empresas agroindustriales, que utilizan básicamente el Diesel, quienes disfrutaron y aún disfrutan de los beneficios de la subvención. No hay que olvidarse que estos ganaderos e industriales ocuparon cargos de ministros, vice ministros y otros puestos de alto rango en los gobiernos antes citados y propiciaron normas legales para establecer estas subvenciones, con el evidente propósito de obtener beneficio propio.
Tampoco hay que olvidarse que senadores, diputados y otros políticos de los gobiernos antes mencionados, se beneficiaron de la subvención, porque muchos de estos funcionarios han instalado grifos en diferentes localidades fronterizas, a donde se destinan grandes cantidades de Diesel y Gasolina, en un promedio de cien mil a ciento cincuenta mil litros mensuales por cada grifo, cuando en dichas localidades apenas circulan veinte o treinta vehículos que consumen un promedio de mil litros al mes. Obviamente la abismal diferencia es destinada al CONTRABANO.
En este escenario ningún gobierno, antes de Evo Morales se atrevió a tocar este tema de la subvención a los combustibles, porque afectaba directamente a sus intereses particulares, aunque en algunas ocasiones efectuaron unos ajustes pequeños que no incidieron en la enorme diferencia, de los precios de estos carburantes, en los países vecinos.
Por otra parte, es pertinente destacar que en las principales ciudades de Bolivia, como Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz y El Alto, el 90% de los vehículos de transporte público urbano, funcionan con Gas Natural, por lo tanto la nivelación dispuesta por el gobierno, no debería haber afectado traumáticamente; sin embargo la oposición política, los malos comerciantes y algunos sectores sociales aprovecharon esta situación para desestabilizar al gobierno y propiciaron subas desproporcionadas de pasajes y artículos de primera necesidad, obligando al gobierno a la derogación del decreto que disponía la nivelación de los precios de combustibles.
Debemos recordar que en el Perú, antes de la implementación de la subvención de los combustibles en Bolivia, existían grifos hasta en Desaguadero, donde se vendían combustibles de procedencia nacional, sin embargo desde que Bolivia opta por subvencionar estos carburantes, la mayoría de los grifos ubicados en la frontera, se abastecen desde Bolivia vía contrabando, en desmedro de la economía nacional. Igual situación sucede con los demás países limítrofes, ocasionado la tergiversación de sus economías y afectando la recaudación de sus impuestos.
Esta actividad de contrabando de combustibles de Bolivia hacia Perú, no solo tergiversa la economía, sino que afecta los ingresos al erario nacional, porque una buena parte de los impuestos que se deben recaudar por la venta de los combustibles en las zonas de frontera, no es posible percibirlos, precisamente por este acto ilícito del contrabando.
Este negocio ilícito de contrabando, es por demás lucrativa, pues, mientras que el galón del carburante boliviano cuesta S/. 5.80, el precio de mismo producto en el Perú es de S/. 12.08. Ahora bien, con la nivelación que se intentó en Bolivia el galón de gasolina o diesel boliviano hubiese costado S/. 10.02, por lo tanto ya no sería negocio dedicarse al contrabando, por lo menos en este rubro, lo cual habría redundado en beneficio de nuestro país, porque era probable que los grifos ubicados en las zonas fronterizas, vuelvan a comercializar productos nacionales, pagando sus impuestos y contribuyendo al desarrollo de nuestra Patria.
EDITORIAL
AMARGO DESPERTAR EN BOLIVIA
Tras la rescisión del decreto sobre los subsidios de los combustibles, le será muy difícil a Evo superar su déficit hacendario, pero el faltante que más habrá de agobiarle es de credibilidad
Los apuros que viven los bolivianos por la demagogia de Evo no son muy distintos de los que prevalecen en Venezuela, también en franca crisis económica
La Nación de Paraguay (www.nacion.com)
En la noche de Año Nuevo, el presidente Evo Morales, rodeado de sus más cercanos colaboradores, anunció la rescisión del reciente decreto que había eliminado los subsidios para los combustibles. Este paso atrás obedeció a la espiral de protestas por la medida que tuvo el efecto inmediato de incrementar los precios al público del diesel y la gasolina en el orden del 80 por ciento. La conmoción social resultante de este severo golpe a los bolsillos de los consumidores, perfilaba claramente el final del gobierno chavista de Bolivia y, sin más opciones para tranquilizar al país, el mandatario debió cancelar la explosiva medida.
La realidad insoslayable que Evo tenía a la vista era que la ola de disturbios sociales, manifestaciones populares y huelgas de trabajadores evocaban aquellas que en el pasado enviaron al exilio a varios presidentes. Hasta hace poco Evo Morales lucía inmune a tal suerte. Electo en el 2005 y reelegido en 2009 por una inédita mayoría, el cocalero ha contado con el apoyo del estrato indígena, preponderante (alrededor del 85 por ciento, incluyendo mestizos) en el mapa social boliviano.
Gracias a ese respaldo, Evo, como popularmente se le ha llamado a lo largo de su carrera pública, logró que se aprobara una nueva Constitución –de inspiración chavista—y pudo desarticular numerosos reclamos de diversos sectores que amenazaban desestabilizar su mandato, en especial las demandas de autonomía regional y las reivindicaciones planteadas por sindicatos mineros. Por cierto, como dirigente de los cultivadores de la coca, en el 2003 y 2005, Evo encabezó los movimientos que derrocaron a los presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa, respectivamente.
El áurea de invulnerabilidad, sin embargo, desapareció con la promulgación del controversial decreto sobre los combustibles. Evo, sospechosamente en Caracas, encargó a su vicepresidente, Enrique García Linares, firmar la orden. La agitación social no se hizo esperar y pronto se expandió por todo el país.
La violenta reacción popular reflejó el duro impacto de dichos aumentos en los bolsillos de los asalariados y de los pequeños empresarios como los transportistas y tenderos. También apuntó al resquebrajamiento del placentero universo de los subsidios, un sueño de opio estimulado por las promesas de Evo de repartir las riquezas de los hidrocarburos entre los más necesitados, en particular la masa indígena.
De manera significativa, estos estratos sociales fueron los primeros en lanzarse a las calles para protestar iracundos por esta traición a los principios chavistas endulzados por Evo. Sobre todo, la participación activa en las demostraciones de los pobladores del marginado vecindario del Alto, fue emblemático de la gravedad de la situación surgida. Al apretón de los combustibles se unió un coro de rumores que a su vez provocaron estampidas de manifestantes en pos de alimentos básicos. El cuadro se complicó con confesiones oficiales de crisis fiscal y hasta la declaración de la ministra de Educación sobre la insuficiencia de fondos para pagar aguinaldos a los maestros.
Como resultado de todos estos factores, el público se lanzó también a protestar por las presuntas causas de la crisis fiscal. En especial, se apuntó a los desmanes “faraónicos” del mandatario tales como su lujoso jet presidencial y el costoso satélite espacial comprado a China. En igual sentido han proliferado las denuncias sobre el crecimiento desbocado de la burocracia estatal, la multiplicación de nuevos ministerios, el desborde de la corrupción oficial y el ostentoso consumismo de un sinnúmero de funcionarios.
El horizonte desolador que se cernía sobre el país contrastaba con el idílico canto de sirenas chavista. Los apuros que viven los bolivianos no son muy distintos de los que prevalecen en Venezuela, también en franca crisis económica. Precisamente, Hugo Chávez se convirtió en el personaje más vilipendiado por las masas de bolivianos que inundaron con sus protestas las calles de las principales ciudades.
De este trasfondo ha emergido la historia de los problemas financieros de La Paz con Caracas. Resulta que la política oficial de hidrocarburos, un conjunto de medidas contra las empresas extranjeras, ha tenido el poco saludable efecto de estancar la producción nacional. De esta forma, un alto porcentaje (más del 55 por ciento) del diesel que se consume en Bolivia es importado de Venezuela con un costo anual de $300 millones, hasta ahora satisfecho con créditos de Chávez. Sin embargo, ya hay un monto en descubierto en exceso de $600 millones que el hermano Hugo exige se le cancele pronto para permitirle pagar sus planillas. El cálculo de firmas consultoras privadas es que el costo anual de los subsidios a los combustibles asciende a alrededor de $400 millones, monto que se esperaba obtener del fallido corte de dichos subsidios.
Es fácil comprender el amargo desengaño de tantos hogares bolivianos. Sus dimensiones fueron subestimadas por Evo quien se vio obligado a retornar a Bolivia de prisa. Su operación de salvamento incluyó reuniones con la dirigencia de organizaciones de su base electoral y un discurso a la nación en el que hizo una serie de ofrecimientos de elevación de salarios mínimos y doble aguinaldo para diciembre del 2011. Analistas del sector privado puntualizaron que todas estas ofertas se quedaron muy cortas del impacto del “gasolinazo/dieselazo” que se le recetó al país.
Pero de nada sirvió el intento del gobierno por aplacar los ánimos. Desde luego, le será muy difícil a Evo superar su déficit hacendario, pero el faltante que más habrá de agobiarle es de credibilidad.
¿QUÉ DAÑO LE HIZO "EL GASOLINAZO" A EVO MORALES?
BBC Mundo de Londres (www.bbc.co.uk/mundo)
El gobierno de Bolivia eludió una serie de protestas que amenazaban con paralizar el país este lunes al dar marcha atrás con el aumento de los combustibles, un anuncio que había generado revueltas y paros en varias ciudades.
