LA PATRIA GRANDE ESTA DE FIESTA. ¡¡¡QUE VIVA LA NUEVA BOLIVIA..!!!

Bolivia celebra hoy 185 años de vida independiente en un contexto histórico marcado por la voluntad de su pueblo, que edifica el nuevo Estado Plurinacional, Comunitario, Unitario y con Autonomías que sepulte definitivamente un pasado marcado por la discriminación a sus habitantes ancestrales, la enajenación y el saqueo transnacional de sus recursos naturales y el sometimiento de su soberanía a intereses ajenos a la patria.
Ésta es la Bolivia que nació aquel ya lejano 6 de agosto de 1825, es la patria en la que un pueblo rebelde apuntaló su democracia, expresó su derecho soberano, y en diciembre de 2005 eligió en las urnas como presidente a uno de los suyos: a Evo Morales Ayma.
Es en este contexto que, en sucesivas elecciones, millones de bolivianos sentaron las bases para la edificación —entre todos— de una patria en la que sus hijos crezcan como iguales, tengan las mismas oportunidades, en la que la discriminación sea sustituida por la solidaridad, en la que un indio valga tanto como un mestizo, o un blanco tanto como un negro.
Ésta es la patria que con la fuerza de la democracia participativa hoy construimos los bolivianos; es la patria de collas, cambas, chaqueños y chapacos; es la patria de rostros tan diversos como nuestra geografía; es la patria que es nuestra, es la patria plurinacional.
Bolivia hoy está de fiesta porque la celebración de los 185 años de vida independiente la encuentra embarcada en un proceso político de transformaciones estructurales, con una nueva Constitución Política del Estado que comienza a ser trasuntada en leyes nacionales, con un proceso autonómico en plena implementación —en el marco de la unidad e integridad nacional— y que descentraliza la administración del Estado con la participación de un pueblo secularmente marginado por el Estado colonial.
Por eso, este 6 de agosto es diferente, porque el pueblo festeja el Día de la Patria con bases reales que apuntalan un proceso de cambio marcado por la inclusión de sus hijos sempiternamente marginados. Bolivia hoy construye una democracia fortalecida desde el campo y los barrios de las ciudades, desde lo más profundo de su tórrida amazonia y de sus extensos llanos, desde su chaco y su altiplano.
Éste es el pueblo que se sacude del colonialismo interno que nos dejaron los herederos del poder colonial español, de quienes traicionaron el legado de libertad de nuestros próceres de la guerra de la independencia como Bolívar, Sucre, Murillo, Padilla, Azurduy, Lanza, Cañoto, Méndez, Muñecas, Camargo, Warnes, Katari, Sisa y muchos otros que lucharon por la libertad de la patria.
Las páginas de nuestra historia están llenas de acciones de rebeldía en contra del poder que nos fuera impuesto con la fuerza que nace de lo más profundo de nuestra amazonia, de las cálidas tierras de nuestro chaco y que se proyecta desde lo más alto de nuestras cordilleras. Ésta es Bolivia, que hoy camina por los derroteros de su soberanía para construir sin interferencia externa la patria que heredaremos a nuestros hijos; que lucha por su dignidad para encarar su presente y proyectar su futuro. Ésta es la Bolivia que cambia por la fuerza de una democracia profunda, participativa y popular.
Ésta es la patria que sustentan rostros indios, mestizos y blancos que juntos sepultan un pasado colonial que algunos nostálgicos —que nunca desarrollaron procesos de inclusión, menos de justicia social desde el poder— reivindican con sus taras y sus privilegios, a la par que rechazan la patria plurinacional, ésa por la que lucharon y ofrendaron su vida Túpac Katari y Bartolina Sisa hace 229 años, en 1781.
En este contexto, Bolivia celebra el 185 aniversario de su independencia, con el reto de consolidar definitivamente su soberanía, su dignidad y su derecho de construir una patria plurinacional que cobije a todos sus hijos. Pero también este 6 de agosto —cuyos actos centrales por primera vez se realizarán en Santa Cruz de la Sierra— presenta un nuevo escenario en el que los bolivianos rinden su homenaje a héroes indígenas y mestizos que la historia oficial había invisibilizado, marginado.
Fausto Reinaga, en su libro La Revolución India, acertadamente señalaba, allá por la década de los años 70 del siglo pasado: “No existe una estatua de los grandes héroes indios como Tomás Katari, Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Manuel Cáceres, Juan Huallparrimachi, Zárate Willka (…) y algo peor, no hay una estatua de los verdaderos forjadores de la nacionalidad boliviana; vale decir, de los grandes mestizos: los Guerrilleros de la Independencia como Juana Azurduy de Padilla, Manuel Ascencio Padilla, Lanza, Muñecas, Warnes, Méndez, etcétera”.
En tanto que Abraham Delgado Mancilla asegura que “las insurrecciones indígenas tienen sus propias facetas históricas; sin embargo, cabe señalar para la ocasión que son luces que han iluminado a la sociedad indígena de los tiempos presentes”. Y en estos tiempos presentes los bolivianos somos testigos y protagonistas de la construcción del nuevo Estado Plurinacional, que es el mejor homenaje a la patria y a la memoria de nuestros próceres.
Es que la lucha de hoy es por una Bolivia con soberanía plena, dignidad e igualdad por la que lucharon nuestros próceres. Es la lucha por la construcción de la patria que heredaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.
La lucha de hoy es por una Bolivia con soberanía plena, dignidad e igualdad, por la que lucharon nuestros próceres. Es la lucha por la construcción de la nueva patria que heredaremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos.

