Sergio Antelo, ex presidente de la Nación Camba; Germán Antelo, ex presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y presidente de la Cooperativa Rural de Electrificación Ltda de Santa Cruz; Branko Marinkovic, empresario y ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Mauricio Roca Steimbach, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente y Eduardo Paz, presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios de Turismo de Santa Cruz, habrían traído al mercenario Eduardo Rózsa Flores. El Ministerio Público cuenta con datos que revelan que este grupo cívico-empresarial se reunió con el mercenario. Los involucrados serán convocados por la comisión parlamentaria que investiga el caso separatismo. Los separatistas se escudan en la autonomía.El periodista español Julio Cesar Alonso reveló en sus declaraciones informativas que cinco líderes cívicos y empresarios de Santa Cruz viajaron en pasados meses a 
España para reunirse con Eduardo Rózsa Flores y su presunta banda de mercenarios, informó el fiscal Marcelo Soza.
“Hay algunos nombres de algunos ciudadanos bolivianos que probablemente se hubiesen reunido en España a efectos de traer este grupo, estamos corroborando esta información de las personas que hubiesen viajado a España para determinar si es cierta, pero se trata de bolivianos que viajaron a España donde precisamente se reunieron con este grupo terrorista de Rózsa y otras personas más que conformaban el grupo”, declaró.
Alonso, quien apareció en los últimos días casi en todos los medios de comunicación más importantes de La Paz, prestó sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público en la víspera y en esa ocasión, según el fiscal Soza, reveló incluso los nombres de esos cinco cívicos y empresarios cruceños que se habrían contactado en España con la supuesta banda de mercenarios desarticulada el pasado 16 de abril.
FRENTE AL AVANCE DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS, SE RECURRE A LA CRIMINALIZACIÓN DE SUS PROTESTAS. LA RESPUESTA REPRESIVA DE LOS ESTADOS
América Latina en Movimiento (www.alainet.org)
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de la
amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.
Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.
Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.
Neoliberalismo
La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.
¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.
Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.
A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.
Lacra continental
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.
En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.
Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.
“Democracia” chilena
En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.
En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.
Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.
Expropiaciones en Argentina
Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.
Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.
En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.
Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.
Respuesta global
Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.
Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.
Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.
Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.
Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.
* Este artículo se basa en los testimonios de líderes de organizaciones indígenas de los cinco países mencionados.
AMAZONÍA PARA EL ESTADO BOLIVIANO: PISAR FUERTE EN PANDO ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL. DEL "PLAN VINTO" AL PLAN PANDO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Wilson García Mérida (DATOS & ANÁLISIS).- "El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento indígena de Vinto, ya en enero del 2004.
Entre el 20 y 23 de enero del 2004, bajo el gobierno de Carlos Mesa, varias organizaciones indígenas y campesinas realizaron en Cochabamba el Encuentro Nacional de Tierra y Territorio, en cuyas conclusiones se acordó que dichas organizaciones debían “trabajar una nueva Ley de Tierra y Territorio, que otorgue derecho de propiedad, no solo de la tierra, sino también de los recursos naturales según usos y costumbres”. El pronunciamiento emitido en enero del 2004 por las organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que se habían reunido en la famosa Casa de Retiros de Vinto (a quince kilómetros de la ciudad de Cochabamba), buscaba influir en acciones gubernamentales inmediatas al exigirle al presidente Mesa desactivar algunos dispositivos de la entonces Ley Inra que favorecían a grandes latifundistas y especuladores de tierras agrícolas y forestales principalmente en el oriente del país.
“No permitiremos que se aprueben más decretos que atenten contra nuestros derechos” —decía el pronunciamiento de Vinto—. “Al actual Gobierno le decimos que debe tomar muy en cuenta nuestra frontal oposición a que se apruebe el proyecto de decreto sobre ‘usuarios tradicionales de la castaña’ que solo busca favorecer a los grandes barraqueros del norte amazónico en Pando, Beni y el norte de La Paz”.
En ese mismo documento, los representantes indígenas y campesinos debidamente asesorados por técnicos de entes especializados como el Cejis y Cipca, demandaban también una urgente reestructuración del Inra para emprender sin más dilación una nueva distribución de tierras en Bolivia. Era enero del 2004, reiteramos.
Los asistentes a ese encuentro ratificaron el pacto nacional de unidad “entre organizaciones campesinas, de colonizadores, indígenas, originarias, del movimiento sin tierra y mujeres campesinas, de las tierras altas y tierras bajas, del altiplano, valles, oriente y amazonía”, aclarando que ese pacto debía servir “para lograr la redistribución de la tierra y el respeto a nuestros legítimos derechos territoriales y sobre los recursos naturales, así como para avanzar en la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente”.
En los puntos séptimo y octavo del pronunciamiento, los dirigentes campesinos e indígenas planteaban al gobierno de Carlos Mesa dar “rápida atención” a la titulación de tierras comunitarias de origen tanto en las tierras altas como las tierras bajas de Bolivia. Y para los indígenas y campesinos sin tierra, el Estado debía ceder todas las áreas fiscales aptas para la agricultura y actividades productivas afines. “El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento de Vinto. Y Mesa, el soberbio y engreído Presidente señorial, inconmovible, no alzó un dedo para atender ese clamor de justicia.
En el Encuentro de Vinto se había definido que la necesidad de una nueva política de distribución de tierras —y como parte indisoluble de ella la formación de nuevos asentamientos poblacionales rurales—, exigiría también una rigurosa planificación territorial. Estaba claro que un eficaz plan de distribución de tierras, al implicar la constitución de nuevos asentamientos humanos, tendría que pasar ineludiblemente por un nuevo ordenamiento territorial, es decir nuevas gestiones territoriales y medioambientales según el uso que se deba dar a esos suelos ocupados. Por eso es que cuando se habla de tierra, se habla también de territorio.Se podría afirmar que las conclusiones de aquel Encuentro Nacional de Tierra y Territorio fueron adoptadas como discurso y fundamento programático de un indigenismo libertario que ya se había instalado en el horizonte del ascenso popular en Bolivia, derribando a Sánchez de Lozada durante las jornadas de octubre del 2003. Pero, sobre todo, ese documento fue una de las primeras “alertas rojas” que la derecha feudal, ya derrotada, intentó exorcizar echando gritos al cielo. La Nación Camba, ese engendro neofascista promovido precisamente por los latifundistas más parasitarios y expoliadores, satanizó al pronunciamiento de enero denominándolo “Plan Vinto”.
“Este Plan es la pequeña Biblia que consagra la intentona de separar a los pocos aventureros que aun desafían la ley de la gravedad intentando sobrevivir en una sociedad de rechazos mutuos”, escribió entonces, con un lenguaje encriptado y típicamente masónico, el activista de la Nación Camba Sergio Antelo. El 9 de junio del 2005, 18 meses después del seminario de Vinto, dirigentes empresariales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) presentaron ante el Directorio de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) un “análisis profundo” que se había realizado acerca del “Plan Vinto”. Los expositores eran Mauricio Roca de la CAO y Guido Náyar de Fegasacruz, sospechosos hoy de financiar al grupo armado del mercenario separatista Rózsa Flores.
“Esta Estrategia no es otra cosa que un plan del MAS para tomar el poder a partir de la consolidación del derecho a la tierra y el territorio por parte de los llamados 'originarios', quienes tienen un brazo ejecutor de toma de tierras en el Movimiento Sin Tierra”, sostenía entonces un manifiesto racista emitido por los empresarios orientales.
El “Plan Vinto” lanzado el 23 de enero del 2004, y el pronunciamiento empresarial de la CAO, Fegasacruz y la CFB emitido el 9 de junio del 2005 en contra del documento indígena, son los antecedentes más esclarecedores de lo viene sucediendo actualmente en el Departamento de Pando, donde el problema de la tierra, ciertamente, es algo más que un casual asuntillo electoral.
No olvidemos que el 27 de enero del 2004, muy pocos días después del Encuentro Nacional de Tierra y Territorio que se celebró en Vinto, una Fiscal de Santa Cruz que investigaba delitos de acaparamiento de tierras agrícolas por parte de empresarios que no vacilaban incluso en irrumpir sobre tierras indígenas comunitarias, fue asesinada en un brutal atentado explosivo a manos del narco-terrorista italiano Marco Marino Diodato, socio de latifundistas y banqueros corruptos. La muerte de la fiscal Mónica von Borries era una sórdida advertencia de cómo los especuladores de la tierra estaban dispuestos a impedir la aplicación de cualquier “Plan Vinto”.
El triunfo electoral de Evo Morales en diciembre del 2005, con un índice de votación superior al 70% en las áreas rurales del país, especialmente en aquellas zonas donde el problema de la tierra es una urgencia nacional, se debió en gran parte a la oferta electoral que su partido, el MAS, enarboló ante los votantes campesinos con la promesa de impulsar una revolución agraria devolviendo a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y redistribuyendo tierras a los desposeídos.
Estaba claro, desde un principio, que Evo Morales en legítimo ejercicio de su poder como Presidente de la República, utilizaría todos los mecanismos que le da la democracia para cumplir esos objetivos, afectando necesariamente intereses empresariales no siempre legítimos. Y estaba claro también, desde mucho antes, que los reducidos pero potentes grupos empresariales que detentaban, de manera ilegal, parasitaria y especulativa, extensas tierras agrícolas, ganaderas y forestales, opondrían resistencia con todos los recursos a su alcance, incluso lo más viles.
Este conflicto que se vislumbró ya en el 2004 cuando la CAO y Fegasacruz despotricaban contra el “Plan Vinto”, fue configurado su epicentro más explosivo en la denominada “media luna”, que es donde finalmente estallaron los hechos más dramáticos registrados dentro el actual gobierno de Evo Morales, impelido a enfrentar una escalada separatista que es la forma en que las logias terratenientes defienden sus ilegales privilegios.
Los sucesos sangrientos que ocurrieron en septiembre del 2008 en Pando y Santa Cruz —cuando hordas nazi-racistas promovidas por las prefecturas y los comités cívicos asaltaron y saquearon instituciones estatales, agredieron a funcionarios gubernamentales incluido el Comandante de la Policía cruceña y pretendieron linchar a dirigentes campesinos—, tuvo como única finalidad impedir y paralizar el ingreso de brigadas del Inra que cumplían una intensa labor de saneamiento de tierras y detección de latifundios improductivos susceptibles de Reversión. Esta resistencia fascista alcanzó su punto fulminante con el genocidio cometido en El Porvenir contra decenas de marchistas indígenas de Pando, el 11 de septiembre. La matanza fue auspiciada por el entonces prefecto Leopoldo Fernández —un latifundista corrupto, ex Senador de ADN (el partido del ex dictador Banzer) y ex Ministro de Gobierno de Tuto Quiroga—, cuya familia detenta tierras usurpadas abusivamente en los municipios de Cobija, El Porvenir y Bella Flor, ocupando una superficie total de 5.552 hectáreas. El feudo de Leopoldo Fernández y sus hermanos abarca el doble de la extensión territorial que ocupa la ciudad de Cobija, capital de Pando, sobre una superficie de 3.242 hectáreas.
SE DISPERSÓ LA OPOSICIÓN BOLIVIANA
La Hora Cero de Panamá (horacero.com.pa)
La dispersión de agrupaciones políticas de oposición en Bolivia responde a la crisis que atraviesa el sistema de partidos tradicionales, a la necesidad de aferrarse al poder y a una posible estrategia en busca del voto cruzado en las elecciones del 6 de diciembre.
Para los comicios venideros fueron habilitados 12 partidos, una alianza política y dos agrupaciones.
La derecha se vio en crisis luego del fracaso cívico prefectural de agosto y septiembre de 2008, la derrota que les significó la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el 25 de enero de 2009 y luego la desarticulación en abril de una presunta banda terrorista financiada por la derecha del departamento de Santa Cruz, bajo investigación.
La coordinadora de Autonomías de Santa Cruz y politóloga, Helena Argirakis, señaló que hay una ausencia total de representación política a través de las instituciones y organizaciones propias del sistema político, que son los partidos.
"Incluso están resucitando a muertos políticos y a líderes de partidos que estaban en la jubilación, porque no tienen ni idea ni propuestas, mucho menos proyecciones de liderazgos y generación de recambio, y es lamentable porque el electorado no tiene opciones" y hace que no exista una oposición real, indicó.
El politólogo Carlos Cordero explicó que la dispersión de partidos y agrupaciones de oposición es un fenómeno que responde a la crisis del sistema tradicional de partidos, pero además "porque hay personas que quieren ganar visibilidad, es una estrategia para garantizar un curul en la próxima Asamblea Plurinacional".Este sistema, según Cordero, le otorga una ventaja adicional al partido de gobierno, que tiene un proyecto político exitoso, pero también puede representar una desventaja para el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que en lugar de cuatro partidos políticos en el Legislativo pueden darse más de 10, "y eso sí le podría provocar un gran problema de gobernabilidad al MAS en el Congreso".
