El presidente boliviano, Evo Morales, forjó una nueva mayoría, pero esta vez en contra, por insistir en que una carretera financiada y construida por Brasil, la emergente potencia americana, parta por la mitad una reserva ecológica, a lo que se oponen los indígenas que viven en ella.Sindicatos, ecologistas, políticos de izquierda y asociaciones indígenas que hace seis años le ayudaron a llegar al poder, ahora apoyan a unos 1.500 nativos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que marchan hacia La Paz desde el 15 de agosto en contra de la carretera.
A ellos se suman quienes siempre han estado contra Morales, como la jerarquía católica, la mayoría del empresariado, partidos de centro y derecha, la izquierda no populista y otros que ahora, por convicción o coyuntura, desnudan al mandatario de dos de sus mantos predilectos: ecologista e indigenista.
El brutal ataque del domingo a los marchistas, que hasta Morales tildó de “imperdonable” aunque luego pidió perdón, originó su peor crisis desde 2006, con dimisiones de dos ministros, un viceministro y otros funcionarios, entre acusaciones mutuas sobre quién mandó disolver la marcha.
Decenas de miles de bolivianos salieron a las calles el miércoles para repudiar la brutalidad policial y del Gobierno, encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB), la mayor organización sindical del país, uno de los muchos apoyos que el mandatario ha ido dejando a la vera del camino.
El Movimiento Sin Miedo (MSM), de centroizquierda y mayoritario en La Paz, que lo apoyó en las elecciones de 2005 y 2009, presenta ahora acusaciones judiciales contra él, similares a las que Morales impulsó para encarcelar o hacer huir del país a decenas de políticos de la oposición o de anteriores gobiernos.
Morales, que en semanas anteriores insistió en que la carretera atravesaría el Tipnis “sí o sí”, anteanoche volvió a defender la obra y negó toda responsabilidad en la brutal represión a los indígenas, al igual que sus ministros, y sigue empeñado en que la vía atraviese el Tipnis.
El Gobierno y parte de la mayoría parlamentaria oficialista -varios diputados indígenas amenazan con abandonar a Morales- siguen maniobrando para que se concrete esa vía de más de 300 kilómetros, vital para Brasil porque le dará salida al Pacífico, cruzando Bolivia y Perú.
Dirigentes del Tipnis explicaron que rechazan la obra porque temen que destruya esa reserva ecológica, al invadirla madereros y productores de hoja de coca, base para fabricar cocaína, de la vecina región del Chapare, donde Morales preside sindicatos de cocaleros a los que ha prometido más tierras.
El exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, de origen indígena como Morales, comenta que el creciente apoyo a los marchistas es un rechazo al autoritarismo de un Gobierno “prisionero” de los intereses cocaleros. Según la constitución boliviana, los indígenas deben ser consultados sobre todo proyecto en sus tierras, lo que no se hizo en este caso y esa maniobra, finalmente, se ha vuelto contra el Gobierno. El Tribuno de Arfgentina (www.eltribuno.info)
LA RUTA DE LA DISCORDIA: ¿APUESTA AL DESARROLLO O AMENAZA AL ECOSISTEMA?
Con el pavimento, los nativos temen la deforestación. Pero el gobierno apunta al progreso y al comercio.
El Clarín de Argentina (www.clarin.com/mundo)
Es una ruta de 306 kilómetros que atravesará la reserva natural Parque Nacional Isiboro-Sécure, donde viven unos 4.000 indígenas y unas 2.000 especies animales . Para el gobierno y los cocaleros, su construcción apuntalará el progreso nacional y el comercio con Brasil. Para los pueblos originarios, destruirá sus lugares ancestrales, la flora y la fauna y su forma de supervivencia. Estas miradas tan distintas sobre la autopista que unirá Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, en el norte de Bolivia, fueron las que provocaron la movilización indígena reprimida el domingo y la fuerte crisis que hasta ahora se cobró la gestión de tres ministros de Evo Morales.
El primer fantasma que temen los indígenas de la reserva es la extendida desforestación que deberá hacerse antes de comenzar con el asfaltado. Apoyados en decenas de informes ambientalistas, los dirigentes marchistas explican que el talado de árboles tendrá una repercusión en los territorios que estén hasta 15 kilómetros a cada lado de la ruta . “No es una idea que se nos ocurrió a nosotros. El impacto se puede medir y tenemos el antecedente de la zona sur del parque nacional, donde un camino abierto por la petrolera Shell en los años 60 provocó cambios drásticos, con ríos secos y con muertes de especies ”, explica Carmiña, una representante de la tribu chimán, que habita el Isiboro-Sécure.
A partir de ese camino que señala la mujer, en los años 80, los cocaleros lo utilizaron para extender hacia el norte sus cultivos. Ese es otro temor de los indígenas amazónicos. Según explican, la modificación del lugar generó que especies animales se corrieran o murieran y que lo mismo sucediera con las plantas de las que también se alimentaban. Eso derivó en que muchos hombres dejaran sus tribus y se sumaran a los campesinos que cultivaban hojas de coca. “En el sur del Isiboro-Sécure da lástima ver a los hermanos que dejaron su cultura para incorporarse a lo que le daba la vida colonizada. Ahora los vemos todo el tiempo alcoholizados, con casi nada de dinero y sin su antigua vida comunal”, agrega Carmiña. “No queremos terminar como ellos, que el proyecto del progreso sea un negocio para otros y que nosotros seamos empujados de nuestros lugares y terminemos en Trinidad (la capital del departamento del Beni) sin nada para comer y mendigando”, se preocupa la yuracaré Amelia Huispe, de una de las tres tribus, junto a los Moxos, que habitan ese territorio indígena protegido por la Constitución.
Pero el gobierno tiene otra visión del problema.
Sostiene que la ruta fue pensada para interconectar zonas que ahora permanecen aisladas. Y que por eso traerá progreso a toda la nación, respetando los ecosistemas. Ayer, el presidente Evo Morales volvió a disculparse con las familias indígenas por la violenta represión y dijo que no la había ordenado. Además, reiteró que la ruta quedó en suspenso hasta que un debate nacional o un referendo decida su futuro, y que había ordenado desalojar a los colonizadores que incursionaron en ese territorio.
La Carta Magna establece que los lugares originarios son de quienes allí viven y que ellos tienen derecho a decidir sobre esos lugares. Y detalla que “el Estado y la población deben conservar, proteger y aprovechar los recursos naturales, la biodiversidad y el equilibrio del medioambiente” y que “debe informarse previamente a la población de decisiones que puedan afectarla”.
Sentado sobre dos ladrillos, Antonio se limpia los dientes con un pedazo de pasto. Se pone nervioso por las preguntas del periodista y hace silencio. La situación se pone incómoda hasta que por fin habla: “Mire, estas tierras no pueden pasar a manos de otros. Están esperando que se haga la autopista y van a venir a sembrar donde vivimos”.
“Mi mamá dice que si los de la autopista ganan no va a haber más pájaros ni los ríos serán tan limpios”, se entristece Daniela, 8, que marcha con sus padres desde hace casi 50 días. Su amiga Jimena, 9, cree que los dirigentes conseguirán frenar la obra. “No tendremos que dejar la casa ni a los otros hermanos, volveremos a nuestro sitio. Quiero volver a levantarme en mi cama y escuchar los ruiditos de allí nomás”.
“EVO NOS TRATÓ PEOR QUE OTROS GOBIERNOS”
El Clarín de Argentina (www.clarin.com/mundo)
Lo estuvieron esperando toda la noche, pero por los cortes de ruta de la huelga debió retrasar su vuelta. El máximo dirigente del Territorio Indígena Isiboro-Sécure, Rafael Vargas, llegó ayer por la mañana al campamento de Rurrenabaque, donde se refugiaron parte de los marchistas atacados por la policía boliviana. Allí habla y todos hacen silencio. Tiene 46 años, pero parece al menos de diez más, con canas en el flequillo, cuatro dientes con oro y la piel muy curtida, como tantos otros de sus compañeros. Habla claro y despacio y quizás ésa sea una de las razones por las cuales lo eligieron como líder. “Nosotros mantendremos nuestra marcha pacífica contra la represión del gobierno. Las características de nuestra protesta y la brutalidad oficial es lo que los está llevando al fracaso”, dice ante la primera pregunta. “Creo que al ver nuestras flechas, ellos (por el gobierno) pensaron que íbamos a pelear. Pero no fue así y la gente de todo el país se dio cuenta y salió en defensa nuestra”, agrega.
¿Por qué fueron acusados de secuestrar al canciller? Fue muy distinto a lo que él se encargó de decir. El cordón policial nos separaba del lugar donde había agua y los niños tenían sed. Así que cuando llegó el canciller Choquehuanca, nuestras mujeres le exigieron que caminara con nosotros para que pasáramos el cerco, cosa que hicimos y lo dejaron partir. Pero como una hermana lo tomó de la polera (la camiseta), después se dijo que lo quisieron ahorcar. Ya se está aclarando.
¿Qué solución propondrían para el conflicto? No es a mí a quién debés preguntar. Nosotros no pedimos nunca la carretera. Armaron el problema y ahora quiere que lo solucionemos nosotros. Y dicen que el gobierno gobierna y obedece al pueblo. Eso no es así.
¿Se van a reunir con él para un acuerdo? Hasta llegar a La Paz no habrá más diálogos.
Se siente decepcionado por el presidente? Usó la democracia para tomar medidas violentas. Nosotros lo apoyamos y le dimos nuestros votos porque pensamos que iba a tener otro vínculo con los indígenas, pero nos trató peor que los otros gobiernos.
LOS INDÍGENAS SE PREPARAN PARA RETOMAR LA MARCHA CONTRA MORALES
La petición de perdón de Morales por la represión no frena el conflicto
El País de España (www.elpais.com.es)
La reconciliación indígena con el arrepentido presidente de Bolivia, Evo Morales, pasa aparentemente por la aprobación de una ley que prohíba expresamente una carretera por el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), una demanda que se enarbolará como bandera en la reanudación de la marcha a La Paz en los próximos días. Morales pidió perdón a los indígenas en un mensaje a la nación el miércoles por la noche. “Que me disculpen, que me perdonen”, señaló y volvió a deslindar responsabilidades respecto a la orden dada a la policía para que arremetiera con brutalidad, sin discriminar a niños, mujeres, ancianos y varones que se encontraban absortos en la preparación de su cena, el pasado domingo, a la vera de los caminos.
Apenas estén resueltos ciertos "problemas logísticos", varios centenares de indígenas retomarán la marcha de protesta en dirección a La Paz, según indicó Rafael Quispe, uno de los líderes del movimiento, a France Presse. Los indígenas, dispersados violentamente, tienen planeado reagruparse a unos 300 kilómetros de La Paz, en la ciudad de Quiquibey.
“No, no se puede entender que, por un lado, el presidente pida perdón pero, por el otro lado, esté impulsando un referéndum en dos departamentos, cuando los habitantes del TIPNIS decimos que no queremos la carretera”, manifestó Fernando Vargas, un portavoz del TIPNIS. La presidenta de las mujeres indígenas de las tierras bajas, Justa Cabrera, había afirmado, días antes de producirse esta petición presidencial, que será muy difícil olvidar tanto atropello de parte del Gobierno. “Que, por favor, ni nos llamen hermanos, porque a ningún hermano se maltrata así”, exclamó. La Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), que agrupa a 30 etnias, ha difundido un documento en el que exige al presidente que “tome la decisión histórica de modificar el proyecto a través de una ley que establezca expresamente que la carretera no va a entrar por el TIPNIS. Como territorio indígena, la Carta Magna consagra sus derechos a la libre determinación y autogobierno.
Mientras tanto, en La Paz, la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL) someterá a consideración un proyecto de “ley corta” del Gobierno para aprobar formas de consulta vinculante sobre la viabilidad de la carretera por el TIPNIS, como una fórmula que permita suspender la marcha prevista y solucionar el conflicto.
Sin embargo, de momento, los conflictos no cesan. El multitudinario apoyo a los indígenas en todas las ciudades del país, el miércoles, ha servido para que todos los sectores desempolven acuerdos que, supuestamente, ha incumplido el Gobierno del presidente Morales. Así, el Movimiento Sin Miedo, ex aliado gubernamental, ha comenzado gestiones para entablar un juicio político por genocidio contra Morales y su gobierno y, otro, por daños económicos al Estado. Asimismo en las filas de la policía existe un profundo malestar ante el anuncio realizado por el Gobierno de sancionar individualmente a quienes hayan cometido excesos en la represión a la columna indígena.
BOLIVIA: HALLAN EL PLAN DE REPRESIÓN A LOS INDÍGENAS
El documento prueba que las órdenes incluían el traslado de los manifestantes a sus lugares de origen. Aún no se confirmó la fecha de la reanudación de la marcha. Human Rights Watch pidió investigar el violento episodio
Infobae de Argentina (www.america.infobae.com)
El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez, informó que el documento del plan del operativo policial fue encontrado mientras realizaban un rastrillaje de los indígenas desaparecidos en San Miguel de Chaparina, lugar donde se desarrolló la intervención.