SANTA CRUZ, CRISOL DE LO PLURINACIONAL, ALBERGA CELEBRACIÓN POR CUMPLEAÑOS 185 DE BOLIVIA

Bolivia celebraba hoy el 185 aniversario de su independencia, por primera en la ciudad oriental de Santa Cruz, pulmón económico y la región más poblada del país andino amazónico, bajo la impronta de su Estado plurinacional.
El acto central de la celebración patria se escenificará en el salón Chiriguano, el más emblemático de la ferial Expocruz, a su vez el mayor símbolo de la pujanza de esta región, la más industrializada del país, donde la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cumplirá una solemne sesión y el presidente Evo Morales pronunciará un discurso.
De despuntado desarrollo desde la década de los '70 con recursos procurados por los fibrósicos mineros de los Andes bolivianos, Santa Cruz, emplazado en las tierras bajas de Bolivia, en el Precámbrico o Escudo Brasileño, se ha convertido en el punto de mayor confluencia de pobladores carenciados de todas las regiones del país.
Lo mismo que Potosí y Sucre en el siglo XIX y La Paz en el XX, Santa Cruz, que generó en los últimos lustros hasta 2005 casi el 40% del Producto Interior Bruto boliviano, recibe una inmigración de hasta 5.000 bolivianos carenciados del Ande, subandino y también de zonas amazónicas, por año.
Tales actuaciones, de la ALP y Morales no tienen antecedente en la historia boliviana de 185 años y se verifican a 400 km de Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede histórica de festejos cívicos de este tipo, y a 900 km de La Paz, que acoge al Ejecutivo y Legislativo y donde se festejó a lo largo del siglo XX el cumpleaños de Bolivia, fundada el 6 de agosto de 1825.
La sesión de la ALP rendirá homenaje tácito a Vicente Soane y Vicente Caballero, patricios de Santa Cruz que en medio de la Guerra de Guarayos recorrieron las 380 leguas que separaban Santa Cruz de la Sierra de Sucre para rubricar el acta de la independencia de Bolivia el 6 de agosto de 1825, en las tierras del Alto Perú y los indios Charcas.Los "cruceños recibimos con orgullo y con los brazos abiertos, con la calidez y hospitalidad que nos caracteriza" a destacados de los tres poderes del Estado, significó la senadora por Santa Cruz, Gabriela Montaño.Su colega Rina Aguirre, de Tarija, exaltó que por primera vez en la historia boliviana, la fiesta de la patria englobará a las 36 naciones originarias consagradas en la carta constitucional vigente.La efeméride 185 de Bolivia se celebra en el marco de la "construcción de la esperanza, de un nuevo estilo de vida, de una nueva forma de convivir entre nosotros, con 36 nacionalidades, pero con un espíritu de amplitud que nos hace ver que la diversidad es una riqueza antes un obstáculo", dijo la senadora invidente.
En la tierra de Soane y Caballero, que el patriota Adolfo Ibáñez intentó 40 años más tarde, en 1865, declarar autónoma del poder central de La Paz, en tiempos del gobierno del militar Agustín Morales, el presidente Evo Morales promulgará una ley que modifica la otorgación de áreas para la explotación del Mutún, mayor yacimiento mundial de hierro en el extremo oriente de Bolivia, por parte de la siderúrgica india Jindal.
Evo Morales también anunciará el descubrimiento, por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, de dos promisorios acopios de gas natural.
El descubrimiento reciente de ambos yacimientos que incluso se pusieron ya en trance primitivo de explotación, aumentará significativamente la reserva probada y probable de gas del país que en medio de una confusión de medición, por consorcios internacionales, oscila entre los 19 y 49 trillones de pies cúbicos (TCF, por su cifrado en inglés).
El rango de ambas cifras inscribe a la boliviana como la segunda reserva más importante de Sudamérica, detrás de la de Venezuela, de 147 TCF.
La celebración patria, que ya estalló este mismo jueves en todas las ciudades capitales (9) y las 70 intermedias del país, donde se verificaron sendos desfiles escolares y militares, contiene una rara pugna por la homologación de la multicolor Whipala, insignia de los pueblos andinos y subandinos indígenas de Bolivia.
El político empresarial Comité Pro Santa Cruz -que contuvo, entre 2006 y 2008, la más radical y violenta oposición al mandatario indígena de izquierdas- reducido en la actualidad a condición marginal, ha renegado de la Whipala y aceptado a regañadientes el festejo en que se izará sólo la enseña tricolor (rojo, amarillo y verde) del país y se dejará de lado, por lo menos en los actos oficiales, la bandera albiverde de Santa Cruz, por decisión de autoridades locales.