Según el presidente Evo Morales, la decisión de anular el decreto que había eliminado la mayoría de los subsidios al combustible y que había producido alzas del 82% en el precio del diésel y del 72% en el de la gasolina, fue consecuencia de haber "escuchado" a la ciudadanía.
"Prometí gobernar obedeciendo al pueblo", se justificó el jefe de Estado.
Pero a pesar de que Morales logró con su retroceso evitar que se profundizaran los incidentes, que ya habían dejado un saldo de al menos 15 heridos, algunos creen que el mandatario tendrá que afrontar un cierto costo político por su decisión.
Para el analista internacional Jorge Castro, director del Instituto de Planeamiento Estratégico, la reculada mostró "cuán extremadamente frágiles son las bases del poder" del presidente boliviano.
"La vuelta atrás de Morales mostró que el verdadero poder está en manos de los grupos que lo sustentan", dijo el experto a BBC Mundo.
"No fue un error"
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, -quien el pasado 26 de diciembre había sido el encargado de dar a conocer el impopular aumento- sostuvo en declaraciones este fin de semana que el gobierno insistirá en abolir las subvenciones a los hidrocarburos, que le cuestan al Estado unos US$380 millones anuales.
Al anunciar su marcha atrás el pasado viernes, Morales había asegurado que quitar los subsidios "no es un error" aunque sí lo consideró "inoportuno".
Los gobernantes afirmaron que buscarán crear consenso social para implementar la medida.
"Los movimientos sociales que nos digan cómo hacemos para que no se vaya esta sangría de dinero, con ellos vamos a tomar la futura decisión", aseguró García Linera en una entrevista en la radio estatal Patria Nueva.
Para Mario Galindo Soza, analista del Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem) el gobierno tendrá que renegociar su relación con algunos grupos que salieron "muy fortalecidos" de esta crisis.
En particular, con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de la ciudad de El Alto –antiguo bastión de Morales- que se alzó como una de las voces más fuertes en contra del aumento.
Por su parte, los opositores tradicionales del mandatario, como el Comité Cívico pro Santa Cruz, también buscaron sacar rédito político de la situación y acusaron al gobierno de querer implementar medidas "neoliberales" y de haber mentido sobre la "bonanza económica" del país.
Baja de popularidad
Galindo Soza dijo a BBC Mundo que los últimos sondeos en Bolivia muestran un descenso en la popularidad de Morales, como consecuencia del "gasolinazo".
"Las primeras encuestas muestran una caída de 5 puntos respecto al 60% de aprobación que tenía en noviembre pasado", señaló.
Para el experto, las idas y vueltas del gobierno respecto al aumento de los combustibles abrieron cuestionamientos sobre el poder de Morales que podrían repercutir aún más en los sondeos.
Sin embargo, el analista descartó que esta crisis genere un daño a largo plazo.
"El gobierno tiene el espacio político y el espacio temporal para recuperarse", aseguró.
En ese sentido, Galindo Soza destacó que Morales -quien comenzó el primer año de su segundo mandato- no deberá enfrentarse a desafíos electorales que puedan poner en riesgo su liderazgo hasta los comicios presidenciales de 2014.
Así, el líder –que controla ambas cámaras del Congreso- tendría tiempo para buscar el "consenso" necesario para mantener su hegemonía.
En tanto, el mandatario convocó para el viernes una reunión de gabinete ampliado para evaluar la gestión del gobierno, algo que muchos leyeron como una respuesta a las fuertes presiones para que algunos funcionarios dimitan como consecuencia de la crisis.
Opinión
LO IMPREVISTO Y LO RAZONABLE
El Sol de Margarita, Venezuela (www.elsoldemargarita.com.ve)
Una noticia proveniente de la hermana república de Bolivia es importante y no puede ser silenciada o desestimada. No se trata de un aprovechamiento oportunista, como podría aventurarse a pensar algún torcido lector, sino de tomar lección para que sirva de ejemplo por la inteligente conducción de un acontecimiento que hubiera podido tomar derroteros peligrosos para la democracia en Latinoamérica, porque el problema no es exclusivo de Bolivia sino que se puede repetir en cualquiera de las otras naciones latinoamericanas.
Me refiero a lo que ha estado ocurriendo con la cuestión del aumento de los precios del combustible, que nos recuerda los sucesos de febrero de 1989 que condujeron al “Caracazo”. No es que estén relacionados ni es nuestra intención establecer comparaciones sin sentido, pero es indudable que su significación no permite el engavetamiento o que pase por debajo de la mesa, como si no hubiera sucedido nada, porque al menos por tratarse de uno de los gobiernos que comparten los lineamientos ideológicos trazados por el comandante en la Alba, de alguna manera nos mueve un poco el piso.
Aunque en varias ciudades hubo manifestaciones de extremada violencia (por cierto, una de las ciudades apoya plenamente al primer mandatario boliviano) la respuesta represiva de los cuerpos de seguridad fue bastante contenida, y la sangre no llegó al río; no obstante, en muchos ambientes no parecía exagerado presagiar males mayores.
Afortunadamente, factores del gobierno pensaron con la cabeza fría. Hasta es posible que se realizaran conversaciones telefónicas internacionales que ayudaran a reconsiderar la disposición de aumentar los combustibles, y se produce la decisión del presidente Morales de dar marcha atrás, que no obstante pudiera interpretarse como una derrota política, debemos verla más bien como una lección sabia y correcta, pues tal como se desarrollaban los acontecimientos, la airada respuesta popular pudiera haber propiciado un final trágico con un costo político muy elevado para el gobierno.
Hoy lunes en la madrugada -los acontecimientos en pleno desarrollo, como decía el comentarista famoso- los bolivianos dan otra lección de buen manejo de una situación por demás conflictiva y delicada: en vez del compañerito Morales, que en cierta forma “metió la pata”, aparece en escena el calmado vicepresidente para proponer, de manera racional y razonable, que es necesario un diálogo con todos los sectores involucrados porque no es posible mantener los precios de los combustibles a tan bajos niveles.
Es obligación ineludible del gobierno convencer a la población de la necesidad de encontrar salidas a la inaplazable alza de los precios del diesel y la gasolina, que no se pueden seguir subsidiando a costa del golpeado erario nacional.
Sin miedos ni complejos, el gobierno boliviano ha enfrentado el conflicto, y admitido su responsabilidad en el mal manejo de una cuestión en la que es conveniente escuchar “la voz del pueblo”, para decirlo bien claro, y no aplicar el criterio de “la autoridad que manda a callar y obedecer a todo el mundo”, como se ha venido haciendo en nuestro país desde cuando asumió el mando la revolución socialista-marxista-camino del comunismo.
El presidente Morales dio “un golpe de timón” que parece fácil, porque se dice en pocos segundos, pero que en verdad no lo es. Se requiere una buena dosis de humildad y entereza para reconocer el error y corregir; pero a veces las alturas del poder enceguecen y perturban el entendimiento.
En situaciones como la que se vive en Bolivia, no es atributo de cualquier personalidad, porque decisiones de ese tipo solamente las pueden tomar personas reflexivas y autocríticas, con mucha humildad para reconocer los errores y recapacitar.
Los golpes enseñan, pero es necesario que simultáneamente haya disposición para aprender porque, de lo contrario, no hay nada que hacer si no seguir por el despeñadero. Lo malo es que por ese camino nos arrastran a todos. Y eso es lo que ha venido sucediendo en esta Tierra de Gracia.
Por eso decimos que podemos continuar en la misma nave, pero en el 2012 debemos buscar otro conductor.
EVO TENÍA UN MAL CÁLCULO POLÍTICO QUE RECTIFICÓ, Y ACERTÓ
El presidente boliviano vio cómo se rebelaban sus bases sociales, afectadas por el alza del precio de combustibles y su impacto inflacionario. Pero final y felizmente, Evo Morales dio un paso atrás en esa política.
La Arena de Argentina (www.laarena.com.ar)
Desde que en enero de 2006 empezó su primer mandato, Evo Morales venía ganando todas las elecciones nacionales. Por eso quisieron darle un golpe de Estado los terratenientes, sojeros y exportadores de Santa Cruz, Pando y Beni. El pico de esos planes desestabilizadores se produjo en septiembre de 2008, cuando los presidentes de Unasur debieron reunirse de urgencia en Chile para respaldarlo.
Desde entonces esa derecha separatista empezó a retroceder. Algunos de sus líderes, como el santacruceño Branco Marincovich, se exiliaron en Estados Unidos. Y otros, como el ex prefecto de Beni, Leopoldo Fernández, están presos luego de la masacre contra seguidores del presidente.
La última victoria electoral de Evo, inaugurando el cargo según la Constitución Política del Estado plurinacional, fue en 2009 con el 63 por ciento de los votos. Sus medidas y planes de gobierno contactaron con las necesidades básicas irresueltas de buena parte de los bolivianos, sin que esto suponga todo es jauja.La pobreza muestra porcentajes que hablan por sí solos de los logros y de todo lo que resta para resolverla. El ministro de Economía, Luis Arce, basándose en estudios de la Cepal, indicó la semana pasada que la pobreza era en el 2000 del 51 por ciento y en 2009 había descendido al 35. En esto influyeron el bono "Juana Azurduy" (materno-infantil), el bono "Juancito Pinto" (para los escolares) y la "Renta Dignidad" (adultos mayores). El consumo de agua y energía eléctrica también subieron en 2010, en una mejor calidad de vida.
La imagen del aymará presidente creció también a nivel internacional, con sus intervenciones en las Naciones Unidas y en las Cumbres Climáticas de Copenhague, Cochabamba y Cancún.