"Hay un dato que hay que tener en cuenta; es muy probable que los ciudadanos tengan su voto definido por el presidente, pero quizás no lo repitan por los diputados uninominales" lo que se conoce como voto cruzado, dijo. El también académico electoral apuntó que en los últimos eventos electorales se dio el voto cruzado "porque la población es sabia al elegir y no otorga el poder a una sola opción".
Sin rumbo
Para el sociólogo e historiador Alexis Pérez se han hecho mezclas políticas de todo tipo, pero hasta ahora no han articulado nada concreto ni oficial. Según Pérez, las recientes agrupaciones políticas que emergieron en el ambiente preelectoral no tienen un programa de país.
"Hay un sentir grande de que debe haber otro tipo de gobierno, uno para todos, pero lamentablemente no hay oposición porque el grueso de esa oposición viene del neoliberalismo, así que no tienen moral para enfrentar", añadió.
Lamentó que la mayoría de los candidatos en carrera electoral no haya presentado un programa de país que plantee retos para generar desarrollo económico, estabilidad y empleo, pues "no puede haber democracia con un 70 por ciento de la población pobre".
El diputado opositor Bernardo Montenegro (Podemos) dijo que la aparición de agrupaciones y partidos responde a la necesidad de satisfacer apetitos personales.
"Varias personas están queriendo echar sus cartas posiblemente para negociar o satisfacer sus apetitos personales", dijo, pero aseguró que confía en la madurez de la población para no caer en este juego.
"Elegirán entre votar por el progreso y el retorno a la democracia o por un modelo totalitario", añadió el parlamentario opositor al gobierno.
Felipe Quispe "el Mallku" anunció una alianza política para los próximos días, posiblemente con el partido Bolivia Social Demócrata y con otros líderes.
"El problema de hacer un frente común es que nadie quiere soltar su sigla, hemos estado conversando con Román Loayza y otros líderes para lanzar un frente común, queremos un frente de los pobres, no vamos a hacer alianzas con los tirasacos que se venden al verdugo. Alzaremos las banderas que (el presidente) Evo Morales botó", dijo.
ARRANCA LA CUMBRE DEL MERCOSUR EN PARAGUAY
El bloque regional repudiará el golpe de Estado en Honduras y anunciará el uso de moneda local en lugar del dólar para su comercio interno, durante una Cumbre de Presidentes en Asunción que reclamará este viernes que las vacunas contra la gripe A sean declaradas bien público. Participará Cristina Kirchner.
26 Noticias de Argentina (www.26noticias.com.ar)
"Mercosur y los estados asociados no apoyarán ningún tipo de aventura golpista", adelantó la tarde del jueves el canciller paraguayo, Héctor Lacognata", refiriéndose al derrocamiento de Manuel Zelaya de la presidencia hondureña el 28 de junio.
Las declaraciones del ministro tuvieron lugar durante una reunión del Consejo del Mercado Común, máximo organismo del Mercosur, que celebra su 37a cumbre en Asunción.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, instó a su vez a los líderes políticos de Honduras a buscar una solución pacífica al conflicto "y evitar un derramamiento de sangre", en una conferencia conjunta con el presidente paraguayo, Fernando Lugo.
Otro acuerdo alcanzado por el Consejo Mercado Común del Mercosur fue el de sustituir el dólar por monedas locales en el intercambio comercial, modalidad introducida por Brasil y Argentina desde 2008, dijo otra fuente de la Cumbre.
"Con este acuerdo, toda actividad que implique el uso de dinero se canalizará con monedas de nuestros países sin tener como referencia el dólar", dijo a la AFP el viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Oscar Rodríguez.
Paraguay y Uruguay se incorporarán al nuevo sistema de intercambio desde finales del 2010, cuando acuerden detalles técnicos los bancos centrales de los dos países.
En cuanto a la gripe A, la ministra de Salud de Paraguay, Esperanza Martínez, informó la noche del jueves que sus pares del bloque aprobaron una declaración que define a las vacunas como bien público global.
"La declaración plantea definir a las vacunas, a los antivirales y a los kits de diagnóstico como bien público globales", señaló Martínez.
La región enfrenta una emergencia sanitaria por el avance de la gripe, azuzada por una ola de frío polar en el Cono Sur. La pandemia "desafía todas las estructuras sanitarias de nuestros Estados", dijo Lacognata, quien había anunciado previamente que se solicite "una nueva asamblea de emergencia de la Organización de Estados Americanos (OEA)".
El jefe de la Comisión de Representantes del bloque, Carlos Alvarez, dijo por otra parte estar "convencido de que en este semestre se produce la incorporación de Venezuela como miembro pleno".
La entrada se produciría durante el liderazgo de Uruguay, que asumirá el viernes la presidencia pro témpore del bloque. La incorporación de Venezuela como miembro pleno de Mercosur ha sido largamente demorada por Brasil y Paraguay, cuyos Senados no han ratificado el ingreso como sí lo hicieron Uruguay y Argentina.
La Cumbre sesionará con la presidenta argentina Cristina Kirchner y los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; Uruguay, Tabaré Vázquez; Bolivia, Evo Morales, y el anfitrión, Fernando Lugo.
Uruguay, de su lado, condenó las restricciones comerciales en el seno del Mercosur, mientras Argentina justificó medidas en el duro impacto de la crisis mundial que ha hecho derrumbar la demanda.
Ministros de Economía indicaron que los países del bloque y asociados crecerán este año con políticas expansivas diseñadas para enfrentar la crisis mundial, dijo el ministro de Hacienda de Paraguay, Dionisio Borda. Pero el canciller Lacognata manifestó su "desencanto" con el Mercosur por la falta de acuerdos en temas como la eliminación del doble cobro de la tarifa externa común y las acciones proteccionistas.
Sin embargo, destacó la importancia de inaugurar la noche del jueves la Sede del Instituto Social del Mercosur, como un avance del bloque en materia de integración.
Álvarez anunció además que el Mercosur trabaja con la Unión Europea (UE) en una iniciativa por la cual espera que ese bloque done 6.000 ó 7.000 millones de euros anuales para desarrollar políticas públicas.
MORALES PROPONE LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE DEFENSA REGIONAL
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que propondrá la creación de una Escuela de Defensa Regional con sede en Bolivia “para liberar” a las fuerzas armadas de los países suramericanos de la dependencia del Comando Sur de Estados Unidos. “Será una escuela de defensa regional con nuestra propia doctrina” y estará destinada a completar la formación profesional de oficiales de las fuerzas armadas de sus países miembros, afirmó.
Morales aseguró que el objetivo de este proyecto es que “las Fuerzas Armadas no dependan del Comando Sur” de EE.UU. El líder indígena criticó que cada año el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. realiza un entrenamiento en América Latina con el denominativo “Fuerzas Comando”. “En 2007 estas Fuerzas Comando hicieron su entrenamiento en Honduras, por supuesto las bolivianas no participaron” como sucedía antes, afirmó. Morales saludó en este sentido a los oficiales bolivianos porque en su país “de verdad empiezan a transformarse las Fuerzas Armadas” y señaló que existe una nueva generación que le ayuda con la participación “en temas sociales pero también estructurales, como la recuperación de los recursos naturales y los hidrocarburos”. El mandatario anunció que hará esta propuesta en la próxima cumbre de la ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
MICHELLE BACHELET AFIRMA QUE DEBEMOS EVITAR OTRO CASO PARECIDO AL DE HONDURAS
SI NO HAY PROGRESO, LA GENTE PENSARÁ QUE DICTADURA ES IGUAL A DEMOCRACIA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Si no hay progreso, la gente comenzará a pensar que la dictadura es igual a una democracia, afirmó anoche la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante una entrevista exclusiva con nuestro diario. Indicó que América Latina debe evitar un caso parecido al de Honduras. Dijo que no le preocupa la compra de armas que hará Bolivia de Rusia y no cree que el presidente Hugo Chávez quiera iniciar una carrera armamentista en esta región. Por ahora, Chile no quiere ser miembro pleno del Mercosur.
–¿Cómo ve Chile el Mercosur, teniendo en cuenta que tiene un pie adentro y otro afuera?–El Mercosur pretende ser una unión aduanera e iba en una lógica interesante, que buscaba generar mercado. El Mercosur luego fue desarrollándose hacia otras áreas, con mucha fuerza, como el Mercosur Político, donde somos miembros plenos. Sucede que han nacido otras instancias multilaterales como Unasur, revivió el Grupo de Río, la Comunidad Andina de Naciones, etc.
–¿Qué dificultades encuentra en el Mercosur?
–Una de las dificultades que puede tener y he percibido es que, aun siendo muy buena idea, hay que mirar cómo se puede expresar de mejor manera las necesidades de los países más pequeños versus los más grandes. Que el mercado común y aduanero otorgue efectivamente las condiciones y equivalencias a todos los países.
–¿Por qué Chile no es socio pleno?
–No es miembro pleno (es socio comercial) no porque considere que el Mercosur no sea una realidad, sino porque hicimos una apertura anterior a este proceso. Si uno es miembro del Mercosur y quiere venderle a otro país, tiene que tener el acuerdo de los cuatro países (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay). Chile ya ha hecho un camino, y queremos mantener. Estamos felices de estar en el Mercosur en lo comercial y también en lo político, y deseamos tener mayor presencia de los pueblos, cohesión social, educación y los múltiples espacios que tiene el Mercosur.
–¿Qué pasará con los procesos económicos como el Mercosur en el futuro? ¿Se convertirán finalmente en Unasur?–No es el momento aún. Hay estructuras con mucha madurez y tiempo de desarrollo como Mercosur y otras que están en proceso de ir generando respuestas claras. Unasur tuvo un rol en el terreno de lo político como en la crisis de Bolivia y en la conformación de ciertas estructuras en dos áreas: salud y defensa. Llegará un momento en que los países decidiremos si vamos a tener alianzas regionales, subregionales, vecinales, o si constituimos algo distinto. Cualquiera sea, tenemos que buscar que la integración se exprese en integración y beneficio a los pueblos.
–¿Lo que ocurrió en Honduras puede brotar en otras latitudes de América Latina, porque parecía que un golpe ya estaba superado en esta región?
–Hay gente que dice “nunca debemos decir nunca”. Yo quisiera creer que nuestra democracia en América Latina tiene un grado de consolidación suficiente como para que no veamos otras experiencias como la que vivimos en Honduras. Ante el Congreso paraguayo decía (ayer a la mañana) que antes de pensar si en Honduras hubo o no un golpe de Estado, tenemos que pensar en consolidar la democracia.
–¿Qué le falta a nuestras democracias latinoamericanas?
–Tres cosas: 1) Tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones propias del Estado con una administración más moderna, eficiente, que la gente perciba que se lucha contra la corrupción, lograr un mecanismo de transparencia, que la gente sepa qué está haciendo el Estado por ellos.
2) La democracia representativa es importante, pero no suficiente. Uno requiere también que la gente que tiene ideas, planteamientos, pueda participar para superar los problemas de la sociedad. Es decir, una política pública más integral y más legitimada.
3. Para mí, algo esencial para la consolidación de la democracia es que la democracia debe generar los bienes necesarios para mejorar las condiciones de la gente. Si eso no se genera, la gente puede preguntar: ¿por qué la democracia es mejor que una dictadura? Tiene que ir de la mano un Estado eficiente, eficaz, efectivo, que garantice mejor vida.
–¿Y la lucha contra la corrupción?
–Hay otras tareas, como la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Una sociedad que se construye sobre derechos tiene necesidad de que esos derechos sean efectivos. Si hay inseguridad o nadie no puede salir a las calles, eso significa que el Estado está fallando, no genera condiciones básicas de seguridad o no tiene un poder judicial eficiente. En la dictadura había un toque de queda, y en la democracia, la inseguridad por crimen organizado es como un toque de queda.
–Muchos critican al presidente Hugo Chávez por querer iniciar una carrera armamentista con esta propuesta de Fuerzas Armadas bolivarianas. ¿Qué opina al respecto?
–Tengo una visión particular porque fui ministra de Defensa y considero que una de las funciones esenciales del Estado es garantizar defensa y seguridad. En Chile, las Fuerzas Armadas están para la defensa exterior, pero con una mirada moderna en la lucha por la paz a nivel mundial. Las tareas de seguridad interior está a cargo de la Policía (carabineros) o Policía Judicial (investigativa). Lo primero que nada es que para llegar al Consejo de Defensa de Unasur hubo un acuerdo de lo que había de hacer y no hacer. Si hay decisión de cambiar, tiene que haber un acuerdo de los 12 países que integran Unasur. Es un tema delicado, donde todos los presidentes tenemos que luchar por la integración de nuestro país, pero con la tarea de asegurar el interés nacional. Pero más allá de los límites razonables, los países tienen que invertir para renovar o modernizar la defensa y seguridad según la realidad de cada país.