Bolivia festejará su cumpleaños 185 en la región más rica y extensa de su territorio de 1,1 millones de km2, donde, pese a su gran infraestructura, la oferta hotelera está a punto de colapsar en circunstancias de mayor operación de su aeródromo internacional, Viru Viru, en los últimos tiempos.
La celebración tendrá espacio en la ahora pacífica Santa Cruz -en cuyos edificios flamean gemelas las banderas boliviana y local- cruzada estos días por corrientes de aire frío que ha descendido tensionalmente los termómetros y donde Morales debió amagar, entre agosto y setiembre de 2008, una intentona de quiebre institucional combinada por grupos económicamente poderosos, líderes civiles y prefectos y azuzada por poderes transnacionales.
La sesión legislativa y alocución presidencial se materializarán en momentos en que una organización civil, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), ha convertido a esa región sudoccidental en un quebradero de cabeza donde se han escuchado voces, para la opinión pública local, "destempladas", que claman a Potosí como zona federada en Bolivia.
Medidas de presión por medio, el COMCIPO reclama carreteras, plantas de cemento y de fundición y, lo más paradójico, la solución, en el acto, de un diferendo secular de límites en la confluencia con el también sureño departamento de Oruro.
El vicepresidente Alvaro García Linera pidió el jueves al COMCIPO que mantiene hace casi dos semanas bajo su control un camino que articula a Tarija, además de Potosí y Oruro, deponer las medidas de fuerza para celebrar en paz a la patria.
"Hoy, 5 de agosto, vísperas del 6 de agosto, les pedimos levanten su medida, vayamos a celebrar el día de la patria", afirmó durante una conferencia de prensa dictada en el edificio de la Vicepresidencia en La Paz.
El mandatario demandó al Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) un gesto de condescendencia hasta el sábado y, luego, lo más probable desde el lunes o desde el mismo domingo, restablecer "inmediatamente las mesas de trabajo para ir resolviendo los temas que requiere el desarrollo del departamento de Potosí", donde un civil demandó, incluso, federalismo.El Vicepresidente estimó la aislada e individual postura como parte, sin embargo, del proceso autonómico en que se han sumergido los 9 distritos bolivianos, en arreglo a su carta constitucional. "Mañana, 6 de agosto, ojalá los hermanos potosinos den un cuarto intermedio y levanten su medida, rindan su honor a la patria, por esa Bolivia por la que tanto han peleado los potosinos, por la que tanto sacrificio han dado y en honor a ese 6 de agosto todos los bolivianos, al margen de esas diferencias y de nuestras tensiones, podamos rendir, como se debe, el homenaje a la Patria, sin medidas de presión, sin huelga general indefinida, sin huelga de hambre", afirmó García Linera.
El dignatario significó que el gobierno del presidente Morales ha emplazado todos sus esfuerzos por generar el desarrollo de Potosí, cuya representación civil, el COMCIPO, exige la conclusión de la carretera que conecta esa región andina con su vecina de Tarija, en los contrafuertes de la cordillera de los Andes; además de la reactivación de la fundidora de Karachipampa, concesionada en 2005 a una empresa canadiense, Atlantis.
También la instalación en el territorio de la jurisdicción departamental de una fábrica de cemento y, con acento, una solución política a la demarcación de límites entre las poblaciones de Coroma, en Potosí, y Quillacas, en Oruro, nudo gordiano del conflicto.
Luego de repasar las gestiones del Ejecutivo, anteriores a la protesta y denunciar las acciones del COMCIPO y otras organizaciones regionales a contramano de un proyecto de Morales, en 2006, para reactivar Karachipampa, una fundidora instalada en los años '70 y discontinuada a principio de la década siguiente por la caída tensional de la cotización internacional de metales, y de garantizar la conclusión de esa vía que articulará el sur, con el suroccidente y sudeste bolivianos, García Linera proclamó que, pese las especulaciones y versiones tendenciosas, "estamos entregando recursos" para el despegue de Potosí.
"Se está haciendo una mezcla entre regalías, impuestos, ingresos del gas" para potenciar el erario departamental, porque, reconoció, "Potosí ha dado mucho a Bolivia" y es hora de la retribución, cuando el país ingresa importantes montantes por concepto de la exportación de hidrocarburos.





