BOLIVIA DA UN SALTO A LA INDUSTRIA DEL COBRE. EXPORTARA 3.500 TONELADAS DE COBRE DE ALTA PUREZA, DESDE CORO CORO

El Estado boliviano volverá a producir concentrados de cobre, pero con valor agregado de alta pureza para su exportación, gracias a la reactivación de la mina cuprífera de Corocoro, cuya planta hidrometalúrgica, construida con una inversión estatal de 18,5 millones de dólares, fue entregada ayer por el presidente Evo Morales.
El municipio de Corocoro, capital de la provincia Pacajes, se encuentra a 173 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Paz y a una altura de 3.959 metros sobre el nivel del mar. Contiene alrededor de 10 millones de toneladas de reservas de cobre.
“Hoy es una fecha histórica”, calificó Morales al recordar que a causa del Decreto Supremo Nº 21060, de 1985, más de mil trabajadores tuvieron que ser relocalizados y se cerró uno de los centros mineros más importantes, el cual quedó paralizado por más de 20 años.
De acuerdo con el director general de Minería, Freddy Beltrán, la reanudación de operaciones de la planta es parte de la primera fase de exploración y explotación del yacimiento, puesto que los mayores procesos se realizarán junto con la empresa coreana Kores, con la que el Gobierno firmó en 2008 un contrato de riesgo compartido con una inversión de 200 millones de dólares.
“En este proyecto hidrometalúrgico de Corocoro se han invertido 18 millones y medio de dólares; no había sido sencillo reactivar rápidamente”, apuntó el Jefe de Estado luego de señalar que la planta producirá al año 3.500 toneladas de cobre electrolítico de alta pureza.
Destacó que las ganancias de la empresa serán de alrededor de tres millones de dólares anuales. Asimismo, indicó que en principio la planta contaba con 50 trabajadores y que actualmente cuenta con 160.
El Jefe de Estado recibió de manos de los trabajadores una de las primeras láminas de cobre catódico, cuya producción inicial supera las 12 toneladas métricas.
Fábrica de alambrones
El presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Hugo Miranda, anunció la implementación de una fábrica de alambrones de cobre, muy utilizados en la industria de la electricidad.
Según Miranda, el proyecto está en su etapa de diseño final y será construido en las proximidades de la mina de Corocoro para ahorrar costos de transporte de la materia prima. La inversión proyectada supera los 800 millones de dólares.
“Hemos dado esta (tarea) a una empresa (especializada) para que nos haga un perfil del proyecto, (cuyos resultados) serán evaluados por los técnicos de la Comibol y ver si realmente sirve para hacer un estudio de diseño final”, dijo Miranda.
Ahora sigue la exportación
Según el ministro de Minería, Luis Alberto Echazú, se espera que la primera exportación de cobre metálico boliviano se realice en los siguientes meses, una vez que se cuente con los lotes necesarios para esa finalidad.La autoridad destacó que el sector minero nacional creció en 2008 en 54 por ciento, frente a países como Perú, con 7 por ciento, y Chile, 11 por ciento.
En el primer semestre del presente año la minería boliviana registró un crecimiento de 14,4 por ciento.“A partir de hoy, Bolivia tiene que exportar solamente metálicos, se acabó la exportación de minerales (...) Continuaremos con el proceso de industrialización, dentro de dos meses le presentaremos al Presidente un proyecto de alambrón (de cobre) con base en nuestros cátodos”, manifestó.
Echazú resaltó que con la inauguración de la planta hidrometalúrgica también comenzó la producción inmediata de metálicos. “Dentro de unos meses, cuando tengamos los lotes necesarios, exportaremos”, agregó.El Ministro anunció que la iniciativa estatal continuará con la pronta construcción de dos nuevas plantas hidrometalúrgicas en los departamentos de Oruro y Potosí, para el zinc, plata e indio.





BOLIVIA VUELVE A PRODUCIR COBRE DESPUÉS DE 20 AÑOS

El Nuevo Herald de Estados Unidos (www.elnuevoherald.com)

Bolivia comenzó a producir cobre metálico desde el martes tras 20 años con la inauguración de una planta hidrometalúrgica financiada por el estado que procesará entre 3.500 a 5.000 toneladas anuales.
El presidente Evo Morales inauguró la planta ubicada en la región andina a 75 kilómetros al suroeste de La Paz. "La primera fase ha sido financiada por el Estado con 18 millones de dólares", dijo el mandatario. "La inversión se recuperará en cinco años", agregó.
La mina de Coro Coro administrada por el estado estuvo cerrada hasta hace dos años desde finales de los años 80 tras una caída de precios de los minerales. La planta tiene ahora 130 trabajadores. Es la mina de cobre más importante del país.
La estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) que administra la mina anunció que la compañía surcoreana Kores será socia en la explotación del yacimiento con un inversión de 200 millones de dólares en el sistema de riesgo compartido para desarrollar las reservas estimadas en 10 millones de toneladas.
"Un 55% de los beneficios será para el Estado y 45% para la socia", sostuvo Morales.
Se trata de uno de los emprendimientos mineros más importantes que inició el gobierno de Morales después de otorgar a la india Jindal Steel and Power un rico yacimiento de hierro en el sudeste cerca de la frontera con Brasil.
La Jindal llegó en 2007 a Bolivia para invertir 2.100 millones de dólares en la explotación por 20 años del yacimiento del Mutún, a 1.200 kilómetros al este de La Paz. Se estiman en 40.000 millones de toneladas las reservas.
Jindal inicio con demora los primeros trabajos para explotar el yacimiento.
Bolivia exporta gas natural a Brasil y Argentina, pero los minerales siempre fueron la principal vocación económica de este país andino y hoy ocupan el segundo lugar de las exportaciones. Corea del Sur es el principal mercado.
Bolivia produce estaño, plata, zinc, plomo y oro principalmente y este año la minería crecerá en 14% dijo Echazú a pesar de una caída en las cotizaciones a finales del año pasado.
Morales nacionalizó los hidrocarburos en 2006 y revirtió al estado una fundidora de estaño a la suiza Glencore Internacional, pero dejó que empresas privadas continúen operando en el país entre ellas la misma Glencore que administra otras minas a través de su subsidiaria Sinchi Wayra.
Buena parte de las minas estatales están controladas por mineros independientes asociados a cooperativas que generan hasta 80.000 fuentes de trabajo.
El martes, Morales visitó la planta y compartió con los técnicos y obreros el procesamiento de minerales.
La cotización del cobre está en 2,77 la libra fina.





Apunta a ser tercero en la región

BOLIVIA INAUGURA PLANTA DE COBRE, EN SOCIEDAD CON FIRMA COREANA KORES

El complejo minero -que funcionará bajo contrato de sociedad entre la firma coreana y la estatal minera COMIBOL- espera producir en un inicio unas 3.600 toneladas de cobre hasta llegar a las 5.000 toneladas anuales.

Invertía de Colombia (www.co.invertia.com)

Bolivia inauguró este martes una planta industrializadora de cobre, en asociación con la firma estatal coreana Kores, que pretende colocar al país como tercer productor sudamericano del mineral, aunque todavía lejos de Chile y Perú.
El complejo minero -que funcionará bajo contrato de sociedad entre la firma coreana y la estatal minera COMIBOL- espera producir en un inicio unas 3.600 toneladas de cobre hasta llegar a las 5.000 toneladas anuales. La planta de Corocoro (175 km al sudoeste de La Paz) fue inaugurada por el presidente boliviano Evo Morales después de 18 meses de acondicionamiento tras un largo tiempo de parálisis a causa de la depresión de los precios internacionales del metal.
El Gobierno boliviano destinó 18 millones de dólares para la rehabilitación de la Planta de Corocoro a la espera de que la multinacional coreana invierta unos 200 millones de dólares para labores de industrialización.Según el Ministerio boliviano de Minería, se estima que la planta podría colocar a Bolivia como tercer productor de cobre en Sudamérica, aunque muy lejos de Chile que produce más de 5 millones de toneladas y Perú que llegó a 1,2 millones de toneladas en 2008.
De acuerdo a la explicación del presidente Evo Morales, los dividendos serán distribuidos en 55% para Bolivia y 45% para el socio extranjero.