–¿No considera una carrera armamentista?
–La carrera armamentista es otra cosa, cuando un país no está tranquilo con su statu quo y puede tener pretensiones expansionistas. No es el caso de Chile, y no creo que sea el caso de un país de nuestra región. No creo que nadie piense en anexar un país.
–¿La compra de armas que hará Bolivia de Rusia preocupa a Chile?
–Cada país tiene derecho a comprar y hacer adquisiciones que sienta que es necesario para cumplir la misión que sus propias constituciones nacionales le otorgan. Lo que yo siempre hice cuando era ministra de Defensa es informar a mis colegas de países vecinos qué decisión adoptó el Gobierno chileno sobre compra de armas, para que no se enteren a través de la prensa. Con esta actitud buscaba evitar suspicacias, especulaciones y conclusiones que no son reales. Es decir, compartimos políticas públicas de defensa para generar confianza mutua.
–Chile es mirado como país ejemplo. ¿Esto se debe a la madurez de su clase política o por su estabilidad económica?–Desde que se recuperó la democracia (en 1990) hemos sido, yo diría, capaces de demostrar una transición ejemplar, gradual, a la chilena. Nos hicimos cargo de problemas del pasado, pero buscamos grandes acuerdos para construir un país mejor. Ha sido muy importante la gobernabilidad, la democracia, recuperar una coalición de origen diverso: social cristianismo, socialismo, social democracia, que por encima de sus diferencias ponen en primer lugar sus coincidencias y los problemas del país. Chile tenía 40% de pobreza y la mitad de extrema pobreza en 1990. A partir de esa realidad trabajamos para crecer con igualdad de oportunidades para todos, sin marginar a ningún partido político y a los sectores desprotegidos como los niños, jóvenes y abuelos. Es difícil lograr un amplio consenso en un 100%. Pero el país tiene que seguir un camino de libertad, democracia, mirando la globalización a pesar de sus dificultades y abrirse al mundo, con justicia social para todos.
CHILE NO PIENSA FORMAR PARTE DE LAS FF.AA. “BOLIVARIANAS”
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no piensa formar parte de unas “Fuerzas Armadas bolivarianas” (como pretende el venezolano Hugo Chávez), según declaró ayer en la conferencia de prensa en el Palacio de López en ocasión de su visita oficial.
Bachelet, quien ejerce la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), indicó que Chile y Paraguay tienen una instancia multilateral, en referencia a las Naciones Unidas, más allá de la iniciativa de países. “Es por eso que en el marco de Unasur se constituyó el Consejo de Defensa de Unasur, donde lo que hemos establecido es compartir experiencias de política de defensa y cada país tiene su propia fuerza, tenemos cooperaciones de paz como una manera de contribuir y dar estabilidad democrática a la región”, expresó.
Experiencia en Haití
Comentó que un ejemplo de cooperación multilateral es Haití, donde fuerzas de diferentes países como Paraguay y Chile están cooperando exitosamente.
“En el contexto de Unasur, nosotros hemos encontrado una forma en que hemos entendido una defensa que puede jugar un rol importante a partir de la experiencia que tenemos varios países como Chile y Paraguay en Haití”, reiteró la Presidenta.
Bachelet respondió ayer a la mañana a la pregunta de un colega paraguayo durante la conferencia de prensa, tras suscribir la Declaración Conjunta presidencial.
El presidente Chávez había lanzado en La Paz, una vez más, la iniciativa a los llamados países “boliviarianos” en Sudamérica como Paraguay, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, el presidente Fernando Lugo negó que nuestro país sea “bolivariano”.
Declaración conjunta
En la declaración conjunta presidencial, los presidentes Lugo y Bachelet “apreciaron los avances en el proceso de integración regional en el marco de Unasur, particularmente la puesta en vigencia de los Consejos de Defensa y Salud suramericanos”. Expresaron, además, su más enérgica condena a la delincuencia organizada transnacional y delitos conexos, coincidiendo en el principio de la responsabilidad compartida, solidaridad y colaboración.
PARAGUAY SUFRIRÁ LA MAYOR DESACELERACIÓN EN EL BLOQUE
Mientras que Bolivia será el país con mayor crecimiento económico en la región, con un PIB previsto del 4%, Paraguay tendrá la mayor desaceleración dentro del bloque, con una caída de la economía de entre 3% y 4%.
Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com.py)
El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló ayer que Paraguay será el país con menor crecimiento en la región, mientras que Bolivia será el país con mayor recuperación económica. Mientras que el primero prevé una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 3% al 4%, Bolivia estima que cerrará el año con un crecimiento del 4%.
Fue tras la reunión de los ministros de Economía y presi- dentes de Bancos Centrales del Mercosur y Estados asociados. La agenda de este encuentro fue la más desabrida de todos, pues apenas se analizaron temas administrativos, como la aprobación del informe semestral de las actividades del Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM) del Mercosur y Estados Asociados, al primer semestre de 2009; el informe consolidado de coyuntura del Mercosur; y se entregó la primera publicación del boletín de indicadores macroeconómicos del Mercosur.
De acuerdo con los datos que brindó, durante la presentación del informe consolidado de coyuntura del Mercosur, los miembros de cada delegación presentaron un informe sobre la situación de los países, y se hizo una revisión sobre el sector real y financiero, así como del comercio externo y las perspectivas de cierre al año 2009 y las posibilidades para el año 2010. "En general, los niveles de crecimiento estimados por las autoridades oficiales son más promisores que los que vienen de las estimaciones de organismos multilaterales o del sector privado. La mayoría de los países reportan un crecimiento positivo para el año 2009, quizá con excepción del caso de Chile, que tendría un crecimiento negativo del 1%; y de Paraguay, que estamos en -3% a -4%, aunque otras estimaciones no oficiales pronostican una desaceleración menor", explicó.Agregó que la inflación de todos los países está bajo control, y que las reservas están fuertes en la mayoría de los miembros del bloque. "Todo da a entender que estamos saliendo de la crisis y los canales de transmisión han sido fundamentalmente por el sector financiero en la mayoría de los países... pero se avizora una recuperación rápida para el 2010. En este caso hay un efecto de anticipo de lo que va a ser el año 2010, y esto actúa también como un acelerador del crecimiento", apuntó.
GARCÍA BELAUNDE Y CHOQUEHUANCA PROMETEN NORMALIZAR RELACIONES DEL PERÚ Y BOLIVIA
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
El Perú y Bolivia decidieron reconducir las relaciones bilaterales tras los roces surgidos entre los dos países en la Comunidad Andina (CAN) por el asilo político a tres ex ministros bolivianos por parte del Gobierno del presidente Alan García.
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, y su par boliviano, David Choquehuanca, anunciaron una serie de acciones para alcanzar ese objetivo, en medio de las sesiones previas de la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se realizará este viernes en Paraguay.
Además, García Belaunde dijo que “están dadas las condiciones” para el regreso a La Paz del embajador peruano, Fernando Rojas, que fue retirado a mediados de junio pasado en protesta por unas expresiones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre los disturbios en la provincia de Bagua, donde murieron 34 personas. Con relación al refugio concedido por el Perú a tres ex ministros bolivianos acusados de genocidio por las autoridades de La Paz, García Belaunde afirmó que el Gobierno del Perú “se comprometió a examinar cuidadosamente la información adicional” que le hizo llegar hace unos días a Lima el canciller Choquehuanca.
Al respecto, el ministro boliviano se limitó a expresar que han hecho llegar “una información fundada” a las autoridades limeñas.
El Gobierno peruano otorgó asilo a tres ex ministros de la gestión del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), pese a que están enjuiciados por su presunta responsabilidad en una masacre ocurrida en octubre del 2003.
Ese año murieron más de 60 personas durante la represión de las fuerzas de seguridad contra protestas antigubernamentales.
Respecto a la CAN, García Belaunde explicó que en agosto próximo habrá una reunión de cancilleres andinos y que acordaron que las bases para arreglar las diferencias existentes en ese mecanismo podría ser un documento elaborado por Bolivia y Ecuador.
“En relación a la comunidad andina, vamos a tener una reunión de cancilleres en el mes de agosto. Vamos a tomar medidas para fortalecer este espacio de integración regional”, aseveró Choquehuanca.
Ambos cancilleres también anunciaron, asimismo, la creación de una comisión bilateral para examinar una antigua disputa por el río Mauri, que nace en territorio peruano e ingresa a Bolivia.
EMBAJADOR DE PERÚ VUELVE A LA CIUDAD DE LA PAZ TRAS SUPERAR DISPUTA
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
El embajador peruano en La Paz retornará a sus funciones los próximos días, anunció el jueves el canciller, José Antonio García Belaunde, luego de que ambos países dieran por superado un conflicto bilateral.
Las relaciones entre Bolivia y Perú pasaron por momentos de tensión en los dos últimos años debido a diferencias sobre la negociación de un acuerdo comercial entre la Comunidad Andina (CAN), que los dos integran, y la Unión Europea.
“Están dadas las condiciones para que el embajador de Perú, Fernando Rojas, pueda retornar a la Paz (...) hay diferencias que tenemos que trabajar, pero hay una voluntad de avanzar”, dijo García a periodistas.
El anuncio se produjo tras una reunión entre García y el canciller boliviano, David Choquehuanca, en el marco de la cumbre del bloque sudamericano Mercosur, que se celebra en las afueras de la capital paraguaya.
Los últimos roces se iniciaron tras la decisión de Lima de facilitar el asilo y refugio a tres ex ministros bolivianos enjuiciados por delitos económicos y se acentuaron tras un conflicto en la Amazonía peruana, que dejó decenas de muertos a mediados de junio.
Perú llamó a consultas a su embajador en Bolivia luego de que el presidente Evo Morales calificara el hecho como un genocidio del neoliberalismo.
Choquehuanca dijo que entregó a su colega boliviano un informe con detalles sobre los procesos judiciales que involucraban a los ex ministros y señaló que el Perú había actuado sin tener información suficiente.
“Ahora que ellos ya tienen una información fundada esperamos que las autoridades correspondientes puedan tomar medidas en el marco de la normativa nacional e internacional”, dijo el ministro boliviano.
El Perú dijo que tomó nota del asunto y que analizará la información dada por su vecino.
Sobre los futuros acuerdos comerciales entre la CAN y otros países, los cancilleres pactaron celebrar una reunión en agosto para acercar posiciones.
BITAR INAUGURA UN TRAMO DEL CORREDOR BIOCÉANICO QUE UNIRÁ A CHILE, BOLIVIA Y BRASIL
Contempla 18 kilómetros de la ruta internacional Huara-Colchane, que van desde el 50 al 67,50. La inversión superó los $ 5.800 millones.
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Hasta el kilómetro 50 de la ruta internacional Huara-Colchane, en la Región de Tarapacá, llegó el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, junto al intendente Miguel Silva, para inaugurar el primer tramo de esta vía, con alto estándar, que forma parte del corredor bioceánico que une Brasil, Bolivia y Chile.
El tramo, que ha sido definida como la Obra Emblemática de la región para el Bicentenario, inaugurado este jueves corresponde a 18 kilómetros, que van desde kilómetro 50 al 67,50. Su monto de inversión superó los 5.800 millones de pesos, gracias a un convenio entre el gobierno regional y el MOP.
El corredor atraviesa cinco comunas en la Región de Tarapacá; Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Colchane, siendo éstas dos últimas donde se desarrolla mayormente la longitud de 163 kilómetros de esta ruta, la 15-CH. Forma parte de esta integración la ruta 11 CH, Arica Tambo Quemado, que une las comunas de Putre y Arica.
De ahí que la importancia de este corredor sea significativa para el desarrollo de ambas regiones del norte de Chile, permitiendo la integración local y una proyección para el intercambio comercial entre Sudamérica y el continente asiático. El total del proyecto para conectar las tres naciones, suma cerca de 30 mil millones de pesos que son ejecutados por tramos a través de la Dirección de Vialidad.
"Los chilenos, los bolivianos, los brasileños, todos los ciudadanos del mundo van a poder recorrer por pavimento 3.800 kilómetros. Esto es parte de un gran plan de conectividad internacional. Esto significa que hemos terminado con Pisiga, por el lado de los bolivianos, y Colchane, por el lado Norte; hemos avanzado en la firma de un convenio con Bolivia para la habilitación de un tránsito expedito; hemos avanzado en la ampliación del aeropuerto de Iquique, que está en ejecución; está por licitarse la ampliación del puerto; vamos a llamar a la concesión entre Alto Hospicio y la Ruta 5 para tener una doble calzada", enfatizó el titular del MOP.