185 AÑOS DE PAÍS, UN TIEMPO CRUCIAL

Bolivia está en un proceso de transformación de la mano de la autonomía. Que se concrete el cambio depende mucho de comprender el sentido de este nuevo rumbo.

El aniversario 185 de la creación de Bolivia la encuentra en un nuevo umbral de su historia. El país está en un momento de transformación de un modelo que se ha criticado por el centralismo y por la escasa participación de las mayorías, hacia uno en el que se busca delegar mayores responsabilidades así como reconocerles derechos a las regiones y a los pueblos indígenas, bajo la figura de las autonomías.
Qué significa dar este paso. En la letra ya está escrito, lo que queda pendiente, y que se vislumbra como un proceso que tomará su tiempo, es hacer de todo esto una realidad.
Por una parte, se hace necesario comprender en qué consisten los niveles autonómicos departamental, regional, municipal e indígena. Dónde están sus fortalezas y sus debilidades. En las siguientes páginas, los representantes del Gobierno, de la oposición y analistas diversos ayudan en la explicación de lo que se ha llamado los “planos” de este edificio con el que los bolivianos tendremos que familiarizarnos.
Asimismo, sucede con el concepto de Estado inclusivo y plurinacional, cuya construcción se plantea con medidas como el reconocimiento de las 36 naciones indígenas, sus usos y costumbres, el cambio de varios de los símbolos y la incorporación de nuevos, el reconocimiento y puesta en valor de la justicia comunitaria, etc. Esta última merece una consideración particular y en ello se detiene este producto de La Razón, con la ayuda de los ministros del área, los presidentes de la Suprema y del Tribunal Constitucional, además de los expertos.
Y están también los cambios en los poderes del Estado que hoy son cuatro y que pasan a llamarse órganos, bajo el objetivo, se explica, de exigirles una mayor coordinación e independencia.
En definitiva, este aniversario nos encuentra en un momento crucial. Que se concrete el cambio depende mucho de comprender el sentido del proceso en marcha.





EL NUEVO MODELO DA ORIGEN A CUATRO FORMAS DE GOBIERNO

¿Cómo operaran estos niveles gubernativos en Bolivia? La respuesta está en la Ley Marco de Autonomías Andrés Ibáñez recién promulgada y en cinco mecanismos de coordinación.