Incluso en asuntos donde había entrado en choque frontal con Estados Unidos, caso de la lucha contra el narcotráfico, los resultados fueron óptimos. Evo expulsó a la DEA de su territorio y junto con ésta al embajador "gringo", por lo que George Bush sancionó al país quitándole algunos beneficios comerciales y financieros. Y resulta que el país sudamericano cerró 2010 con un nuevo récord de captura de droga: 29 toneladas de cocaína. Así lo informaron ayer el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Gonzalo Quezada.
"Se le escapó la tortuga".
Quizás un poco mareado por tantos éxitos, a Evo "se le escapó la tortuga", para decirlo en términos maradonianos, al adoptar una medida políticamente equivocada. Por medio de su vicepresidente Alvaro García Linera, informó a la población el pasado 26 de diciembre que cesaban los subsidios estatales a los combustibles y que el precio de éstos subía hasta un 83 por ciento.
La fundamentación de la novedad fue financiera, pero con un sentido político supuestamente popular: el fisco gastaba al año casi 400 millones de dólares en subsidiar combustibles comprados en el exterior, que se vendían en el mercado interno a precios inferiores. Y para colmo, comentó el vicepresidente, una parte de ese diésel y esas naftas se contrabandeaban a países limítrofes, lo que suponía un robo al Estado. Hasta allí una explicación económica. El oficialismo del MAS prometía que de los millones de dólares ahorrados, 100 millones irían a los departamentos y sus centenares de municipios, con más obras de riego y luz eléctrica. Otros 20 millones engrosarían el presupuesto de las universidades públicas.
Tales planes a futuro no fueron considerados como positivos por la población que desde el mismo día del infeliz anuncio debió pagar a los transportistas el doble por cada viaje. En forma instantánea, los negocios pasaron a cobrar por el azúcar y el arroz un precio superior cercano al 100 por ciento. Empezó el desabastecimiento y ocultamiento de la mercadería. Etc.
Los principales perjudicados por ese brutal cambio de las reglas de juego fueron los trabajadores y los sectores más vulnerables de la población. Se trata de quienes más esperanzas pusieron en el gobierno de Morales, quien les había prometido que mandaría "obedeciendo al pueblo", una frase tomada prestada del zapatista subcomandante Marcos.
Y resulta que el presidente mandaba al vice a informar de ese paquete por medio del decreto 748, sin una ley consensuada o al menos discutida en el parlamento.
Como era de esperar, desde el 26 de diciembre hasta el 31 hubo muchísimas protestas en casi todos los departamentos. El Alto, vecino a La Paz, baluarte del MAS, vio partir en manifestación a miles de indignadas personas que reclamaban la anulación del "gasolinazo", como se bautizó lo sucedido.
Solamente la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) decidió apoyar al gobierno. La Confederación Obrera Boliviana y la mayoría de las organizaciones sociales y populares reclamaron la anulación de la medida.
En dos conferencias de prensa el mandatario intentó mantener el decreto, mejorando un 20 por ciento el salario mínimo, aumentando en ese porcentaje los salarios de maestros, empleados públicos y policías, y subiendo 50 por ciento el bono "Juancito Pinto". Fue en vano. La macana ya estaba hecha.
La derecha festejaba.
Sobre el filo del inicio del nuevo año, el presidente informó que había resuelto anular el 748, aún creyendo en las bondades de la política económica que el mismo resumía como ahorro fiscal e inversión en objetivos sociales. Evo dijo haber escuchado la voz del pueblo y pidió que tras la citada anulación todos los precios volvieran al estado anterior.
Su ministro de Gobierno, lamiéndose las heridas, remarcó el rol violento jugado por la oposición en las protestas, caso del Movimiento Sin Miedo del ex alcalde de La Paz, Juan del Granado.
El vicepresidente, por su parte, apuntó los cañones contra el ex candidato presidencial de Unidad Nacional, de derecha, el empresario cementero Samuel Doria. En un programa de TV éste dijo que era inminente que el peso boliviano se revalorizara frente al dólar, lo que motivó que depósitos por 200 millones de dólares fueran retirados al día siguiente de los bancos. García Linera lo acusó de hacer "terrorismo financiero".Era obvio que la derecha boliviana, asociada históricamente a los golpes de Estado, la dependencia y la entrega del país, iba a aprovechar este mal paso del gobierno progresista del MAS. Los gurúes financieros de La Paz afirmaron que la reciente crisis demostraba el fracaso de la nacionalización de hidrocarburos de Evo.Esta última es una mentira monumental. No puede ser mal negocio para el Estado que -en vez de quedarse con el 18 por ciento de esa renta, con el 82 para los privados, como era antes-, sea suyo el 82 por ciento y el 18 para los otros.
Al fisco le ingresan 1.600 millones de dólares anuales por aquel concepto. Y no quería gastar 400 millones en subsidios, objetivo que tiene su lógica, pero que lamentablemente el gobierno no discutió donde debía hacerlo y sobre todo no ganó a la población para que lo hiciera suyo.
La derecha neoliberal está desbocada también en Buenos Aires, donde Carlos Pagni escribió ayer en "Gaceta Ganadera": "no es un dato aleatorio que los representantes de la paleoizquierda hayan llegado al poder cuando sus países -Venezuela, Argentina, Bolivia- eran agitados por crisis sociales. Chávez, Morales, los Kirchner han gobernado con un sentimiento de pánico. En Caracas, en La Paz, en Buenos Aires, comienza a advertirse que la sonrisa permanente esconde un truco; comienza a romperse el hechizo de la fantasía demagógica".
Ese columnista emplea el término "paleoizquierda" para referirse a Chávez, Evo y Cristina. Debe ser una pequeña revancha contra Horacio Verbitsky, que la utiliza para denostar a un sector de la izquierda argentina.Pagni oculta que el decreto 748 se complementaba con aumentos salariales y subsidios a parte de los afectados. Tampoco reconoce los avances sociales desde 2006 a la fecha. Ni repara en que esta vez no hubo decenas de muertos como con gobiernos anteriores. Y sobre todo, omite que Morales escuchó los reclamos y dio marcha atrás, lo que supone grandeza luego de un error. Así proceden los "bolivarianos" que tan mal le caen a la "tribuna de doctrina" oligárquica que hoy, 4 de enero, cumple 141 años y tiene columnistas como Pagni, acusado de "coimero" en un video pasado por Canal 7 en octubre de 2009.
Opinión
EL GASOLINAZO BOLIVIANO DERROTÓ A EVO
Revista Analítica (www.analitica.com)
Después de haber anunciado la subida del precio de la gasolina y combustibles asociados e iniciarse las inmediatas manifestaciones por transportistas y pueblo en general, que se dieron en la nación boliviana, ante las percibidas posibles consecuencias que se avecinaban, el gobierno no tuvo otra alternativa que la de derogar el decreto, con la excusa de que lo hacían por obediencia al pueblo.
El rechazo categórico al gasolinazo y el estallido violento de protestas generalizadas, tiene su posible explicación, en el hecho de que la medida no fue analizada ni consultada suficientemente, ni Bolivia está en condiciones políticas como para implantar tal decreto.
Por otra parte, es muy posible que esa haya sido la recomendación de Hugo Chávez, quién tiene un problema similar en Venezuela, razón por la que no se atreve a aumentar estos precios, los cuales honestamente están muy bajos, y detienen el crecimiento de otras áreas de posible desarrollo económico, como lo es el estancamiento de la industria del gas natural para uso vehicular, por no poder competir con el precio tan bajo de la gasolina.
Los países productores de petróleo de Latinoamérica, tienen el problema común de tener que mantener los precios internos de los combustibles muy por debajo de los del mercado mundial del mundo desarrollado, cuyos niveles de precios son más realistas y cónsonos con su valor de producción. Es como un círculo vicioso que se forma, debido al costo político que tendrían que pagar los gobiernos, por proponer incrementos en los precios de venta de los combustibles.
El ciudadano promedio de nuestros países latinoamericanos, piensa, que como producimos petróleo, el precio de los combustibles debe ser altamente subsidiado, sin analizar las consecuencias económicas colaterales por estos alarmantes subsidios en nuestros países.
Como los precios del transporte, también tienen un alto subsidio, y son controlados por los respectivos gobiernos, por ser este renglón de la vida cotidiana de consumo público masivo; entonces, los transportistas, son los primeros en oponerse, utilizando la excusa de que ellos también subirán los costos del transporte, y por lo general lo hacen a niveles especulativos, aprovechando el momento coyuntural.
A los transportistas, se les suman los comerciantes, que tendrían que pagar mayores precios de transporte, razón por la que ellos también suben los precios de sus mercancías, desencadenando una espiral inflacionaria de difícil impedimento, que puede acabar con cualquier gobierno, por más estable políticamente que este sea, la cual no es la situación de Bolivia, y mucho menos de Venezuela.
La moraleja de esta situación, es la de que existe conciencia entre los mandatarios del muy bajo costo de los combustibles, razón por la que además, se estimula el contrabando hacia países donde el costo del combustible es ligeramente superior; pero lamentablemente, al menos que estos incrementos se hagan a la fuerza, es algo así como imposible imponerlos, sobre todo, si la situación de crecimiento económico (PIB) de estos países está por debajo de lo razonable.