"Esto va a ser un gran plan de obras para del desarrollo integral de Tarapacá y el desarrollo internacional de Chile. En estos momentos estamos avanzando muy fuerte entre el kilómetro 122 y el kilómetro 163 hasta la frontera. Está licitado, vamos haciendo las obras y vamos a proseguir hasta terminarlas", concluyó el secretario de Estado.
VALORAN AVANCE DE BRASIL Y BOLIVIA
La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo realizado por Brasil y Bolivia en la construcción del corredor bioceánico, obra que fue resultado de un compromiso adquirido por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
La obra completa implica la construcción de 3 mil 800 kilómetros de carreteras, de los cuales al gigante sudamericano le corresponden mil 500 kilómetros. Brasil ya construyó las vías y actualmente se encuentra en estado de mantención.
A los altiplánicos, con un aporte de 1.800 kilómetros, solamente le falta un tramos de 300 kilómetros de vía y que se concretarían antes de fin de año
Por su parte Chile aportará con 500 kilómetros de vía para unir el puerto local y Arica con el de Santos.
"Esto es parte de un gran plan de conectividad. Esto significa que hemos terminado el complejo fronterizo de Pisiga por el lado de los bolivianos y de Colchane por el lado nuestro, hemos avanzado en un acuerdo con Bolivia para el tránsito expedito hacia el Pacífico por Iquique, la ampliación del aeropuerto de Iquique y está por licitarse la ampliación del puerto", destacó Bitar.
MORALES NO SE ARREPIENTE DE HABER ECHADO A LA DEA DE BOLIVIA
Agencia Reuters de Londres (www.lta.reuters.com/article)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el jueves que fue acertada su decisión de expulsar el año pasado del país a la agencia antidrogas estadounidense DEA y destacó recientes logros de la fuerza policial local en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, el mandatario indígena y líder de los productores bolivianos de coca, la materia prima de la cocaína, reconoció que el país sudamericano necesita cooperación internacional para un combate sostenido a los narcotraficantes.
"Todo por la dignidad de los bolivianos, el año pasado decidimos 'fuera DEA' y no me arrepiento", dijo Morales en la ciudad central de Cochabamba, en un discurso con motivo del aniversario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Morales echó a la DEA en noviembre del año pasado, menos de dos meses después de haber expulsado al embajador de Estados Unidos, en ambos casos acusándolos de interferir en asuntos políticos internos y hasta alentar una subversión en regiones controladas por la oposición derechista.
En réplica, Washington excluyó a Bolivia de un programa de facilidades comerciales conocido por su sigla en inglés ATPDEA, acusando al país sudamericano de no cumplir con sus obligaciones de combate a las drogas.
Morales, conocido por su duro discurso "anti imperialista", aseguró que la FELCN ha logrado resultados "alentadores" desde noviembre y destacó que en lo que va del año ha incautado 15 toneladas de cocaína, de las cuales un 10 por ciento era droga refinada y el saldo pasta base.
"Casi después de un año de dejar a un lado la DEA, (los miembros de) nuestra FELCN son capaces, están preparados, pero hay que seguir preparando y formando nuevos hombres decididos a prestar un servicio", dijo. Morales, quien prometió acelerar los programas de erradicación de cultivos ilegales luego de que Naciones Unidas reveló el mes pasado que los cocales del país habían crecido en 6 por ciento en el 2008, a 30.500 hectáreas, proclamó que el problema del narcotráfico afecta a todo el mundo.
"Es obligación de todos los países, no solamente Estados Unidos, de aportar incondicionalmente a la lucha contra el narcotráfico", dijo el presidente del tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú.
"Por eso, hago un llamado a la comunidad internacional, de manera responsable, a poner su parte, y no solamente exigir a países (como Bolivia), pues es responsabilidad de todos", agregó.
ISRAEL HACE CAMPAÑA CONTRA EL RÉGIMEN IRANÍ EN SURAMÉRICA
Brasil y Argentina, claves para enfriar la influencia de Teherán
El País de España (www.elpais.com)
A Israel le preocupa la creciente influencia de Irán en Latinoamérica. Para contrarrestarla, su ministro de Asuntos Exteriores, el ultraderechista Avigdor Lieberman, inició el pasado martes una gira de diez días por Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Comenzó su periplo por Brasil, país al que Lieberman le reconoció peso diplomático como para mediar en Oriente Medio. Ayer arribó a Argentina, donde reside el mayor colectivo judío de habla hispana (250.000 personas). Hace 22 años que un ministro de Exteriores israelí no pisaba Suramérica.
Israel está alarmado por las alianzas que ha tejido su enemigo y presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, con Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Tanto Brasil como Argentina mantienen buenas relaciones con el presidente venezolano, Hugo Chávez, pero se diferencian por su vínculo con Irán. El jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se apresuró a felicitar a Ahmadineyad por su reciente victoria en unos comicios cuestionados por la oposición iraní, la UE y EE UU, mientras que su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenó el año pasado en la asamblea de la ONU a Teherán por su presunta participación en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas. "Brasil abriga muchas personas de origen árabe y también judías", destacó el jueves su ministro de Exteriores, Celso Amorim. La comunidad judía de Brasil es la décima más grande fuera de Israel (97.000) y la de Argentina, la sexta.
Tan buena es la relación de Brasil con Irán que Ahmadineyad planea que el primer viaje de su nuevo Gobierno sea a ese país. Lula le devolverá la visita el año próximo. Tal vez por eso Lieberman declaró ayer en Brasilia que el gigante suramericano es el "único país que puede convencer a Irán de que detenga su programa nuclear" y destacó que cuenta con "lazos muy fuertes con el mundo árabe y también con muy buenas relaciones con Israel".
A principios de julio, el presidente de EE UU, Barack Obama, también había pedido a Lula que mediara. Lieberman advirtió sobre una "carrera nuclear" en Oriente Medio porque Arabia Saudí o Egipto no aceptarán que Irán les saque ventaja. Amorim respondió que "a Brasil le gustaría que todos los países firmaran el tratado de no proliferación nuclear", en abierta crítica a Israel, poseedor de armas atómicas. Amorim también admitió que disiente de Lieberman acerca de los asentamientos judíos en territorios palestinos: el ministro brasileño considera que han aumentado desde el acuerdo de paz de Oslo (1993) y el israelí opina que se han mantenido igual.
La subdirectora de Exteriores de Israel para Latinoamérica, Doris Shavit, denunció en la visita que el partido-milicia libanesa proiraní Hezbolá dispone de células "no activas" en Venezuela, en su frontera con Colombia. El Gobierno de Chávez calificó las declaraciones de "ridículas". El Ejecutivo israelí también es consciente de que existe una importante base de apoyo financiero a Hezbolá en la zona conocida como la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay.
Ayer, en Buenos Aires, Lieberman se reunió con su homólogo argentino, Jorge Taiana, e inauguró un seminario de negocios. Permanecerá en Argentina tres días, en los que se encontrará con familiares de las víctimas de los aún impunes ataques terroristas contra la embajada de su país (1992) y la AMIA. Un familiar de uno de los 29 muertos por el atentado a la embajada, Carlos Susevich, declaró a la Agencia Judía de Noticias que "Israel es débil para presionar a los funcionarios" argentinos "para que investiguen realmente". La agenda de Lieberman en Argentina se mantiene en secreto por cuestiones de seguridad, dado que su presencia ha sido repudiada por partidos de izquierda, que lo tildan de "fascista".
España para reunirse con Eduardo Rózsa Flores y su presunta banda de mercenarios, informó el fiscal Marcelo Soza.“Hay algunos nombres de algunos ciudadanos bolivianos que probablemente se hubiesen reunido en España a efectos de traer este grupo, estamos corroborando esta información de las personas que hubiesen viajado a España para determinar si es cierta, pero se trata de bolivianos que viajaron a España donde precisamente se reunieron con este grupo terrorista de Rózsa y otras personas más que conformaban el grupo”, declaró.
Alonso, quien apareció en los últimos días casi en todos los medios de comunicación más importantes de La Paz, prestó sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público en la víspera y en esa ocasión, según el fiscal Soza, reveló incluso los nombres de esos cinco cívicos y empresarios cruceños que se habrían contactado en España con la supuesta banda de mercenarios desarticulada el pasado 16 de abril.
FRENTE AL AVANCE DE LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS, SE RECURRE A LA CRIMINALIZACIÓN DE SUS PROTESTAS. LA RESPUESTA REPRESIVA DE LOS ESTADOSAmérica Latina en Movimiento (www.alainet.org)
El viernes 5 de junio una noticia conmovió al mundo: en la amazonía peruana, la represión policial provocó 34 muertes (24 policías y 10 indígenas). La indignación nacional e internacional ante esta matanza provocada por el Estado peruano se expresó de inmediato en una corriente de solidaridad pocas veces vista antes.
¿Cómo se llegó a esta situación? Desde el 2008, los pueblos indígenas de la
amazonía venían pidiendo al Estado peruano el respeto sobre sus derechos territoriales, reconocidos por la Constitución e instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y en la primera semana de abril, los indígenas amazónicos se declararon en huelga indefinida exigiendo la derogatoria de varios decretos legislativos que atentan contra el derecho de posesión sobre su territorio.Sucede que el gobierno de Alan García, haciendo uso y abuso de las facultades conferidas por el Congreso mediante Ley 29157 con la finalidad de implementar el TLC celebrado entre el Perú y los Estados Unidos, emitió 102 decretos legislativos, ocho de los cuales afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, específicamente los derechos a la consulta previa e informada, a la libre determinación y a su territorio. Estas normas priorizan la inversión privada a costa desproteger a los pueblos y sin importar el derecho a la libre determinación sobre su desarrollo y forma de vida.
Luego de 54 días de paro, obstinado en su negativa de solucionar el pedido de los pueblos, el 5 de junio el gobierno ordenó la intervención policial en la zona conocida como Curva del Diablo (Bagua, Amazonas), lo que provocó un enfrentamiento entre los indígenas que defendían sus derechos y los policías que tenían el mandato de poner orden e imponer los decretos legislativos del TLC. La represión no terminó (ni había empezado) ahí: fue seguida por la persecución judicial a los dirigentes indígenas, denunciándolos por secuestro, asesinato, alteración del orden social, entre otros graves delitos.
Neoliberalismo
La criminalización de la protesta se inició en la dictadura de Alberto Fujimori. Y se fue agudizando al punto que en julio del 2007 el gobierno de Alan García emitió once decretos legislativos gracias a los cuales las fuerzas armadas son inimputables ante el uso de su arma reglamentaria cuando se trata de protestas sociales, es decir tienen licencia para matar; el bloqueo de carreteras o vías publicas puede ser condenado hasta con 30 años de privación de la libertad, pena más drástica a la que recibe un asesino; y las autoridades locales y regionales están prohibidas de apoyar las movilizaciones de sus pueblos, entre otras medidas que atentan contra el derecho nacional e internacional.
¿Cuál es el meollo del asunto? La historia reciente muestra que en el Perú, desde el gobierno de Alberto Fujimori, continuado por Valentín Paniagua, Alejandro Toledo y el actual Alan García, se ha aplicado una política económica de libre mercado, diseñada para favorecer el crecimiento económico y la inversión privada, sin importar los derechos de los pueblos históricamente olvidados, discriminados y menospreciados.
Esta política económica aplicada desde los años noventa, ha generado una serie de conflictos en todo el territorio nacional, principalmente por la presencia de empresas extractivas como las mineras, petroleras y forestales, que han incursionado en territorios de las comunidades y pueblos indígenas del ande y la amazonía sin el permiso ni la autorización de los pobladores, sólo con el consentimiento legal otorgado por los gobiernos, que declara los proyectos extractivos “de interés nacional” para que nadie se oponga a tales inversiones.
A la fecha, según información de la Defensoría del Pueblo, se registran 47 conflictos mensuales, en 3300 comunidades afectadas, solo por la presencia de la actividad minera. Producto de estos conflictos, el gobierno viene persiguiendo a más de 740 líderes indígenas, a quienes se les imputan los más graves delitos con tal de silenciar y desarticular el sistema organizativo de las comunidades y pueblos indígenas.
Lacra continental
Esta realidad no sólo se da en el Perú. Casos similares de criminalización, exclusión total y violación a los derechos de los pueblos indígenas se repite con las mismas fórmulas en países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, por mencionar algunos en Latinoamérica.