"En cumplimiento a misión constitucional el contingente policial del comando departamental del Beni ejecutará el traslado de 350 manifestantes a 400 indígenas manifestantes del TIPNIS, desde la localidad de Yucumo hasta la localidad de Trinidad, Beni, para luego desplazarlos a la localidades de Loreto, situado a 66 km de Trinidad; Casarave situado a 50 km de Trinidad; San Pedro Nuevo a 65 Km y la localidad San Pablo situado a 137 km de Trinidad. El traslado se realizará en 10 buses con escolta de seguridad de seis camionetas", se informa en el documento presentado a los medios.
En el documento también se mencionaban varios nombres de efectivos policiales que habrían intervenido en el operativo. Se agrega que el contrato de los buses tendría un costo de 3.800 bolivianos.
La marcha continúa
"La concentración va a ser en Quiquibey" (más de 300 km al noreste de La Paz), señaló el líder indígena, Rafael Quispe, al explicar que se escogió a esta localidad intermedia para permitir la participación de los manifestantes que fueron dispersados por la represión policial del domingo pasado y que permanecen en poblaciones distintas.
"Unos estamos en San Borja, otros hermanos están en Rurrenabaque, a 100 kilómetros, y por eso escogimos ese sitio para reanudar", señaló el dirigente.
Por motivos de seguridad, el dirigente evitó proporcionar mayores detalles pero adelantó que el reinicio de la caminata de protesta se dará una vez resueltos algunos temas de logística.
La marcha de los indígenas amazónicos que protestan por el proyecto de construcción de una carretera que tiene previsto atravesar su territorio, la reserva natural TIPNIS, fue intervenida por la policía el domingo pasado, en una acción que despertó una generalizada condena y que tuvo fuerte impacto político sobre el gobierno del presidente Evo Morales.
El mandatario pidió disculpas públicas por los hechos aunque negó haber ordenado el operativo. También dispuso la investigación para establecer responsabilidades.
Quispe se mostró muy escéptico respecto a la invitación formulada por Morales para reiniciar el diálogo y manifestó que demandarán la presencia de veedores para cualquier contacto ulterior con el gobierno.
"¿Cómo podemos creer en la palabra del presidente si el domingo nos invitan a Palacio y a las 5 de la tarde nos masacran?", preguntó sobre la acción que dejó un saldo indeterminado de heridos pero no muertos.
El gobierno boliviano ha cuestionado el reinicio de la caminata. El vicepresidente, Alvaro García Linera, expresó en conferencia de prensa que tras la decisión de Morales de suspender el proyecto carretero, "el tema fundamental de la marcha ha sido
Piden investigar la represión policial
La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este jueves a las autoridades de Bolivia una investigación "rápida, exhaustiva e imparcial" de la represión el domingo pasado a una marcha indígena que se opone a la construcción de una carretera sobre una reserva.
Las autoridades "deben garantizar una investigación rápida, exhaustiva e imparcial de los supuestos abusos del 25 de setiembre de la policía contra los manifestantes indígenas", señaló HRW en un comunicado.
El domingo la policía usó la fuerza para dispersar una marcha que intentaba llegar a La Paz de indígenas que se oponen a la construcción de una carretera proyectada para atravesar una reserva natural, donde viven 50.000 nativos.
"Es de importancia vital investigar las denuncias de abuso policial y responsabilizar a cualquier oficial que haya cometido una violación", expresó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La policía debe actuar de acuerdo a los estándares internacionales, afirmó el representante de HRW, que destacó que el miércoles el presidente Evo Morales pidió disculpas por la represión.
Opinión
LECCIÓN DE DEMOCRACIA
El País de España (www.elpais.com.es)
En Bolivia, ese país que acostumbran a presentarnos como un país populista, ya han dimitido dos ministros por la represión desatada contra una marcha indígena que protesta por la construcción de una ruta a través del parque nacional Isiboro Sécure. En Bolivia, ese país que, supuestamente, goza de una democracia tutelada, su presidente ha pedido disculpas a los integrantes de la marcha, que se reanudará en los próximos días persiguiendo los mismos objetivos. En Bolivia, en fin, tras este incidente, el Gobierno ha paralizado ya el proyecto y ha planteado un referéndum para que la ciudadanía se pronuncie y decida.
Nada que ver con la prepotencia de nuestros gobernantes, los del poder y los de la oposición mayoritaria, los del Gobierno central y los de los autonómicos, que no solo no dimiten, sino que se niegan a dar explicaciones, escamotean la consulta al pueblo sobre asuntos de la máxima relevancia, como la reciente reforma de la Constitución, o siguen adelante con proyectos y reformas que responden, exclusivamente, a la presión de las políticas neoliberales que nos imponen, aceptadas a regañadientes o con complacencia por los que las aplican.
Opinión
MEDIO AMBIENTE CONTRA EVO
Gobernar es difícil. Es fácil, en cambio, olvidar esta simple constatación, a pesar de que la política de todas partes se encarga periódicamente de recordárnosla. La ordalía que está sufriendo en este momento Evo Morales en Bolivia es una elocuente ilustración de ella.
El Espectador de Colombia (www.elespectador.com)
La cosa se puede plantear de la siguiente manera. Morales llegó al poder montado sobre una oleada de indignación contra el modelo neoliberal, que había garantizado en Bolivia un primoroso orden institucional, con mucha exclusión y cero crecimiento. Su discurso tenía una porción de desarrollo nacional, otra de inclusión social y otra de reivindicación de la identidad cultural. Naturalmente, sus propuestas desataron toda suerte de conflictos. Pero con el paso del tiempo empezaron a quedar claras tres cosas. Primero, en términos de desarrollo Evo logró —para sorpresa de muchos, ni me acuerdo si también mía— ser bastante competente. El pequeño milagro logrado por Evo —pasar de un escenario de estancamiento a otro de avance, en medio de grandes enfrentamientos sociales y regionales y de reformas en gran escala— ameritaría mucha más atención de la que ha recibido. ¿Estoy yendo demasiado lejos si digo que en Colombia a la derecha no le interesa rectificar el estereotipo del presidente-indio que no hace nada por la economía y la izquierda simplemente decidió desinteresarse del todo por el tema del crecimiento? Como fuere, Evo demostró que también podía obtener resultados de carne y hueso en el segundo gran punto de su agenda, la inclusión social. Impulsó —y obtuvo— una reforma agraria por referendo. Renegoció exitosamente las condiciones de inversión extranjera, especialmente minera, proponiendo básicamente más impuestos a trueque de estabilidad. Esto, a su vez, le permitió vincular incorporación y desarrollo.
Pero los éxitos en ambos frentes derivaron en problemas serios en el tercero. Esto suena, y es, un poco mecánico, pero creo que describe aceptablemente la situación. La agenda culturalista tenía dos características “sumergidas”. Por un lado, generar una cierta tensión con la poderosa central obrera boliviana, la COB, de una larguísima tradición movilizadora, rota por el gobierno de Paz Estenssoro en los ochenta, pero reactivada por las ventanas de oportunidad abiertas por un gobierno que, como el de Evo, tiene dificultades para responder a la movilización precisamente por ser hijo de ella. Por otro, ponerle toda una serie de límites a la agenda de desarrollo, en la que Evo está vitalmente interesado, no sólo por su perspectiva nacional y la necesidad de satisfacer las demandas de sus bases sociales, sino por el sistema de alianzas internacional en el que se encuentra inserto (y del que Brasil es actor principalísimo). Pero hay aún un tercer factor. De acuerdo con lo establecido por la literatura especializada, el gran peligro de los gobiernos cuando se embarcan en programas desarrollistas es que hacen del Estado un punto focal de transformación pero también de oposición, de debate y de disputa. Al poner, inevitablemente, al Estado en el centro del debate público, Evo está transitando el camino de alto riesgo/altos réditos que ha significado el colapso de numerosos modelos de gobierno y el triunfo espectacular de unos cuantos (no tan pocos como quisieran sugerir voces interesadas).
Eso es lo que se está viendo en la oleada de oposición masiva que vive ahora su gobierno en virtud de la decisión de construir una carretera, con financiación brasileña, por el Amazonas. ¿Capoteará este otro temporal? El medio ambiente le cayó encima. Pero aún tiene mucho margen de maniobra. La otra mitad del ambiente, en la que están, por ejemplo, trabajadores informales que disfrutan, después de dos décadas de sed, de las mieles de una relativa y modesta prosperidad, probablemente esté aún con él. Y la calle —la contaminada calle de cemento— es el medio natural de este curtido sindicalista indígena, ahora tornado presidente. Ya veremos.
EL DUDOSO «YO NO FUI» DE EVO MORALES
Los policías que arrasaron de forma brutal un campamento indígena sostienen que las órdenes llegaron de La Paz
ABC de España (www.abc.es)
El ruido de los «cachorros volvió a sonar en Bolivia. El ruido de las armas de la policía regresó con las protestas de los mineros, que se unieron a las movilizaciones contra el Gobierno de Evo Morales. Al presidente, antaño sindicalista revolucionario, la música de las manifestaciones de protesta y la huelga general le sonaba más a funeral que a baile regional.
Morales tomó buena nota y puso letra a unos acordes que ponen en duda la fortaleza de su Gobierno. La brutal represión policial a un campamento indígena el domingo pasado le está pasando una factura más alta de la que había previsto.
En busca de una credibilidad perdida en una población que continúa manifestando su desconfianza en las calles, el presidente salió a pedir perdón: «Nuevamente quiero decirles a las familias víctimas que nos disculpen, que me perdonen. Quiero que sepan que no hubo ninguna instrucción (de arrasar el campamento)».
Morales intentaba así lavarse las manos y transmitir un mensaje que calara en una sociedad que le está dando la espalda. «Con mucha sinceridad», dijo anoche que «como víctima» junto a muchos de los que llamó sus compañeros de Cochabamba y de Bolivia «nunca podría dar instrucciones para que hubiera una violencia como la de Yucumo», en alusión a la localidad donde se produjo el asalto.
En la misma misiva y como hiciera un par de días antes, «El Evo», como le siguen llamando en la calle, atacó a los medios de comunicación. «Dijeron que había muertos, heridos, desaparecidos pero no presentan pruebas. Hablan de seis, de nueve, de un niño fallecido, ¿Dónde están? No hay pruebas», preguntó.
Gobierno cada vez más solo
Durante la refriega entre las fuerzas de seguridad y los indígenas que quieren impedir la construcción de un carretera en el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) hubo una estampida hacia los montes. Distintas informaciones, incluido el Comité de los «marchistas», el grupo de indígenas que acampaba, señalaron que había decenas de desaparecidos y varios muertos, entre ellos un bebé. Las imágenes registradas no mostraban los cadáveres pero sí el maltrato a niños y hasta mujeres embarazadas.
«El único apoyo social que le queda al Gobierno es el de los cocaleros. Cada día que pasa está más solo», observa la historiadora Ximena Costa. La obsesión de Morales por quedar al margen de una decisión de la que es el máximo responsable político no parece dar los resultados deseados.
Buena parte de la opinión pública está convencida de que está detrás de una operación que ninguno de sus ministros y funcionarios asume. Las reuniones del gabinete, los viajes de inspección de ministros a la zona de conflicto así como una orden de la ministra de Justicia, Nilda Copa, donde pedía «la intervención de la fuerza de pública en caso necesario», ponen en duda el discurso oficial.
En este contexto el «yo no fui» de Evo Morales ha dado pie a comentarios más irónicos que jocosos. El diputado Wilman Cardozo declaró que el Gobierno podría saber «fácilmente» quien ordenó la intervención si recurriera a simples «pinchazos telefónicos». Entre tanto, el destacamento antimotines que ejecutó las órdenes y ha quedado prácticamente aislado denuncia: «Nosotros fuimos el músculo pero el cerebro está en La Paz».
Los mineros se unen a las movilizaciones contra Evo
El ruido de los «cachorros», un quinto de cartucho de dinamita, volvió a sonar en Bolivia. Los mineros, fuerza histórica del país andino, se unieron a las movilizaciones contra el Gobierno de Evo Morales. El presidente, antaño sindicalista revolucionario, conoce la música del estallido en las manifestaciones de protesta. Y la que escuchó durante la huelga general le sonaba más a funeral que a baile regional.
Morales tomó buena nota y puso letra a unos acordes que ponen en duda su fortaleza política. La brutal represión policial a un campamento indígena el domingo pasado le está pasando una factura más alta que la que había previsto. En busca de un descuento y de credibilidad ante una población que sigue manifestando su desconfianza en las calles, el presidente salió a pedir perdón. «Nuevamente quiero decirles a las familias víctimas (de la represión del domingo) que nos disculpen, que me perdonen. Quiero que sepan que no hubo ninguna instrucción (de arrasar el campamento)».