Opinión
BOLIVIA: PERDER LA CONFIANZA
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
En política, como en cualquier otra relación, las cosas funcionan –entre otros factores– por un principio básico de confianza y eso es precisamente lo que el gobierno viene perdiendo a paso acelerado. La confianza depositada por el pueblo boliviano en el gobierno de Evo Morales, a través de los sucesivos eventos electorales de los últimos años, viene siendo socavada por acción del propio gobierno, y lo que éste no debe perder de vista es que él mismo también es resultado –entre otros factores, reitero– de un largo proceso de pérdida de confianza en el sistema de partidos que tomaron a su cargo la responsabilidad del estado desde 1982.
Para no ir demasiado lejos en la historia, hay que recordar que Bolivia recuperó la democracia en ese año después de casi dos décadas de dictaduras militares que se sucedieron en el poder desde 1964, con breves interrupciones democratizantes. Por entonces –me refiero a fines de los años setenta y principios de los ochenta– el pueblo boliviano ansiaba democracia, con sus múltiples diferencias todas las fuerzas sociales percibían que ya era hora de que los militares se retiraran a los cuartales para dar paso a un proceso donde se implantara un estado de derecho fundado en la democracia. Ello costó al pueblo mucha sangre, no fue decisión de los militares retirarse a los cuarteles, fue el resultado de la lucha del pueblo boliviano al lado de la generación de condiciones internacionales que contribuyeron a un paulatino proceso de democratización en Latinoamérica.
Esas dictaduras dejaron al país en bancarrota, como efecto de la misma los inicios del proceso democrático no fueron fáciles, muy por el contrario, significó una escalada inflacionaria que terminó desestabilizando el gobierno de Siles Zuazo quien tuvo que adelantar en un año la convocatoria a elecciones nacionales. Contra toda previsión, el resultado de esas elecciones favoreció a la derecha, y Paz Estenssoro tuvo la “audacia” de deshacer con el codo lo que hizo con la mano en los años de la revolución de 1952. La desestatización de la economía y la liberalización del mercado fueron aceptadas a regañadientes por el pueblo boliviano, atemorizado por esa horrenda inestabilidad que significó la hiperinflación, y comenzó el periodo “neoliberal”.
Las promesas que venían aparejadas a la “solución” a la hiperinflación fueron largamente esperadas por el pueblo boliviano que, en quince años de aplicación del modelo, no vio superadas las graves deficiencias que lo aquejan. Se abrieron las brechas de la desigualdad, las cifras de la reducción de la pobreza mostraban avances de a milímetro, el mayor acceso a la educación no significó mejores oportunidades para nadie, se instaló el principio del “sálvese quien pueda” y, pese a todos los discursos y acciones de esos gobiernos, ninguno podría negar hoy –hablando con honestidad, que es mucho pedirles– que el modelo no se “sostuvo” sobre el colchón del narcotráfico y el contrabando.
Para el año 2000 el pueblo vino saliendo lentamente de su letargo, ya no temía la hiperinflación y comenzó a reclamar el cumplimiento de promesas largamente postergadas, se inició el oleaje de movimientos sociales que terminaron defenestrando a ese sistema político en el que había perdido la confianza. ¿Qué otra cosa, si no, significó la reacción de la población al anuncio de la exportación del gas por Chile? A mi juicio, ninguna cosa que propusiera cualquiera de los partidos en posición de gobierno en ese periodo, fueran solos o a través de coaliciones espurias, merecía ya la confianza popular. Y es que fueron tantos años de engaños, de mentiras, de pudrición de la política, que ya no cabía un ápice de confianza en la acertividad de sus decisiones, en que ésas estuviesen orientadas a procurar el bien común, sino todo lo contrario.
El campanazo de febrero de 2003 no fue escuchado por el gobierno de entonces, creyeron que realizando pequeños cambios en la estructura del gobierno, poniendo un parche aquí y otro más allá sostendrían el “modelo”, y con él se perpetuarían ellos mismos en el poder. Y así les fue, no la vieron venir porque estaban convencidos de que eran imprescindibles; pero llegó octubre y se les fue todo encima, Goni y sus íntimos tuvieron que salir del país en estampida.
Sin embargo, aún quedaba un resquicio de confianza, Meza asumió las riendas del gobierno teniendo por detrás una altísima aceptación popular; pero, se portó timorato, no se puso a la altura de los acontecimientos ni de la historia. Quiso salvar las formas de la democracia sin percatarse de que a esas alturas habían perdido contenido, quiso gobernar manteniendo el sistema político, manteniendo un Congreso que representaba lo más abyecto de la “democracia pactada”. No tuvo el valor suficiente para cerrar ese Congreso y convocar a la Asamblea Constituyente, que era la primera y más importante demanda de la “agenda de octubre”. Prefirió “marear la perdiz” con el “referendo del gas” y la subsecuente modificación de la Ley de Hidrocarburos y se le acabó el tiempo, porque ese Congreso que mantuvo y defendió contra toda lógica política se ocupó tenazmente de hacerle un gobierno imposible. Y ¿cómo no lo iban a hacer si lo consideraban un traidor a Goni?
Mientras tanto, se fue gestando “la alternativa”. El MAS, que en 1997 apenas llegó al parlamento con cuatro diputados, para 2002 ya contaba con una bancada de veintisiete diputados/as y cuatro senadores, ubicándose en el segundo lugar de la preferencia electoral. De ahí en adelante, para arriba, ¿qué partido alcanzó antes del MAS el 52% (2005) o el 63% (2009) del voto en elecciones nacionales? Con semejante capital de confianza, el MAS estaba en posición de hacer lo que mejor debía: poner en marcha un programa de gobierno capaz de revertir el rezago de décadas de atraso, desigualdad, pobreza, miseria, exclusión, racismo, machismo. Por supuesto que nadie esperaba que lo hiciera “de la noche a la mañana”, se sabía que ello llevaría lustros e incluso décadas en concretarse.
La primera gestión estuvo marcada por la política, el viejo régimen se negaba a espirar, utilizó todos los mecanismos a su alcance para desestabilizar al gobierno y sólo logró fortalecerlo, mientras cavaba su propia sepultura. También estuvo marcado por la construcción de un discurso orientado a dar contenido a algo que hasta 2005 apenas eran consignas, discurso que quedó plasmado en la Constitución Política del Estado. Constitución que pocos conocen y menos entienden, plagada como está de múltiples contradicciones, conciliaciones y adjetivos, donde serpentea el sueño de un país pluri-multi sin exclusiones denominado “Estado Plurinacional” y que tiene como fundamento el reconocimiento de la pre-existencia de 36 pueblos y naciones “indígenas-originarios-campesinos” que constituyen su sustento y su razón de ser y existir.
Pero a la hora de la verdad, cuando se inició el segundo periodo de gobierno, el proyecto comenzó a “hacer aguas” por todas partes. El año 2010 estuvo marcado por la elaboración de leyes destinadas a dar contenido y realidad al Estado Plurinacional, tarea necesaria, por cierto. Leyes “estructurales” denominaron a algunas y “coyunturales” a otras; pero, el mayor error del legislativo fue elaborarlas a puerta cerrada o, al menos, solamente abiertas para aquellos sectores y actores que el gobierno considera “su base”. Por su parte, el ejecutivo, en lugar de concentrarse en la gestión gubernamental, aprovechando de una coyuntura económica de extraordinaria bonanza, continuó adelante con su proyecto político hegemónico, como si no creyese en su propia constatación de que había “derrocado a la oposición”, se empeña en encontrar el “pelo en la leche” de cualquier gestión que no sea la suya propia, aunque para ganar crédito en este propósito hubiese tenido que “sacrificar” a los más avezados pillos del propio gobierno.
Si en este primer periodo cualquier crítica constructiva a la gestión gubernamental era auto-censurada a fin de no entrar en la “bolsa” de esa oposición obtusa, en este segundo periodo el paulatino alejamiento de las dirigencias de las organizaciones sociales, cada vez menos expresión de sus sectores, cada vez más “afines” –lo pongo entre comillas porque tengo la sensación de que esa afinidad es más prebendal que ideológica– al gobierno, amainó cualquier alternativa de cuestionamiento al gobierno y éste se creó la ilusión de que no existía, de que no existe crítica a su acción, que lo están haciendo “muy bien”. Quizás a ello se deba ese empeño enfermizo por descalificar cualquier expresión de visión, ya no contraria sino distinta de la suya propia.
Y la “cereza en la torta” la pusieron el 26 de diciembre con el sorpresivo anuncio del alza de los carburantes líquidos en un promedio del 74,5%. No se requiere ser economista para saber que esta decisión afecta directamente al bolsillo de la gente y lo afecta en escalada porque cualquier producto de la canasta familiar se transporta y quienes comercializan los productos aplican ese porcentaje de incremento al precio de cualquier producto, aunque ello sea absolutamente irracional.
La gente aguanta todo, la gente puede sentirse “enamorada del proceso”, identificada con la imagen y figura de Evo, esperanzada en un “cambio” –aunque no sepa con certeza para dónde va ese cambio–, la gente puede creer en cualquier discurso que provenga de alguien en quien deposita su confianza; pero, cuando le tocan el bolsillo, cuando le afectan su precaria economía, como lo es la de la mayoría de los bolivianos, se acaba el enamoramiento. La gente necesita llenar la olla y si, para llenarla a duras penas, tiene que hacer cualquier sacrificio, lo hace; pero si ningún sacrificio ayuda a llenar la olla, se le acaba la paciencia, porque con discursos ideológicos no se sostiene la economía familiar.