En Bolivia coexisten cuatro formas de gobierno, además del central, que surgen de igual número de autonomías amparadas por la Constitución Política del Estado. El desafío ahora es que estos niveles puedan coordinar sin entrecruzarse en funciones ni entorpecer la puesta en marcha del estado autonómico y plurinacional.
Las autonomías departamentales dan origen a los gobiernos departamentales, las municipales, a los gobiernos municipales, las regionales a los gobiernos regionales y las indígenas a los municipios autónomos indígenas, entendidos como gobiernos locales indígenas. Cada una tendrá sus particularidades y similitudes definidas por la Ley Marco de Autonomías, promulgada el 19 de julio del 2010.
“Por ejemplo, la autonomía indígena constituirá una estructura de cogobierno que va a responder a una institucionalidad originaria muy distinta a la institucionalidad liberal que caracteriza a los departamentos y municipios”, dice el ministro de Autonomía, Carlos Romero.
A criterio del analista y abogado constitucionalista Carlos Alarcón, los niveles “subnacionales” de gobiernos tendrán el desafío de definir sus propias políticas públicas y no ser meros ejecutores de las fijadas por el Gobierno central.
“Esta capacidad o potestad de legislación se ha distribuido ahora en otros niveles subnacionales de Gobierno que a través de sus propias leyes departamentales, municipales o a través de normas y costumbres indígenas van a poder establecer y definir sus políticas públicas en ámbitos especiales relativos a competencias exclusivas”, destacó en una entrevista anterior con La Razón.
El orden. ¿Cómo operarán estos cuatro niveles, incluido el Gobierno central, en un país como Bolivia que, a criterio de Romero, tiene como condición estructural la fragmentación? La respuesta está en la Ley Marco de las Autonomías y cinco mecanismos de coordinación, comentan el ministro Romero y la viceministra de Autonomía, Claudia Peña.
“Hay varias disposiciones en la Ley Andrés Ibáñez que abordan esa problemática. Las primeras disposiciones tienen que ver con los espacios de coordinación que crea la norma”, dice Peña.
“Básicamente en la ley de autonomías hemos establecido una desagregación competencial y una distribución de responsabilidades que desde nuestro punto de vista es equilibrada y va a facilitar complementariedad en el nivel central y las autonomías, pero también definiendo cinco mecanismos de coordinación”, acota Romero.
Los mecanismos son de coordinación política, técnica, financiera, programática y sectorial. Para mayores detalles ver la nota de apoyo de la otra página.
El desafío es la puesta en marcha de esos dispositivos que contarán con la participación de los actores involucrados en las autonomías (gobernadores, representantes municipales y de autonomías indígenas, entre otros).
El proceso. La puesta en marcha del proceso en un 100 por ciento no será de la noche a la mañana, ya que los diferentes niveles de gobiernos tropiezan con una serie de dificultades, sobre todo en el aspecto organizativo.
No todos los niveles llegan con igual experiencia al proceso. Mientras los gobiernos municipales están algo mejor preparados, muchos de los departamentales no tienen suficiente recorrido. Los municipios están mejor preparados debido a que ya han tenido experiencias de organización, comenta el ministro Carlos Romero.
“En el tema municipal indudablemente hay una acumulación de experiencia en gestión pública y hay finalmente una institucionalidad consolidada, los municipios tienen nuevas responsabilidades, competencias, dimensiones con la CPE, pero yo creo que lo fundamental es que son capaces de responder a las mismas”. El alcalde Luis Revilla en una entrevista exclusiva con La Razón, el 14 de julio, destacó la capacidad municipal.
“No nos olvidemos que los municipios son autónomos hace muchos años, eligen a sus autoridades, administran sus recursos. Pero, lo que este proceso constitucional está haciendo distinto es la cualidad legislativa, los gobiernos municipales, a partir de ahora, van a poder aprobar leyes”, señaló el Alcalde.Opinión
Ceder poder nunca es fácil
Este surgimiento de gobiernos vinculados a las autonomías, a tiempo de ser una novedad, genera desafíos de toda índole, como administrativos y económicos. Fundamentalmente es una sesión de poder que hace el Gobierno central, pero ceder poder nunca es fácil y es un proceso de aprendizaje mutuo, tanto del que cede poder, atribuciones y competencias, como para el que lo recibe. Finalmente, vinculado con el tema de las autonomías, nadie tiene el modelo último ni definitivo porque no existe, por lo tanto es una construcción colectiva que se va haciendo de forma gradual. Además, no existe fijado un punto de llegada, no hay (la idea) como que las autonomías tienen que llegar a este lugar o a este modelo o equilibrio. Considero que las autonomías siempre van a ser como muy dinámicas y sus resultados recién los empezaremos a ver entre cinco y 10 años más.

Carlos Cordero,
Analista
Mecanismos relacionarán los niveles gubernativos
Cinco mecanismos de coordinación son los encargados de impulsar el proceso autonómico y de relacionar los cuatro niveles gubernativos (departamental, municipal, regional y local indígena) entre sí y con el Gobierno central. Se prevé que los primeros dispositivos de coordinación con lo nacional empiecen a funcionar el siguiente trimestre.
La coordinación política se plasmará a través de un Consejo Nacional Autonómico y la relación técnica estará encomendada a un Servicio Estatal de Autonomías. También habrá un mecanismo de coordinación programática, que se ejecutará con un Sistema de Planificación Integral que haga convergir las iniciativas de las autonomías con el plan nacional de desarrollo y mecanismos de coordinación financiera y sectorial.
Concertación política. El ministro de Autonomías, Carlos Romero, explica que el Consejo Nacional es un escenario de concertación política donde confluirán los representantes de los niveles autonómicos para tomar definiciones políticas con el nivel nacional.
“Normalmente, el Senado debería ser el escenario para eso, pero creemos que por la complejidad del proceso es insuficiente”, explica Romero.
La viceministra de Autonomía, Claudia Peña, resalta que el consejo es “un espacio de concertación voluntaria muy importante para tomar acuerdos”.
Otros mecanismos. El Servicio Estatal será la herramienta técnica que tiene el objetivo de fortalecer las autonomías, constituir una base de datos y generar indicadores.
“Tenemos que constituirlo independientemente. Cada autonomía tiene que ir estableciendo una estructura de institucionalidad lo suficientemente sólida que garantice su funcionamiento”.
Peña destaca que una disposición posibilita desarrollar leyes de compatibilización cuando las legislaciones de los diferentes tipos de autonomías no puedan garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas.