«El único apoyo de las organizaciones sociales que le queda al Gobierno es el de los cocaleros. Cada día que pasa está más solo», observa la historiadora Ximena Costa. La obsesión de Morales por quedar al margen de una decisión de la que él fue responsable político no parece dar los resultados que esperaba. Buena parte de la opinión pública está convencida de que estaba detrás de una operación que ninguno de sus ministros y funcionarios asume. Los indicios de reuniones de Gabinete, viajes de inspección de ministros a la zona de conflicto, así como una orden de la ministra de Justicia, Nilda Copa, en la que pedía «la intervención de la fuerza pública en caso necesario», ponen en duda el discurso oficial.
Entretanto, el destacamento antidisturbios que ejecutó las órdenes y que quedó prácticamente aislado denuncia: «Nosotros fuimos el músculo, pero el cerebro está en La Paz».
EL 2011, EL AÑO MÁS CONFLICTIVO PARA EL PRESIDENTE MORALES
El Comercio de Ecuador (www.elcomercio.com)
Las masivas protestas por la violenta represión a indígenas que rechazan un camino por la mayor reserva natural de Bolivia reactivaron conflictos latentes en este país. A la par, ponen al presidente Evo Morales en el momento político más crítico de su gestión.
Sus pedidos de perdón, sus afirmaciones de que no autorizó la intervención y ni siquiera la renuncia de su Ministro de Gobierno calmaron la protesta y la represión a los indígenas reactivó la conflictividad. Un informe de la fundación Unir difundido ayer dice que entre enero y junio de este año hubo 689 conflictos en el país. Esta cifra representa 413 más que en igual período del 2010 y 182 más que en el segundo semestre del mismo año.
En la tipología de conflictos figura primero la situación económica (24,8%) y, al último, derechos humanos (2,1%). Pero derechos humanos saltó al primer lugar después de que mujeres indígenas fueron golpeadas, maniatadas, amordazadas, apresadas y separadas de sus hijos para llevarlas por la fuerza a otro lugar.
Ayer, la Central Obrera capitalizó las masivas marchas y el paro contra la intervención policial para exigirle al Gobierno que cumpla su compromiso de subir en dos puntos porcentuales el aumento salarial de abril.
“Si hasta el viernes no hay una respuesta, seguiremos con las medidas de presión. El pueblo está caliente”, advirtió el secretario ejecutivo de la matriz sindical, Pedro Montes, que encabezó en La Paz la manifestación más grande.
La COB, hasta hace poco aliada del gobierno de Morales, exige la renuncia de los ministros de Relaciones Exteriores, la Presidencia y Transportes y definirá mañana nuevas medidas de presión.
Con argumento diferente, campesinos kichwa de Coroma, en el altiplano, se preparan a marchar sobre La Paz exigiendo que el Presidente cumpla un compromiso de hace meses para definir límites departamentales entre Potosí y Oruro.
El conflicto de límites provocó ya un paro de 19 días en Potosí y aisló al sur del país con un bloqueo de sus caminos, exigiendo una ley que reconozca que Coroma pertenece a ese departamento, aunque sus vecinos de Oruro reivindican lo mismo.
El Presidente dijo que las movilizaciones fueron “una importante lección” que toma en cuenta y reiteró que la ejecución de su proyecto vial sigue en suspenso hasta que un referendo o un debate decida su futuro. Los indígenas de tierras bajas ratificaron su terminante negativa a que el camino cruce el parque Isiboro Sécure y hoy, tras la intervención policial, se están reorganizando para reanudar su caminata, ahora con franco apoyo ciudadano.
Hay más reacciones a la represión del fin de semana pasado. El ex embajador boliviano ante la ONU Pablo Solón criticó duramente la actuación del Gobierno en el caso de la carretera que debe pasar por la reserva natural llamada Tipnis.
“La integración caminera es necesaria pero no a través de la reserva. Es cierto que será más caro construir una carretera que no va a través del Tipnis. Pero tratar de ahorrar 200 ó 300 millones de dólares sin tomar en cuenta los costos socioambientales es ir contra los principios del Vivir Bien”, dice Solón en una carta abierta al presidente Evo Morales.
También la Conaie de Ecuador criticó, a través de una carta, la acción de la fuerza pública en contra de los indígenas amazónicos.
El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, denunció este jueves que hubo “una conspiración mediática” para promover protestas sociales a raíz de la intervención policial del domingo a una marcha indígena.
GOBIERNO BOLIVIANO DENUNCIA COMPLOT MEDIÁTICO EN CASO DE MARCHA INDÍGENA
Telesur de Venezuela (www.telesurtv.net/secciones)
El Vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció un complot mediático hacia la gestión del Presidente Evo Morales, tras desmentir, en rueda de prensa que se diera desde el Ejecutivo una orden para reprimir la marcha indígena y que en ésta hayan resultado muertos varios niños, tal y como publicaron medios de comunicación locales.
El Vicepresidente denunció que los medios de comunicación han armado un “complot” en contra del Gobierno para demostrarle al mundo que hubo niños muertos durante la intervención policial de la marcha de indígenas en la población de Yucumo.
“Hay un esfuerzo por querer cubrir, tapar un error, una mentira, que han cometido los medios de comunicación” locales que afirmaron “la muerte de un bebé en violenta represión contra indígenas”, señaló el Vicepresidente quien leyó los titulares de varios medios de comunicación en los que se aseguraba el deceso de un menor y otros reseñaban a más de un muerto.
El vicepresidente de Bolivia aseguró de igual forma que no “hubo orden política de Palacio” para que la policía realizara la intervención a la marcha indígena en Tipnis en horas de la tarde del domingo pasado.
Durante una rueda de prensa, el alto funcionario detalló que las investigaciones de los hechos están dirigidas a definir quién dio la orden para que los cuerpos de seguridad actuarán de esa forma “tan indigna”.“Nunca aparecerá documento clandestino de que el Ministro o el Presidente hayan instruído que se intervenga a las 3 de de la tarde de un domingo. Eso no va a pasar porque nunca se dio esa orden y tampoco nunca van a encontrar otro documento donde se instruya que haya que arrastrar a mujeres, maniatar a mujeres o que haya que colocar cinta adhesiva a la boca. Nunca van encontrar eso, porque jamás se dio una instrucción de semejante actitud abusiva”, señaló
El Vicepresidente de Bolivia reafirmó que la función de la policía es proteger vidas, tal como sucedió cuando los indígenas que marchaban hacia La Paz secuestraron al canciller, David Choquehuanca.
“La policía mantuvo una conducta intanchable, casi Espartana de resistencia y aguante. Ahí hubo intervención del Ejecutivo. La policía debe estar ahí para proteger las vidas. En cualquier policía del mundo ya hubiesen actuado los SWAT. Imagínense a Hillary Clinton secuestrada, hubiesen mandado aviones. Aquí fue máximo respeto", expresó García Linera.
Llamado a diálogo
El vocero del Gobierno reiteró el llamado a diálogo nacional y recordó que la construcción del tramo 2 de la carretera que atravesará el Parque Nacional será sometida a consulta popular.
García Linera, aseguró que el Estado boliviano continuará su actuación apegado a las leyes de ese país, en referencia a las severas críticas lanzadas desde la oposición por no haber sometido a consulta, desde un principio, el levantamiento de la polémica carretera.
“El Gobierno ha sido respetuoso de la Constitución, no se hizo la consulta porque no eran recursos No Renovables. Claro que tiene que haber consulta, pero no es que no hemos cumplido con la Constitución”, reiteró.Expresó que era obligación del Estado conocer la opinión del pueblo boliviano en caso de que se tratara de “explotar una mina o extraer petróleo”, pero no por la construcción de una carretera, tal como se indica en el numeral 15 de la Carta Magna boliviana.
“Sería lindo que mañana aparezca un titular” haciendo esta aclaratoria, señaló el Vicepresidente.
La movilización indígena se inició hace más de 40 días desde la Amazonia hacia La Paz en rechazo de la construcción de un tramo de una carretera que atravesaría una parte del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Su construcción fue suspendida por el Gobierno de Evo Morales quien además convocó a referendo para decidir sobre la continuidad del proyecto.
Argentina y Bolivia realizarán estudios sobre la calidad del agua del río
TRABAJO CONJUNTO POR EL BERMEJO
El Tribuno de Argentina (www.eltribuno.com.ar)
Recientemente, en el encuentro del Comité de Integración Fronteriza Aguas Blancas-Bermejo, compuesto por autoridades nacionales de Bolivia y Argentina, y llevado a cabo en Orán, se determinó que se realizarán estudios sobre la calidad del agua del río Bermejo. También se barajó la posibilidad de que la contaminación esté dada río arriba, a raíz de residuos de la Mina Santa Victoria, ubicada en territorio boliviano.
A su vez, se debatió sobre la conservación del medio ambiente y el accionar de municipios, fuerzas vivas y otros sectores sociales en el cuidado ambiental.
Las delegaciones de Bolivia y Argentina se reunirán trimestralmente para efectuar el seguimiento, evaluación y coordinación de acciones en lo atinente a los controles fitozoosanitarios en la frontera común.
En Salta
Por su parte, los resultados de los análisis de las muestras de agua del río Bermejo, tomadas a raíz de la aparición de peces muertos en Orán, estarán listos la semana próxima.
Así lo señaló Marcos Rodríguez, titular del Programa de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente. “Los análisis de agua demandan, como mínimo, 15 días, ya que es necesario un período de incubación”, afirmó.
Algunas versiones señalan que las causas de contaminación estarían relacionadas con el posible vertido de desechos industriales al río.
GASODUCTO DEL NEA: HASTA EL MOMENTO SIN LICITACIÓN DE LOS TRAMOS
Diario Corriente de Argentina (www.corrientes.com.ar)
El Gasoducto del NEA (GNEA) exige, al margen de la unidad política de las cinco provincias que serán futuras beneficiarias, una decidida acción conjunta de las sociedades para lograr avances definitivos hacia el inicio de las obras.Hasta el momento,no se ha licitado ninguno de los tramos que estaban previstos. Lo cierto es que hasta ahora, con nueva traza, todavía está en duda el financiamiento a través de un fondo específico incluido en el Presupuesto Nacional 2012 y, en consecuencia, no fue licitado ninguno de los tramos previstos. “Este es un gasoducto que nos debe la Nación porque ese proyecto entró junto con el del NEUBA II, que une Neuquén con Buenos Aires”, expresó el abogado Luis Acosta Mur.
En declaraciones a radio Universidad, Acosta se quejó de que “el centralismo siempre nos margina, por la inacción, incapacidad y desidia de muchos legisladores y de algunos gobernadores porque no hacemos sentir los reclamos”. Así, subrayó que durante 50 años 23 provincias financiaron el acceso del gas natural a 14 provincias, de modo que hoy cuentan con más de 14 mil kilómetros de redes troncales y 220 mil kilómetros de redes domiciliarias.
El servicio resulta de vital importancia para el desarrollo industrial y para una mejor calidad de vida de la población, con costos notoriamente inferiores a los que tiene hoy el gas que consumen las provincias del NEA. En ese contexto, las inequidades saltan a la vista, ya que las regiones del país más desarrolladas (y con mayores ingresos per cápita) son las que cuentan con gas natural y, en consecuencia, menores costos en el servicio e incluso para el transporte.
A la vez, el abogado recordó que la población argentina aportó durante años (y lo sigue haciendo) para un fondo de sustento a la energía para el sur del país, en virtud de las condiciones climáticas de ese lugar.
De esta manera se refirió a la ley 24.076 de regulación del transporte y distribución de gas natural que, en su artículo 92, crea el Fondo Nacional del Gas Natural constituido con un recargo de dos pesos con cincuenta centavos por mil metros cúbicos ($ 2,50/1000 metros cúbicos) de gas natural sobre las tarifas que paguen todos los usuarios del país.
Ese artículo disponía que el 80% sería destinado a crear un fondo subsidiario para compensar las tarifas a usuarios domésticos y comerciales finales para las provincias del sur, y el restante 20% para la realización de obras y proyectos de inversión o programas de investigación en el Nordeste argentino (Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa).
Los años pasaron, se firmaron documentos de intención que reunieron a provincias, gobernadores y a las autoridades bolivianas pero lo cierto es que al momento sólo fue concretado el enlace Juana Azurduy, que conecta Campo Margarita, en el departamento sureño de Tarija, hasta Madrejones, en territorio boliviano; y desde Refinor hasta Campo Durán, Salta, en Argentina.
La nueva traza
En medio de interminables vaivenes, el decreto 1.136 del 9 de agosto de 2010 estableció la adecuación y ampliación de la traza provisoria del GNEA. “El Chaco fue perjudicado con la traza definitiva porque la anterior, por Ibarreta (Formosa), atravesaba el Chaco productivo y transitaba por el medio de la zona pobre de Santa Fe”, destacó Acosta Mur. Asimismo, consideró que el gasoducto de Paso de Los Libres resuelve los problemas en la costa del Uruguay y de Misiones.