Y eso es precisamente lo que está pasando en este momento, la gente está manifestando su rabia, su impotencia, se siente traicionada por un gobierno que le prometió “cambio” y que le aseguró que la cuidaría como el mejor “padre de familia”. Pueden desgañitarse explicando que la medida era “necesaria”, pero ya nadie les cree, porque esa “necesidad” no es la suya propia, la suya es mucho más simple, más cotidiana, más de corto plazo. Con esta medida el gobierno está rifando su principal capital: la confianza de la gente. Y cuando un gobierno pierde la confianza de la gente las cosas se le ponen muy difíciles porque, más allá de cualquier otra consideración, entre pueblo y gobierno prima una relación subjetiva que pocos tienen en cuenta.
Editorial
LA CRISIS SACUDE A BOLIVIA
El Nuevo Siglo (www.elnuevosiglo.com.co/editoriales)
Al hablar de Bolivia, particularmente de Potosí, vienen a la mente de manera automática los recuerdos de la fabulosa riqueza y esplendor que en tiempos coloniales tuvo esa ciudad, cuando contaba con cuantiosas reservas de oro y plata, entre las más grandes del mundo. Y durante la República la venta y exportación de minerales produjo multimillonarias fortunas, sin que, necesariamente, se beneficiara la masa de la población, carcomido el sistema hasta los tuétanos por la corrupción. Al decaer la explotación del oro y la plata, se puso de moda el estaño, que con poder monopólico manejó el magnate Antenor Patiño; la dependencia de ese metal llegó a ser tal que la oscilación de los precios en el mercado internacional marcaba la situación económica del país. En la actualidad Bolivia cuenta con la mina de plata más grande del mundo a cielo abierto, explotada por japoneses, que con frecuencia sufren huelgas y manifestaciones en contra de los trabajadores. En esos paros se calcula que se pierde un promedio de dos millones de dólares diarios, lo que por su frecuencia no parece preocupar a las autoridades oficiales. Las reservas de gas son importantes y cuenta con petróleo.
La fuente principal de ingresos del país son los recursos que genera la exportación de hidrocarburos, ya que cuenta con 48 trillones de pies cúbicos de gas y una producción de petróleo 16.194.089 de barriles anuales, que exportan por lo general a Brasil y Argentina. Brasil compra unos 20 millones de pies cúbicos diarios de gas. Hasta el 2006 esos recursos eran manejados por empresas extranjeras, hasta cuando el presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos, ahora administrados por la empresa estatal YPFB. Antes de proceder a expropiar multiplicó los precios y los impuestos a los hidrocarburos. Morales aumentó los impuestos aplicados a las multinacionales de 18% a 50% del valor de la producción de crudo. Así que la renta petrolera pasó de representar 4,5% del PIB en 2003 a 14,7% del PIB en 2006. Con parte de esos recursos, el Gobierno subvenciona dos bonos sociales con cargo al impuesto de Hidrocarburos: el “Juancito Pinto”, que contribuye con 20 euros para 1.800.000 estudiantes de primaria al 2008, con miras a combatir la deserción escolar. Y la “Renta Dignidad”, que cubre pensiones entre los mayores de 60 años. Esos recursos le permitieron a Bolivia mostrar índices importantes de crecimiento de la economía, cuando en realidad subieron los precios, temporalmente, ahora se rigen por el mercado internacional y han caído en 50% las exportaciones.
Los ricos propietarios de fundos agrícolas y ganaderos, en su mayoría opositores al régimen, poderosa fuente de empleo, dado que el petróleo y el gas se manejan con alta tecnología, suelen ser perseguidos y multados. Sin reglas claras ni seguridad jurídica la producción industrial decae, los sectores de la oposición y la prensa se quejan de la falta de garantías. En tanto, en las elecciones locales el Gobierno participa activamente y se vale del Tesoro Público para aceitar las campañas de sus candidatos. La crisis económico-política es de tal magnitud, que para conseguir fondos frescos el Gobierno produjo la semana pasada el Decreto 748, que elevó, sin ningún apoyo ni justificación técnica o política, el costo de los carburantes por las nubes. Los transportadores, los consumidores y los estudiantes se despabilaron de los efectos etílicos de las fiestas navideñas y salieron a las calles en airada protesta popular. La poderosa y espontánea reacción de los transportadores, como del público, inicialmente, en sus primeros amagos paralizó el país. Frente a la posibilidad de nuevas protestas, el presidente Morales resolvió anular la impopular decisión, sin dar mayores explicaciones sobre los estudios previos que lo llevaron a tomar medida tan imprudente y extrema, a todas luces un atentado oficial contra la paz social.
Para aminorar el impacto contra el bolsillo de los bolivianos y el mismo desarrollo, el Gobierno resuelve que sean los sindicatos, controlados por las centrales obreras oficiales, quienes decidan cuál debe ser el precio de los combustibles para el consumidor local. Es de anotar que lo que busca el Gobierno es lavarse las manos y ajustar los precios locales al nivel internacional, sin percatarse que el ingreso per cápita de los bolivianos es muy bajo, lo que equivale a recetarle a un enfermo exangüe, que lo desangren más… Los expertos en hidrocarburos sostienen que las medidas económicas anunciadas y luego derogadas por el Ejecutivo develan el fracaso del modelo de nacionalización durante estos últimos cinco años.
NUEVO WIKI-DISPARATE DE EL PAÍS: EN BOLIVIA, LA EMBAJADA USA ES QUIEN DICE LA VERDAD
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Siguiendo con su estrategia de seleccionar con cuidado en los “Wikileaks” los elementos que corresponden a su linea editorial derechista y resolutamente pro-americana, el diario madrileño El País acaba de convertir el complot para asesinar al presidente Evo Morales, en una conspiración del propio gobierno boliviano. Y lo hace a partir del supuesto testimonio de un informante anónimo de la Embajada norteamericana en La Paz, citado en un reporte repleto de inexactitudes y omisiones.
Maite Rico, la analista encargada de esta tarea en la sucursal madrileña de la cadena Prisa, logró retorcer el contenido de unos tres informes de alta mediocridad, ni secretos sino “confidenciales”, de la embajada USA dirigido al correspondiente canal burocrático del Departamento de Estado, para llegar a la conclusión que “EE UU sospecha que el Gobierno de Bolivia simuló una trama terrorista” en este caso comprobado de intento de magnicidio.
El material del rotativo español que se pretende “global” surge justo cuando la Fiscalía boliviana acusó a 39 personas de haber mantenido nexos con mercenarios extranjeros que planeaban asesinar al presidente Evo Morales y balcanizar el país. La amplia investigación de la Fiscalía reveló los nexos políticos y militares del boliviano-croata-húngaro Eduardo Rózsa Flores, muertoen un tiroteo con la policía el 16 de abril de 2009 en un hotel de la ciudad boliviana de Santa Cruz.
“Una fuente cercana al caso”… y a la embajada USA
Usando un estilo de novela policiaca donde “un comando de élite de la policía boliviana irrumpe en el hotel Las Américas de Santa Cruz” y “veinte minutos más tarde, los cadáveres semidesnudos de tres hombres yacen tiroteados en sus habitaciones”, Rico calienta el lector antes de entregar el pedazo de información llegado a la embajada desde Santa Cruz, ciudad donde los propios diplomáticos hicieron todo para alentar una secesión que fracasó.
Según la redactora, una “fuente cercana al caso”, que llama luego “un testigo”. ofreció a la Embajada de EE UU “una versión muy diferente” a la de las autoridades bolivianas. Según el reporte de este “contacto”, sin dudas remunerado, los mercenarios implicados en el caso “fueron contratados en realidad por los servicios de inteligencia bolivianos para montar una falsa trama terrorista y justificar la persecución desatada después contra los dirigentes de Santa Cruz, bastión opositor al Gobierno”.
“Según este relato, recogido en un cable de mayo de 2009, los mismos servicios secretos liquidaron a Rósza, Magyarosi y Dwyer (sus cómplices) para borrar pistas y sembraron pruebas falsas. Los otros dos, Tadic y Toaso, salvaron su vida porque no estaban al corriente de la trama y porque las autoridades los utilizarían como testigos para apuntalar el montaje”.
En otras palabras, la policía boliviana contrató a los mercenarios para luego asesinarlos. Sigue otra “revelación” donde los dos mercenarios sobrevivientes son torturados.
Rico lo confiesa: “La embajada asegura que no tiene forma de comprobar la versión, pero añade que la fuente es un personaje bien situado y con una trayectoria solvente”.
Que una embajada extranjera disponga de una red de espías, informantes, corresponsales y otros colaboradores – tal como lo denunció en su momento el ex agente CIA Philip Agee – no sorprende en nada a la periodista de El País.
Un testigo que se la sabe toda salvo lo que ignora
Dejando de nuevo el contenido de los cables que supuestamente justifican el titulo que encabeza su creación literaria, Rico afirma que “el caso ha estado salpicado de irregularidades desde el principio”, y empieza a reunir de forma descabellada fragmentos de información que “pegan” con su tesis.
Regresa luego al “testigo” cuyas afirmaciones no se pueden averiguar. Según el misterioso personaje, que a lo mejor ni existe, “quien realmente contrató a Rózsa fue el coronel Jorge Santiesteban, entonces jefe de Inteligencia de la policía, y su segundo, el capitán Walter Andrade”.
“No se sabe cuál era el vínculo entre Rózsa y Santiesteban. Lo cierto, según el testigo, es que el coronel dirigió el asalto al hotel y asesinó a los tres hombres "para borrar huellas".