Se cree que el salar de Uyuni (Bolivia) contiene una de las mayores reservas de litio del mundo

LA DISPUTA POR EL LITIO BOLIVIANO

La República de España (www.larepublica.es)

Se cree que el Salar de Uyuni (Bolivia) contiene una de las mayores reservas de litio del mundo. El carbonato de litio se ha usado principalmente para fabricar las baterías de los ordenadores portátiles y teléfonos móviles, pero también se está empleando para las baterías de automóviles híbridos y eléctricos.
El Salar de Uyuni es actualmente conocido por su atractivo turístico y es visitado cada año por turistas de diferentes países. Pero también se está haciendo famoso porque, bajo la dura capa de sal, hay una salmuera que contiene, entre otros elementos, el preciado carbonato de litio.
A finales de los años 80 (del siglo XX) es cuando empieza a tenerse constancia del potencial del Salar. A principios de los 90, la empresa estadounidense Lithium Corporation pretende explotar el Salar con el consentimiento del gobierno de Jaime Paz Zamora. Los habitantes de la zona, y concretamente la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS) luchan para evitar el expolio y consiguen echar a la empresa Lithium Corporation. El objetivo de la FRUTCAS es que la explotación del Salar se lleve a cabo por parte del Estado Boliviano. Pero los gobiernos conservadores o de derecha se excusan en la falta de tecnología y recursos económicos. Después de la Lithium Corporation, la empresa chilena Quiborax fue también expulsada del Salar, planteando una demanda al Estado boliviano que aún hoy está pendiente de solución.
Con la llegada de Evo Morales a la jefatura del Estado y la nueva constitución política del Estado, el enfoque de la FRUTCAS y el nuevo gobierno coinciden. Es entonces cuando la idea de una planta estatal de extracción toma cuerpo por fin, y se construye la planta piloto, cuyas obras está previsto que concluyan a finales del presente año. Y por tanto la Planta iniciaría su funcionamiento en enero del 2010.
Francisco Quisbert, secretario ejecutivo de FRUTCAS nos comenta que van a seguir vigilantes para que las transnacionales no se lleven el litio. Hasta ahora, quien se está haciendo cargo de la construcción y gestión de la Planta piloto es la estatal Corporación Minera de Bolivia, COMIBOL, con una fuerte inversión del Estado boliviano.
Las transnacionales Bolloré, LG group , Mitsubishi y Sumitomo son varias de las entidades privadas que se han interesado por el Salar de Uyuni.
La apuesta boliviana es procesar el litio en origen, evitando la tendencia extractiva que pocos beneficios ha reportado al país en casos similares. Muchos intereses están en juego, y la balanza caerá finalmente a un lado, al del expolio de las transnacionales, o al de la explotación inteligente por parte de un Estado soberano. El tiempo nos mostrará los resultados.





BOLIVIA Y EEUU A UN PASO DE ALCANZAR ACUERDO PARA RELANZAR RELACIONES

Univisión de Estados Unidos (www.univision.com)

Bolivia y Estados Unidos se encuentran a un paso de alcanzar un acuerdo marco bajo el cual relanzarán las relaciones bilaterales, muy golpeadas en el último año, anunciaron funcionarios de ambos países tras reunirse en Washington.
"Estamos próximos a llegar a un acuerdo marco para alcanzar una relación constructiva", señaló a periodistas el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, quien fue recibido en el Departamento de Estado en una segunda ronda negociadora para desbloquear las relaciones.
"Esperamos finalizar e implementar este acuerdo marco en el futuro cercano", dijo por su parte la subsecretaria para Democracia y Asuntos Internacionales del Departamento de Estado, Maria Otero.
"Se avanzó mucho" en la reunión de este martes, señaló Otero.
Una tercera ronda negociadora está prevista en la primera quincena de noviembre en Bolivia, precisó el canciller. La primera ronda, en mayo pasado, tuvo lugar en La Paz.
Las relaciones bilaterales habían quedado en coma luego de que el presidente Evo Morales expulsara en septiembre de 2008 al embajador de Estados Unidos y a la administración antidrogas DEA, acusándolos de conspiración.
La Casa Blanca, en reciprocidad, expulsó al embajador boliviano y negó todas las denuncias de complot.
La posible vuelta de la DEA a Bolivia "no estaba en la agenda" este martes, señaló el canciller boliviano a preguntas de la prensa.
Ambas partes iban a prolongar las conversaciones este miércoles, precisó Choquehuanca.
"Se vive un momento importante en el diálogo bilateral", resumió el subsecretario estadounidense para América Latina, Thomas Shannon.
"Obviamente ambos estamos trabajando para que regresen los embajadores. Nuestro trabajo es establecer un grado de confianza" mínimo para ello, explicó.
Tras la crisis diplomática, Bolivia desea claramente fijar unas nuevas reglas de juego mediante ese "acuerdo marco" que abarque la política antinarcóticos, el comercio y las relaciones políticas entre ambos países.
Aunque el presidente Barack Obama ha reiterado que está dispuesto a escuchar a países como Bolivia, el gobierno de Evo Morales es uno de los regímenes que despierta públicamente inquietud en algunos sectores gubernamentales estadounidenses, por su alineamiento con Venezuela o su acercamiento a Irán.
La política antinarcóticos de La Paz ha sido criticada en las revisiones anuales que hace el Departamento de Estado, así como el respeto a los derechos humanos.
Morales a su vez ha sido una de las voces más críticas, junto al líder venezolano Hugo Chávez o el ecuatoriano Rafael Correa, del reciente acuerdo de cooperación militar entre Colombia y Estados Unidos, que concede el uso de siete bases militares en el país latinoamericano.





BOLIVIA: PERÚ TIENE “LAS PUERTAS ABIERTAS” PARA EXPLICAR PROPUESTA CONTRA ARMAMENTISMO EN REGIÓN

Andina de Perú (www.andina.com.pe)

El embajador de Bolivia en Perú, Franz Solano, sostuvo hoy que Perú tiene “las puertas abiertas” en su país para explicar la propuesta que busca frenar el armamentismo en la región.
“Evidentemente, las puertas de Bolivia están abiertas para analizar esta propuesta, como otras, siempre en el marco de la paz, la hermandad y el desarrollo de los pueblos”, manifestó a la Agencia de Noticias Andina.
Refirió que Bolivia es un país pacifista que no ve con “simpatía” las carreras armamentistas, por lo que –dijo– siempre apoyará iniciativas para reducir los gastos excesivos en armas y potenciar la lucha contra la pobreza.
“La posición de Bolivia siempre ha sido a favor de la lucha contra la pobreza; además, no vemos con simpatía las carreras armamentistas.”
El diplomático señaló que el Gobierno de Bolivia aún no ha recibido comunicación oficial para concretar una eventual reunión entre el presidente Evo Morales y una delegación peruana.
No obstante, remarcó que la delegación liderada por la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Nidia Vilchez, será bienvenida.
“Hasta ahora sabemos lo que se ha difundido por los medios de comunicación, pero se puede oficializar a través de la embajada o directamente. (…) Esa delegación será bienvenida por Bolivia.”
Perú promueve una campaña frente a la creciente compra de equipos bélicos en América Latina, y recientemente expresó su preocupación por este tema ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
En noviembre, se tiene previsto enviar cuatro delegaciones ministeriales para tratar ese problema con los países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y promover un compromiso de no agresión, a fin de limitar la compra de armamentos.
La ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, adelantó que en su visita a Bolivia y Paraguay para dialogar sobre la problemática de la región, buscará reunirse no sólo con los presidente Evo Morales y Fernando Lugo, sino con los titulares de sus respectivos parlamentos.
Por otro lado, Solano deploró una versión periodística en la que se señala que su país está vinculado a la empresa Business Track (BTR), investigada por un presunto espionaje telefónico.
El diplomático remarcó que la política del gobierno de Bolivia es transparente. "Por lo que esas acusaciones no tienen fundamento."