En Colombia la historia oscura de la actuación del Estado marca que desde 1974 hasta el 2007 un total de 339.323 indígenas Nasa en el departamento del Cauca afectados por asesinatos, lesiones graves, torturas, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, secuestro, violencia sexual, allanamiento, amenazas, entre otros. En el periodo de Álvaro Uribe (entre el 2001 y el 2006), 211 mil indígenas Nasa fueron victimizadas. Y; entre los años 2008 y 2009 los asesinatos a líderes indígenas no han parado, los últimos fueron el de Edgar Legarda, esposo de la líder del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Aída Quilcue, que fue acribillado por las fuerzas militares. Sólo en el último periodo de gobierno de Alvaro Uribe se suma más de 1200 indígenas masacrados. Estos genocidios al que están sometidos los pueblos indígenas queda en la más absoluta impunidad.
Dicho incremento en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas está asociado con la expansión geográfica del conflicto y especialmente con la implementación de la política de Seguridad Democrática de los dos últimos gobiernos de Álvaro Uribe, cuya justificación es terminar con la presencia de las FARC, cuando se trata en realidad de la imposición de políticas económicas privatizadoras que benefician a las empresas transnacionales, especialmente forestales y mineras.
“Democracia” chilena
En el caso chileno, los pueblos indígenas mapuches, al igual que sus similares en otros países del continente, históricamente fueron sometidos al despojo de sus tierras. En el proceso de pacificación de la Araucanía (segunda mitad del siglo XIX), el Estado Chileno de manera unilateral despojó el 95% del territorio mapuche. Ya en el siglo XX, tras el golpe militar de Augusto Pinochet, las tierras dejaron de ser indígenas porque se entregó títulos de propiedad individual a empresas forestales.
En los últimos años se expanden proyectos viales para favorecer a las empresas madereras que operan dentro de territorios de pueblos indígenas. También está la construcción de las hidroeléctricas que despojan aguas para desviar para el consumo de las empresas mineras y abastecimiento de las ciudades, dejando sin agua los campos agrícolas de las comunidades. Otro proyecto es el de la celulosa que desplaza a las comunidades aledañas al mar. Con todo esto, los pueblos indígenas ya no solo están negados del acceso a sus tierras sino hasta del mar.
Por estas realidades, los pueblos mapuches se organizaron alrededor de la Iglesia Católica y en partidos políticos. El Estado reaccionó creando la Ley Antiterrorista, al amparo de la cual se procesa y encarcela a líderes indígenas. Entre noviembre de 2001 y octubre de 2003 se registraron 209 mapuches procesados, sólo en la región de la Araucanía. A esto se debe agregar la práctica común de allanamientos ilegales a las viviendas, detenciones, vigilancia policial, maltratos en operativos, interrogatorios sin ser procesados, torturas, etc.
Expropiaciones en Argentina
Luego de la crisis económica y social de fines del 2001, que se agudizó en el 2002, a partir de 2003 Argentina crece económicamente por la exportación, en especial de la soja. En ese contexto, de 2003 hacia adelante, el bienestar de la población dejó de ser prioridad para las políticas del Estado, que se concentró en las exportaciones con el objetivo de lograr un mayor avance del crecimiento económico, dejando de lado las políticas agrarias, de salud, educación y otros sectores.
Pero las políticas de expropiación de territorios comunales no habían empezado con las crisis económica del 2001, sino desde años atrás. Entre 1995 y 2000, en el Chaco se vendieron más de 700 mil hectáreas de tierras, por lo que la provincia del Chaco tuvo que reformar su Constitución para detener la venta de tierras indígenas hasta que se entregue titulo de propiedad a los pueblos originarios. Sin embargo, hasta la actualidad no se otorga esos títulos, pero se sigue vendiendo territorio de pueblos indígenas a empresas transnacionales norteamericanas, sobe todo en el norte de Argentina, donde existen 1500 yacimientos mineros.
En el norte, además de los hidrocarburos y la minería, esta la tala de árboles del monte nativo. En la provincia de Salta se tala 103 hectáreas por hora. Todo por la política económica que prioriza la inserción en la economía global de mercado.
Producto de estos despojos de tierras, existen 347 conflictos indígenas que comprenden a un millón 300 mil hectáreas, sin considerar otros conflictos que no se reportan. Por ejemplo, en Santa Rosa se reclaman 535 hectáreas de territorio que fue despojado por la Compañía Benenton. Frente a las legítimas demandas de los pueblos indígenas, se criminaliza su protesta con persecución judicial, secuestro, tortura, vigilancia permanente, entre otras acciones.
Respuesta global
Ecuador, en el contexto del boom petrolero, los pueblos indígenas son perturbados por el desastre de la naturaleza, al punto que en la actualidad hay 30 mil personas afectadas y muchos casos de cáncer. En el periodo de Lucio Gutiérrez se empezó una ofensiva apostando por la inversión privada en el sector minero, producto de lo cual se llegó a asignar unas 4,500 concesiones. Este modelo de economía dejó como secuela un incremento en la deuda externa y la migración de alrededor de tres millones de ecuatorianos.
Frente a estas políticas económicas, los indígenas levantan permanentes movilizaciones. En uno de los casos, en 1992, por defender la tierra fueron asesinados 18 líderes indígenas, inaceptable solución política dentro de un estado democrático y de derecho.
Todas estas formas de operar por parte de los estados frente a conflictos sociales, se convierten en una plantilla en todos los países, que en vez de dar soluciones políticas y prevenir conflictos, lo que hacen es agudizar las crisis para luego justificar la intervención policial y militar con la finalidad de desarticular a las organizaciones indígenas.
Además, no sólo es una forma de operar política y militarmente en contra de los pueblos indígenas, sino de desprotegerlos jurídicamente y negarles una adecuada administración de justicia. Todo bajo el silencio de los medios de comunicación de alcance nacional, que no visibilizan los problemas a los que se enfrentan los pueblos, excepto cuando estos son objetos de noticia policial o para burlarse de sus formas de vida, diferentes a las habitantes de las ciudades capitalinas.
Por ello, frente a un problema global, la respuesta debe ser global: la articulación de los movimientos indígenas en el continente avanza, y con ella se fortalecen sus organizaciones y se unifican sus propuestas. La criminalización no detendrá su lucha contra la imposición de la economía neoliberal.
* Este artículo se basa en los testimonios de líderes de organizaciones indígenas de los cinco países mencionados.
AMAZONÍA PARA EL ESTADO BOLIVIANO: PISAR FUERTE EN PANDO ES UN MANDATO CONSTITUCIONAL. DEL "PLAN VINTO" AL PLAN PANDO
Argenpress de Argentina (www.argenpress.info)
Wilson García Mérida (DATOS & ANÁLISIS).- "El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento indígena de Vinto, ya en enero del 2004.
Entre el 20 y 23 de enero del 2004, bajo el gobierno de Carlos Mesa, varias organizaciones indígenas y campesinas realizaron en Cochabamba el Encuentro Nacional de Tierra y Territorio, en cuyas conclusiones se acordó que dichas organizaciones debían “trabajar una nueva Ley de Tierra y Territorio, que otorgue derecho de propiedad, no solo de la tierra, sino también de los recursos naturales según usos y costumbres”. El pronunciamiento emitido en enero del 2004 por las organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que se habían reunido en la famosa Casa de Retiros de Vinto (a quince kilómetros de la ciudad de Cochabamba), buscaba influir en acciones gubernamentales inmediatas al exigirle al presidente Mesa desactivar algunos dispositivos de la entonces Ley Inra que favorecían a grandes latifundistas y especuladores de tierras agrícolas y forestales principalmente en el oriente del país.
“No permitiremos que se aprueben más decretos que atenten contra nuestros derechos” —decía el pronunciamiento de Vinto—. “Al actual Gobierno le decimos que debe tomar muy en cuenta nuestra frontal oposición a que se apruebe el proyecto de decreto sobre ‘usuarios tradicionales de la castaña’ que solo busca favorecer a los grandes barraqueros del norte amazónico en Pando, Beni y el norte de La Paz”.
En ese mismo documento, los representantes indígenas y campesinos debidamente asesorados por técnicos de entes especializados como el Cejis y Cipca, demandaban también una urgente reestructuración del Inra para emprender sin más dilación una nueva distribución de tierras en Bolivia. Era enero del 2004, reiteramos.
Los asistentes a ese encuentro ratificaron el pacto nacional de unidad “entre organizaciones campesinas, de colonizadores, indígenas, originarias, del movimiento sin tierra y mujeres campesinas, de las tierras altas y tierras bajas, del altiplano, valles, oriente y amazonía”, aclarando que ese pacto debía servir “para lograr la redistribución de la tierra y el respeto a nuestros legítimos derechos territoriales y sobre los recursos naturales, así como para avanzar en la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente”.
En los puntos séptimo y octavo del pronunciamiento, los dirigentes campesinos e indígenas planteaban al gobierno de Carlos Mesa dar “rápida atención” a la titulación de tierras comunitarias de origen tanto en las tierras altas como las tierras bajas de Bolivia. Y para los indígenas y campesinos sin tierra, el Estado debía ceder todas las áreas fiscales aptas para la agricultura y actividades productivas afines. “El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento de Vinto. Y Mesa, el soberbio y engreído Presidente señorial, inconmovible, no alzó un dedo para atender ese clamor de justicia.
En el Encuentro de Vinto se había definido que la necesidad de una nueva política de distribución de tierras —y como parte indisoluble de ella la formación de nuevos asentamientos poblacionales rurales—, exigiría también una rigurosa planificación territorial. Estaba claro que un eficaz plan de distribución de tierras, al implicar la constitución de nuevos asentamientos humanos, tendría que pasar ineludiblemente por un nuevo ordenamiento territorial, es decir nuevas gestiones territoriales y medioambientales según el uso que se deba dar a esos suelos ocupados. Por eso es que cuando se habla de tierra, se habla también de territorio.Se podría afirmar que las conclusiones de aquel Encuentro Nacional de Tierra y Territorio fueron adoptadas como discurso y fundamento programático de un indigenismo libertario que ya se había instalado en el horizonte del ascenso popular en Bolivia, derribando a Sánchez de Lozada durante las jornadas de octubre del 2003. Pero, sobre todo, ese documento fue una de las primeras “alertas rojas” que la derecha feudal, ya derrotada, intentó exorcizar echando gritos al cielo. La Nación Camba, ese engendro neofascista promovido precisamente por los latifundistas más parasitarios y expoliadores, satanizó al pronunciamiento de enero denominándolo “Plan Vinto”.
“Este Plan es la pequeña Biblia que consagra la intentona de separar a los pocos aventureros que aun desafían la ley de la gravedad intentando sobrevivir en una sociedad de rechazos mutuos”, escribió entonces, con un lenguaje encriptado y típicamente masónico, el activista de la Nación Camba Sergio Antelo. El 9 de junio del 2005, 18 meses después del seminario de Vinto, dirigentes empresariales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) presentaron ante el Directorio de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) un “análisis profundo” que se había realizado acerca del “Plan Vinto”. Los expositores eran Mauricio Roca de la CAO y Guido Náyar de Fegasacruz, sospechosos hoy de financiar al grupo armado del mercenario separatista Rózsa Flores.
“Esta Estrategia no es otra cosa que un plan del MAS para tomar el poder a partir de la consolidación del derecho a la tierra y el territorio por parte de los llamados 'originarios', quienes tienen un brazo ejecutor de toma de tierras en el Movimiento Sin Tierra”, sostenía entonces un manifiesto racista emitido por los empresarios orientales.
El “Plan Vinto” lanzado el 23 de enero del 2004, y el pronunciamiento empresarial de la CAO, Fegasacruz y la CFB emitido el 9 de junio del 2005 en contra del documento indígena, son los antecedentes más esclarecedores de lo viene sucediendo actualmente en el Departamento de Pando, donde el problema de la tierra, ciertamente, es algo más que un casual asuntillo electoral.
No olvidemos que el 27 de enero del 2004, muy pocos días después del Encuentro Nacional de Tierra y Territorio que se celebró en Vinto, una Fiscal de Santa Cruz que investigaba delitos de acaparamiento de tierras agrícolas por parte de empresarios que no vacilaban incluso en irrumpir sobre tierras indígenas comunitarias, fue asesinada en un brutal atentado explosivo a manos del narco-terrorista italiano Marco Marino Diodato, socio de latifundistas y banqueros corruptos. La muerte de la fiscal Mónica von Borries era una sórdida advertencia de cómo los especuladores de la tierra estaban dispuestos a impedir la aplicación de cualquier “Plan Vinto”.
El triunfo electoral de Evo Morales en diciembre del 2005, con un índice de votación superior al 70% en las áreas rurales del país, especialmente en aquellas zonas donde el problema de la tierra es una urgencia nacional, se debió en gran parte a la oferta electoral que su partido, el MAS, enarboló ante los votantes campesinos con la promesa de impulsar una revolución agraria devolviendo a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y redistribuyendo tierras a los desposeídos.