Todo en el texto de El País tiene como propósito atacar y desacreditar el trabajo de la Fiscalía.
“En toda buena conspiración que se precie, no podía faltar EE UU. La embajada se muestra preocupada desde el primer momento. Y sus temores se confirman a principios de este año, cuando el fiscal general anuncia que había encontrado unos correos electrónicos de Rósza que demostraban que tenía contacto con la CIA”, escribe Rico con evidente intencionalidad.
El propósito del texto de El País es evidente. Al utilizar afirmaciones de un ciudadano boliviano que informa una embajada extranjera hostil, acerca de temas que tocan la seguridad del estado – algo que corresponde a la definición del espionaje en cualquier parte del mundo – el periódico de la cadena Prisa vinculada a la extrema derecha española, intenta desaparecer decenas de informaciones reales, comprobadas, documentadas que han demostrado un complot criminal detrás del cual la CIA no puede ser ausente.
¿Belovai o Belovays? Al funcionario se le falla la memoria
Los informes de embajadas destinados a la burocracia del Departamento de Estado tienen un valor limitado, en particular los que no llevan altos niveles de seguridad, y no transitan por ahí los informes top secretos destinados a las más altas esferas de la Agencia Central de Inteligencia que comportan elementos de real peso.
La lectura del texto original en ingles de los cables “confidenciales” citados por El País revelan algo bien diferente de la imagen proyectada por la “analista” Rico.
El resumen del caso Rosza hecho por el autor del cable, sin dudas un subalterno del subalterno, es reducido a un nivel elemental, muy superficial y comporta errores tan groseros que el apellido del ex espía húngaro Istvan Belovai, nombrado en el caso, que se convierte (¿a proposito?) en “Belovays” sin nombre.
Se sabe desde meses que el agente de la CIA Istvan Belovai, asesoraba la conspiración de Eduardo Rosza. Lo reveló la computadora del paramilitar. La correspondencia electrónica entre Rozsa y Belovai, fue estudiada meticulosamente por el centro de investigación boliviano Datos & Análisis, de Cochabamba.
Lo que no puede ignorar El Paísn es que Belovai – un ex oficial húngaro de inteligencia - falleció el 6 de noviembre de 2009, en Denver, Estados Unidos, justo cuando se reveló en Bolivia la existencia de esta correspondencia.
Uno de los cables norteamericanos hace sin embargo una interesante revelación que no menciona El País al confirmar, con sorprendente ingenuidad, que el representante de la Human Rigths Foundation en Bolivia, Hugo Achá Melgar, era un informante de la embajada y que diplomáticos fueron a visitarlo en dos oportunidades en Santa Cruz después del intento de asesinato.
Según el cable, Achá se queja entonces de no poder viajar a la capital por miedo de ser arrestado, precisamente en relación con el complot. Resulta que Achá radica hoy en Estados Unidos donde recibe toda el apoyo de los servicios norteamericanos a pesar de haber sido denunciado en su país como uno de los principales financistas de la Guerra Terrorista que se quiso armar en Bolivia.
Achá Melgar estaba entonces en contacto constante con quién dirigía desde Nueva York las actividades de la fundación fachada de la CIA que representaba, el terrorista cubanoamericano Armando Valladares.
“La relación entre Hugo Achá Melgar y Valladares es directa, pues este abogado se jactaba públicamente de ello —era co-conductor de un programa de televisión muy visto en Santa Cruz, donde solía referirse a Valladares como su "dilecto amigo personal". De hecho a partir del nexo directo entre Achá Melgar y Valladares se produjo la llegada de “observadores internacionales” —agentes anti-castristas— a Santa cruz durante el referéndum de enero 2009 y por lo visto entre esos “observadores” estuvo también Belovai”, recuerda el antropologo e investigador boliviano Wilson García Mérida.
Valladares, el terrorista de origen cubano arrestado en La Habana con Carlos Alberto Montaner en diciembre de 1960 mientras dirigían atentados en las tiendas y cines de la capital, por cuenta de la CIA, manejaba su organización subversiva desde el propio Empire State Building, de Nueva York, sin la menor interferencia del FBI.
Lo que no aparece en las filtraciones seleccionadas por El País y que este tampoco juzgo necesario mencionar, es que entre los cabecillas del Consejo Supremo que dirigió la conspiración para asesinar a Evo Morales se encontraba el influyente empresario de Santa Cruz, Branko Marinkovic, croata de origen, hoy refugiado en Estados Unidos y el gerente del Centro de Arbitraje y Conciliación de Santa Cruz, Alejandro Melgar Pereira, que lo acompaña en este mismo destino del Norte.
En cuanto a Rózsa Flores estuvo en contacto con UnoAmérica, organización fascista de América Latina encabezada por Alejandro Peña Esclusa, detenido este 5 de julio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), tras un operativo realizado en su residencia de Caracas donde se le decomisó un kilogramo de explosivo C4 y 100 detonadores.
Marco jurídico al servicio de Evo Morales
LA LEY SE CONVIRTIÓ EN HERRAMIENTA PARA CONSOLIDAR PROYECTO TOTALITARIO
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
La ley de autonomía está hecha a la medida del gobierno de Evo Morales. Mario Cossío es el primer gobernador destituido bajo esta figura legal; antes, ocho alcaldes corrieron igual suerte. La ley se convirtió en una herramienta para consolidar un proyecto totalitario. No hacen falta botas para sostener una dictadura, con jueces obsecuentes es suficiente.
El gobierno de Evo Morales instauró un marco jurídico que tiene como finalidad consolidar un proyecto totalitario.A modo de ejemplo se puede mencionar la ley de autonomías, que dispone la destitución de autoridades departamentales ante una simple imputación fiscal.
La Constitución Política del Estado establece que la remoción de un gobernador solo puede darse ante sentencia firme y ejecutoriada.
La prelación de las leyes, en Bolivia, establece que la Constitución Política se encuentra encima de las leyes; por lo tanto, la ley de autonomías es inconstitucional.
El problema es que Bolivia no cuenta en este momento con una Corte Suprema de Justicia; los ministros actuales son interinos y fueron nombrados por Evo Morales.
La Corte Suprema debería estudiar la inconstitucionalidad de la ley de autonomías, pero obviamente no tiene ningún apuro en estudiar las diversas presentaciones que se realizaron en contra.
Otro tanto se puede decir de la ley contra el racismo, norma que se convirtió en una amenaza contra la libertad de expresión.
El combate al racismo no es otra cosa sino una excusa para limitar la función de los medios de comunicación.La mayoría parlamentaria permite a Evo Morales la aprobación de leyes que no tienen otro objetivo sino consolidar un proyecto totalitario.
En Paraguay, bajo la dictadura de Alfredo Stroessner, la Ley 209 fue la excusa para perseguir a opositores, en medio de un estado de terror e indefensión.
Evo Morales está haciendo exactamente lo mismo, al establecer un marco jurídico que sirva de soporte a un sistema de gobierno dictatorial.
Todas las dictaduras son iguales
En Paraguay no faltan defensores del gobierno de Evo Morales, ante la utopía de que Bolivia tiene un gobierno socialista, que responde a intereses populares.
Bolivia se encuentra en camino a una dictadura de izquierda, tan brutal como una dictadura de derecha. Levantar banderas de reivindicaciones sociales no es suficiente para garantizar un proceso democrático y resulta incoherente aplaudir un proyecto totalitario por la simple utilización del rótulo de “gobierno popular”.El disenso político, el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a cuestionar a las autoridades gubernamentales no son permitidos en Bolivia.
El resultado de estas limitaciones es la vigencia del miedo: el temor a acciones judiciales, promovidas desde el mismo entorno gubernamental, no hace otra cosa sino paralizar la vida política de una sociedad.
En Bolivia, ningún simpatizante del Movimiento Al Socialismo se encuentra bajo proceso de investigación; las medidas judiciales afectan exclusivamente a dirigentes opositores.
El acoso judicial llegó inclusive al alcalde de La Paz, Luis Revilla, ex aliado político de Evo Morales. Junto con Revilla, ocho alcaldes de diferentes puntos del país se encuentran en la mira del Ministerio Público.
El tema Cossío
A lo largo de nueve días en Tarija tuvimos oportunidad de conversar con representantes de diversas instituciones, inclusive solicitamos sin éxito audiencia con el gobernador interino Lino Condori.
En términos generales se tienen buenas referencias de Mario Cossío, en cuanto a su administración en la gobernación departamental.
Las opiniones en torno a su decisión de salir de Tarija están divididas, pero sí existe coincidencia en que estaría encerrado en una cárcel si permanecía en Bolivia, sin importar inocencia.
Bolivia se encuentra sometida a jueces y fiscales que responden a un liderazgo político; en el país no importa el rumbo que pueda marcar la Constitución Política del Estado, sino la coyuntura establecida por leyes que inclusive pueden tener contradicción con la Carta Magna.
Idealizar el proceso boliviano porque sus referentes levantan banderas populares es un error. En el momento de las detenciones no existen diferencian entre una policía de derecha o de izquierda.
BOLIVIA VIVE EN DEMOCRACIA, SOSTIENE EL PARTIDO TEKOJOJA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El partido de izquierda y gubernista Tekojoja presentó un informe planteando rechazar el refugio político a Mario Cossío, ex gobernador de Tarija, para que rinda cuentas a la justicia de su país.
Basándose en las acusaciones que se reciben del ex alto funcionario de la mencionada ciudad boliviana, piden no prostituir la figura del refugio político.