CAMBIO CLIMÁTICO-BOLIVIA: POBREZA SE RECALIENTA

IPS de México (www.ipsenespanol.net)

La rápida desaparición de glaciares y el consecuente agotamiento de las fuentes de agua empujan a la pobreza a los pueblos andinos y obligan a crear conciencia sobre el cambio climático, dijeron expertos bolivianos a IPS.
Un incremento de la temperatura determina pérdidas de nieve y hielo en la cordillera de los Andes, advirtió la responsable de cambio climático de la filial boliviana de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), Carmen Capriles.
La funcionaria dialogó con IPS durante una visita al Chacaltaya, montaña a 30 kilómetros de La Paz cuyo pico superior se encuentra a 5.530 metros sobre el nivel del mar.
El Chacaltaya es una muestra de "glaciar muerto". Hasta hace 10 años tenía una masa de hielo y nieve que lo convertían en la pista de esquí más alta del mundo y que representaban su gran atractivo, según coinciden los impulsores del capítulo boliviano del movimiento internacional Acción Climática 350.
Esta organización reclama medidas urgentes para frenar las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero.
Durante todo el año, la montaña sólo exhibe su imagen cónica de roca. Pero el pasado fin de semana, una tormenta de nieve acompañada de bajas temperaturas y fuertes vientos saludó la visita de un centenar de sorprendidos activistas.
"Es un milagro del cielo", exclamó el presidente del Círculo de Periodistas de Turismo de Bolivia, Jorge Amonzabel, defensor del ambiente y aficionado al esquí.
Una veintena de organizaciones se sumaron a Acción Climática 350, que reclama limitar la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a 350 partes por millón, lo cual se discutirá en diciembre en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se celebrará en Copenhague.
La alegría por la nieve que cubrió con rapidez el tejado del único refugio y por los copos posándose libres y veloces sobre los rostros y la ropa se mezcló con cierta desazón, porque esa imagen no será habitual durante el resto del año.
Una tormenta de nieve en la primavera boliviana es inusual y puede atribuirse al desorden climático, dijo Amonzabel, quien observaba apesadumbrado lo que en otros tiempos fue una natural pista de esquí ahora convertida en una pendiente de roca y tierra.
Bolivia es un país altamente vulnerable a los cambios ambientales, sociales y económicos globales, expresó Capriles. La seguridad alimentaria de los pueblos altiplánicos está seriamente amenazada porque la sequía reduce la cosecha de tubérculos, granos y pienso para ganado, mientras la falta de periodos de baja temperatura impide el proceso de deshidratación y conservación de la papa (chuño), producto básico para temporadas de escasez, afirmó.
Tradicionalmente, recordó la experta, las familias que viven de la agricultura de subsistencia en zonas rurales vendían su excedente de alimentos y, con ese dinero, accedían a bienes y servicios necesarios. Pero ahora se ven obligados a vender lo poco que cosechan y se quedan sin comida.
La psicóloga Daniela Leytón, coordinadora de género de Acción Climática 350 para América Latina, Daniela Leytón, consideró que los bolivianos, más que limitarse a ser espectadores del recalentamiento, pueden "ser activos en un país vulnerable por sus altos índices de pobreza y donde se observan efectos físicos como el derretimiento de las nieves del Chacaltaya".
"Tenemos la oportunidad de movilizarnos y canalizar nuestras demandas de manera efectiva", dijo a IPS.
Leytón afirmó que las mujeres soportan los efectos del cambio climático por sus roles y por las condiciones de discriminación y pobreza que las afectan desproporcionadamente.
Por eso, manifestó, ella participa en un movimiento que, además de defender los derechos femeninos, reclama al mundo una acción hacia la conservación de la naturaleza.
Las mujeres de las zonas bajas de Bolivia saben por anticipado que entre los meses de enero y febrero se verán obligadas, a causa de las inundaciones, a abandonar sus casas y a asentarse en espacios no necesariamente adecuados para sobrevivir.
La activista destacó la creatividad de las jefas de familia, que combaten la desnutrición buscando alimentos ricos en proteínas producidos en carpas solares y empleando métodos de cocción también solar, de modo que también evitan el consumo de combustibles contaminantes.
Capriles señaló que el Chacaltaya no ha sufrido sólo el aumento de temperatura, sino el impacto de la extracción de hielo para su uso en frigoríficos y heladerías de la vecina ciudad de El Alto.
Al aumento de la temperatura ha contribuido también el uso de techos de zinc (calaminas), que reflejan y multiplican los rayos del sol, explicó.
El ingeniero Luis Tórrez, experto en cambio climático y desarrollo urbano, consideró que el uso de combustibles fósiles continuará en el mundo por muchos años, y ante este escenario recomendó rediseñar las viviendas para adaptarlas a eventos como tormentas y deslizamientos.





BOLIVIA: POLITICA, UN NEGOCIO ARRIESGADO PARA LA MUJER

IPS de México (www.ipsnews.net)