LA NUEVA BOLIVIA

Con la vigencia de la Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero del 2009, Bolivia inició el proceso de consolidación del Estado Plurinacional y Autonómico

La propuesta de un Estado Plurinacional y Autonómico que lleva adelante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el presidente Evo Morales, se sustenta sobre la base de cuatro órganos.
El paso de República al nuevo modelo plantea la descolonización de Bolivia en el marco de la unidad en un Estado, tal como se manifiesta en el artículo 2 del nuevo texto, en el que se considera que “dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación...”. Para alcanzar esos fines, entre otros, la nueva estructura “organiza y estructura el poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. Cada uno de ellos independientes, pero coordinados.
Esa nueva estructura, según el ministro de Autonomía, Carlos Romero, es la que permitirá la inclusión social en un Estado autonómico plurinacional.
Estos instrumentos permitirán el desarrollo coordinado de las autonomías departamentales, regionales, indígenas y municipales, sin que se afecte las cualidades y competencias de cada una.
También permitirá la representación no sólo política sino también indígena y de género en las asambleas legislativas de los cuatro niveles autonómicos. En cuanto a la justicia, la nueva estructura debe garantiza la convivencia del sistema ordinario con el indígena, a través de una ley de deslinde jurisdiccional.
Finalmente, está la creación del Órgano Electoral que se encargará de llevar adelante la elección ya no sólo de las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, también lo hará con los miembros de los tribunales y del propio Órgano Electoral, además de autoridades que se elegirán a través del voto directo.
Crítica. El constitucionalista Carlos Alarcón admite que en el tema de la inclusión social, la actual administración avanzó bastante, especialmente en el tema indígena. Sin embargo, advierte que se pueden generar otras exclusiones.
“La idea de la inclusión indígena es buena y es positivo que la haya rescatado la Constitución, pero por la forma en la que se ha implementado, por ejemplo, el requisito de los dos idiomas, se está excluyendo al 67 por ciento de la población monolingüe —y gran parte de esa población es monolingüe en lengua castellana— porque se la impide de ejercer la ciudadanía plena al negarle a cumplir una función en el Estado. Eso dice el régimen electoral. Lo ideal era que esto se aplique, progresivamente, en función al avance del nuevo sistema educativo y cultural del país”, opina.
Alarcón también pide reparar en la concentración de poder a nivel institucional —con el dominio del Órgano Ejecutivo sobre los otros tres— y personal —al centralizar las decisiones en la figura de una autoridad—, “en este caso el Presidente del Estado”.

Opinión
Poder hegemónico, el riesgo a vencer
Se tendrá que hacer una revisión radical porque el proceso de poder avanzó más rápido que el proceso de construcción democrática del Estado. Es difícil que el proceso de poder quiera retroceder porque es personal, hegemónico, absoluto y permanente. Ése es el elemento central que ha distorsionado toda la implementación del nuevo Estado. Hay un choque entre la construcción de país y la construcción de poder, no se acompañan. El poder responde a los intereses de las personas que lo llevan adelante. Eso es lo que genera la distorsión y ése es el riesgo a vencer. Si no se corrige el rumbo, el nuevo Estado quedará como una ilusión porque reeditaremos los errores del pasado, cuando creíamos que teníamos una República en beneficio de un sector privilegiado, a costa de las grandes mayorías. Nunca hemos tenido una República. Ahora, estamos ante la ilusión de creer que estamos yendo a una verdadera inclusión y a una verdadera autonomía, cuando eso está mediatizado por un enfoque personalista del poder.