“Los altos funcionarios que tienen cuentas que saldar con la justicia, como es la situación de Cossío, no pueden merecer el refugio. Eso sería manipular sus nobles fines y prostituir sus objetivos, convirtiendo nuestro país en un depósito de buscados por la justicia”, dice el manifiesto.
Tekojoja afirma que en el caso de Cossío debe rechazarse el refugio político, ya que no existe persecución política y no hay argumentos sólidos para autorizar.
Según dice el comunicado, aceptar el pedido de asilo se constituirá en una burla a la justicia y a la sociedad bolivianas que sentará un negro precedente que quebrantará las relaciones con Bolivia.
El comunicado afirma que Bolivia es un país donde hay democracia y los funcionarios que cometen corrupción deben ser juzgados.
Piden que no se convierta a un “villano en héroe” cuando existe un mandamiento judicial por hechos de corrupción.
MINISTRA DE EVO ESTÁ EN EL PAÍS PARA TRATAR DE EVITAR REFUGIO A MARIO COSSÍO
ABC de Paraguay (www.abc.com.py/nota)
Emisarios del gobierno de Evo Morales están, desde ayer, en nuestro país, en procura de evitar el otorgamiento del refugio político a Mario Cossío, gobernador de Tarija. Hoy buscarán reunirse con autoridades de la Cancillería.
Representantes del gobierno de Evo Morales se encuentran en Paraguay desde ayer con el objetivo principal de evitar que la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) otorgue el refugio solicitado por Mario Cossío hace unas semanas, luego de su destitución de la Gobernación de Tarija.
La ministra de Transparencia Institucional de Bolivia, Nardi Suxo, y Ricardo Céspedes, director general de Recuperación de Bienes, están en procura de lograr que las autoridades paraguayas no otorguen refugio político al gobernador opositor, quien vino a nuestro país luego de ser destituido por supuestas “faltas contra el Estado”.
Los emisarios de La Paz tienen previsto reunirse hoy con autoridades de la Cancillería Nacional, no así con el ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, quien se encuentra de vacaciones.
Refugio provisorio
La Conare tiene 90 días de plazo para dictar una resolución final sobre la solicitud del destituido gobernador boliviano. El titular de la Conare paraguaya dijo que Cossío actualmente cuenta con un refugio provisorio que le permite residir normalmente en el territorio nacional.
Por su parte, la Comisión Permanente del Congreso paraguayo, en funciones durante este receso veraniego, resolvió apoyar el refugio político tramitado por el destituido Cossío.
El órgano legislativo señaló en una declaración que se ha decidido “encomendar a sus representantes en la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), la senadora Zulma Gómez y la diputada Aida Robles, apoyar el refugio (...) solicitado por el político de Bolivia Mario Cossío”.
Cossío es un conocido líder opositor al gobierno de Evo Morales, recordado por las luchas políticas a favor de la autonomía departamental y de la descentralización de Bolivia.
Crítico al régimen de Morales, fue separado del cargo mediante votos en la Asamblea Legislativa Departamental, manejada hoy en día por el oficialismo masista.
Actualmente lo reemplaza Lino Condori, del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien fue electo con 15 de 16 votos requeridos por la misma Asamblea Legislativa Departamental.
UN GOBERNADOR CON RECURSOS POLÍTICOS Y CON PROCESOS JUDICIALES
Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)
El gobernador derrocado de Tarija, Mario Cossío, es conocido políticamente como el "autonomista", por promover la autonomía del departamento de Tarija, así como lo hacen otros gobernadores opositores al régimen de Evo Morales, en Bolivia.
Durante las elecciones de abril del 2010, Cossío fue reelecto como gobernador de Tarija, por voto popular (antes era prefecto de este departamento). Su plan de descentralización, administrativa y política, no es del agrado de Evo Morales, cuyos partidarios votaron en el Congreso boliviano por la destitución de Cossío y, a cambio, designaron a Lino Cóndori, amigo de Morales, como gobernador interino de Tarija.
Los partidarios de Morales le declararon la guerra a Cossío por su plan autonomista.
Por otro lado, Cossío enfrenta procesos judiciales, relacionados a su administración, como prefecto de Tarija (su primera gestión) o como gobernador de Tarija (hasta el 16 de diciembre del 2010, cuando fue derrocado). Los oficialistas embretan a Cossío con los casos judiciales que fueron los fundamentos para sacarle de la gobernación. Según la Fiscalía, Cossío no controló la ejecución de los fondos para la construcción de caminos, cuestión que el político desmiente, porque según él, no fue parte en ningún contrato para las construcciones. Para fundamentar su pedido de refugio en Paraguay, Cossío trajo la copia de los contratos.
El Gobierno paraguayo debe resolver si decide a favor de su par de Bolivia, que persigue a Cossío judicialmente, o dar el refugio a este que invoca la persecución política.
Conare volverá a reunirse el 14
La Comisión Nacional de Refugiados (Conare) volverá a reunirse el 14 de enero para tratar el pedido de refugio político de Mario Cossío, ex gobernador de Tarija, Bolivia, que huyó de su país por persecución del régimen de Evo Morales, según expone en su solicitud.
En principio, pareció que en la Conare había voto favorable a favor de refugio. Sin embargo, dicha comisión interinstitucional prefiere tomarse el tiempo necesario para pedir informaciones a la Embajada paraguaya en Bolivia y luego convocar a Cossío a una audiencia, cuya fecha se fijaría en la reunión del 14 de enero. Por ahora, cada miembro de la Conare estará recogiendo datos relacionados a la solicitud de refugio para tener una opinión formada.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional (órgano que funciona durante el receso parlamentario) encomendó a los congresistas Zulma Gómez y Aída Robles, que son miembros de la Conare, votar a favor del refugio de Cossío. Robles es partidaria de no apurarse para dictar una resolución. La Cancillería tiene dos representantes en dicha comisión y, el Ministerio del Interior y de Justicia y Trabajo, tienen un representante, respectivamente.
Devoran más de un tercio de ingresos por gas
BOLIVIA REANUDA SUS ESFUERZOS PARA SUBIR LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES
Europa Press de España (www.europapress.es)
El Goobierno de Bolivia ha reanudado sus esfuerzos para subir los precios de los combustibles, apenas tres días después de dar marcha atrás con una medida que desató un caos en el transporte y en el comercio de productos básicos.
El vicepresidente, Alvaro García Linera, ha advertido de que la importación y subvención del diésel y otros combustibles se devoraban más de un tercio de los ingresos por las ventas de gas a Argentina y Brasil y amenazaban con hacer inviable al país.
"Tarde o temprano habrá que cerrar esta herida", declaró García Linera a la radio estatal, ante la que insistió en la necesidad de subir los precios de los combustibles. No obstante, precisó, en esta ocasiçon el Gobierno intentará consensuarlo con los sindicatos y organizaciones sociales que se alzaron contra el "gasolinazo".
El Gobierno del presidente Evo Morales sufrió un revés político la semana pasada al verse forzado a dejar sin efecto un alza de hasta un 83 por ciento en los combustibles para automotores, de los cuales el país es deficitario pese a ser un gran productor y exportador de gas natural.
Desde que hace poco más de una década Bolivia se concentró en la exportación de gas, la producción de crudo y otros hidrocarburos líquidos pasó a ser un negocio marginal para la industria local, para la cual rige un precio congelado de 27 dólares el barril de crudo.
García reveló que en el presupuesto del Estado boliviano para el año 2011 figura una partida de 1.002 millones de dólares para la importación de combustibles líquidos, 10 veces más que lo que gastó hace cinco años por esa misma compra.
Como contrapartida, las exportaciones de gas natural, el principal negocio internacional boliviano, alcanzaron en 2010 un valor de unos 3.000 millones de dólares, según proyecciones oficiales.
"Si en el 2011 es de 1.002 millones, ¿En el 2015 cuánto será? De mantenerse esta situación en el 2015 será de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares de importación, esto es mucho dinero que se va afuera", apuntó García.
"Por eso es que el poner fin a la importación y a la subvención de combustibles se ha vuelto una prioridad nacional", añadió el vicepresidente, que reveló que el Gobierno ha comenzado ya a estudiar un plan de incentivos a la producción de crudo, aunque sin dar más detalles.
En la actualidad, la mayor parte del crudo y demás hidrocarburos líquidos que Bolivia consume son extraídos como subproductos del gas natural. Esa producción llegó en promedio a poco más de 42.000 barriles por día en 2010, frente a un consumo de casi 60.000 barriles, lo que deja un déficit cubierto con las importaciones, principalmente de Venezuela, un fuerte aliado comercial y político.
EL RECLUTAMIENTO DE MANO DE OBRA ESCLAVA EN SANTIAGO Y TUCUMAN
“UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL”
El fiscal que investiga el caso de reclutamiento de trabajadores en condiciones paupérrimas, informado por Página/12, sigue la pista de una organización criminal. Denuncian que traen gente desde Santiago y Tucumán, en convenio con las empresas.