Participar activamente en la política en Bolivia puede ser una tarea peligrosa. Cientos de denuncias de violencia contra las mujeres que participan en la política de dar fe de los riesgos. Y mientras los ataques impunes, un proyecto de ley para proteger los derechos de las mujeres que ocupan cargos públicos ha pasado casi una década en el Congreso en espera de ser aprobado.
María Eugenia Rojas, dirigente de la Asociación Boliviana de Concejalas (ACOBOL), que trabaja por el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos, dijo a IPS que los miembros de su organización tienen la urgente necesidad de una ley que los proteja y aumentar la toma de conciencia de una realidad crítica, pero poco conocido.
Pero también admitió que el cansancio, provocado por la falta del Congreso de la sensibilidad al problema. Las cosas apenas ha mejorado para las mujeres en la política, incluso después que el presidente Evo Morales asumió el cargo en 2006, que representa los intereses de las personas pobres del país, indígenas y advenimiento de los cambios sociales. Ni siquiera la nueva Constitución, en vigor desde febrero de 2009, que refuerza los derechos de la mujer, ha tenido mucho efecto en esa zona.
Cuando se le preguntó a dar un ejemplo de un caso especialmente alarmante, Rojas dijo que todos los casos de violencia dirigidos contra las mujeres políticas son igualmente inquietantes. "¿Qué es peor? El caso de la concejala que fue atacado y sufrió un aborto involuntario? O el que fue golpeado dentro de una pulgada de su vida, o el funcionario municipal que había sido violada? -preguntó ella.
Pero ella no tenía ninguna duda acerca de un denominador común en los más de 200 denuncias presentadas a través de la asociación solo: "Todos ellos implican la discriminación de género y la violencia".
La violencia de género dirigido a las mujeres que son activas en la política se produce en muchos niveles, pero en ninguna parte es más virulento y comprometidos con tanta impunidad que en los municipios rurales. Las mujeres son a menudo acosados, o peor aún, con el fin de obligarlos a salir de la política.
"Humillaciones públicas de las mujeres concejales elegidos por votación popular, o azotes como castigo infligido por las comunidades indígenas son violaciónes masivas de los derechos de las mujeres y exigen una acción inmediata", explicó Rojas.
ACOBOL se ha enfrentado a muchas frustraciones en su lucha por defender los derechos de las mujeres en cargos públicos, sobre todo el hecho de que ninguno de los autores en estos casos ha sido llevado ante la justicia. Fue en el contexto de esta lucha que la consulta popular se celebró con el objetivo de introducir un proyecto de ley contra el acoso político y la violencia de género, las mujeres llegaron a la constatación de que esa era la única manera de defender su derecho a participar en la política de manera segura y en condiciones de igualdad.
En el resto de América Latina, sólo Ecuador tiene una ley similar al proyecto de ley en estudio en el Congreso de Bolivia.
Una de las mujeres que participan en la campaña para conseguir que el proyecto de ley aprobado se dirige ahora hacia el Ministerio de Justicia. Ministra Celima Torrico es un ex dirigente sindical, un reportero de las estaciones base de radio, y el presidente de la Asociación de concejalas en la provincia central de Cochabamba. Bolivia celebrará elecciones generales en diciembre. Bajo la nueva constitución, el 50 por ciento de todos los candidatos a los cargos públicos deben ser mujeres, aunque ese porcentaje sólo se logró en el Senado y en la lista conocida como multi-nominal.
Desde su oficina, Torrico explicó a IPS por qué se ha cambiado recientemente su posición con respecto a la propuesta de ley y ahora está presionando para extender a aplicar a los hombres que participan en la política y también son víctimas de acoso y violencia en razón de los puestos que ocupan o sus puntos de vista sobre la administración de los gobiernos municipales.
Como es su redacción actual, el proyecto de ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar el acoso y la violencia contra las mujeres que se postulan en las elecciones o en sus funciones, y garantizar sus derechos políticos y garantizar que sean protegidos por la ley a nivel nacional, provincial y local.
La gran mayoría de los casos de discriminación de género y la violencia política se han comprometido a nivel municipal.
"Una ley no es suficiente en sí mismo, pero será un paso clave en la dirección correcta y un logro importante, ya que se tomará como punto de referencia para la acción futura, especialmente en lo que establece sanciones específicas e identifica ciertas conductas como los delitos punibles ", Patricia Flores, un funcionario de la oficina del Defensor del Pueblo, dijo a IPS.
"Se prevé que más allá de las medidas disciplinarias, y castiga (la violencia de género), como un delito", mediante su inclusión en el Código Penal, subrayó.
El proyecto de ley establece sanciones para los autores de actos de acoso político y la violencia contra las mujeres y los candidatos electos y los funcionarios que actúan. Los perpetradores pueden ser objeto de recursos administrativos, civiles y penales de medidas, y puede ser temporal o permanentemente excluidas de los cargos públicos.
La violencia de género político está motivada por la falta de voluntad de los hombres a renunciar a su permanencia en el poder y la administración de los fondos y recursos públicos, dijo Rojas.
Marcado por la violencia
Ministra Torrico experiencia es en sí un ejemplo de algunas de las muchas formas de discriminación que enfrentan las mujeres cuando se deciden a participar en la política.
Sólo tenía 13 años cuando su padre, un agricultor indígena de la ciudad de Chillijchi, en los valles interandinos de Cochabamba, le pidió que en el paso por él como secretario de un sindicato regional.
Pero fue rechazada por los miembros del sindicato debido a su género y edad. Torrico ni siquiera llegar a tomar la asistencia antes de que el libro de actas fue arrebatado de sus manos. En ese entonces, "las mujeres se espera que permanezca en casa, haciendo la colada, el cuidado de los niños, y la cocina, y no se supone que incluso asistir a una reunión", dijo el ministro.
Ella no era fácil de desalentar, sin embargo, y pronto comenzó a trabajar en la radio, en donde ella ganó un nombre por sí misma entrevistando a la gente común y hacer oír sus historias. Su decisión de llevar el sombrero tradicional y una falda que usan las mujeres indígenas en los valles del altiplano le valió el desprecio de sus colegas y la ha convertido en el blanco de las críticas. (Los pueblos indígenas representan aproximadamente el 60 por ciento de la población de Bolivia de 9,3 millones de dólares.)
En 2007, como consejero provincial de Cochabamba, Torrico tenido que soportar actos de intimidación a partir de entonces gobernador Manfred Reyes, principal opositor de Morales y ahora candidato presidencial. Durante un conflicto violento entre los cocaleros y la oposición al gobierno de Morales, Reyes puso bajo vigilancia y que los teléfonos de su familia explotado.
Con su nombramiento como ministro de vino una ola de críticas. El Colegio de Abogados fue tan lejos como declarar persona non grata a su causa de sus raíces rurales indígenas, entre otras razones. Su propia madre le pidió que abandonara la política y volver a su comunidad para trabajar la tierra, para evitar ser atacado por sus orígenes y la falta de educación formal.
"Los líderes de la Mujer de trabajo y muchas veces me dan ganas de llorar porque nos sentimos impotentes para cambiar las cosas", dijo a IPS una taza de té de coca, en una entrevista poco habitual, como los ministros normalmente no hablar con la prensa.
Torrico dijo que llegó a la conclusión de que el proyecto de ley tuvo que ser modificado para ampliar la protección a todas las personas elegidas democráticamente para un cargo público, porque se ha demostrado que las agresiones políticas están motivados por algo más que sexo.
"También hay hombres que ocupan cargos públicos que han sufrido abusos", dijo, por lo tanto estar en desacuerdo con las organizaciones de mujeres que insisten en tener una ley específica para hacer frente a la violencia de género y proponer políticas distintas leyes para proteger a otros grupos que ocupan cargos públicos. ACOBOL respalda su posición diciendo que los estudios demuestran ampliamente que "las relaciones de poder basadas en la violencia afecta directamente a las mujeres sólo porque son mujeres y por ser titulares de cargos políticos y públicos".
Un estudio realizado por ACOBOL 2000 a 2005, y actualizado con los dos centenares de denuncias presentadas desde adicionales, reveló que el 36 por ciento de todos los casos de acoso y abuso fueron destinados a obligar a las mujeres concejales a dimitir y dejar su puesto a un candidato varón o suplente .
El veinte por ciento de las denuncias fueron por violencia física y otro 19 por ciento para el acoso y las presiones para mantener a las mujeres fuera de la supervisión del gobierno municipal y las funciones de supervisión. El resultado de esta dura experiencia es que las concejalas no suelen postularse para un segundo mandato. Con pocas excepciones, cuando completen sus cinco años en el cargo de que decidan abandonar la política, porque llegan a la conclusión de que simplemente no vale la pena el sacrificio, y esto liderazgos emergentes recortes de la mujer en el brote, explicó Rojas.
Sólo cuatro por ciento de los escaños de los consejos están ocupados por mujeres, y de los consejos de 327 de la ciudad, sólo el 25 por ciento están encabezadas por una mujer, según los datos recogidos por ACOBOL. La violación de los derechos de las mujeres en la política afecta a las mujeres en todos los partidos, los cortes en todo el espectro de las ideologías, y se produce en las comunidades indígenas y organizaciones de base y grupos de la sociedad civil, así, dijo Rojas.
Sin embargo, existen diferencias geográficas. Rojas señaló que en los llanos orientales y selva amazónica mujeres en los cargos políticos son más ampliamente aceptados, mientras que en el oeste de Los Andes û región donde la población es predominantemente indígena - mujeres en cargos públicos están más expuestos a la intimidación y la discriminación debido a la fuerte las estructuras patriarcales que aún predominan.





UNIVERSIDADES DE BOLIVIA PARTICIPARAN DE PARADA FOLKLOLORICA DE LA ANDINA

Radio Pachamama de Perú (www.pachamamaradio.org.pe)

Tres conjuntos de danzas de universidades de la república de Bolivia, participaran de la segunda gran entrada de confraternidad universitaria de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, que se realizará el 29 de Octubre, en la ciudad de Puno.
Las agrupaciones de danzas que participaran son los sicu morenos de la carrera profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad Católica Boliviana San Bosco, la majestuosa e imparable Diablada de la escuela profesional de Administración y Marketing de la Universidad Univalle La Paz – Bolivia y la kullawada Contable de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia.
En total son veinte conjuntos folklóricos conformados por estudiantes de las diversas escuelas profesionales, que danzarán este jueves 29 de Octubre, entre ellas se encuentran las sayas, morenadas, tinkus, diabladas y otras danzas autóctonas.
Ayer, en una conferencia de prensa las autoridades universitarias informaron que para cada conjunto danzante están apoyando con un promedio de mil doscientos nuevos soles, que en total hacen un promedio de 24 mil nuevos soles, según lo informó Julio Cesar Lujan Minaya, coordinador de la sub sede de la UANCV.





Narcotráfico ingresa al Perú US$ 20 mil millones anuales, la misma cifra que mineras se niegan a pagar por regalías

POLÉMICO PUNTO DE VISTA: TRAFICANTES DE DROGAS HAN DEVENIDO EN IMPROVISADOS “ROBIN HOOD” SALVADORES DE AGRICULTORES EN BANCARROTA.

La Razón de Perú (www.larazon.com.pe)