Carlos Alarcón
es abogado constitucionalista
La gente espera mejorar su vida
Es necesario dar tres pasos: la conformación del Estado Plurinacional, la implementación de las autonomías y lo que falta es la implementación del nuevo modelo de desarrollo económico y social de carácter plural. Ya hemos recuperado el control del excedente económico, con la nacionalización; hemos hecho un diseño de estado, que se refleja en la Constitución Política del Estado, y ahora estamos ante la necesidad de implementar las autonomías, pero la gente espera que ese nuevo diseño funcional y territorial de Estado se vincule tangiblemente a un mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo. La gente ya pasó de una etapa de movilización política a una etapa de expectativa por alcanzar resultados. Se ha visto en la movilización de Caranavi, en la movilización de la COB en los primeros meses de este año. Estamos entrando a una etapa en la que se pone a prueba el modelo de desarrollo pregonado por el MAS. Entonces, los principales desafíos están orientados hacia la gestión pública, al logro de resultados materiales.

Carlos Romero
es ministro de Autonomía
Hay leyes que no son compatibles con la CPE
Las normas jurídicas aprobadas para construir el nuevo Estado Plurinacional, en muchos casos, son contrarios a lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE), o están siendo postergadas en su tratamiento, esto podría ser un riesgo en el futuro, coincidieron dos analistas.
Sobre las incompatibilidades, el constitucionalista, Carlos Alarcón, dijo que éstas se encuentran en varias de las leyes aprobadas por el Poder Ejecutivo. Mencionó que, por ejemplo, sí la “inclusión y las autonomías” son los fundamentos del Estado Plurinacional, “esto se está distorsionando”, por las incompatibilidades que se encuentran en la Ley Marco de Autonomías. De acuerdo a sus disposiciones “de alguna manera se está subordinando, a los niveles subnacionales, a un esquema de poder total y permanente que está personalizado en la figura del presidente Evo Morales, desnaturalizando el proceso”.
Riesgos. En nivel nacional, según Alarcón, se distorsionan principios constitucionales porque “el Poder Ejecutivo tiene el control de todos los otros poderes y de las leyes”. Otras incompatibilidades, indicó, se encuentran en la ley del Órgano Electoral o en la del Tribunal Constitución”.
“No hay independencia de poderes, por ejemplo,“quién interpreta la ley no es el Tribunal Constitucional sino la Asamblea Legislativa Plurinacional”, mencionó.
Para el director de la fundación Tierra, Gonzalo Colque, también es un riesgo, en la construcción del Estado, que el debate normativo hubiera sido sustituido por el de carácter político entre oficialistas y opositores “con contenidos irrelevantes”. Añadió que pese a que la bancada oficialista en el Poder Legislativo cumplió con la aprobación de las cinco leyes fundamentales y la entrega de un paquete de 31 normas; “le resulta difícil, al propio Gobierno, afirmar que están sentadas las bases sólidas para instalar el nuevo Estado”.
El ministro de Autonomía, Carlos Romero, admitió que se ha dado pasos muy importantes, pero “que todavía no se ha culminado el trabajo como para darle la estabilidad al proceso”.




LA AUTONOMÍA DA MÁS PODER A LAS REGIONES

Las autonomías regionales tienen igual o mayor poder que el que tienen las departamentales. Que sus asambleas no posean capacidad legislativa no es un obstáculo porque pueden normar. La Asamblea departamental está obligada a aprobar sus estatutos y tienen sus propios recursos para planificar su desarrollo.
Si bien el ministro de Autonomías, Carlos Romero, sostiene que las regiones “están sometidas a las políticas definidas por el departamento”, en los hechos esto no es evidente, coinciden en afirmar el diputado del Chaco, Wilman Cardozo, y el secretario de Coordinación de la gobernación de Tarija, Mauricio Lea Plaza.
“Nuestras competencias no son ni más ni menos que las departamentales, tenemos las mismas. Podemos aprobar nuestros estatutos, tenemos presupuesto y vamos a incluir nuestra planificación directamente en la política nacional sin pasar por la Asamblea Departamental”, sostiene Cardozo.
De hecho, asegura que si bien la Ley de Autonomías establece que no tienen facultad legislativa, esto no les afecta porque tienen capacidad normativa. “Las normas que aprueba la Asamblea son de cumplimiento obligatorio. No vemos gran diferencia con legislar”.
Para el parlamentario, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado (CPE) limitaba a la autonomía regional, con la Ley Marco de Autonomía “se amplían las facultades y atribuciones”.
Esta posición la confirma el ministro Romero al decir que “en la Ley Marco se ha señalado otras condiciones adicionales que garantizan un ordenamiento razonable del proceso regional”.
Para el secretario de Coordinación de la Gobernación de Tarija, Mauricio Lea Plaza, la Ley Marco de Autonomías, además de ampliar facultades a las autonomías regionales, también sienta bases “para una peligrosa desmembración del territorio”, por cuanto en el artículo sexto se abre la posibilidad de que pueden constituirse en “unidad territorial” y no sean sólo una “unidad de gestión”.
Hace notar también que colisiona con el principio constitucional el hecho de que las autonomías regionales autodefinan sus competencias y que la Asamblea Departamental de Tarija, como establece el artículo 41 de la Ley Marco, esté obligada a aprobar el estatuto por dos tercios de votos.
Según Cardozo, en Villamontes, Yacuiba y Caraparí —poblaciones que conforman la autonomía regional— viven a plenitud el proceso por el cual lucharon desde hace más de 30 años.
En ese marco, asegura que la Asamblea Regional ya inició la redacción de sus estatutos que una vez aprobados pasaran a la verificación por el Tribunal Constitucional. Si no hay observaciones se someterá a referéndum y la Asamblea Departamental estará obligada a aprobarlos. “Tenemos la sartén por el mango”.
“Apoyamos el proceso en el Chaco y confiamos en que, de ambos lados, vamos a evitar que éste sea un escenario difícil porque son varios los elementos que la Ley Marco incorporó y que pueden generar un escenario peligroso de desmembración”, sostiene Lea Plaza.
Que no se piense en el décimo departamento, asegura Cardozo. “La autonomía regional, por el momento, satisface las aspiraciones del Chaco. Nuestra lucha buscaba que el gobierno local esté más cerca de la población y lo hemos logrado para superar la pobreza que se vive en la región más rica del país.