Estaba claro, desde un principio, que Evo Morales en legítimo ejercicio de su poder como Presidente de la República, utilizaría todos los mecanismos que le da la democracia para cumplir esos objetivos, afectando necesariamente intereses empresariales no siempre legítimos. Y estaba claro también, desde mucho antes, que los reducidos pero potentes grupos empresariales que detentaban, de manera ilegal, parasitaria y especulativa, extensas tierras agrícolas, ganaderas y forestales, opondrían resistencia con todos los recursos a su alcance, incluso lo más viles.
Este conflicto que se vislumbró ya en el 2004 cuando la CAO y Fegasacruz despotricaban contra el “Plan Vinto”, fue configurado su epicentro más explosivo en la denominada “media luna”, que es donde finalmente estallaron los hechos más dramáticos registrados dentro el actual gobierno de Evo Morales, impelido a enfrentar una escalada separatista que es la forma en que las logias terratenientes defienden sus ilegales privilegios.
Los sucesos sangrientos que ocurrieron en septiembre del 2008 en Pando y Santa Cruz —cuando hordas nazi-racistas promovidas por las prefecturas y los comités cívicos asaltaron y saquearon instituciones estatales, agredieron a funcionarios gubernamentales incluido el Comandante de la Policía cruceña y pretendieron linchar a dirigentes campesinos—, tuvo como única finalidad impedir y paralizar el ingreso de brigadas del Inra que cumplían una intensa labor de saneamiento de tierras y detección de latifundios improductivos susceptibles de Reversión. Esta resistencia fascista alcanzó su punto fulminante con el genocidio cometido en El Porvenir contra decenas de marchistas indígenas de Pando, el 11 de septiembre. La matanza fue auspiciada por el entonces prefecto Leopoldo Fernández —un latifundista corrupto, ex Senador de ADN (el partido del ex dictador Banzer) y ex Ministro de Gobierno de Tuto Quiroga—, cuya familia detenta tierras usurpadas abusivamente en los municipios de Cobija, El Porvenir y Bella Flor, ocupando una superficie total de 5.552 hectáreas. El feudo de Leopoldo Fernández y sus hermanos abarca el doble de la extensión territorial que ocupa la ciudad de Cobija, capital de Pando, sobre una superficie de 3.242 hectáreas.
SE DISPERSÓ LA OPOSICIÓN BOLIVIANA
La Hora Cero de Panamá (horacero.com.pa)
La dispersión de agrupaciones políticas de oposición en Bolivia responde a la crisis que atraviesa el sistema de partidos tradicionales, a la necesidad de aferrarse al poder y a una posible estrategia en busca del voto cruzado en las elecciones del 6 de diciembre.
Para los comicios venideros fueron habilitados 12 partidos, una alianza política y dos agrupaciones.
La derecha se vio en crisis luego del fracaso cívico prefectural de agosto y septiembre de 2008, la derrota que les significó la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado el 25 de enero de 2009 y luego la desarticulación en abril de una presunta banda terrorista financiada por la derecha del departamento de Santa Cruz, bajo investigación.
La coordinadora de Autonomías de Santa Cruz y politóloga, Helena Argirakis, señaló que hay una ausencia total de representación política a través de las instituciones y organizaciones propias del sistema político, que son los partidos.
"Incluso están resucitando a muertos políticos y a líderes de partidos que estaban en la jubilación, porque no tienen ni idea ni propuestas, mucho menos proyecciones de liderazgos y generación de recambio, y es lamentable porque el electorado no tiene opciones" y hace que no exista una oposición real, indicó.
El politólogo Carlos Cordero explicó que la dispersión de partidos y agrupaciones de oposición es un fenómeno que responde a la crisis del sistema tradicional de partidos, pero además "porque hay personas que quieren ganar visibilidad, es una estrategia para garantizar un curul en la próxima Asamblea Plurinacional".Este sistema, según Cordero, le otorga una ventaja adicional al partido de gobierno, que tiene un proyecto político exitoso, pero también puede representar una desventaja para el Movimiento Al Socialismo (MAS), ya que en lugar de cuatro partidos políticos en el Legislativo pueden darse más de 10, "y eso sí le podría provocar un gran problema de gobernabilidad al MAS en el Congreso".
"Hay un dato que hay que tener en cuenta; es muy probable que los ciudadanos tengan su voto definido por el presidente, pero quizás no lo repitan por los diputados uninominales" lo que se conoce como voto cruzado, dijo. El también académico electoral apuntó que en los últimos eventos electorales se dio el voto cruzado "porque la población es sabia al elegir y no otorga el poder a una sola opción".
Sin rumbo
Para el sociólogo e historiador Alexis Pérez se han hecho mezclas políticas de todo tipo, pero hasta ahora no han articulado nada concreto ni oficial. Según Pérez, las recientes agrupaciones políticas que emergieron en el ambiente preelectoral no tienen un programa de país.
"Hay un sentir grande de que debe haber otro tipo de gobierno, uno para todos, pero lamentablemente no hay oposición porque el grueso de esa oposición viene del neoliberalismo, así que no tienen moral para enfrentar", añadió.
Lamentó que la mayoría de los candidatos en carrera electoral no haya presentado un programa de país que plantee retos para generar desarrollo económico, estabilidad y empleo, pues "no puede haber democracia con un 70 por ciento de la población pobre".
El diputado opositor Bernardo Montenegro (Podemos) dijo que la aparición de agrupaciones y partidos responde a la necesidad de satisfacer apetitos personales.
"Varias personas están queriendo echar sus cartas posiblemente para negociar o satisfacer sus apetitos personales", dijo, pero aseguró que confía en la madurez de la población para no caer en este juego.
"Elegirán entre votar por el progreso y el retorno a la democracia o por un modelo totalitario", añadió el parlamentario opositor al gobierno.
Felipe Quispe "el Mallku" anunció una alianza política para los próximos días, posiblemente con el partido Bolivia Social Demócrata y con otros líderes.
"El problema de hacer un frente común es que nadie quiere soltar su sigla, hemos estado conversando con Román Loayza y otros líderes para lanzar un frente común, queremos un frente de los pobres, no vamos a hacer alianzas con los tirasacos que se venden al verdugo. Alzaremos las banderas que (el presidente) Evo Morales botó", dijo.
ARRANCA LA CUMBRE DEL MERCOSUR EN PARAGUAY
El bloque regional repudiará el golpe de Estado en Honduras y anunciará el uso de moneda local en lugar del dólar para su comercio interno, durante una Cumbre de Presidentes en Asunción que reclamará este viernes que las vacunas contra la gripe A sean declaradas bien público. Participará Cristina Kirchner.
26 Noticias de Argentina (www.26noticias.com.ar)
"Mercosur y los estados asociados no apoyarán ningún tipo de aventura golpista", adelantó la tarde del jueves el canciller paraguayo, Héctor Lacognata", refiriéndose al derrocamiento de Manuel Zelaya de la presidencia hondureña el 28 de junio.
Las declaraciones del ministro tuvieron lugar durante una reunión del Consejo del Mercado Común, máximo organismo del Mercosur, que celebra su 37a cumbre en Asunción.
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, instó a su vez a los líderes políticos de Honduras a buscar una solución pacífica al conflicto "y evitar un derramamiento de sangre", en una conferencia conjunta con el presidente paraguayo, Fernando Lugo.
Otro acuerdo alcanzado por el Consejo Mercado Común del Mercosur fue el de sustituir el dólar por monedas locales en el intercambio comercial, modalidad introducida por Brasil y Argentina desde 2008, dijo otra fuente de la Cumbre.
"Con este acuerdo, toda actividad que implique el uso de dinero se canalizará con monedas de nuestros países sin tener como referencia el dólar", dijo a la AFP el viceministro paraguayo de Relaciones Exteriores, Oscar Rodríguez.
Paraguay y Uruguay se incorporarán al nuevo sistema de intercambio desde finales del 2010, cuando acuerden detalles técnicos los bancos centrales de los dos países.
En cuanto a la gripe A, la ministra de Salud de Paraguay, Esperanza Martínez, informó la noche del jueves que sus pares del bloque aprobaron una declaración que define a las vacunas como bien público global.
"La declaración plantea definir a las vacunas, a los antivirales y a los kits de diagnóstico como bien público globales", señaló Martínez.
La región enfrenta una emergencia sanitaria por el avance de la gripe, azuzada por una ola de frío polar en el Cono Sur. La pandemia "desafía todas las estructuras sanitarias de nuestros Estados", dijo Lacognata, quien había anunciado previamente que se solicite "una nueva asamblea de emergencia de la Organización de Estados Americanos (OEA)".
El jefe de la Comisión de Representantes del bloque, Carlos Alvarez, dijo por otra parte estar "convencido de que en este semestre se produce la incorporación de Venezuela como miembro pleno".
La entrada se produciría durante el liderazgo de Uruguay, que asumirá el viernes la presidencia pro témpore del bloque. La incorporación de Venezuela como miembro pleno de Mercosur ha sido largamente demorada por Brasil y Paraguay, cuyos Senados no han ratificado el ingreso como sí lo hicieron Uruguay y Argentina.
La Cumbre sesionará con la presidenta argentina Cristina Kirchner y los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; Uruguay, Tabaré Vázquez; Bolivia, Evo Morales, y el anfitrión, Fernando Lugo.
Uruguay, de su lado, condenó las restricciones comerciales en el seno del Mercosur, mientras Argentina justificó medidas en el duro impacto de la crisis mundial que ha hecho derrumbar la demanda.
Ministros de Economía indicaron que los países del bloque y asociados crecerán este año con políticas expansivas diseñadas para enfrentar la crisis mundial, dijo el ministro de Hacienda de Paraguay, Dionisio Borda. Pero el canciller Lacognata manifestó su "desencanto" con el Mercosur por la falta de acuerdos en temas como la eliminación del doble cobro de la tarifa externa común y las acciones proteccionistas.
Sin embargo, destacó la importancia de inaugurar la noche del jueves la Sede del Instituto Social del Mercosur, como un avance del bloque en materia de integración.
Álvarez anunció además que el Mercosur trabaja con la Unión Europea (UE) en una iniciativa por la cual espera que ese bloque done 6.000 ó 7.000 millones de euros anuales para desarrollar políticas públicas.
MORALES PROPONE LA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE DEFENSA REGIONAL
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que propondrá la creación de una Escuela de Defensa Regional con sede en Bolivia “para liberar” a las fuerzas armadas de los países suramericanos de la dependencia del Comando Sur de Estados Unidos. “Será una escuela de defensa regional con nuestra propia doctrina” y estará destinada a completar la formación profesional de oficiales de las fuerzas armadas de sus países miembros, afirmó.
Morales aseguró que el objetivo de este proyecto es que “las Fuerzas Armadas no dependan del Comando Sur” de EE.UU. El líder indígena criticó que cada año el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. realiza un entrenamiento en América Latina con el denominativo “Fuerzas Comando”. “En 2007 estas Fuerzas Comando hicieron su entrenamiento en Honduras, por supuesto las bolivianas no participaron” como sucedía antes, afirmó. Morales saludó en este sentido a los oficiales bolivianos porque en su país “de verdad empiezan a transformarse las Fuerzas Armadas” y señaló que existe una nueva generación que le ayuda con la participación “en temas sociales pero también estructurales, como la recuperación de los recursos naturales y los hidrocarburos”. El mandatario anunció que hará esta propuesta en la próxima cumbre de la ALBA (Alianza Bolivariana para las Américas).
MICHELLE BACHELET AFIRMA QUE DEBEMOS EVITAR OTRO CASO PARECIDO AL DE HONDURAS
SI NO HAY PROGRESO, LA GENTE PENSARÁ QUE DICTADURA ES IGUAL A DEMOCRACIA
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
Si no hay progreso, la gente comenzará a pensar que la dictadura es igual a una democracia, afirmó anoche la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante una entrevista exclusiva con nuestro diario. Indicó que América Latina debe evitar un caso parecido al de Honduras. Dijo que no le preocupa la compra de armas que hará Bolivia de Rusia y no cree que el presidente Hugo Chávez quiera iniciar una carrera armamentista en esta región. Por ahora, Chile no quiere ser miembro pleno del Mercosur.
–¿Cómo ve Chile el Mercosur, teniendo en cuenta que tiene un pie adentro y otro afuera?–El Mercosur pretende ser una unión aduanera e iba en una lógica interesante, que buscaba generar mercado. El Mercosur luego fue desarrollándose hacia otras áreas, con mucha fuerza, como el Mercosur Político, donde somos miembros plenos. Sucede que han nacido otras instancias multilaterales como Unasur, revivió el Grupo de Río, la Comunidad Andina de Naciones, etc.