La misma semana en que el “Wall Street Journal” de Nueva York reveló que el Perú había logrado desplazar a Colombia como primera potencia exportadora de cocaína (¡loor y gloria!), la policía colonial desencadenaba un feroz operativo erradicador de cocales en el histórico “Bolsón Cuchara” de la provincia Leoncio Prado, de Huánuco. Y es que García Pérez se sintió como el capataz criollo requintado por el gamonal gringo por no “manejar bien” a la indiada. ¡A él, el “campeón de la lucha contra el fundamentalismo andino”!
El prestigioso diario norteamericano especificó, además, que dicho “galardón” le implicaba –al corral llamado “Perú”- el ingreso informal de divisas en cantidad de –escuche bien- veinte mil millones de dólares (US$ 20,000´000,000.00) anuales.
Paradójicamente, cifra similar a lo que –se calcula- dejan de pagar anualmente las transnacionales mineras por regalías nimias o inexistentes (en función a los “contratos de estabilidad jurídica” contemplados mafiosamente en la Vladiconstitución neoliberal del 93, aún vigentes). Definitivamente, el Pachacámak no olvida a su pueblo: Justísima (aunque “informal”) ley de la compensación.
Acertijo resuelto
Reiteramos: He aquí –en esta “compensación informal”- el acertijo que explica el cómo la población peruana, particularmente la diseminada en el Antisuyo selvático, ha logrado soportar los embates globoneoliberales del libre saqueo económico. Acertijo que ni el supersonsonazo de Hernando de Soto, con su “Misterio del Capital” y “El Otro Sendero”, ha podido descubrir y este es el llamado Tráfico Ilícito de Drogas o TID.
Se debe, pues, para plantear soberanamente el tema, y reconocer la premisa que aquel TID cumple un rol social en el país libre saqueado. Rol determinante de que nuestra población de ceja de selva no haya degenerado a los subniveles de desnutrición e inanición de las famélicos humanoides del Africa subsahariana. Y es que, lamentablemente para los afronegros, la coca no se da allá. Ergo, no cuentan con el principal recurso natural para rebatir la “geopolítica del hambre” inmersa en la bancarrota del agro nativo, contemplada en la globoneoliberalización pro-blanca.
Dólar Ocoña
En el caso peruano, recordemos además aquel providencial “dólar Ocoña”, que en plena catástrofe económica aprista (primer período alanista) salvó la economía del corral y hasta la inminente quiebra del BCR y del BCP, del camaleón político Dionisio Romero, cuyas avionetas iban y venían de las pistas del Huallaga trayendo fardos de cocadólares…
Narcos Robin Hood
Este “rol”, del que irónicamente los propios narcos no tienen conciencia (son tan incultos como sus perseguidores de la DEA y la DIRANDRO), explica los frecuentísimos “incidentes” en que las poblaciones de los caseríos del VRAE o del Huallaga hacen causa común en defensa de su “Robin Hood traficante”, para que logre fugar de los operativos antidrogas, que -como era de esperarse- el director general de la PNP, Miguel Hidalgo, no puede sino “lamentar en cuanto actitudes violentistas de la población ante las fuerzas del orden y del derecho en su labor de “lucha frontal contra el narcotráfico” (sic).
Entiéndase que sería inútil pedirle un mínimo de raciocinio al vladigeneral; le han enchufado en el seso un mismo casete y punto. Por supuesto, él jura que está “sirviendo a la patria”.
Pero la “solidaridad popular” con los narco Robin Hood se expande inexorablemente, a pesar de la embajada gringa y su filial DEVIDA. Solamente el pasado setiembre, en Sivia, Unión Mantaro (VRAE) y Venenillo (Huallaga), se han dado casos en que la población en pleno, desde ancianos hasta mujeres y niños, se interpusieron entre la policía y el “amado traficante”, dando tiempo y espacio para que éste se pusiera a salvo. Inclusive con disparos de por medio, amén del respectivo saldo de heridos y muertos; muy aparte de la resistencia, no menos popular, a la erradicación de cocales.
“Sin el dinerito que percibo por mi hoja me sería imposible pagar la educación universitaria de mi hijo”, sostuvo un campesino agrococalero ante un nada impresionado corresponsal periodístico en Unión Mantaro. Las explicaciones del resto de pobladores, son similares.
Y encima, ahora que se viene imponiendo la prohibición del uso del kerosene (insumo del TID), tácitamente el Estado Idiota hará retroceder al VRAE a la Era del Neanderthal, por lo menos en cuanto cocción de alimentos se refiere, además de aperturar un nuevo rubro para la economía informal del país profundo: el Tráfico Ilícito de Kerosene (TIK).
Es, pues, imposible que el Estado y la DEA tengan éxito en tanto el flujo económico, por más “ilegal” que sea, derive del accionar informal de los “nachos”. Sépase, por ejemplo, que si el famoso “Vaticano” (Demetrio Chávez) saliera libre de Castro Castro y postulara a la alcaldía de Campanilla, se la “llevaría” categóricamente, sin oposición alguna.
El mismo ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez, no ha dejado de ser tremendamente popular en su región. Y es que, a diferencia de las mineras, en cuyo entorno geográfico la contaminación y pobreza cunden a pesar de las abstractas cifras estadísticas, allá en la ceja de selva, el “crecimiento económico in situ” se da donde hay TID; y donde no, la recesión campea.
¿Problema o solución?
Definitivamente, el cocal constituye el primer cultivo alternativo ante la bancarrota del agro nativo por efecto combinado del libre mercado y la des-soberanización alimentaria, que han plagado al país de comederos públicos de CARITAS y PRONAA, cuyos menús y víveres son casi en su totalidad importados.
Es así que el campesino quebrado por la traición estatal, tiene dos opciones: o invadir el arenal suburbano de Lima para plantar su estera y aguardar ser bombardeado con lacrimógenas de la DIROES, o bajar a la selva para plantar un cocal, arriesgarse con su “pocita” y aguantar el bombardeo del spike de la DEA.
Por consiguiente, la coca –desde la perspectiva neoliberal- constituye un problema (al igual que el indio/cholo hortelaneano), pero desde perspectiva etnonacionalista se convierte en solución. Depende, donde nos ubiquemos y nos identifiquemos. Es, la coca, la principal trinchera de combate en la que el etnonacionalismo resiste al globoneoliberalismo.
No obstante, si bien es cierto que el campesino cocalero se ha ganado por lucha propia que se le considere agricultor, urge especificar si aquel agricultor “más su poza de maceración” sigue siendo agricultor o ya se convierte en “narcotraficante”.
El hecho que “de cada diez hojitas (de coca) nueve vayan al TID y una a ENACO”, reiteramos, en lo absoluto implica al agricultor cocalero (si hemos de regirnos por las sacrosantas leyes de libre mercado), por lo que tampoco debería ser incriminado por los artículos 296 y 297 del Código Penal, aunque de por medio esté la respectiva poza maceradora de las “9 hojitas”.
Lo cual se explica de manera (in)formalmente empresarial: “darle valor agregado a la materia prima”, eje de la informal economía de sobrevivencia regional. Y es que cuando el agro convencional nativo da apenas para comprarse un pantalón cada tres meses y el tebeciano Sueldo Mínimo “Vital” es de 560 irrisorios nuevos soles, entonces el cocal clandestino de “9 hojitas”, con pocita adjunta, se torna legítimo en cuanto recurso de sobrevivencia.
Necesidad
Entiéndase que la necesidad (vital) de sobrevivencia no tiene ley (penal) que la restrinja. Ergo: el campesino “cocalero y de poza” no es sino un agricultor emprendedor que actúa de la mano invisible del libre mercado (que tanto fascina a PPK) y es hostigado por un Estado policíaco identificado con el extranjero. He ahí el círculo vicioso, sin posibilidad de solución alguna (salvo que el constante enfrentamiento y mortandad sea considerado como tal), bajo escenario globoneoliberal.
Y es que la única posible solución solamente podrá darse bajo escenario etnonacionalista con un Estado patriota y proteccionista del agro convencional nativo, devolviéndole rentabilidad en función a una autarquía alimentaria, que además de arrasar con los comedores públicos, los Kentukys y Pizza Hut’s, determine que los quebrados ex paperos, ex maiceros, ex trigueros y “ex etc”, ahora refugiados en el cocal clandestino, retornen patrióticamente a sus cultivos originarios con la seguridad de contar con todo el apoyo de “su” Estado.
Recién, entonces, el TID ya no tendrá ninguna faceta de “rol social” y será enteramente delictuoso. Antes, no.





INQUIETANTE INFORME DE LA POLICIA FEDERAL BRASILEÑA

LOS NARCOS DE RÍO COMPRAN ARMAS EN TODA LA REGIÓN Y TIENEN MISILES

Hay 17 puntos de ingreso del armamento a las favelas. Entre ellos también desde Argentina. La policía brasileña secuestró armas largas, metralletas y ametralladoras antiaéreas. También detectó misiles tierra-aire en manos de los delincuentes.