El nuevo diseño fue avalado por los gobernadores de las provincias de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe, y por el ministro de Planificación Federal. Ellos prestaron conformidad, comprometiéndose a llevar a cabo todas las acciones que sean necesarias para la efectiva implementación, construcción y puesta en marcha del gasoducto.
En ese contexto, Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) presentó la propuesta de rediseño del GNEA, que contempla la adecuación y ampliación de su traza provisoria, “en un sentido más abarcativo y federal” -según los considerandos del decreto- a fin de optimizar la obra, propiciando la incorporación del Este de Salta y de las provincias del NEA: Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Santa Fe.
De esta manera, según el proyecto en cuya formulación todavía trabaja la Nación, el GNEA nace en Campo Durán (Salta) y llega hasta Formosa, en paralelo a la ruta nacional 81. Desde la vecina provincia, transita un paralelo a la ruta 11 y bajará hacia el Chaco. Diferente era la traza anterior (modificada por esta) que disponía la bajada por Ibarreta y hacia Presidencia Roque Sáenz Peña, en el corazón mismo del Chaco.
UN CAMIONERO EBRIO INTENTÓ ATACAR A POLICÍAS CON UNA PICANA ELÉCTRICA
El Siglo de Argentina (www.elsigloweb.com)
Un camionero que conducía en forma peligrosa y zigzagueante un vehículo pesado con una cisterna cargada con combustible fue detenido en la estación de peaje de Vialnoa, ubicada sobre la ruta nacional 34, a la altura de la ciudad de Fernández (departamento Robles), al comprobarse que se encontraba en estado de ebriedad. El individuo, oriundo de Bolivia, también fue procesado por atacar a personal policial con una picana eléctrica.
El hecho comenzó a suscitarse a partir del llamado de otros conductores de vehículos pesados, quienes advirtieron que, de sur a norte, transitaba en forma errática y peligrosa -con cruces intempestivos de un carril a otro- un camión cisterna cargado con combustible con chapa patente boliviana, lo que hacía pronosticar que produciría en un severo accidente vial.
Ante esta situación, al llegar a la estación de peaje, personal de Gendarmería Nacional detuvo la marcha del vehículo en cuestión, un Volvo cargado con 32.000 litros de gasoil. Lo conducía un hombre de 36 años de nacionalidad boliviana.
Según informaron fuentes de la fuerza nacional, el camión había cargado el combustible en San Nicolás, provincia de Santa Fe, y se dirigía hacia la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, de donde es oriundo el conductor.
Los gendarmes solicitaron al conductor que descendiera del transporte, aunque ante su negativa comunicaron el hecho a efectivos de la Comisaría 35, para que se hicieran cargo del procedimiento. Los uniformados de la Policía santiagueña trataron de convencerlo para que depusiera su actitud, pero lejos de acatar lo ordenado y en evidente estado de ebriedad y con fuerte aliento etílico, el conductor -su identidad no fue suministrada- extrajo una picana eléctrica y comenzó a agredir a los uniformados. Luego de varios minutos de forcejeo, finalmente fue inmovilizado tras una férrea resistencia, según publica el diario de la vecina provincia El Liberal.
El camionero fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó detenido a disposición de la jueza del Crimen de Segunda Nominación de Banda y Robles, Ana María Rodríguez. El sospechoso quedó imputado de supuesta “resistencia a la autoridad y conducción peligrosa en estado de ebriedad”.
LOGROS SOCIALES EN LATINOAMÉRICA, SUEÑOS QUE SE CUMPLEN
Prensa Latina de Cuba (www.prensa-latina.cu)
La mayoría de los países de América del Sur han escogido el camino hacia la justicia social en el cual la palabra inclusión viene a ser lo que el leitmotiv para un buen poema.
Los sueños de pueblos como los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que han optado democráticamente por transformar su realidad sujeta por siglos a las prácticas capitalistas, se concretan, pese a que grupos de poder económico hacen todo lo posible por frustrarlos.
Perder privilegios los llevan a buscar diversas maneras para sabotear los logros, las cuales pueden ir desde el diseño de campañas mediáticas para desacreditar avances o golpes de Estado, sabotajes y hasta la intervención militar directa.
Sin embargo, son tan evidentes los resultados positivos de los gobiernos de los tres países citados en diversas áreas que organismos internacionales los han reconocido.
Sólo por citar algunos, en Bolivia, el nuevo modelo económico social productivo permitió que al cierre del año 2009, cuando el mundo vivía una de sus mayores crisis económicas, las reservas alcanzaran cifras récord con un evidente ahorro fiscal.
El Fondo Monetario Internacional, pese a seguir promocionando sus recetas tradicionales, felicitó el pasado año "a las autoridades bolivianas por su sólida gestión macroeconómica y una eficaz respuesta política para atenuar el impacto de la crisis global", según el informe que el consejo ejecutivo del organismo publicó en enero de 2010.
Desde la llegada de Evo Morales a la presidencia en el 2006, la economía boliviana ha crecido sistemáticamente el 5,2 por ciento como promedio anual, la tasa de expansión más alta de los últimos 30 años.De estos resultados, el gobierno del Estado Plurinacional destina una buena parte a programas sociales que benefician a los sectores más pobres de la población; además, continúa mejorando el acceso de esos segmentos a servicios básicos, como el del agua y los sanitarios; y también la red de transporte, especialmente el de carretera.
En los ámbitos laborales y de la educación, durante el último año, según un informe del Ministerio de Trabajo boliviano, se avanzó en el desarrollo de la economía social y cooperativa, con el objetivo de erradicar la explotación, la exclusión y la discriminación laboral.
Más de cuatro mil jóvenes de entre 16 y 29 años de edad se beneficiaron con el programa Mi Primer Empleo Digno.
Por otra parte, se consolidó el proceso de postalfabetización, ya que Bolivia logró ser una nación libre de analfabetismo el 20 de diciembre del 2008 con el apoyo de Cuba y Venezuela, en el contexto de la cooperación Sur-Sur en materia de educación.
La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) valoró de positiva la experiencia boliviana, que sirvió para alcanzar uno de los pilares del Marco de Acción de Dakar hacia el año 2015.
Asimismo, el Gobierno de Evo Morales puso en práctica la Ley de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, con la cual -aseguró- Bolivia dejará de tener una "educación alienada, sometida, subordinada" para promover una "educación revolucionaria, liberadora ante todo".
La Ley Educativa, que tiene 92 artículos y 12 disposiciones transitorias, establece la educación obligatoria hasta el bachillerato y no sólo para primaria, pues se ha propuesto educar en igualdad de condiciones, respetar la diversidad cultural y lingüística y fortalecer la identidad.
Ecuador
En Ecuador, de acuerdo con recientes declaraciones del vicepresidente del país, Lenin Moreno, bajo la Revolución Ciudadana, "como nunca (antes) se ha trabajado en beneficio de todo los sectores del país, sobre todo de los más olvidados".
Al igual que en Bolivia, se puso en marcha una nueva arquitectura financiera alejada de las propuestas tradicionales y que defiende la integración regional como punto de apoyo de la economía nacional.
El gobierno ecuatoriano, conducido por el presidente Rafael Correa, tiene además entre sus prioridades la creación de empleos, el desarrollo de la producción, así como lograr un cambio estructural que propicie el acceso de los trabajadores a los medios de producción.
Un aspecto elemental en este proceso de transformaciones de la sociedad ecuatoriana es la participación ciudadana, la democracia y el diálogo enfocados hacia la justicia y la equidad social, al decir del ministro coordinador de la Política en Ecuador, Ricardo Patiño.
"La sociedad civil en su conjunto participó en los debates de la nueva Constitución y cada ley es hoy un ejercicio de democracia y participación ciudadana, lo que nunca antes ocurrió en el país", aseguró.
Las políticas sociales, consideradas uno de los mayores logros del gobierno de Correa, como señala Patiño, "no resisten la más mínima comparación con los gobiernos anteriores".
Sólo en el sector de la salud, la Revolución Ciudadana invirtió en cuatro años ocho veces más que los tres gobiernos anteriores juntos, con el objetivo de garantizar el derecho constitucional de los ecuatorianos a ese servicio de manera gratuita.
Desde 2007 al 2010, el gobierno destinó un total de tres mil 433 millones de dólares, mientras que las tres administraciones que lo precedieron en el período 2003 al 2006 invirtieron solamente 437 millones de dólares.Cifras de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo indican que, sólo durante el pasado año, se remodelaron 497 hospitales y centros de salud, se entregaron 155 ambulancias, 19 tomógrafos, 35 mamógrafos y seis unidades quirúrgicas.
El gobierno de Correa considera que las medicinas son bienes sociales y no comerciales.
Venezuela En 12 años, el Gobierno de Venezuela ha debido sortear la resistencia de la oposición, amparada por las autoridades estadounidenses que no aceptan los cambios radicales emprendidos por el presidente Hugo Chávez."Quiero resaltar los logros del gobierno venezolano, es un orgullo para los países del tercer mundo", expresó Ali Abdessalam Treki, presidente de la LXII Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, al recibir el informe preliminar sobre el cumplimento de las Metas del Milenio 2001-2015 por parte de Venezuela.Resulta relevante lo que ha hecho la administración de Chávez en ámbitos como educación, salud, recuperación de los recursos naturales, cultura, deporte, pueblos indígenas, reivindicación de los derechos de la mujer y otros.
Sin embargo, la oposición, además de tratar de ocultarlos, busca descalificarlos de manera permanente a través de la prensa de conservadora y, sin argumentos sostenibles desde la Asamblea Nacional, en otros contextos.Cifras oficiales señalan que en 1998 el porcentaje de hogares pobres en Venezuela era del 43 por ciento y en 2010 descendió a solo al 26,8 por ciento, mientras que la pobreza extrema se redujo, en 12 años, del 21 al 7,1 por ciento.
A través de monumentales misiones el pueblo se ha involucrado en la solución de añejos problemas, como la falta de vivienda o la desnutrición.
Con la Gran Misión Vivienda Venezuela, el gobierno pretende cubrir el déficit de dos millones de viviendas en siete años.
En todos los estados de esta nación se han entregado cientos de nuevas casas que han beneficiado fundamentalmente a las familias que perdieron sus hogares durante las lluvias torrenciales de fines de 2010 y principios de este año.
En febrero último, el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Alfredo Massiar, hizo llegar al gobierno Nacional las felicitaciones del entonces director Ejecutivo de ese organismo, Jacques Diouf, por los éxitos en materia alimentaria.
Precisó que el número de niños desnutridos es de solo 3,25 por ciento, indicador que antes de 1999 superaba el siete por ciento, a pesar del contexto mundial en el que se disparan los precios de los alimentos y más de mil millones de personas sufren hambre.
En materia alimentaria no hay otro país que se pueda comparar con Venezuela en cuanto a los avances obtenidos en un período tan corto, aseguró el funcionario de la FAO.
Son muchos, evidentes y necesarios los cambios.
Las tres naciones, además de las campañas mediáticas que buscan ensombrecer tanto avance social, han sufrido intentos de golpes de Estado para someter a los pueblos a sus designios (Venezuela, 2002; Bolivia, 2008 y Ecuador, 2009).
Recientemente el presidente Correa, al rememorar el intento golpista en su país, aseguró que Latinoamérica vencerá. "Los pueblos han despertado", dijo y exhortó "a construir esos estados populares por el bien de todos y todas".
CARABINEROS DECOMISA 30 TONELADAS DE ROPA AMERICANA CON DESTINO A BOLIVIA
El tamaño poco usual del remolque del vehículo motivó su revisión. Intentaban ingresar por un paso no habilitado.
El Mercurio de Chile (www.emol.com/noticias)
Dos ciudadanos bolivianos detenidos y el decomiso de un total de 600 fardos de ropa, que arrojaron un peso final de 30 toneladas, fue el resultado de un operativo realizado por Carabineros del retén fronterizo Chungará.
La incautación se realizó en un paso fronterizo no habilitado, por donde los ocupantes del vehículo pretendían llegar a Bolivia.
Para esto, intentaban eludir los controles aduaneros y migratorios correspondientes. Sin embargo, el tamaño poco usual del remolque del vehículo motivó el operativo policial.
Por orden de la fiscal de turno de la localidad de Putre, Noemi Andrade, el vehículo y los fardos de ropa se entregaron a personal del Servicio Nacional de Aduanas, mientras que J.R.A.N. (38) y G.R.M.CH. (30) fueron citados a la Fiscalía Local de Putre.