–¿Qué dificultades encuentra en el Mercosur?
–Una de las dificultades que puede tener y he percibido es que, aun siendo muy buena idea, hay que mirar cómo se puede expresar de mejor manera las necesidades de los países más pequeños versus los más grandes. Que el mercado común y aduanero otorgue efectivamente las condiciones y equivalencias a todos los países.
–¿Por qué Chile no es socio pleno?
–No es miembro pleno (es socio comercial) no porque considere que el Mercosur no sea una realidad, sino porque hicimos una apertura anterior a este proceso. Si uno es miembro del Mercosur y quiere venderle a otro país, tiene que tener el acuerdo de los cuatro países (Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay). Chile ya ha hecho un camino, y queremos mantener. Estamos felices de estar en el Mercosur en lo comercial y también en lo político, y deseamos tener mayor presencia de los pueblos, cohesión social, educación y los múltiples espacios que tiene el Mercosur.
–¿Qué pasará con los procesos económicos como el Mercosur en el futuro? ¿Se convertirán finalmente en Unasur?–No es el momento aún. Hay estructuras con mucha madurez y tiempo de desarrollo como Mercosur y otras que están en proceso de ir generando respuestas claras. Unasur tuvo un rol en el terreno de lo político como en la crisis de Bolivia y en la conformación de ciertas estructuras en dos áreas: salud y defensa. Llegará un momento en que los países decidiremos si vamos a tener alianzas regionales, subregionales, vecinales, o si constituimos algo distinto. Cualquiera sea, tenemos que buscar que la integración se exprese en integración y beneficio a los pueblos.
–¿Lo que ocurrió en Honduras puede brotar en otras latitudes de América Latina, porque parecía que un golpe ya estaba superado en esta región?
–Hay gente que dice “nunca debemos decir nunca”. Yo quisiera creer que nuestra democracia en América Latina tiene un grado de consolidación suficiente como para que no veamos otras experiencias como la que vivimos en Honduras. Ante el Congreso paraguayo decía (ayer a la mañana) que antes de pensar si en Honduras hubo o no un golpe de Estado, tenemos que pensar en consolidar la democracia.
–¿Qué le falta a nuestras democracias latinoamericanas?
–Tres cosas: 1) Tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones propias del Estado con una administración más moderna, eficiente, que la gente perciba que se lucha contra la corrupción, lograr un mecanismo de transparencia, que la gente sepa qué está haciendo el Estado por ellos.
2) La democracia representativa es importante, pero no suficiente. Uno requiere también que la gente que tiene ideas, planteamientos, pueda participar para superar los problemas de la sociedad. Es decir, una política pública más integral y más legitimada.
3. Para mí, algo esencial para la consolidación de la democracia es que la democracia debe generar los bienes necesarios para mejorar las condiciones de la gente. Si eso no se genera, la gente puede preguntar: ¿por qué la democracia es mejor que una dictadura? Tiene que ir de la mano un Estado eficiente, eficaz, efectivo, que garantice mejor vida.
–¿Y la lucha contra la corrupción?
–Hay otras tareas, como la lucha contra la corrupción y por la transparencia. Una sociedad que se construye sobre derechos tiene necesidad de que esos derechos sean efectivos. Si hay inseguridad o nadie no puede salir a las calles, eso significa que el Estado está fallando, no genera condiciones básicas de seguridad o no tiene un poder judicial eficiente. En la dictadura había un toque de queda, y en la democracia, la inseguridad por crimen organizado es como un toque de queda.
–Muchos critican al presidente Hugo Chávez por querer iniciar una carrera armamentista con esta propuesta de Fuerzas Armadas bolivarianas. ¿Qué opina al respecto?
–Tengo una visión particular porque fui ministra de Defensa y considero que una de las funciones esenciales del Estado es garantizar defensa y seguridad. En Chile, las Fuerzas Armadas están para la defensa exterior, pero con una mirada moderna en la lucha por la paz a nivel mundial. Las tareas de seguridad interior está a cargo de la Policía (carabineros) o Policía Judicial (investigativa). Lo primero que nada es que para llegar al Consejo de Defensa de Unasur hubo un acuerdo de lo que había de hacer y no hacer. Si hay decisión de cambiar, tiene que haber un acuerdo de los 12 países que integran Unasur. Es un tema delicado, donde todos los presidentes tenemos que luchar por la integración de nuestro país, pero con la tarea de asegurar el interés nacional. Pero más allá de los límites razonables, los países tienen que invertir para renovar o modernizar la defensa y seguridad según la realidad de cada país.
–¿No considera una carrera armamentista?
–La carrera armamentista es otra cosa, cuando un país no está tranquilo con su statu quo y puede tener pretensiones expansionistas. No es el caso de Chile, y no creo que sea el caso de un país de nuestra región. No creo que nadie piense en anexar un país.
–¿La compra de armas que hará Bolivia de Rusia preocupa a Chile?
–Cada país tiene derecho a comprar y hacer adquisiciones que sienta que es necesario para cumplir la misión que sus propias constituciones nacionales le otorgan. Lo que yo siempre hice cuando era ministra de Defensa es informar a mis colegas de países vecinos qué decisión adoptó el Gobierno chileno sobre compra de armas, para que no se enteren a través de la prensa. Con esta actitud buscaba evitar suspicacias, especulaciones y conclusiones que no son reales. Es decir, compartimos políticas públicas de defensa para generar confianza mutua.
–Chile es mirado como país ejemplo. ¿Esto se debe a la madurez de su clase política o por su estabilidad económica?–Desde que se recuperó la democracia (en 1990) hemos sido, yo diría, capaces de demostrar una transición ejemplar, gradual, a la chilena. Nos hicimos cargo de problemas del pasado, pero buscamos grandes acuerdos para construir un país mejor. Ha sido muy importante la gobernabilidad, la democracia, recuperar una coalición de origen diverso: social cristianismo, socialismo, social democracia, que por encima de sus diferencias ponen en primer lugar sus coincidencias y los problemas del país. Chile tenía 40% de pobreza y la mitad de extrema pobreza en 1990. A partir de esa realidad trabajamos para crecer con igualdad de oportunidades para todos, sin marginar a ningún partido político y a los sectores desprotegidos como los niños, jóvenes y abuelos. Es difícil lograr un amplio consenso en un 100%. Pero el país tiene que seguir un camino de libertad, democracia, mirando la globalización a pesar de sus dificultades y abrirse al mundo, con justicia social para todos.
CHILE NO PIENSA FORMAR PARTE DE LAS FF.AA. “BOLIVARIANAS”
ABC de Paraguay (www.abc.com.py)
La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, no piensa formar parte de unas “Fuerzas Armadas bolivarianas” (como pretende el venezolano Hugo Chávez), según declaró ayer en la conferencia de prensa en el Palacio de López en ocasión de su visita oficial.
Bachelet, quien ejerce la presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), indicó que Chile y Paraguay tienen una instancia multilateral, en referencia a las Naciones Unidas, más allá de la iniciativa de países. “Es por eso que en el marco de Unasur se constituyó el Consejo de Defensa de Unasur, donde lo que hemos establecido es compartir experiencias de política de defensa y cada país tiene su propia fuerza, tenemos cooperaciones de paz como una manera de contribuir y dar estabilidad democrática a la región”, expresó.
Experiencia en Haití
Comentó que un ejemplo de cooperación multilateral es Haití, donde fuerzas de diferentes países como Paraguay y Chile están cooperando exitosamente.
“En el contexto de Unasur, nosotros hemos encontrado una forma en que hemos entendido una defensa que puede jugar un rol importante a partir de la experiencia que tenemos varios países como Chile y Paraguay en Haití”, reiteró la Presidenta.
Bachelet respondió ayer a la mañana a la pregunta de un colega paraguayo durante la conferencia de prensa, tras suscribir la Declaración Conjunta presidencial.
El presidente Chávez había lanzado en La Paz, una vez más, la iniciativa a los llamados países “boliviarianos” en Sudamérica como Paraguay, Bolivia y Ecuador. Sin embargo, el presidente Fernando Lugo negó que nuestro país sea “bolivariano”.
Declaración conjunta
En la declaración conjunta presidencial, los presidentes Lugo y Bachelet “apreciaron los avances en el proceso de integración regional en el marco de Unasur, particularmente la puesta en vigencia de los Consejos de Defensa y Salud suramericanos”. Expresaron, además, su más enérgica condena a la delincuencia organizada transnacional y delitos conexos, coincidiendo en el principio de la responsabilidad compartida, solidaridad y colaboración.
PARAGUAY SUFRIRÁ LA MAYOR DESACELERACIÓN EN EL BLOQUE
Mientras que Bolivia será el país con mayor crecimiento económico en la región, con un PIB previsto del 4%, Paraguay tendrá la mayor desaceleración dentro del bloque, con una caída de la economía de entre 3% y 4%.
Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com.py)
El ministro de Hacienda, Dionisio Borda, señaló ayer que Paraguay será el país con menor crecimiento en la región, mientras que Bolivia será el país con mayor recuperación económica. Mientras que el primero prevé una caída del Producto Interno Bruto (PIB) del 3% al 4%, Bolivia estima que cerrará el año con un crecimiento del 4%.
Fue tras la reunión de los ministros de Economía y presi- dentes de Bancos Centrales del Mercosur y Estados asociados. La agenda de este encuentro fue la más desabrida de todos, pues apenas se analizaron temas administrativos, como la aprobación del informe semestral de las actividades del Grupo de Monitoreo Macroeconómico (GMM) del Mercosur y Estados Asociados, al primer semestre de 2009; el informe consolidado de coyuntura del Mercosur; y se entregó la primera publicación del boletín de indicadores macroeconómicos del Mercosur.
De acuerdo con los datos que brindó, durante la presentación del informe consolidado de coyuntura del Mercosur, los miembros de cada delegación presentaron un informe sobre la situación de los países, y se hizo una revisión sobre el sector real y financiero, así como del comercio externo y las perspectivas de cierre al año 2009 y las posibilidades para el año 2010. "En general, los niveles de crecimiento estimados por las autoridades oficiales son más promisores que los que vienen de las estimaciones de organismos multilaterales o del sector privado. La mayoría de los países reportan un crecimiento positivo para el año 2009, quizá con excepción del caso de Chile, que tendría un crecimiento negativo del 1%; y de Paraguay, que estamos en -3% a -4%, aunque otras estimaciones no oficiales pronostican una desaceleración menor", explicó.Agregó que la inflación de todos los países está bajo control, y que las reservas están fuertes en la mayoría de los miembros del bloque. "Todo da a entender que estamos saliendo de la crisis y los canales de transmisión han sido fundamentalmente por el sector financiero en la mayoría de los países... pero se avizora una recuperación rápida para el 2010. En este caso hay un efecto de anticipo de lo que va a ser el año 2010, y esto actúa también como un acelerador del crecimiento", apuntó.
GARCÍA BELAUNDE Y CHOQUEHUANCA PROMETEN NORMALIZAR RELACIONES DEL PERÚ Y BOLIVIA
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
El Perú y Bolivia decidieron reconducir las relaciones bilaterales tras los roces surgidos entre los dos países en la Comunidad Andina (CAN) por el asilo político a tres ex ministros bolivianos por parte del Gobierno del presidente Alan García.
El canciller peruano, José Antonio García Belaunde, y su par boliviano, David Choquehuanca, anunciaron una serie de acciones para alcanzar ese objetivo, en medio de las sesiones previas de la Cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que se realizará este viernes en Paraguay.
Además, García Belaunde dijo que “están dadas las condiciones” para el regreso a La Paz del embajador peruano, Fernando Rojas, que fue retirado a mediados de junio pasado en protesta por unas expresiones del presidente boliviano, Evo Morales, sobre los disturbios en la provincia de Bagua, donde murieron 34 personas. Con relación al refugio concedido por el Perú a tres ex ministros bolivianos acusados de genocidio por las autoridades de La Paz, García Belaunde afirmó que el Gobierno del Perú “se comprometió a examinar cuidadosamente la información adicional” que le hizo llegar hace unos días a Lima el canciller Choquehuanca.
Al respecto, el ministro boliviano se limitó a expresar que han hecho llegar “una información fundada” a las autoridades limeñas.
El Gobierno peruano otorgó asilo a tres ex ministros de la gestión del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), pese a que están enjuiciados por su presunta responsabilidad en una masacre ocurrida en octubre del 2003.
Ese año murieron más de 60 personas durante la represión de las fuerzas de seguridad contra protestas antigubernamentales.