Clarín de Argentina (www.clarin.com)

Dicen que Ana Cristina Costa do Nascimento, una joven madre de 24 años con una beba de 11 meses, murió por una "bala perdida" que le entró por la espalda. Ella era una de las tantas muchachas que viven en el complejo de favelas cariocas llamada barrio de la Penha. La chiquita, que estaba en brazos de su madre, se salvó de casualidad: sobrevivió a la herida del disparo y todavía está internada en estado reservado. Antes de ayer, Ana Cristina fue enterrada. Deja en la orfandad otros dos pequeños de 6 y de 3 años La caza de los narcotraficantes emprendida por la Policía Militar fluminense, que en teoría debe "limpiar" de facinerosos a los casi 70 morros que cercan al Río elegante y lo empujan contra el mar, está llena de estas historias conmovedoras. En gran parte porque en el bando del narcotráfico todo cambió. Sus líderes funcionan como señores "feudales" con ejércitos propios que gobiernan las "comunidades" desde las cimas de los cerros. Pero esa estructura de comando aparentemente primitiva despliega una tecnología de guerra que supera a la que poseen las tropas oficiales. Todo consiste en saber quién lo permite y por qué.
Entre las "sofisticaciones" tecnológicas se cuentan los siguientes ítems: artillería antiaérea; lanzadores de misiles tierra aire; sistemas de camaritas instaladas en puntos estratégicos de las favelas comandadas claro está desde centrales colocadas en los puntos inaccesibles del bastión narco.
Para abajo hay de todo: granadas, bombas, fusiles FAL, ametralladoras. En fin lo que se quiera y de dónde sea. Tal como describió el experto en seguridad brasileño Walter Maierovitch, miembro del instituto antimafia Giovanni Falcone, en el mundo se mueven casi 300 mil millones de dólares en el mercado negro armamentístico. Quién controla el mercado de cocaína y otras drogas posee el dinero suficiente para "comprar" en ese mercado lo que precisa para mantener la "fortaleza".
Ya se sabe desde hace un tiempo por dónde entran las armas que abastecen a las bandas del narcotráfico. Los puntos de entrada principales, determinó la policía, son las fronteras con Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay.
El armamento no es de marca sudamericana. Son originados en Israel, EE.UU. y Rusia a título de ejemplo. Hay también armas del Ejército argentino con origen definido aunque numeración borrada. Quien estudió el tema a fondo fue Pablo Dreyfus en la organización Viva Río de la capital carioca. Su investigación, que fue premonitoria y sirvió de base para la Comisión de Investigación Parlamentaria de las Armas (CPI), no pudo terminar. Pablo murió en el accidente aéreo de Air France de este año cuando cayó en el Atlántico el Airbus 330 de la compañía que había despegado de Río.
Hay dos grandes ramas del tráfico de drogas en Río: el Comando Vermelho (Comando Rojo) y la facción Amigos de los Amigos. Combaten sin cuartel entre ellos cuando se trata de controlar una "boca de fumo"; traducido: un punto de venta minorista de la droga.
Parte de los ingresos de las cúpulas de las bandas, que a su vez son "empleadas" de los mayoristas de narcóticos, tiene como objetivo abastecerse de la mayor cantidad y calidad de armas. Según datos del Instituto de Seguridad Pública de Río entre enero de 2007 y agosto de este año fueron secuestrados por agentes policiales 754 fusiles, ametralladoras antiaéreas y ametralladoras. Representan, afirma la entidad, un promedio de 23 armas mensuales. Esto, claro está, es apenas lo que recuperó la fuerza de seguridad gubernamental. No es más que un 10% de las existencias en las "comunidades" controladas por el tráfico.
Hace tiempo que la Policía Federal identificó los pasos de las armas. De acuerdo con las estimaciones de los agentes de esa repartición nacional las cargas armamentísticas deben atravesar en promedio unos 2.500 kilómetros para llegar a su destino. Vienen de Bolivia, Paraguay, Argentina, Uruguay y Perú. Pero también involucran otros países, a saber Colombia. No hay diferencia entre los caminos que siguen los traficantes de armas y aquellos que trazan los de la droga.
Para andar por estados como Río Grande del Sur, Paraná, Santa Catarina y San Pablo, hay que tener condiciones. No van por caminos clandestinos: en estas provincias del sur brasileño prácticamente no existen. Eso representa dos variantes: o muchos hacen la vista gorda cuando vienen las camionetas y hasta camiones cargados o, en su defecto, hay mucha ineficacia en la represión. En defensa propia, la policía dice que "la geografía brasileña complica la situación: son 16.000 kilómetros de frontera seca" según Rafael Floriani, comisario de la División de Represión al Tráfico de Armas de la PF ¿Una excusa? Difícil de saber. Lo cierto es que la joven Ana Cristina murió por los disparos policiales contra los traficantes. Así lo declaró su marido. No fue culpa directa de los agentes, y tampoco de las bandas. Lo cierto es que las víctimas de esta guerra son trabajadores, dueñas de casa, ancianos y niños.





CONTRABANDO “HORMIGA” MUEVE US$ 30 MLLNS ANUALES

Advierte que loa Carretera Interoceánica no sólo facilitaría el comercio legal, sino tambien el ilegal ante falta de control.

El Expreso de Perú (www.expreso.com.pe)

Las redes del contrabando se extienden y las autoridades miran a lo lejos. Si hablamos sólo del contrabando “hormiga” en el puente internacional de Desaguadero (Perú-Bolivia), este mueve alrededor de US$ 30 millones anuales, según estimaciones de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Bajo la modalidad de “pajarito” en un minuto transitan hasta 36 personas, los días de feria, como los martes, se realizan 24,480 pases, los sábados alrededor de 30,000 y el resto de días 8,000 pases, reveló el integrante de la Comisión de Lucha Contra el Contrabando y la Piratería de la SNI, Raúl Saldías.
Puntualizó que la pasividad de las autoridades contribuye a que las rutas del contrabando se incrementen y se renueven cada cierto tiempo, ingresando al país productos que llenan los mercados de las regiones en desmedro de la producción nacional.
Falta de control
Saldías reafirmó que el factor que impulsa el incremento descontrolado del contrabando en el país es la falta de control en los puestos de frontera de los cinco países que colindan con el Perú (Ecuador, Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia). De igual forma en los puertos donde bajo la modalidad conocida como falta declaración aduanera ingresa el contrabando.
“A parte de las más de diez caminos hay dos grandes rutas la Culebras Norte conformada por unos 100 vehículos y se concentra en Huancané para ingresar a Juliaca con tela, ropa usada americana, cigarros, carburantes, vehículos, entre otros productos; y la Sur que tiene menor capacidad de operación porque esta conformada por unos 30 camiones”, detalló.
También dijo que por la zona norte del Lago Titicaca entran alrededor de US$ 420 millones en mercadería ilegal anualmente.
Interoceánica, ¿la nueva ruta?
Asimismo, Saldías advirtió que la vía interoceánica puede ser una carretera que facilitaría el comercio legal pero también el ilegal porque el Estado no se está preocupándo por instalar los controles adecuados. “Es bueno que el Estado gaste recursos en hacer carreteras para facilitar el comercio, pero no esta instalando controles adecuados para que esta infraestructura no sea mal utilizada. Nuestros controles son fijos y conocidos por los delincuentes lo que hace más difícil que las autoridades enfrenten las variantes que hacen los evasores. Falta tecnología y por eso se burlan de las autoridades”, precisó.
En la selva los ríos son las vías más usadas. En Iquitos hacia Pucallpa hay un contrabando que ingresa de Brasil a Perú y viceversa que es básicamente narcotráfico. Mientras que en la costa hay varias rutas por ejemplo hacia Ecuador por Piura y Tumbes donde ingresan productos farmacéuticos, gas, petróleo gasolina etc.
El dato
Por Desaguadero ingresan unos 80 camiones diarios provenientes de Bolivia. Aproximadamente el 10% de la carga que llevan es de contrabando





CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES DE DÓLARES SE GASTARON SÓLO EN HORAS DE VUELO EN LA OPERACIÓN SALITRE II

A fines del siglo IXX, el entonces codiciado salitre fue el factor que desencadenó la guerra del Pacífico, que le permitió a Chile por medio de la fuerza apoderarse de territorios de Perú y Bolivia.

Aeronoticias de Perú (www.aeronoticias.com.pe)