RESCATAN EN ARGENTINA A BOLIVIANOS Y PARAGUAYOS EN CONDICIONES "INHUMANAS"
Ultima Hora de Paraguay (www.ultimahora.com)
Las autoridades argentinas rescataron en dos establecimientos rurales de la norteña provincia de Salta a 214 personas, algunas menores de edad y en su mayoría traídas de Bolivia y Paraguay, que trabajaban y vivían en "condiciones inhumanas", según informaron fuentes oficiales.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señaló en un comunicado que los inmigrantes trabajaban todos los días de la semana por 1.030 pesos (243 dólares) al mes, y vivían en "chozas construidas con plásticos y palos sobre la tierra", donde no había agua caliente, electricidad ni servicios sanitarios.
Para su alimentación, los trabajadores no tenían otra opción que comprar la mercadería a sus empleadores, que luego les descontaban los importes de sus sueldos.
El campo donde realizaban las tareas de desmonte tampoco contaba con los materiales para primeros auxilios, "algo necesario ya que es frecuente la presencia de víboras", ni con "ningún elemento de seguridad laboral" ni la "indumentaria requerida por el alto riesgo que implica este tipo de tarea", denunció la AFIP.
CONTENEDOR CON MERCADERÍA POR MÁS DE US$ 2 MILLONES "DESAPARECE'' EN EL CHACO
La Vanguardia de España (www.diariovanguardia.com.py)
Un contenedor con productos electrónicos por más de 2 millones de dólares que estaba en tránsito a Bolivia "desapareció'' en el Chaco paraguayo, según documentos de la aduana. Pero el hecho es parte de un esquema de contrabando donde se simulan una operación de transporte de la carga en tránsito, aunque la mercadería queda en Ciudad del Este donde es comercializada, y en el que estaría involucrado el reciclado administrador de Aduanas de Mariscal Estigarribia, José Félix Mendieta, además de importadores y despachantes.
El pasado 11 de mayo de 2011 un camión con un contenedor con 48 bultos o pallets (14.236 kilos) de productos electrónicos y accesorios de PlayStation de la Sony (PSP) salieron de la Zona Franca Global S.A. ubicada en el Km 11,5 de la ruta VII Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, con destinado a la aduana de Mariscal Estigarribia donde se debería dar salida hacia Santa Cruz-Bolivia.
Según el Manifiesto Internacional de Carga y Transporte (MIC/DTA) identificado con el número PY19526854 la carga tiene un costo de 2.236.010 dólares. Su origen es China Continental, de donde la empresa Mondaymí SRL trajo la carga vía aérea y la enviaba a la empresa boliviana Palmar Electrónicos y Compañía. Mondaymi SRL es una firma de fachada o de maletín utilizada para hacer ingresar mercadería de contrabando al país, vinculado al dirigente colorado cartista Alcides Fernández.
La mercadería en cuestión es propiedad de comerciantes libaneses que no pudieron ser identificados.
El contenedor supuestamente fue transportado en el camión placa ALX 878 y la carreta con chapa AXP 415, pertenecientes a la empresa Luján, cuyos propietarios no pudimos precisar.
Según los documentos aduaneros llegó a la aduana de Mariscal Estigarribia el 12 de mayo de 2011 a las 11:20, según el acta de recepción número 107/2011, firmado por Ricardo Caballero, jefe de resguardo y el oficial de guarda Juan Luis Barboza, según los documentos elaborados por los aduaneros.
El contenedor inmediatamente después de la recepción, debió ser enviado a Bolivia, su destino final.
Pero el 24 de mayo de 2011 Diego Manuel Céspedes Elizeche, coordinador de Investigaciones Aduaneras, en una nota al administrador de la aduana de Mariscal Estigarribia, José Feliz Mendieta, informa que el contenedor con el MIC/DTA PY19526854, en tránsito a Bolivia, nunca ingresó a territorio boliviano.
Agrega en la nota que, de acuerdo a los datos de la aduana a cargo de Mendieta, la operación aduanera de tránsito de mercaderías está en el estado de Registrado, y que supuestamente salió con destino a Bolivia el 13 de mayo de 2011. Después de esto, los responsables de la aduana de la Zona Franca Global S.A. pidieron anular el código de barra de la carga en tránsito con la cual quisieron eliminar los documentos relacionados al hecho, pero no pudieron concretar la maniobra, de acuerdo a los documentos.
El código de barra no fue anulado y en el sistema Sofía, la citada carga sigue pendiente de salida del país.
El contenedor salió de la Zona Franca Global S.A. de Ciudad del Este, pero nunca fue a Mariscal Estigarribia ya que toda la carga de los productos PSP fueron comercializados en Ciudad del Este.
Simular el ingreso de mercaderías en tránsito con destino a otros países, o hacer ingresar contenedores vacíos, es parte de un esquema de contrabando que existe en Ciudad del Este y donde están involucrados altos funcionarios aduaneros, entre ellos José Félix Mendieta.
Este fue reciclado recientemente junto a otros aduaneros recaudadores, protegidos por dirigentes colorados. El reciclaje lo está haciendo el actual director de Aduanas, Julio Cantero.
Los otros reciclados son Marcos Delgadillo quien está en la aduana de Saltos del Guaira, Enrique Javier Casaccia, sub administrador en el puerto seco Campestre S.A. y Adolfo Almirón Gómez, que no pasó la prueba del polígrafo, y está como jefe de Investigaciones de la Aduana.
Solución/ Con la finalidad que reinicien las consultas
AMBULATORIO DE NUEVA BOLIVIA PODRÍA TENER NUEVA SEDE
El Tiempo de Venezuela (www.diarioeltiempo.com.ve)
Luego de una reunión sostenida recientemente, en la sede del ambulatorio Urbano de Nueva Bolivia, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, donde participaron autoridades de Corposalud, la jefatura del Sexto Distrito Sanitario Panamericano, personal del ambulatorio, representantes de la Alcaldía y algunos habitantes de la localidad, se tomó la decisión de reubicar momentáneamente, el personal de este centro de salud hacia otro lugar, con la finalidad de reapertura las funciones del ambulatorio, el cual, tiene paralizado más de 9 meses.
Por su parte, el doctor José Ferrer, jefe del Sexto Distrito Sanitario-Panamericano informó en la mesa de trabajo que la "intención es darle una solución a este problema y reubicar al personal en otros ambulatorios o en el Centro de Diagnóstico Integral, CDI de Nueva Bolivia, donde se pueda seguir prestando este servicio momentáneamente, mientras a través de la Alcaldía y de la Corporación de Salud, se le busque una solución viable y efectiva a la situación del techo de asbesto que tiene el ambulatorio que genera cierto riesgo para el personal que labora".
Además expresó que la reactivación del centro de salud beneficiará al colectivo, al mismo tiempo, que buscará las medidas acordes y apropiadas para que el personal labore en un ambiente apto sin riesgos de contraer alguna enfermedad que genera un problema mayor.
Inspeccionan otros lugares
Reveló la fuente que en estos momentos se están inspeccionando las instalaciones del CDI y los ambulatorios de los sectores de La Macarena, El Kairo y Valle Grande para ver la posibilidad que funcione momentáneamente el personal de emergencia, consulta externa e inmunizaciones, mientras se logra remodelar el techo del ambulatorio de acuerdo a las normas Covenin.
Servicio a la comunidad
De la misma manera, el médico titular del ambulatorio, doctor Albert Urdaneta, informó a los presentes que "estamos esperanzados con las autoridades de Corposalud, a fin de que se le dé una solución definitiva a este problema, demostrando que lo que queremos es trabajar, en un lugar donde el ambiente laboral sea protector de la salud del trabajador".
En el mismo orden de ideas, Sulin Wong, quien es coordinadora regional de medicina de Corposalud señaló que "no es la primera vez que estamos acá pues, desde enero estamos intentando resolver el problema. Actualmente, estamos tratando de reubicarlos para garantizar la salud y seguridad en un ambiente de trabajo saludable, en vista que tenemos un techo de asbesto, no debería estar".
Comunidad pide alquiler de una vivienda
Miembros de la comunidad presente en la reunión opinaron que lo más recomendable es que la alcaldía del municipio aporte para el alquiler de una casa que se encuentre en las inmediaciones del sector, con la finalidad que funcione temporalmente, el centro de salud, pues, alegan que el CDI se encuentra colapsado.
Manifestaron los habitantes que de igual manera, consideran que los ambulatorios de los demás sectores, están lejanos para algunas personas de la capital del municipio, así mismo, esperan que para el próximo martes, se realice la reunión con el alcalde y representantes de la salud para concretar la solución a este problema.
Voces presentes
Según comenta, Coromoto Valero, habitante del sector de Nueva Bolivia, "se requiere que se alquile una casa cerca en Nueva Bolivia para facilitar el acceso de los pacientes de esta localidad, mientras cambian el techo de asbesto del módulo. El ambulatorio tiene 9 meses paralizado y tenemos 8 años en espera de una nueva infraestructura".
Otra opinión fue la de Aura Vásquez, habitante y dirigente político quien señaló "en el CDI no hay espacio para el ambulatorio, nosotros aspiramos que se busque una casa amplia, y se reactiven las consultas en el ambulatorio. Considero que esto es una burla que se le hace al pueblo, Nueva Bolivia es la única parroquia que no tiene sede propia de ambulatorio".
EL CRIMEN ORGANIZADO EN AMÉRICA LATINA
PYS Noticias de México (www.pysnnoticias.com)
Dirigidas a un grupo terrorista de las fuentes de financiación y suministro de medios cada vez más también dirigidos a los cárteles de la droga con la que hacer negocios, ya sea como una fuente de ingresos o de las armas.
Dirigidas a un grupo terrorista, la clave de liderazgo puede ser aún más esencial que la orientación de la dirección de un cártel de drogas y que su liderazgo puede ser sustituido fácilmente y rápidamente, el liderazgo de un grupo terrorista o guerrillero no es tan difícil de sustituir.
Aunque se encontró suficiente información para documentar la sospecha de tráfico de drogas de las actividades de grupos fundamentalistas islámicos que operan en América Latina, los grupos extremistas islámicos que operan en la región parecen derivar grandes cantidades de dinero de diversas actividades ilícitas, como obtener un “impuesto” a la musulmanes o árabes, hombres de negocios,
participar en el contrabando y el tráfico de armas y Mercado Negro de Intercambio Peso (BMPE) las operaciones, y así sucesivamente.
La fuerte participación de los colombianos y la guerrilla peruana y terroristas organizaciones paramilitares en el tráfico de drogas es evidente.
Las autoridades brasileñas han calculado que más de $ 6 mil millones al año en fondos ilegales es blanqueado en la Región de tres fronteras. De Argentina, Ramón Mestre, admitió que la Región de tres fronteras ha dado “apoyo logístico a organizaciones terroristas mediante el suministro de dinero a grupos que operan en otras partes del mundo.” Dijo que actividades como el tráfico ilegal de inmigrantes y el tráfico de drogas en la región “son elementos que están de alguna manera vinculados con el terrorismo ….” Se estima que 1,5 toneladas de cocaína al mes se exportan. Cada tarde, una docena de camiones blindados cargados con el dinero blanqueado dejar Ciudad del Este de Foz do Iguaçu, la ciudad brasileña en el lado opuesto de la frontera. Según Blanca Madani, co-presidente de la Coalición de Acción Mundial Amazigh (WAAC), Hezbollah, además de la estimación de $ 60 a $ 100 millones por año que recibe de Irán y también ha confiado en gran medida en la financiación de la diáspora libanesa chií en África occidental, los Estados Unidos, y lo más importante de la Región TRIBORD de Argentina, Brasil y Paraguay. A principios de enero de 1998, el diario brasileño Estado de Sao Paulo mencionado periodista argentino Hernán López Accago [nombre de transcribir], que acaba de publicar un libro sobre las drogas y el contrabando de armas en la región TRIBORD, en el sentido de que muchos empresarios de la región pagar equivale a un impuesto de guerra a los grupos armados árabes en la región. Este dinero se utiliza en la financiación de las operaciones militares en varias partes del mundo.
Durante el período 1999-2001, los grupos extremistas islámicos recibieron al menos 50 millones de dólares de los residentes árabes en la zona de Foz do Iguaçu, Paraná, a través de los pies, el tráfico en el Puente de la Amistad de Paraguay refleja los musulmanes en las instituciones financieras, la población, los bancos y casas de cambio. EEUU y los gobiernos de Paraguay obtuvo pruebas de que el Hezbollah libanés y el grupo palestino Hamas grupo recibió fondos de los residentes árabes de Foz do Iguaçu. Paraguay el ministro del Interior, Julio César Fanego fue citado diciendo: “Hemos verificado el envío de remesas de dinero [a los grupos extremistas árabes]. Estoy casi seguro de que hay ciudadanos vinculados a la Tribord Hezbolá en la región .. .. La cifra exacta será probablemente algo entre $ 50 y $ 500 millones. “El ministro explicó que la mayoría de las operaciones de envío de dinero incluir cantidades muy pequeñas de dinero, entre $ 500 y $ 2000,66 El conjunto paraguayo-EEUU Los organismos de seguridad de Brasil afirmó que la ayuda financiera ofrecida en 2000 por grupos de la Región para islámicos y organizaciones terroristas de Oriente Medio, como Hezbollah, Hamas y la Yihad Islámica, un total de $ 261 millones . En el informe se señaló el fortalecimiento de la influencia de las redes de delincuencia organizada en el triángulo formado por varias nacionalidades, colombianos, brasileños, chinos, libaneses, nigerianos, rusos, de Ghana, y las personas de Costa de Marfil . Estos grupos están activos en Paraguay ya lo largo de la ruta de tráfico de drogas de Colombia a Estados Unidos y Europa. En el informe se señala que la mayoría de estas operaciones clandestinas tienen lugar en Ciudad del Este, considerado un centro regional para el tráfico de drogas y el contrabando de armas. La participación de la mayoría de las transacciones de cambio de armas por drogas colombianos los grupos armados rebeldes.