Página 12 de Argentina (www.pagina12.com.ar)
“Hay por lo menos una organización criminal dedicada a reclutar personas con destino a trabajo esclavo, no sólo para Nidera, sino para otros establecimientos rurales”, sostuvo el fiscal cuya investigación permitió liberar a 120 personas que habrían estado reducidas a servidumbre en un campo de aquella firma. Las organizaciones operarían en las provincias de Santiago del Estero y de Tucumán y estarían en contacto con empresarios rurales de, por lo menos, las provincias de Buenos Aires y Mendoza. El ministro de Trabajo bonaerense admitió que “periódicamente detectamos casos como éste”. La titular de la Oficina de Trata del Ministerio de Justicia explicó que “reclutan gente que no tiene para darles de comer a sus hijos” y, en cuanto al caso Nidera, contó que “lo que encontramos en ese establecimiento fue peor que lo imaginable”. Las víctimas ya regresaron a Santiago del Estero y es el turno de que las autoridades de esa provincia les provean de asistencia económica y social. En tanto, la empresa Nidera negó a través de un comunicado que hubiera contratado trabajadores en negro y dijo que puso la documentación a disposición de las autoridades.
El fiscal Rubén Darío Giagnorio –a cargo de la UFI 6 de San Nicolás– confirmó que “las 120 personas, que vivían en condiciones infrahumanas en el establecimiento rural de la firma Nidera, ya regresaron a sus domicilios en Santiago del Estero: ahora empieza la segunda etapa, donde las autoridades de esa provincia deben hacerse cargo de la asistencia social de estas personas”. A partir de la investigación del fiscal, el 30 de diciembre –tal como dio a conocer Página/12 el domingo pasado– el Ministerio de Trabajo bonaerense concretó un procedimiento en un predio de Nidera, próximo a San Pedro; allí, además, se detectaron alimentos procedentes de los planes sociales de la provincia, que habrían sido indebidamente comercializados.
“Hasta el momento, los responsables son dos ingenieros que trabajan para esa empresa” (Nicolás Martínez Allende y Diego Carballo, a cargo del predio de San Pedro y de la supervisión del trabajo). Ambos fueron indagados y luego excarcelados. “La investigación continúa”, advirtió el fiscal Giagnorio, y contó que, “según el testimonio de los trabajadores, habían sido contactados por Nidera a través de contratistas”. El fiscal estimó que “en Santiago del Estero hay todo un sistema de reclutamiento, lo cual permite hablar de una organización criminal”.
“Se trata de organizaciones dedicadas a reclutar y reducir a servidumbre para distintas empresas”, señaló el fiscal, e insistió en que “en la zona agrícola de San Pedro hay quizá mil personas en esa misma situación”. Giagnorio anticipó para esta semana “nuevas medidas probatorias”, que podrían efectuarse en Santiago del Estero.
Oscar Cuartango, ministro de Trabajo bonaerense, subrayó “el expreso reconocimiento de que nuestra participación en el operativo fue a partir de la investigación efectuada por el fiscal Giagnorio”. Por lo demás, “periódicamente detectamos casos como éste. Nuestra provincia tiene extensiones inmensas donde estos hechos pueden pasar desapercibidos. Sí hemos alcanzado un nivel satisfactorio de control en la cosecha de cebolla, que se efectúa en febrero: se concentra en una zona no muy extensa, la de Villarino, en el sur de la provincia, y hubo gran colaboración de las cámaras empresarias y las autoridades municipales”.
–¿Quiere decir que en otras zonas de la provincia no se logra esa colaboración? –preguntó Página/12.
–No quise decir eso, sino que en este caso hubo una colaboración muy fuerte –contestó Cuartango.
Zaida Gatti –titular de la Oficina de Rescate a Damnificados por la Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación– comentó que “aunque los lugares donde encontramos a las víctimas de trata nunca son agradables, lo que encontramos en el establecimiento de Nidera fue peor que lo imaginable”.
La funcionaria recordó “casos similares, como el de Baradero, el año pasado: las personas habían sido llevadas desde Santiago del Estero para la cosecha de papas. Son organizaciones que traen a la gente en grupos grandes, cuadrillas. También pueden venir de Tucumán o de Bolivia”.
El primer contacto lo hace alguien de su misma localidad.Ya en el lugar de trabajo, una herramienta disciplinaria es “el puntaje a la cuadrilla”: para cobrar según convenio el grupo debe obtener diez puntos, el máximo, y para esto hay que trabajar hasta 14 horas, no tomarse días de descanso o aceptar condiciones de hacinamiento: la “indisciplina” de uno de los miembros hace caer el puntaje de todos.
Angel Strapazzón, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), aseguró que “los contratistas son locales: operan bajo la vista gorda de la Justicia santiagueña, que tampoco actúa contra la trata sexual, y tienen protección política. Reclutan gente para la desflorada del maíz, en la provincia de Buenos Aires, como para la zafra del poroto en Salta. Actúan de acuerdo con grandes empresas, multinacionales como Nidera, pero también nacionales”.
Diego Montón –de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza– agregó que “también en la cosecha de la vid hay muchos trabajadores traídos de Tucumán, Santiago o Bolivia: viven en carpas, sin luz, sin agua. Esto se denunció muchas veces pero, cuando el Ministerio de Trabajo manda la inspección, nunca se detecta nada: como si alguien le avisara al empresario que está por llegar la inspección, de la que suelen estar enterados los representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales” (Uatre, dirigida por Gerónimo “Momo” Venegas).
"TAMBIÉN LA LLUVIA" REMEMORA LA HISTÓRICA GUERRA DEL AGUA EN COCHABAMBA
Terra de Perú (www.entretenimiento.terra.com.pe)
Seleccionada para representar a España en los Oscar, la película "También la lluvia", dirigida por Iciar Bollaín y protagonizada por Gael García Bernal y Luis Tosar, que llega este miércoles a las pantallas españolas y francesas, rememora la llamada guerra del agua que agitó violentamente la ciudad boliviana de Cochabamba en el 2000.
En la tercera ciudad de Bolivia, cuyo presidente era entonces Hugo Bánzer, la lucha ciudadana contra la privatización y consiguiente encarecimiento del agua potable acabó dando frutos tras meses de protestas aunque a costa de un muerto y cientos de heridos.
Un tema social que interesó mucho al guionista Paul Laverty -que también lo es de Ken Loach- y le inspiró para transformar un relato centrado en sus primeros borradores en Cristóbal Colón y Bartolomé de las Casas.
Laverty ha conservado la figura de Colón en su versión final, pero como protagonista de una película internacional de presupuesto muy ajustado que se rueda en Cochabamba y emplea a actores y extras locales que al mismo tiempo están implicados activamente en las trifulcas de la guerra del agua.
Junto a actores de talla internacional como el mexicano Gael García Bernal, que encarna al director de la película sobre Colón, o el español Luis Tosar, en el papel del productor, también Iciar Bollaín recurrió a actores y extras bolivianos.
"Vimos a todos los actores del país y en dos semanas habíamos terminado. Nos echamos a la calle, ocho o nueve meses", explica la directora en París a la AFP.
Así encontraron a Juan Carlos Aduviri, de extraordinaria presencia como jefe indio en la película que se rueda, al tiempo que es líder de la revuelta ciudadana en la calle.
"Lo suyo era muy difícil porque no tiene un papel sino dos, además no habla quechua y no sabe lo que está diciendo -a veces le ayudábamos poniéndole un auricular-, e incluso físicamente la película era durísima para él porque pasaba horas en maquillaje", detalla con admiración la directora madrileña.
Aduviri y los demás actores bolivianos no profesionales de la película "se entendieron muy bien con Gael, que es un cielo, y con Tosar, que es para pedirlo a los Reyes Magos, lo daba todo aunque no estuviera en plano", recuerda Iciar Bollaín, que había trabajado con el actor gallego en "Te doy mis ojos".
En este su quinto largometraje, la directora ha optado por el rodaje digital, que permite filmar mucho más y ver enseguida el resultado, "sin arriesgarse a mandar el negativo de Bolivia a un laboratorio de México o de otro país", explica.
Desde un principio, el país fue Bolivia. "Tuvimos la tentación de buscar un país más fácil, más cercano, con más industria, pero era Cochabamba, era la guerra del agua. La verdad es que cuando filmas algo donde realmente ha pasado, al final se enriquece porque el chaval que está tirando piedras las tiraba hace diez años, los polis les dieron hace diez años. Lo tienes todo ahí y lo único que tienes que hacer es organizarlo", explica.
Filmar en Cochabamba no complicó el rodaje. "La sorpresa fue que nos encontramos con unos profesionales bolivianos estupendos. Muchos sin gran experiencia, muy jóvenes, pero lo hacían muy bien. Lo que no tenían de experiencia lo compensaban con horas y ganas", detalla, antes de puntualizar que "algunos sí tenían mucha experiencia porque se han fogueado en la industria de la vecina Argentina".
De Bolivia, donde no se hacen más de dos o tres películas al año, Bollaín menciona sin dudar "una preciosa que se llama 'Zona Sur'", de Juan Carlos Valdivia, premiada en 2010 en Estados Unidos, en el pasado festival de Sundance.
Película falsamente convencional, "También la lluvia", lleva la impronta de Bollaín, que por algo fue actriz antes que directora y siempre está muy atenta a sus intérpretes, les da tiempo y escenas para que puedan dar consistencia y humanidad a sus personajes, aun en medio de secuencias de tensión y violencia, que filmó con dos cámaras, para aumentar el realismo.
En Francia, donde se estrena con el título "Même la pluie", la cinta ha sido bien recibida en general por la prensa.
"Planea la sombra de 'Fitzcarraldo' (...) hermosa lección de humanidad", destaca el semanario Elle.
"Gigantesco puzzle, extraordinario trabajo de hormiga", según Brazil.
La revista Première destaca por su parte un arranque magnífico y los actores impecables, aunque tilda la película de maniquea.
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