Ciento veintiséis años después de un conflicto que dejó profundas heridas en la historia, Chile utiliza el eslogan de esta guerra ahora como salitre II y en una campaña de propaganda, la orquesta como supuestos juegos de guerra que tiene un mensaje por descifrar para los próximos años.
Esta pieza de ajedrez planteada por Chile en el ejercicio militar salitre II, se presenta en momentos en que el Perú a demandado a Chile por la delimitación marítima, que frente al derecho internacional es justa ya que la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia en casos similares ya se ha pronunciado sobre la doctrina de la línea equidistante y dentro de este contexto todo hace parecer que un hipotético fallo favorecerá al Perú, lo que habría originado que la Fuerza Aérea Chilena (FACH), concibiera en estos ejercicios una operación militar contra un supuesto país del norte llamado Tarapacá, bajo la premisa de una paz mundial amenazada por este país por un supuesto incumplimiento a los tratados internacionales, lo que a nuestro juicio no merece mayores explicaciones, ya que al buen entendedor pocas palabras.
Lo cierto es que sesenta aeronaves deben haber realizado unas 2400 horas de vuelo a un costo de 8000 dólares la hora, lo que significa un gasto sólo en ese rubro de 192 millones de dólares, que hubieran servido para construir 100 hospitales, totalmente equipados en los países de la Región.
El gobierno de Michelle Bachelet, que se llama de izquierda, tendría que explicarle a su pueblo y al de los países participantes este gasto que prueba la perversidad de una política armamentista de algunos gobiernos mientras millones de seres humanos en Chile y en otros países requieren de hospitales, centros de salud, medicinas y otras necesidades sociales.
Aeronoticias considera que los seres más pobres, es decir aquellos que tienen necesidades que los Estados no alcanzan a cubrir, deben sentirse indignados con esta danza de millones de compras militares chilenas, que se hacen no sabemos para atacar a quien porque los países vecinos son de paz, buscan la integración y derrotar la pobreza, es por eso que creemos que el gobierno de Michelle Bachelet de salida, está escribiendo una página triste en la historia latinoamericana, ya que las diferencias como pueblos civilizados se resuelven en los tribunales internacionales y las bravatas y muestras de poder, inclusive los ejercicios de guerra y el factor salitre, en el que con mucha pena y poca gloria varios países de la Región se prestaron a apoyar, tienen un juicio a parte en una historia en el que tarde o temprano las nuevas generaciones le dirán basta, ya que necesitamos desarrollo y progreso y no guerras.
Michelle Bachelet en su carrera armamentista compró 140 tanques alemanes Leopard II, por 120 millones de dólares. También adquirió ocho helicópteros militares Cougar al fabricante franco-alemán Eurocopter por 180 millones de dólares. A EE.UU. le compró 24 cañones sobre orugas de 155 milímetros, más radares de artillería y vehículos de apoyo, por 275 millones de dólares. Destacan 18 cazabombarderos F-16 de segunda mano adquiridos a Holanda por 270 millones de dólares.





MOVIMIENTOS SOCIALES Y REFORMA POLÍTICA

El Argentino (www.elargentino.com)

Por una extraña coincidencia –o no tan extraña según se mire– los movimientos sociales vuelven a ocupar el centro de la escena justo en las vísperas de la discusión parlamentaria sobre la reforma política. No es por decisión propia que así ocurre, como ya es público y notorio, pero esta sorprendente figuración en la agenda reinstala un debate que se había eclipsado desde el 2003 en adelante. La pregunta acerca de cuál es el papel de los movimientos sociales vuelve a cobrar una inusitada actualidad, aunque sus resonancias ya no sean las mismas de entonces.
En el contexto de la crisis de hegemonía que se abriera en el 2001, la crisis específica de los partidos políticos y, por ende, la de la representación, explicaron en buena medida la emergencia de los movimientos sociales. Esta última categoría, usada y abusada para designar a los nuevos agrupamientos de desocupados, también incluyó al novedoso sindicalismo expresado por la CTA, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones de derechos humanos, a los familiares de las víctimas del gatillo fácil y del paco y a todo ese amplio abanico de resistentes al neoliberalismo. Hasta los ahorristas prisioneros del corralito integraron esa compleja y multifacética embestida popular que el 19 y 20 de diciembre de 2001, apenas dos días después de que el Frente Nacional contra la Pobreza cosechara más de tres millones de votos con su Consulta Popular, echase al gobierno de Fernando de la Rúa. Un gobierno que, tan luego a una semana de iniciado su mandato, reprimiría salvajemente en el puente de Corrientes, asesinando a dos manifestantes, y que en sus últimas horas huiría dejando un tendal de más de treinta muertos.
Pues bien, legitimados en esas luchas, pero sin poder establecer un vínculo orgánico entre ellos, los movimientos avanzaron en medio de una sociedad atónita hasta que se toparon con la barrera infranqueable del fusilamiento a mansalva de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Fue a partir de esa represión que el gobierno impostor de Duhalde se animó a convocar a elecciones sólo para presidente y vicepresidente sin temor a que nadie le cuestionara la maniobra. Ya con Néstor Kirchner en la presidencia, los piquetes y cacerolas tomaron rumbos distintos. Fluctuantes, las capas medias menguaron sus ímpetus díscolos y los acompasaron al ritmo del crecimiento económico. Por su parte, las organizaciones piqueteras, que se ya se habían iniciado en el duro oficio de arrancarle más planes sociales a Duhalde, derivaron en su mayoría hacia un apoyo político a Kirchner que se tradujo en la efímera constitución del Frente Patria para Todos y, más tarde, en la incorporación de muchos de sus mejores cuadros a la gestión de gobierno. Entretanto, la CTA, a la espera del otorgamiento de su personería gremial, acompañó discretamente pero, a poco de andar, se encaminó hacia una postura cada vez más crítica del nuevo gobierno y, aún hoy, no obtuvo lo que por derecho propio le corresponde. Sea como fuere, lo cierto es que el conjunto de los movimientos sociales vio eclipsar el destacado protagonismo que había tenido en el período anterior y la teoría de que el nuevo sujeto político y social eran los desocupados pronto fue olvidada con la paulatina aunque siempre insuficiente recuperación de las tasas de empleo.Ahora la situación es otra. Quizás, si Gerardo Morales y Elisa Carrió no se hubiesen entregado a su impotencia política, sus diatribas catastróficas y tremendistas contra el gobierno no hubiesen elegido como excusa a Milagro Sala. Pero lo hicieron y, de un modo impensado por ellos y por los escribas y movileros del poder real, lograron lo que nadie –ni el propio Néstor Kirchner– hubiera imaginado antes: el repentino frente común de actores políticos y sociales diversos que, hasta ese momento, transitaban sus propias veredas. Como fue dicho al inicio, todo esto ocurre unos días antes de que se comience a debatir la reforma política. Las viejas y nuevas expresiones partidarias ingresarán en breve en un territorio absolutamente desconocido para los estilos y formas de la representación ciudadana. Pero la reforma, desde luego, aunque no está dirigida al accionar político de los movimientos sociales, impactará en ellos también. Es verdad que los movimientos sociales “hacen” política. Siempre la hicieron y no dejarán de hacerla; sin embargo, la pregunta crucial es ¿alcanza con “esa” política?
Con su experiencia concreta, la organización Túpac Amaru ha demostrado, a propios y extraños, que hay reservas no tocadas por el neoliberalismo que, expresadas en términos culturales y organizativos, hablan de la existencia de una capacidad autónoma en el campo popular para trazar y alcanzar sus propios objetivos. Por cierto, no hubieran sido posibles sus logros sin el concurso activo y creciente de las políticas públicas que, desde el 2003 en adelante, el gobierno y el Estado han implementado. Pero la materialización de esos logros ha dependido enteramente de un sistema de prioridades y de gestión colectiva que sólo existen porque hay una organización popular en condiciones de establecerlos. Se necesita ser muy necio para cuestionar la legitimidad y representatividad que surgen de tantas y tan importantes realizaciones verificables en escuelas, viviendas, empleos, recreación, atención de la salud, integración comunitaria y recuperación y valorización de las culturas ancestrales. Ahora bien, si todo ello configura un punto de partida para una organización en particular, es imprescindible entender que no puede ser un punto de llegada para el conjunto de los actores que se dieron cita en Jujuy para el abrazo fraterno y solidario a la Túpac Amaru. La representatividad sectorial no es lo mismo ni equivale a la representación política, al menos al tipo de representación política que comenzará a discutirse por estos días.Cuesta imaginar que un movimiento social se convierta en un partido político a la usanza tradicional (Milagro Sala dice –y lo bien que hace– que no cambiaría el papel que cumple por un cargo electoral o de gestión). Pero los movimientos sociales, inesperadamente convocados por la fantasmática destituyente, tienen ante sí la oportunidad de incidir de nuevo en la agenda política de la reforma. No fue de otro modo que un dirigente sindical encabezó el reclamo por las elecciones directas en Brasil y terminó siendo presidente por dos mandatos consecutivos, y que un indio aymara, líder de los cocaleros bolivianos, hiciera lo propio en su país.
Convendrá advertir, porque nunca está demás hacerlo, que ninguna experiencia es repetible por más exitosa que haya sido, pero con el mismo énfasis hay que decir que en los casos de Brasil y Bolivia ha existido un denominador común. Éste ha sido la abrupta toma de conciencia de que la legitimidad y representatividad sectorial no alcanzan cuando la marcha de la sociedad reclama un discurso y una práctica que no pueden ser sino de contenido universal. Los particularismos de los movimientos sociales son, a no dudarlo, la tierra fértil donde puede crecer la noción del interés público, pero éste reivindica para sí un accionar político que está mucho más allá del interés corporativo o sectorial. Este desafío, pues, sigue vigente en la Argentina.