El brasileño cifra de $ 261 millones de l’ajuda financiera prestada a los grupos terroristas en el año 2000 hace un informe publicado por el gobierno de Bolivia en noviembre de 2001 parece una subestimación. Según el informe de Bolivia, más de 250 millones de dólares de dinero de la droga se sospecha fue trasladado desde Brasil a un banco libanés, a través de Bolivia, durante los siete años anteriores. Ramiro Montealegre Rivas, director de la Unidad Financiera de Bolivia, explicó que hay “indicios de un vínculo entre los traficantes de armas, narcotraficantes y terroristas internacionales.” Las autoridades de Brasil estaban investigando 10 ciudadanos libaneses que viven están supuestamente implicadas en el blanqueo de dinero. El 2 de octubre de 2001, libanés nacido Mazen Ali Saleh y Saleh Mahmoud Fayad o Salhed (Sobhi Mahmoud Fayad, el hermano), ambos de 20 años, fueron detenidos en Ciudad del Este, en posesión de documentos que indiquen las remesas regulares de entre $ 25.000 y $ 50.000 a sospecha de musulmanes radicales. Ambos fueron vinculados a Assad Ahmad Barakat, a quien los investigadores sospechan de ser el jefe del Cono Sur para recaudar fondos para Hezbolá.
A principios de diciembre de 2001, ABC Color informó que Basilisa Vázquez Román, un fiscal de Ciudad del Este, para los dos meses anteriores había sido la búsqueda de 100 millones de dólares de transferencia de Ciudad del Este en el Líbano. Según la información facilitada a la prensa brasileña por Vázquez Román, 10 ciudadanos libaneses que tienen las empresas en Ciudad del Este, pero viven en Foz do Iguaçu, Brasil, el dinero enviado a través de bancos en Miami y Nueva York a los bancos libaneses . Según la investigación, los depósitos se hicieron en Ciudad del Este y las sucursales de Citibank Chinatrust. Cada libanés envió aproximadamente $ 6 a $ 10 millones. Aunque Vázquez Román no había determinado el destino del dinero, fue la continuación de la investigación y 50.000 dólares con la sospecha de musulmanes radicales. Ambos fueron vinculados a Assad Ahmad Barakat, a quien los investigadores sospechan de ser el jefe del Cono Sur para recaudar fondos para Hezbolá.
A principios de diciembre de 2001, ABC Color informó que Basilisa Vázquez Román, un fiscal de Ciudad del Este, para los dos meses anteriores había sido la búsqueda de 100 millones de dólares de transferencia de Ciudad del Este en el Líbano. Según la información facilitada a la prensa brasileña por Vázquez Román, 10 ciudadanos libaneses que tienen las empresas en Ciudad del Este, pero viven en Foz do Iguaçu, Brasil, el dinero enviado a través de bancos en Miami y Nueva York a los bancos libaneses . Según la investigación, los depósitos se hicieron en Ciudad del Este y las sucursales de Citibank Chinatrust. Cada libanés envió aproximadamente $ 6 a $ 10 millones. Aunque Vázquez Román no había determinado el destino del dinero, fue la continuación de la investigación. Estados de Brasil a exigir una participación más activa en la “guerra contra el terrorismo”.
Chile se ha convertido en el centro de más rápido crecimiento en América del Sur después de Brasil para los transbordos internacionales sobre estupefacientes y el blanqueo de capitales las empresas. Este hecho puede ayudar a explicar por qué Islámica blanqueadores de dinero se sienten atraídos por el norte de la ciudad chilena de Iquique. Como la presión de las autoridades de seguridad ha aumentado en la Región de tres fronteras, una serie de informes, los militantes islámicos se han trasladado a Iquique.
El 8 de noviembre de 2001, el Gobierno chileno ha confirmado que estaba investigando una presunta red financiera árabes con vínculos terroristas que pueden participar en el blanqueo de capitales en el norte del país. Más concretamente, las autoridades chilenas estaban investigando empresas en Iquique de Assad Ahmad Mohamed Barakat (véase el perfil de más arriba). Barakat y su compatriota Kalil Saleh creado dos empresas de importación y exportación en Iquique-Saleh Trading Ltd. y Barakat Ltd.-a principios de junio de 2001. Otro libanés, Arafat Ismail, un asociado de Saleh, se ejecuta tanto businesses.101 En este momento, el ministro del Interior de Chile presentó una petición para una investigación de las operaciones de varios empresarios libaneses en Iquique, incluyendo Barakat y Ismail Mohamed Alo, que se prohibió la salida del país debido a su presunta relación con una red que financia Hezbollah.
Santiago, informó a principios de noviembre de 2001, que los detectives de la recién creada Unidad de Asuntos Internacionales de la Inteligencia Policial (Jipol) ha detectado al menos dos asociaciones en que Barakat parece ser el principal inversor. Los detectives determinaron que Saleh Trading Ltd. se registró en Iquique un notario el 6 de junio de 2001, con un capital inicial de 50.000 dólares. Un ciudadano chileno participó en la asociación. La segunda asociación, la empresa de importación y exportación Barakat Ltd., se registró el día siguiente en el mismo notario, con un capital inicial de 20.000 dólares. Barakat, que dio El Edificio Arrecife, Apartamento 902, Iquique, como su dirección, contribuyó con 19.800 dólares a la asociación con Juan Lecaros Figueroa.
La empresa declaró que su objetivo era “la importación y exportación de todo tipo de mercancías, especialmente de ropa y artículos electrónicos, y participar en cualquier otro negocio que los socios acuerden, en virtud de la zona libre de la zona o la reglamentación aduanera. “Investigadores citado por La Tercera de la Hora, pero, confirmó que el dinero supuestamente blanqueado en Iquique vinieron de Ciudad del Este, con las empresas en Chile como cubrir. Estas actividades podrían llegar a varios millones de dólares.
Barakat reconoció en una entrevista con un diario chileno en noviembre de 2001, que tiene negocios en Chile y los Estados Unidos (Miami y Nueva York). También reiteró que es “sólo un simpatizante de Hezbolá, que envía” $ 400 por año para ayudar a los huérfanos de la guerra de liberación en el sur del Líbano. “
En comparación con la Región de tres fronteras, relativamente poca actividad terrorista islámica se ha informado en Colombia, si esta primera investigación es cualquier indicación. La presencia ocasional de un fundamentalista islámico terrorista en Colombia ha sido reportado. Estos pueden haber sido personas tratando de visitar las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o para viajar a Maicao, Colombia, o en Isla Margarita, Venezuela, donde hay importantes árabes communities.Mohamed Abed Abdel Aal, un líder de los afiliados a Al Qaeda Yihad Islámica Egipcia (Jamaa Islamiyya), fue detenido en Colombia en octubre de 1998. Él había estado en Italia bajo “vigilancia”, según el coronel Germán Jaramillo Piedrahita, el jefe de policía de inteligencia de Colombia, que fue entrevistado por Radio Caracol de Colombia el 21 de octubre de 1998. Abdel Aal es buscado por las autoridades egipcias por su participación en dos matanzas terroristas de los turistas: la Jamaa Islamiyya ataque terrorista en Luxor, Egipto el 17 de noviembre de 1997, en que 62 personas fueron asesinadas, y en relación con un incidente en el que los terroristas mataron a 20 turistas griegos para rastrillar con disparos de armas de fuego fuera de su hotel en El Cairo el 18 de abril de 1996.
El 22 de diciembre de 1999, la Embajada iraní en Bogotá, anunció que Teherán ha suspendido la construcción de una planta frigorífica y matadero en la zona desmilitarizada en Colombia. El ministro de Defensa colombiano, Luis Fernando Ramírez había expresado su preocupación a finales de noviembre de asesores militares iraníes que formaban parte del grupo de instalar el matadero, y que estos iraníes estaban conectados de alguna manera a las FARC, que controlaba la zona de distensión. Una delegación iraní visitó por primera vez la zona en junio de 1999, y se firmó un acuerdo entre el gobierno local y la República Islámica el 21 de octubre, la recaudación inmediatamente las sospechas sobre la instalación de una planta de gran capacidad en un área que no puede cumplir con los requisitos de exportación. Colombia sospecha que los funcionarios iraníes en la región inmediata que podría haber estado vinculada con el narcotráfico y las FARC.
Supuestos vínculos entre las FARC y las organizaciones terroristas islámicos es un tema que necesita más investigación en profundidad. Ha habido indicios de vinculación entre las FARC y Hezbollah y otros grupos islamistas que supuestamente operan en la Región Tribord de Argentina, Brasil , y Paraguay.106 En octubre de 2000, la lucha contra la policía paraguaya rompió una de armas por cocaína entre el Paraguay y el anillo las FARC. En este momento, la lucha contra la policía paraguaya detuvo a una persona cree que representa a las FARC para una posible participación en las armas a cambio de cocaína anillo entre Paraguay y el grupo terrorista colombiano.
A principios de 2001, las autoridades brasileñas recibieron información de inteligencia de EEUU y los servicios de lucha contra el crimen diciendo que las FARC supuestamente tráfico de drogas y armas con los extremistas islámicos en la región Tribord. La cooperación internacional entre las FARC y Al Qaeda habría sido cada vez más como resultado de la guerra en Afganistán. Uno de los EEUU dijo a O Globo los investigadores que “… es muy probable que hay una alianza.
Basado en células de Hezbolá en Maicao han estado utilizando las redes que el blanqueo de dinero del tráfico de drogas y el contrabando en Colombia para ocultar el dinero que posteriormente se utilizarán para financiar operaciones terroristas en todo el mundo.
Los paramilitares de derecha organización conocida como las AUC (Autodefensas Unidas de las Fuerzas de Defensa de Colombia), un grupo paraguas que incluye muchas fuerzas paramilitares de Colombia, también ha mantenido una participación significativa en el comercio de drogas, la ampliación de su influencia de su base tradicional en el norte a muchas zonas en el sur de coca-rica que antes eran controlados por FARC.Las AUC y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y grupos de Urabá (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá-ACCU) son grupos paramilitares de derecha que surgieron a finales del decenio de 1980 para proteger los intereses de las élites regionales, con el sutil apoyo de los militares colombianos. Su aparición sólo agrava el conflicto. La AUC ha admitido que ganan hasta un 70 por ciento de sus ingresos del tráfico de drogas. Hutchinson señaló el administrador de la DEA en su 13 de marzo 2002, Congreso que varios grupos de autodefensa recaudar fondos mediante la extorsión, o mediante la protección de las operaciones de laboratorio, en el norte y el centro de Colombia.
Las estimaciones sobre la cantidad de fondos que el ELN, las FARC y los grupos paramilitares de obtener el comercio de drogas varían ampliamente. El 3 de agosto de 2001, el Houston Chronicle cita Alfredo Rangel, analista militar colombiano, en el sentido de que los beneficios del tráfico de drogas actualmente el 48 por ciento de las FARC de los ingresos totales, que ascienden a casi $ 180 millones anuales. Según estimaciones del gobierno colombiano, en 1998 los ingresos de Colombia la guerrilla y organizaciones paramilitares del comercio de drogas llegan a US $ 551 millones. Otros dicen que la cifra es superior. Rafael Pardo, por ejemplo, explica que las FARC tomaron el control de cultivos de coca en Colombia en la segunda mitad del decenio de 1990 “y potenciado sus ingresos a más de 600 millones de dólares al año, lo que posiblemente el grupo insurgente más rico en la historia “.
Según Bibei, la guerrilla colombiana de los interesados en la producción de drogas ilícitas y el tráfico de drogas se ha mantenido centrado principalmente en la imposición de los cultivadores de coca y laboratorios de producción de cocaína. Señala que, según un estudio de la DEA, las FARC no proceso y exportación de cocaína en la en EEUU A principios de 1990, un tercio de los ingresos de las FARC habría sido procedente de adormideras.
La DEA informó el 9 de julio de 1997, que las FARC facciones recaudar fondos, proporcionando servicios de seguridad a los traficantes y la carga de una tasa por cada galón de precursores químicos, y cada kilo de hoja de coca y cocaína HCL se desplazan en su región. Algunos de estos grupos han ayudado a los narcotraficantes para el almacenamiento y transporte de cocaína y marihuana en Colombia, y algunas unidades de las FARC en Colombia podrán ser contratados localizado en el tráfico de opiáceos.