LA JUSTICIA INDÍGENA Y LA ORDINARIA ESTÁN A LA PAR

La Ley del Órgano Judicial, promulgada el 24 de junio de este año, establece que la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozan de igual jerarquía. En caso de conflictos y competencias, señala el anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional, será el Tribunal Constitucional Plurinacional el que resuelva estos líos.
Este anteproyecto de ley también establecerá 36 tipos de administración de justicia originaria, acorde con el número de nacionalidades reconocidas en la Constitución Política del Estado (CPE). El documento preliminar es consensuado con los pueblos indígenas y debe ser aprobado hasta diciembre de este año.
La justicia indígena llegará a complementar en los lugares donde el Estado no ha tenido una presencia efectiva y real, señalan de manera coincidente la viceministra de Autonomías, Claudia Peña, y el constitucionalista y ex viceministro de Justicia, Carlos Alarcón.
La viceministra Peña explica que la ausencia de Estado durante toda la historia republicana del país ha ido exacerbando los ánimos en la sociedad civil, por lo que “se hace imperiosa la necesidad de que los sistemas de justicia, ordinaria y originaria, se hagan presentes y controlen esas situaciones”.
“Me parece importante y me parece una esperanza la justicia indígena porque va a permitir fortalecer ese tipo de organización y de ese modo disminuir los índices de violencia al interior de la sociedad civil”, complementa.
Carlos Alarcón explica que uno de los riesgos de la justicia comunitaria es que ésta llegue a contradecir la Constitución Política del Estado. “No es un tema de rango o jerarquía, ambas pueden tener la misma jerarquía, pero si tienen diferentes fundamentos deberían regularse cada una de ellas de acuerdo al reglamento que tengan”, precisa el abogado constitucionalista. Y añade: “La justicia indígena es particular mientras que la justicia ordinaria es universal”. El jiliri apu mallku del Consejo de Ayllus y Markas de Qullasuyo (Conamaq), Sergio Hinojosa, asegura que los pueblos indígenas apoyan la aplicación de la justicia originaria y rechazan la justicia ordinaria debido a que esta última no ha respetado sus derechos. “No confiamos en la justicia ordinaria”, subraya.
El anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional señala que la jurisdicción originaria es la potestad que tienen las naciones, pueblos indígenas y comunidades interculturales de administrar justicia conforme a sus principios, valores, normas y procedimientos propios.
En el occidente, los consejos de ayllus aplican justicia desde sus jilankos, segunda mayor, mallku, kura mallku, apu mallku y el jiliri mallku. En el oriente boliviano existe la estructura del corregidor, el capitán grande, los caciques, segundo cacique y comisarios.
Asimismo, el anteproyecto de ley establece que el Tribunal Constitucional resolverá los conflictos de competencias y atribuciones que existan entre la justicia originaria y la ordinaria. El artículo 10 refiere que cuando haya conflictos de competencia entre jurisdicción, éstos “serán resueltos por el Tribunal Constitucional, resguardando el respeto y la vigencia de los derechos colectivos e individuales de las naciones o pueblos”.