PERÚ: A 3 AÑOS DE SU ASUNCIÓN, LA POLÍTICA REPRESIVA DE ALAN GARCÍA

A 3 años de su asunción, el presidente peruano Alan García ha endurecido fuertemente la represión contra los movimientos sociales, indígenas, ambientalistas y la izquierda, que se oponen a su política "modernizadora”.

Biodiversidad org. (www.biodiversidadla.org)

El gobierno pretende legalizar la impunidad de las fuerzas armadas, en momentos en que Perú reviste una importancia estratégica como freno ante la consolidación de los gobiernos progresistas de la región. De 2004 a 2009, al menos 55.350 militares estadounidenses ingresaron en territorio peruano. Perú reviste una importancia estratégica para las derechas tanto estadounidense como latinoamericanas.
En febrero de 2008, dos campesinos fueron ejecutados por miembros de la policía que reprimía el bloqueo de rutas durante un paro nacional agrario en la región de Ayacucho. Algunos días más tarde, el presidente peruano Alan García declaraba: “La policía ha actuado con mucha convicción y decisión, y yo felicito a la policía, está muy bien que defienda al Perú (…) Que sirva de lección a los que promueven públicamente el paro y a la agitación; que sepan a dónde conduce esto” (1).
Estas amenazas se sustentan en un aparato legal creado bajo el gobierno de Alberto Fujimori, después endurecido por el gobierno de García, que permite la criminalización de los movimientos sociales y la impunidad de las fuerzas armadas en sus acciones represivas. Los militares, igual que la policía, se sienten autorizados a utilizar libremente sus armas contra los que protestan, sin tener que responder ante la justicia por las heridas o las muertes causadas.
Calificados de “extorsionadores”, los manifestantes se exponen a veinticinco años de prisión. Las autoridades que sostienen las huelgas son condenadas también por“extorsión”. Cualquier persona puede ser arrestada sin orden judicial y quedar incomunicada durante diez días. La policía puede intervenir en la investigación sin el aval del procurador… El gobierno de Fujimori recurrió a grupos paramilitares; Alan García creó un cuerpo legal que legitima su accionar.
Efectos sociales del neoliberalismo
Fundada en los años 20, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el partido oficialista, experimentó a lo largo del tiempo importantes transformaciones ideológicas. A la concepción anti-imperialista de su fundador Víctor Raúl Haya de la Torre sucedió la doctrina de García, llamada del “perro del hortelano”: el perro que no come ni deja comer (2). Ya en 2007, amonestaba a los pobres: “Es necesario que dejen de pedir; eso los hace parásitos” (3). El presidente García definió a los movimientos sociales, los indígenas, los ambientalistas y la izquierda como los enemigos de su política “modernizadora”, asimilándolos a ese “perro del hortelano”.
Esta modernización fue elaborada en gran parte en el marco de las negociaciones bilaterales del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos el 4 de diciembre de 2007. Allí se reúnen los ingredientes clásicos del neoliberalismo: privatización de los recursos naturales y energéticos; tala por concesionarios en el corazón de la selva amazónica para atraer el capital privado; venta de tierras de las comunidades campesinas e indígenas; intensificación de la industria minera gracias a la disminución de los impuestos que pesan sobre esa actividad; privatización del agua destinada al riego agrícola… Incluso el mar está cedido por lotes a grandes empresas.
Tratándose de Perú, la privatización de las tierras indígenas no plantea solamente un problema económico, algo que, de por sí, sería ya suficientemente grave; atenta contra una manera de ver el mundo. Para los indígenas, la tierra representa no sólo un medio de producción que les ha sido expropiado desde el comienzo de la colonización europea, sino un espacio donde, como dicen, “nuestros hijos pueden vivir” y “ser felices”. Una filosofía en la cual defender la preservación del medio ambiente equivale simplemente a defender la vida.
De allí la lucha que dirigen contra los Decretos Nº 1.090 (ley de bosques y de fauna silvestre) y Nº 1.064 (régimen jurídico para la explotación de las tierras agrícolas) que ratifican la mercantilización del Amazonas y de las tierras de las comunidades. Doce meses de protestas populares dirigidas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) para exigir la derogación de esas leyes precedieron a un paro regional de casi sesenta días. A la propuesta de una mesa redonda hecha por la Aidesep para entablar negociaciones, el Gobierno respondió con la instauración del estado de emergencia. El 5 de junio, en Bagua, una intervención de las fuerzas del orden decididas a desalojar a miles de indígenas que bloqueaban las rutas principales se convierte en una tragedia: veinticuatro policías y diez civiles muertos (además de un número indeterminado de personas desaparecidas). García denuncia a los elementos “subversivos”, menciona “una agresión cuidadosamente preparada contra el Perú” y culpa implícitamente al presidente boliviano Evo Morales y al venezolano Hugo Chávez, de haber fomentado la revuelta indígena.
Pero el Gobierno rechaza la formación de una comisión de investigación reclamada por el movimiento indígena. Y con razón… El 7 de agosto, valientemente y por propia iniciativa, la procuradora Luz Marlene Rojas Méndez abre la instrucción contra dieciséis oficiales (entre los cuales figuraban dos generales), todos miembros de la policía nacional, a los que acusa de un uso desproporcionado de la fuerza, cuando los “indígenas sólo utilizaron para su defensa armas rudimentarias (lanzas), de uso común, objetos contundentes como piedras y palos” (4).
Centro de operaciones
En el plano geopolítico, Perú reviste una importancia estratégica para las derechas tanto estadounidense como latinoamericanas. Allí pueden operar libremente contra los gobiernos de izquierda que amenazan sus intereses. Así es que le fue concedido el asilo político a Manuel Rosales, el antiguo candidato de oposición en la elección venezolana, prófugo desde que se abrieron las causas por enriquecimiento ilícito. O, incluso, a Jorge Torres Obleas, ex ministro boliviano perseguido por la justicia de su país por su presunta implicación en la muerte de sesenta y tres personas, cuando ocurrieron las manifestaciones contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en El Alto, en 2003.
El territorio peruano se convirtió también en un centro de operaciones de las fuerzas armadas estadounidenses. Una observación atenta de los desplazamientos de sus tropas y unidades navales revela que, de 2004 a 2009, al menos 155.350 militares estadounidenses ingresaron en el territorio peruano (5). Y que la duración media de la estadía se alarga a partir de 2006: de cien a doscientos setenta y siete días cada entrada. Actividades de información, “apoyo informativo”, “entrenamiento contra el narcoterrorismo”, etcétera, las actividades de estas patrullas se concentran en zonas de fuerte conflicto social: la jungla y su periferia.
La costa oceánica, por su parte, hace ahora las veces de centro de operaciones para la cuarta flota de Estados Unidos en el Pacífico. Sus fragatas lanzamisiles y otras unidades navales realizan ejercicios de entrenamiento para la guerra de superficie, la antisubmarina y la aérea, en cooperación con sus homólogos de Perú.
Los puertos son utilizados para el reaprovisionamiento de barcos y el descanso de las tripulaciones. A esta situación de subordinación estratégica frente a Washington se agrega la integración militar creciente entre Perú y Colombia. Se concretiza en maniobras comunes en las zonas fronterizas, maniobras que incluyen operaciones aéreas, el establecimiento de canales de comunicación y de procedimientos de coordinación así como el entrenamiento de los estados mayores. Durante el primer semestre de 2009, se realizaron cuatro ejercicios conjuntos, precisamente en la región donde operan las patrullas del ejército de Estados Unidos.
El apoyo total del Gobierno peruano a la inauguración de bases militares estadounidenses en Colombia y el estrechamiento constante de vínculos con el presidente Álvaro Uribe colocan a Lima en el dispositivo continental de freno al avance de la izquierda en Ecuador, en Bolivia y en Venezuela.
Históricamente, los movimientos sociales peruanos disponen de una enorme capacidad de movilización y de protesta. En 1978, provocaron la caída de la dictadura militar de Francisco Morales Bermúdez; en 2000, la del régimen fujimorista. En 1985 les faltó poco para llegar al Gobierno, con Alfonso Barrantes, candidato de la Izquierda Unida (IU). Al sostener la campaña de Ollanta Humala en las últimas elecciones de 2006, permitieron al Partido Nacionalista convertirse en la segunda fuerza del país. Por la polarización que engendra, la política brutal de García crea las condiciones para una ofensiva de estas organizaciones políticas progresistas. La represión es un arma poderosa.