Klaus Nyholm del Programa de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas en Colombia ha tomado nota de que en algunas zonas, autónomo frentes de las FARC están muy relacionados con el procesamiento de cocaína y la exportación, mientras que los frentes de las FARC en otras áreas no tienen esta participación. De los frentes de las FARC que están implicados, las unidades proporcionan protección a los cultivadores de coca y los traficantes a cambio de un impuesto estimado en entre 10 y 15 por ciento del valor de la droga. Raúl Reyes, un alto oficial de las FARC, explicó el Washington Post: “Estamos a cargo de un impuesto. Nosotros no hacemos ningún favor, y no nos hacen ninguna. En caso de que la base económica es la coca … eso es lo que los impuestos no directamente a los traficantes, pero sus intermediarios. En otras regiones más impuestos para los ganaderos, los productores de azúcar, las empresas “.
Más concretamente, las FARC tienen un arancel de honorarios (gramaje) para proporcionar protección y servicios a productores y traficantes de drogas. Según las Fuerzas Armadas de Colombia, en octubre de 1999 las FARC cargo de $ 15.70 por cada kilo de pasta básica de cocaína producida por los laboratorios, $ 52.60 por kilo para la producción de chlorhydrate de cocaína, $ 5.263 por laboratorio para la protección, 52,60 dólares por hectárea para la protección de los campos de coca, $ 4210 por hectárea para la protección de los campos de amapola, $ 2631 cada uno para la seguridad de las pistas de aterrizaje, 10, $ 50 por kilo para la protección de los envíos de cocaína, 20 por ciento del valor del envío por transporte fluvial de precursores químicos, $ 5263 cada uno para la protección de los vuelos de la fiscalización internacional de drogas, y $ 2631 cada uno para la protección de los vuelos nacionales de drogas. Cada vez más, sin embargo, recibe el pago de las FARC a la cocaína. Según Nyholm, la tendencia de las FARC a recibir el pago de la cocaína se ha profundizado la organización de la participación en el negocio de la droga.
Los enormes ingresos derivados del comercio de drogas han permitido a la guerrilla colombiana y fuerzas paramilitares para ser unos de los mejores fondos en el mundo. En la segunda mitad del decenio de 1990, los miembros de las FARC y el ELN presuntamente triplicado como resultado de ingresos por drogas. Dado que el ingreso medio per cápita en Colombia en 1995 fue de 1.800 dólares, el sueldo medio anual fue la guerrilla, según un boletín de noticias británica, $ 65.000. Aunque parece poco probable que el salario medio anual es la guerrilla cerca de $ 65.000 en cualquier lugar, no hay duda de que la guerrilla colombiana, como mínimo, ganar el doble de la paga de los soldados. Según Leonardo Gallego, jefe de la policía antidrogas de Colombia, la guerrilla puede pagar sus tropas el equivalente de $ 300 a $ 400 por mes, mientras que los soldados profesionales en el ejército colombiano hizo un poco más de $ 200 al mes .
“El tráfico de drogas y la protección de la guerrilla se han convertido en principal fuente de apoyo financiero.” Los servicios que realiza las FARC para los narcotraficantes, Van de Velde señala, incluyen “la protección, el contrabando y la violencia contra la paga el gobierno, para ganar dinero para continuar sus operaciones.” Explica además: las operaciones de las FARC con el narcotráfico son a menudo coordinadas para evitar la aplicación de la ley locales e internacionales de interdicción. Trabajan junto con los traficantes para avanzar más sofisticados sistemas de tráfico y contrabando de multiplicar las oportunidades. A cambio de armas y apoyo financiero, las FARC proteger clandestinas relacionadas con las drogas aeródromos, advirtió de la inminencia de los traficantes de la policía o la actividad militar y proteger las plantaciones de coca y laboratorios para el procesamiento. Las FARC a menudo lleva a cabo ataques en nombre de los traficantes, atacar las organizaciones y personas involucradas en tráfico de drogas.
En diciembre de 1998, cuando el gobierno ordenó la retirada del ejército y la policía de Suiza un refugio de tamaño (se refiere a que el rechazo o zona desmilitarizada (DMZ), para facilitar el diálogo con las FARC, había, oficialmente, 6300 hectáreas sembradas de coca en todo el 42.000 kilómetros cuadrados (16.000 millas cuadradas) y la zona desmilitarizada no da señales de amapola. Durante las negociaciones de paz, las autoridades colombianas comenzaron a recibir información de la vinculación de algunos frentes de las FARC con el manejo de los cultivos ilícitos y la transformación y comercialización de base de coca en la zona de distensión. En mayo de 2000, los organismos de seguridad de las FARC acusado de la expedición de permisos especiales los compradores de base de coca para entrar en la zona de distensión y al mismo tiempo la imposición de los precios de las ventas.
En el 2000 Colombia había más de 400.000 hectáreas dedicadas a la coca, lo que contrarresta los esfuerzos de erradicación y dejando el tamaño de los cultivos de coca sin cambios, de acuerdo con las Naciones Unidas estimaciones. En este año, el cultivo de coca en el rechazo, las FARC hasta que la antigua zona desmilitarizada (rechazo) de su disolución oficial en febrero de 2002, aumentó de 6.000 hectáreas en 7900 hectáreas, de acuerdo con la Embajada de EEUU. Esta área representó el 6 por ciento del total de los cultivos colombianos. La mayor parte del aumento fue el resultado de la expansión en la parte del Guaviare, zona de cultivo que se extendió en el rechazo, mientras que la zona de la Macarena, que está totalmente dentro de la ex enclave de las FARC, sólo aumentó en 300 hectáreas.
General Gustavo Socha, director de la Policía Antinarcóticos, fue citado por el Servicio de Monitoreo de la BBC a mediados de marzo de 2002, indicando:
En esta zona [de Vistahermosa, Mesetas y San Vicente] y en todo el [ex] zona de distensión en general, y no un único [de coca] hoja fue trasladado sin la aprobación de la guerrilla. Lo que realmente atrajo nuestra atención fue el hecho de que el aumento de la cantidad de tierra sembrada se produjo relativamente cerca de los municipios sobre los que había muy estrictas de control. Por lo tanto, están demostrando que lo que se dice siempre en relación con el aumento de la producción y sobre la participación de las FARC en el negocio es cierto.
El reconocimiento aéreo situado a unos 30 pistas de aterrizaje en la zona de distensión. General Socha señaló que la guerrilla había preparado las pistas de aterrizaje para dar cabida a diferentes tipos de aeronaves. “Ahora sabemos que el avión transportaba productos químicos, armas y dinero aquí aterrizó y despegó con los envíos de cocaína. Si, como creemos, las FARC los cultivos cosechados en los últimos dos años, no sería loco pensar que alrededor de 80 toneladas del ‘alcaloide fueron procesados en esta región “, le dijo a CAMBIO General Socha.
En octubre de 2001, seis entidades gubernamentales colombianas que forman parte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMC) se recibir un informe completo, según el cual las superficies plantadas de cultivos ilícitos han aumentado en todo el DMZ.149 Mapas redactado en base a la información proporcionada por las encuestas de televisión por satélite y fotografías tomadas desde aviones especiales no dejaban ninguna duda de que los cultivos de coca en una superficie 16.000 hectáreas. Esta información mostró que el 12 por ciento de todos los cultivos ilícitos denunciados por los satélites están dentro de la zona de distensión y, según cifras oficiales publicadas en el octubre de 2001, el 12 por ciento equivale a 144.600 hectáreas.
Las señales del satélite también mostró que en el sur del Caquetá, en las afueras de la zona y cerca de los municipios de Cartagena del Chairá y Remolinos del Caguán, un otro 7.500 hectáreas están sembradas con coca. Según fuentes gubernamentales, la existencia de estas plantaciones ahora.
Las FARC también se cree que participan en el cultivo de la adormidera. Las imágenes de satélite que figuran en el informe de octubre de 2001 también puso de manifiesto la existencia de 420 hectáreas sembradas con amapola. Después de que el régimen fundamentalista talibán en Afganistán prohibió la producción de adormidera, los carteles de la droga comenzó a buscar nuevos proveedores. Pakistán y Afganistán los traficantes de drogas llegó a Colombia, en contacto con el cartel de Cali, y les enseñó cómo cultivar adormidera y el proceso hasta que se convierte en heroína. General José Cadena, un ex jefe de la policía de Colombia, ha comentó que:
Los que llevó este problema [de Colombia] eran afganos y paquistaníes. Ellos entraron con visados turísticos a través de Perú, Ecuador y Bolivia, y aquí trabajaron dando instrucciones para la siembra. .. . Ellos son los que enseñan el cartel de Cali en la planta amapola.
La mayor parte de Colombia de cultivos de la adormidera se encuentra en los departamentos de Tolima y Huila en el centro-sur de Colombia y al lado de la frontera con Venezuela en la Sierra de Perijá del norte de Colombia. Aunque Colombia es el mayor cultivador de amapola en América del Sur, su cultivo tradicionalmente sólo representaron alrededor del 2 por ciento de la producción potencial de opio en todo el mundo. Policía colombiana fuentes han advertido de que decenas de afganos utilizando falsos pasaportes pakistaníes han participado en el desarrollo de los cultivos ilegales de adormidera a la heroína.
Un mes después del atentado contra la AMIA (Mutual Israelita Argentina Asociación) la construcción en Buenos Aires en julio de 1994, el gobierno brasileño sospecha comenzó centrándose en la ciudad de Chui, Estado Rio Grande do Sul, en la parte sur de Brasil, en la frontera con Uruguay. Es fácil llegar a Buenos Aires del Chuy por el mar, evitando así los controles fronterizos. Es parte de Chuy en Uruguay, y parte se encuentra en Brasil. Ambas partes de la ciudad, cada uno con cerca de 18.000 residentes, están divididos por una amplia avenida. La ciudad cuenta con un total de unos 1.500 residentes árabes.
Citando fuentes oficiales del gobierno brasileño, O Globo de Brasil y Red de Televisión diario informó el 18 de agosto de 1994, que un bien perteneciente al grupo armado islámico Partido de Unificación y el grupo Amal y Hezbollah se había detectado en la zona de Chui. Según informes de Brasil, un punto de distribución de armas de guerra, como M-16 y AR -15, granadas, lanzadores de cohetes y fue detectado. Indignado, el gobierno uruguayo denunció el informe, alegando que no eran subversivos, entre los árabes que viven en Uruguay.
El alcalde de Chui del lado brasileño de la frontera, Mohammed Kasim (también acusado de ser un nacionalista libanés con fuertes vínculos con bin Laden y otros terroristas saudíes. El servicio secreto uruguayo cuestionó el alcalde, que presuntamente ayudó a Al Said Hassan Hussein Mukhlis ‘familia después de su detención y le visitó en la cárcel. Porto Alegre Zero Hora [Porto Alegre], de 2 de septiembre de 2001, Joma descrito como el presunto jefe de la nueva “mafia árabe”, una organización que participan en tráfico de armas y drogas, el blanqueo de dinero, y la explotación de los trabajadores indocumentados.
Tras los ataques del 11 de septiembre, Joma fue acusado de estar secretamente en contacto con Mukhlis, y haber dado refugio a su esposa, Sahar (sarraceno) Mohamed Hassam Hamanra Abud. Fuerzas de la Policía Federal de Brasil de Río Grande do Sul han Joma para investigar supuestos vínculos con Mukhlis, a quien había visitado en la cárcel. autoridades brasileñas parecen estar más preocupados Sin embargo, con cargos que JOMA es un ciudadano libanés y, por tanto, no reúne las condiciones para mantener el puesto de alcalde en Brasil. Joma negó toda vinculación con Bin Laden, y afirmó que había ayudado Hamanra y sus tres hijos como un gesto humanitario.
Un documento confidencial obtenido por Zero Hora dice que “Cada vez que Mohamed [JOMA] viajó a Líbano, que han estado en contacto con Osama bin Laden en Afganistán”, y que Bin Laden estaría dispuesto a aportar 2 millones de dólares para la construcción de una mezquita en Chui. Según una declaración hecha por su madre, Nabih Joma, el Líbano el embajador brasileño, el alcalde nació el 16 de agosto de 1959, en la ciudad libanesa de Konaitra, que se encuentra hoy en Siria. Su certificado de Brasil, sin embargo, afirma que nació el 25 de noviembre de 1960, en São Paulo Mooca distrito. La ley brasileña exige que un alcalde que nació en Brasil.
Uruguay investigaciones han encontrado vínculos entre los países árabes y de la mafia libanesa mafia, que opera en Sao Paulo, en relación con el tráfico de drogas. Según el jefe de policía de la provincia de Rocha Uruguay, cerca de 200 kilos de cocaína estaban ocultos en Chuy y fueron objeto de contrabando en Europa a través del puerto de Montevideo. El carácter confidencial de la Policía Federal (PF), el documento establece que “El dinero obtenido de la venta del producto se utilizarán para financiar el terrorismo internacional “.