Respecto a la CAN, García Belaunde explicó que en agosto próximo habrá una reunión de cancilleres andinos y que acordaron que las bases para arreglar las diferencias existentes en ese mecanismo podría ser un documento elaborado por Bolivia y Ecuador.
“En relación a la comunidad andina, vamos a tener una reunión de cancilleres en el mes de agosto. Vamos a tomar medidas para fortalecer este espacio de integración regional”, aseveró Choquehuanca.
Ambos cancilleres también anunciaron, asimismo, la creación de una comisión bilateral para examinar una antigua disputa por el río Mauri, que nace en territorio peruano e ingresa a Bolivia.
EMBAJADOR DE PERÚ VUELVE A LA CIUDAD DE LA PAZ TRAS SUPERAR DISPUTA
El Comercio de Perú (www.elcomercio.com.pe)
El embajador peruano en La Paz retornará a sus funciones los próximos días, anunció el jueves el canciller, José Antonio García Belaunde, luego de que ambos países dieran por superado un conflicto bilateral.
Las relaciones entre Bolivia y Perú pasaron por momentos de tensión en los dos últimos años debido a diferencias sobre la negociación de un acuerdo comercial entre la Comunidad Andina (CAN), que los dos integran, y la Unión Europea.
“Están dadas las condiciones para que el embajador de Perú, Fernando Rojas, pueda retornar a la Paz (...) hay diferencias que tenemos que trabajar, pero hay una voluntad de avanzar”, dijo García a periodistas.
El anuncio se produjo tras una reunión entre García y el canciller boliviano, David Choquehuanca, en el marco de la cumbre del bloque sudamericano Mercosur, que se celebra en las afueras de la capital paraguaya.
Los últimos roces se iniciaron tras la decisión de Lima de facilitar el asilo y refugio a tres ex ministros bolivianos enjuiciados por delitos económicos y se acentuaron tras un conflicto en la Amazonía peruana, que dejó decenas de muertos a mediados de junio.
Perú llamó a consultas a su embajador en Bolivia luego de que el presidente Evo Morales calificara el hecho como un genocidio del neoliberalismo.
Choquehuanca dijo que entregó a su colega boliviano un informe con detalles sobre los procesos judiciales que involucraban a los ex ministros y señaló que el Perú había actuado sin tener información suficiente.
“Ahora que ellos ya tienen una información fundada esperamos que las autoridades correspondientes puedan tomar medidas en el marco de la normativa nacional e internacional”, dijo el ministro boliviano.
El Perú dijo que tomó nota del asunto y que analizará la información dada por su vecino.
Sobre los futuros acuerdos comerciales entre la CAN y otros países, los cancilleres pactaron celebrar una reunión en agosto para acercar posiciones.
BITAR INAUGURA UN TRAMO DEL CORREDOR BIOCÉANICO QUE UNIRÁ A CHILE, BOLIVIA Y BRASIL
Contempla 18 kilómetros de la ruta internacional Huara-Colchane, que van desde el 50 al 67,50. La inversión superó los $ 5.800 millones.
El Mercurio de Chile (www.emol.com)
Hasta el kilómetro 50 de la ruta internacional Huara-Colchane, en la Región de Tarapacá, llegó el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, junto al intendente Miguel Silva, para inaugurar el primer tramo de esta vía, con alto estándar, que forma parte del corredor bioceánico que une Brasil, Bolivia y Chile.
El tramo, que ha sido definida como la Obra Emblemática de la región para el Bicentenario, inaugurado este jueves corresponde a 18 kilómetros, que van desde kilómetro 50 al 67,50. Su monto de inversión superó los 5.800 millones de pesos, gracias a un convenio entre el gobierno regional y el MOP.
El corredor atraviesa cinco comunas en la Región de Tarapacá; Iquique, Alto Hospicio, Pozo Almonte, Huara y Colchane, siendo éstas dos últimas donde se desarrolla mayormente la longitud de 163 kilómetros de esta ruta, la 15-CH. Forma parte de esta integración la ruta 11 CH, Arica Tambo Quemado, que une las comunas de Putre y Arica.
De ahí que la importancia de este corredor sea significativa para el desarrollo de ambas regiones del norte de Chile, permitiendo la integración local y una proyección para el intercambio comercial entre Sudamérica y el continente asiático. El total del proyecto para conectar las tres naciones, suma cerca de 30 mil millones de pesos que son ejecutados por tramos a través de la Dirección de Vialidad.
"Los chilenos, los bolivianos, los brasileños, todos los ciudadanos del mundo van a poder recorrer por pavimento 3.800 kilómetros. Esto es parte de un gran plan de conectividad internacional. Esto significa que hemos terminado con Pisiga, por el lado de los bolivianos, y Colchane, por el lado Norte; hemos avanzado en la firma de un convenio con Bolivia para la habilitación de un tránsito expedito; hemos avanzado en la ampliación del aeropuerto de Iquique, que está en ejecución; está por licitarse la ampliación del puerto; vamos a llamar a la concesión entre Alto Hospicio y la Ruta 5 para tener una doble calzada", enfatizó el titular del MOP.
"Esto va a ser un gran plan de obras para del desarrollo integral de Tarapacá y el desarrollo internacional de Chile. En estos momentos estamos avanzando muy fuerte entre el kilómetro 122 y el kilómetro 163 hasta la frontera. Está licitado, vamos haciendo las obras y vamos a proseguir hasta terminarlas", concluyó el secretario de Estado.
VALORAN AVANCE DE BRASIL Y BOLIVIA
La Estrella de Iquique, Chile (www.estrellaiquique.cl)
El ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar aprovechó la oportunidad para destacar el trabajo realizado por Brasil y Bolivia en la construcción del corredor bioceánico, obra que fue resultado de un compromiso adquirido por la administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
La obra completa implica la construcción de 3 mil 800 kilómetros de carreteras, de los cuales al gigante sudamericano le corresponden mil 500 kilómetros. Brasil ya construyó las vías y actualmente se encuentra en estado de mantención.
A los altiplánicos, con un aporte de 1.800 kilómetros, solamente le falta un tramos de 300 kilómetros de vía y que se concretarían antes de fin de año
Por su parte Chile aportará con 500 kilómetros de vía para unir el puerto local y Arica con el de Santos.
"Esto es parte de un gran plan de conectividad. Esto significa que hemos terminado el complejo fronterizo de Pisiga por el lado de los bolivianos y de Colchane por el lado nuestro, hemos avanzado en un acuerdo con Bolivia para el tránsito expedito hacia el Pacífico por Iquique, la ampliación del aeropuerto de Iquique y está por licitarse la ampliación del puerto", destacó Bitar.
MORALES NO SE ARREPIENTE DE HABER ECHADO A LA DEA DE BOLIVIA
Agencia Reuters de Londres (www.lta.reuters.com/article)
El presidente de Bolivia, Evo Morales, dijo el jueves que fue acertada su decisión de expulsar el año pasado del país a la agencia antidrogas estadounidense DEA y destacó recientes logros de la fuerza policial local en la lucha contra el narcotráfico.
Sin embargo, el mandatario indígena y líder de los productores bolivianos de coca, la materia prima de la cocaína, reconoció que el país sudamericano necesita cooperación internacional para un combate sostenido a los narcotraficantes.
"Todo por la dignidad de los bolivianos, el año pasado decidimos 'fuera DEA' y no me arrepiento", dijo Morales en la ciudad central de Cochabamba, en un discurso con motivo del aniversario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Morales echó a la DEA en noviembre del año pasado, menos de dos meses después de haber expulsado al embajador de Estados Unidos, en ambos casos acusándolos de interferir en asuntos políticos internos y hasta alentar una subversión en regiones controladas por la oposición derechista.
En réplica, Washington excluyó a Bolivia de un programa de facilidades comerciales conocido por su sigla en inglés ATPDEA, acusando al país sudamericano de no cumplir con sus obligaciones de combate a las drogas.
Morales, conocido por su duro discurso "anti imperialista", aseguró que la FELCN ha logrado resultados "alentadores" desde noviembre y destacó que en lo que va del año ha incautado 15 toneladas de cocaína, de las cuales un 10 por ciento era droga refinada y el saldo pasta base.
"Casi después de un año de dejar a un lado la DEA, (los miembros de) nuestra FELCN son capaces, están preparados, pero hay que seguir preparando y formando nuevos hombres decididos a prestar un servicio", dijo. Morales, quien prometió acelerar los programas de erradicación de cultivos ilegales luego de que Naciones Unidas reveló el mes pasado que los cocales del país habían crecido en 6 por ciento en el 2008, a 30.500 hectáreas, proclamó que el problema del narcotráfico afecta a todo el mundo.
"Es obligación de todos los países, no solamente Estados Unidos, de aportar incondicionalmente a la lucha contra el narcotráfico", dijo el presidente del tercer productor mundial de coca y cocaína, después de Colombia y Perú.
"Por eso, hago un llamado a la comunidad internacional, de manera responsable, a poner su parte, y no solamente exigir a países (como Bolivia), pues es responsabilidad de todos", agregó.
ISRAEL HACE CAMPAÑA CONTRA EL RÉGIMEN IRANÍ EN SURAMÉRICA
Brasil y Argentina, claves para enfriar la influencia de Teherán
El País de España (www.elpais.com)
A Israel le preocupa la creciente influencia de Irán en Latinoamérica. Para contrarrestarla, su ministro de Asuntos Exteriores, el ultraderechista Avigdor Lieberman, inició el pasado martes una gira de diez días por Brasil, Argentina, Perú y Colombia. Comenzó su periplo por Brasil, país al que Lieberman le reconoció peso diplomático como para mediar en Oriente Medio. Ayer arribó a Argentina, donde reside el mayor colectivo judío de habla hispana (250.000 personas). Hace 22 años que un ministro de Exteriores israelí no pisaba Suramérica.
Israel está alarmado por las alianzas que ha tejido su enemigo y presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, con Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Tanto Brasil como Argentina mantienen buenas relaciones con el presidente venezolano, Hugo Chávez, pero se diferencian por su vínculo con Irán. El jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se apresuró a felicitar a Ahmadineyad por su reciente victoria en unos comicios cuestionados por la oposición iraní, la UE y EE UU, mientras que su par argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenó el año pasado en la asamblea de la ONU a Teherán por su presunta participación en el atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas. "Brasil abriga muchas personas de origen árabe y también judías", destacó el jueves su ministro de Exteriores, Celso Amorim. La comunidad judía de Brasil es la décima más grande fuera de Israel (97.000) y la de Argentina, la sexta.
Tan buena es la relación de Brasil con Irán que Ahmadineyad planea que el primer viaje de su nuevo Gobierno sea a ese país. Lula le devolverá la visita el año próximo. Tal vez por eso Lieberman declaró ayer en Brasilia que el gigante suramericano es el "único país que puede convencer a Irán de que detenga su programa nuclear" y destacó que cuenta con "lazos muy fuertes con el mundo árabe y también con muy buenas relaciones con Israel".
A principios de julio, el presidente de EE UU, Barack Obama, también había pedido a Lula que mediara. Lieberman advirtió sobre una "carrera nuclear" en Oriente Medio porque Arabia Saudí o Egipto no aceptarán que Irán les saque ventaja. Amorim respondió que "a Brasil le gustaría que todos los países firmaran el tratado de no proliferación nuclear", en abierta crítica a Israel, poseedor de armas atómicas. Amorim también admitió que disiente de Lieberman acerca de los asentamientos judíos en territorios palestinos: el ministro brasileño considera que han aumentado desde el acuerdo de paz de Oslo (1993) y el israelí opina que se han mantenido igual.
La subdirectora de Exteriores de Israel para Latinoamérica, Doris Shavit, denunció en la visita que el partido-milicia libanesa proiraní Hezbolá dispone de células "no activas" en Venezuela, en su frontera con Colombia. El Gobierno de Chávez calificó las declaraciones de "ridículas". El Ejecutivo israelí también es consciente de que existe una importante base de apoyo financiero a Hezbolá en la zona conocida como la Triple Frontera entre Brasil, Argentina y Paraguay.
Ayer, en Buenos Aires, Lieberman se reunió con su homólogo argentino, Jorge Taiana, e inauguró un seminario de negocios. Permanecerá en Argentina tres días, en los que se encontrará con familiares de las víctimas de los aún impunes ataques terroristas contra la embajada de su país (1992) y la AMIA. Un familiar de uno de los 29 muertos por el atentado a la embajada, Carlos Susevich, declaró a la Agencia Judía de Noticias que "Israel es débil para presionar a los funcionarios" argentinos "para que investiguen realmente". La agenda de Lieberman en Argentina se mantiene en secreto por cuestiones de seguridad, dado que su presencia ha sido repudiada por partidos de izquierda, que lo tildan de "fascista".
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