Sospecha de Hezbollah / células de Al Qaeda en la isla de Margarita Como Maicao en Colombia, la Isla de Margarita (Isla Margarita) se conoce como un lugar de vacaciones para ortodoxos islámicos. Según informes de gestión, el 80 por ciento de los empresarios en la isla de Margarita, un centro turístico, donde las ventas libres de impuestos, son de ascendencia árabe y llegó a Venezuela en la década de 1980.
Ha habido informes ocasionales de los fundamentalistas islámicos en la zona. En 1996, de acuerdo con El Nacional, [Caracas], Venezuela la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención-DISIP) descubrió una célula de 15 miembros de los “radicales musulmanes” que viven en el centro turístico de la isla de Margarita. Según el citado informe de la DISIP, la célula incluye Yousset empresario Farhat (eventualmente en relación con el clan).
A finales de enero de 1997, la DISIP detuvo a dos hombres de mediana edad-Wahid Mugnie y Ali-Makka en Porlamar, Margarita, presuntamente miembros de Hezbollah. Ellos habían salido del Líbano a principios de 1997, después de haber sido negado los visados de entrada por el Consulado de Venezuela en el Líbano debido a su presunta afiliación Hezbollah. Que llegó a Buenos Aires el 6 de enero, pasa a través de Maicao el 26 de enero, y luego, habiendo obtenido los visados de Venezuela de la Dirección de los extranjeros, aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de uso explícitas de no emitir ellas, que volaban directamente a Margarita de Paraguachon, Departamento de Guajira. Otro nacional libanés con sospecha de vínculos terroristas en Margarita llegó a finales de septiembre de 2001 y fue detenido por la Guardia Nacional en el aeropuerto internacional Santiago Mariño fue momentos antes de subir a bordo de un vuelo a Puerto España. El individuo, llamado “mamada Ali Amán”, llevaba un pasaporte mexicano falso.
A partir de octubre de 2001, una comisión de investigación de Venezuela de la Policía Técnica Judicial (PTJ), integrado por cuatro miembros de la PTJ y la Policía Internacional (Interpol) comenzó a investigar las cuentas bancarias en el Estado Zulia que podrían estar vinculados a grupos extremistas, como al- Qaeda, y que han financiado las acciones terroristas, incluidos los ataques contra Estados Unidos el 11 de septiembre. El jefe de la Policía Técnica Judicial división de homicidios, el capitán Alejandro Hernández, dijo que el homicidio y la Interpol divisiones ya han descubierto que las cuentas se han abierto en Venezuela, que contiene grandes cantidades de dinero, y que hay un flujo o intercambio de este dinero va a ciertas islas y países.
A finales de 2001, dos clanes , uno de ellos encabezado por el sirio-libanés Mohamed Ali Farhad, que ha sido detenido dos veces como sospechoso en las investigaciones de blanqueo de dinero, estaban siendo investigados por la explotación de una red que involucra armas y ejecutando operaciones de tráfico de drogas, así como el envío de cheques por cantidades enormes de dinero a grupos fundamentalistas islámicos, especialmente Hezbollah. Por ejemplo, los terroristas de Oriente Medio se trasladaron a través de la red basada en Colombia parte del dinero para financiar la ataque en Nueva York el World Trade Center el 26 de febrero de 1993. Farhad es un accionista de un casino en Isla de Margarita y dueño de la tienda textil de América. Coronel (R) Julio Andrade fue citado diciendo que, durante el caso de Carlos Sierra, se estableció un vínculo entre el comercio de cigarrillos y dos clanes árabes en Maicao. Mohamed Ali Farhad corrió la operación, que tenía un valor de 650 millones de dólares.
Tres operaciones de lucha contra el blanqueo de dinero realizada en 2001 en relación con cuatro de Colombia-los servicios de información del DAS y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Oficina del Fiscal General de Colombia identificó un miembro del cartel de Cali (“Oscar Martínez”) como el propietario de un barco utilizado para el contrabando de cocaína en México y en las armas para conseguir el mercado negro, que está controlado por uno de los clanes árabes que operan en Ipiales y Maicao.
Tras el 11 de septiembre de 2001, ataque a Nueva York de la torres del World Trade Center y el Pentágono en Washington, los EE.UU. Departamento de Estado de la lista de terroristas internacionales incluido los nombres de tres personas de origen libanés, que al parecer viven en Maicao, pero se cree que se esconden en otras partes Departamento de la Guajira.
La Senda Luminoso de la participación de los narcóticos es que Sendero Luminoso (Sendero Luminoso-SL), una organización terrorista maoísta, ha operado históricamente en las zonas remotas del Perú, donde los productores de drogas, los traficantes de drogas, y los terroristas pueden operar en gran medida sin la intervención de las fuerzas militares o de seguridad. En estas zonas, la SL ha utilizado la violencia para proteger los refugios y la protección y extorsión la participación de raquetas de coca y la cocaína. Según la Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Informe de 2001, los gobiernos del Perú y los Estados Unidos creen que Sendero Luminoso “sigue participando en la protección de los cultivos de coca y, posiblemente, la producción y el tráfico de estupefacientes”.
La SL la campaña de terrorismo durante la década de 1980 y el primer semestre de 1990 fue financiada en gran parte por gravámenes que impone el tráfico de cocaína. Como la SL disminuido a finales de 1990, también lo hizo su influencia en el comercio de drogas. Pero en 2001, la SL tiene un ligero resurgimiento en zonas como el Valle de Huallaga y Apurímac, donde la coca es cultivada y procesada, lo que indica que los restos del grupo son probablemente las operaciones de financiación con los beneficios de la seguridad de drogas y los impuestos “servicios”.
Sendero Luminoso inició el trabajo político en la parte superior del valle de Huallaga en 1980 y en 1982 comenzaron la construcción de una organización en la región, de acuerdo con José E. González. Según el autor Simón Fuerte, SL el pasado a la producción de coca del Valle del Alto Huallaga en el Perú el segundo semestre de 1983, y para mediados de 1984 los narcotraficantes colombianos han comenzado a aterrorizar a los cultivadores de coca del valle. La SL fue capaz de ofrecer protección a los campesinos contra la explotación de Colombia y Perú para el tráfico de drogas y bandas EEUU peruana lucha contra los estupefacientes y los esfuerzos y consiguió poner fin al bloqueo narcotraficantes colombianos “posición dominante a mediados de los 1980s.By principios del decenio de 1990, señala Fuertes, la SL, aparentemente no había ninguna compra armas sofisticadas en Perú o en el extranjero a pesar de los millones de dólares que había ganado para obtener dinero para la protección de los vuelos para los traficantes de drogas, así como “la colaboración en efectivo de los campesinos, intermediario de los traficantes, los viajeros, y los empresarios .. ..” La relación entre la maoísta SL y orientado a la rentabilidad por los traficantes de drogas era un pragmático, pero a menudo violenta en el decenio de 1980 y principios de 1990. Mientras que el SL guerrilleros estaban en control en el Valle del Alto Huallaga, que se exija un 10 por ciento del precio de cada kilo de pasta de coca.
La SL anual de los ingresos procedentes de los tributos recaudados en contra de los traficantes de drogas para el uso de SL-controlado pistas de aterrizaje en el Valle del Alto Huallaga en la década de 1990 presuntamente osciló entre un mínimo de 20 millones de dólares en tanto como $ 550 million.168 Esta última cifra, sin embargo, es probablemente hinchados.
Hasta la producción pasó a Colombia a mediados de 1990 como consecuencia de una enfermedad que destruyó el 30 por ciento de las plantaciones de coca en Perú superior del valle de Huallaga, Perú fue el más grande del mundo productor de coca. En el nuevo milenio, el Perú del negocio de las drogas estaba generando un estimado de 600 millones de dólares al año. Como el gobierno de Colombia intensificó la erradicación de cultivos de drogas en 2001, la producción de coca y amapolas comenzó a aumentar nuevamente en el Perú. Aunque se erradicaron 6.000 hectáreas en Perú en 2001, los cultivos de coca de Perú en 2001 que abarca 34.000 hectáreas (84.000 acres), una reducción de sólo 500 hectáreas del año anterior, según cifras oficiales de EEUU. Cifra de EEUU, sin embargo, es significativamente inferior a las 50.000 hectáreas estimadas por Ricardo Vega Llona, zar antidrogas de Perú , y las Naciones Unidas “estimación preliminar de alrededor de 44.000 hectáreas en 2000. Este aumento se ha visto favorecida por el aumento de los agricultores el precio por kilo de coca, de $ 3,50 en 2001, en comparación con 40 centavos en 1995.170 En 2001 un total de 135 hectáreas de la relativamente nueva opio se erradicaron cultivos de adormidera, en comparación con 26 en el año 2000.
Como resultado de la muy reducida presencia del Ejército peruano de la droga en zonas como consecuencia de los recortes presupuestarios y la crítica internacional de los derechos humanos, la reactivación de la guerrilla en estas zonas está en marcha en 2001, con los 300 miembros de Sendero Luminoso el llenado vacío dejado por el ejército. Además, Ha habido rumores de que la guerrilla de las FARC se infiltran en el Perú.
La reactivación de la SL se ha atribuido a la nueva relación del grupo con las FARC y narcotraficantes colombianos. Según el autor Alberto Bolívar, las FARC y Al Qaeda ya operan con Sendero Luminoso en el negocio de la droga, el tráfico de personas en Perú los cultivos de amapola y la heroína.
En 2001, Perú había un estimado de 34.600 hectáreas de coca, según estimaciones del gobierno, frente a 113.670 hectáreas hace seis años. Pero analistas creen que el cultivo de coca puede llegar a 70.000 hectáreas en 2002. A pesar de la creciente popularidad del cultivo de la adormidera, el cultivo de hoja de coca ha aumentado en las regiones tropicales del Perú.
La Estrategia Internacional de Fiscalización de Estupefacientes Informe de 2001 señala que los agricultores peruanos están utilizando semillas de amapola de Colombia para narcotraficantes colombianos, que también son el suministro de asistencia técnica y préstamos en efectivo. El 2000 la guerrilla de Sendero Luminoso y los carteles colombianos de opio ha intensificado cada vez más como un rentable dejar de lado a la empresa del país de cocaína. En contraste a la cocaína, que vende alrededor de 25.000 dólares por kilo en los Estados Unidos, la heroína se vende por 200.000 dólares por kilogramo en este país. Este hecho significa que la heroína es mucho más rentable para los agricultores peruanos, que representan $ 800 a $ 1.200 por un litro de extracto líquido, en contraste con los $ 40 pagados por un bushel de coca. Además, se pueden cultivar amapolas mucho más fácilmente que la coca. A cultivar adormidera, el agricultor ha extendido sólo en las semillas en terreno húmedo y sólo tiene que esperar un año para en la primera cosecha, no puede haber dos cosechas por año.
En 2000 la policía peruana destruyó 25 hectáreas de amapola cultivadas ilegalmente, pero la cifra aumentó a 1.150 hectáreas destruidas en 2001, junto con un incremento en las cantidades de morfina y heroína. El importe de la adormidera capturado, sin embargo, fue sólo una fracción del total. La producción de heroína, sustancia a partir de final de la amapola, también es mucho más fácil que la producción de clorhidrato de cocaína. El proceso de refinación requiere pocos productos químicos, lo que reduce las posibilidades de ser descubiertos por la policía.
Perú drogas analistas creen que el cartel de Cali tomó la decisión de desarrollar nuevos centros de producción de la materia prima de la heroína como una consecuencia del aumento de las limitaciones en la producción de mercado de Afganistán y Pakistán. Perú es uno de los lugares escogidos por su variedad de climas y suelos. Según El Comercio, analistas de inteligencia de Perú han dicho que los que actualmente están capacitando a los productores peruanos para hacer adormidera son narcotraficantes colombianos, que a su vez fueron capacitados para afganos y paquistaníes, con experiencia tanto en Asia como en Colombia. Además, los emisarios de Carli cartel con lo que han sido las semillas y los insumos utilizados en la plantación y en el procesamiento de látex de la adormidera para convertirlo en heroína de Colombia en Perú a través del río Putumayo, y también de Ecuador, utilizando el río Napo y Pastaza. Además, están entrando desde Brasil a través de la frontera con Madre de Dios.
Abogado, escritor, consultor. Secretario General de la Centro de Estudios e Políticas Nacionales General Carlos de Meira Mattos Presidente Honorario de la “Fundación Luso Internacional de Educación y Cultura en el norte de Portugal”, iniciador de la red de Escuelas Internacionales en Portugal (Braga, Oporto, Leiria), ex representante de la Asociación Portuguesa de Defensa Nacional del Norte y Representante Europeo de la Asociación de antiguos estudiantes de la Escuela Militar de Brasil – ADESG.